México exportó productos a Estados Unidos por un valor de 34,358 millones de dólares en octubre, lo que representó un récord con respecto a cualquier otro mes, informó la Oficina del Censo.

Igualmente se registró un máximo histórico para un mes en el nivel de importaciones mexicanas de mercancías originarias de Estados Unidos, al totalizar 24,473 millones de dólares.

De esa manera, a tasas interanuales y en el comercio bilateral, las exportaciones mexicanas crecieron 3.8% frente al mismo mes de 2020 y 11% en comparación con octubre de 2019. Las alzas por el lado de las ventas estadounidense fueron de 19.7 y 9.9%, respectivamente.

Con estos resultados, México se mantuvo como primer socio comercial de su vecino del norte, con una participación de 14.5%, un indicador en el que Canadá y China compiten cerradamente.

La diferencia con Canadá fue de sólo 2,900 millones de dólares en el acumulado, de modo que también registró una cuota de 14.5%; mientras que China abarcó 14.1%, pero ocupó la primera posición considerando sólo octubre (15.6 por ciento).

Hay dos consideraciones relevantes a ponderar. Una: el récord de México se logró pese a las afectaciones de la industria automotriz por la carestía global de semiconductores. Y la otra: el crecimiento de las exportaciones de México a Estados Unidos en el acumulado a octubre fue menor (5.1%) que el aumento de las importaciones totales de productos del mercado estadounidense (10.4%) frente a los niveles antes de la pandemia, en los 10 primeros meses de 2019.

De enero a octubre de 2021, las ventas externas de México al mercados estadounidense fueron de 316,800 millones de dólares, en tanto que las compras foráneas totales de Estados Unidos alcanzaron los 2 billones 315,600 millones de dólares.

La aportación de México en ese total tuvo una menor caída (-8.1%), con envíos por 105,941 millones de dólares.

Actualmente, México y Canadá mantienen una alta integración productiva con Estados Unidos, incluido el sector automotriz en forma destacada, a la vez que Estados Unidos enfrenta una guerra comercial con China, quien le abastece de una amplia gama de productos e insumos intermedios.

Fuente:EL ECONOMISTA 07 de diciembre de 2021

El comercio internacional de América Latina y el Caribe tendrá en 2021 un importante repunte luego de la fuerte caída anotada el año pasado, pero esta recuperación será asimétrica y muy heterogénea entre los países de la región, en un contexto de gran incertidumbre por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un nuevo informe anual.

Según el documento, para todo el año 2021 la CEPAL proyecta un incremento de 25% en el valor de las exportaciones regionales de bienes -luego de caer 10% en 2020-, impulsado por el alza de 17% de los precios de exportación y una expansión de 8% del volumen exportado. En tanto, el valor de las importaciones de bienes aumentaría 32%, con una expansión del 20% en su volumen y un 12% en precios. Para 2022, se estima que el valor de las exportaciones e importaciones regionales de bienes crecerá en 10% y 9%, respectivamente, en el contexto de un menor crecimiento de la economía regional y mundial.

América del Sur registraría el mayor aumento del valor exportado en 2021 (34%) ya que, dada su especialización exportadora, se beneficiaría especialmente de los mayores precios de las materias primas. Una situación similar se observa en el Caribe, que se beneficiará de los altos precios del petróleo, el gas y la bauxita exportados por Guyana, Trinidad y Tabago y Jamaica, respectivamente. El valor de las exportaciones mexicanas (que consisten mayoritariamente en manufacturas) crecería 17%, impulsado principalmente por la expansión de su volumen. Una situación similar se aprecia en el caso de Centroamérica. Por su parte, el valor de las importaciones crecería más de 25% en todas las subregiones y México.

El alza en las exportaciones de bienes de la región durante 2021 se explica principalmente por el aumento de los precios de los productos básicos, sobre todo minerales, hidrocarburos y productos agroindustriales, más que por la expansión del volumen exportado. Asimismo, las exportaciones regionales de servicios aún no se recuperan de la caída sufrida a raíz de la pandemia. En particular, la dependencia regional del turismo supera largamente al promedio mundial, por lo que la incertidumbre sobre la reapertura de este sector condiciona negativamente las perspectivas de varias economías, especialmente del Caribe, advierte la CEPAL. En suma, la recuperación del comercio regional en 2021 muestra importantes debilidades.

El informe de la CEPAL señala que existen varios factores de incertidumbre en el comercio mundial: desigual ritmo de vacunación y nuevas variedades del virus; presiones inflacionarias y dificultad para mantener los estímulos fiscales; tensiones comerciales y riesgos en el sector inmobiliario de China; disrupciones en las cadenas de suministro y alza de fletes.

Sobre este último punto, se calcula que el costo promedio global del flete de contenedores por vía marítima ha subido en más de 660% desde junio de 2019 a la fecha.

Según el informe, el mayor dinamismo se registra en el comercio con China y dentro de la propia región, aunque con dinámicas muy distintas. La variación anual proyectada para 2021 del valor de las exportaciones regionales a China es de 35%, mientras que para la propia región de América Latina y el Caribe la cifra llega a 33%. Los envíos a la Unión Europea crecerían 23% y a Estados Unidos 19%.

Pese a la recuperación de las exportaciones intrarregionales en 2021, su participación en las exportaciones totales de bienes de la región llegará solo al 13% en 2021, muy por debajo de sus máximos históricos (21% en 1994 y 2008). En tanto, se proyecta que la región como un todo registre en 2021 un superávit de 24 mil millones de dólares, menor a los 64 mil millones de dólares registrados en 2020, lo que se explica principalmente por la fuerte recuperación del volumen importado.

Un segundo capítulo de Perspectivas del Comercio Internacional aborda el desafío de la autonomía productiva regional en la industria de la salud. América Latina y el Caribe tiene un persistente déficit comercial en el sector farmacéutico y solo el 13% de sus importaciones viene de la propia región, lo que la deja en una situación vulnerable frente a perturbaciones en el abastecimiento externo. En la gran mayoría de los países de la región, el mercado local no resulta suficiente para impulsar una escala competitiva de producción en el sector farmacéutico ni tampoco en el de los dispositivos médicos. Ello pone de manifiesto la importancia de implementar políticas que favorezcan una mayor integración de los mercados nacionales, a fin de crear un mercado amplio y estable que produzca los incentivos que se necesitan para expandir la producción regional.

El documento de la CEPAL dedica un tercer capítulo al aporte del comercio internacional a la economía circular. Esta busca un uso más sostenible de los materiales y productos, preservando su valor y utilidad durante el mayor tiempo posible. En este ámbito, el organismo llama a los países de la región a incorporar en sus agendas comerciales la perspectiva de la economía circular. También insta a armonizar normas entre países y reducir barreras comerciales con el fin de crear mercados regionales, así como aumentar insumos y productos reciclados en las cadenas de sectores exportadores de recursos naturales tales como minería, agroindustria y forestal.

Tras la pronunciada caída sufrida el año pasado, el comercio internacional experimentará este 2021 “un importante repunte”, pero éste será “asimétrico” y “muy heterogéneo” entre las naciones de la región, según destaca un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La CEPAL calcula que el valor de las exportaciones regionales de bienes crecerá un 25% durante el año en curso, tras una caída de un 10% en 2020, impulsado por un crecimiento del 17% en los precios y un 8% en las cantidades enviadas fuera de la región.

El organismo de la ONU destaca que el incremento en las exportaciones de bienes se debió principalmente al aumento de los precios de los productos básicos, sobre todo los minerales, los hidrocarburos y los productos agroindustriales, más que por la ampliación del volumen exportado.

Tomando como base muchos años de trabajo de las Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PDF), aprobada en 2006, ha avanzado aún más los derechos y el bienestar de estas personas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros marcos de desarrollo internacionales, como el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria (EN), la Nueva Agenda Urbana (PDF), y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo (EN).

“En particular, la dependencia regional del turismo supera largamente al promedio mundial, por lo que la incertidumbre sobre la reapertura de este sector condiciona negativamente las perspectivas de varias economías, especialmente del Caribe”, advierten desde la CEPAL. “En suma, la recuperación del comercio regional en 2021 muestra importantes debilidades”.

Entre los varios factores que provocan una mayor incertidumbre en el comercio mundial, la CEPAL subrayó el distinto ritmo de vacunación y las nuevas variedades del coronavirus; las presiones inflacionarias y la dificultad para mantener los estímulos fiscales; las tensiones comerciales y los riesgos en el sector inmobiliario de China junto a las disrupciones en las cadenas de suministro y el alza de los fletes.

Con relación a este último punto, el organismo calcula que el costo medio global del flete de contenedores por vía marítima ha subido en más de un 660% desde junio de 2019 hasta la fecha.

La mayor actividad comercial se registró con China y a nivel regional. La proyección en la variación anual de las exportaciones regionales al país asiático es de un 35%, seguidas de un 33% intrarregional, y de un crecimiento de envíos de un 23% a la Unión Europea y de un 19% a Estados Unidos.

El mayor incremento en el valor de las exportaciones durante 2021 correspondería a América del Sur con un 34%, apoyado especialmente en los mayores precios de las materias primas.

Las exportaciones mexicanas, basadas en su mayoría en el sector de las manufacturas, crecerían un 17%, impulsadas principalmente por un crecimiento en volumen. En el caso de América Central se observa una situación similar.

Se prevé que el valor de las importaciones aumentaría más de un 25% en todas las subregiones y en México.

