En el contexto de grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19, América Latina y el Caribe recibió 105.480 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa en 2020, lo que representa un 34,7% menos que en 2019, y el monto más bajo desde 2010, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al presentar su estudio anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2021.

A nivel mundial, los flujos de inversión se redujeron un 35% en 2020, alcanzando aproximadamente un billón de dólares, lo que representa el valor más bajo desde 2005.

América Latina y el Caribe se encuentra en una tendencia decreciente desde 2013, lo que ha dejado en evidencia la relación entre las inversiones y los ciclos de precios de las materias primas, principalmente en América del Sur.

El contexto internacional sugiere que la inversión extranjera directa tendrá una recuperación lenta. Por otra parte, la búsqueda de activos en sectores estratégicos para la reactivación internacional y para los planes públicos de transformación de la estructura productiva (infraestructura, industria de la salud, economía digital, etc.) indica que gran parte de estas operaciones tendrían como destino Europa, América del Norte y algunos países de Asia, aumentando las asimetrías globales.

En América Latina y el Caribe, las proyecciones mostraron una recuperación entre septiembre de 2020 y febrero de 2021; sin embargo, desde ese mes y hasta mayo de 2021 se está verificando una nueva caída en el valor de los anuncios.

La CEPAL, ha identificado ocho sectores estratégicos para dar un gran impulso para la sostenibilidad en la región. Estos sectores son:

la transición hacia energías renovables
la electro movilidad sostenible en ciudades
la revolución digital inclusiva
la industria manufacturera de la salud
la bioeconomía
la llamada economía de los cuidados
la economía circular
el turismo sostenible

El informe muestra que solo en cinco países aumentó la ayuda extranjera en 2020: Bahamas y Barbados en el Caribe; Ecuador y Paraguay, en América del Sur; y México, el segundo mayor receptor de la región después de Brasil.

Los sectores de recursos naturales y manufacturas, con reducciones del 47% y 38%, respectivamente, fueron los más golpeados en 2020.

Estados Unidos aumentó de 27% a 37% su participación en la inversión extranjera de la región en 2020 ante la fuerte caída de Europa, que bajó del 51% al 38%, y de América Latina, que pasó del 10% al 6%.

En 2020, los flujos de las empresas transnacionales latinoamericanas (translatinas) también se desplomaron, al caer un 73%, aunque con elevada heterogeneidad: mientras Chile y México mostraron un incremento en los flujos el exterior, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá registraron retrocesos.

El segundo capítulo del informe, titulado “La inversión de China en un mundo que cambia: implicaciones para la región”, plantea que “el proceso de recuperación de América Latina y el Caribe de la pandemia de COVID-19 es una oportunidad de iniciar una nueva etapa en las relaciones económicas con China y de elaborar políticas que aseguren que las inversiones de ese país contribuyan a construir capacidades productivas en los países receptores, a establecer vínculos con proveedores locales, a generar empleo y a promover el desarrollo sostenible. La multilateralidad debe formar parte de esta aproximación estratégica”.

Finalmente, el tercer capítulo, titulado “Estrategias de inversión en la era digital”, analiza el desarrollo digital en el mundo y la región a través de un modelo conceptual que incluye tres dimensiones (economía conectada, economía digital y economía digitalizada) y aborda diversos desafíos en materia de inclusión, innovación, regulación y tributación, entre otros. La inversión extranjera puede contribuir a la transformación digital en América Latina y el Caribe, afirma la CEPAL, pero si no se consideran las características estructurales de las economías de la región la digitalización podría profundizar las brechas existentes y generar mayor exclusión e inequidad distributiva.

El ingreso familiar real per cápita, que ofrece una mejor imagen del bienestar económico de las personas que el PIB, creció un 5,8% en el área de la OCDE en su conjunto durante el primer trimestre de 2021.

El aumento, el mayor desde 2008, se debe en gran parte al aumento significativo de los ingresos reales de los hogares en los Estados Unidos, que es un resultado directo del reciente apoyo fiscal del gobierno, incluidos los pagos de transferencia realizados a los hogares.

Este aumento excepcional de los ingresos fue muy superior al aumento del 0,5% del PIB per cápita registrado en el área de la OCDE durante el primer trimestre de 2021.

El resultado de este trimestre continúa la divergencia entre el PIB per cápita y el ingreso per cápita de los hogares desde el inicio de la pandemia COVID-19. Desde el cuarto trimestre de 2019, el ingreso familiar real per cápita ha aumentado un 8,2% en el área de la OCDE en su conjunto, mientras que el PIB real per cápita ha disminuido un 2,7%.

Fuente: OECD 05 de agosto de 2021

Fuente: CONEVAL 05 de agosto de 2021

En contra parte, las exportaciones agroalimentarias son superadas por:

Al mes de mayo de 2021, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 10,327 MDD.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria, enero-mayo 2021

Balanza Agropecuaria y Agroindustrial: superávit de 4,230 MDD

Balanza de bienes agrícolas:

En los primeros cinco meses de 2021, el superávit fue de 1,972 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 31.4% mayores a las importaciones. El saldo disminuyó 43.9% (1,544MDD), en relación con 2020, debido a que las exportaciones crecieron en 388 MDD (4.9%), mientras que las importaciones se incrementaron en mayor medida 44.5% (1,932 MDD).

Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son: aguacate (1,321 MDD); jitomate (1,029 MDD); pimiento (817 MDD); fresa (538 MDD); cítricos (325 MDD); pepino (295 MDD); coles (285 MDD); melón, sandía y papaya (283 MDD); almendras, nueces y pistaches (262 MDD); cebolla (206 MDD); guayaba, mango y mangostanes (203 MDD); café sin tostar (169 MDD); plátano (120 MDD); algodón (95 MDD); maíz (74 MDD); trigo (71 MDD); uvas, frescas o secas (62 MDD) y garbanzo (55 MDD).

Balanza de bienes agroindustriales:

De enero a mayo de 2021, se registra un superávit de 2,414 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 33.2 % mayores a las importaciones. El saldo aumentó 1.6% (38 MDD), respecto de 2020, resultado del incremento de las exportaciones en 1,359 MDD, es decir, 16.3%, y de las importaciones en 1,321 MDD (22.2 %).

Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: cerveza (2,194 MDD), tequila y mezcal (1,146 MDD), productos de panadería (665 MDD), carne de bovino, fresca o refrigerada (596 MDD), azúcar (418 MDD), carne de porcino (410 MDD), artículos de confitería sin cacao (315 MDD), frutas en conserva (254 MDD), hortalizas cocidas en agua o vapor (247 MDD), chocolate y otros preparados de alimentos con cacao (230 MDD), salsas, sazonadores y condimentos (183 MDD), extracto de malta (175 MDD), jugo de naranja congelado (171 MDD), fresa y frambuesa congelada (161 MDD); productos de cereal tostado inflado (144 MDD), jugos sin fermentar, excluyendo el de naranja congelado (111 MDD), carne de bovino congelada (96 MDD), hortalizas preparadas en vinagre (85 MDD), preparaciones de café, té o yerba mate (64 MDD) y levadura (58 MDD).

Balanza de bienes pesqueros:

Al quinto meses de 2021, se presenta un superávit de 39 millones de dólares, debido a que lo exportado es 12.0% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior crecieron en 18.1% (55 MDD), mientras que las compras en 48.2% (104 MDD), en relación con el mismo periodo de 2020.

