La abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera alcanzó una nueva cifra récord durante 2020 con una tasa de crecimiento anual por encima de la media que se promedió entre los años 2011 y 2020, según destaca el último Boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre los gases de efecto invernadero, que indica que esta tendencia se mantiene durante el año en curso.

La concentración de dióxido de carbono (CO2), el gas de efecto invernadero más importante, alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se sitúa por encima del 149 % sobre los niveles preindustriales.

La Organización advierte que, de no detenerse las emisiones, la temperatura mundial seguirá subiendo. El dióxido de carbono es un gas que se caracteriza por su larga duración y, por tanto, el nivel de temperatura que observamos actualmente persistirá durante varias décadas, aunque las emisiones se reduzcan rápidamente hasta alcanzar un nivel neto cero.

Si a esta situación le añadimos el calentamiento del planeta, el resultado final que obtendremos será la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos, tales como episodios de calor intenso, lluvias fuertes, derretimiento de las masas de hielo, subida del nivel del mar y acidificación de los océanos, que implicarán repercusiones socioeconómicas de gran alcance.

Aproximadamente la mitad del CO2 emitido actualmente por las actividades humanas permanece en la atmósfera, mientras que los océanos y ecosistemas terrestres absorben la otra mitad.

El boletín alerta sobre la posibilidad de que, en el futuro, los océanos y los ecosistemas terrestres puedan perder su eficacia como “sumideros”, decreciendo su capacidad de absorción del CO2 y actuando como reguladores que evitan mayores aumentos de temperatura.

Las concentraciones de otros gases como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), equivalieron, respectivamente, al 262 % y al 123 % con relación a los niveles de 1750, el año elegido para representar el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra.

El cambio climático en curso y sus retroalimentaciones, tales como el aumento en la frecuencia de las sequías y el consiguiente incremento en la cantidad e intensidad de los incendios forestales podrían reducir la capacidad de los ecosistemas terrestres para absorber CO2.

La absorción en los océanos también podría disminuir debido a varias causas como el aumento de la temperatura de la superficie del mar, a la disminución del pH causada por la captación de CO2 y a la ralentización de la circulación oceánica meridional consecuencia del incremento de la fusión del hielo marino.

El Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global de la Organización monitorea las futuras alteraciones en el equilibrio entre fuentes de carbono y sumideros.

El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera, y contribuye alrededor del 66 % al efecto de calentamiento del clima, principalmente a causa de la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento.

Las concentraciones medias mundiales de CO2 alcanzaron un nuevo máximo de 413,2 ppm en 2020. Los registros de la Organización señalan que el aumento en la concentración de CO2 de 2019 a 2020 fue ligeramente inferior al observado entre 2018 y 2019, pero superior a la tasa de aumento medio anual del último decenio.

En julio de 2021, las concentraciones de CO2 observadas en la isla hawaiana de Mauna Loa y en el cabo Grim de la isla australiana de Tasmania alcanzaron, respectivamente, 416,96 ppm y 412,1 ppm, en comparación con las 414,62 ppm y las 410,03 ppm registradas en julio de 2020.

El Metano es un potente gas de efecto invernadero permanece en la atmósfera aproximadamente una década y causa alrededor del 16% del efecto de calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero de larga duración.

Cerca del 40 % del metano emitido a la atmósfera procede de fuentes naturales (por ejemplo, humedales y termitas), mientras que cerca del 60 % proviene de fuentes de origen humano (por ejemplo, ganadería de rumiantes, cultivo de arroz, explotación de combustibles fósiles, vertederos y quema de biomasa).

La reducción a corto plazo del metano en la atmósfera podría ayudar a lograr los objetivos del Acuerdo de París y podría contribuir a alcanzar muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que la mitigación de sus emisiones conllevaría múltiples beneficios indirectos.

El óxido nitroso es otro potente gas de efecto invernadero que actúa al mismo tiempo como una sustancia química que agota la capa de ozono.

Cerca del 60 % de las emisiones de óxido nitroso a la atmósfera provienen de fuentes naturales y aproximadamente el 40% de causas derivadas de la actividad humana, por ejemplo, en los océanos, en los suelos, por la quema de biomasa, por el uso de fertilizantes y de diversos procesos industriales.

Las emanaciones fruto de actividades humanas, entre las que predomina la fertilización de las tierras de cultivo con nitrógeno, han aumentado un 30 % en los últimos cuatro decenios.

Según la Organización, la agricultura es la causante del 70 % de todas las emisiones de origen humano de ese gas debido al uso de fertilizantes nitrogenados y al estiércol. El principal incremento óxido nitroso en la atmósfera se debió a ese incremento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

Los resultados del CNPJE 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

México es el segundo país más rezagado en cuanto a reactivación del consumo privado entre las mayores economías de América Latina, solo superando a Argentina, país que atraviesa por una delicada situación macroeconómica, incluso desde antes de la pandemia de Covid-19.

Durante el primer semestre del año, el indicador tuvo un descenso de 4% en nuestro país en comparación con el primer semestre del 2019, año previo a la crisis sanitaria.

Este desliz está lejos del avance de 5.9% observado en Colombia o las expansiones de 3.1% y 0.1% registradas en Chile y Perú, respectivamente, de acuerdo con una revisión hecha por El Economista de las cifras originales publicadas en los portales de internet de los bancos centrales e institutos de estadísticas de los países señalados.

La dinámica mexicana es incluso inferior a la observada en Brasil, país que tampoco ha conseguido regresar a su nivel de consumo previo a la pandemia, pero está más cerca que México, con una caída bianual de 2.6 por ciento.

Con la excepción de México, todos los países citados se distinguen por haber canalizado estímulos fiscales y monetarios importantes para amortiguar la caída de la demanda y oferta agregadas y acelerar su reactivación, luego del megaconfinamiento del año pasado para evitar la propagación del Covid-19.

Con la excepción de México, todos los países citados se distinguen por haber canalizado estímulos fiscales y monetarios importantes para amortiguar la caída de la demanda y oferta agregadas y acelerar su reactivación, luego del megaconfinamiento del año pasado para evitar la propagación del Covid-19.

En el proceso de recuperación económica, el gobierno mexicano ha confiado en los efectos positivos de la vecindad con Estados Unidos, país cuyos ambiciosos programas de estímulo para reactivar la economía han generado derramas económicas en México.

Ejemplo de ello son las remesas enviadas por connacionales mexicanos en Estaos Unidos, que en el 2020 rompieron récord al crecer 11.4% a 40,607 millones de dólares y en el 2021 se perfilan para batir la marca.

Entre enero y agosto del 2021, este flujo de recursos se ha incrementado 24.8% a 32,931 millones de dólares.

Otro pilar de la reactivación mexicana que también depende de su vecino del norte son las exportaciones que, entre enero y agosto del presente año, han crecido 3.5% con relación al mismo periodo del 2019 y desde noviembre del 2020 habían rebasado sus niveles prepandémicos.

Estos efectos de arrastre no serán suficientes, no obstante, para que la economía mexicana vuelva este año a su nivel del 2019, lo que sí sucedería en los casos de Colombia, Chile y Brasil, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Económica para América Latina, que espera crecimientos de estas economías de 9.2%, 7.5% y 5.2%, respectivamente.

Fuente:EL ECONOMISTA 22 de octubre de 2021

Aunque en términos cuantitativos el mercado laboral ha mostrado una recuperación importante después de la mayor crisis económica contemporánea por la Covid-19, en materia cualitativa todavía existen algunos retos.

En septiembre del 2021 la Tasa de Informalidad Laboral incrmentó 1.3 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año previo; esta situación muestra que el sector del trabajo informal también ha ganado terreno durante este periodo de recuperación pospandemia.

A escala nacional 56 de cada 100 trabajadores son informales, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. Esta situación refleja que más de la mitad de los trabajadores enfrentan alta vulnerabilidad laboral: sin contratos, sin prestaciones, sin acceso a salud, sin seguridad social o incluso con intermitencia en las remuneraciones.

En términos absolutos, son 30 millones 963,006 trabajadores en este contexto de informalidad laboral. La informalidad laboral incluye a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias que operan sin registros contables; que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa.

