A más de un año del desarrollo de la pandemia, se ha observado que la atención reactiva y emergente puede mejorar sus alcances a partir de una integralidad de acciones, necesarios para reducir las brechas existentes. Finalmente, también sigue siendo necesaria una reforma fiscal progresiva, con el fin de contar con los recursos suficientes para financiar intervenciones que aseguren la recuperación de la economía mexicana ante la actual crisis sanitaria.

Fuente: CONEVAL 12 de julio de 2021

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha encontrado una paradoja en la recuperación económica en los 33 países que conforman la región debido a la heterogeneidad e incertidumbre económica derivada de la pandemia de Covid-19.

“En el 2020 la región cayó 6.8 por ciento. En el 2021 hay esta recuperación relativa de 5.2%, muy buena noticia, pero en el 2022 volvemos a trayectorias bajas de crecimiento y ¿por qué? porque al final del 2022, 19 de 33 países, no habrán recuperado el PIB del 2019, ese es el problema”.

Ante ello, la comisión hace un llamado a reactivar la inversión en la región con cambios estructurales porque sino los países latinoamericanos seguirán atrapados en las “trampas de los países de medianos ingresos”. Estas trampas que refiere Bárcena son la carente fiscalización, la baja productividad o la falta de innovación tecnológica.

En este sentido, la Cepal estimó que México crecerá este año 5.8% y para el año siguiente 3.2 por ciento. Además, prevé que el país pueda regresar a niveles prepandemia en lo que se refiere a la población en situación de pobreza.

“Hay una generación importante de empleo y también hay una recuperación gradual, a partir del tercer trimestre del 2020. México crecería un 5.8% en el 2021 y un 3.2% en el 2022. Algo que sin duda es muy importante, la reactivación de Estados Unidos y sus inversiones. Es una gran noticia, México es uno de los países que puede tener mayores beneficios en cuanto a esta reactivación (…) para México las noticias son alentadoras”.

Fuente:EL ECONOMISTA 08 de julio de 2021

Las estimaciones preliminares de la OIT indican que en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, unas 23 millones de personas transitaron hacia el teletrabajo en la región. Al igual que en otros lugares del mundo, esta modalidad surgió como un mecanismo para garantizar la continuidad de ciertas actividades económicas y, con ello, de la relación laboral.

Una nueva nota técnica de la OIT, dice que en los países de la región donde existen datos disponibles entre el 20 y 30 por ciento de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando lo hicieron desde sus domicilios durante la vigencia de las medidas de confinamiento. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3 por ciento.

El informe destaca que aunque es muy temprano para predecir el alcance efectivo del teletrabajo, será necesario que los países y las sociedades estén preparados para asumir que esta modalidad llegó para quedarse, ya sea como una solución conveniente para algunas personas y empresas, o a través de la proliferación de formas híbridas que combinen trabajo en el establecimiento con trabajo desde el hogar.

El informe destaca que tuvieron mucho menor acceso al teletrabajo “los trabajadores informales, cuentapropistas, jóvenes, de menores calificaciones y de bajos ingresos laborales, quienes experimentaron las mayores pérdidas de empleo y de horas trabajadas, especialmente en la primera mitad de 2020”.

Por otra parte, la especialista de OIT agregó que antes de esta crisis el teletrabajo era considerado como una alternativa para lograr mejor conciliación entre la vida familiar y la laboral, pero durante el cierre provocado por la pandemia la situación fue compleja pues además cerraron las escuelas y se incrementaron las demandas de cuidado.

La región ha reportado avances en materia de regulación del teletrabajo. Sin embargo, el aumento sin precedentes de esta modalidad de trabajo expuso una multiplicidad de desafíos que deben ser abordados”, dice el análisis de OIT. “Sin controles adecuados, el trabajo desde el domicilio podría derivar en relaciones laborales que no reconozcan la dependencia y, por lo tanto, en aumentos del trabajo independiente o en relaciones laborales encubiertas”.

Los temas de la seguridad social, del cumplimiento de las jornadas, de libertad de asociación, de acceso a la formación laboral, de salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otros, forman parte de los temas a considerar. La nota técnica destaca que para abordar estos temas es clave el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

“Resulta fundamental considerar las lecciones aprendidas durante la pandemia”, dice la nota técnica de la OIT, pero también indica que para futuros análisis sobre este tema “se requiere contar con estadísticas oficiales que brinden información adecuada, comparable y actualizada” sobre el teletrabajo en América Latina y el Caribe.

Fuente: OIT 06 de julio de 2021

El teletrabajo irrumpió en los mercados laborales de América Latina y el Caribe como una manera de enfrentar las consecuencias de la pandemia COVID-19, permitiendo la continuidad de actividades en algunos sectores en el contexto de una caída devastadora de la actividad económica, con pérdida de empleo, caída de los ingresos y cierre de empresas.

Las estimaciones preliminares de la Organización Internacional del Trabajo indican que, en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, unos 23 millones de personas teletrabajaron en la región.

Esto representa entre el 20 y 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3%.

El informe destaca que, aunque es muy temprano para predecir el alcance efectivo del teletrabajo, será necesario que los países y las sociedades estén preparados para asumir que esta modalidad llegó para quedarse, ya sea como una solución conveniente para algunas personas y empresas, o a través de la proliferación de formas híbridas que combinen trabajo presencial con trabajo desde el hogar.

El análisis de la agencia de la ONU señala que si bien ya antes de la pandemia existía el trabajo desde el domicilio, este abarcaba principalmente a trabajadores por cuenta propia, o en situaciones especiales se combinaba con trabajo en el establecimiento, “pero en el contexto de cuarentena pasó, en mucho casos, a ser la modalidad exclusiva de trabajo”.

Aunque en los últimos tiempos la región ha reportado avances en materia de regulación del teletrabajo, el aumento sin precedentes de esta modalidad expuso una multiplicidad de desafíos que deben ser abordados.

El informe destaca algunos para enfrentar esos desafíos del teletrabajo:

Los temas de la seguridad social, del cumplimiento de las jornadas, de libertad de asociación, de acceso a la formación laboral, de salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otros, forman parte de los temas a considerar.

El informe destaca que para abordar estos temas es clave el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

“Resulta fundamental considerar las lecciones aprendidas durante la pandemia”, dice la OIT, pero también indica que para futuros análisis sobre este tema “se requiere contar con estadísticas oficiales que brinden información adecuada, comparable y actualizada” sobre el teletrabajo en América Latina y el Caribe.

La confianza del consumidor registró en junio su cuarto mes consecutivo de crecimiento, con lo cual se ubicó en un nivel que no se veía desde desde el 2019, revelaron los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo un crecimiento mensual de 1.5 puntos, con cifras desestacionalizadas, mientras que en su comparación anual avanzó 12.5 puntos. Así, se ubicó en 44.5 puntos.

Con ello el ICC regresa a niveles prepandemia y alcanza el mayor nivel desde septiembre del 2019, cuando se ubicó en 45.3 puntos.

Ante los contagios y las medidas de confinamiento que afectaron el empleo y los ingresos de los mexicanos, en mayo del año pasado la confianza de los mexicanos llegó a un nivel de 31.3 puntos, el menor registro en poco más de cuatro años.

