En América Latina y el Caribe, más de 43 millones de personas padecieron hambre en 2022, según la FAO. Esto significa que pasaron días sin comer hasta el punto de sufrir enfermedades o molestias físicas por falta de alimentos.

Pero el problema no tiene que ver únicamente con la población que sufre hambre en extremo. También con aquella que está en situación de inseguridad alimentaria: personas que tienen acceso a alimentos, pero se ven en la obligación de reducirlos en cantidad o en calidad y, en consecuencia, se saltan comidas y no tienen dietas saludables.

En la región, muchas personas han perdido capacidad de acceso a los alimentos en la última década. Entre el 2014 y el 2016, el 27% de la población de la región experimentó inseguridad alimentaria de moderada a severa. Ya en 2020 y 2021, esa cifra aumentó al 39% y 40%, respectivamente. Aunque en 2022, el porcentaje disminuyó a 37,5%, la región sigue estando solo por debajo de África (60,9%) y por encima del promedio mundial (30%), de acuerdo con el informe más reciente de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria en el mundo.

Menos alimentos sobre la mesa o el consumo mayoritario de alimentos poco saludables se traducen también en que América Latina y el Caribe tenga a cuestas una doble carga de malnutrición: por un lado, la desnutrición y, en la otra cara de la moneda, el sobrepeso y la obesidad, que afecta hasta el 62,5% de la población regional, según la Organización Panamericana de la Salud.

Más de 133 millones de latinoamericanos no pueden pagar una dieta saludable. Es un reto disminuir esta cifra tomando en cuenta que la región tiene los costos más altos para una ingesta diaria de alimentos nutritivos: USD 4,08 diarios por persona, mientras que el promedio mundial es de USD 3,66, destaca la FAO.

Cuatro dimensiones para encarar la seguridad alimentaria

Para abordar la inseguridad alimentaria de manera efectiva, explica el experto, es crucial reconocer su naturaleza multifacética y atajarla con un enfoque integral desde cuatro dimensiones principales:

1.- La disponibilidad física de los alimentos: que haya suficiente producción y oferta.

2.- El acceso económico y físico a los alimentos, que se relaciona con las políticas enfocadas en ingresos, gastos, mercados y precios para asegurar que los hogares puedan obtener alimentos.

3.- La utilización de los alimentos: uso adecuado de los nutrientes, diversidad dietética y distribución equitativa dentro del hogar.

4.- La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores para que haya un acceso continuo a los alimentos, aunque se presenten crisis como fenómenos climáticos extremos, inestabilidad política y otros factores económicos.

En el rol de América Latina como productora de alimentos (la región es la principal exportadora mundial de alimentos) y en su capacidad para proveer servicios ecosistémicos (como la regulación del ciclo del agua, el secuestro de carbono, entre otros) también hay oportunidades para la región y para el mundo. Una de las maneras de aprovechar esas oportunidades para apuntar a la seguridad alimentaria es transformar los sistemas alimentarios de la región para hacerlos más resilientes y alinearlos con prácticas más sostenibles de los recursos naturales.

Para promover la seguridad alimentaria es clave comprender que la aproximación a las soluciones requiere de un engranaje de áreas como la agricultura, la protección social, la salud y disponibilidad de agua y saneamiento.