Otro de los indicadores que ofrecen un panorama importante de la calidad laboral en México es la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación, en septiembre del 2021 se ubicó en 24.2 por ciento.

Esto refleja que 25 de cada 100 trabajadores en el país tienen empleos que no tienen una relación equilibrada entre la duración de la jornada laboral y los ingresos que perciben por su trabajo.

Aún con el incremento en la informalidad laboral y las problemáticas persistentes en las condiciones del trabajo; el empleo formal remunerado continúa recuperándose. El IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) reportó un nuevo récord de nuevas plazas registradas para un septiembre: 174,000 inscritos.

El mercado laboral continúa consolidando una recuperación pospandemia, pero persisten contrastes importantes en el análisis por género, regional y sector económico.

Fuente:EL ECONOMISTA 25 de octubre de 2021

Según un nuevo análisis de la OCDE, la financiación climática proporcionada y movilizada por los países desarrollados para la acción climática en los países en desarrollo alcanzará los 100.000 millones de dólares en 2023.

La meta anual para los países desarrollados de proporcionar y movilizar USD 100 mil millones de financiamiento climático por año para la acción climática en los países en desarrollo debía haberse cumplido en 2020 y mantenerse hasta 2025.

La última evaluación de progreso de la OCDE, publicada en septiembre, mostró que la financiación climática proporcionada y movilizada por los países desarrollados ascendió a 79.600 millones de dólares en 2019 , solo un 2% más que en 2018. Es poco probable que se haya alcanzado la marca de 100.000 millones de dólares en 2020, aunque los datos verificados necesarios para finalizar esta determinación oficialmente no estarán disponibles antes de 2022.

En la reunión ministerial de julio que se preparaba para la COP26, Canadá y Alemania acordaron, a solicitud de la presidencia entrante de la COP 26 del Reino Unido, desarrollar un Plan de Entrega colectivo para alcanzar la meta lo antes posible. Se solicitó a la OCDE que brinde apoyo técnico a este plan de ejecución.

Desde esa reunión y la publicación de las cifras de la OCDE de 2019 en septiembre, se hicieron más compromisos para aumentar la financiación climática pública bilateral en alrededor de USD 10 mil millones al año en promedio durante el período 2022-2025 en relación con el período 2018-19 para esos mismos donantes. . Esto se suma a los compromisos asumidos en 2020 y antes en 2021 por otros países y al aumento de las proyecciones de financiamiento climático futuro de los bancos multilaterales de desarrollo.

El nuevo análisis de la OCDE Escenarios prospectivos de financiación climática proporcionados y movilizados por países desarrollados en 2021-2025 establece dos escenarios para la financiación climática futura.

Estos se basan en un análisis detallado de la OCDE de los compromisos de financiación climática pública prospectivos recibidos de los países desarrollados y las proyecciones de financiación climática de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), comunicados en el contexto del plan de ejecución de los donantes.

Tras un análisis en 2016 de la financiación climática estimada en 2020, este es el segundo resultado prospectivo de la OCDE en relación con el objetivo de 100.000 millones de dólares. Dichos análisis complementan las evaluaciones periódicas de la OCDE sobre el progreso hacia el objetivo, utilizando la misma metodología y definiciones, pero se llevan a cabo retrospectivamente cuando se dispone de los datos verificados necesarios.

El ritmo al que se puede aumentar la financiación climática en la práctica dependerá de muchos factores, incluidas las condiciones macroeconómicas, a nivel mundial y en los países en desarrollo, así como la creación de capacidad y el desarrollo de proyectos climáticos en tramitación.

Los dos escenarios utilizados por la OCDE proporcionan dos desarrollos distintos para los niveles futuros de financiamiento climático con el fin de ilustrar el rango de incertidumbre. No deben interpretarse como pronósticos y es posible que no cubran la gama completa de resultados potenciales.

El primer escenario asume que las finanzas públicas se amplían de acuerdo con la información proporcionada, sujeto a controles de la OCDE para estandarizar la información y evitar el doble cómputo. También asume que el financiamiento privado movilizado por este financiamiento público aumenta en línea con el valor más bajo de la razón privado / público observado en el período 2016-19. Dados los cambios en la composición esperada de las carteras de financiamiento público, esto implica mayores tasas de movilización de financiamiento privado para proyectos relevantes durante el período y resulta en volúmenes crecientes de financiamiento privado durante el período.

El segundo escenario tiene en cuenta cuestiones que pueden resultar en niveles de financiación climática inferiores a los previstos. Estos incluyen el impacto potencial de los riesgos macroeconómicos a corto plazo en los países en desarrollo, las limitaciones de capacidad exacerbadas por la pandemia de COVID-19 y los cambios previstos en la composición de las carteras de los proveedores en relación con el aumento de la participación del financiamiento para la adaptación, del financiamiento mediante donaciones y de financiación para los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). La naturaleza de este ejercicio no permitió una estimación agregada cuantitativa de estos cambios de cartera a lo largo del tiempo. Sin embargo, muchos proveedores han dejado en claro su intención de ampliar la financiación para la adaptación en términos relativos y absolutos dentro de sus carteras de financiación climática. Este cambio en la composición de la cartera está integrado en los cálculos.

La FAO considera la sanidad animal un aspecto fundamental para la seguridad alimentaria y nutricional, así como para lograr muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos relacionados con la mejora de la producción, la erradicación de la pobreza, el fin del hambre y el logro de una vida sana para todos. Su labor en materia de sanidad animal forma parte de un enfoque integrado “Una salud” y se centra en la gestión de los riesgos en las interfaces entre animales, seres humanos y plantas.

Entre las principales enfermedades de los animales que actualmente amenazan la seguridad alimentaria y los medios de vida figura la peste porcina africana, que según el Banco Asiático de Desarrollo ha supuesto ya pérdidas en la región de entre 55 000 y 130 000 millones de USD y recientemente también ha llegado a las Américas.

“El nuevo EMPRES-i+ subraya el valor de los sistemas de información de alerta temprana para mejorar la vida y los medios de subsistencia. Pero esto solo se puede alcanzar mediante el intercambio colectivo de información y la acción temprana”.

El Día de las Naciones Unidas -24 de octubre- marca el aniversario del día en que entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas en 1945. La fecha ofrece una oportunidad anual para ampliar nuestra agenda común y reafirmar los propósitos y principios de la Carta de la ONU que nos han guiado durante los últimos 76 años.

Los principios consagrados en la Carta siguen vigentes 76 años después de su firma. Derechos humanos, paz y justicia son valores que nos guían hacia un nuevo futuro con más bienestar y libertad para todos.

Por lo general, para celebrar este día, se celebra un concierto en el Salón de la Asamblea General de la Organización. A medida que el mundo comienza a recuperarse gradualmente de la pandemia de COVID-19, el Concierto de 2021 representa un llamamiento a fortalecer la cooperación internacional por un futuro más pacífico y próspero para todos los pueblos y naciones.

La ONU se fundó oficialmente el 24 de octubre de 1945, cuando la Carta había sido ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios.

Este 2021, el Día de la ONU también se celebra en Expo Dubai en un formato híbrido con pequeños eventos virtuales y en persona manteniendo la distancia social. Además, la ONU organiza una exhibición fotográfica con el título #ElMundoQueQueremos, que contará con una selección de 50 000 imágenes de más de 130 países.

https://youtu.be/V9WJswmAxYs

A la primera mitad de octubre, la tasa de inflación nacional se ubicó en 6.2% en su comparación interanual, siguiendo la tendencia global de incrementos en el nivel de precios a los consumidores. El nivel en México sumó otro mes fuera del objetivo establecido por el Banco de México (3% +/- un punto porcentual).

Durante la primera quincena de octubre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento de 0.54% respecto de la quincena inmediata previa, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Los precios de los energéticos, el transporte y algunas manufacturas continúan creciendo de manera globalizada y acelerada. Adicionalmente por temporada y problemáticas e producción algunos agropecuarios también se vieron afectados durante este lapso.

El precio del gas doméstico LP continúa creciendo. En los últimos quince días su precio aumentó 4.42 por ciento.

