La protección social como herramienta de gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático
El cambio climático aumentará la frecuencia y severidad de los choques climáticos, incluyendo olas de calor, enfermedades transmitidas por vectores, y desastres naturales como tormentas, sequías, e inundaciones. En principio, los hogares pueden utilizar varios instrumentos del sector privado para hacer frente a las consecuencias de estos choques.
Pueden recurrir a sus ahorros, pedir un crédito en un banco o una cooperativa, confiar en un seguro comunitario formal o informal, acceder a remesas nacionales o internacionales y, a veces, contratar un seguro privado.
Pero estos instrumentos privados solo sirven parcialmente. El acceso a cuentas y créditos bancarios todavía es limitado en el mundo en desarrollo. Y las personas pobres no tienen suficientes ahorros para amortiguar el impacto de grandes choques. Los montos transferidos a través de las remesas suelen ser demasiado pequeños y, en general, las remesas van principalmente a hogares más ricos. Ante desastres naturales de gran escala, como inundaciones, se ven afectadas comunidades enteras, por lo que los mecanismos informales de distribución del riesgo no resultan eficaces. Por último, los costos de transacción y otras limitaciones a menudo impiden que las personas pobres contraten seguros privados, de no ser que cuenten con subsidios muy elevados.
Contra choques catastróficos, y para las personas más pobres, los Gobiernos deben proporcionar protección social que se pueda ampliar con rapidez después de un desastre y sistemas flexibles que sean capaces de redirigir la ayuda hacia los hogares afectados. Este sistema actúa como un seguro para los hogares vulnerables y es un medio eficaz para ayudar a las personas pobres que sufrieron los choques y evitar efectos segundarios negativos. En México, es menos probable que los beneficiarios de Prospera, el programa nacional de transferencias monetarias, retiren a sus hijos de la escuela cuando se produce un choque. En Kenya, el Programa de Red de Protección contra el Hambre impidió un aumento del 5 por ciento de la pobreza entre sus beneficiarios después de la sequía de 2011.
En esta nota de políticas se detallan las opciones que tienen los Gobiernos para diseñar programas de protección social. También se analizan mecanismos para garantizar que limitaciones de liquidez no impidan la rápida prestación de ayuda a la población después de un desastre.
Ampliar rápidamente la protección social
La protección social puede ampliarse después de un desastre natural, de modo que actúe como un mecanismo de seguros para hogares vulnerables. Un desafío clave es encontrar el equilibrio entre ofrecer apoyo rápidamente después de un choque y dirigir la ayuda con precisión a quienes más la necesitan. Estudios de casos en Etiopía y Malawi indican que el costo de una sequía para una familia pobre puede incrementarse de cero a US$50 si la ayuda se demora cuatro meses, y a US$1300, aproximadamente, si se demora de seis a nueve meses. Este rápido incremento se debe a los impactos irreversibles en los niños y la liquidación forzosa de bienes tales como el ganado. Por lo tanto, un apoyo básico inicial debería favorecer el factor tiempo, incluso a costa de la precisión del enfoque, para después dedicar respaldo a una reconstrucción general y mejor enfocada.
Fuente: BANCO MUNDIAL 17.Noviembre.2015