Las mayores ventas fueron de: camarón congelado (114 MDD); pescado fresco o refrigerado, excepto filete (90 MDD); pescado congelado, excepto filete (41 MDD); crustáceos, excepto camarón congelado (37 MDD) y moluscos (25 MDD).

Balanza de bienes ganaderos y apícolas:

al mes de mayo de 2021, el déficit fue de 195 MDD, es 5.5 millones de dólares mayor que el saldo negativo reportado en similar periodo de 2020 (189 MDD). Si bien el comercio total disminuyó 11 millones 220 mil dólares (1.0 %), al pasar de 1,075 millones dólares en 2020 a 1,063 millones de dólares en 2021. El déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 44.8 % mayores que las exportaciones a mayo de 2021. Las compras al exterior disminuyeron en 3 MDD (0.4%) respecto de 2020, mientras que las ventas al mercado externo en 8 MDD (1.9 %). Los productos más adquiridos en el mercado externo son: quesos y requesón con 234 MDD, huevos de ave con y sin cascarón 111 MDD, leche de bovino 59 MDD, mantequilla 40 MDD y ganado bovino en pie 32 MDD, estos productos representan 75.8% del total importado (629 MDD) en los cinco primeros meses de 2021.

Las mayores ventas al exterior fueron de: ganado bovino en pie (335 MDD) y miel natural de abeja (37 MDD).

Fuente: SIAP julio de 2021

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en un nivel de 44.3 puntos, con cifras desestacionalizadas, el mismo nivel en el que se encontró en junio pasado; sin embargo, en su comparación anual, el nivel fue 9.9 puntos mayor.

De esta manera, el ICC se estancó luego de cuatro meses consecutivos de crecimiento mensuales, esto último impulsado por la reapertura económica y el avance en la campaña de vacunación.

El reporte, que mensualmente elabora el Inegi en conjunto con el Banco de México (Banxico), mostró que dos componentes del ICC, relacionados con perspectivas a 12 meses, mostraron retrocesos en su comparación mensual.

En el caso de la situación económica del país esperada en un año, el optimismo de los consumidores mexicanos retrocedió 0.9 puntos mensuales en julio, mientras que la situación económica esperada para los miembros del hogar disminuyó en 0.2 puntos.

En el otro extremo, la situación económica actual de los miembros del hogar fue el componente que más aumentó en el mes, con un avance de 0.9 puntos.

Le siguió la situación económica del país actual, con 0.4 puntos, y las posibilidades de los miembros del hogar para comprar muebles, televisores u otros electrodomésticos, con un avance de 0.2 puntos.

Fuente:EL ECONOMISTA 02 de agosto de 2021

Durante junio, las remesas enviadas por trabajadores desplazados a otros territorios rompieron tres registros históricos: el flujo mensual más alto para un periodo similar desde que se tiene registro; la mayor acumulación semestral para un periodo similar desde el año 2006 y el giro mensual más alto desde 2008.

Información del Banco de México (Banxico) muestra que los 1.8 millones de hogares beneficiados por estos envíos en el país recibieron 4,439 millones de dólares en forma de remesas.

Con estos ingresos reportados en junio, se hilan cuatro meses consecutivos de envíos que superan los 4,000 millones de dólares y la entrada de remesas en junio de 2021 se inscribe como la más alta para un mes similar en 26 años.

De acuerdo con la información del banco central mexicano, en el primer semestre del año las remesas familiares sumaron 23,618 millones de dólares, que se convierte también en el flujo más alto para un periodo de enero a junio desde 2006.

Esto significa que en el primer semestre del año, las familias beneficiadas por estas entradas de dólares percibieron un aumento de 22.4% en el flujo acumulado de remesas respecto de los envíos observados en el mismo lapso del año pasado, cuando se reportó la entrada de 19,289 millones de dólares.

La remesa promedio captada en junio por cada hogar beneficiado fue de 393 dólares, que se convierte en el giro mensual más alto desde Octubre del año 2008, cuando enviaron 395 dólares en un solo mes.

El detalle de los datos actualizados por el banco central permite ver que estos recursos llegaron a México en junio en 11.30 millones de operaciones.

Fuente:EL ECONOMISTA 02 de agosto de 2021

Durante julio del 2021 la confianza empresarial en los sectores del comercio y la construcción registraron avances de 2.2 y 1.2 puntos porcentuales respecto del mes previo. Por su parte, el sector manufacturero se mostró ligeramente escéptico reduciendo 0.2 puntos su nivel de confianza.

En línea con la reactivación económica al interior del país, en los tres sectores se han registrado mejoras en la confianza empresarial si se compara con el mismo mes del año pasado; debido a las caídas inéditas que se registraron en 2020 durante el confinamiento. De acuerdo con las Encuestas Mensuales de Opinión Empresarial (EMOE) del Inegi, los incrementos anuales fueron de 13.0 puntos en la manufactura y el comercio y 9.6 puntos en la construcción.

El comercio es el sector que mostró resultados más optimistas durante este séptimo mes del año; su nivel de confianza en la economía futura nacional llegó hasta 68.1 puntos, por encima del umbral mínimo de 50 puntos.

Por su parte, en el rubro de la construcción los empresarios se mostraron más optimistas respecto de la situación económica de sus unidades; ubicando el umbral de confianza en 67.0 puntos, también por encima del mínimo.

El sector manufacturero mostró un nivel mejor de confianza en términos de inversiones respecto de los otros sectores. Su nivel de confianza en que exista un buen momento para invertir se ubicó en 38.9 puntos, aunque por debajo del mínimo de 50 puntos es significativamente más alto que en la construcción y el comercio.

La data procesada por el Inegi mostró, además, que el personal ocupado es uno de los sectores que persisten preocupando a los empresarios. Durante julio las expectativas sobre aumentar la plantilla de trabajadores cayeron 0.1, 0.2 y 0.3 puntos en la construcción, manufactura y comercio respectivamente.

Por su parte, otros rubros como la producción y las exportaciones manufactureras,
los inventarios en las empresas comerciales y el valor de las obras de construcción, continúan recuperándose.

Fuente:EL ECONOMISTA 02 de agosto de 2021

A más de un año del desarrollo de la pandemia, se ha observado que la atención reactiva y emergente puede mejorar sus alcances a partir de una integralidad de acciones, necesarios para reducir las brechas existentes. Finalmente, también sigue siendo necesaria una reforma fiscal progresiva, con el fin de contar con los recursos suficientes para financiar intervenciones que aseguren la recuperación de la economía mexicana ante la actual crisis sanitaria.

Fuente: CONEVAL 12 de julio de 2021

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha encontrado una paradoja en la recuperación económica en los 33 países que conforman la región debido a la heterogeneidad e incertidumbre económica derivada de la pandemia de Covid-19.

“En el 2020 la región cayó 6.8 por ciento. En el 2021 hay esta recuperación relativa de 5.2%, muy buena noticia, pero en el 2022 volvemos a trayectorias bajas de crecimiento y ¿por qué? porque al final del 2022, 19 de 33 países, no habrán recuperado el PIB del 2019, ese es el problema”.

Ante ello, la comisión hace un llamado a reactivar la inversión en la región con cambios estructurales porque sino los países latinoamericanos seguirán atrapados en las “trampas de los países de medianos ingresos”. Estas trampas que refiere Bárcena son la carente fiscalización, la baja productividad o la falta de innovación tecnológica.