La electricidad se encareció de manera importante durante este periodo debido al inicio del invierno, que supone la suspensión de los subsidios a la electricidad en distintas localidades del país que enfrentan altas temperaturas durante el verano.

Aunque el incremento es estacional, tiene un alto impacto en el cálculo del INPC. En la primera mitad de octubre la electricidad se encareció 18.80 por ciento.

El transporte aéreo y los servicios turísticos contratados en paquetes también mostraron un incremento importante en sus niveles de precios, de 11.38 y 4.92% respectivamente.

Por su parte, el precio de los automóviles también aumentó durante esta primera quincena de octubre, con 0.68% más que la quincena anterior.

Fuente:EL ECONOMISTA 22 de octubre de 2021

El 80% de la población de los países en vías de desarrollo sustenta la atención primaria de la salud en prácticas de la medicina natural o tradicional, no sólo por tradición cultural, sino porque en muchos de esos países no existen otras opciones, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) que con base en la Declaración de Beijing, en 1991 instituyó el 22 de octubre como Día Internacional de la Medicina Natural.

La agencia sanitaria de las Naciones Unidas admite que “la medicina natural prioriza el reconocimiento de la integralidad del ser humano (cuerpo, mente y espíritu), y a partir de ello busca el origen de muchas enfermedades, lo cual constituye una de las prácticas más antiguas de la humanidad, lo que no implica necesariamente que se encuentra desfasada o sea menos efectiva que otras”.

Pero si bien el organismo mundial ha realizado estudios en más de 140 países sobre el tema, considera que “más allá de los beneficios potenciales”, en unos 40 países los remedios tradicionales “se utilizan mediante automedicación y son comprados o preparados por amigos o conocidos, o por el propio paciente, tendencias que plantean dudas sobre la calidad de los productos utilizados”.

Contrario a esa visión, un estudio publicado por la Revista de Enfermería de Cuba en 2002 encontró que “para algunos la medicina natural y tradicional está constituida por un conjunto de prácticas y medicamentos, susceptibles de explicación o no, utilizados para prevenir, diagnosticar y eliminar los desequilibrios físicos, mentales o sociales, y que se basan exclusivamente en la experiencia y la observación práctica trasmitidas de generación en generación, oralmente o por escrito.

La medicina natural tiene un reconocimiento tan antiguo que a Hipócrates de Cos (460 a.C.-370 a.C) se le llamó Padre de la Medicina y también Médico Perfecto. Su pensamiento ha trascendido hasta nuestros días: “Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina”, y marcó un hito en la medicina natural, además de que de su doctrina filosófica surgió el Juramento Hipocrático.

Siglos más tarde, en la Edad de Oro del Islam nació el “Príncipe de los Médicos”, Avicena (980-1037), dotado de un conocimiento casi enciclopédico de la medicina y erudito en múltiples campos del saber, autor del Canon de la Medicina, obra en la que plantea que la medicina depende del conocimiento de los elementos que componen la materia y de las leyes de la naturaleza.

En América, las culturas precolombinas maya, inca y azteca nos legaron sobresalientes estudios sobre las plantas medicinales y los tratamientos que con ellas se aplicaban, conocimiento que ha pasado de boca a oído y de generación en generación a través de los siglos. El Código Sahagún y el Código Badiano dan testimonio de la medicina natural que encontraron en nuestro territorio los invasores en el siglo XVI.

Aunque la práctica más conocida de la medicina natural y tradicional es el uso de plantas medicinales, o yerbas, y su aplicación es muy extendida, la medicina natural reúne una amplia gama de médicos tradicionales: hueseros, yerberos, parteras y sobadores, entre muchos otros. Según el Códice Magliabecchi, en la época precortesiana algunos de ellos se especializaban como fisioterapeutas, comadronas o cirujanos.

La medicina natural es parte de nuestras culturas y prospera paralelamente frente a la medicina institucional, no sólo en las regiones rurales apartadas, sino en las áreas más urbanizadas de nuestro país y prácticamente en todos los estratos sociales.

En etapas más o menos recientes la industria farmacéutica ha impulsado la prohibición del uso de las plantas medicinales, lo que ha generado rechazo entre la población. Sin embargo, en marzo del presente año la Cámara de Diputados aprobó una reforma a los artículos 2, 6, 13, 27, 31, 83, 96 y 112 de la Ley General de Salud, con el fin de que “las prácticas médicas complementarias sean sujetos de certificación, regulación y vigilancia por la Secretaría de Salud”.

Una destacada vertiente de la medicina natural de México es, sin duda, la herbolaria, importante como remedio curativo de enfermedades por medio de plantas medicinales, y que es una tradición en diversos pueblos y una práctica común.

Fuente: SEMARNAT 22 de octubre de 2021

A la distancia de los meses en los que la covid-19 sofocaba con más fuerza al país, los resultados del daño se van conociendo mejor. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer esta semana que la población en México que cotizaba en algún esquema de seguridad social disminuyó de cerca de 21 millones en 2019 a 19 millones en 2020.

Alrededor de 2 millones de trabajadoras y trabajadores dejaron de aportar para una pensión, acumular semanas para un día jubilarse, tener derecho a una incapacidad pagada o al acceso directo a los servicios de salud, según el reporte Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en marzo de 2020 más de 120,000 personas pidieron una parte de su dinero acumulado porque se quedaron desempleadas. Tres meses después, en junio de ese año, el número de retiros subió a más de175,800.

A pesar de que el empleo formal se ha ido recuperando, la gente ha seguido haciendo retiros por desempleo. En septiembre pasado se crearon más de 174,000 nuevos empleos formales, pero otras 170,573 personas sacaron dinero de sus cuentas de ahorro para la jubilación por desempleo.

La caída de cotizantes a la seguridad social en la región fue de 7.3%, señala el informe de la OIT. Los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, fueron los más afectados, en esas naciones la disminución fue 24.5 por ciento.

La segunda subregión con mayores estragos fue la del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahí la caída en cotizantes fue 5.2 por ciento. “Y, finalmente, Centroamérica y México que experimentó una disminución 1.2 por ciento”.

En 2005 sólo 36.6% de la población empleada tenía cobertura de seguridad social. Con altibajos a través de los años, para 2019 la proporción ya era de 46.6 por ciento. En el período 2012-2019 “la cantidad de cotizantes aumentó en 14 millones de personas y la de ocupados en 22 millones, lo que representa un incremento del 14 y 9.6%, respectivamente”.

El año pasado, 216 millones de personas en los 12 países que conforman la región tenían una actividad económica. De ellas, poco menos de la mitad, 105 millones tenían seguridad social, mientras que en 2019 esta proporción era de 113.2 millones. Es decir, 8 millones de trabajadoras y trabajadores en Latinoamérica y el Caribe salieron de la formalidad y con ello, de la seguridad social.

“La destrucción de empleos formales e informales ha sido significativa”. Sin embargo, el desempleo fue mayor para quienes trabajaban en ocupaciones informales, donde no tienen cobertura de seguridad social.

El panorama antes descrito también se observó en México. El país inició el 2019 con más de 55.6 millones de personas ocupadas. De ellas, más de 20.9 millones tenían acceso a los servicios de salud por parte de su empleo y más de 34.3 millones laboraban sin seguridad social, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo estimó que de abril a junio de 2020 más de 12 millones de personas no pudieron seguir laborando o fueron despedidas. Según la OIT, al menos 2 millones de ellas sí tenían seguridad social, pero dejaron de acceder a varios derechos que les otorgaba esa cobertura al quedarse sin empleo.

El último reporte sobre pobreza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que en 2018 sólo el 35% de las personas trabajadoras tenían acceso a la seguridad social. Para 2020 esa población aumentó a 35.8 por ciento.

De acuerdo con el reporte de la OIT, “en Centroamérica y México se profundiza la falta de ingresos y pensiones para las personas mayores: el 52.7% no cuenta con ingresos, 21% recibe una pensión, 2.4% recibe un ingreso laboral y pensión y 24% percibe solo ingresos del trabajo”.

