Según el informe del Banco Mundial titulado La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022, alrededor de 2400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas, y 178 países continúan con barreras legales que les impiden participar plenamente en la economía. En 86 países, las mujeres enfrentan algún tipo de restricción laboral, y 95 países no garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.

A nivel mundial, las mujeres todavía acceden a solo tres cuartas partes de los derechos reconocidos a los hombres, lo que se traduce en una puntuación total de 76,5 sobre 100 puntos, que indicaría la existencia de una paridad jurídica completa. Sin embargo, a pesar del efecto desproporcionado que la pandemia mundial ha generado en la vida y los medios de subsistencia de las mujeres, 23 países reformaron sus leyes en el 2021 y dieron pasos muy necesarios para promover la inclusión económica de las mujeres, según el informe.

El informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022 mide las leyes y regulaciones en ocho áreas que afectan la participación económica de las mujeres en 190 países. Las ocho áreas son Movilidad, Trabajo, Remuneración, Matrimonio, Parentalidad, Empresariado, Activos y Jubilación. Los datos ofrecen puntos de referencia objetivos y medibles para analizar el avance a nivel mundial hacia la igualdad de género. Solo 12 países, todos integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tienen paridad jurídica entre los géneros. La novedad de este año es un estudio piloto realizado en 95 países sobre las leyes que rigen el cuidado infantil, un área crucial en la que se requiere apoyo para que las mujeres se desempeñen con éxito en el empleo remunerado. También se incluye un análisis sobre cómo se implementan en la práctica las leyes que influyen en el empoderamiento económico de las mujeres, donde se enfatiza la diferencia entre las leyes que figuran en los códigos y la realidad que viven las mujeres.

A nivel mundial, el mayor número de reformas correspondió a los indicadores de parentalidad, remuneración y trabajo. Muchas modificaciones se centraron en la protección contra el acoso sexual en el trabajo, la prohibición de la discriminación por razones de género, la extensión de la licencia remunerada para los nuevos padres y madres, y la eliminación de las restricciones laborales para las mujeres. Los indicadores de remuneración y parentalidad muestran los puntajes promedio más bajos del índice, pero durante el último año se elevaron en 0,9 y 0,7 puntos, respectivamente, y alcanzaron promedios de 68,7 y 55,6. Los avances en el indicador de parentalidad se han referido en gran medida a la licencia por paternidad y a la licencia parental compartida, pero su baja puntuación destaca la necesidad de acelerar las reformas en esta área.

En todo el mundo, 118 economías garantizan 14 semanas de licencia remunerada para las madres. Más de la mitad (114) de las economías analizadas estipulan una licencia remunerada para los padres, pero la duración promedio es de solo una semana. El año pasado, la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), que anteriormente ofrecía 10 semanas de licencia remunerada por maternidad, estableció la duración mínima recomendada de 14 semanas. Armenia, Suiza y Ucrania incorporaron la licencia remunerada por paternidad. Colombia, Georgia, Grecia y España, además, establecieron la licencia parental remunerada, que ofrece a ambos progenitores algún tipo de licencia pagada para cuidar al niño o niña después del nacimiento. Las leyes que promueven la licencia remunerada para los padres pueden reducir la discriminación en el lugar de trabajo y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

En el informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022 se introducen estudios piloto en dos nuevas áreas: el entorno jurídico referido a los servicios de cuidado infantil y la implementación de las leyes. Un número creciente de economías están invirtiendo en el cuidado infantil con el fin de mejorar sus habilidades y reconocer el trabajo no remunerado que desempeñan las mujeres, quienes suelen asumir una mayor cantidad de tareas de cuidado. En esta investigación piloto se analizó la legislación de 95 economías y se observó que la mayoría de las economías de ingreso alto de la OCDE y de Europa y Asia central regulan servicios públicos de cuidado infantil, mientras que en Oriente Medio y Norte de África y en Asia meridional, las normas obligan al sector privado o a los empleadores a brindar servicios de cuidado para los hijos o las hijas de sus trabajadores.

En esta edición también se examina cómo funcionan en la práctica los indicadores de La Mujer, la Empresa y el Derecho en 25 economías. Un análisis de los esquemas de implementación de las leyes revela una brecha significativa entre la legislación que figura en los códigos y el funcionamiento legal. Las leyes por sí solas no son suficientes para lograr mayor igualdad de género: entran en juego no solo su implementación y cumplimiento, sino también las normas sociales, culturales y religiosas. Estas brechas se analizarán más a fondo en las futuras ediciones del informe La Mujer, la Empresa y el Derecho.

En América Latina y el Caribe, las mujeres acceden a menos de tres cuartas partes de los derechos legales que se otorgan a los hombres. De las 32 economías de la región, dos promulgaron reformas el año pasado. Argentina contabilizó explícitamente los períodos de ausencia por cuidado infantil en las prestaciones de jubilación. Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en introducir la licencia parental remunerada, con el objetivo de reducir la discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo. Solo la mitad de las economías de la región garantizan algún tipo de licencia remunerada para los padres.