El reporte que el Inegi elaboró de manera conjunta con el Banco de México (Banxico) también mostró que, en junio, todos los componentes del ICC tuvieron crecimiento, destacando aquellos que se refieren a las proyecciones de los hogares y la economía.

En el caso de la situación economía del país que se espera en 12 meses, el sentir de los mexicanos ante esta situación mejoró 15.7 puntos en comparación con el mismo mes del 2020, mientras que la situación esperada de los miembros del hogar avanzó 13.1 puntos.

En el caso de la situación actual en comparación con hace un año, el sentir sobre la de los miembros del hogar creció 11.3 puntos, mientras que la de la economía avanzó 10.7 puntos.

Fuente:EL ECONOMISTA 05 de julio de 2021

El 3 de julio, se celebrará el Día Internacional de las Cooperativas (#CoopsDay) con el tema «Reconstruir mejor juntos». Las cooperativas de todo el mundo mostrarán cómo están afrontando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 con solidaridad y resiliencia, ofreciendo a las comunidades una recuperación centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente.

En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las finanzas, la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios sociales y muchos otros ámbitos en los que se desarrollan las cooperativas, los más de mil millones de miembros cooperativos en todo el mundo siguen demostrando que nadie tiene por qué enfrentarse solo a una crisis como la pandemia actual.

Las cooperativas son reconocidas como asociaciones y empresas a través de las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera efectiva mientras contribuyen al avance económico, social, cultural y político de su comunidad y país. El movimiento cooperativo también ha sido reconocido como un actor principal en los asuntos nacionales e internacionales.

Las cooperativas también fomentan la igualdad externa. Como están basadas en la comunidad, están comprometidas con el desarrollo sostenible de sus comunidades, ambiental, social y económicamente. Este compromiso se puede ver en su apoyo a las actividades comunitarias, el suministro local de suministros para beneficiar a la economía local y en la toma de decisiones que considera el impacto en sus comunidades.

A pesar de su enfoque en la comunidad local, las cooperativas también aspiran a llevar los beneficios de su modelo económico y social a todas las personas en el mundo. La globalización debe regirse por un conjunto de valores como los del movimiento cooperativo; de lo contrario, la desigualdad y los excesos crearían sociedades insostenibles.

El movimiento cooperativista es muy democrático, localmente autónomo pero integrado internacionalmente y una forma de organización de asociaciones y empresas por la cual los ciudadanos cuentan con la autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar objetivos no solo económicos sino también sociales y ambientales, como la superación de la pobreza, la obtención de empleo productivo y el fomento de la integración social.

En su versión 2021, los resultados del CNIJF integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Trámites y servicios y ejercicio de funciones específicas; Transparencia; Control interno y anticorrupción; Administración de archivos y gestión documental; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas; Instituto Federal de Defensoría Pública; Impartición de justicia federal en materia penal.

A nivel mundial, el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento de tres por ciento desde 2017, según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La proporción de trabajadores jóvenes migrantes (16-24 años) también aumentó, de casi dos por ciento, o 3,2 millones, desde 2017. Su número ascendió a 16,8 millones en 2019.

El nuevo informe Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes – Resultados y metodología , muestra que en 2019, los trabajadores migrantes internacionales representaron alrededor del cinco por ciento de la fuerza de trabajo mundial, convirtiéndolos en una parte integral de la economía mundial.

Sin embargo, muchos trabajadores migrantes con frecuencia ocupan empleos temporales, informales o no protegidos, lo cual los expone a un riesgo mayor de inseguridad, despidos y el deterioro de las condiciones de trabajo. La crisis de COVID-19 ha agravado estas vulnerabilidades, sobre todo para las trabajadoras migrantes, ya que están sobrerrepresentadas en empleos mal remunerados y poco calificados, y tienen un acceso limitado a la protección social y menores oportunidades de acceso a los servicios de apoyo.

Más de dos terceras partes de los trabajadores migrantes internacionales se concentran en los países de altos ingresos. De los 169 millones de trabajadores migrantes internacionales, 63,8 millones (37,7 por ciento) viven en Europa y Asia Central. Otros 43,3 millones (25,6 por ciento) viven en las Américas. Por consiguiente, Europa, Asia Central y las Américas albergan, conjuntamente, 63,3 por ciento de todos los trabajadores migrantes.

La mayoría de los trabajadores migrantes – 99 millones – son hombres, mientras que 70 millones son mujeres.

En calidad de trabajadoras migrantes, las mujeres enfrentan más obstáculos socioeconómicos y tienen mayores probabilidades de migrar como miembros de la familia acompañantes por razones distintas a la de buscar trabajo. Ellas pueden experimentar discriminación de género en el empleo y es posible que no tengan contactos con personas afines, lo cual dificulta el equilibrio entre la vida profesional y familiar en un país extranjero.

El porcentaje de jóvenes entre los trabajadores migrantes internacionales ha aumentado, de 8,3 por ciento en 2017 a 10 por ciento en 2019. Este aumento probablemente está relacionado con las elevadas tasas de desempleo juvenil en los países en desarrollo. La gran mayoría de los trabajadores migrantes (86,5 por ciento) todavía está constituida por adultos jóvenes (25-64 años).

Según el informe – que se concentra en el período 2017-2019 – 66,2 por ciento de los trabajadores migrantes se encuentra en el sector de los servicios, 26,7 por ciento en la industria y 7,1 por ciento en la agricultura. Sin embargo, subsisten importantes diferencias de género entre un sector y otro: Las trabajadoras migrantes están mayormente representadas en los servicios, lo cual puede ser explicado en parte por la creciente demanda de cuidadores, como en el sector de la salud y del trabajo doméstico. Los trabajadores migrantes están más representados en la industria.

https://youtu.be/sJm9m7BXEzY

Fuente: OIT 30 de junio de 2021

Para las estadísticas de 2020 se contó con la información de 196 Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 14 Centros de Conciliación Laboral Locales y 22 Tribunales Laborales Locales.

Convenios de Trabajo Prejudiciales

En 2020 se realizaron 361 592 convenios de trabajo prejudiciales, registrando con ello una disminución de 39.4% respecto a 2019. Del periodo de levantamiento de información, nueve meses coincidieron con la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19, y de ellos, en tres meses la mayoría de las Juntas de Conciliación y Arbitraje permanecieron cerradas aunado a que para la reapertura operaron con restricciones de atención (programaban un número de citas por día acorde con las disposiciones de la autoridad sanitaria).

La terminación de contrato (48.5%) y el retiro voluntario (40.2%) se mantienen como los tipos de arreglo más frecuentes en los convenios de trabajo prejudiciales. Las entidades federativas con el mayor número de casos fueron Sonora (14.8%), Jalisco (14.2%), Coahuila de Zaragoza (10.0%), Guanajuato (7.2%), Yucatán (5.0 %) y Tamaulipas (4.3%).

Conflictos de Trabajo

Durante 2020 se presentaron 189 543 conflictos de trabajo a nivel nacional. De ellos, 99.8% (189 190) fueron individuales y 0.2% (353) fueron colectivos.

El 88.0% de los conflictos individuales de trabajo tuvo como motivo la demanda por despido injustificado.