El estudio también dedica un capítulo a analizar los desafíos que afronta la industria sanitaria en la región con un “persistente déficit comercial en el sector farmacéutico y solo el 13% de las importaciones” provenientes de América Latina y el Caribe.

Nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que la pandemia de COVID-19 ha desorganizado los servicios de lucha antipalúdica y que ello, a su vez, se ha traducido en un marcado aumento del número de casos y de muertes por esta enfermedad.

Según las estimaciones presentadas en el último Informe mundial sobre el paludismo de la OMS- en inglés, en 2020 hubo en todo el mundo 241 millones de casos de paludismo y 627 000 muertes causadas por esta enfermedad, lo que supone un aumento de unos 14 millones de casos y 69 000 muertes en relación con las cifras de 2019. Aproximadamente dos tercios de estas muertes adicionales (47 000) tienen que ver con interrupciones de los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del paludismo durante la pandemia.

La situación, sin embargo, podría haber sido mucho peor. Según las proyecciones que efectuó la OMS en los primeros días de la pandemia, presuponiendo una profunda desorganización de los servicios, en 2020 se podrían haber duplicado las muertes por paludismo en el África subsahariana. Muchos países, sin embargo, adoptaron medidas urgentes para consolidar sus programas de lucha antipalúdica, gracias a lo cual se pudo evitar lo peor.

El vendaval de la pandemia llegó en un momento en que la lucha antipalúdica en el mundo ya se había estancado. Para 2017, más o menos, ya había indicios de que los fenomenales avances registrados desde 2000 (en particular, con una reducción del 27% de la incidencia mundial de casos y una caída de casi el 51% de la tasa de mortalidad) se estaban frenando.

Desde 2015, año de referencia de la estrategia mundial de la OMS contra el paludismo, 24 países han registrado un aumento del número de muertes por esta enfermedad. En los once países que presentan la mayor carga de paludismo del mundo, el número de casos pasó de 150 millones en 2015 a 163 millones en 2020 y el de muertes por la enfermedad pasó de 390 000 a 444 600 durante el mismo intervalo.

A tenor del informe, los progresos logrados quedan sensiblemente lejos de las metas intermedias marcadas para 2020 en la estrategia mundial de la OMS contra el paludismo. En 2020, la tasa mundial de incidencia del paludismo fue de 59 casos por cada 1000 personas en situación de riesgo, cuando la meta era de 35, lo que supone una desviación del 40%. La tasa mundial de mortalidad fue de 15,3 muertes por cada 100 000 personas en situación de riesgo, cuando la meta era de 8,9, lo que representa una desviación del 44%.

Para el informe de este año se empleó un nuevo método estadístico, aplicado en el conjunto de la OMS para determinar la proporción en que cada una de las principales enfermedades, incluido el paludismo, contribuye a la mortalidad de niños menores de cinco años. Este método se aplicó a 32 países del África subsahariana que concentran alrededor de un 93% de todas las muertes por paludismo del mundo. Ello reveló que el número estimado de niños pequeños fallecidos ha ido en aumento cada año desde 2000 en adelante.

Las muertes por paludismo, en cambio, aun aplicando el nuevo método, han mantenido una tendencia general a la baja desde 2000, pues a escala mundial la tasa de mortalidad (muertes por cada 100 000 personas en situación de riesgo) se redujo en un 49% entre 2000 y 2020. Entre 2019 y 2020 la tasa de mortalidad se acrecentó, por primera vez desde el año 2000, a consecuencia de los trastornos causados por la pandemia de COVID-19.

El surgimiento y propagación del coronavirus obligó a los sistemas sanitarios de todos los países a centrar sus trabajos en la atención de los casos de COVID-19, interrumpiendo la prestación de otros servicios médicos. Esta alteración generó un aumento en los cuadros y muertes por malaria, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el nuevo Informe Mundial sobre Paludismo, elaborado por esa dependencia de la ONU, las suspensiones de la atención a la malaria contribuyeron a 14 millones de casos y 69.000 muertes por esa enfermedad.

El estudio revela que dos tercios de esos decesos adicionales -47.000- estuvieron relacionados directamente con la falta de servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del paludismo a causa de la pandemia.

El informe indica sólo el 58% de los países completó las campañas de distribución mosquiteros tratados con insecticida en 2020, y la mayoría de ellos tuvo retrasos importantes en esas entregas.

Según los datos de los 65 países que integran el informe, en 2020, 37 naciones dieron cuenta de interrupciones de entre 5% y 50% en los servicios de diagnóstico y tratamiento de la malaria.

El informe halló una reducción del 27% en la incidencia de casos de malaria de 2000 a 2020 con una tendencia general a la baja en la tasa de mortalidad.

En la región de África de la OMS se documentó el 95% de los casos y el 96% de las muertes mundiales por paludismo en 2020. Sin embargo, hubo un decremento del 49% en la tasa de mortalidad por paludismo entre 2000 y 2020.

De acuerdo con el estudio, entre 2000 y 2020 se evitaron 1700 millones de casos y 10,6 millones de muertes por malaria, casi todas en en ese continente.

La OMS destacó que el progreso contra la malaria sigue siendo desigual. Muchos países con una carga baja de la enfermedad avanzan de forma constante hacia el objetivo de su eliminación.

El informe advierte que la situación continúa siendo precaria, especialmente en África subsahariana, donde una serie de amenazas que incluye conflictos armados y desastres climáticos, entre otros problemas, dificulta los esfuerzos de control de enfermedades.

Entre los objetivos de dicha estrategia destaca la reducción del 90% en la incidencia mundial de la malaria y las tasas de mortalidad para 2030.

En América Latina los casos de malaria se redujeron en un 58%, de 1,5 millones a 0,65 millones, y la incidencia de casos en un 67% entre los años 2000 y 2020. Asimismo, las muertes por paludismo disminuyeron un 56%, de 909 a 409, y la tasa de mortalidad bajó en un 66%. La mayor parte de los decesos -77%- fue en adultos.

El informe señala que en las últimas dos décadas el avance en la región ha sido afectado por un aumento de casos en Venezuela, donde se registraron 35.500 pacientes con paludismo en el 2000 y los enfermos llegaron a 467.000 en 2019. En 2020, los cuadros disminuyeron a 232.000 debido a las restricciones de movimiento durante la pandemia de COVID-19 y a la escasez de combustible que afectó a la industria minera, el principal contribuyente al aumento reciente de malaria en el país.

Los países con incrementos sustanciales en 2020 respecto a 2019 fueron Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y Bolivia.

Venezuela, Brasil y Colombia representaron más del 77% de todos los casos de la región.

Argentina, El Salvador y Paraguay se certificaron como libres de malaria en 2019, 2021 y 2018, respectivamente. Belice notificó cero casos de malaria por segundo año consecutivo.

https://youtu.be/_O-phM2Rqpg

Información del estatus actual del volumen y porcentaje de almacenamiento de las presas de uso agrícola; indicando y zonificando las variaciones porcentuales con respecto a la decena anterior para un mes en particular, permitiendo establecer un análisis del panorama nacional a futuro de la agricultura de riego.

La disponibilidad de agua en presas de almacenamiento para riego es de 56,026 hm3 ; es decir, 685 hm3 menos respecto a la decena anterior y 5,918 hm3 más en comparación con la misma decena de 2020.

La región sur presenta el mayor porcentaje de almacenamiento a la fecha, con 35.7% y la región noreste el menor con 15.5%. La máxima evaporación se presentó en Benito Juárez, Oaxaca con 6.8 mm y La Esperanza, Hidalgo registró el máximo valor de lluvia con 1.1 mm.

El registro de almacenamiento en las presas indica que 115 se encuentran a 50%, 17 entre 20 y menos de 50% y 6 presas con niveles por debajo de 20% de su capacidad.

Las presas con mayor porcentaje de almacenamiento a la fecha son La Purísima, Guanajuato y La Vega, Jalisco ambas con 100%, mientras que Copándaro, Michoacán y Abelardo Rodríguez Luján, Sonora presentan los porcentajes más bajos de almacenamiento con menos de 10%. Es importante destacar que históricamente el porcentaje de almacenamiento de estas últimas presas no rebasa el 50% y el 2% respectivamente en los últimos 5 años.

Fuente: SIAP 06 de diciembre de 2021

Al mes de septiembre de 2021, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 9,432 MDD.

El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positivo; tiene un superávit de 3,321 MDD, el cual contribuye con 35.2 por ciento.

Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (1,046 MDD) contribuye de manera positiva con 11.1%, al superávit de la No Petrolera.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria, enero-septiembre 2021

Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son:

Balanza de bienes agrícolas

: En los nueve meses transcurridos de 2021, el superávit fue de 1,430 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 12.3% mayores a las importaciones. No obstante el saldo disminuyó 68.0% (3,039 MDD), en relación con 2020, debido a que las exportaciones aumentaron 6.8% (829 MDD), mientras que las importaciones se incrementaron en mayor medida, 49.6% (3,868 MDD).

Balanza de bienes agroindustriales

: De enero a septiembre de 2021, se registra un superávit
de 4,369 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 31.5% mayores a las importaciones. El saldo disminuyó 14.3% (731 MDD), respecto de 2020, resultado del incremento en mayor medida de las importaciones en 3,520 MDD (34.0%), en tanto que las exportaciones aumentaron 2,789 MDD, esto es, 18.0 por ciento.