Fuente:EL ECONOMISTA 21 de octubre de 2021

El empleo en energías renovables en todo el mundo alcanzó los 12 millones el año pasado, frente a los 11,5 millones de 2019, según la octava edición de Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2021 . El informe fue publicado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una inauguración de alto nivel del Marco de Colaboración de IRENA sobre Transiciones Justas e Inclusivas, cofacilitado por Estados Unidos y Sudáfrica.

El informe confirma que COVID-19 provocó retrasos e interrupciones en la cadena de suministro, con impactos en los empleos que varían según el país y el uso final, y entre los segmentos de la cadena de valor. Mientras que los puestos de trabajo de la energía solar y la eólica siguieron liderando el crecimiento del empleo mundial en el sector de las energías renovables, con un total de 4 millones y 1,25 millones de puestos de trabajo respectivamente, el empleo de los biocombustibles líquidos disminuyó al caer la demanda de combustibles para el transporte. Las ventas de iluminación solar fuera de la red se resintieron, pero las empresas pudieron limitar las pérdidas de empleo.

China acaparó el 39 por ciento de los empleos en energías renovables en todo el mundo en 2020, seguida de Brasil, India, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea. Muchos otros países también están creando puestos de trabajo en las energías renovables. Entre ellos están Vietnam y Malasia, exportadores clave de energía solar fotovoltaica; Indonesia y Colombia, con grandes cadenas de suministro agrícola para biocombustibles; y México y la Federación Rusa, donde la energía eólica está creciendo. En el África subsahariana, los puestos de trabajo en el sector solar se están expandiendo en diversos países como Nigeria, Togo y Sudáfrica.

Reconociendo que las mujeres sufrieron más la pandemia porque tienden a trabajar en sectores más vulnerables a los choques económicos, el informe destaca la importancia de una transición justa y de empleos decentes para todos, garantizando que los empleos paguen un salario digno, que los lugares de trabajo sean seguros y que se respeten los derechos en el trabajo. Una transición justa requiere una mano de obra diversa, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y con trayectorias profesionales abiertas a los jóvenes, las minorías y los grupos marginados. Las normas internacionales del trabajo y los acuerdos de negociación colectiva son cruciales en este contexto.

El trabajo de IRENA y la OIT concluye que la transición energética generará más puestos de trabajo de los que se perderán. Un escenario de sostenibilidad global de la OIT hasta 2030 estima que los 24-25 millones de nuevos puestos de trabajo superarán con creces las pérdidas de entre seis y siete millones de empleos. Unos cinco millones de los trabajadores que pierdan su empleo podrán encontrar nuevos puestos de trabajo en la misma ocupación en otra industria. El World Energy Transition Outlook de IRENA prevé que el sector de las energías renovables podría dar empleo a 43 millones de personas en 2050.

La interrupción de los suministros transfronterizos causada por las restricciones del COVID-19 ha puesto de manifiesto el importante papel de las cadenas de valor nacionales. Reforzarlas facilitará la creación de empleo y la generación de ingresos a nivel local, al potenciar las actividades económicas existentes y las nuevas. El trabajo de IRENA sobre el aprovechamiento de las cadenas de suministro locales ofrece información sobre los tipos de puestos de trabajo necesarios para apoyar la transición por tecnología, segmento de la cadena de valor y requisitos educativos y ocupacionales.

Esto requerirá políticas industriales para formar cadenas de suministro viables; estrategias de educación y formación para crear una mano de obra cualificada; medidas activas del mercado laboral para proporcionar servicios de empleo adecuados; reciclaje y recertificación junto con protección social para ayudar a los trabajadores y las comunidades dependientes de los combustibles fósiles; y estrategias de inversión pública para apoyar el desarrollo económico regional y la diversificación.

Fuente: OIT 21 de octubre de 2021

Los precios de la energía aumentaron de manera significativa en el tercer trimestre de 2021 y se prevé que seguirán siendo elevados durante 2022, lo que acrecentará las presiones inflacionarias globales y podría incrementar el crecimiento económico de los países exportadores de energía en desmedro de los países importadores.

De acuerdo con las previsiones contenidas en la edición más reciente del informe Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos) del Banco Mundial, los precios de la energía —que en 2021 serían, en promedio, 80 % más altos que el año anterior— se mantendrán en niveles elevados en 2022 pero comenzarán a disminuir en la segunda mitad del año a medida que se atenúen las limitaciones de la oferta. Según las proyecciones, los precios de los productos básicos no energéticos, entre ellos los productos agrícolas y los metales, disminuirán en 2022, luego de los fuertes aumentos de este año.

En 2021, los precios de algunos productos básicos alcanzaron o superaron niveles que no se registraban desde la suba de 2011. Por ejemplo, los precios del gas natural y el carbón aumentaron a cifras récord entre las limitaciones de la oferta y el repunte de la demanda de electricidad, aunque se espera que bajen en 2022 a medida que disminuya la demanda y mejore la oferta. No obstante, podrían producirse aumentos de precios adicionales en el corto plazo en un contexto de inventarios muy bajos y cuellos de botella persistentes en la oferta.

Se prevé que los precios del petróleo crudo (un promedio de los precios del petróleo Brent, West Texas Intermediate y Dubai) ascenderán, en promedio, a USD 70 en 2021, lo que representa un aumento del 70 %. De acuerdo con las proyecciones, el precio llegará a USD 74 el barril en 2022, a medida que la demanda de petróleo se consolide y alcance los niveles anteriores a la pandemia. La utilización de petróleo crudo como sustituto del gas natural genera un importante riesgo al alza de las perspectivas de demanda, si bien también es posible que los mayores precios de energía comiencen a afectar el crecimiento mundial.

A medida que el crecimiento mundial se atenúe y se resuelvan las perturbaciones de la oferta, se prevé que los precios de los metales bajarán un 5 % en 2022, tras aumentar alrededor del 48 % en 2021. Luego de una subida proyectada del 22 % en 2021, se prevé que los precios agrícolas disminuirán moderadamente el próximo año, a medida que mejoren las condiciones de oferta y se estabilicen los precios de la energía.

En el informe se señala que las previsiones están sujetas a riesgos considerables, que incluyen las condiciones meteorológicas desfavorables, la recuperación desigual de la COVID-19, la amenaza de otros brotes, las alteraciones de las cadenas de suministro y las políticas ambientales. Asimismo, el aumento de los precios de los alimentos, junto con el alza reciente de los costos de la energía, están incrementado la inflación de precios de los alimentos y generan preocupación por la seguridad alimentaria en varias economías en desarrollo.

En vista del desplazamiento continuo de las poblaciones rurales hacia las zonas urbanas en todo el mundo, en la sección de artículos destacados del informe se analiza el impacto de la urbanización en la demanda de productos básicos. Si bien, con frecuencia, se asocia a las ciudades con una mayor demanda de productos básicos energéticos (y, por lo tanto, un mayor volumen de emisiones de gases de efecto invernadero), el informe encuentra que las ciudades con alta densidad demográfica, en particular en las economías avanzadas, suelen tener una demanda de energía per cápita menor que la de las ciudades con baja densidad. Como se prevé que la proporción de personas que viven en zonas urbanas seguirá aumentando, estos resultados indican que, en el marco de la planificación urbana, es necesario maximizar los elementos beneficiosos de las ciudades y mitigar sus impactos negativos. Las ciudades que están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático, y la planificación estratégica, en particular en el caso de los enlaces de transporte, puede contribuir a reducir su consumo de recursos y, fundamentalmente, sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Los precios de la energía aumentarían lentamente en 2022 después de subir más del 80% este año, lo que genera importantes riesgos a corto plazo para la inflación global en muchos países en desarrollo, dijo el jueves el Banco Mundial en su última Perspectiva de Mercados de Materias Primas.

El banco multilateral de desarrollo dijo que los precios de la energía deberían comenzar a bajar en la segunda mitad de 2022 a medida que disminuyan las restricciones de suministro. También se espera que los precios no energéticos, como la agricultura y los metales, disminuyan después de fuertes ganancias este año.

El banco señaló que algunos precios de las materias primas aumentaron o superaron en 2021 niveles no vistos desde un pico de una década antes.

Los precios del gas natural y el carbón, por ejemplo, alcanzaron máximos históricos en medio de las limitaciones de suministro y el repunte de la demanda de electricidad, aunque se espera que disminuyan en 2022 a medida que la demanda baje y la oferta mejore, dijo el banco.