Respecto a los conflictos colectivos, 88.7% tuvo como motivo de la demanda, la disputa por la titularidad del contrato colectivo y 4.8% fueron por demandar nuevas condiciones de trabajo.

En 2020 se solucionaron 71 962 conflictos de trabajo. De ellos, los individuales representaron 96.2% (69 225) y 3.8% (2737) correspondió a los colectivos. El 42.7% de los conflictos de trabajo individuales se solucionó por convenio, 28.1% por desistimiento y 11.6% por laudo o resolución, mientras que 45.3% de los conflictos trabajo colectivos se solucionó por convenio, 23.3% por desistimiento,12.5% por caducidad y 3.1% por laudo o resolución.

Emplazamientos a Huelga

Los emplazamientos a huelga registraron un decrecimiento de 46.1% con respecto a 2019, al pasar de 27 008 casos a 14 561, considerando el periodo de la pandemia por la COVID-19 y las condiciones de operación de las fuentes informantes previamente referidas. Jalisco y México se mantienen a nivel nacional como las entidades federativas con el mayor número de emplazamientos a huelga registrados, alcanzando en conjunto 51.1% del total nacional.

El 71.8% de los emplazamientos a huelga tuvo como origen la demanda por la firma de contrato, mientras 13.0% fue por la revisión de contrato.

Los emplazamientos a huelga solucionados registraron un descenso de 48.4% respecto a 2019, considerando el periodo de la contingencia sanitaria y las condiciones de operación de las fuentes informantes previamente referidas, al pasar de 17 675 a 9 127 casos. De estos, 46.3% se solucionó por desistimiento y 19.8% por no acudir el sindicato a la audiencia de conciliación.

Respecto a las huelgas que estallaron en 2020, 15 en total, ocho de ellas fueron en Jalisco, tres en Hidalgo y Michoacán, y una en México. De ellas, dos fueron solucionadas durante el mismo año. De las huelgas estalladas, ocho tuvieron como demanda la firma de contrato, seis fueron por incumplimiento de contrato y una por revisión salarial. El número de huelgas estalladas disminuyó 80.3% de 2020 a 2019, al pasar de 76 a 15 huelgas.

Con esta información se actualizan las Estadísticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local 2020 y también se ofrece una serie de tabulados interactivos desglosados por entidad federativa y municipio.

El empleo femenino ha empujado el avance de la recuperación del mercado laboral en lo que va del año. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el total de plazas creadas en mayo fue para mujeres, en gran parte por su incorporación al trabajo en el sector servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que 546,428 mujeres se sumaron al mercado laboral en el quinto mes del año, lo que compensó la salida de 490,125 hombres y llevó el balance de creación de empleo reportado para mayo a 56,303 plazas.

En los últimos tres meses del año la ocupación femenina ha mostrado mejor ritmo de avance que el del empleo masculino. De esta manera, el 63% de los casi 2 millones de trabajos recuperados en lo que va del 2021 corresponde a plazas ocupadas por mujeres.

La fuerza laboral femenina fue la más afectada por el impacto económico de la pandemia. La salida del mercado de trabajo llevó la tasa de participación económica de las mujeres a su nivel más bajo en 15 años, desde que se mide la ENOE, reduciéndose a 40.71% como promedio el año pasado, proporción menor en casi 2 puntos a lo observado durante la crisis financiera global de 2009.

Previo a la pandemia, México registró sus mejores números en participación laboral de mujeres. En noviembre del 2019 se reportó el mejor mes para la intervención de la fuerza laboral femenina en la economía, con una tasa de 45.50 por ciento. Ese mismo año, el promedio de los cuatro trimestres fue de 44.72%, el más alto en la historia.

Sin embargo, llegó la crisis sanitaria y ésta puso un freno al avance que de por sí era lento. En abril de 2020 se presentó la mayor pérdida de empleo en el país con la salida de 12.5 millones de personas del mercado laboral y el desempleo castigó en buena medida a las mujeres debido a que se encuentran en actividades y sectores considerados como no esenciales. Ese mismo mes se posicionó como el más bajo en la participación económica de mujeres, con una tasa de 34.97 por ciento.

El impacto de la covid-19 para las mujeres ha sido un fenómeno global. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó en su informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2021 que en 2020 la contracción del empleo femenino fue del 5% frente al 3.9% del empleo masculino. Además, el 90% de las mujeres que perdió su empleo no sólo quedó sin trabajo sino que salió de la población económicamente activa.

Fuente:EL ECONOMISTA 28 de junio de 2021

La OIT y ONU Mujeres exhortaron a los países de América Latina y el Caribe a avanzar hacia la ratificación del Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso que entró en vigor, esencial para construir un futuro del trabajo más digno, seguro y saludable.

“La violencia y el acoso son inaceptables en cualquier lugar y en cualquier momento, pero ahora debemos estar más alertas que nunca, pues el riesgo de violencia mayor en tiempos de crisis: el brote del COVID-19 ha sido un triste recordatorio de que eso puede suceder. La frustración, la presión económica, el estrés pueden ser detonadores de violencia, con más riesgos para las mujeres trabajadoras. Además de una ser una grave violación de derechos, la violencia tiene impactos negativos sobre el empleo, condiciones de trabajo y productividad”.

“Una de las primeras cosas que desapareció a consecuencia de la pandemia fue el empleo femenino, por el impacto que tuvo en áreas que suelen emplear principalmente mujeres, como el comercio, la hostelería y los servicios. Las que mantuvieron el empleo expuestas a violencias laborales que suelen ser invisibilizadas, por ejemplo, en el trabajo doméstico; el personal sanitario -en su mayoría mujeres- expuesto a ataques violentos y al acoso en el trabajo y en medios de transporte. El Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia domestica afecta la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, su productividad, su acceso al empleo y su salud. En nuestra visión de ‘reconstruir mejor’, contar con el trabajo de las mujeres es fundamental: la definición amplia y abarcadora de este Convenio debería ser un compromiso para que los países se aboquen a resolver esta injusticia y coloquen a las mujeres en el centro de sus medidas de recuperación post-COVID”.

El Convenio 190 introduce una serie de importantes innovaciones. Por primera vez se aclara lo que debe entenderse por ‘violencia y acoso en el mundo del trabajo’ y se precisan las medidas que deben tomarse para prevenirla y abordarla, y quién debe hacerlo.

Su alcance es amplio: aplica a todas las personas en el mundo laboral, el entorno, y también a todos los demás trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación contractual, así como a aprendices, quienes hacen trabajo voluntario o buscan un empleo, entre otros. También las personas que ejercen la autoridad, las funciones y las responsabilidades del empleador, caen bajo la tutela del Convenio.

Asimismo, el Convenio es aplicable a todos los sectores de la economía, incluyendo el sector público y el privado y la economía informal, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Los países que han ratificado se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión.

Las mujeres trabajadoras latinoamericanas lideran el movimiento para la ratificación en sus países, reconociendo la importancia de generar entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr la equidad en el trabajo.