Balanza de bienes pesqueros

Al noveno mes de 2021, se presenta un superávit de 82 millones de dólares, debido a que lo exportado es 13.9% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior aumentaron 21.7% (120MDD), mientras que las compras en 62.7% (227MDD), en comparación con el mismo periodo de 2020.

Balanza de bienes ganaderos y apícolas:

Al mes de septiembre de 2021, el déficit fue de 465.7 MDD, esto es, 210.3 millones de dólares mayor que el saldo negativo reportado en similar periodo de 2020 (255.4 MDD). El comercio total se incrementó 8 millones 539 mil dólares (0.4%), al pasar de 1,938 millones dólares en 2020 a 1,947 millones de dólares en 2021.

El déficit de la balanza se explica porque las importaciones fueron 62.9% mayores a las exportaciones. Las compras al exterior se incrementaron en 109 MDD (10.0%) frente a las de 2020; mientras que las ventas al mercado externo disminuyeron en 101 MDD (12.0%).

Fuente: SIAP 06 de diciembre de 2021

El INEGI da a conocer el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), información que proviene de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), Giant Motors Latinoamérica y Autos Orientales Picacho.

En noviembre se vendieron al público en el mercado interno 82 829 unidades, lo que representa una variación de (-)13.5% respecto al mismo mes de 2020. En el periodo enero-noviembre 2021 se comercializaron 917 315 unidades.

La producción total de vehículos ligeros en México, para el periodo enero-noviembre de 2021 es de 2 767 004 unidades, se muestra que los camiones ligeros representan 76.1% del total, mientras que el resto corresponde a la fabricación de automóviles.

En noviembre se exportaron 240 341 vehículos ligeros y para el periodo enero-noviembre de 2021 se reportó un total 2 479 515 unidades exportadas. En este mismo periodo se presentó una variación de 3.0% respecto a 2020.

La divulgación de información referente a la producción y comercialización de automóviles y camiones ligeros nuevos apoya a los usuarios de los ámbitos público, privado y académico, de manera particular, en la elaboración de políticas en este sector de la economía nacional.

Durante noviembre del 2021 en México se ensamblaron 248,960 autos ligeros lo que representó una caída de 20.2% en relación con el nivel registrado el mismo mes del 2020 (312,184 unidades).

Las problemáticas globales en la cadena de suministro de componentes han afectado de manera importante a la industria manufacturera, especialmente a la industria automotriz; lo que explica que pese a la reapertura económica los niveles de producción total sean incluso más bajos que durante el 2020, cuando la actividad industrial operaba sobre niveles más bajos por la pandemia.

La escasez de insumos ha golpeado a la mayoría de las firmas automotrices que tienen plantas de producción en México. Las únicas que esquivaron la caída fueron Ford Motor, Toyota y Honda con crecimientos de 31.0, 26.9 y 19.1% respectivamente, de acuerdo con cifras reportadas por la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) publicados por el Inegi.

Por su parte, las caídas más pronunciadas en la producción total de vehículos ligeros las enfrentaron la china JAC, la alemana Mercedes Benz y la estadounidense General Motors que presentaron caídas de 96.5, 69.2 y 43.7% respectivamente.

La producción de autos en México se mantiene baja y en consecuencia las ventas tanto al interior del país como los envíos al exterior continúan en números rojos también. Durante este penúltimo mes del 2021 las exportaciones cayeron 16.5% en comparación internaual, mientras que las ventas se contrajeron 13.5% aún con todos los incentivos al consumo impulsados por El Buen Fin.

A la expectativa de los próximos meses las instituciones financieras y organizaciones internacionales pronostican que las problemáticas en la cadena global de suministro y la escasez de insumos podría extenderse hasta finales del 2022.

Fuente:EL ECONOMISTA 06 de diciembre de 2021

La generación de estudiantes presente corre el riesgo de perder unos 17 billones de dólares estadounidenses, en valor actual, del total de ingresos que percibirán durante toda la vida, o cerca del 14 por ciento del PIB mundial actual, como consecuencia del cierre de las escuelas vinculado con la pandemia de COVID-19, según un nuevo informe publicado por el Banco Mundial, la UNESCO y el UNICEF. El nuevo pronóstico revela que la repercusión es más grave de lo que se pensaba anteriormente, y que supera con creces las estimaciones de 10 billones de dólares estadounidenses calculadas en 2020.

Además, el informe, titulado El estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recuperación, muestra que en los países de ingresos bajos y medianos, la proporción de niños que viven en situación de Pobreza de Aprendizajes – aproximadamente el 53 por ciento antes de la pandemia – podría alcanzar el 70 por ciento debido al cierre prolongado de las escuelas y a la carencia de eficacia del aprendizaje a distancia para garantizar la continuidad integral del aprendizaje durante estos cierres.

Las simulaciones que estiman que el cierre de escuelas provocó pérdidas significativas de aprendizaje están siendo corroboradas ahora con datos reales. Por ejemplo, los datos regionales de Brasil, Pakistán, la India rural, Sudáfrica y México, entre otros países, muestran pérdidas sustanciales en matemáticas y lectura. El análisis demuestra que, en algunos países, las pérdidas promedio de aprendizaje son aproximadamente proporcionales a la duración del cierre. Sin embargo, existe una gran heterogeneidad entre los países y según las materias, el nivel socioeconómico de los educandos, el género y el grado. Por ejemplo, los resultados en dos estados de México revelan pérdidas de aprendizaje significativas en lectura y matemáticas para los educandos de 10 a 15 años de edad. Las pérdidas de aprendizaje estimadas fueron mayores en matemáticas que en lectura, y afectaron de manera desproporcionada a los educandos más jóvenes, a los que provienen de hogares con bajos ingresos y a las niñas.

Salvo algunas excepciones, las tendencias generales de los datos emergentes en todo el mundo coinciden con los resultados obtenidos en México, lo que sugiere que la crisis ha exacerbado las desigualdades en materia de educación:

El informe hace hincapié en que, hasta la fecha, los paquetes de estímulo que los gobiernos han destinado a la educación representan menos del 3 por ciento. Se necesitará una mayor cantidad de fondos para que la recuperación inmediata del aprendizaje sea efectiva. Asimismo, el informe señala que, aunque casi todos los países del mundo han proporcionado oportunidades de aprendizaje a distancia para los estudiantes, la calidad y el alcance de estas medidas son desiguales –en la mayoría de los casos, se proporcionó, a lo sumo, un sucedáneo incompleto de la enseñanza presencial. Más de 200 millones de estudiantes viven en países de ingreso bajo y mediano bajo que no están preparados para desarrollar la enseñanza a distancia durante el cierre urgente de escuelas.

La reapertura de las escuelas debe seguir siendo una prioridad urgente y de primer orden a escala mundial para detener y revertir las pérdidas de aprendizaje. Los países deben implementar programas de recuperación del aprendizaje con el objetivo de garantizar que los estudiantes de esta generación logren tener, al menos, las mismas competencias que los de la generación anterior. Los programas deben abarcar tres líneas de acción clave para recuperar el aprendizaje: 1) consolidar los planes de estudio; 2) ampliar el tiempo de instrucción; y 3) mejorar la eficiencia del aprendizaje.

Para construir sistemas educativos más resilientes a largo plazo, los países deben:

Este informe ha sido elaborado en el marco de la Misión: recuperar la educación en 2021,mediante la cual el Banco Mundial, la UNESCO y UNICEF han centrado sus esfuerzos en tres prioridades: el regreso de todos los niños a la escuela, la recuperación de las pérdidas de aprendizaje y la preparación y el apoyo a los docentes.

Los consumidores mostraron un mayor optimismo en noviembre pasado, un mes que se caracteriza por las ofertas y promociones de El Buen Fin, donde se busca incentivar el consumo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en noviembre el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en un nivel de 45.8 puntos, el mayor nivel desde marzo del 2019, cuando registró 46.9 puntos.

Es decir, la confianza de los consumidores se ha recuperado en los últimos meses a niveles que no se veían incluso antes de la pandemia del Covid-19, que tumbó el optimismo el año pasado.

En comparación mensual, el ICC tuvo un crecimiento de 1.7 puntos en el mes, con lo que registró tres meses consecutivos de crecimiento. En su comparación anual, el aumento fue de 8.8 puntos.

Fue en el mes de El Buen Fin donde, al interior de los componentes del ICC, el que se relaciona con el consumo presentó el mayor crecimiento mensual.

En noviembre, las posibilidades de los miembros del hogar de comprar muebles y electrodomésticos aumentaron 3.4 puntos mensuales; sin embargo, el nivel de este rubro sigue siendo el más débil con 26.7 puntos.

La perspectiva económica actual tanto del hogar como del país también mostraron mejoría durante el mes. En el primer caso, el avance que se tuvo fue de 2.8 puntos, mientras que en el segundo el aumento mensual fue de 2.2 puntos.

Las perspectivas futuras también mostraron mejoría, aunque a un menor ritmo. La situación económica esperada por el hogar en 12 meses aumentó 1.2 puntos, en tanto que la situación económica prevista para el país creció 0.5 puntos.

Fuente:EL ECONOMISTA 06 de diciembre de 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2020, con el objetivo de proveer información acerca del valor económico de las horas de trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados.

Esta publicación permite dimensionar de manera más precisa el aporte que los hogares y, en especial las mujeres, hacen a la economía nacional, al presentar la producción de los servicios del hogar no medidos en la contabilidad nacional.