Otros factores de riesgo incluyen eventos climáticos extremos, la recuperación desigual de Covid-19 y la amenaza de más brotes, junto con interrupciones en la cadena de suministro y políticas ambientales.

Los precios más altos de los alimentos también están acelerando la inflación y planteando dudas sobre la seguridad alimentaria en varios países en desarrollo, dijo el banco.

El banco proyectó que los precios del petróleo alcanzarían los 74 dólares el barril el próximo año, impulsados por el fortalecimiento de la demanda, desde los 70 dólares por barril proyectados en 2021, antes de bajar a 65 dólares en 2023.

Fuente:EL ECONOMISTA 21 de octubre de 2021

La procuración de justicia en México es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de cada entidad federativa, según se trate de delitos del fuero federal o del fuero común, respectivamente. A través del Ministerio Público (MP), estas instituciones se encargan de investigar la existencia de un delito y determinar la responsabilidad de quien o quienes lo cometieron o participaron en su comisión; para ello, el MP tiene la facultad de coordinar a las policías ministeriales y de investigación y a los servicios periciales, resolver sobre el ejercicio de la acción penal y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes para demostrar la ocurrencia del delito.

Debido a la importancia que tiene esta institución para la justicia penal en el país, el Estado Mexicano estableció el 22 de octubre como el Día Nacional del Ministerio Público.

El INEGI presenta datos sobre las agencias y fiscalías del Ministerio Público del país, información sobre los recursos con los que cuentan, la confianza que la población tiene en estas instituciones, así como la cantidad de expedientes penales que se inician en un año para dar cuenta de la carga de trabajo que enfrentan. La información proviene del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF), el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), programas estadísticos a cargo del INEGI.

Agencias y Fiscalías del Ministerio Público

En 2019, el país contó con 3 944 agencias y fiscalías del MP, de las cuales 189 eran del fuero federal y 3 755 del estatal, cantidad que se ha mantenido estable desde 2016. De las agencias y/o fiscalías estatales, 40% están Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, entidades que en 2019 tuvieron más de 200 agencias cada una, superando por casi 10 veces el número agencias del MP en Michoacán y Quintana Roo.

Cabe mencionar que 47.8% de las agencias del MP a nivel estatal fueron agencias especializadas para atender problemáticas particulares como delitos sexuales, violencia intrafamiliar, robos y delitos contra las mujeres, atención de adolescentes, entre otras.

La pandemia del coronavirus ha evidenciado las deficiencias de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señaló la necesidad de mejorar su cobertura, suficiencia y sostenibilidad para contribuir a mitigar el aumento de la pobreza y las desigualdades.

Las cifras de la Organización así lo demuestran. Antes del inicio de la pandemia solo el 56% de los habitantes de la región estaban cubiertos por algún tipo de protección social y los sistemas contributivos, que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, únicamente incluían al 46% de los ocupados.

“La gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad”, destaca el estudio. “Una lección aprendida de esta pandemia es que la falta de protección social nos hace más vulnerables”.

El documento plantea la necesidad de avanzar hacia “sistemas integrales de protección que tengan como base un piso de bienestar social con garantías para el acceso universal a la salud y la seguridad económica a lo largo del ciclo vital”.

El estudio de la agencia de la onu estima que la crisis causada por la COVID-19 causó un descenso del 7,9% en el número de personas registradas que cotizaron en los sistemas contributivos de protección social, un registro que representa un retroceso de casi una década.

Igualmente, indica que las estrategias más comunes para la protección de empleos e ingresos fueron la entrega de alimentos y la atención nutricional junto a políticas orientadas a la salud.

Los hogares con menores que dependen de los ingresos de los trabajadores en el segmento informal de la economía vieron como aumentó su vulnerabilidad y la exposición a los riesgos asociados al trabajo infantil.

El informe alerta también sobre la seguridad económica de las personas de mayor edad en América Latina y el Caribe ya que, según los datos más recientes, el 30% de los mayores de 65 años no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.

Entre esta franja poblacional, solo el 47,2% de personas recibe una pensión o jubilación, el 7% opta tanto a una pensión como a ingresos laborales, y el 14,9% solamente se beneficia de ingresos laborales.

Entre los futuros desafíos a los que se enfrenta la protección social el estudio destaca la necesidad de:

Los gobiernos proyectan un aumento colectivo de la producción mundial de petróleo y gas a lo largo de las próximas dos décadas, a pesar de haber elevado sus compromisos climáticos para limitar el calentamiento de la Tierra a 1,5°C, señaló el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Según el informe sobre la Brecha de producción 2021, la suma de combustibles fósiles que planean producir los países sería más de dos veces mayor de la que permitiría cumplir con los objetivos del Acuerdo de París para el cambio climático.

Detalla que los planes y proyecciones de producción de los gobiernos supondrían un 240% más de carbón, un 57% más de petróleo y un 71% más de gas de lo que sería consistente con limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

El estudio hecho por el PNUMA en conjunto con varios institutos de investigación, también indica que sólo se registraría una disminución modesta en la producción de carbón con respecto a los niveles de los últimos años.

Los hallazgos del informe se basan en los perfiles de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Rusia, 15 de los principales países productores de combustibles fósiles y cuyos datos dejan ver que sus gobiernos mantienen un gran apoyo político a la producción de combustibles fósiles.

El documento precisa que los países del G20 han destinado casi 300.000 millones de dólares en fondos adicionales a actividades de combustibles fósiles desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, una cantidad superior a la que han asignado a energías limpias.

En los últimos años, ha disminuido significativamente el financiamiento público internacional para la producción de combustibles fósiles. El estudio reconoce como alentadores estos esfuerzos de las instituciones de asistencia al desarrollo, pero añade que éstos deben complementarse con políticas de exclusión de esas fuentes de energía.

Los científicos recalcaron que cuando los países se comprometen con la neutralidad de emisiones de efecto invernadero para mediados de siglo, deben ser conscientes de que sus objetivos climáticos precisan de una reducción rápida y sustancial de su producción de combustibles fósiles.

Conclusiones

Las principales conclusiones del informe pueden resumirse así:

Las perspectivas globales de inversión extranjera directa para todo el año han mejorado con respecto a las previsiones anteriores.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima una variación positiva del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 5% en septiembre de 2021 con relación al mismo mes del año anterior. Las series consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza al 95 por ciento. Para los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que para las actividades secundarias se calcula un incremento anual de 4% en septiembre pasado y para el sector terciario un aumento anual de 6.1 por ciento.

Durante septiembre la economía mexicana avanzaría un 5%, recuperando el ritmo de crecimiento después de perder dinamismo a inicios del segundo semestre del año.

De acuerdo con las proyecciones del IOAE (Indicador Oportuno de la Actividad Económica) del Inegi, serían las actividades terciarias -el comercio y los servicios- los que impulsarían este avance para la economía nacional.

Estas actividades en conjunto crecerían 6.1% durante este mes, en línea con la recuperación laboral y especialmente la reapertura de actividades de ocio y entretenimiento durante las ultimas semanas.

La recuperación en este rubro es fundamental para el dinamismo total del PIB de México debido a que cerca del 65% de la producción total proviene de estas actividades. Además emplean a gran parte de la población ocupada.

Por su parte, las actividades industriales también presentarían una mejora en este noveno mes del año; con un crecimiento de 4.0 por ciento.

Este rubro ha enfrentado diversas dificultades para la recuperación económica pospandemia; la crisis energética y la escasez de semiconductores han frenado de manera importante la producción en algunas industrias manufactureras como la automotriz, la tecnológica e incluso la de bebidas procesadas.

Para fines del 2021 las instituciones internacionales y organismos nacionales especialistas han proyectado un rebote de entre 4 y 6% para la economía de México; el comportamiento del comercio y los servicios serán claves en la recta final del año, así como el comportamiento de la pandemia y el avance de vacunación en las entidades federativas.

Fuente:EL ECONOMISTA 20 de octubre de 2021

Los flujos mundiales de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2021 alcanzaron una cifra estimada de 852.000 millones de dólares, evidenciando una recuperación más sólida de lo esperada, destaca un nuevo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

El crecimiento de los flujos durante los dos primeros trimestres sirvió para recuperar más del 70% de las pérdidas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 durante 2020.