En este sentido, la Cepal estimó que México crecerá este año 5.8% y para el año siguiente 3.2 por ciento. Además, prevé que el país pueda regresar a niveles prepandemia en lo que se refiere a la población en situación de pobreza.

“Hay una generación importante de empleo y también hay una recuperación gradual, a partir del tercer trimestre del 2020. México crecería un 5.8% en el 2021 y un 3.2% en el 2022. Algo que sin duda es muy importante, la reactivación de Estados Unidos y sus inversiones. Es una gran noticia, México es uno de los países que puede tener mayores beneficios en cuanto a esta reactivación (…) para México las noticias son alentadoras”.

Fuente:EL ECONOMISTA 08 de julio de 2021

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó su estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 a 5,2%, cifra que denota un rebote desde la profunda contracción de 6,8% anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos producidos por la pandemia de COVID-19. Esta expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación, advirtió el organismo de las Naciones Unidas en un nuevo informe especial dado a conocer.

Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, en 2022 América Latina y el Caribe crecerá 2,9% en promedio, lo que implica una desaceleración respecto del rebote de 2021. Nada permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previo a 2020 vaya a cambiar. Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia se agudizaron y repercutirán negativamente en la recuperación de la actividad económica y los mercados laborales más allá del repunte del crecimiento de 2021 y 2022. En términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida, advierte el informe.

El documento explica que la tasa de crecimiento actual no es sostenible y existe un riesgo de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y empleo, y mayor deterioro ambiental. La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza, afectando principalmente a las mujeres, escolares y personas mayores. Además llegó en un momento donde la región estaba estancada, sin enfrentar la crisis de largo plazo de la inversión, el empleo y la diversificación productiva sostenible. Reconoce asimismo que las medidas fiscales adoptadas por los países han sido importantes, pero insuficientes en monto y duración.

Al 30 de junio, la región acumulaba más de 1.260.000 muertos por causa del COVID-19 (32% del total mundial, a pesar de que su población representa el 8,4% a nivel global) y presenta grandes brechas en la vacunación respecto a los países desarrollados. Para cerrarlas se requiere cooperación e integración. En América Latina y el Caribe (30 países) el porcentaje de la población total con esquema de vacunación completo llega a solo 13,6%, mientras que en la Unión Europea es de 34,9% y en América del Norte 46,3%.

En el último año, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12,5% y la de pobreza el 33,7%. Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones, y de 70 millones en 2019 a 78 millones pudiendo haber sido 98 millones en el caso de la pobreza extrema). Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49,4% de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2,9% del índice de Gini). En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40,4% de la población en 2020, 6,5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave.

El informe indica que en el período enero-abril de 2021, 20 países anunciaron o extendieron transferencias de emergencia por 10 mil millones de dólares (0,26% del PIB de 2020). De mantenerse este nivel de gasto en los restantes ocho meses de 2021, el gasto en transferencias anual sería de solo 0,78% del PIB de 2020, es decir, la mitad del gasto de 2020: 1,55% del PIB. De esta forma la cobertura sería mucho menor y alcanzaría a 60 millones de hogares (231 millones de personas y 29% de la población, comparado con los 326 millones y 49,4% de la población alcanzada en 2020).

Por otro lado, la CEPAL indica que la pandemia deja a 2021 en un peor estado ambiental que es difícil de revertir. Si bien hubo mejoras temporales en la calidad del aire y redución de la emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones repuntarían 5% este año, mientras que en 11 países de la región se observó una caída de 35% en el presupuesto o gasto de protección ambiental en 2019-2020.

En materia de comercio exterior el panorama es más favorable, ya que se prevé que las exportaciones regionales se incrementen 22% en 2021 (luego de experimentar un descenso de 10% en 2020), lo que se explica por el aumento de los precios de las materias primas, la recuperación de la demanda en China, Estados Unidos y la Unión Europea, y la recuperación de la actividad económica en la región. En tanto, en el período enero-abril de 2021, el valor del comercio intrarregional se expandió un 19% respecto de igual período de 2020, con lo que recuperaría valores cercanos a los de 2019 (que ya eran muy bajos).

Con relación al financiamiento, el informe de la CEPAL advierte que América Latina es la región con el mayor peso de la deuda externa en el PIB (56,3%) y con el mayor servicio de la deuda externa en términos de exportaciones de bienes y servicios (59%). Esos niveles de endeudamiento reducen el espacio fiscal y ponen en peligro la recuperación y el crecimiento futuro. En el caso de los pequeños Estados insulares del Caribe (PEID), la situación es aún más insostenible, ya que en algunos países el nivel de deuda pública supera el 100% del PIB.

En materia fiscal, el estudio de la CEPAL reafirma que es imprescindible mantener las políticas fiscales para apoyar las transferencias sociales de emergencia, apoyar a los sectores productivos y revertir la persistente caída de la inversión para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar en una recuperación transformadora con igualdad. Además, las políticas fiscales deben tener un enfoque de género en todo el ciclo fiscal. “El espacio fiscal se debe aumentar vía crecimiento de los ingresos tributarios y reducción de gastos innecesarios. También hay que consolidar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio (riqueza), revisar y actualizar de forma progresiva las regalías a la explotación de recursos no renovables, y considerar impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados a la salud pública”, precisa el informe.

El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021, presentado en la Sede de la ONU en Nueva York, muestra el exorbitante peaje que la pandemia de COVID-19 se ha cobrado de la Agenda 2030.

Además de los casi cuatro millones de muertes por coronavirus, entre 119 y 124 millones de personas volvieron a la pobreza y al hambre crónica, y se perdió el equivalente a 255 millones de empleos a tiempo completo, indica el informe.

Las interrupciones de los servicios de salud esenciales han amenazado años de progreso en la mejora de la salud materno infantil, el aumento de la cobertura de inmunización y la reducción de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Alrededor del 90% de los países todavía informan sobre una o más interrupciones importantes de los servicios de salud esenciales.

El informe también indica que la pandemia ha puesto de manifiesto e intensificado las desigualdades dentro y entre países.

El informe también confirma lo que agencias de la ONU como la Organización Meteorológica Mundial han estado dando la alarma: la desaceleración económica en 2020 hizo poco para frenar la crisis climática, que continúa en gran medida sin cesar.

El mundo también se quedó corto en los objetivos de 2020 para detener la pérdida de biodiversidad y la reversión de los 10 millones de hectáreas de bosque que se perdieron cada año, entre 2015-2020.

La pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente el progreso hacia la igualdad de género. La violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado, se espera que aumente el matrimonio infantil y las mujeres han sufrido una parte desproporcionada de la pérdida de puestos de trabajo y mayores responsabilidades de cuidado en el hogar.

Mientras tanto, los flujos globales de inversión extranjera directa cayeron un 40% en 2020 en comparación con 2019. El documento muestra que la pandemia ha traído inmensos desafíos financieros, especialmente para los países en desarrollo, con un aumento significativo del sobreendeudamiento.

Según el informe, para volver a encarrilar la Agenda 2030, los gobiernos, las ciudades, las empresas y las industrias deben utilizar la recuperación para adoptar vías de desarrollo bajas en carbono, resilientes e inclusivas que reducirán las emisiones de carbono, conservarán los recursos naturales y crearán mejores empleos, avanzar en la igualdad de género y abordar las crecientes desigualdades.