Principales resultados

En 2020, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados realizadas por la población de 12 y más años de edad reportó un monto de 6.4 billones de pesos, equivalente a 27.6% del PIB del país. De este monto, las mujeres contribuyeron con 73.3%, mientras que los hombres lo hicieron con 26.7%, es decir, las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres.

Las actividades que presentan la mayor contribución al valor económico del trabajo no remunerado de los hogares corresponden a los cuidados y apoyo con 27.9%, seguido de la actividad de proporcionar alimentos con 21.8% y las actividades de limpieza y mantenimiento de la vivienda que contribuyen con 20.7 por ciento.

Durante 2020 se presentó un aumento de horas en las labores domésticas y de cuidados, así como una disminución en las actividades que requieren de traslados fuera del hogar.

Las actividades que presentaron mayor crecimiento en horas fueron cuidados de salud dentro del hogar con 9.4%, seguido de la limpieza y mantenimiento de la vivienda con 7.5%, las actividades de apoyo a otros hogares con 7.3% y las tareas de alimentación con 4.8 por ciento.

En contraste, las actividades de trabajo voluntario disminuyeron 13.8%, seguido de los cuidados generales, ayuda escolar y apoyo (incluye traslados y acompañamiento) que retrocedieron 6.2%, y las compras y administración del hogar que se redujeron 3.6 por ciento.

El valor económico neto per cápita reportó un incremento de 11.1% respecto a 2019 y alcanzó los 49 437 pesos por persona. Cada mujer realizó trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalentes a 69 128 pesos anuales, mientras que cada hombre realizó actividades similares equivalentes a 27 175 pesos.

Como parte de estudios complementarios, se observa que el valor de las labores domésticas y de cuidados no remunerados realizados por niños de entre 5 y 11 años de edad reportó un monto equivalente a 0.5% del PIB del país: 51.4% fue aportado por niñas y 48.6% por niños.

El valor económico del trabajo no remunerado en la producción de bienes para autoconsumo reportó un monto equivalente a 1.4% del PIB nacional, el cual es realizado en 56.7% por hombres y en 43.3% por mujeres.

Los hombres destinaron 5.8 horas semanales en la producción de bienes para autoconsumo, mientras que las mujeres destinaron 4.6 horas. Cada niña de entre 5 y 11 años destinó en promedio 5.5 horas a la semana a las labores domésticas y de cuidados del hogar, mientras que los niños colaboraron con 5.1 horas en el mismo periodo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

Al cierre de 2020, se reportó que 20 720 servidoras y servidores públicos estaban adscritos a las 65 unidades de la Fiscalía General de la República, de los cuales 56.8% fueron hombres y 43.2% mujeres. Comparado con 2019, la cantidad de personal disminuyó 0.9% en 2020. En relación con las características que presentó dicho personal, se destaca que 22.9% percibió un ingreso bruto mensual entre 30 001 y 35 000 pesos.

-En el mismo periodo se reportaron 191 Fiscalías de la Fiscalía General de la República. En tanto, el personal total adscrito a las Fiscalías fue de 12 415 servidoras y servidores públicos, de los cuales 56.5% fueron hombres y 43.5% mujeres. De acuerdo con el cargo, 24.2% fueron fiscales, cifra que en contraste con 2019, aumentó 2.7 por ciento.

-Durante 2020, se reportaron 81 personas fallecidas en el cumplimiento de la función de procuración de justicia, de las cuales 91.4% fueron hombres y 8.6% mujeres. Respecto a la causa de fallecimiento 86.4% correspondió a causas naturales, 9.9% falleció por homicidio y en 3.7% no se identificó la causa. Durante 2020, 41 servidoras y servidores públicos fallecieron por COVID-19. La mayoría de este personal se desempeñó como fiscales y policías ministeriales.

-Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 78 482 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 20.2% en 2020.

-Al cierre de 2020, quedaron pendientes de concluir 55 004 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 0.9% en 2020.

-En relación con los delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, en 2020, a nivel nacional se registraron 78 482 (19 correspondieron al Sistema Tradicional y 78 463 al Sistema Penal Acusatorio). Esta cifra representó una disminución de 20.2% respecto a lo registrado en 2019. Los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los más frecuentes al concentrar 18.4% del total nacional.

-Durante 2020, la cantidad de vehículos terrestres asegurados por la Fiscalía General de la República fue de 10 321. En el mismo periodo se aseguraron 18 582 armas de fuego: 11 512 (62.0%) eran cortas y 7 070 (38.0%) largas. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, los principales fueron cannabis sativa, indica o mariguana y cocaína.

-Durante 2020, se abrieron 4 757 expedientes en materia penal para adultos y justicia para adolescentes por el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En comparación con lo reportado en 2019, la cantidad de expedientes abiertos disminuyó 37.1 por ciento. En el mismo periodo se concluyeron 1 301 expedientes, que respecto a 2019, disminuyeron 22.9% en 2020. Finalmente, 937 expedientes permanecieron pendientes al cierre de 2020; esta cifra representó una disminución de 33.5% en comparación con 2019.

Los resultados del CNPJF 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía pone a disposición de los usuarios, información sobre los trabajadores voluntarios que colaboran en las asociaciones sin ánimo de lucro, con la finalidad de promocionar su aporte significativo y solidario en el marco del día internacional de los voluntarios, que se conmemora desde 1985 por invitación de la Organización de las Naciones Unidas.

La información de este documento se refiere al año 2020, donde se observó una participación de 1 786 578 voluntarios que, de acuerdo con la CSISFLM, se componen en un 39.3% por mujeres, y en un 60.7% por hombres.

De acuerdo con la vocación de las organizaciones a las que apoyan, 28.4% de los voluntarios se involucra en las tareas del culto religioso, mientras que en el grupo de los servicios sociales que incluye asilos, casas hogar, orfanatos y otros hogares de acogida participa 20.4 por ciento de los voluntarios.

El 15.8% del voluntariado participa en las asociaciones de desarrollo y la vivienda; 11.7% participa en el grupo de las asociaciones empresariales y profesionales, donde se incluyen los sindicatos. Diez de cada 100 voluntarios apoyan en el cuidado y preservación de la salud; 6.6% colaboran en asociaciones que se dedican a la enseñanza y la investigación, y en las actividades de cultura y recreación como los museos, casas de cultura y centros recreativos se involucra el 3.0 por ciento.

La participación por sexo del voluntariado en los grupos de actividad es diferenciada; por ejemplo, en el año 2020 en el voluntariado de las iglesias las mujeres representan 52.2%; en las de enseñanza e investigación ellas significan el 50.6%; y en las organizaciones de derechos, promoción y política su participación alcanza 42.7%. En el caso de los hombres, destaca su participación en las asociaciones empresariales y profesionales con 77.2%; en la cultura y recreación aportan el 70.7%; en los servicios sociales son 68.5%; en las de desarrollo y vivienda de cada 100 voluntarios, 64 son hombres; y finalmente son 61.8% en las tareas de las ISFL dedicadas a la salud.

El valor económico del trabajo voluntario

Otra variable de importancia que dimensiona el aporte que significa el trabajo voluntario para las organizaciones es el valor económico de su esfuerzo que contribuye al bienestar de la sociedad. En 2020, este valor fue de 126 203 millones de pesos; 56.7% corresponde a la labor de los hombres y 43.3% es aportado por las voluntarias.

De esta manera, cada voluntario contribuye con el equivalente a 70 640 pesos anuales en las organizaciones sin ánimo de lucro. Por grupo de actividad destaca el aporte en las organizaciones de enseñanza e investigación con casi 121 mil pesos anuales por voluntario; y en las tareas de derechos, promoción y política con 111 862 pesos; en la cultura y recreación cada persona voluntaria aporta 33 672 pesos anuales, y en la salud 43 211 pesos.

Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

El Día Mundial del No Uso de Plaguicidas fue instaurado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, en conmemoración de la muerte de más de 16 mil personas en Bophal, India, ocurrida en 1984 por la fuga de 27 toneladas de gas tóxico metil isocianato, utilizado para la fabricación de plaguicidas.

Este suceso generó un movimiento internacional conformado por más de 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas (Pesticide Action Network), creada para levantar la voz y exigir la prohibición del uso de pesticidas, así como llamar a la reflexión.

Hoy, a más de 36 años de ese lamentable suceso, a nivel mundial, muchas organizaciones, organismos gubernamentales y científicos trabajan para hacer posible la eliminación y distribución de sustancias venenosas que son usadas para producir los plaguicidas en los distintos países donde son comercializados y vendidos.

En el caso de México, el gobierno federal realiza un esfuerzo para eliminar gradualmente el uso del glifosato, herbicida altamente dañino al medio ambiente y al ser humano, mediante acciones encaminadas hacia la transformación del sistema agroalimentario del país con el fin de lograr alimentos seguros y un medio ambiente sano.

El glifosato es utilizado para eliminar hierbas en terrenos agrícolas o en jardines. En México está inscrito ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) bajo más de 150 registros, y se comercializa en marcas como Roundup® y Faena®, que son las más comunes.

Hay evidencia científica acerca de la toxicidad de este herbicida que demuestra los impactos a la salud humana y al ambiente. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo reclasificó como probable carcinógeno para los humanos.

Ante estas evidencias científicas, el 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto para establecer las acciones para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.

El decreto indica que, a partir de su entrada en vigor y hasta el 31 de enero de 2024, se establece un periodo de transición para lograr la sustitución total del glifosato.