Los países cuentan con un año después de la ratificación para su entrada en vigor a nivel nacional. Esto les permite abrir un diálogo tripartito donde el Estado, los empleadores y trabajadores pueden examinar la legislación y la practica nacional y trazar una hoja de ruta para llevar a cabo los cambios normativos, identificar los retos de aplicación y, sobre todo, fomentar los cambios culturales para un entorno de “tolerancia cero” a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

Los Convenios son parte esencial de las normas internacionales del trabajo, instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores), con objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de reglamentar otros ámbitos del mundo laboral.

Fuente: OIT 25 de junio de 2021

La pandemia de COVID-19 ha aumentado enormemente la brecha entre riqueza y pobreza extremas, al igual que la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe, asegura el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, divulgado este martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio destaca que la región se encuentra empantanada en una trampa que no le permite avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según los datos del PNUD, los progresos conseguidos en las últimas décadas son más desiguales en los países latinoamericanos y caribeños que en las otras regiones del mundo comparables con sus niveles de desarrollo, además de que sus indicadores sociales están por debajo de lo que deberían tomando en cuenta que se trata de una región de renta media.

Con respecto a la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados, el texto señala que la influencia política de estos individuos o grupos hacen mal uso del poder que detentan, distorsionando así las políticas públicas y debilitando las instituciones.

El informe recuerda que la región es la más violenta del mundo y destaca la violencia y la desigualdad forman un ciclo cerrado en el que la violencia es causa y consecuencia de la desigualdad y viceversa. La desigualdad provoca mayor violencia, pero la violencia aumenta la desigualdad porque afecta y priva desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, detalla.

Además, la violencia limita el crecimiento al golpear el capital humano, la productividad y la inversión pública y privada, mientras obliga a aumentar el presupuesto para la seguridad.

En cuanto a los sistemas de protección social, el PNUD los considera frágiles y destaca la capacidad limitada de respuesta que tuvieron durante la pandemia. Los gobiernos han creado sistemas paralelos de menor calidad para cubrir a las personas que quedan excluidas, “que en la región son la mayoría”, indica.

Los mercados de trabajo de las naciones latinoamericanas y caribeñas están segmentados y tienen sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Ante esta realidad, el informe sugiere repensar la protección social para asegurar la cobertura universal.

De acuerdo con el Programa de la ONU para el Desarrollo, para salir de la trampa que frena el avance de los países de la región se deben buscar soluciones que impulsen un crecimiento ambientalmente sostenible y que propicien la inclusión y la movilidad social.

Dichas soluciones -abunda el documento-, deben tener el objetivo de erradicar la violencia en todas sus formas y rediseñar la operación institucional como base del contrato social que debe garantizar, entre otras cosas, oportunidades en el mercado laboral y protección social.

El estudio argumenta que la crisis asociada con el COVID-19 es muy diferente de la crisis de la deuda de la década de 1980. La primera es un hecho realmente exógeno causado por un virus; la segunda fue en gran medida endógena, causada por una mala gestión macroeconómica.

Sin embargo, hay una dimensión en la que la crisis actual que podría ser muy similar a la de la década de 1980: puede ir seguida de cambios sustanciales en la protección social y la tributación, conforme los países luchan por contener los daños sociales, restablecer el equilibrio fiscal y reanudar el crecimiento económico.

El informe aclara, no obstante, que el restablecimiento del equilibrio fiscal debe tener en cuenta muchos factores ya que con el actual sistema de protección social, aumentar los impuestos para financiar más gasto social no daría lugar a una prosperidad compartida y sostenible. En cambio, si los países contaran con un sistema de protección universal la región sería más equitativa y podría crecer más rápidamente.

La pandemia de COVID-19 impacta mayoritariamente a los trabajadores poco calificados y también exacerba la de por sí elevada desigualdad de la región, de acuerdo a El Empleo en Crisis: Un Camino Hacia Mejores Puestos de Trabajo en la América Latina Pos-COVID-19. Luego de una crisis, los trabajadores poco calificados a menudo tienen menores ingresos a lo largo de una década, mientras que los muy calificados experimentan una pronta recuperación.

Como resultado, las políticas públicas deben enfocarse en proteger a los trabajadores de este fuerte impacto a largo plazo mediante el uso de seguros de desempleo, redes de seguridad social y programas de reconversión, además de facilitar la creación de empleo y ayudar a los trabajadores a estar donde están los empleos. Todo esto puede favorecerse a través de una mayor competencia, más flexibilidad para gestionar los recursos humanos y una reducción de los subsidios. A través de políticas comerciales y de adquisiciones públicas, los gobiernos pueden mejorar el entorno para que las empresas competitivas prosperen. Asimismo, la inversión pública focalizada en el transporte puede acercar los trabajadores a los puestos de trabajo, mientras que las viviendas asequibles pueden ayudarlos a residir allí donde los empleos se encuentran.

Como muestran algunos de los shocks más grandes que tuvieron lugar en la región en las últimas décadas, las consecuencias de las crisis en América Latina y el Caribe son duraderas y dejan huellas profundas en el empleo. Por ejemplo, los datos de empleo antes y después de la crisis de deuda brasileña, los efectos de la crisis financiera asiática en Chile y el impacto de la crisis mundial de 2008-2009 en México muestran que las recuperaciones rápidas no se materializaron. En los tres casos la curva de empleo experimentó una desviación muy negativa a causa de estas crisis, algo que, lejos de revertirse, se profundizó con el correr del tiempo.

En promedio, luego de tres años una recesión genera una pérdida neta de 1,5 millones de puestos de trabajo, con una contracción de 3% en el empleo formal y una expansión del empleo informal. La crisis actual podría ser incluso peor y provocar una contracción en el empleo formal de hasta 4%.

El primer paso clave es avanzar hacia un contexto macroeconómico sólido y prudente, con estabilizadores automáticos que protejan a los mercados laborales frente a cualquier crisis potencial. Una política fiscal y monetaria sana puede preservar la estabilidad macroeconómica y evitar las presiones financieras sistémicas de cara a un shock. Las reformas fiscales, incluidos un marco tributario menos distorsionado, gasto público más eficiente, sistemas previsionales financieramente sostenibles y normas fiscales claras, son la primera línea de defensa ante las crisis.

Es imperativo incrementar la capacidad de las políticas laborales y de protección social de la región, combinándolas con sistemas que brinden ayuda financiera y preparen a los trabajadores para los nuevos trabajos a través de ayuda para la reconversión y la recolocación laboral. Una reacción rápida tras la pandemia por parte de los gobiernos, en el sentido de ampliar los programas laborales y de protección social, puede servir para avanzar en la elaboración de registros sociales de mayor calidad y más integrados. Esto es viable en el corto plazo y puede marcar la diferencia en cuanto al alcance de estos programas.

De todas formas, no es suficiente contar con estabilizadores macroeconómicos más fuertes y reformas en los sistemas laborales y de protección social. También se debe impulsar la recuperación del mercado laboral a través de una fuerte creación de empleo. Esto requiere solucionar problemas estructurales. La política de competencia, la política regional y las normas laborales son áreas clave. Si los países no tratan de resolver estos temas fundamentales, la recuperación seguirá caracterizándose por una escasa creación de empleo.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el Grupo Banco Mundial ha comprometido más de USD 125.000 millones para combatir los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, la respuesta más rápida y de mayor envergadura de su historia ante una crisis. El financiamiento está ayudando a más de 100 países a fortalecer la preparación ante casos de la pandemia, proteger a los pobres y resguardar los empleos, y poner en marcha sin demora una recuperación respetuosa del clima. El Banco también está proporcionando USD 12 000 millones para ayudar a los países de ingreso bajo y mediano a adquirir y distribuir vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID-19.