Las economías desarrolladas registraron el mayor aumento, con inversión extranjera estimada en 424.000 millones de dólares durante el primer semestre de 2021, lo que supone más del triple respecto al nivel excepcionalmente bajo de 2020.

Los flujos de inversión extranjera directa también crecieron significativamente en las economías en desarrollo al sumar un total de 427.000 millones de dólares en el primer semestre de 2021, con una aceleración del crecimiento en Asia oriental y sudoriental, una recuperación a niveles cercanos a los anteriores a la pandemia en América Central y del Sur, y repuntes en varias otras economías de África y Asia occidental y central.

Entre el total del “aumento de recuperación” de los flujos mundiales de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2021, que fue de 373.000 millones de dólares, el 75% se registró en las economías desarrolladas.

Los países de renta alta duplicaron con creces las entradas trimestrales de inversión extranjera directa respecto a los niveles mínimos de 2020, las economías de renta media experimentaron un aumento del 30% y las de renta baja un nuevo descenso del 9%.

La creciente confianza de los inversores se manifiesta sobre todo en las infraestructuras, impulsada por las favorables condiciones de financiación a largo plazo, los paquetes de estímulo para la recuperación y los programas de inversión en el extranjero.

La recuperación de los flujos de inversión en los sectores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países en desarrollo, que bajaron durante la pandemia en registros de dos dígitos en casi todos los sectores, sigue siendo frágil.

La financiación internacional de proyectos en energías renovables y servicios públicos sigue siendo el sector de mayor crecimiento. Sin embargo, el número de planes de inversión relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países menos desarrollados sigue disminuyendo precipitadamente.

Las perspectivas globales de inversión extranjera directa para todo el año han mejorado con respecto a las previsiones anteriores.

Aunque las tendencias señalan unas tasas de crecimiento más moderadas que las del primer semestre del 2021, es probable que el impulso actual y el crecimiento de la financiación internacional de proyectos hagan que los flujos de inversión extranjera directa vuelvan a superar los niveles anteriores a la epidemia de COVID-19.

Otros factores de riesgo importantes, como los cuellos de botella de la mano de obra y la cadena de suministro, los precios de la energía y las presiones inflacionistas, también afectarán a los resultados del último año.

El portal Employment Policy Gateway será de utilidad a los gobiernos, los interlocutores sociales, instituciones de investigación, profesionales y otras partes interesadas, y permite la búsqueda de políticas y estrategias de promoción del empleo vigentes por región, país y tema. Esta función permite la comparación de las políticas nacionales y complementa la investigación y el análisis sobre los instrumentos de política vigentes.

Con la creación de la base de datos se atiende a un número creciente de pedidos de información comparativa de gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, que permita comparar las políticas de empleo en los países, como las estrategias destinadas a los jóvenes. La crisis de COVID-19 tuvo graves consecuencias para los mercados laborales de todo el mundo, e impuso cambios en las políticas y la implantación de nuevas medidas; ello multiplicó los pedidos de una base de datos de este tipo.

A fin de promover una recuperación inclusiva y con alto coeficiente de empleo de la crisis de la COVID-19, los países necesitan un programa de política audaz e innovador centrado en el empleo. En este contexto, unas políticas nacionales de empleo que tengan en cuenta la perspectiva de género pueden desempeñar un papel importante. En diversos países, este tipo de políticas están adaptándose a fin de centrarlas en las intervenciones de respuesta a la crisis de la COVID-19.

La estructura de Policy Gateway consta de tres secciones interrelacionadas:

Políticas Nacionales de Empleo: ofrece información sobre las políticas nacionales de empleo adoptadas por los países en todo el mundo. Incluye el diseño y el contenido de las políticas, así como su aplicación y supervisión;

Estrategias de empleo juvenil: cubre las estrategias nacionales de empleo juvenil, basándose en las presentaciones sometidas a la “Encuesta de la OIT sobre las estrategias nacionales de empleo juvenil” en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y,

E-library (bilioteca-e): catálogos, en el idioma original, de documentos de política utilizados en el portal Employment Gateway.

Financian el portal Employment Policy Gateway el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI) y la Agencia de Luxemburgo de Cooperación para el Desarrollo (LuxDev).

Fuente: OIT 19 de octubre de 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021, programa que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la institución encargada de la función de seguridad pública de cada entidad federativa, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el referido tema.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

De acuerdo con los resultados del trigésimo segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la primera quincena de septiembre de 2021, durante ese mes 64.5% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a los registrados en septiembre de 2020 y junio de 2021, que fueron de 67.8 y 66.6%, respectivamente. En esta edición, 14 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos con respecto de junio de 2021: 8 tuvieron reducciones y 6 incrementaron. La percepción de inseguridad permaneció mayor en el caso de las mujeres con 69.1%, mientras que para los hombres fue de 58.8 por ciento.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas, con 94.3, 92.5, 91.7, 89.0, 88.3 y 86.1%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Benito Juárez, Los Cabos, La Paz, San Nicolás de los Garza y Saltillo, con 14.5, 21.8, 22.2, 27.3, 28.6 y 29.5%, en ese orden.

En específico, 75% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 68.7% en el transporte público, 61.4% en el banco y 56.2% en las calles que habitualmente usa.

Finalmente, en este trimestre, se proporciona información estadística sobre víctimas de violencia en el entorno familiar. Se estima que 7.5% de los hogares experimentó alguna situación de violencia de tal naturaleza entre enero y septiembre de 2021. En el mismo periodo, se estima que 6.4% de la población de 18 años y más fue violentada en el ámbito del hogar. Para las mujeres este porcentaje fue de 7.2%, mientras que en hombres fue de 5.4 por ciento.

Los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) en el primer semestre de 2021 alcanzaron un estimado de $ 852 mil millones, mostrando un impulso de recuperación más fuerte de lo esperado, según el Investment Trends Monitor de la UNCTAD.

El aumento en los dos primeros trimestres recuperó más del 70% de la pérdida inducida por la pandemia COVID-19 en 2020.

Las economías desarrolladas experimentaron el mayor aumento, con una IED que alcanzó un estimado de $ 424 mil millones en la primera mitad de 2021, más de tres veces el nivel excepcionalmente bajo en 2020.

Los flujos de IED en las economías en desarrollo también aumentaron significativamente, totalizando $ 427 mil millones en el primer semestre de 2021, con una aceleración del crecimiento en Asia oriental y sudoriental (+ 25%), una recuperación a niveles casi prepandémicos en América Central y América del Sur. y repuntes en varias otras economías de África y Asia occidental y central.

Los países de ingresos altos duplicaron con creces las entradas de IED trimestrales desde los niveles mínimos de 2020, las economías de ingresos medianos experimentaron un aumento del 30% y las economías de ingresos bajos una disminución adicional del 9%.

La creciente confianza de los inversores es más evidente en la infraestructura, impulsada por condiciones favorables de financiación a largo plazo, paquetes de estímulo para la recuperación y programas de inversión en el extranjero.

Los acuerdos internacionales de financiación de proyectos aumentaron un 32% en número (74% en términos de valor), con aumentos considerables en la mayoría de las regiones de ingresos altos y en Asia y América del Sur.

Por el contrario, la confianza de los inversores en la industria y las cadenas de valor mundiales sigue siendo inestable. Los anuncios de proyectos de inversión greenfield continuaron su trayectoria descendente (-13% en número, -11% en valor durante los primeros tres trimestres).

La recuperación de los flujos de inversión hacia sectores relevantes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los países en desarrollo, que sufrieron significativamente durante la pandemia con caídas de dos dígitos en casi todos los sectores, sigue siendo frágil.

El valor combinado de las inversiones totalmente nuevas y los acuerdos de financiación de proyectos anunciados aumentó en un 60%, pero principalmente debido a un pequeño número de acuerdos muy importantes en el sector de la energía (el número total de proyectos de inversión relevantes para los ODS en las economías en desarrollo aún se redujo en un 6%).