Sin duda con la publicación de este Decreto, nuestro país camina hacia la preservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos seguros para la salud humana y el medio ambiente.

Fuente: SEMARNAT 03 de diciembre de 2021

El Día internacional de las personas con discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, con el propósito de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como para concientizar sobre su situación en la vida política, social, económica y cultural.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta algunos indicadores de las personas con discapacidad y/o algún problema o condición mental, usando datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020) En el censo se utiliza la metodología del Grupo de Washington que define a la persona con discapacidad como aquella que tiene mucha dificultad o no puede realizar alguna de las siguientes actividades de la vida cotidiana: caminar, subir o bajar; ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; bañarse, vestirse o comer; recordar o concentrarse y hablar o comunicarse; además incluye a las personas que tienen algún problema o condición mental.

Prevalencia de la población con discapaacidad y/o problema o condición mental
internacional de las personas con discapacidad

De acuerdo con los datos del Censo 2020, para el 15 de marzo de 2020 en México residían 126 014 024 personas; la prevalencia de discapacidad junto con las personas que tienen algún problema o condición mental a nivel nacional es de 5.69% (7 168 178). De éstas, 5 577 595 (78%) tienen únicamente discapacidad; 723 770 (10%) tienen algún problema o condición mental; 602 295 (8%) además de algún problema o condición mental tienen discapacidad y 264 518 (4%) reportan tener algún problema o condición mental y una limitación.

Las entidades con la menor prevalencia son Quintana Roo (4.34%), Nuevo León (4.60%) y Chiapas (4.63%); mientras que Oaxaca (7.22%), Guerrero (6.78%) y Tabasco (6.71%) reportan las prevalencias más altas. Las mujeres (5.79%) tienen una prevalencia ligeramente mayor que los hombres (5.59%); en casi todas las entidades se repite este patrón, con excepción de Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.

Afiliación a servicios de salud

El artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala el derecho a contar con servicios de salud.

Según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2020, a nivel mundial no se está alcanzando la meta sobre la cobertura sanitaria universal. El Programa Sectorial de Salud 2019-2024 tiene como objetivo prioritario el acceso efectivo, universal y gratuito a la salud para las personas que no cuentan con afiliación a las instituciones de seguridad social. En México, 76% (5 426 553) de las personas con discapacidad y/o problema o condición mental cuenta con afiliación a servicios de salud, porcentaje mayor a 74% (87 147 740) que tiene la población sin discapacidad.

Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

La inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. También es una cuestión clave para cumplir con la promesa de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común.

La Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad constituye la base de un progreso sostenible y transformador hacia la inclusión de la discapacidad en todos los pilares de la labor de las Naciones Unidas. Con esta estrategia, las organizaciones del sistema de la ONU reafirman que la realización plena y completa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Tomando como base muchos años de trabajo de las Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PDF), aprobada en 2006, ha avanzado aún más los derechos y el bienestar de estas personas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros marcos de desarrollo internacionales, como el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria (EN), la Nueva Agenda Urbana (PDF), y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo (EN).

América Latina y el Caribe (ALC) es la región más afectada por la pandemia del COVID -19, y los avances socioeconómicos de las últimas décadas corren el riesgo de ser revertidos por la crisis. Las estrategias de recuperación deben incluir reformas bien secuenciadas que promuevan sistemas universales de protección social, aceleren la formalización de las economías, mejoren la progresividad fiscal y profundicen la integración regional, dice el informe Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación.

Según esta decimocuarta edición del informe, ALC experimentó una desaceleración económica histórica en 2020. El producto interno bruto (PIB) de la región se contrajo en torno al 7%. A pesar de un aumento de alrededor del 6% en 2021, no se espera que su PIB per cápita vuelva a los niveles anteriores a la crisis antes de 2023-24. El impacto de la crisis ha sido asimétrico, afectando especialmente a los grupos más vulnerables. Como resultado, los niveles de pobreza y pobreza extrema están en su punto más alto en los últimos 20 y 12 años, respectivamente.

Aunque el informe reconoce los considerables esfuerzos realizados por los países de la región para proteger durante la pandemia a los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, los jóvenes y los ancianos, también destaca que cerca del 40% de los trabajadores no tenían protección social cuando comenzó la crisis. Esto se debe en gran medida a que, en promedio, más del 50% de los trabajadores de la región trabajan de manera informal. Avanzar hacia sistemas de protección social universales es fundamental para proteger a los más necesitados en el contexto post-pandémico.

Según el LEO, una recuperación sólida e inclusiva requiere una mayor integración productiva en sectores estratégicos, entre ellos el automotriz, el farmacéutico, el de las energías renovables, la economía circular y la agricultura sostenible. También exige una respuesta fiscal holística urgente: una mayor progresividad del sistema tributario, un mayor cumplimiento fiscal, una administración tributaria más eficiente y la eliminación de los gastos tributarios ineficientes. La reducción de la evasión y la elusión fiscal, así como la eliminación de algunos gastos tributarios que representan cerca del 4% del PIB podrían aumentar los ingresos y la equidad, sin comprometer la recuperación económica.

El LEO 2021 destaca que sólo el 38% de los ciudadanos confió en sus gobiernos en 2020, frente al 45% de 2010. El descontento social sigue siendo una de las principales preocupaciones, como lo evidencian las protestas en algunos países de la región. Además, la satisfacción con los servicios públicos, incluidos la educación y la salud, disminuyó notablemente durante la pandemia. En el caso de la educación, se redujo del 66%, en 2019, al 53%, en 2020. Como respuesta, el informe explora acciones de política para repensar el contrato social en la región, sugiriendo cuatro principios para guiar un proceso que genere amplios consensos: conciliar los intereses de todas las partes; contextualizar para adaptar a las circunstancias; compensar a los más afectados por las reformas; y comunicar bien el impacto de las mismas.

La publicación también destaca el papel de la cooperación internacional para facilitar el avance hacia estos nuevos modelos de desarrollo y de un nuevo contrato social en la región. Las respuestas nacionales a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis deben ir acompañadas de alianzas renovadas para la recuperación que sitúen la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar en su centro. El diseño de la gestión internacional de la deuda, prestando especial atención a las características de cada país (en particular a los retos que enfrentan los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de los países del Caribe), es esencial para el éxito de la recuperación.

El LEO ha sido elaborado conjuntamente por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Europea.

Las granjas familiares representan el 90 % de todas las explotaciones agropecuarias del mundo, abarcando un amplio abanico de sistemas de producción y pueblos, y su prosperidad es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (fin de la pobreza), 2 (fin del hambre) y 10 (reducción de las desigualdades).

A tal fin, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha establecido una plataforma técnica para la agricultura familiar, con el objetivo de fomentar la innovación y el intercambio de información entre regiones.

Hay más de 500 millones de explotaciones familiares en el mundo y, además de producir el 80 % de los alimentos a nivel mundial, muchas de ellas pueden desempeñar, y de hecho lo hacen, un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y representan el primer paso para la transformación rural.

La FAO está poniendo en marcha cinco plataformas técnicas, cada una de ellas de alcance mundial y coordinada por una de las oficinas regionales de la FAO, para acelerar la adopción de innovaciones mediante el intercambio de experiencias y conocimientos.

La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe coordinará la Plataforma técnica regional para la agricultura familiar con arreglo a la experiencia acumulada en la región en materia de políticas públicas, instrumentos normativos, marcos jurídicos, programas nacionales y el capital institucional.

La Plataforma, establecida por la FAO como un nuevo bien público mundial, pone a disposición de gobiernos, organizaciones de agricultores, la comunidad científica, encargados de la adopción de políticas, el sector privado y todas las partes interesadas en el desarrollo rural un conjunto de instrumentos innovadores para el intercambio de experiencias y conocimientos especializados.

Al movilizar los conocimientos, la experiencia y las mejores prácticas existentes en todo el mundo, y fomentar el diálogo, el aprendizaje y la colaboración entre un conjunto diverso de asociados tanto de la FAO como ajenos a ella, la Plataforma pretende promover innovaciones técnicas e institucionales que fortalezcan a los agricultores familiares de todo el mundo.

Funciona como una instalación digital para impulsar los productos de la FAO en materia de conocimientos, así como la experiencia técnica y de políticas, y el conocimiento tecnológico operacional. Ofrece asimismo un “lugar de asamblea” digital que pone a disposición espacios e instrumentos digitales que permiten a los asociados y participantes llevar a cabo iniciativas concretas como seminarios web, cursos de formación, diálogos de políticas y visitas virtuales de aprendizaje.

La Plataforma también contribuye al Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019‑2028), dirigido conjuntamente por la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

La FAO ha consolidado importantes conocimientos sobre la agricultura familiar, una categoría que incluye a trabajadores agrícolas, pueblos indígenas, pescadores, agricultores de montaña, pastores nómadas y muchas otras personas en todas las regiones del mundo.

Las explotaciones familiares comprenden una amplia gama de sistemas de producción a distintas escalas. Una investigación reciente dirigida por la FAO ha revelado que más del 90 % de los 608 millones de explotaciones agrícolas del mundo son familiares, que ocupan alrededor del 70 % al 80 % de las tierras agrícolas y producen el 80 % de los alimentos del mundo en términos de valor. Esta expresión no es sinónimo de pequeñas explotaciones —de menos de 2 hectáreas— que explotan alrededor del 12 % de todas las tierras agrícolas y producen aproximadamente el 36 % de los alimentos del mundo.

