En 1948, la educación fue declarada un “derecho humano universal”. Ese derecho se reafirmó en 2015, cuando las Naciones Unidas fijaron el acceso a una educación de calidad para todos como objetivo de desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas en el acceso a la educación, 250 millones de niños y de jóvenes de todo el mundo siguen sin escolarizar y el 70 % de los niños de 10 años en los países de ingresos bajos y medios son incapaces de comprender un texto sencillo.

En un nuevo informe, que se titula “El precio de la inacción: El costo global privado, fiscal y social de que las y los niños y jóvenes no aprendan”, la UNESCO calcula que el costo para la economía mundial de la desescolarización y de las carencias educativas ascenderá a 10 billones de dólares al año de aquí a 2030, más que la suma de los PIB anuales de Francia y Japón.

Más allá de las consideraciones económicas, el informe alerta de los graves estragos sociales que provocan las carencias educativas. Las lagunas en la adquisición de las competencias básicas se asocian, a nivel mundial, con un aumento del 69 % de los embarazos precoces entre las jóvenes. Por el contrario, cada año de educación secundaria contribuye a reducir el riesgo de que las niñas se casen y tengan un hijo antes de los 18 años.

Para alcanzar el objetivo de una educación de calidad para todos, la UNESCO formula 10 recomendaciones en su informe. La primera de ellas es que los Estados garanticen a cada niña y a cada niño una escolaridad gratuita, financiada con fondos públicos, durante un mínimo de 12 años. Esa escolarización debe ir acompañada de inversiones en la primera infancia, para sentar las bases del aprendizaje lo antes posible y luchar contra las desigualdades. Así mismo, deben ponerse en marcha programas de “segunda oportunidad” para los niños y niñas que se quedaron sin escolarizar o cuya educación se interrumpió.

El entorno de aprendizaje también debe ser seguro e inclusivo. La UNESCO pide que las distancias entre los hogares de los niños y las escuelas sean cortas, en especial en las zonas desfavorecidas, y que todos los centros educativos tengan acceso al agua y al saneamiento. El tamaño de las clases debe reducirse y las asignaturas deben ser impartidas por docentes cualificados y motivados que apoyen a todos los alumnos de forma equitativa, prestando especial atención a la igualdad de género.