La Agenda 2030, adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, proporciona un plan común para la paz y la prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en el futuro.

En su esencia, los 17 Objetivos suponen mejorar la salud y la educación, reducir la desigualdad y estimular el crecimiento económico, todo mientras se aborda el cambio climático y se trabaja para preservar nuestros océanos y bosques.

La reunión pondrá el foco en nueve Objetivos Globales de este año: poner fin a la pobreza, acabar con el hambre, mejorar la salud, lograr un trabajo decente, reducir las desigualdades, hacer un consumo y una producción responsables; tomar medidas para frenar el cambio climático y mantener la paz.

Las estimaciones preliminares de la OIT indican que en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, unas 23 millones de personas transitaron hacia el teletrabajo en la región. Al igual que en otros lugares del mundo, esta modalidad surgió como un mecanismo para garantizar la continuidad de ciertas actividades económicas y, con ello, de la relación laboral.

Una nueva nota técnica de la OIT, dice que en los países de la región donde existen datos disponibles entre el 20 y 30 por ciento de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando lo hicieron desde sus domicilios durante la vigencia de las medidas de confinamiento. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3 por ciento.

El informe destaca que aunque es muy temprano para predecir el alcance efectivo del teletrabajo, será necesario que los países y las sociedades estén preparados para asumir que esta modalidad llegó para quedarse, ya sea como una solución conveniente para algunas personas y empresas, o a través de la proliferación de formas híbridas que combinen trabajo en el establecimiento con trabajo desde el hogar.

El informe destaca que tuvieron mucho menor acceso al teletrabajo “los trabajadores informales, cuentapropistas, jóvenes, de menores calificaciones y de bajos ingresos laborales, quienes experimentaron las mayores pérdidas de empleo y de horas trabajadas, especialmente en la primera mitad de 2020”.

Por otra parte, la especialista de OIT agregó que antes de esta crisis el teletrabajo era considerado como una alternativa para lograr mejor conciliación entre la vida familiar y la laboral, pero durante el cierre provocado por la pandemia la situación fue compleja pues además cerraron las escuelas y se incrementaron las demandas de cuidado.

La región ha reportado avances en materia de regulación del teletrabajo. Sin embargo, el aumento sin precedentes de esta modalidad de trabajo expuso una multiplicidad de desafíos que deben ser abordados”, dice el análisis de OIT. “Sin controles adecuados, el trabajo desde el domicilio podría derivar en relaciones laborales que no reconozcan la dependencia y, por lo tanto, en aumentos del trabajo independiente o en relaciones laborales encubiertas”.

Los temas de la seguridad social, del cumplimiento de las jornadas, de libertad de asociación, de acceso a la formación laboral, de salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otros, forman parte de los temas a considerar. La nota técnica destaca que para abordar estos temas es clave el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

“Resulta fundamental considerar las lecciones aprendidas durante la pandemia”, dice la nota técnica de la OIT, pero también indica que para futuros análisis sobre este tema “se requiere contar con estadísticas oficiales que brinden información adecuada, comparable y actualizada” sobre el teletrabajo en América Latina y el Caribe.

Fuente: OIT 06 de julio de 2021

La confianza del consumidor registró en junio su cuarto mes consecutivo de crecimiento, con lo cual se ubicó en un nivel que no se veía desde desde el 2019, revelaron los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo un crecimiento mensual de 1.5 puntos, con cifras desestacionalizadas, mientras que en su comparación anual avanzó 12.5 puntos. Así, se ubicó en 44.5 puntos.

Con ello el ICC regresa a niveles prepandemia y alcanza el mayor nivel desde septiembre del 2019, cuando se ubicó en 45.3 puntos.

Ante los contagios y las medidas de confinamiento que afectaron el empleo y los ingresos de los mexicanos, en mayo del año pasado la confianza de los mexicanos llegó a un nivel de 31.3 puntos, el menor registro en poco más de cuatro años.

El reporte que el Inegi elaboró de manera conjunta con el Banco de México (Banxico) también mostró que, en junio, todos los componentes del ICC tuvieron crecimiento, destacando aquellos que se refieren a las proyecciones de los hogares y la economía.

En el caso de la situación economía del país que se espera en 12 meses, el sentir de los mexicanos ante esta situación mejoró 15.7 puntos en comparación con el mismo mes del 2020, mientras que la situación esperada de los miembros del hogar avanzó 13.1 puntos.

En el caso de la situación actual en comparación con hace un año, el sentir sobre la de los miembros del hogar creció 11.3 puntos, mientras que la de la economía avanzó 10.7 puntos.

Fuente:EL ECONOMISTA 05 de julio de 2021

El 3 de julio, se celebrará el Día Internacional de las Cooperativas (#CoopsDay) con el tema «Reconstruir mejor juntos». Las cooperativas de todo el mundo mostrarán cómo están afrontando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 con solidaridad y resiliencia, ofreciendo a las comunidades una recuperación centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente.

En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las finanzas, la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios sociales y muchos otros ámbitos en los que se desarrollan las cooperativas, los más de mil millones de miembros cooperativos en todo el mundo siguen demostrando que nadie tiene por qué enfrentarse solo a una crisis como la pandemia actual.

Las cooperativas son reconocidas como asociaciones y empresas a través de las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera efectiva mientras contribuyen al avance económico, social, cultural y político de su comunidad y país. El movimiento cooperativo también ha sido reconocido como un actor principal en los asuntos nacionales e internacionales.

Las cooperativas también fomentan la igualdad externa. Como están basadas en la comunidad, están comprometidas con el desarrollo sostenible de sus comunidades, ambiental, social y económicamente. Este compromiso se puede ver en su apoyo a las actividades comunitarias, el suministro local de suministros para beneficiar a la economía local y en la toma de decisiones que considera el impacto en sus comunidades.

A pesar de su enfoque en la comunidad local, las cooperativas también aspiran a llevar los beneficios de su modelo económico y social a todas las personas en el mundo. La globalización debe regirse por un conjunto de valores como los del movimiento cooperativo; de lo contrario, la desigualdad y los excesos crearían sociedades insostenibles.

El movimiento cooperativista es muy democrático, localmente autónomo pero integrado internacionalmente y una forma de organización de asociaciones y empresas por la cual los ciudadanos cuentan con la autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar objetivos no solo económicos sino también sociales y ambientales, como la superación de la pobreza, la obtención de empleo productivo y el fomento de la integración social.

En su versión 2021, los resultados del CNIJF integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Trámites y servicios y ejercicio de funciones específicas; Transparencia; Control interno y anticorrupción; Administración de archivos y gestión documental; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas; Instituto Federal de Defensoría Pública; Impartición de justicia federal en materia penal.

En un nuevo informe del Banco Mundial se estima que el colapso de determinados servicios ecosistémicos proporcionados por la naturaleza —como la polinización silvestre, el suministro de alimentos provenientes de la pesca marina y la madera de los bosques nativos— podría resultar en una disminución del producto interno bruto (PIB) mundial de USD 2,7 billones anuales para 2030.