La Plataforma también se coordinará con los proyectos y programas de la FAO en apoyo de los pequeños productores que se centran en “el acceso equitativo a los recursos, que es fundamental para el desarrollo y el crecimiento agrícolas, y los mercados justos”.

Los conflictos, la crisis climática, las enfermedades y la crisis socioeconómica debida a la pandemia de COVID-19 seguirán empujando a más gente a depender de la ayuda de emergencia y a necesitar protección en 2022, cuando las personas con requerimientos vitales llegarán a 274 millones, alertó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

El año pasado, esa cantidad se cifró en 235 millones, lo que implica un aumento de casi 17% en tan sólo 12 meses.

Para aliviar las necesidades más urgentes de 183 millones de esas personas durante el año próximo, la ONU requerirá 41.000 millones de dólares, con un programa tres veces mayor que el de 2021 debido a las crecientes necesidades.

De acuerdo con el Panorama Humanitario Global para 2022, la población que precisa asistencia básica vive en 63 naciones y, sumada, equivaldría al cuarto país más poblado del mundo.

El informe destaca el deterioro de la situación humanitaria en América Latina y el Caribe. Hace cinco años, sólo Haití tenía un Plan de Respuesta Humanitaria, mientras que ahora hay seis en toda la región. La ONU pide 2500 millones de dólares para asistir a los venezolanos tanto en su país como emigrados, 200 millones para Colombia, 114 millones para El Salvador, 153 millones para Guatemala y 143 millones para Honduras.

El estudio destaca que más del 1% de la población mundial ha debido desplazarse y que la pobreza extrema se incrementa nuevamente.

En la mayoría de las crisis, las mujeres y las niñas son las que más sufren, que aumentan las desigualdades de género y, con ello, los riesgos que corren, por lo que necesitan protección.

El informe indica que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda ha aumentado drásticamente y que el riesgo de hambruna es ya una realidad.

Gracias a la generosidad de los donantes, el sistema humanitario brindó alimentos, medicamentos, atención médica y otra asistencia esencial a 107 millones de personas durante el año en curso, una cifra que llega al 70% del objetivo que se fijó al iniciar 2021.

El esfuerzo de los donantes internacionales y los Estados miembros, que aportaron más de 17.000 millones para los programas humanitarios pese la difícil situación económica derivada de la pandemia; sin embargo, destacó que los fondos recibidos no son muchos cuando se observan las necesidades existentes. El financiamiento conseguido no llegó a la mitad del solicitado.

Las necesidades totales del Panorama Humanitario Mundial se han duplicado en sólo cuatro años y que para 2022 hay nueve planes para países con necesidades superiores a mil millones de dólares: Afganistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Otros planes de menores presupuestos incluyen a Colombia, El Salvador, Haití, Honduras y Venezuela.

También superan los mil millones de dólares los recursos que requieren los planes regionales para Sudán del Sur, Siria y Venezuela.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2020 que permiten medir el impacto que tienen en la economía tanto el agotamiento de los recursos naturales como la degradación del medio ambiente ocasionados por la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Adicionalmente, proporcionan información para cuantificar, en unidades monetarias, los esfuerzos realizados para la protección del medio ambiente.

Principales resultados

Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente

El Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente es el indicador que muestra el impacto ambiental ocasionado por la producción de bienes y servicios, que se obtiene al deducir del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado los costos por el consumo de capital fijo y los costos imputados por el agotamiento de los recursos naturales y por la degradación ambiental.

Durante el periodo de 2003 a 2020 el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente ha representado en promedio 78.7% del Producto Interno Bruto del país, a precios de mercado, siendo 2007 el año en que registró el mayor porcentaje con 80.2% y 2020 el menor con 75.7 por ciento.

Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental

Los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) en 2020 ascendieron a 1 066 853 millones de pesos corrientes, monto equivalente a 4.6% del PIB nacional a precios de mercado. Por componentes, los costos por agotamiento representaron 0.7%, mientras que los costos por degradación fueron equivalentes a 3.9 por ciento.

En 2020, las emisiones al aire representaron el mayor costo ambiental al ubicarse en 611 235.3 millones de pesos; le siguieron los costos por degradación del suelo con 163 807.4 millones de pesos y los residuos sólidos urbanos con 87 019.3 millones de pesos.

Durante 2020, el gasto en protección ambiental del sector público ascendió a 101 299 millones de pesos, equivalente a 0.46% del PIB nacional a precios básicos, mientras que en 2019 alcanzó un monto equivalente a 0.47% del PIB.

Los gastos en protección ambiental del sector público, de acuerdo con la clasificación funcional de actividades ambientales se distribuyen de la siguiente forma: protección del aire-ambiente y clima 38.6%; gestión de aguas residuales 17.1%; gestión de los residuos 14.6%; gestión pública y educación 10.0%; investigación y desarrollo 9.7%; otras actividades de protección ambiental 4.3%; protección de la biodiversidad 4.0%; y agua y suelo 1.7 por ciento.

El gasto ambiental realizado por el sector público de nuestro país, como proporción del PIB, representa una cifra similar a la reportada por España, Noruega y Suiza.

la inflación en el área de la OCDE aumentó al 5,2% en los 12 meses hasta octubre de 2021, en comparación con el 4,6% en septiembre y solo el 1,2% en octubre de 2020, alcanzando la tasa más alta desde febrero de 1997.

En la zona del euro , la inflación repuntó marcadamente hasta el 4,1% en octubre, desde el 3,4% de septiembre y el 0,3% menos del año anterior.

Sin embargo, se mantuvo más baja que en el área de la OCDE en su conjunto, particularmente en comparación con los Estados Unidos, donde la inflación interanual subió del 5,4% en septiembre al 6,2% en octubre, la tasa más alta desde noviembre de 1990.

Durante el año, los precios de la energía se dispararon un 24,2% en el área de la OCDE, más de cinco puntos porcentuales más que en septiembre (18,9%) y la tasa más alta desde julio de 1980.

La inflación de los precios de los alimentos en el área de la OCDE se mantuvo estable en un 4,5%. Si se excluyen los alimentos y la energía, la inflación interanual de la OCDE aumentó de forma más moderada, hasta el 3,5%, frente al 3,2% de septiembre.

Fuente: OECD 02 de noviembre de 2021

Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aunque no está definida en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella, se hace referencia a situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder.

Además, más de 150 millones de niños están sujetos al trabajo infantil, lo que representa casi uno de cada diez niños en todo el mundo.

El Día para la Abolición de la Esclavitud fue establecido para concienciar a la opinión pública sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna. La fecha del 2 de diciembre fue elegida para conmemorar el aniversario de la Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada el 2 de diciembre de 1949.

El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para su uso en conflictos armados.

https://youtu.be/ARCOUjugqjg

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México (CSISFLM) 2020, que tiene por objetivo general dar a conocer la dimensión, participación y evolución económica de las actividades realizadas por las organizaciones no lucrativas. Este programa proporciona información económica para la toma de decisiones en el sector no lucrativo y forma parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Principales resultados

Durante 2020, el PIB de las ISFL alcanzó un monto de 647 654 millones de pesos, que equivale al 3.0% del PIB Nacional. Por componentes, las ISFL Públicas representaron 1.7%, en tanto que las actividades de las ISFL Privadas contribuyeron con una participación de 0.7%. El restante 0.6% corresponde al valor económico del trabajo de los voluntarios.

Las asociaciones que se dedican a las labores de la enseñanza e investigación generan 49.3% del PIB de las ISFL; las agrupaciones de desarrollo y vivienda participan con 13.5%; las actividades de religión con 10.8%; las tareas de salud generan con 7.2%; los servicios sociales que incluyen a albergues, asilos o casas hogar contribuyen con 6.3%; los derechos, promoción y política generan 5.5%; las asociaciones empresariales y sindicatos aportan 4.6%; y la cultura y recreación como casas de cultura, museos, centros de exposición artística y centros de esparcimiento suman 2.7 por ciento.

En 2020, medido a precios de 2013, las ISFL presentaron una caída de 10.1%, mientras que el total de la economía disminuyó en 7.9% en el mismo periodo.

Para 2020, el total de los puestos de trabajo ocupados en el sector de las ISFL fueron 2 419 881, que comparando con los puestos de la economía nacional representó 6.5 por ciento. En su comparación anual, el número de puestos totales disminuyó en 9.3%, respecto a 2019. Del total de puestos de trabajo ocupados, 1 579 869 fueron remunerados y 840 012 correspondieron a los puestos de trabajo de los voluntarios.

La CSISFLM 2020 registró 1 786 578 personas que ocuparon los puestos de trabajo de los voluntarios señalados anteriormente: 60.7% fueron hombres y 39.3% fueron mujeres. El voluntariado total mostró una disminución de 19.7% respecto del año anterior. Los hombres redujeron su participación en 10.3% y las mujeres voluntarias en 30.9 por ciento.

El valor económico del trabajo voluntario fue de 126 203 millones de pesos, equivalente a 0.6% del PIB nacional. De este valor, 56.7% corresponde a la labor de los hombres y 43.3% es aportado por las mujeres.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la economía mexicana cierre el 2021 con un Producto Interno Bruto (PIB) de 5.9% y tenga una expansión de 3.3% en el 2022, de acuerdo con la actualización a diciembre de su reporte insignia “Economic Outlook”.

Esto representa un deterioro con respecto a las expectativas divulgadas en septiembre, cuando el organismo esperaba un crecimiento de 6.3% para el 2021 y 3.4% para el 2022.

La política monetaria deberá endurecerse gradualmente si la inflación no converge hacia el objetivo de 3% del banco central. Actualmente la inflación ronda 7%, según datos al cierre de la primera quincena de noviembre.

En cuanto a la política fiscal, la OCDE dijo que aunque sigue siendo prudente, es menos restrictiva de lo contemplado en el presupuesto del 2021, lo que apoya ligeramente la recuperación en curso.

Analistas del organismo prevén que el déficit público aumente a 3.2% del PIB en el 2021 (desde 2.9% del PIB en el 2020), que se mantenga prácticamente sin cambios en el 2022 y que disminuya a partir de entonces. Se estima que la deuda pública se estabilizará en torno a 51% del PIB.

En el documento se plantea que México debe mejorar su nivel de recaudación para atender las necesidades de gasto sociales.

“La proporción de impuestos en el PIB de México es la más baja de la OCDE y es inferior a la de otros países de la región. Para atender las necesidades crecientes de gasto en educación, sanidad o protección social, sin renunciar al compromiso de sostenibilidad de la deuda, sería necesario aumentar los ingresos tributarios”, dijo el organismo.

Como recomendación, el organismo dijo que es necesario relanzar la inversión y aumentar la productividad mediante el acceso a servicios financieros, fomentando la competencia en los mercados y agilizando la ejecución legal de contratos, lo que permitiría a las pequeñas y medianas empresas invertir más, crecer y aumentar la productividad.

Fuente:EL ECONOMISTA 01 de diciembre de 2021

El 1 de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. El mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.

En este Día, ONUSIDA pone de relieve la necesidad urgente de acabar con las desigualdades que ayudan a propagar el sida y otras pandemias en todo el mundo.

Sin poner remedio a las desigualdades mediante acciones audaces, corremos el riesgo de no alcanzar el objetivo de acabar con el sida, además de sufrir la prolongada pandemia de la COVID-19 y una crisis socioeconómica en aumento.

Justo cuando han pasado cuatro décadas desde que se dieron a conocer los primeros casos de sida, el VIH sigue amenazando al mundo. Estamos lejos de cumplir el compromiso compartido de acabar con el sida, pero no por la falta de conocimientos o medios, sino por las grandes desigualdades estructurales que dificultan que se apliquen soluciones efectivas para la prevención y el tratamiento del VIH.

Acabar con el sida requiere poner fin a las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales. Aunque exista la percepción de que un momento de crisis no es el más adecuado para priorizar el tratamiento de las injusticias sociales subyacentes, ha quedado claro que no superaremos la crisis hasta que no abordemos las desigualdades.

El mundo se comprometió en 2015 a acabar con las desigualdades y la urgencia no ha dejado de aumentar. Los países prometieron reducir la desigualdad, dentro y fuera de sus fronteras, mediante la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La “Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026: Poner Fin a las Desigualdades y al Sida” y la “Declaración Política sobre el Sida” tienen como objetivo acabar con las desigualdades.

En el tema:

El Banco de México (Banxico) reveló que las remesas enviadas por los connacionales que residen en el exterior ascendieron a 42,168 millones de dólares en el periodo enero-octubre de 2021. Esto demostró que ya se superaron los 40,605 millones de dólares recibidos el año pasado.

De igual forma, el banco central detalló que en los primeros diez meses del año, el monto acumulado de los ingresos por remesas aumentó 25.6% en comparación anual.

Mientras tanto, 4,819 millones de dólares se recibieron en octubre, lo que implicó un aumento anual de 33.8 por ciento. Con los datos publicados por el Banxico se confirma un octavo mes consecutivo de entradas superiores a los 4,000 millones de dólares.

Explicó que con series desestacionalizadas, en octubre los ingresos por remesas exhibieron un alza mensual de 7.7 por ciento.

Paralelamente, se han realizado 112,348 operaciones de remesas en los diez primeros meses del 2021. Nada más en octubre, se registraron 12,544 operaciones.

Durante el periodo enero-octubre, el 99.1% del total de los ingresos por remesas fue a través de transferencias electrónicas, al situarse en 41,762 millones de dólares. Mientras que las remesas efectuadas en efectivo y especie constituyeron el 0.5% del monto total.

En lo que respecta a sólo el décimo mes del año, se originaron 12.5 millones de transacciones, con un envío promedio de 384 dólares. Esto representó un aumento anual de 12.5% en comparación anual.

Fuente:EL ECONOMISTA 01 de diciembre de 2021

El valor de las importaciones y exportaciones mundiales de bienes alcanzó los 5,6 billones de dólares en el tercer trimestre de 2021, estableciendo un nuevo récord trimestral, según un informe de la UNCTAD.

Las nuevas proyecciones en la edición de noviembre de Global Trade Update de la organización muestran que el comercio de bienes y servicios alcanza los $ 28 billones para el año, un aumento del 23% en 2020 y del 11% en comparación con los niveles anteriores a COVID-19.

Pero el sólido desempeño general del comercio enmascara que la recuperación ha sido desigual entre países y sectores, dice el informe.

También advierte que la previsión para 2022 sigue siendo muy incierta.

Aunque el sector de servicios repuntó en línea con el crecimiento general, el comercio de servicios, como el turismo, se mantendrá ligeramente por debajo de los niveles anteriores a la pandemia en $ 6 billones en 2021.

Entre los sectores manufactureros, el comercio de productos relacionados con la energía fue el que más creció, impulsado por la alta demanda y los aumentos en el precio de los combustibles fósiles. Mientras tanto, el comercio estuvo más moderado durante el tercer trimestre de 2021 en algunos sectores afectados por la escasez global de semiconductores, como la industria automotriz y la electrónica.

Desde una perspectiva regional, el crecimiento del comercio también se mantuvo desigual en el tercer trimestre del 2021, aunque las diferencias regionales fueron menos pronunciadas que en el primer semestre del año.

El informe señaló que, por ejemplo, el crecimiento del comercio de la India se había acelerado en el tercer trimestre tanto en bienes como en servicios, mientras que China se mantuvo relativamente constante, “aunque en niveles ya elevados”.

Entre los factores que contribuyen a la incertidumbre sobre el próximo año, el informe cita el crecimiento “por debajo de las expectativas” de China en el tercer trimestre de 2021.

El informe advierte que los cambios grandes e impredecibles en la demanda que marcaron 2021 y llevaron a un mayor estrés en las cadenas de suministro y los costos de envío en espiral podrían continuar durante el próximo año.

el informe advierte que los cambios grandes e impredecibles en la demanda que marcaron 2021 y llevaron a un mayor estrés en las cadenas de suministro y los costos de envío en espiral podrían continuar durante el próximo año.

“Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la industria de los semiconductores se ha enfrentado a vientos en contra debido a aumentos imprevistos en la demanda y restricciones de oferta persistentes … Si persiste, esta escasez podría continuar afectando negativamente la producción y el comercio en muchos sectores manufactureros”.

El INEGI presenta los principales resultados de las Cuentas por Sectores Institucionales 2020, versión preliminar, año base 2013, que forma parte de los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México y proporcionan información sobre las transacciones reales y financieras que realizan los distintos sectores entre sí y con el resto del mundo, así como del balance de activos al inicio y al cierre del año.

Entre 2017 y 2020 las sociedades no financieras y los hogares generaron en promedio 47.1% y 33.3% del Producto Interno Bruto (PIB) total, respectivamente. Por lo que se refiere al Ingreso Disponible Bruto para consumir o ahorrar destaca el sector de los hogares que concentró en promedio, en el mismo lapso, cerca de 75% de este ingreso.

La Formación Bruta de Capital Fijo más representativa en este periodo fue la del sector de las sociedades no financieras con una participación promedio de 12.7% (en términos de PIB). En cuanto a la conformación del Ahorro Bruto Interno, los hogares contribuyeron con poco más de 15% del PIB, en promedio.

Durante 2020, las sociedades no financieras contribuyeron con 45.7% del PIB y 33.4% fue generado por los hogares; les siguieron el gobierno general con 9.3%, las sociedades financieras 4.4% y las Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) con 0.9 por ciento.

De la inversión bruta fija del país, las sociedades no financieras aportaron 59.5%, los hogares participaron con 30.9%, el gobierno general con 7.9%, las sociedades financieras con 1.6% y las ISFLSH con 0.1 por ciento.

En 2020, para financiar sus gastos en activos no financieros, las sociedades no financieras recurrieron a recursos netos adicionales equivalentes a 10.1% del PIB, en tanto que el gobierno general reportó necesidades de financiamiento equivalentes a 5.4 por ciento. Por su parte, las sociedades financieras, cumpliendo su función de oferentes de recursos para el financiamiento de la actividad productiva, proporcionaron recursos netos equivalentes a 3.8%; los hogares 14.5% y las ISFLSH reportaron préstamos netos por 0.4 por ciento del PIB.

Al cierre de 2020, el valor nominal neto de los activos de la economía fue de 171 165 381 millones de pesos, lo que significó una variación en términos nominales de 12.8% respecto al inicio del año.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dieron a conocer un nuevo informe conjunto en el cual señalan que, en el actual contexto de crisis, los gobiernos de la región enfrentan el desafío de apoyar el ingreso y la reinserción laboral de los segmentos más vulnerables de la sociedad -especialmente mujeres y jóvenes- y, al mismo tiempo, favorecer las condiciones para la creación de empleo decente, sobre todo entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Asimismo, indican que a mediano plazo, será necesario implementar reformas que permitan avanzar hacia mercados laborales más resilientes, acompañando las medidas de reactivación con programas para favorecer el paso de la informalidad a la formalidad laboral, junto a un rediseño de la protección social.

En el N⁰ 25 de su publicación conjunta Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: Políticas de protección de la relación laboral y de subsidios a la contratación durante la pandemia de COVID-19, ambos organismos de las Naciones Unidas analizan los efectos de la crisis causada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en los mercados laborales de la región durante 2020 y 2021 y destacan la importancia de las políticas implementadas por los países para mitigar este impacto.

Según el informe, durante 2021 la recuperación y creación de empleo ha sido parcial y más lenta que la reactivación en la actividad económica observada. Si bien se prevé que el año cerrará con un crecimiento económico del 5,9% para la región, este no será suficiente para recuperar el nivel del producto ni de empleo registrado en 2019. Por lo tanto, los mercados laborales habrán enfrentado su segundo año de una crisis sin precedentes.

CEPAL y OIT agregan que durante el primer semestre de 2021 se registra un aumento en la tasa de participación laboral (que llegó al 60,0%, es decir 2,7 puntos porcentuales por debajo de los niveles del mismo período de 2019) y una recuperación del empleo, aunque sin alcanzar los niveles observados previo a la pandemia (la tasa de ocupación alcanzó 54,0%, todavía 3,4 puntos porcentuales por debajo de la observada en el mismo período de 2019). Como resultado, la tasa de desocupación se ha reducido levemente con respecto al segundo trimestre de 2020 pero aún se mantiene 1,7 puntos porcentuales por encima de mismo trimestre de 2019, alcanzando 10,1% en promedio.

Por otro lado, las brechas de inserción laboral entre hombres y mujeres se han profundizado en 2021, y las mujeres presentan una reinserción laboral más lenta y enfrentan más dificultades para encontrar trabajo. La recuperación del empleo se ha constatado principalmente entre los trabajadores por cuenta propia, mientras que el empleo asalariado aún se encuentra rezagado, lo que sugiere que el aumento de la tasa de ocupación está asociado a una menor calidad del empleo. A su vez, la dinámica inflacionaria observada en los primeros seis meses del año podría tener un impacto negativo en la remuneración real de los trabajadores y, por lo tanto, en el consumo de los hogares.

El informe hace un balance de las medidas de mantenimiento de puestos de trabajo implementadas en la región principalmente durante 2020, las que probaron ser eficaces para disminuir la caída del empleo. El diseño de estos programas incluyó principalmente requisitos vinculados al salario y al uso del salario mínimo como referencia para determinar el monto del beneficio, con lo que se orientaron principalmente a los trabajadores asalariados formales de menores ingresos. Sin embargo, la alta incidencia de la informalidad y la ausencia de seguros de desempleo en varios países hicieron más compleja la tarea de diseño e implementación de estos programas de soporte económico para grupos vulnerables.

En tanto, en 2021, en un contexto de recuperación incipiente con medidas de confinamiento más puntuales, de menor duración y cobertura geográfica, se inició la transición hacia otro tipo de políticas, en particular los subsidios a la contratación, siguiendo la misma secuencia de los países más desarrollados. En algunos casos, conforme la vacunación ha avanzado, estos subsidios se han focalizado en los sectores y grupos que fueron más afectados por la pandemia, y buscan beneficiar a jóvenes y mujeres, especialmente de baja calificación.

Según CEPAL y OIT, se aprecian similitudes entre los países respecto de algunas condicionalidades de los subsidios vinculadas al pago de impuestos y la formalización del empleo. Sin embargo, debido a restricciones presupuestarias y debilidades en la institucionalidad laboral, no todos los países de la región cuentan con programas específicos para incentivar nuevas contrataciones. En ese sentido, la continuidad de estos instrumentos de políticas de empleo para esta crisis y las que puedan desencadenarse en el futuro supone un desafío, concluyen ambas instituciones.

El hambre en América Latina y el Caribe está en su punto más alto desde 2000, después de un aumento del 30 por ciento en el número de personas que padecen hambre entre 2019 y 2020, según un nuevo informe de la ONU.

Según el Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021, en tan solo un año—y en el contexto de la pandemia de COVID-19—el número de personas que viven con hambre aumentó en 13,8 millones, alcanzando un total de 59,7 millones de personas.

La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se sitúa actualmente en 9,1 por ciento, la más alta de los últimos 15 años, aunque ligeramente por debajo del promedio mundial de 9,9 por ciento. Solo entre 2019 y 2020 la prevalencia del hambre aumentó en 2 puntos porcentuales.

Entre 2019 y 2020, Mesoamérica experimentó el mayor aumento ––2,5 puntos porcentuales–– alcanzando su valor más alto en los últimos 20 años: 10,6 por ciento, o 19 millones de personas. El Caribe tiene la prevalencia más alta a nivel regional (16,1 por ciento, 7 millones de personas), mientras que en América del Sur el hambre afecta a 33,7 millones de personas, el 7,8 por ciento de la población.

Cuatro de cada diez personas en la región ––267 millones–– experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020, 60 millones más que en 2019, un aumento de 9 puntos porcentuales, el incremento más pronunciado en relación a las demás regiones del mundo.

La inseguridad alimentaria no afectó por igual a hombres y mujeres: en 2020, el 41,8 por ciento de las mujeres de la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 32,2 por ciento de los hombres. Esta disparidad ha ido en aumento en los últimos 6 años y aumentó drásticamente, del 6,4 por ciento en 2019 al 9,6 por ciento en 2020.

El Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021 advierte que la región también está perdiendo la batalla contra otras formas de malnutrición: 106 millones de personas —uno de cada cuatro adultos— padecen obesidad en América Latina y el Caribe.

El sobrepeso infantil también ha ido en aumento desde hace 20 años en la región, y en 2020, 3,9 millones de niños y niñas —el 7,5 por ciento de los menores de cinco años— tenían sobrepeso, casi 2 puntos porcentuales por encima del promedio mundial. América del Sur muestra la mayor prevalencia de sobrepeso en niños y niñas (8,2 por ciento), seguida por el Caribe con 6,6 por ciento y Mesoamérica con 6,3 por ciento.

Aunque América Latina y el Caribe ha mostrado importantes avances en la reducción del retraso del crecimiento en los niños y niñas, habiendo disminuido la prevalencia del 18 por ciento al 11,3 por ciento en 20 años, sin embargo, entre 2012 y 2020 la tasa de disminución se desaceleró. La prevalencia regional de emaciación (desnutrición aguda) en niños es del 1,3 por ciento, significativamente más baja que el promedio mundial del 6,7 por ciento.

El informe conjunto de las Naciones Unidas pide acciones urgentes para detener el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas, instando a los países de la región a tomar medidas rápidamente para transformar sus sistemas agroalimentarios y hacerlos más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles, para proporcionar dietas saludables para todos.

El monto total del comercio mundial durante el año en curso ascenderá a unos 28 billones de dólares, un incremento del 11% en relación con los niveles anteriores a la pandemia, informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En su última actualización sobre negocios a nivel global, el órgano apuntó que durante el segundo semestre de 2021 el crecimiento del comercio mundial se estabilizó aumentando alrededor de un 1% en cada trimestre.

Durante el tercer trimestre, y en términos interanuales, el crecimiento fue de alrededor del 24%, un registro significativamente más alto que los números observados antes del inicio de la pandemia de COVID-19.

El estudio destaca que el comercio de mercancías alcanzó niveles récord durante el tercer trimestre de 2021 al conseguir unos 5,6 billones de dólares, mientras que el de servicios mostró “un impulso creciente” y se situó en cerca de 1,5 billones de dólares, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la llegada del coronavirus.

La tasa de crecimiento interanual del comercio de mercancías sigue siendo sustancialmente mayor que la de los servicios (22% frente a 6%) y es probable que esta tendencia se mantenga durante el cuarto trimestre de 2021, con una evolución más positiva para el segundo sector.

Las proyecciones para el comercio de bienes durante el último trimestre de 2021 se mantendrían constantes en torno a los 5,6 billones de dólares, mientras que para el comercio de servicios se prevé una recuperación lenta.

Las perspectivas para el año en curso indican que el comercio mundial de bienes y servicios aumentaría en unos 5,2 billones de dólares en relación con 2020, y en unos 2,8 billones con 2019, unos registros que equivalen a un incremento aproximado del 23% y el 11%, respectivamente.

Por su parte, se prevé que durante 2021 el comercio de mercancías logre un valor récord de 22 billones, mientras que el de servicios debería estar valorado en unos seis billones de dólares.

Pese a estas notas positivas, el estudio señala que las perspectivas para 2022 siguen siendo “muy inciertas” debido a múltiples factores.

El análisis también indica que el incremento del comercio global continúa siendo dispar entre países y sectores, una tendencia que se agudizó durante el tercer trimestre de 2021.

En general, durante el tercer trimestre de 2021 los flujos comerciales aumentaron con más fuerza en los países en desarrollo que en las naciones desarrolladas. Las tasas de crecimiento del comercio en esa época del año fueron muy fuertes en todas las regiones geográficas, aunque relativamente moderadas en América del Norte, Europa y Asia Oriental, especialmente en comparación con el tercer trimestre de 2020.

El crecimiento de las exportaciones fue mayor en las regiones exportadoras de productos básicos, debido al aumento de los precios de estos productos.