Diez años después de la adopción de un Convenio histórico de la Organización Internacional del Trabajo, que confirmó los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, estas personas siguen luchando para que se les reconozca su condición de trabajadores y de prestadores de servicios esenciales.

Han pasado diez años, pero en muchos casos, las condiciones de trabajo no solo no han mejorado sino que se han degradado a causa de la pandemia de COVID-19, indica un nuevo informe de la OIT .

Según los datos del informe, los 75,6 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos del mundo (el 4,5 por ciento de los asalariados del mundo entero) han sufrido mucho y ello a su vez ha repercutido en los hogares que dependen de estas personas para atender a la necesidad diaria de cuidados.

En el informe se indica que la pandemia de COVID-19 ha empeorado unas condiciones de trabajo que ya eran muy malas. Habida cuenta del déficit de protección laboral y de seguridad social preexistente, la fragilidad ante los efectos de la pandemia se agudizó. Tal es precisamente el caso de los más de 60 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos de la economía informal.

Hace diez años, la adopción del emblemático Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) fue aclamada como un importantísimo avance para las decenas de millones de personas que realizan trabajo doméstico en el mundo, buena parte de las cuales son mujeres.

El trabajo doméstico sigue siendo un sector con gran presencia femenina: emplea a 57,7 millones de mujeres, es decir al 76,2 por ciento de las personas con esta ocupación. Si bien en Europa y Asia Central, y también en las Américas, las mujeres son mayoría en la población activa del sector, en los Estados Árabes y África del Norte, los hombres representan un porcentaje mayor (63,4 por ciento), y poco menos de la mitad del total de trabajadoras y trabajadores domésticos de Asia Meridional (42,6 por ciento).

La amplia mayoría de quienes trabajan en este sector lo hacen en dos regiones: aproximadamente la mitad (38,3 millones) se encuentra en regiones de Asia y el Pacífico, en gran medida en China; otra cuarta parte (17,6 millones) está en las Américas.

Las trabajadoras y los trabajadores domésticos hoy están mejor organizados y pueden representarse a sí mismos en defensa de sus opiniones e intereses. El papel de sus organizaciones y de las organizaciones de empleadores del sector del trabajo doméstico, ha sido determinante en la evolución lograda hasta la fecha.

La adopción del emblemático Convenio hace diez años fue aclamada como un importantísimo avance y provocó que el número de trabajadoras y trabajadores domésticos completamente excluidos del ámbito de las leyes y reglamentos laborales, se redujera en más de 16 puntos porcentuales.

Pese a esos avances, el 36% de estos trabajadores carece de cobertura laboral, lo que indica la necesidad urgente de subsanar los vacíos legales, en particular en Asia y el Pacífico y en los Estados Árabes, donde esas lagunas son mayores.

El trabajo doméstico sigue siendo un sector con rostro femenino. Emplea a 57,7 millones de mujeres, es decir al 76,2% de las personas con este tipo de ocupación.

Aunque en el continente americano, Europa y Asia Central las mujeres representan la mayor parte de esta población activa, la situación se invierte en los Estados Árabes y en África del Norte donde los hombres representan un porcentaje mayor (63,4%), y poco menos de la mitad del total de trabajadoras y trabajadores domésticos de Asia Meridional (42,6%).

La amplia mayoría de las trabajadoras y los trabajadores domésticos se desempeñan en dos regiones: aproximadamente la mitad (38,3 millones) en regiones de Asia y el Pacífico, en gran medida en China; mientras que una cuarta parte (17,6 millones) está en las Américas.

Durante 2020, el PIB regional registró una contracción de -7,1%, la mayor del último siglo, lo que a su vez generó una caída en el empleo y un aumento de la tasa de desocupación que alcanzó el 10,5% en promedio para 2020, indican la CEPAL y la OIT en un nuevo estudio dado a conocer.

Según el documento, los mayores impactos se observaron en el segundo trimestre del año pasado cuando se implementaron las medidas de confinamiento y contención de la pandemia. Estas medidas produjeron una fuerte caída en la actividad económica, en el empleo y en las horas trabajadas. Muchos trabajadores, principalmente informales no pudieron continuar con sus labores productivas y debieron retirarse del mercado lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar en forma contra-cíclica como en crisis anteriores. Asimismo, el cierre de los servicios de cuidado y de las escuelas implicó una fuerte carga de trabajo al interior de los hogares, que en general se reparte desequilibradamente sobrecargando especialmente a las mujeres.

A partir del tercer trimestre del año se observa un regreso de los trabajadores al mercado laboral y un paulatino aumento del empleo. Sin embargo, el año 2020 finalizó con niveles inferiores de participación y ocupación y niveles superiores de desocupación respecto a los observados previo a la pandemia.

Según el informe, la contracción del empleo en 2020 fue mucho más profunda en sectores como hotelería (19,2%), construcción (11,7%), comercio (10,8%) y transporte (9,2%), que en conjunto concentran cerca del 40% del empleo regional. A su vez, la industria (8,6%) y otros servicios (7,5%) también registraron contracciones, mientras que en agricultura la pérdida de empleos fue comparativamente menor (2,4%).

Ambos organismos de las Naciones Unidas enfatizan que resulta primordial pensar en estrategias que permitan sentar las bases para un retorno con mejores condiciones laborales para todos los trabajadores. Esto implica apuntalar la recuperación del empleo en las categorías y sectores altamente afectados, mejorar aspectos institucionales referidos a la salud y seguridad en el trabajo, la formalización de trabajadores, la promoción de la inclusión laboral de las mujeres y la regulación adecuada a nuevas modalidades de trabajo.

En la presente edición de Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, CEPAL y OIT examinan además aspectos claves del trabajo decente para los trabajadores intermediados por plataformas digitales. Durante la pandemia, estos trabajadores constituyeron una fuente de empleo muy importante debido a la necesidad de reducir los contactos personales y de mantener el reparto de bienes esenciales. Sin embargo, la evidencia sugiere que existe una alta precarización de esta modalidad de trabajo caracterizada por la inestabilidad, largas jornadas de trabajo, ausencia de protección socio-laboral y la falta de opciones de diálogo y representación.

El informe destaca la necesidad de diseñar marcos regulatorios adecuados para que se cumpla con el objetivo de establecer y proteger los derechos sociales y laborales para estas nuevas modalidades de trabajo en expansión.

El levantamiento de la ENOE en el segundo trimestre de 2020 fue suspendido por disposición oficial del Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud para contener la pandemia de la COVID-19.

Esto originó que el INEGI diseñara una estrategia de encuestas telefónicas, entre las que se encuentra la ETOE para monitorear la situación de la ocupación y empleo en dicho periodo de contingencia y ofrecer a la sociedad mexicana información básica y relevante para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Debido al tamaño de muestra solo fue posible contar con información a nivel nacional de los principales indicadores del mercado laboral.