Los anuncios de nuevos proyectos greenfield cayeron en un 51% y los acuerdos de financiamiento de proyectos de infraestructura en un 47%. Esto es después de caídas del 28% en ambos tipos en 2020. Los valores totales del proyecto aumentaron, inflados por un solo gran proyecto renovable.

Las perspectivas de la IED mundial para todo el año han mejorado con respecto a las proyecciones anteriores. La tendencia subyacente, neta de flujos de conducto, transacciones únicas y flujos financieros dentro de la empresa, será más moderada que las tasas de crecimiento de rebote de la primera mitad de 2021.

Sin embargo, es probable que el impulso actual y el crecimiento de la financiación de proyectos internacionales hagan que los flujos de IED vuelvan a superar los niveles anteriores a la pandemia.

La duración de la crisis sanitaria y el ritmo de las vacunaciones, especialmente en los países en desarrollo, así como la velocidad de implementación del estímulo a la inversión en infraestructura, siguen siendo importantes factores de incertidumbre.

Otros factores de riesgo importantes, incluidos los cuellos de botella en la cadena de suministro y la mano de obra, los precios de la energía y las presiones inflacionarias, también afectarán los resultados del año final.

El cáncer de mama se origina a partir del crecimiento descontrolado e independiente de las células que forman un tumor maligno que puede invadir tejidos circundantes y también órganos distantes (metástasis). La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoce como el tipo de cáncer más común en el mundo.

Según las Naciones Unidas este tipo de cáncer fue el de mayor incidencia en 2020, con 2.3 millones de casos nuevos (11.7% del total de casos de cáncer diagnosticados a nivel mundial). Además, “se estima que a nivel mundial, los años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en mujeres con cáncer de mama superan a los debidos a cualquier otro tipo de cáncer”.

Con el objetivo de fomentar la autoexploración mamaria y la detección temprana, así como promover el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, la OMS designó el 19 de octubre como el Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. En conmemoración de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece el siguiente panorama nacional sobre la morbilidad y la mortalidad por cáncer de mama entre la población de 20 años y más.

Morbilidad

El cáncer de mama no tiene una causa única; se han identificado una serie de factores que contribuyen en su aparición y desarrollo; por ejemplo la edad, conforme las personas envejecen aumenta el riesgo de padecerlo; el inicio temprano de la menstruación (antes de los 12 años) e inicio tardío de la menopausia (después de los 55 años); antecedentes de cáncer de seno o de ovario; la obesidad y el sobrepeso; el tabaquismo y la ingesta de alcohol; algunas terapias de reemplazo hormonal y ciertos anticonceptivos orales; así como mutaciones genéticas heredadas en los genes BRCA1 y BRCA2.

En México durante 2019 se registraron 15 286 nuevos casos de cáncer de mama en la población de 20 años y más. De estos, 167 corresponden a hombres y 15 119 a mujeres. La tasa de incidencia de tumor maligno de mama a nivel nacional es de 18.55 casos nuevos por cada 100 mil habitantes de 20 años y más.

Los Directores Generales de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han firmado un acuerdo para reforzar su cooperación, con el fin de promover el empleo y los trabajos decentes para mujeres y hombres en una transición energética que no deje a nadie atrás.

“El rápido despliegue de las energías renovables es indispensable para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible . Es esencial hacer que esa transición conduzca a la creación de trabajo decente, con más y mejores empleos, al tiempo que se garantiza una transición justa para todos”, dijo el Director General de la OIT. “Trabajando juntos, la OIT e IRENA pueden promover aún más el trabajo decente y la justicia social en la transición energética, de manera integral”.

Ambas organizaciones ya colaboran en una serie de iniciativas conjuntas, como la Plataforma de Energía y Empleo Sostenibles (SEJP) en el marco de la Coalición para la Acción de IRENA, las Iniciativas de Transición Justa y Empleo Verde de la OIT , basadas en las Directrices Tripartitas de la OIT para una Transición Justa hacia Economías y Sociedades Ambientalmente Sostenibles para Todos , y el Marco de Colaboración de IRENA sobre Transición Energética Justa e Inclusiva.

La mano de obra del futuro se enfrentará a muchos retos. Es necesario un marco político global y holístico que apoye la educación, la mejora de las competencias y el reciclaje profesional, reconociendo las necesidades y prioridades de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los grupos marginados. En este contexto, IRENA y la OIT colaborarán estrechamente en el desarrollo de productos de conocimiento y recomendaciones que apoyen los marcos políticos para impulsar el crecimiento económico inclusivo y sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7 y 8.

Este acuerdo permitirá a ambas organizaciones aprovechar y complementar los puntos fuertes de la otra en la realización de actividades de interés mutuo. Su colaboración incluirá, entre otras cosas, investigación e iniciativas conjuntas, desarrollo de capacidades, actividades de formación, divulgación y comunicación, así como eventos conjuntos para compartir conocimientos.

Fuente: OIT 18 de octubre de 2021

Crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el planeta es el objetivo del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, que se celebra desde 1972, a raíz de un memorable discurso que el expresidente de Argentina Juan Domingo Perón pronunciara en Madrid, España, para pedir a la humanidad entera emprender una acción mancomunada para revertir la marcha suicida que inducen sus actos.

Lo expresó así: “Ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha, a través de una acción mancomunada internacional”.

Receptivo y sensible a la arenga que en una carta le hizo llegar Perón al entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, este llevó las inquietudes del líder sudamericano ante la Asamblea General del organismo, y logró que se adoptara el 18 de octubre como Día Mundial de Protección de la Naturaleza.

La Agenda propone apuntalar este propósito y aporta sugerencias para el cumplimiento de objetivos relevantes como: utilizar fuentes energéticas renovables; reciclar y reutilizar el plástico y todo aquel material de desecho con el cual se puedan crear nuevos productos; darle mantenimiento regular al automóvil o cambiarlo por uno que use biocombustibles o energía eléctrica solar; construir urbanismos de techos verdes; generar composta orgánica en nuestros hogares para reducir la basura en las ciudades y usar bolsas de compras ecológicas. En resumen, reducir nuestra huella de carbono.

Mantener limpio y sano nuestro planeta requiere creatividad y disposición de todos y cada uno de los habitantes para realizar acciones como organizarse con amigos, familiares o compañeros de trabajo para limpiar un parque o repartir volantes con información sobre la conservación del medio ambiente; impartir o asistir a un taller de manualidades con materiales de desecho, abrir un canal de Youtube para enseñar a las personas a reciclar botellas de PET u otros materiales para elaborar objetos útiles para el escritorio, el jardín o el hogar, o también organizar una conferencia en la cual uno o varios expertos diserten sobre lo que podemos hacer para proteger a los ecosistemas y su biodiversidad.

Esto último resulta de capital importancia en un país megadiverso como México, donde contamos con 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales que abarcan 90,830,963 hectáreas, las cuales constituyen una herramienta de conservación que cumple varios objetivos y proporciona una multitud de beneficios tanto para los pobladores de zonas aledañas como para la región, el país y el planeta.

En la era de las nuevas tecnologías es un deber informarnos acerca de estos temas para participar activamente en la protección de la naturaleza, así como propiciar el encuentro con personas o instituciones que se interesan en aportarnos sus conocimientos y apoyar proyectos individuales, sociales e incluso de mayor alcance para lograr la resiliencia planetaria.

Fuente: SEMARNAT 18 de octubre de 2021

Este 15 de octubre es el día Internacional de la Mujer Rural, el cual fue establecido por la Conferencia Mundial de las Mujeres en 2007.

En el sector rural, la mujer realiza actividades agropecuarias y pesqueras de gran importancia y es fundamental conocer algunos datos de las mujeres en el sector primario:.

De la población hablante de lengua indígena, las mujeres representaron poco más de la mitad (51.4%); de ellas 60.2% vive en localidades rurales (2.3 millones).

Las jefas de familia con negocio en la actividad agropecuaria y pesquera registraron un ingreso promedio mensual de 8 mil 515 pesos.

La contribución de las mujeres rurales del país se matiza por el aporte de los bienes y servicios que generan para la sociedad nacional.

Fuente: SIAP 15 de octubre de 2021

Las mujeres rurales, clave para un mundo sin hambre ni pobreza

Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres no solo es lo correcto, sino que es un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición.

En promedio, las mujeres representan algo más del 40% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, pudiendo llegar a más del 50% en determinadas partes de África y Asia.

Sin embargo, se enfrentan a una discriminación significativa en lo que respecta a la propiedad de la tierra y el ganado, la igualdad de remuneración, la participación en la toma de decisiones de entidades como las cooperativas agrarias, y el acceso a recursos, crédito y mercado para que sus explotaciones y granjas prosperen.

Todo ello se traduce no solo en el empeoramiento de su calidad de vida, sino en un obstáculo mundial para acabar con la pobreza y el hambre ya que, si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos, la producción agrícola en los países en desarrollo aumentaría entre 2,5 y 4% y el número de personas desnutridas en el mundo disminuiría aproximadamente entre un 12% y un 17% (FAO, 2011).

Este Día Internacional, bajo el tema “Las mujeres rurales cultivan alimentos de calidad para todas las personas”, apreciemos la labor de estas heroínas en la lucha contra el hambre, tal cual marca el reto 2 de nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible (Hambre Cero), y reivindiquemos unas zonas rurales en las que estas agricultoras y ganaderas, muchas de ellas parte de la economía informal y simultáneamente mantenedoras de sus hogares, puedan contar con las mismas oportunidades que los hombres.

Las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.

El Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre cada año para conmemorar la fundación de la FAO en esa fecha de 1945.

En un nuevo informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instan a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar, entre otras medidas, para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“La pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de construir una agenda de salud pública con una perspectiva integral e integrada en América Latina y el Caribe, que reconozca la interdependencia que existe entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, señala el documento La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social, dado a conocer en una conferencia de prensa

La pandemia de COVID-19 ha cobrado poco más de 1,5 millones de vidas en América Latina y el Caribe y ha dado lugar a más de 45,7 millones de casos confirmados desde su aparición en la región, en febrero 2020. La región acumula cerca de un quinto de los casos confirmados de COVID-19 y alrededor del 30% de las muertes en todo el mundo, a pesar de constituir solamente el 8,4% de la población mundial.

En 2020, a raíz de la crisis sanitaria, la región de América Latina y el Caribe experimentó la mayor contracción económica de los últimos 120 años y fue la región que tuvo el peor desempeño entre todas las regiones en desarrollo. El crecimiento prácticamente nulo en el quinquenio previo a la crisis, unido a la fuerte contracción de 2020 (-6,8%), se tradujo en una caída histórica de la ocupación y un aumento sin precedentes del desempleo, junto con incrementos significativos de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad, lo que ha exacerbado aún más los problemas estructurales de la región. Para 2021 se espera una tasa de crecimiento promedio del 5,9%, mientras que en 2022 de 2,9%. No obstante, esta expansión no será suficiente para que toda la región recupere el nivel de PIB anterior a la crisis.

“Junto con las debilidades estructurales de los sistemas de salud para enfrentar la pandemia, la prolongación de la crisis sanitaria está estrechamente relacionada con el avance lento y desigual de los procesos de vacunación en la región y las dificultades de los países para mantener medidas sociales y de salud pública en los niveles adecuados”, sostiene el informe. En promedio, en América Latina y el Caribe un 39% de la población cuenta con esquema completo de vacunación. Si bien países como Chile y Uruguay superan el 70%, 25 de los 49 países y territorios de la región no sobrepasan el 40% del total de su población con esquema completo de vacunas.

El documento enfatiza que la persistencia de la crisis ha evidenciado la necesidad de transformar los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, que ya antes de la pandemia se caracterizaban por la debilidad de la capacidad de respuesta de los servicios de salud, su subfinanciamiento, con un nivel muy inferior al acuerdo regional del 6% del PIB, y la fragmentación y la segmentación del sistema de salud. Estas condiciones constituyen las causas estructurales de las inequidades en el acceso a los servicios de salud y la persistencia de un alto gasto de bolsillo, alertan la CEPAL y la OPS. De hecho, ambos organismos consignan en el informe “una alta correlación entre la vulnerabilidad socioeconómica y el nivel de gravedad y muerte por COVID-19”.

De igual forma, los déficits de inversión pública de los sistemas de salud de la región se traducen en debilidad en la rectoría de las autoridades de salud, en una escasez relativa de recursos humanos, con una disponibilidad promedio de 20 médicos por cada 10.000 habitantes, muy por debajo de los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en limitaciones en la capacidad resolutiva de la red de servicios de salud, en particular el primer nivel de atención.

En el documento también se manifiesta la preocupación por la falta de acceso a los servicios de salud que ha experimentado una parte de la población durante la pandemia debido a la saturación observada. De acuerdo con información oficial, en 2021, un 35% de los países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55% en el caso de los países que declararon interrupciones en servicios prestados en el primer nivel de atención.

Entre sus recomendaciones específicas, ambas instituciones señalan la necesidad de: incorporar el enfoque intersectorial en las políticas de salud; transformar los sistemas de salud teniendo en cuenta la centralidad de la atención primaria de salud, fortalecer el ejercicio de las funciones esenciales de salud pública, la equidad en salud, la sostenibilidad financiera y el papel del Estado; acelerar los procesos de vacunación masiva y mantener las medidas sociales y de salud pública en niveles adecuados para controlar la crisis sanitaria; lograr avances tecnológicos para la salud y el desarrollo sostenible a nivel regional; acelerar los procesos de transformación digital del sector salud; mantener políticas fiscales expansivas y fortalecer la inversión pública para avanzar hacia una recuperación transformadora; y consolidar Estados de bienestar con políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos.

Durante la Asamblea General, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó, conjuntamente con la OIT, un Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social con el objetivo de crear al menos 400 millones de empleos para 2030, principalmente en las economías verdes y del cuidado, y extender los pisos de protección social a más de 4 mil millones de personas que actualmente no están cubiertas.

En el primer semestre de 2022, la OIT convocará un foro multilateral con el fin de revisar los avances y ampliar los compromisos en apoyo de las estrategias de recuperación centradas en el ser humano de los Estados miembros, incluso mediante iniciativas conjuntas y acuerdos institucionales mejorados entre las instituciones internacionales y regionales.

Fuente: OIT 14 de octubre de 2021

En América Latina y el Caribe vive el 8,4% de la población mundial; sin embargo, es una región que acumula la quinta parte de los casos de COVID-19 y el 30% de las muertes por esa enfermedad (1,5 millones), además de que su economía ha sido la más afectada por la pandemia, con una contracción del 6,8% de su Producto Interno Bruto en 2020.

Estos datos hacen evidente la necesidad de construir una agenda de salud pública integral “que reconozca la interdependencia entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, subraya un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

El estudio La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social insta a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La prioridad sigue siendo controlar la crisis sanitaria desde un enfoque integral y mediante la aceleración de los procesos de vacunación de la población, apuntan los organismos.

La pandemia de COVID-19 hizo evidentes las limitaciones de los países del bloque para el abastecimiento de vacunas y medicamentos, y probó las debilidades de los sistemas de salud, la desigualdad frente al acceso a atención primaria universal y la carencia de una planificación anticipatoria.

Además, la falta crónica de financiamiento a la investigación y el desarrollo tecnológico y las débiles políticas industriales impidieron desarrollar las capacidades existentes para producir vacunas oportunamente y construir un mercado de escala de medicamentos.

La OPS y la CEPAL indicaron que la lentitud y desigualdad de la vacunación en la región, así como las dificultades de los países para mantener medidas sociales y de salud pública en los niveles adecuados, son consecuencia directa de la debilidad estructural de los sistemas sanitarios para encarar la pandemia y la prolongación de la crisis.

El informe da cuenta también de la falta de acceso a los servicios de salud que ha padecido gran parte de la población debido a la saturación de los sistemas sanitarios por la pandemia. Según datos oficiales, en 2021 un 35% de los países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55% en el caso de los países que declararon interrupciones en servicios prestados en el primer nivel de atención.

Frente a este escenario, es imperativo entender la salud como parte de la economía y trabajar en la construcción de sistemas sanitarios “universales, solidarios y resilientes”, lo que requiere inversiones públicas y privadas.