El documento titulado The Economic Case for Nature (Los argumentos económicos a favor de la naturaleza) subraya la fuerte dependencia de las economías respecto de la naturaleza, particularmente en los países de ingreso bajo. En el informe se pone de relieve que las regiones de África al sur del Sahara y Asia meridional sufrirían para 2030 la contracción relativa más marcada del PIB real debido al colapso de los servicios ecosistémicos: la reducción se ubicaría en el 9,7 % y el 6,5 % anual, respectivamente. Esto se debe a la dependencia de dichas regiones respecto de los cultivos polinizados y, en el caso del África al sur del Sahara, de los productos forestales, así como a la limitada capacidad de pasar a otras opciones de producción y consumo que se verían menos afectadas.

Las políticas inteligentes en relación con la naturaleza serán cruciales para implementar el marco mundial de biodiversidad posterior a 2020. La Conferencia de las Partes de Kunming también constituye una oportunidad para adoptar metas prácticas, como establecer la protección del 30 % de la tierra y el 30 % de los océanos para 2030 (conocida como la meta del “30×30”). En el informe se argumenta que los beneficios de los servicios ecosistémicos que se obtendrían al alcanzar la meta del 30×30 compensarían casi por completo los costos de oportunidad que generaría la protección de tierras adicionales establecida en esta meta.

Las inversiones en servicios ecosistémicos deben realizarse de manera tal que se aprovechen las sinergias con la mitigación y adaptación al cambio climático, ya que de este modo se refuerzan los argumentos en favor de la acción. Por ejemplo, cuando se implementan esquemas de pago por el carbono de los bosques, ya sea a nivel nacional o mundial, otras políticas nacionales, como la reforma de los subsidios agrícolas, se vuelven más eficaces para proteger la naturaleza al tiempo que se mejoran los beneficios económicos.

El Grupo Banco Mundial ha asumido el compromiso de apoyar operaciones centradas en la biodiversidad y que permiten invertir directamente en la conservación de especies y hábitats naturales y mejorar los medios de subsistencia a través de sectores que dependen del capital natural, como la silvicultura, la pesca y la agricultura. Durante el año pasado, la cartera del Banco Mundial incluyó 70 proyectos de biodiversidad en más de 40 países, con un compromiso neto estimado de USD 1180 millones.

A nivel mundial, el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento de tres por ciento desde 2017, según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La proporción de trabajadores jóvenes migrantes (16-24 años) también aumentó, de casi dos por ciento, o 3,2 millones, desde 2017. Su número ascendió a 16,8 millones en 2019.

El nuevo informe Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes – Resultados y metodología , muestra que en 2019, los trabajadores migrantes internacionales representaron alrededor del cinco por ciento de la fuerza de trabajo mundial, convirtiéndolos en una parte integral de la economía mundial.

Sin embargo, muchos trabajadores migrantes con frecuencia ocupan empleos temporales, informales o no protegidos, lo cual los expone a un riesgo mayor de inseguridad, despidos y el deterioro de las condiciones de trabajo. La crisis de COVID-19 ha agravado estas vulnerabilidades, sobre todo para las trabajadoras migrantes, ya que están sobrerrepresentadas en empleos mal remunerados y poco calificados, y tienen un acceso limitado a la protección social y menores oportunidades de acceso a los servicios de apoyo.

Más de dos terceras partes de los trabajadores migrantes internacionales se concentran en los países de altos ingresos. De los 169 millones de trabajadores migrantes internacionales, 63,8 millones (37,7 por ciento) viven en Europa y Asia Central. Otros 43,3 millones (25,6 por ciento) viven en las Américas. Por consiguiente, Europa, Asia Central y las Américas albergan, conjuntamente, 63,3 por ciento de todos los trabajadores migrantes.

La mayoría de los trabajadores migrantes – 99 millones – son hombres, mientras que 70 millones son mujeres.

En calidad de trabajadoras migrantes, las mujeres enfrentan más obstáculos socioeconómicos y tienen mayores probabilidades de migrar como miembros de la familia acompañantes por razones distintas a la de buscar trabajo. Ellas pueden experimentar discriminación de género en el empleo y es posible que no tengan contactos con personas afines, lo cual dificulta el equilibrio entre la vida profesional y familiar en un país extranjero.

El porcentaje de jóvenes entre los trabajadores migrantes internacionales ha aumentado, de 8,3 por ciento en 2017 a 10 por ciento en 2019. Este aumento probablemente está relacionado con las elevadas tasas de desempleo juvenil en los países en desarrollo. La gran mayoría de los trabajadores migrantes (86,5 por ciento) todavía está constituida por adultos jóvenes (25-64 años).

Según el informe – que se concentra en el período 2017-2019 – 66,2 por ciento de los trabajadores migrantes se encuentra en el sector de los servicios, 26,7 por ciento en la industria y 7,1 por ciento en la agricultura. Sin embargo, subsisten importantes diferencias de género entre un sector y otro: Las trabajadoras migrantes están mayormente representadas en los servicios, lo cual puede ser explicado en parte por la creciente demanda de cuidadores, como en el sector de la salud y del trabajo doméstico. Los trabajadores migrantes están más representados en la industria.

https://youtu.be/sJm9m7BXEzY

Fuente: OIT 30 de junio de 2021

A abril de 2021, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 8,284 MDD.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria, enero-abril 2021

Balanza Agropecuaria y Agroindustrial: superávit de 3,604 MDD.

Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son:

Balanza de bienes agrícolas

En el primer cuatrimestre de 2021, el superávit fue de 1,741 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 35.7% mayores a las importaciones. El saldo disminuyó 40.5% (1,185 MDD), en relación con 2020, debido a que las exportaciones crecieron en 140 MDD (2.2%), mientras que las importaciones se incrementaron en mayor medida 37.3% (1,325 MDD).

Balanza de bienes agroindustriales

A abril de 2021, se registra un superávit de 1,985 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 35.0% mayores a las importaciones. El saldo aumentó 10.8% (194 MDD), respecto de 2020, resultado del incremento de las exportaciones en 886 MDD, es decir, 13.1%, y de las importaciones en 692 MDD (13.9%).

Balanza de bienes pesqueros

En los primeros cuatro meses de 2021, se presenta un superávit de 31 millones de dólares, debido a que lo exportado es 11.9% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior crecieron en 13.3% (35 MDD), mientras que las compras en 38.0% (73 MDD), en relación con el mismo periodo de 2020.

Balanza de bienes ganaderos y apícolas:

En el primer cuatrimestre de 2021, el déficit fue de 153 MDD, no obstante es 18 millones de dólares menor que el saldo negativo reportado en similar periodo de 2020 (172 MDD). Si bien el comercio total disminuyó 28 millones 743 mil dólares (3.3%), al pasar de 881 millones dólares en 2020 a 852 millones de dólares en 2021. El déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 43.9% mayores que las exportaciones a abril de 2021, la disminución en el saldo es debido a que las compras al exterior disminuyeron en 23 MDD (4.4%) respecto de 2020,mientras que las ventas al mercado externo en 5 MDD (1.5%). Los productos más adquiridos en el mercado externo son: quesos y requesón con 187 MDD, huevos de ave con y sin cascarón 89 MDD, leche de bovino 47 MDD, mantequilla 33 MDD y ganado bovino en pie 25 MDD, estos productos representan 75.7% del total importado (503 MDD) en los cuatro primeros meses de 2021.