Con la finalidad de atender demandas de indicadores por entidad federativa de los usuarios, el INEGI presenta las estimaciones por entidad federativa obtenidas mediante modelos estadísticos que consideran la tendencia histórica desde el primer trimestre de 2010 hasta el primer trimestre de 2020, ajustadas a los totales nacionales reportados por la ETOE.

Se construyeron modelos para cada uno de los cuatro indicadores laborales, con los cuales se obtuvo la información para el segundo trimestre de 2020 para cada entidad federativa; los coeficientes de variación señalan que estos resultados son confiables.

Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), en 2019 había 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes laborando. Pero la pandemia de covid-19 habría elevado la cifra a más de 3.5 millones.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que por cada punto que aumenta la pobreza, el trabajo infantil incrementa 0.7 por ciento. En México, la pobreza creció 9.1 puntos en 2020, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al pasar de 41.5 a 50.6 por ciento. Eso significa que al menos 210,000 niñas y niños más comenzaron a trabajar.

Y a nivel mundial, la cifra aumentó de 152 millones, previo a la pandemia, a 160 millones menores de edad trabajando, la gran mayoría en labores de alto riesgo para su edad, según el estudio Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir, de la OIT. El reporte advierte que si no se les garantiza la cobertura de protección social, a finales de 2022 esta cifra podría superar los 200 millones.

Dentro de las ocupaciones no permitidas incluso para mayores de 15 años, el sector agrícola es el que más utiliza la fuerza de trabajo de niñas, niños y adolescentes. El 31.6% de los menores labora en alguna de las actividades del campo, según la ENTI. Le siguen la minería y la construcción (24.5%) y el comercio (14%).

El 99% de las jornaleras y jornaleros vive en pobreza debido a que sus ingresos son muy bajos o porque carecen de beneficios sociales, según el Primer informe violación de derechos de las y los jornaleros agrícolas en México. El reporte fue elaborado en 2019 por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

En 2019 más de 522,000 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años no iban a la escuela y trabajan en una ocupación no permitida, según la ENTI. Y más de 40,000, que tampoco estudiaban laboraban en una ocupación permitida.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe cualquier tipo de labor para quienes no han cumplido 15 años. El Tratado entre México, Estados Unidos y México (T-MEC) también busca erradicar este problema.

Hay una prejuicio colonialista, racista y clasista que fácilmente encuentra la causa del trabajo infantil: “Porque son indígenas, porque son sus usos y costumbres. Así es su cultura, son violentos. Se les adjudican una serie de estereotipos que desdibujan la realidad”.

Fuente:EL ECONOMISTA 14 de junio de 2021

Durante 2020, el PIB regional registró una contracción de -7,1%, la mayor del último siglo, lo que a su vez generó una caída en el empleo y un aumento de la tasa de desocupación que alcanzó el 10,5% en promedio para 2020, indican la CEPAL y la OIT en un nuevo estudio, disponible desde ahora en internet, en la cual analizan el efecto de la crisis provocada por el COVID-19 en los principales indicadores del mercado laboral en 2020.

Según el documento, los mayores impactos se observaron en el segundo trimestre del año pasado cuando se implementaron las medidas de confinamiento y contención de la pandemia. Estas medidas produjeron una fuerte caída en la actividad económica, en el empleo y en las horas trabajadas. Muchos trabajadores, principalmente informales no pudieron continuar con sus labores productivas y debieron retirarse del mercado lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar en forma contra-cíclica como en crisis anteriores. Asimismo, el cierre de los servicios de cuidado y de las escuelas implicó una fuerte carga de trabajo al interior de los hogares, que en general se reparte desequilibradamente sobrecargando especialmente a las mujeres.

A partir del tercer trimestre del año se observa un regreso de los trabajadores al mercado laboral y un paulatino aumento del empleo. Sin embargo, el año 2020 finalizó con niveles inferiores de participación y ocupación y niveles superiores de desocupación respecto a los observados previo a la pandemia.

Según el informe, la contracción del empleo en 2020 fue mucho más profunda en sectores como hotelería (19,2%), construcción (11,7%), comercio (10,8%) y transporte (9,2%), que en conjunto concentran cerca del 40% del empleo regional. A su vez, la industria (8,6%) y otros servicios (7,5%) también registraron contracciones, mientras que en agricultura la pérdida de empleos fue comparativamente menor (2,4%).

Ambos organismos de las Naciones Unidas enfatizan que resulta primordial pensar en estrategias que permitan sentar las bases para un retorno con mejores condiciones laborales para todos los trabajadores. Esto implica apuntalar la recuperación del empleo en las categorías y sectores altamente afectados, mejorar aspectos institucionales referidos a la salud y seguridad en el trabajo, la formalización de trabajadores, la promoción de la inclusión laboral de las mujeres y la regulación adecuada a nuevas modalidades de trabajo.

En la presente edición de Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, CEPAL y OIT examinan además aspectos claves del trabajo decente para los trabajadores intermediados por plataformas digitales. Durante la pandemia, estos trabajadores constituyeron una fuente de empleo muy importante debido a la necesidad de reducir los contactos personales y de mantener el reparto de bienes esenciales. Sin embargo, la evidencia sugiere que existe una alta precarización de esta modalidad de trabajo caracterizada por la inestabilidad, largas jornadas de trabajo, ausencia de protección socio-laboral y la falta de opciones de diálogo y representación.

El informe destaca la necesidad de diseñar marcos regulatorios adecuados para que se cumpla con el objetivo de establecer y proteger los derechos sociales y laborales para estas nuevas modalidades de trabajo en expansión.

Se elabora a partir de relacionar la producción y el número de horas trabajadas del personal ocupado en actividades agrícolas y pecuarias, con sus respectivas expresiones para los cálculos correspondientes.

La disponibilidad de datos con periodicidad trimestral, no sólo confiere oportunidad a la información, sino que también permite la observación de los movimientos de corto plazo en la productividad laboral asociados a la estacionalidad de las actividades productivas.

Series desestacionalizadas

En el primer trimestre de 2021, con cifras desestacionalizadas, el Índice de Productividad Laboral Agropecuario (IPLA) registró un incremento de 2.1% en relación con el trimestre anterior, lo cual refleja la obtención de un mayor volumen de producción con menos horas empleadas, no obstante a tasa anual disminuyó 1.3%.

Serie tradicional

El Índice de Productividad laboral Agropecuario, calculado de manera tradicional, en el primer trimestre de 2021, resultó 1.1% menor al observado en el mismo periodo de 2020.

El índice de productividad agrícola disminuyó 2.9% y el pecuario incrementó 1.2%. Una de las ventajas de la serie tradicional es que permite observar los patrones estacionales de las labores de siembra y cosecha para cultivos cíclicos (otoño-invierno y primavera-verano),además de los denominados perennes.

Tres de los cultivos más representativos en el año base (2013), son perennes y presentan estacionalidades diferenciadas, como la caña de azúcar que prácticamente la mitad se colecta entre enero y marzo, mientras que el corte de aguacate se realiza todo el año y de alfalfa verde 60% se obtiene de mayo a septiembre.

La evolución del IPLA refleja el comportamiento de los volúmenes de producción de los cultivos cíclicos y perennes, bajo la estacionalidad propia de cada producto.

Para explicar la evolución del IPLA, también se debe considerar la estacionalidad propia de los cultivos, ello contribuye al comportamiento en el trimestre en consideración.

•Los cultivos cíclicos y perennes que registraron incrementos anuales reales fueron: chile verde (7.5%), papa (21.1%), pepino (13.7%), caña de azúcar (2.3%), aguacate (4.0%) y zarzamora (4.6%).

Los productos pecuarios como carne de ave, bovino y porcino registraron incrementos de 1.8, 1.9 y 2.2%, respectivamente; leche de bovino y huevo, aumentaron 2.5 y 0.5 por ciento.

Para el primer trimestre de 2021, se tiene que el IPLA disminuyó 1,1%, en términos anuales, resultado del aumento de 0.9% en el indicador de horas ocupadas y una disminución de 0.2% en el de volumen físico. Las actividades agrícolas son las que lograron menores volúmenes con más horas ocupadas, lo cual dio lugar a un decrecimiento de 2.9% en el IPLA de dichas producciones y el IPLA de las actividades pecuarias aumentó 1.2%, lo que obedece al incremento en el índice de su Volumen Físico 1.8% y aumento en la cantidad de horas ocupadas 0.6 por ciento.

Por entidad federativa, el Índice de Productividad Laboral Agropecuario presenta saldos negativos en 19 estados y 13 entidades presentan comportamiento positivo

En la región Noreste 83% de los estados que la conforman presentaron decremento en el Índice de Productividad Laborar Agropecuario, seguida de la región Noroeste con 80% de las entidades y la Centro-Occidente 71 por ciento

Fuente: SIAP 08 de junio de 2021

El área de la OCDE tasa de desempleo aumentó marginalmente en abril de 2021, a 6,6% (de 6,5% en marzo 2021), 1,3 puntos porcentuales por encima de la tasa de pre-pandemia observado en febrero de 2020. Esta fue la primera incremento mensual desde abril Pico 2020. Es necesario tener cuidado al interpretar la caída de la tasa de desempleo del área de la OCDE en comparación con el pico de abril de 2020, ya que esto refleja en gran medida el regreso de los trabajadores despedidos temporalmente en los Estados Unidos y Canadá , donde se registran como desempleados. [1] El número de trabajadores desempleados en el área de la OCDE [2] aumentó en 0,7 millones en abril de 2021, alcanzando los 43,8 millones.

Se observó un descenso marginal de la tasa de desempleo en la zona del euro , hasta el 8,0% (desde el 8,1% de marzo), todavía 0,7 puntos porcentuales por encima de su nivel prepandémico (febrero de 2020).

Fuera de Europa, la tasa de desempleo aumentó en varios países: 1,2 puntos porcentuales en Colombia (hasta el 15,0%), 0,6 puntos porcentuales en Canadá (hasta el 8,1%) y México (hasta el 4,9%), 0,2 puntos porcentuales en Japón (hasta el 2,8%). ) y 0,1 punto porcentual en Estados Unidos (hasta el 6,1%). Por el contrario, la tasa de desempleo disminuyó 0,2 puntos porcentuales en Australia (hasta el 5,5%) y Corea (hasta el 3,7%). Los datos más recientes muestran que la tasa de desempleo aumentó marginalmente en Canadá (hasta el 8,2%) mientras que cayó 0,3 puntos porcentuales en los Estados Unidos (hasta el 5,8%) en mayo de 2021.

Fuente: OECD 08 de junio de 2021

Junto con Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe es la región más afectada en el primer semestre del año en curso, con pérdidas de horas de trabajo de más de 8% en el primer trimestre y de 6% en el siguiente, comparadas con las tasas de 4,8% y 4,4% de la media mundial durante los mismos periodos.

Según la OIT, la recuperación del empleo se acelerará en la segunda mitad de 2021 siempre y cuando la pandemia no se agudice. Pero la recuperación será desigual -aclara el informe-, toda vez que el acceso a las vacunas es inequitativo y que la mayor parte de las economías tienen capacidades limitadas para respaldar los estímulos fiscales. “Además, es probable que la calidad de los nuevos puestos de trabajo en esos países sea inferior”, añade.

En comparación con 2019, la categoría de trabajadores pobres o sumamente pobres, es decir, que viven con menos de 3,20 dólares al día, ha aumentado en 108 millones de personas, lo que dificulta la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible de erradicar la pobreza para 2030.

La publicación destaca que la pandemia ha afectado con más dureza a los trabajadores más vulnerables, agravando las desigualdades preexistentes. “Dada la falta de protección social generalizada –por ejemplo, la de los 2000 millones de trabajadores del sector informal–, las perturbaciones laborales relacionadas con la pandemia han tenido consecuencias catastróficas para los ingresos y los medios de subsistencias de las familias.”

El impacto de la crisis laboral ha sido excesivo en las mujeres. En 2020, la contracción del empleo femenino fue del 5% frente al 3,9% del empleo masculino. Asimismo, fueron más las mujeres que quedaron fuera del mercado laboral.

La recuperación mundial de la crisis del COVID-19 requiere de una estrategia integral y coordinada, basada en políticas centradas en las personas, y respaldadas por la acción y la financiación.

De acuerdo con la OIT, la recuperación de los mercados de trabajo debe basarse en cuatro principios:

1.- Promover el crecimiento económico de base amplia y crear empleo productivo.Un sistema de transporte sostenible que promueva el crecimiento económico, reduzca las desigualdades y refuerce la lucha contra el cambio climático es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2.- Apoyar los ingresos de los hogares y la transición en el mercado de trabajo.

3.- Fortalecer los fundamentos institucionales necesarios para un crecimiento y un desarrollo económicos inclusivos, sostenibles y resilientes.

4.- Utilizar el diálogo social para formular estrategias de recuperación centradas en lo humano.

El lento avance de la campaña de vacunación contra la covid-19 y el resurgimiento de la pandemia en los primeros meses del año han deteriorado la perspectiva para el mercado laboral a nivel global. Para el 2021 se estima la pérdida de 100 millones de empleos y de 1.3 billones de dólares en ingresos laborales, informó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo con el documento Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2021, el organismo revisó a la baja sus proyecciones para el mundo del trabajo debido al avance de la emergencia sanitaria, con una reducción adicional de 0.5 puntos porcentuales a lo estimado en enero pasado, lo que implica 10 millones de puestos de tiempo completo perdidos más que los 90 millones calculados inicialmente. América Latina y el Caribe será la región más afectada, seguida de Europa y Asia Central.

“Se prevé que la recuperación del empleo a nivel mundial se acelere en la segunda mitad de 2021, siempre y cuando la situación pandémica general no se agrave. Ahora bien, habida cuenta de la desigualdad de acceso a las vacunas y la limitada capacidad de la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes para respaldar medidas de estímulo fiscal fuertes, la recuperación será dispareja. Además, es probable que la calidad de los nuevos puestos de trabajo en esos países sea inferior”, advierte el organismo.