Fuente: SIAP 28 de junio de 2021

Las exportaciones de México sumaron 40,798.4 millones de dólares en mayo, lo que representó un crecimiento de 125.2% interanual, pero todavía una caída de 2.3% frente a mayo de 2019, en la pre-pandemia, informó el Inegi.

Considerando todo 2020, México tuvo en mayo el peor comportamiento en su comercio internacional, afectado por las medidas contra la pandemia de Covid-19, tanto las relacionadas con las restricciones de contacto personal de los consumidores como con el cierre de plantas productivas, incluidas las del sector automotriz.

Con series ajustadas por estacionalidad, en mayo de 2021 las exportaciones totales de mercancías reportaron un incremento mensual de 1.20%, el cual fue resultado de la combinación de un aumento de 1.31% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 0.72% en las petroleras.

Las importaciones del país fueron de 40,458.7 millones de dólares, un crecimiento de 87.5% interanual, lo que arrojó un superávit de 339.7 millones.

En sus dos grandes divisiones, las ventas externas petroleras escalaron 137.9%, a 2,272 millones de dólares, y las no petroleras avanzaron 124.5%, para llegar a 38,526.4 millones.

Al interior de las no petroleras, el mayor dinamismo estuvo en las manufactureras, las cuales presentaron un incremento interanual de 136.3 millones de dólares, al totalizar 36,031.4 millones de dólares.

A mayor detalle, las importaciones automotrices se incrementaron 859.5%, a 12,539.5 millones de dólares; mientras que la no automotrices subieron 68.5%, a 23,491.9 millones, a tasas anuales.

Además de las ventas automotrices, los crecimientos más importantes en el sector de las manufacturas se observaron en las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (101.3%), de equipo profesional y científico (62.8%) y de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (60.1 por ciento).

Por su parte, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el quinto mes del año en curso fue de 1,780 millones de dólares, monto que implicó un aumento anual de 17.5 por ciento.

En el periodo enero-mayo de 2021, el valor de las exportaciones totales sumó 193,435 millones de dólares, lo que representó un alza anual de 29.3 por ciento. Dicha tasa fue reflejo de avances de 28.3% en las exportaciones no petroleras y de 49% en las petroleras.

Fuente:EL ECONOMISTA 28 de junio de 2021

El empleo femenino ha empujado el avance de la recuperación del mercado laboral en lo que va del año. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el total de plazas creadas en mayo fue para mujeres, en gran parte por su incorporación al trabajo en el sector servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que 546,428 mujeres se sumaron al mercado laboral en el quinto mes del año, lo que compensó la salida de 490,125 hombres y llevó el balance de creación de empleo reportado para mayo a 56,303 plazas.

En los últimos tres meses del año la ocupación femenina ha mostrado mejor ritmo de avance que el del empleo masculino. De esta manera, el 63% de los casi 2 millones de trabajos recuperados en lo que va del 2021 corresponde a plazas ocupadas por mujeres.

La fuerza laboral femenina fue la más afectada por el impacto económico de la pandemia. La salida del mercado de trabajo llevó la tasa de participación económica de las mujeres a su nivel más bajo en 15 años, desde que se mide la ENOE, reduciéndose a 40.71% como promedio el año pasado, proporción menor en casi 2 puntos a lo observado durante la crisis financiera global de 2009.

Previo a la pandemia, México registró sus mejores números en participación laboral de mujeres. En noviembre del 2019 se reportó el mejor mes para la intervención de la fuerza laboral femenina en la economía, con una tasa de 45.50 por ciento. Ese mismo año, el promedio de los cuatro trimestres fue de 44.72%, el más alto en la historia.

Sin embargo, llegó la crisis sanitaria y ésta puso un freno al avance que de por sí era lento. En abril de 2020 se presentó la mayor pérdida de empleo en el país con la salida de 12.5 millones de personas del mercado laboral y el desempleo castigó en buena medida a las mujeres debido a que se encuentran en actividades y sectores considerados como no esenciales. Ese mismo mes se posicionó como el más bajo en la participación económica de mujeres, con una tasa de 34.97 por ciento.

El impacto de la covid-19 para las mujeres ha sido un fenómeno global. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó en su informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2021 que en 2020 la contracción del empleo femenino fue del 5% frente al 3.9% del empleo masculino. Además, el 90% de las mujeres que perdió su empleo no sólo quedó sin trabajo sino que salió de la población económicamente activa.

Fuente:EL ECONOMISTA 28 de junio de 2021

La OIT y ONU Mujeres exhortaron a los países de América Latina y el Caribe a avanzar hacia la ratificación del Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso que entró en vigor, esencial para construir un futuro del trabajo más digno, seguro y saludable.

“La violencia y el acoso son inaceptables en cualquier lugar y en cualquier momento, pero ahora debemos estar más alertas que nunca, pues el riesgo de violencia mayor en tiempos de crisis: el brote del COVID-19 ha sido un triste recordatorio de que eso puede suceder. La frustración, la presión económica, el estrés pueden ser detonadores de violencia, con más riesgos para las mujeres trabajadoras. Además de una ser una grave violación de derechos, la violencia tiene impactos negativos sobre el empleo, condiciones de trabajo y productividad”.

“Una de las primeras cosas que desapareció a consecuencia de la pandemia fue el empleo femenino, por el impacto que tuvo en áreas que suelen emplear principalmente mujeres, como el comercio, la hostelería y los servicios. Las que mantuvieron el empleo expuestas a violencias laborales que suelen ser invisibilizadas, por ejemplo, en el trabajo doméstico; el personal sanitario -en su mayoría mujeres- expuesto a ataques violentos y al acoso en el trabajo y en medios de transporte. El Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia domestica afecta la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, su productividad, su acceso al empleo y su salud. En nuestra visión de ‘reconstruir mejor’, contar con el trabajo de las mujeres es fundamental: la definición amplia y abarcadora de este Convenio debería ser un compromiso para que los países se aboquen a resolver esta injusticia y coloquen a las mujeres en el centro de sus medidas de recuperación post-COVID”.

El Convenio 190 introduce una serie de importantes innovaciones. Por primera vez se aclara lo que debe entenderse por ‘violencia y acoso en el mundo del trabajo’ y se precisan las medidas que deben tomarse para prevenirla y abordarla, y quién debe hacerlo.

Su alcance es amplio: aplica a todas las personas en el mundo laboral, el entorno, y también a todos los demás trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación contractual, así como a aprendices, quienes hacen trabajo voluntario o buscan un empleo, entre otros. También las personas que ejercen la autoridad, las funciones y las responsabilidades del empleador, caen bajo la tutela del Convenio.

Asimismo, el Convenio es aplicable a todos los sectores de la economía, incluyendo el sector público y el privado y la economía informal, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Los países que han ratificado se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión.

Las mujeres trabajadoras latinoamericanas lideran el movimiento para la ratificación en sus países, reconociendo la importancia de generar entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr la equidad en el trabajo.

Los países cuentan con un año después de la ratificación para su entrada en vigor a nivel nacional. Esto les permite abrir un diálogo tripartito donde el Estado, los empleadores y trabajadores pueden examinar la legislación y la practica nacional y trazar una hoja de ruta para llevar a cabo los cambios normativos, identificar los retos de aplicación y, sobre todo, fomentar los cambios culturales para un entorno de “tolerancia cero” a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

Los Convenios son parte esencial de las normas internacionales del trabajo, instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores), con objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de reglamentar otros ámbitos del mundo laboral.

Fuente: OIT 25 de junio de 2021

En medio del proceso de reactivación pospandemia en México, la economía nacional presentó un ligero retroceso de 0.2% durante abril del 2021 respecto del nivel registrado el mes previo.

Por otro lado, en el análisis interanual, el Índice General de Actividad Económica (IGAE) registró un rebote de 21.4% en comparación con abril del año pasado.

De acuerdo con las cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), las actividades primarias son las que registraron la pérdida de dinamismo más significativa durante este cuarto mes del 2021.

Al interior del IGAE y siguiendo su análisis mensual, el componente de la agricultura, ganadería y explotación forestal registró una caída de 2.9%, presionando significativamente el nivel general de la actividad económica.

Por su parte, durante abril del 2021, las actividades secundarias como la industria manufacturera, construcción, energética y la minería también retrocedieron con un nivel 0.2% menor al del mes previo.

El único rubro que mostró resultados positivos en la comparación mensual fueron las actividades terciarias; el comercio y los servicios lograron un avance de 0.3% en medio de la reapertura de actividades que estuvieron en pausa prácticamente todo el año pasado.

En términos generales, la tendencia que sigue el nivel de actividad económica en México es de recuperación; durante los primeros meses de este proceso los rebotes tenían mayor fuerza y con el paso del tiempo la recuperación se ha tornado más moderada y paulatina.

Aún con un ritmo modesto, con el proceso de reactivación y el programa nacional de vacunación, las instituciones nacionales e internacionales continúan revisando sus proyecciones de crecimiento para México al alza; esperan que el PIB nacional repunte entre 5 y 6% este 2021, a modo de rebote, después de la histórica crisis que generó la emergencia sanitaria en el 2020.

Fuente:EL ECONOMISTA 25 de junio de 2021

La pandemia de COVID-19 ha aumentado enormemente la brecha entre riqueza y pobreza extremas, al igual que la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe, asegura el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, divulgado este martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio destaca que la región se encuentra empantanada en una trampa que no le permite avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según los datos del PNUD, los progresos conseguidos en las últimas décadas son más desiguales en los países latinoamericanos y caribeños que en las otras regiones del mundo comparables con sus niveles de desarrollo, además de que sus indicadores sociales están por debajo de lo que deberían tomando en cuenta que se trata de una región de renta media.

Con respecto a la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados, el texto señala que la influencia política de estos individuos o grupos hacen mal uso del poder que detentan, distorsionando así las políticas públicas y debilitando las instituciones.

El informe recuerda que la región es la más violenta del mundo y destaca la violencia y la desigualdad forman un ciclo cerrado en el que la violencia es causa y consecuencia de la desigualdad y viceversa. La desigualdad provoca mayor violencia, pero la violencia aumenta la desigualdad porque afecta y priva desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, detalla.

Además, la violencia limita el crecimiento al golpear el capital humano, la productividad y la inversión pública y privada, mientras obliga a aumentar el presupuesto para la seguridad.

En cuanto a los sistemas de protección social, el PNUD los considera frágiles y destaca la capacidad limitada de respuesta que tuvieron durante la pandemia. Los gobiernos han creado sistemas paralelos de menor calidad para cubrir a las personas que quedan excluidas, “que en la región son la mayoría”, indica.

Los mercados de trabajo de las naciones latinoamericanas y caribeñas están segmentados y tienen sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Ante esta realidad, el informe sugiere repensar la protección social para asegurar la cobertura universal.

De acuerdo con el Programa de la ONU para el Desarrollo, para salir de la trampa que frena el avance de los países de la región se deben buscar soluciones que impulsen un crecimiento ambientalmente sostenible y que propicien la inclusión y la movilidad social.

Dichas soluciones -abunda el documento-, deben tener el objetivo de erradicar la violencia en todas sus formas y rediseñar la operación institucional como base del contrato social que debe garantizar, entre otras cosas, oportunidades en el mercado laboral y protección social.

El estudio argumenta que la crisis asociada con el COVID-19 es muy diferente de la crisis de la deuda de la década de 1980. La primera es un hecho realmente exógeno causado por un virus; la segunda fue en gran medida endógena, causada por una mala gestión macroeconómica.

Sin embargo, hay una dimensión en la que la crisis actual que podría ser muy similar a la de la década de 1980: puede ir seguida de cambios sustanciales en la protección social y la tributación, conforme los países luchan por contener los daños sociales, restablecer el equilibrio fiscal y reanudar el crecimiento económico.

El informe aclara, no obstante, que el restablecimiento del equilibrio fiscal debe tener en cuenta muchos factores ya que con el actual sistema de protección social, aumentar los impuestos para financiar más gasto social no daría lugar a una prosperidad compartida y sostenible. En cambio, si los países contaran con un sistema de protección universal la región sería más equitativa y podría crecer más rápidamente.

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia América Latina se desplomaron un 45% en 2020 a 88.000 millones de dólares, según el Informe sobre inversiones en el mundo 2021 de la UNCTAD.

La caída de la IED fue severa en todos los ámbitos, pero hubo diferencias notables entre los sectores. Los flujos de entrada en las industrias de hidrocarburos, manufactura y viajes y esparcimiento se contrajeron severamente, mientras que los flujos en los exportadores de minerales y metales se vieron sustentados en parte por una recuperación de los términos de intercambio de las materias primas durante la segunda mitad del año.

La IED en América del Sur se redujo a más de la mitad a 52.000 millones de dólares, y los flujos a Brasil y Perú alcanzaron su nivel más bajo en dos décadas.

En Centroamérica, las entradas de IED disminuyeron un 24% a $ 33 mil millones, en parte reforzadas por las ganancias reinvertidas en México, donde cayeron solo un 15% a $ 29 mil millones.

La inversión en el exterior de las empresas multinacionales latinoamericanas se volvió negativa en – $ 3,5 mil millones, debido a las salidas negativas de Brasil y las menores inversiones de México y Colombia.

Se espera que los flujos de inversión hacia y desde la región se mantengan en un nivel bajo en 2021 y lo más probable es que no recuperen su nivel anterior a la crisis antes de 2023.

La recuperación de las entradas variará entre países e industrias, y los inversores extranjeros se fijarán en la energía limpia y los minerales críticos para eso, impulsados ​​por un impulso mundial hacia una recuperación sostenible. Otras industrias que muestran signos de recuperación incluyen la información y las comunicaciones, la electrónica y la fabricación de dispositivos médicos.

Sin embargo, las proyecciones de crecimiento más bajas de la región en comparación con otras regiones en desarrollo, y la inestabilidad política y social en algunos países, ponen un riesgo a la baja en las posibles entradas de IED.

Se espera que los flujos globales de inversión extranjera directa (IED) toquen fondo en 2021 y recuperen algo de terreno perdido con un aumento del 10% al 15%, según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2021 de la UNCTAD.

Los flujos de IED se desplomaron a nivel mundial en un 35% en 2020, a $ 1 billón desde $ 1,5 billones el año anterior, dice el informe. Los bloqueos causados ​​por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo ralentizaron los proyectos de inversión existentes, y las perspectivas de una recesión llevaron a las empresas multinacionales (EMN) a reevaluar nuevos proyectos.

La caída estuvo fuertemente sesgada hacia las economías desarrolladas, donde la IED cayó un 58%, en parte debido a la reestructuración empresarial y los flujos financieros intraempresariales.

La IED en las economías en desarrollo fue relativamente resistente, disminuyendo un 8%, principalmente debido a los fuertes flujos en Asia. Como resultado, las economías en desarrollo representaron dos tercios de la IED mundial, frente a poco menos de la mitad en 2019.

Las tendencias de la IED en 2020 variaron significativamente según la región. En las regiones en desarrollo y las economías en transición, se vieron relativamente más afectados por el impacto de la pandemia en la inversión en actividades basadas en recursos e intensivas en cadenas de valor mundiales. Las asimetrías en el espacio fiscal para el despliegue de medidas de apoyo económico también generaron diferencias regionales.

Los flujos de IED hacia Europa disminuyeron en un 80%, mientras que los de América del Norte cayeron de manera menos pronunciada (-40%). La caída de los flujos de IED en las regiones en desarrollo fue desigual, con un 45% en América Latina y el Caribe y un 16% en África.

De cara al futuro, se espera que los flujos mundiales de IED toquen fondo en 2021 y recuperen algo de terreno perdido con un aumento del 10% al 15% (Figura 2). “Esto aún dejaría a la IED un 25% por debajo del nivel de 2019. Los pronósticos actuales muestran un aumento adicional en 2022 que, en el límite superior de las proyecciones, devolverá la IED al nivel de 2019.

La recuperación de la IED será desigual. Se espera que las economías desarrolladas impulsen el crecimiento mundial de la IED, tanto por la fuerte actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) transfronterizas como por el apoyo a la inversión pública a gran escala.

Las entradas de IED en Asia seguirán siendo resistentes, ya que la región se ha destacado como un destino atractivo para la inversión internacional durante la pandemia. Es poco probable que se produzca una recuperación sustancial de la IED en África y América Latina y el Caribe a corto plazo.

El 18 de junio es instaurado por la Organización de las Naciones Unidas como Día de la Gastronomía Sostenible. Este día celebra y reconoce la gastronomía como una expresión cultural de la diversidad natural y cultural del mundo.

Este día promueve el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria, la nutrición, la producción sostenible de alimentos y la conservación de la biodiversidad.

Es a través de la Estrategia de Acompañamiento Técnico del Programa Producción para el Bienestar, que se está aportando al tema de Gastronomía sostenible, ya que ésta contribuye al cuidado del medio ambiente, al impulsar prácticas sustentables y agroecológicas entre beneficiarios de apoyos directos del programa, así como entre productores que no reciben tales apoyos pero que demuestran su interés por participar en la EAT y ser parte de la transición agroecológica.

México cuenta con el sistema Milpa el cual es un gran ejemplo de gastronía sostenible porque se produce más de un producto en una misma superficie.

La gastronomía sostenible, conmemora a los ingredientes y productos de temporada y contribuye a la preservación de la vida silvestre y nuestras tradiciones culinarias.

La pandemia de COVID-19 impacta mayoritariamente a los trabajadores poco calificados y también exacerba la de por sí elevada desigualdad de la región, de acuerdo a El Empleo en Crisis: Un Camino Hacia Mejores Puestos de Trabajo en la América Latina Pos-COVID-19. Luego de una crisis, los trabajadores poco calificados a menudo tienen menores ingresos a lo largo de una década, mientras que los muy calificados experimentan una pronta recuperación.

Como resultado, las políticas públicas deben enfocarse en proteger a los trabajadores de este fuerte impacto a largo plazo mediante el uso de seguros de desempleo, redes de seguridad social y programas de reconversión, además de facilitar la creación de empleo y ayudar a los trabajadores a estar donde están los empleos. Todo esto puede favorecerse a través de una mayor competencia, más flexibilidad para gestionar los recursos humanos y una reducción de los subsidios. A través de políticas comerciales y de adquisiciones públicas, los gobiernos pueden mejorar el entorno para que las empresas competitivas prosperen. Asimismo, la inversión pública focalizada en el transporte puede acercar los trabajadores a los puestos de trabajo, mientras que las viviendas asequibles pueden ayudarlos a residir allí donde los empleos se encuentran.

Como muestran algunos de los shocks más grandes que tuvieron lugar en la región en las últimas décadas, las consecuencias de las crisis en América Latina y el Caribe son duraderas y dejan huellas profundas en el empleo. Por ejemplo, los datos de empleo antes y después de la crisis de deuda brasileña, los efectos de la crisis financiera asiática en Chile y el impacto de la crisis mundial de 2008-2009 en México muestran que las recuperaciones rápidas no se materializaron. En los tres casos la curva de empleo experimentó una desviación muy negativa a causa de estas crisis, algo que, lejos de revertirse, se profundizó con el correr del tiempo.

En promedio, luego de tres años una recesión genera una pérdida neta de 1,5 millones de puestos de trabajo, con una contracción de 3% en el empleo formal y una expansión del empleo informal. La crisis actual podría ser incluso peor y provocar una contracción en el empleo formal de hasta 4%.

El primer paso clave es avanzar hacia un contexto macroeconómico sólido y prudente, con estabilizadores automáticos que protejan a los mercados laborales frente a cualquier crisis potencial. Una política fiscal y monetaria sana puede preservar la estabilidad macroeconómica y evitar las presiones financieras sistémicas de cara a un shock. Las reformas fiscales, incluidos un marco tributario menos distorsionado, gasto público más eficiente, sistemas previsionales financieramente sostenibles y normas fiscales claras, son la primera línea de defensa ante las crisis.

Es imperativo incrementar la capacidad de las políticas laborales y de protección social de la región, combinándolas con sistemas que brinden ayuda financiera y preparen a los trabajadores para los nuevos trabajos a través de ayuda para la reconversión y la recolocación laboral. Una reacción rápida tras la pandemia por parte de los gobiernos, en el sentido de ampliar los programas laborales y de protección social, puede servir para avanzar en la elaboración de registros sociales de mayor calidad y más integrados. Esto es viable en el corto plazo y puede marcar la diferencia en cuanto al alcance de estos programas.

De todas formas, no es suficiente contar con estabilizadores macroeconómicos más fuertes y reformas en los sistemas laborales y de protección social. También se debe impulsar la recuperación del mercado laboral a través de una fuerte creación de empleo. Esto requiere solucionar problemas estructurales. La política de competencia, la política regional y las normas laborales son áreas clave. Si los países no tratan de resolver estos temas fundamentales, la recuperación seguirá caracterizándose por una escasa creación de empleo.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el Grupo Banco Mundial ha comprometido más de USD 125.000 millones para combatir los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, la respuesta más rápida y de mayor envergadura de su historia ante una crisis. El financiamiento está ayudando a más de 100 países a fortalecer la preparación ante casos de la pandemia, proteger a los pobres y resguardar los empleos, y poner en marcha sin demora una recuperación respetuosa del clima. El Banco también está proporcionando USD 12 000 millones para ayudar a los países de ingreso bajo y mediano a adquirir y distribuir vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID-19.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima una variación positiva del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 24.8% en mayo de 2021 respecto al mismo mes del año anterior. Las series consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza al 95 por ciento. Considerando los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que para las actividades secundarias se calcula un incremento anual de 36.4% en mayo pasado, mientras que para el sector terciario el avance anual fue de 19.8 por ciento.