Y aunque se estima que durante el segundo semestre del año se acelerará la recuperación del empleo, esto no será suficiente para compensar la pérdida del equivalente a 255 millones de trabajos de tiempo completo que se registró el 2020 debido al impacto económico de la pandemia, principalmente en actividades económicas no esenciales.

“El crecimiento previsto del empleo será demasiado débil para ofrecer suficientes oportunidades de empleo a quienes perdieron su trabajo o abandonaron la fuerza de trabajo durante la pandemia y a las cohortes más jóvenes que se incorporan al mercado laboral y que han sufrido importantes interrupciones en sus estudios y formación”, se señala en el reporte.

Esto implica que muchas de las personas trabajadoras que estaban inactivas laboralmente se incorporarán a la fuerza de trabajo, pero no podrán encontran una plaza debido a que la oferta será mucho menor que la demanda.

Ante este contexto, la OIT estima que el déficit en la generación de fuentes de empleo se prolongará hasta el 2022 y que la tasa de desocupación mundial pase de 6.3 de 5.7%, el nivel más alto observado desde el 2013 y todavía por arriba del dato prepandemia. Esto implica que habrá 205 millones de personas desempleadas, 18 millones más de lo reportado en 2019.

De esta manera, “el crecimiento del empleo será insuficiente para compensar las pérdidas sufridas hasta al menos el 2023”.

omo lo ha señalado en informes anteriores, el organismo destaca el fuerte impacto laboral que ha tenido la pandemia entre las mujeres, con una reducción del empleo de 5% para ellas frente a un 3.9% entre los hombres. Además, el 90% de las mujeres que perdieron su empleo en 2020 no sólo quedaron sin trabajo sino que salieron de la población económicamente activa. El otro grupo más afectado es el de los jóvenes, sector de la población que vio reducido en 8.7% sus niveles de empleo, frente al 3.7% de los adultos.

Otra de las afectaciones se ha registrado entre la población con menos capacitación y competencias laborales. Esto se debe a que “los trabajadadores más calificados suelen trabajar en ocupaciones que se han visto menos afectadas por las pérdidas de empleo y que se han beneficiado de la posibilidad de trabajar desde casa a distancia”.

Ante este contexto, la OIT recomienda poner en marcha políticas públicas que sirvan para promover el crecimiento económico de base amplia y crear empleo productivo; apoyar los ingresos de los hogares y la transición en el mercado de trabajo; fortalecer los fundamentos institucionales necesarios para un crecimiento y un desarrollo económicos inclusivos, sostenibles y resilientes, y utilizar el diálogo social para formular estrategias de recuperación centradas en lo humano.

Fuente:EL ECONOMISTA 02 de junio de 2021

Según una nueva evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis del mercado de trabajo provocada por la pandemia de COVID-19 dista mucho de haber terminado, y al menos hasta 2023 el crecimiento del empleo no logrará compensar las pérdidas sufridas.

Las proyecciones de la OIT recogidas en Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021 indican que el déficit de puestos de trabajo derivado de la crisis mundial llegará a los 75 millones en 2021 para luego reducirse a 23 millones en 2022. El correspondiente déficit en horas de trabajo, que abarca el déficit de puestos de trabajo y la reducción de horas, equivale a 100 millones de empleos a tiempo completo en 2021 y a 26 millones de empleos a tiempo completo en 2022. Esta insuficiencia de puestos y horas de trabajo viene a añadirse a los persistentes niveles de desocupación, subutilización de la mano de obra y condiciones de trabajo deficientes anteriores a la crisis.

En consecuencia, se prevé que en 2022 el número de personas desempleadas en el mundo se sitúe en 205 millones, muy por encima de los 187 millones de 2019. Esta cifra equivale a una tasa de desocupación del 5,7 por ciento. Antes del periodo de crisis de la COVID-19, solo se había registrado una tasa similar en 2013.

Las regiones más afectadas en el primer semestre de 2021 han sido América Latina y el Caribe, y Europa y Asia Central. En ambas, la pérdida estimada de horas de trabajo superó el 8 por ciento en el primer trimestre, y el 6 por ciento en el segundo, mientras que a nivel mundial y en los mismos periodos las tasas fueron de 4,8 y 4,4 por ciento.

La caída del empleo y de las horas de trabajo se ha traducido en una reducción drástica de los ingresos laborales y el consiguiente aumento de la pobreza. En comparación con 2019, a nivel mundial, la categoría de trabajadores pobres o sumamente pobres (es decir, que esas personas y sus familias viven con una suma inferior a 3,20 dólares de los Estados Unidos por persona al día) se ha engrosado con 108 millones de personas. Según el informe, “los cinco años de avance hacia la erradicación de la pobreza laboral se han perdido”, y ello empaña el horizonte de la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible de haber erradicado la pobreza en 2030.

El informe concluye que la crisis de la COVID-19, ha afectado con más dureza a los trabajadores más vulnerables, de ahí que también haya agravado las desigualdades preexistentes. Dada la falta de protección social generalizada –por ejemplo, la de los 2000 millones de trabajadores del sector informal– las perturbaciones laborales relacionadas con la pandemia han tenido consecuencias catastróficas para los ingresos y los medios de subsistencias de las familias.

Para avanzar hacia una recuperación inclusiva, sostenible y con trabajo decente en América Latina, el potencial de sectores productivos vinculados con la economía rural como la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, turismo sostenible o el agro-gastronómico, puede convertirse en el centro de los esfuerzos conjuntos en favor de este gran impulso, según destaca un nuevo informe de la OIT.

La publicación “Empleo informal en la economía rural de América Latina 2012 – 2019: Un panorama y tendencias regionales pre-pandemia COVID-19 ”, hace hincapié en la importancia de lograr una verdadera transformación productiva de los sectores de la economía rural con miras a la generación de más y mejores empleos, así como la reducción sustantiva de la informalidad.

En ese sentido, el documento elaborado por OIT Américas hace un diagnóstico y analiza los aspectos más relevantes de la magnitud, composición y características de la informalidad en el entorno rural y destaca las principales tendencias observadas de su evolución antes de la pandemia, en el período 2012-2019.

De acuerdo a estimaciones de la OIT al 2019 presentadas en esta publicación, el 76,2 por ciento de trabajadores rurales tienen empleos informales en América Latina. El sector informal aporta el 62,5 por ciento del empleo informal rural de la región. Otro 8,8 por ciento está constituido por el empleo informal en el sector formal y un 4,9 por ciento, por el empleo informal en hogares.

“Los trabajadores que habitan en las áreas rurales tienen 1,7 veces más de probabilidad de estar en el empleo informal que los que habitan en las áreas urbanas, donde la tasa de empleo informal es del 45,1 por ciento”, señala el documento elaborado por la Oficina Regional de la OIT.

En el caso de las mujeres rurales, la tasa de informalidad se ubica en 78,2 por ciento por encima de la de los hombres que es 75,1 por ciento, y ellas se encuentran en una posición más vulnerable en el empleo informal, dado que tienen una menor participación en el empleo asalariado y una mayor presencia como trabajadoras familiares auxiliares.

Entonces, a fin de avanzar hacia la formalización del empleo rural en América Latina, la OIT destaca las siguientes consideraciones de política: