Existe la necesidad urgente de invertir en la educación, en la formación y en el trabajo decente para los trabajadores de la educación de manera que puedan contribuir con la recuperación post COVID-19, puso de manifiesto la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el sector educativo de la OIT

El aprendizaje permanente eficaz y una educación de calidad para todos son esenciales para un futuro del trabajo mejor. Si los educadores, los formadores y el personal de apoyo han de satisfacer esta necesidad y preparar el camino para los desafíos del futuro, será necesario que dominen las nuevas tecnologías y técnicas de enseñanza, comprendan la demanda de competencias del mercado laboral y reciban el apoyo para hacer frente a sus nuevas responsabilidades.

La pandemia de COVID-19 ha representado un gran desafío para los educadores. La reunión puso de manifiesto la rapidez de los cambios que están teniendo lugar, en particular el uso masivo de la tecnología. Estos cambios, además de las funciones y responsabilidades adicionales, están revolucionando los empleos de los docentes, los administradores y el personal de apoyo de la educación.

Otro desafío es poner en relación el mundo de la educación con las necesidades de los empleadores e invertir en la educación y la capacitación técnica y profesional.

Los problemas que afectan las condiciones de trabajo de los educadores deben ser abordados, y la mejor manera de hacerlo es a través del diálogo social, destacaron los participantes a la reunión técnica.

La reunión adoptó unas conclusiones que otorgan a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores un fuerte mandato para invertir en la educación y la formación de calidad, así como en el trabajo decente para los educadores. Los participantes pusieron de manifiesto que la educación es un derecho humano, un bien y público y una responsabilidad pública, y no una mercancía. La reunión destacó además que el sector privado tiene un papel que desempeñar en el suministro de una educación de calidad.

Fuente: INEGI 18 de mayo 2021.

Si bien el impacto generalizado de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para mitigar la contingencia por el Covid-19 contrajeron la economía nacional y, por ende, aumentaron los índices de pobreza laboral a nivel nacional, seis estados lograron disminuir este indicador en el primer trimestre del 2021.

Estas entidades que consiguieron descender el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, en comparación con los resultados de los primeros tres meses del 2020, fueron: Campeche (pasó de 40.9 a 40.7%, -0.1 puntos porcentuales), Tamaulipas (de 32.4 a 31.9%, -0.5 puntos), Oaxaca (de 57.3 a 55.8%, -1.4), Chiapas (de 66.7 a 65.1%, -1.6), Nayarit (de 30.8 a 27.1%, -3.6) y Zacatecas (de 46.4 a 42.7%, -3.8 puntos porcentuales).

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza laboral, definida como el porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, aumentó 3.8 puntos porcentuales en el país, al pasar de 35.6 a 39.4% entre el primer trimestre del 2020 e igual periodo del año en curso.

“Entre los factores que explican el incremento anual de la pobreza laboral se encuentran la disminución anual de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento de las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria), de 3.7% en zonas urbanas y de 4.0% en zonas rurales”, detalló el Coneval.

En ingreso laboral per cápita, nueve entidades mostraron incrementos (se encuentran las seis que disminuyeron su pobreza laboral): Nayarit (19.0% a tasa anual real), Zacatecas (7.1%), Oaxaca (4.2%), Chiapas (2.7%), Campeche (1.1%), Jalisco (0.9%), Morelos (0.7%), Veracruz (0.6%) y Tamaulipas (0.2 por ciento). Se observa que a pesar de que Jalisco, Morelos y Veracruz incrementaron este indicador, fue insuficiente para evitar el alza en su pobreza laboral.

Desde otra perspectiva, la pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades. El mayor ascenso se produjo en la Ciudad de México, que ha sido el territorio más castigado por la pandemia (obtuvo la mayor pérdida de empleos formales entre marzo del 2020 y abril del 2021, con 230,901 despidos acumulados; presentó la tercera caída más pronunciada de la actividad económica en el último trimestre del año pasado, con -9.0% anual desestacionalizada, y registró la mayor disminución en ingreso laboral per cápita en el primer trimestre del 2021, con -20.3% anual real).

La pobreza laboral de la capital del país pasó de 28.3% en los primeros tres meses del 2020 a 43.2% en el mismo lapso de este año, es decir, un crecimiento de 14.9 puntos porcentuales.

Le siguieron Quintana Roo (de 27.2 a 37.3%, +10.1 puntos), Baja California Sur (de 16.2 a 24.6%, +8.3) y Tabasco (de 39.1 a 46.2%, +7.1 puntos porcentuales).

En tanto, los estados con el mayor porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral fueron Chiapas (65.1% en esta condición), Guerrero (57.5%) y Oaxaca (55.8%), mientras las menores relaciones se dieron en Nuevo León (22.2%), Jalisco (24.5%), Baja California Sur (24.6 por ciento).

Fuente:EL ECONOMISTA 19 de mayo de 2021

México cerró el primer trimestre del año con 5 millones más de personas en pobreza laboral respecto al mismo periodo de 2020. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el arranque del 2021 este indicador llegó a un nivel de 39.4%, un incremento anual de 3.8 puntos porcentuales, espacio en el que pasamos de ver a la covid-19 en las noticias internacionales a vivirla en nuestras casas.

El Coneval dio a conocer los resultados del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) para el periodo enero-marzo de 2021. De acuerdo con esta información, la población cuyos ingresos no le permiten cubrir el costo de una canasta básica alimentaria aumentó de 45.1 a 50.1 millones de personas en un año. La tercera parte de quienes se sumaron a esta condición viven en la Ciudad de México.

En su reporte, el organismo señala que la brecha en la distribución del ingreso también se amplió, y con ello la desigualdad. Las personas con menores percepciones son ahora más pobres. Las mujeres y las personas jóvenes e indígenas son las más afectadas. En cambio, quienes tienen los mejores ingresos en el país se han visto mínimamente afectados.

Para efectos de esta medición, la población está dividida en cinco grupos o quintiles según sus ingresos laborales. La población en el primero de ellos percibía apenas 156.46 pesos en el primer trimestre de 2020. Pero para este trimestre sus ganancias bajaron 40% y llegaron a 92.69 pesos en promedio. Esa cifra ni siquiera equivale a un salario mínimo actual, que es de 141.7 pesos diarios.

En el otro extremo, la población que más gana, y que se ubica en el quinto quintil, tuvo una reducción de 1.5% respecto a lo que obtenía a inicios del año pasado.

La pandemia es la principal explicación de este aumento en la precariedad laboral, según el Coneval. En ello coincide Rogelio Gómez, pero para el exconsultor del Banco Mundial (BM), la reacción del gobierno federal también tiene gran relevancia en estos resultados.

El país ha recuperado más de 10 millones de empleos de los 12 millones que perdió en el momento más álgido de la pandemia. Sin embargo, “es trabajo de menor calidad, con bajos salarios, sin contrato y seguridad social”.

En su informe previo, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2020, el Coneval señaló que 40.7% de la población se encontraba en pobreza laboral. Es decir, si comparamos la situación de finales del año pasado con el primer trimestre de éste, la proporción de personas con ingresos ínfimos se redujo 1.3 puntos.

El nuevo reporte del Consejo detalla que en 26 de las 32 entidades federativas aumentó la pobreza laboral. Sólo Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas y Campeche quedaron fuera de los números rojos. De hecho, reportaron que en este primer trimestre del año tienen a menos personas en esta condición que las que tenían a inicios de 2020.

En contraparte, entre las entidades que más resultaron afectadas destaca principalmente la Ciudad de México. La capital del país tuvo un incremento de 14.9 puntos en su población que trabaja, invierte esfuerzo e incluso dinero y arriesga su salud en un momento como éste de pandemia, pero que lo que obtiene a cambio no le alcanza ni para lo más básico. En esta entidad la población en pobreza laboral aumentó de 28.3 a 43.2 por ciento.

En los primeros meses de este año el ingreso laboral real fue de 2,039 pesos a nivel nacional. A la par que los ingresos de las personas tuvieron una disminución anual de 4.8%, los precios de los artículos que componen una canasta alimentaria aumentaron, señala el Coneval.

Lo anterior tuvo efectos diferentes en las zonas rurales y urbanas. Y fue en las ciudades donde aumentó más el porcentaje de personas cuyo ingreso no alcanza para comprar los alimentos básicos. En el primer trimestre de 2020, el 31.7% de la población ocupada en una urbe estaba en pobreza laboral. Para enero-marzo de este 2021 ya eran 36.4 por ciento. Es decir, el incremento fue de 4.8 puntos.

Había muchas más personas pobres por ingreso en las zonas rurales antes de la pandemia, y las sigue habiendo. Sin embargo, a inicios del año pasado el 48% de la población estaba en esa situación y ahora lo está el 48.9%, un aumento fue de 0.9 puntos.

Fuente:EL ECONOMISTA 18 de mayo de 2021

El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 4.8% entre el primer trimestre 2020 y el primer trimestre 2021, al pasar de $1,919.84 a $1,827.39. Esta variación anual del ingreso laboral representa una pérdida de $92.46 pesos respecto al primer trimestre de 2020, antes del inicio de la pandemia por COVID-19.

Durante el primer trimestre 2021, se observó un aumento del Índice de Precios al Consumidor (INPC) respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior. La inflación promedio anual se ubicó en 4.0%, 0.6 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre 2020 (3.4%). Este comportamiento en el nivel de precios se podría deber, en parte, al aumento en las variaciones anuales de los precios de los energéticos que se observaron en marzo 2021.

En el primer trimestre 2021, en promedio, las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 3.7% en zonas urbanas y 4.0% en zonas rurales.

Asimismo, la variación de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana fue inferior a la inflación anual promedio del trimestre (4.0%), mientras que la variación de la línea de pobreza extrema por ingresos rural fue similar a esta última.

El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó al pasar de 35.6% en el primer trimestre 2020 a 39.4% en el primer trimestre 2021. Entre los factores que explican este incremento se encuentra la disminución anual de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento en los precios del valor monetario de la canasta alimentaria durante el mismo periodo.

Este mismo comportamiento se da en los ámbitos rural y urbano; sin embargo, destaca el incremento en el ámbito urbano de 4.8 puntos porcentuales al pasar de 31.7% a 36.4%, mientras que en el rural
dicho incremento fue de 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 48.0% a 48.9% durante este periodo

El impacto generalizado de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para mitigar la contingencia provocaron la contracción de la economía. No obstante, en periodos recientes diversos
indicadores económicos han mostrado signos de recuperación. Por ejemplo, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con cifras desestacionalizadas, pasó de tener una variación anual promedio de -8.2% durante el tercer trimestre 2020 a -4.1% en el cuarto trimestre 2020. Sin embargo, para el primer trimestre 2021, la variación anual de enero y febrero de la actividad económica mostró disminuciones similares al trimestre inmediato anterior: -4.3% y -4.0%, dicho comportamiento podría estar relacionado en parte con el aumento de casos por COVID-19 durante estos periodos.

Fuente: CONEVAL 18 mayo de 2021

Los remanentes del impacto de la pandemia en el mundo del trabajo aún están presentes, con una afectación desproporcionada sobre el empleo femenino. En total, 8 de cada 10 personas que salieron del mercado laboral hace un año, y que todavía no han logrado regresar, son mujeres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre del año se reportó que hay 1.6 millones de personas que salieron del mercado laboral y no han retornado, así como 2 millones de personas desempleadas respecto de lo reportado en el mismo periodo de 2020, justo antes del mayor impacto y la suspensión de actividades económicas por la emergencia sanitaria por la covid-19.

A detalle, de quienes dejaron de formar parte de la población económicamente activa (PEA) por la pandemia, 1.3 millones son mujeres (84%) y 266,547 son hombres (16%). En tanto, de las personas que siguen desempleadas, en comparación con el primer trimestre del año pasado, 1.5 millones son mujeres (71%) y 604,422 son hombres (29%).

Entre los impactos diferenciados de la pandemia, también se observa que del total de personas que salieron de la población ocupada, 1.5 millones eran trabajadores informales y sólo 504,051 se encontraban en las filas de la formalidad.

En general, la población desocupada presentó un incremento de 455,346 personas, alcanzando una tasa de 4.4%; casi un punto porcentual más de lo reportado en el arranque de 2020. En tanto, la población inactiva disponible para trabajar aumentó 47% en un año, sumando a 2.7 millones de personas.

La tasa de subocupación, otro elemento de la precariedad laboral y que comprende a las personas con jornadas reducidas y con la necesidad de ofertar más tiempo de trabajo, llegó a un nivel de 13.8% en el primer trimestre de 2021, un aumento de 5.4 puntos en el comparativo anual, sumando a 2.7 millones de personas a esta condición.

De acuerdo con el IMCO, la incorporación de 8.2 millones de mujeres al mercado de trabajo en los próximos 10 años, implicaría un incremento de 3.5 billones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB), con un aumento acumulado de 15% con respecto al 2020.

Para lograr mayor participación de mujeres en la economía, el Instituto Mexicano para la Competitividad recomienda:

Fuente:EL ECONOMISTA 17 de mayo de 2021

Desde 1977 el Consejo Internacional de Museos (ICOM) estableció el 18 de mayo como Día Internacional de los Museos para concientizar sobre su papel en el intercambio cultural, la comprensión mutua y la paz entre los pueblos . Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que los museos en la actualidad se reinventan para generar un mayor sentido de comunidad e interacción en su rol de divulgadores de conocimiento.

Para la cuantificación de las actividades relacionadas con los museos, como parte de la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM), se utiliza como referencia el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de Naciones Unidas, el Marco de Estadísticas Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Guía Metodológica para la implementación de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica del Convenio Andrés Bello.

La Aportación Económica de los Museos

De acuerdo con la CSCM, el sector de la cultura generó un Producto Interno Bruto (PIB) de 724 mil 453 millones de pesos corrientes en 2019, de los cuales, 11 056 millones de pesos corresponden a los servicios relacionados con el área de patrimonio material y natural de la que forman parte los museos del sector público junto a espacios como bibliotecas, fonotecas, zonas arqueológicas y reservas naturales entre otros. Dentro de dicha área se encuentran los museos del sector privado que generaron 486 millones de pesos corrientes en el mismo año.

Los Museos del Sector Privado y el Gasto

En 2019 el gasto en museos del sector privado realizado por los hogares ascendió a 437 millones de pesos corrientes, mientras que los no residentes gastaron 459 millones de pesos corrientes en el mismo año en estos recintos de nuestro país.

Los Museos del Sector Privado y el Empleo

En 2019 los museos del sector privado registraron 1 891 puestos de trabajo ocupados remunerados; esto representó 0.1% de la ocupación en el sector de la cultura en su conjunto.

Los cambios más importantes entre el primer trimestre de 2021 e igual trimestre de 2020 fueron una disminución de la PEA por la vía de la población ocupada, la cual se ve reflejada en la caída de la ocupación en el sector terciario, principalmente en el comercio así como en los restaurantes y servicios de alojamiento; una disminución de la ocupación en los micronegocios y en condiciones de informalidad, así como un aumento de la desocupación y la subocupación.

La ENOEN en el primer trimestre de 2021 reportó una disminución de 1.6 millones de personas en la PEA, lo que se refleja en una Tasa de Participación Económica de 57.1% respecto a la población de 15 años y más, cifra 2.8 puntos porcentuales inferior a la del mismo trimestre de 2020. Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 74.2% y 41.7%, cifras inferiores en 2.2 y 3.4 puntos porcentuales respectivamente, respecto a las correspondientes del primer trimestre de 2020.

En el periodo enero-marzo de 2021, la población ocupada fue de 53 millones de personas, cifra inferior en 2.1 millones comparada con la del primer trimestre de 2020. La población ocupada de hombres fue de 32.7 millones, cifra menor en 604 mil con respecto al mismo trimestre del año anterior, y la población ocupada de mujeres fue de 20.3 millones, 1.5 millones menos en el mismo lapso.

Los trabajadores subordinados y remunerados concentraron 68.6% del total de la población ocupada y los trabajadores por cuenta propia representaron 22.6% para el primer trimestre de 2021. En términos absolutos entre el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021 el primer grupo de trabajadores registró una disminución de 1.5 millones y el segundo grupo, de 347 mil personas.

La estructura sectorial de la ocupación reporta que las actividades terciarias, con una participación de 61.6% en el primer trimestre de 2021, registraron una disminución en términos absolutos de 1.9 millones de personas respecto al primer trimestre de 2020. El sector comercio presentó una disminución de 712 mil ocupados y el de restaurantes y servicios de alojamiento, de 656 mil personas ocupadas en el mismo periodo.

En cuanto a la duración de la jornada de trabajo durante el trimestre de referencia, destaca la reducción de la participación de los ocupados que laboran más de 48 horas semanales de 26.9 a 25.9% y de los ocupados entre 35 y 48 horas semanales de 45.3 a 45.1%, lo cual en número de personas significa una disminución 1.1 millones y de 1 millón, respectivamente.

Las personas ocupadas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda (población subocupada), pasaron de 4.6 millones en el primer trimestre de 2020 a 7.3 millones en mismo trimestre de 2021, con un aumento de 2.7 millones de personas.

La población ocupada informal, que comprende tanto a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, en el primer trimestre de 2021 fue de 29.2 millones, 1.6 millones menos comparada con igual trimestre de 2020.

La tasa de informalidad en las localidades rurales fue de 77.3% en el primer trimestre de 2021, mientras que en las localidades más urbanizadas fue de 42.5 por ciento.

Por entidad federativa, Oaxaca con 79.7%, Guerrero con 76.1% y Chiapas con 74.2% reportaron los porcentajes más altos de informalidad laboral; en cambio, Chihuahua con 34.3%, Nuevo León con 34.9% y Baja California con 35.8% registraron los menores niveles durante el primer trimestre de 2021.

En las tasas de condiciones críticas de ocupación en materia de ingresos y horas trabajadas, Chiapas con 48.2% y Tlaxcala con 37.3% reportaron los porcentajes más elevados; por su parte, Nuevo León con 13.4%, Sinaloa con 13.8% y Baja California Sur con 14.6%, presentan niveles inferiores de ocupación en situación crítica.

La población que se encuentra sin trabajar, que estaba disponible y estuvo buscando trabajo en el último mes (personas en desocupación abierta), fue de 4.4% de la PEA en el primer trimestre de 2021, porcentaje que en igual periodo de 2020 fue de 3.4 por ciento. En términos absolutos, la población desocupada fue de 2.4 millones de personas, monto superior en 455 mil personas comparado con el del primer trimestre de 2020.

Fuente: INEGI 17 de mayo 2021.

Las jornadas laborales prolongadas provocaron 745 000 defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, una cifra un 29% superior a la de 2000. Este dato procede de las estimaciones más recientes realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Que aparecen en la publicación Environment International.

Ambas organizaciones han realizado un primer análisis mundial de la pérdida de vidas y de salud derivada de las largas jornadas de trabajo. Sus datos indican que, en 2016, 398 000 personas fallecieron a causa de un accidente cerebrovascular y 347 000 por cardiopatía isquémica como consecuencia de haber trabajado 55 horas a la semana o más. Entre 2000 y 2016, el número de defunciones por cardiopatía isquémica debidas a las jornadas laborales prolongadas aumentó en un 42%, mientras que el incremento en el caso de las muertes por accidente cerebrovascular fue del 19%.

Estos problemas de salud de origen laboral son más notorios en los hombres (el 72% de las personas fallecidas por esta causa eran varones), en las personas que viven en las regiones del Pacífico Occidental y de Asia sudoriental y en los trabajadores de mediana edad o mayores. La mayor parte de las defunciones registradas correspondieron a personas de entre 60 y 79 años que habían trabajado 55 horas o más a la semana entre los 45 y los 74 años.

Estas cifras demuestran que alrededor de una tercera parte de la morbimortalidad estimada total relacionada con el trabajo se debe a las jornadas laborales prolongadas, que son el factor de riesgo que más contribuye a aumentar la carga de enfermedades ocupacionales. Por esta razón, este factor de riesgo laboral relativamente nuevo para la salud humana, que tiene un carácter más psicosocial, se encuentra en el centro del debate.

El estudio concluye que trabajar 55 horas o más a la semana aumenta en un 35% el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular y en un 17% el riesgo de fallecer a causa de una cardiopatía isquémica con respecto a una jornada laboral de 35 a 40 horas a la semana.

El 9% de la población mundial trabaja muchas horas al día. Cada vez son más los trabajadores cuya jornada laborales excesivamente prolongada, una tendencia que da lugar a un incremento en el número de personas que corren riesgo de sufrir discapacidades o fallecer por motivos ocupacionales.

Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores pueden adoptar las siguientes medidas para proteger la salud de estos últimos:

Las largas jornadas laborales provocaron 745.000 muertes por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo publicadas en Environment International.

Una de las cuestiones más preocupantes del estudio es el hecho de que lejos de haber avanzado en la mejora de la salud de los trabajadores, esas cifras suponen un aumento del 29% desde el año 2000.

En un primer análisis global de la pérdida de vidas y salud asociada con el trabajo prolongado, las dos agencias de la ONU estiman que, en 2016, 398.000 personas murieron por accidente cerebrovascular y otras 347.000 por enfermedades cardíacas como resultado de haber trabajado al menos 55 horas a la semana.

Entre 2000 y 2016, el número de muertes por enfermedades cardíacas debido al trabajo prolongado aumentó en un 42% y por derrames cerebrales en un 19%.

Además, se perdieron 23,3 millones de años de vida a causa de las discapacidades generadas por esas enfermedades.

Esta carga de morbilidad relacionada con el trabajo es particularmente significativa en los hombres (el 72% de las muertes ocurrieron entre hombres), las personas que viven en las regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental, y los trabajadores de mediana edad o mayores.

La mayoría de las muertes registradas fueron entre personas que tenían entre los 60 y 79 años y que habían trabajado durante 55 horas o más por semana entre las edades de 45 y 74 años.

Ahora que se sabe que trabajar muchas horas es responsable de aproximadamente un tercio de la carga total estimada de enfermedad relacionada con el trabajo, esta se establece como el factor de riesgo con la mayor carga de enfermedad ocupacional. Esto cambia el pensamiento hacia un factor de riesgo ocupacional relativamente nuevo y más psicosocial para la salud humana.

El estudio concluye que trabajar 55 horas o más por semana se asocia con un riesgo estimado de 35% más de accidente cerebrovascular y un 17% más de riesgo de morir por cardiopatía isquémica, en comparación con trabajar de 35 a 40 horas a la semana.

Los epidemiólogos ocupacionales a menudo clasifican las largas horas de trabajo en las tres categorías analíticas de 41-48 horas, 49-54 y de más de 55 horas a la semana, y las comparan con las horas de trabajo estándar, que son de 35-40 horas a la semana. Después de que el tiempo de trabajo promedio disminuyó constantemente durante la segunda mitad del siglo XX en la mayoría de los países, esta tendencia general a la baja cesó, e incluso comenzó a revertirse en algunos países durante el siglo XXI.

A medida que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación revolucionan el trabajo, se prevé que el tiempo de trabajo aumente aún más en algunas industrias.

“El teletrabajo se ha convertido en la norma en muchas industrias, a menudo desdibujando los límites entre el hogar y el trabajo. Además, muchas empresas se han visto obligadas a reducir o cerrar sus operaciones para ahorrar dinero, y las personas que todavía están en nómina terminan trabajando más horas. Ningún trabajo merece el riesgo de sufrir un derrame cerebral o una enfermedad cardíaca. Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores deben trabajar juntos para acordar los límites para proteger la salud de los trabajadores”.

La evidencia de estudios previos sugiere que trabajar muchas horas puede aumentar la mortalidad y la morbilidad por cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular a través del estrés psicosocial.

Se pueden concebir dos vías causales primarias:

Las dos agencias hacen una serie de medidas que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores pueden tomar para proteger la salud de los trabajadores:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información estadística con respecto a las personas ocupadas en la educación básica en México.

El Día del Maestro es un día de celebración nacional dedicado a recordar y reconocer la importancia de su trabajo, independientemente de su especialización o del área en que trabajen. Su celebración es el día 15 de mayo de cada año.

Conforme a la Ley General de Educación, en el país se cuenta con tres tipos educativos: el básico, el medio superior y el superior, cada uno conformado por distintos niveles educativos.

Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al cuarto trimestre de 2020, hay 1.2 millones de personas de 20 años y más cuya ocupación principal es la de maestra o maestro en la educación básica, de las cuales 69.9% son mujeres y 30.1% son hombres.

Su edad promedio es de 40 años, ya que la mayor proporción de estas personas ocupadas se encuentra entre las que tienen de 30 a 44 años (45.3%), seguidas por quienes cuentan con una edad de 45 a 59 años (32.3 por ciento). En contraste, las menores proporciones se presentan tanto en el grupo etario más joven (5.1%), como en el de mayor edad (2.7 por ciento).

Considerando su sexo, se observa una mayor presencia de mujeres en los grupos de edad más joven, comportamiento que comienza a revertirse a partir de los 35 años, destacando la mayor presencia de hombres, sobre todo a partir de los 60 años. No obstante, en el rango de edad de 45 a 49 años de edad, la proporción es idéntica entre profesoras y profesores.

De cada 100 maestras y maestros que se desempeñan dentro de la educación básica, 51 lo hacen en el nivel de primaria (644 mil), 25 en el de secundaria (314 mil), 20 en el de preescolar (257 mil), dos imparten enseñanza especial (25 mil) y los restantes son alfabetizadores o se dedican a la enseñanza bilingüe (16 mil).

El área de la OCDE la tasa de desempleo siguió disminuyendo ligeramente en marzo de 2021, hasta el 6,5% (desde el 6,6% en febrero de 2021). Se mantuvo 1,2 puntos porcentuales por encima de la tasa observada en febrero de 2020, antes de que la pandemia de COVID-19 golpeara el mercado laboral.

En marzo, también se observó un descenso marginal de la tasa de desempleo en la zona del euro (hasta el 8,1%, desde el 8,2% en febrero de 2021), donde las mayores caídas (0,2 puntos porcentuales o más) se registraron en Finlandia (hasta el 7,7%). ), Lituania (al 8,9%), Portugal (al 6,5%) y España (al 15,3%).

Fuera de Europa, la tasa de desempleo disminuyó en marzo en la mayoría de los países: 0,7 puntos porcentuales en Canadá (hasta el 7,5%), 0,5 puntos porcentuales en Colombia (hasta el 13,8%), 0,3 puntos porcentuales en Japón (hasta el 2,6%) y 0,2 puntos porcentuales. punto en Australia (al 5,6%), México (al 4,3%) y Estados Unidos (al 6,0%). Por el contrario, subió 0,3 puntos porcentuales, hasta el 5,4%, en Israel . Datos más recientes muestran que en abril la tasa de desempleo aumentó en 0,6 puntos porcentuales en Canadá (hasta el 8,1%) y en 0,1 puntos porcentuales en los Estados Unidos (hasta el 6,1%).

La tasa de desempleo juvenil de la OCDE (personas de 15 a 24 años) disminuyó aún más en marzo, hasta el 13,3% (desde el 13,6% en febrero), todavía 2,0 puntos porcentuales por encima de su nivel prepandémico (febrero de 2020).

De manera más general, cabe señalar que las estadísticas de desempleo no tienen en cuenta la cantidad total de holgura del mercado laboral debido a COVID-19, ya que algunas personas no empleadas pueden clasificarse como “fuera de la fuerza laboral”, porque, debido a la pandemia, no pueden buscar trabajo activamente o no están disponibles para trabajar.

Las medidas implementadas por los gobiernos nacionales para reducir la propagación del coronavirus (Covid-19) pueden haber tenido un impacto en la capacidad de realizar encuestas de campo y, a su vez, en la calidad de las estadísticas que normalmente se producen. Además, debido a las diferencias en las prácticas nacionales utilizadas para determinar si las personas están desempleadas cuando están confinadas, la comparabilidad internacional también se ha visto afectada.

Es necesario tener cuidado al interpretar la caída en la tasa de desempleo del área de la OCDE en comparación con el pico de abril de 2020, ya que esto refleja en gran medida el regreso de los trabajadores despedidos temporales en los Estados Unidos y Canadá, donde se registran como desempleados. Para Canadá y Estados Unidos, el tratamiento estadístico de las personas en despido temporal es diferente al de otros países, donde estas personas generalmente se registran como empleadas.

Las directrices de la OIT definen a los desempleados como “todos aquellos en edad de trabajar que no estaban empleados, realizaron actividades para buscar empleo durante un período reciente específico y estaban actualmente disponibles para aceptar un empleo si se les da una oportunidad de trabajo”. Algunas personas no empleadas pueden clasificarse como “inactivas / fuera de la fuerza laboral” porque, debido a la pandemia, no pueden buscar activamente un trabajo incluso si están disponibles para trabajar o no están disponibles para trabajar porque de responsabilidades familiares ya que las escuelas y los servicios de atención están cerrados.

Fuente: OECD mayo de 2021

Durante el primer año de la pandemia, la Ciudad de México fue la única entidad federativa que mostró una alta competitividad, es decir, siguió atrayendo talento e inversión, mientras que en el otro extremo se encontraron los estados del sur como los más rezagados.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, la capital del país se ubicó en la primera posición de un ranking de 32.

Pese a la emergencia sanitaria, la Ciudad de México no perdió su primer lugar en el ICE; desde el 2001 lo ocupa.

La Ciudad de México presentó el mayor PIB per cápita (408,042 pesos por persona) y la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14,827 contratos de banca móvil por cada 10,000 adultos) y carga aérea (51,000 kilogramos por cada 1,000 personas).

Entre las razones principales que pusieron al sur en jaque, la especialista indicó que la emergencia sanitaria mermó la diversificación económica de estos estados; también se suma un rezago histórico donde se ha excluido a la región de los planes de desarrollo y crecimiento económico.

Recalcó que los cinco estados del sur tienen en promedio el menor PIB per cápita del país (87,00 pesos por persona), también el mayor rezago en inversión por población económicamente activa (45,000 pesos) y sólo 19% de las personas de 25 años o más cuentan con estudios universitarios o técnicos. También se concentra el mayor porcentaje de informalidad (71% de los trabajadores).

Sobre el proceso de evaluación y metodología del ICE, el índice está compuesto por 72 indicadores que forman 10 subíndices (tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, democracia, gestión gubernamental; e inclusión, salud y educación).

Los resultados de las entidades permiten clasificarlas en seis grupos de competitividad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja.

A partir de los resultados identificados en el ICE 2021, el Imco desarrolló algunas propuestas para que las entidades mejoren su competitividad. La primera busca que se pueda adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos locales, para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa y con ello evitar la discrecionalidad.

Se debe promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.

También se deben desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y servicios.

Se necesitan reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos; se deben crear sistemas estatales de innovación que incentiven un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes.

Por último, se tienen que aprovechar las facultades de los estados para desarrollar programas de nivelación académica ante los efectos de la pandemia.

Fuente:EL ECONOMISTA 27 de abril de 2021

Desde 1889, el 1° de mayo es una fecha cívica en varios países por resolución del Congreso Obrero de la Segunda Internacional, reunido en París para conmemorar las jornadas de Chicago que tuvieron lugar entre el 1 y el 4 de mayo de 1884. En México, la Casa del Obrero Mundial decidió conmemorar el 1º de mayo como Día Internacional del Trabajo a partir de 1913.

En 1919 inició sus operaciones la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cimenta las bases para captar y recopilar estadísticas laborales en el mundo mediante las Conferencias Internacionales de Estadísticos de Trabajo (CIET). Desde su creación, el 25 de enero de 1983, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha participado en las conferencias, con lo que ha afinado y enriquecido su sistema estadístico. Sobresale también la contribución del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y otras unidades de estado del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

A continuación, se destacan cambios reflejados en indicadores clave de 2010 a 2020 en esta temática.

Panorama Laboral

Entre 2010 y 2020 la Población Económicamente Activa (PEA) presentó una tasa de crecimiento promedio anual de 1.4% y pasó de un volumen de 48.5 millones de personas a 55.9 millones. Mientras el ritmo de crecimiento promedio anual de la PEA masculina fue de 1.2%, el de la PEA femenina lo fue de 1.9%, y alcanzó 21.7 millones al final del periodo.

Hasta 2019 la tasa de crecimiento promedio anual del total de la PEA había sido de 1.9%; la masculina y la femenina se expandían a 1.5% y 2.7%, respectivamente. En términos absolutos la PEA total había alcanzado 57.6 millones y la femenina 22.8 millones. Lo acontecido en 2020 redujo estas cifras: 1.7 millones personas salieron de la fuerza laboral: 1.1 millones de ellas, mujeres.

Los 15 años son la edad mínima de la fuerza laboral. En 2010, el promedio de edad era de 37.8 años (36 en el caso de las mujeres); en 2020 se ubicó en 39.7 (39.4 para las mujeres). Por lo que respecta a la escolaridad, el promedio de años concluidos del total de la PEA en el periodo pasó de 9.3 a 10.3. El promedio de las mujeres ha superado al de los hombres: en 2010 fue de 9.7 (9.0 en los hombres) y de 10.8 en 2020 (10.0 en la población masculina).

De 2010 a 2020 en términos reales el salario mínimo creció 51.7% mientras el salario real de cotización que reporta el IMSS lo hizo en 12.2 por ciento. El Índice Global de Remuneraciones Medias Reales de los Sectores Económicos (IGREMSE) de las encuestas en establecimientos que reportan al INEGI muestra una variación de 11.3 por ciento. Sin embargo, la presencia de la masa salarial en el PIB hasta 2019 aún no recuperaba la participación que tenía en 2010, con una reducción de 1.4 puntos porcentuales.

En 2010 el promedio del tiempo trabajado a la semana fluctuaba alrededor de 43 horas, mismo que pasó a 42 horas en 2020; la pandemia ha incidido en esa disminución.

Durante el periodo 2010-2020 la productividad laboral por personal ocupado disminuyó 0.3%, en tanto que medida en horas trabajadas aumentó 0.2 por ciento. Cuando desaceleró la actividad económica en 2019 —y de forma más pronunciada en 2020— no pocas unidades económicas redujeron primero las horas trabajadas antes de recortar su plantilla de trabajadores.

El incremento en el número de empleos que reporta el IMSS en el periodo 2010-2020 fue de 34.2%, con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.3%, cifra que también refleja el impacto de la pandemia en el tramo final de la serie. Hasta 2019, se tenía un incremento de 38.6% respecto a 2010 (4.2% promedio anual). El Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) incrementó 9.4% de 2010 a 2020 (tasa promedio anual de 0.9%) cuando hasta 2019 había sido de 14.2% (tasa promedio anual de 1.5%).

La informalidad es un fenómeno dominante de la ocupación en México. Comprende la ocupación en micronegocios no registrados ante la autoridad tributaria (sector informal) y también a aquellos empleados en unidades económicas formales no registrados como trabajadores ante la seguridad social, es decir, trabajadores en condiciones de informalidad fuera del sector informal.

Respecto a la ocupación total, la informalidad descendió 3.7 puntos porcentuales entre 2010 y 2020 (pasó de 59.3% a 55.6%).

El INEGI difunde los resultados de los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos: IGPOSE, IGRESE e IGREMSE, correspondientes a febrero de 2021.

Los índices globales, tienen como objetivo primordial representar una aproximación al personal ocupado y a las remuneraciones que reportan las encuestas económicas para los sectores construcción, industrias manufactureras, comercio y servicios privados no financieros, fortaleciendo la infraestructura estadística sobre la economía en su conjunto, lo que coadyuva en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas enfocadas al mercado laboral de México.

En febrero de 2021, con cifras desestacionalizadas, el IGPOSE registró un nivel de 105.9 puntos con un incremento de 0.2% respecto al mes previo. En su comparativo anual, este índice presentó una variación de -3.4 por ciento.

El IGRESE alcanzó un nivel de 113.6 puntos en febrero de 2021 lo que tuvo una variación de -1.1% respecto a enero, con cifras desestacionalizadas. Con relación a febrero de 2020 decreció 4.9 puntos porcentuales.

Con cifras desestacionalizadas, en febrero de 2021, el IGREMSE observó un nivel de 107.0 puntos con una disminución de 1.1% respecto al mes previo. Este índice significó una variación de -1.7% en comparación con febrero de 2020.

El nivel más elevado para el IGPOSE es el registrado en mayo de 2019 con 111.0 puntos, el IGRESE presentó su nivel más alto en febrero de 2020 con 119.4 puntos y el IGREMSE en diciembre de 2020 con 108.9 puntos.

El COVID-19 ha trastornado el mundo del trabajo y es probable que los efectos sean duraderos. Uno de los que más han sufrido han sido los que han estado en la primera línea de frente de la lucha contra el virus.

Más de 7000 trabajadores sanitarios han fallecido desde que surgió la crisis del COVID-19, y 136 millones de empleados en esos servicios y los de asistencia social corren el riesgo de contraer esa enfermedad, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un nuevo informe, publicado con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la agencia de la ONU explica que para echar a andar estos sistemas hace falta invertir en infraestructura e integrar todas sus provisiones en los planes nacionales de preparación y respuesta a las crisis.

Además de proteger a los trabajadores, de esta manera se facilitaría la continuidad de la operación empresarial aún en tiempos de emergencia, sostiene la publicación.

Según el estudio “Anticiparse a las crisis, prepararse y responder – Invertir hoy en sistemas resilientes de SST”, la emergencia del COVID-19 colocó a los trabajadores no sólo en riesgo de contraer el virus en el lugar de trabajo, sino que los sometió a restricciones de movilidad y produjo un aumento de las modalidades de teletrabajo, así como el cierre de muchas actividades comerciales y de manufactura.

La OIT señala que el impacto de la crisis afectó el mercado de trabajo, las condiciones laborales, los salarios y, en muchos casos, el acceso a protecciones como las licencias por enfermedad y las prestaciones sociales.

Con respecto a los trabajadores de la economía informal, generalmente los más pobres y desprotegidos, el texto enfatiza que su vulnerabilidad se ha agudizado en el contexto de la pandemia.

Añade que las medidas de confinamiento total o parcial aplicadas en muchos países, que afectan a unos 5000 millones de personas en el mundo, han golpeado a unos 1600 millones de trabajadores informales, que trabajan en sectores como los servicios de alojamiento y alimentación, la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista y la agricultura.

Los trabajadores de la economía informal, especialmente en los países en desarrollo, no tienen más opción que trabajar a pesar de las restricciones de movimiento e interacción social, los confinamiento y otras medidas porque no tienen acceso a protecciones sociales como las licencias o subsidios por enfermedad o emergencias.

Además, las condiciones de vida hacinadas e insalubres hacen casi imposible el distanciamiento físico en sus viviendas.

Entre las provisiones para enfrentar las emergencias, la Organización destaca el papel crucial del diálogo social en todos los ámbitos de respuesta.

De acuerdo con la OIT, un diálogo social eficaz ayuda a ofrecer mejores soluciones para adaptarse a las circunstancias y generar confianza.

El informe también recuerda que las normas laborales internacionales son una referencia importante para proteger el trabajo decente en el contexto de las respuestas a las crisis.

La agencia asevera que la pandemia ha evidenciado la necesidad de que los países cuenten con un marco institucional nacional sólido de seguridad y salud en el trabajo, al igual que una autoridad competente en la materia que ejerza el liderazgo y actúe como organismo de confianza en una crisis para producir respuestas más coordinadas y rápidas.

Agrega que la emergencia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que los servicios de salud en el trabajo actúen “como puente” entre los sistemas de salud pública y el lugar de trabajo con servicios como el asesoramiento, la consulta, la educación y la formación; el seguimiento de los casos, y la notificación a las autoridades sanitarias y de la seguridad social.

Sensibilización sobre seguridad y salud en el trabajo, el caso de México

El estudio considera fundamental que los trabajadores, los empleadores y la sociedad en su conjunto cobren conciencia de la importancia de la seguridad y la salud en la esfera laboral.

Como ejemplo de una buena práctica en este renglón, cita las campañas de sensibilización sobre sobre el tema en las cadenas de valor del café en México.

Dicha iniciativa implicó la producción de una serie de recursos audiovisuales por parte de la OIT y la Federación Nacional de Cafeteros con el objetivo de concienciar a los trabajadores sobre la seguridad y la salud en el trabajo en las cadenas de valor del café durante la pandemia de COVID-19.

La campaña incluyó una radionovela de diez capítulos sobre diversos aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, incluida la mitigación del riesgo de COVID-19 durante la cosecha.

También se crearon cuñas radiofónicas, en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, para hablar de los peligros del coronavirus y de cómo mantenerse a salvo en el sector del café. Por último, se produjo una serie de videos en los que se habla de la prevención del COVID-19 en la agricultura, así como de la limpieza, la desinfección y otras medidas de mitigación.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es necesario que los países pongan en marcha sistemas de seguridad y salud en el trabajo (SST) sólidos y resistentes, a fin de mitigar los riesgos que corren todas las personas en el mundo del trabajo frente a futuras emergencias sanitarias.

A tal efecto, será necesario invertir en infraestructuras de SST e integrarlas en planes generales de preparación y respuesta frente a crisis a escala nacional, con objeto de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores y facilitar la continuidad de la actividad empresarial.

En el informe Anticiparse a las crisis, prepararse y responder – Invertir hoy en sistemas resilientes de SST se examinan la prevención y la gestión de riesgos relacionados con la pandemia, y se abordan otros riesgos de salud y seguridad asociados a la modificación de las pautas de trabajo como consecuencia de la adopción de medidas de control del virus.

También se esboza la función primordial desempeñada durante la pandemia por los marcos normativos y las instituciones de seguridad y salud en el trabajo, así como por los correspondientes mecanismos de conformidad, servicios sanitarios y de asesoramiento, provisión de información, y actividades de investigación y formación.

Desde que surgió la pandemia de COVID-19 , los trabajadores de sectores específicos, en particular los de atención en caso de emergencias, la sanidad y la asistencia social, se han encontrado en una situación particularmente vulnerable frente al riesgo de infección. Según datos del informe, 7.000 trabajadores sanitarios han fallecido desde que surgió la crisis, y 136 millones de trabajadores de los servicios sanitario y de asistencia social corren el riesgo de contraer el COVID-19 en el trabajo.

Al analizar los problemas sanitarios relacionados con el enorme aumento del teletrabajo a lo largo de la pandemia, en el informe se señala que, si bien el teletrabajo ha sido primordial para limitar la propagación del virus, así como para mantener el empleo y la continuidad de la actividad empresarial y ofrecer a los trabajadores mayor flexibilidad, ha dificultado asimismo la delimitación entre horario laboral y vida personal. El 65% de las empresas encuestadas por la OIT y la Red de SST del G20 manifestaron que los trabajadores tuvieron dificultades para mantener el ánimo durante el teletrabajo.

Según se desprende de los resultados del informe, las pequeñas empresas y las microempresas han tenido dificultades con frecuencia para cumplir los requisitos oficiales en materia de SST, habida cuenta de que muchas de ellas carecen de los recursos necesarios para hacer frente a los retos planteados por la pandemia.

Gran parte de los 1.600 millones de trabajadores que desarrollan su labor en la economía informal, en particular en los países en desarrollo, han seguido trabajando pese al confinamiento y las restricciones de desplazamiento e interacción social, entre otras medidas aplicadas. Debido a ello, han corrido un elevado riesgo de contraer el virus, y la mayoría de ellos carece de protección social fundamental, por ejemplo derecho a baja o a remuneración por enfermedad.

Como se destaca en el informe, las normas internacionales del trabajo proporcionan directrices específicas sobre la forma de afrontar esos retos, y en consecuencia, de mitigar el riesgo de propagación del virus en el trabajo. Dichas normas ofrecen asimismo herramientas para implantar mecanismos de SST adecuados y velar por que los trabajadores, los empleadores y los gobiernos puedan fomentar el trabajo decente, al tiempo que se adaptan a los efectos de la pandemia en el plano socioeconómico.

Por otro lado, las normas internacionales del trabajo promueven el diálogo social como método idóneo para garantizar que los procedimientos y los protocolos se apliquen y acepten de forma eficaz.

Por primera vez, el INEGI presenta resultados de la Desagregación Sectorial del Indicador Oportuno de la Actividad Económica que permitirán a los usuarios tener una idea de los cambios en los niveles de actividad económica, con mayor oportunidad.

Mientras el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y sus componentes se dan a conocer aproximadamente 8 semanas después de terminado el mes de referencia, la Desagregación Sectorial del Indicador Oportuno de la Actividad Económica presentará sus estimaciones apenas cuatro semanas después del cierre del mes, adelantándose en 4 semanas a la salida de los datos oficiales.

Estos indicadores se publicarán de forma trimestral, con resultados para el tercer mes de cada trimestre. A continuación, algunos resultados correspondientes a marzo de 2021:

Se estima que las actividades relacionadas con los servicios son las que presentan una mayor disminución en la comparación interanual. Destacan actividades de artistas, escritores y técnicos independientes (-32.8%), parques recreativos, casinos loterías y otros servicios recreativos (-32.7%) y otras escuelas y servicios educativos (-29.7 por ciento).

Las actividades secundarias con la mayor caída con respecto a marzo del año anterior son las relacionadas con la industria de la construcción.

Asimismo, para marzo de 2021 se estima una pérdida de 536,360 empleos formales, comparado con marzo de 2020.

Los servicios de preparación de alimentos y bebidas presentan la mayor reducción estimada de empleos (-94,861 empleos) en su comparación interanual, seguido por la fabricación de equipo de transporte (-68,868 empleos) y parques recreativos, casinos loterías y otros servicios recreativos (-64,977 empleos).

La Desagregación Sectorial del IOAE es un ejercicio de estadísticas experimentales que realiza el Instituto a partir de su vinculación con un modelo de multiplicadores contables basado en las Matrices de Contabilidad Social de México (MCSM).

Las MCSM estiman directamente los niveles de actividad económica con base en modificaciones en la estructura de la demanda final (principalmente consumo privado, consumo de gobierno, formación bruta de capital fijo y exportaciones). La vinculación del modelo de las MCSM con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) da como resultado la estimación de variaciones en los niveles de empleo formal, detallando el nivel de ingresos, tamaño de las empresas y distribución geográfica de los trabajadores.

Para efectos de esta aplicación, la compatibilización entre los clasificadores del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en la cuenta de producción de las MCSM y el clasificador en la ENOE se realizó tratando de obtener la máxima desagregación posible. En consecuencia, se buscó que cada actividad resultante tuviera un número suficiente de observaciones en la ENOE, de manera que sus resultados fueran más robustos.

Lo anterior dio como resultado que algunas actividades se mantuvieron a nivel de rama (4 dígitos del SCIAN) y algunas otras a nivel de subsector (3 dígitos del SCIAN). En algunos casos, se realizaron agrupaciones de ramas dentro de un subsector, sin que se agregara al subsector completo. Este es el caso del subsector 611, dentro del cual se creó un grupo con las actividades 6114 a la 6117 (“6114-6117”).

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) pueden impulsar una recuperación más sólida de la pandemia de COVID-19, debido a su naturaleza innovadora y de búsqueda de oportunidades, pero necesitan más apoyo.

Las mipymes constituyen la columna vertebral de la economía mundial, ya que representan dos tercios del empleo a nivel mundial y entre el 80% y el 90% del empleo en los países de bajos ingresos.

Al mismo tiempo, se ven afectados de manera desproporcionada por las crisis relacionadas con la pandemia. Están sobrerrepresentados en los sectores de servicios no esenciales más afectados por las medidas de confinamiento. Muchas MIPYMES han sufrido enormes pérdidas de ingresos, mientras que otras han cerrado.

El menor tamaño de las Mipymes les permite ser flexibles y adaptarse a nuevos entornos como el creado por COVID-19.

No solo pueden ayudar a superar las limitaciones anteriores relacionadas con la falta de capacidad productiva y la diversificación económica en muchos países de bajos ingresos, sino que también pueden contribuir a una recuperación sólida y sostenible.

Los participantes de la cumbre compartieron buenas prácticas para mejorar el papel del espíritu empresarial y las MIPYMES, con un enfoque especial en el programa Empretec de la UNCTAD , que se basa en un enfoque de comportamiento único para el desarrollo de la capacidad empresarial.

El evento incluyó una sesión interactiva con empresarios de la red Empretec, quienes compartieron sus historias de éxito durante la pandemia de COVID-19.

Los seis países de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) pueden incrementar la productividad de sus economías y su fuerza laboral para recuperarse de la mayor recesión económica en su historia —causada por la pandemia y exacerbada por el paso de los huracanes Eta e Iota— y avanzar hacia un crecimiento económico firme y sostenible, de acuerdo con un nuevo estudio del Banco Mundial.

El informe “Desatando el potencial de crecimiento de América Central”, señala que estos países tienen ante sí la oportunidad de dinamizar sus economías mediante una serie de reformas en áreas clave. Estas incluyen reducciones en los costos y barreras para el comercio; inversiones en capital humano, innovación e infraestructura física y digital; atracción de inversiones privadas a través de la mejora del entorno empresarial y la calidad de las instituciones, y una mayor inclusión de mujeres y jóvenes en el mercado laboral.

El estudio analizó el desempeño de América Central durante las últimas tres décadas y encontró que, si bien entre 1991 y 2017 su economía creció en promedio 4,5% al año, por encima del resto de América Latina y el Caribe, esto se logró con poco crecimiento de la productividad.

Un mayor número de trabajadores, debido a un rápido crecimiento de la población en edad de trabajar, representó dos tercios del crecimiento económico logrado en ese periodo. Dado que se prevé un descenso pronunciado en el crecimiento de la población en edad de trabajar, un mayor aumento en la productividad, es decir, mayor capacidad de las empresas y de la mano de obra para producir más y mejores bienes y servicios, será esencial para sostener un crecimiento fuerte de cara al futuro.

La pandemia empujó a América Central a su mayor contracción económica. No obstante, el comercio mundial de bienes se ha recuperado, los precios de las materias primas se mantienen, las remesas son más altas que hace un año y la regionalización de las cadenas de valor globales hacia América del Norte se está acelerando, lo que representa un buen augurio para las economías de América Central.

Algunas de las áreas clave para impulsar reformas de políticas, identificadas por el estudio, incluyen:

1.-Reducir costos y barreras al comercio intrarregional y con México: Los costos para el comercio son altos en América Central, equivalentes a aranceles de hasta 74%.

2.-Invertir en capital humano y en cobertura y calidad de la infraestructura física y digital: Reducir las brechas de conocimientos y habilidades fortalecerá la productividad, la flexibilidad y la capacidad innovadora de la fuerza laboral. También apoyará el desarrollo de industrias modernas que ocupen intensamente a trabajadores altamente calificados, como las tecnologías de la información y la comunicación, así como industrias menos intensivas en habilidades como el turismo.

3.-La atracción de inversiones privadas a través de la mejora del entorno empresarial y la calidad de las instituciones: Se necesitan grandes proyectos de inversión, pero éstos requieren reglas claras, instituciones capacitadas, disponibilidad fiscal y alianzas con el sector privado.

4.-Modernizar los códigos laborales: Con el fin de adaptarlos a situaciones híbridas en la pospandemia, atraer los empleos del futuro, facilitar la movilidad entre empresas y sectores y la formalización laboral e impulsar una mayor participación de mujeres y jóvenes en la fuerza laboral.

El estudio consta de seis informes que analizan los factores, limitaciones y oportunidades de crecimiento para cada país y un informe regional que examina los temas comunes a toda América Central.

El mercado laboral reflejó por segundo mes consecutivo las mejores condiciones de la economía tras un año de pandemia y registró un nuevo aumento entre la población ocupada. Sin embargo, el avance se dio a costa de la calidad del empleo y todos los trabajos generados en marzo se dieron en la economía informal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada tuvo un incremento de 761,866 personas en el tercer mes del año, para alcanzar un total de 53.8 millones. Este incremento redujo la tasa de desocupación a 3.89%, después de haberse ubicado en 4.37% en febrero, el nivel más bajo en lo que va del año, pero un punto más de lo reportado hace un año.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó también que de los 12.5 millones personas que salieron de la fuerza laboral hace un año por el cierre de actividades económicas no esenciales ante la pandemia, 10.6 millones ya han retornado a una ocupación. Los datos de la ocupación en marzo reflejan un avance, pero también en la precariedad laboral. El empleo informal fue el único renglón que tuvo un aumento. En el mes pasado, 1.2 millones de personas se sumaron a esta condición, mientras que el empleo formal vio la salida de 354,498 trabajadores. Esta combinación llevó la tasa de informalidad a 56.8%, el nivel más alto desde febrero de 2019.

El contraste entre ambas tasas, muestra que la informalidad no sólo fue el destino de los empleos que se crearon en marzo, también algunas personas que laboraban en la formalidad pasaron a este rubro de la ocupación. Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en marzo se crearon 88,771 plazas, el déficit del empleo formal reportado por el Inegi en el tercer mes del año podría ser un indicador de una reducción de la planta laboral en las dependencias gubernamentales.

Por otra parte, la tasa de subocupación, otro indicador de precariedad, tuvo una reducción de 13.9 a 13.2%, aunque representa un avance en comparación con los meses críticos de pandemia, cuando llegó a abarcar al 25.4% de la población ocupada, se encuentra aún lejos a los niveles previos a la crisis, con 9.1 por ciento.

El aumento de la población ocupada no fue generalizado si se observa el comportamiento por actividad económica. El sector que más ganó, fue el primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) con un aumento de 758,000 trabajadores, casi la misma proporción del incremento de las personas ocupadas. El sector terciario o también conocido como sector de servicios, reportó un aumento de 526,000 empleos, la mitad de estos en las actividades restauranteras y de alojamiento. Esta dinámica compensó la pérdida de 552,911 puestos de trabajo en el sector industrial (secundario).

Fuente:EL ECONOMISTA 23 de abril de 2021

La tasa de desempleo de México subió a 3.9% en marzo, un punto porcentual más que en el mismo mes del año pasado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (Inegi).

La población ocupada se situó en 53.8 millones de personas, dos millones menos en comparación con marzo de 2020, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA), que engloba a todos los ciudadanos en disposición de trabajar, también se contrajo en ese lapso, al pasar de 57.4 millones a 56 millones de personas.

Las cifras de marzo representan, no obstante, una mejora tras el impacto en la PEA de la suspensión de actividades económicas por la pandemia de Covid-19 el año pasado, informó el Inegi.

“De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril de 2020 por el tema de pandemia, la recuperación es de alrededor de 10.6 millones para el tercer mes de 2021”, destacó la institución.

En tanto, la ocupación en el sector informal de la economía ascendió a 30.6 millones de personas en el tercer mes del año, mientras que la tasa de informalidad se situó en 56.8%, un descenso de 1.1% frente a marzo de 2020.

La economía mexicana, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, se contrajo 8.5% en 2020, su mayor caída en casi 90 años, arrastrada por los efectos de la crisis sanitaria mundial.

Para este año, el gobierno federal espera un rebote del 5.3% en el PIB, mientras que el autónomo Banco de México (Banxico) estima que el crecimiento anual será del 4.8 por ciento.

Fuente:EL ECONOMISTA 22 de abril de 2021

La UNCTAD y la Family Business Network (FBN) han unido fuerzas para movilizar y apoyar a las empresas familiares para que adopten la sostenibilidad en sus estrategias comerciales.

Dos tercios de las empresas en todo el mundo pertenecen o son administradas por familias, emplean al 60% de la fuerza laboral mundial y contribuyen con más del 70% del PIB mundial.

Para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030, se requiere un ambicioso esfuerzo global durante la próxima década para acelerar las soluciones sostenibles a los desafíos económicos, ambientales, sociales y de gobernanza del mundo.

Las empresas familiares son clave para construir un futuro transformador y sostenible.

Muchas empresas familiares han sido tradicionalmente privadas y han mantenido un perfil bajo, con divulgación pública e informes sobre sostenibilidad limitados.

La iniciativa tiene como objetivo movilizar y apoyar a las empresas familiares para que se comprometan con contribuciones concretas y medibles hacia los ODS. Les ofrece formas y medios de integrar la sostenibilidad en sus modelos comerciales convencionales y proporcionar pruebas de sus contribuciones a los ODS.

La UNCTAD y la FBN compartirán conocimientos especializados y mejores prácticas derivadas de su red mundial de partes interesadas en la inversión y el desarrollo y ofrecerán a la comunidad empresarial familiar una plataforma internacional para facilitar sus contribuciones al desarrollo sostenible.

El marco de presentación de informes se basa en la orientación de la UNCTAD sobre los indicadores básicos para que las entidades informen sobre su contribución a la implementación de los ODS .

Para complementar el marco, la iniciativa elaboró ​​elementos de divulgación adicionales para capturar y reconocer los esfuerzos de las empresas familiares para contribuir al desarrollo sostenible.

Además, la iniciativa incluirá actividades de creación de capacidad para empresas familiares, lo que les permitirá participar en debates mundiales de múltiples partes interesadas sobre el impulso de los esfuerzos de desarrollo sostenible, en el contexto del Foro Mundial de Inversiones.

Los ODS son un modelo adecuado para fomentar la sostenibilidad entre las empresas familiares porque consideran no solo la situación actual, sino también a las generaciones futuras.

De acuerdo con cifras de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI), en febrero del 2020, el último mes antes de la llegada de la Covid-19 a México, entraron al país 2,359 millones de dólares por turismo internacional, esto implica que actualmente los ingresos son 66% inferiores en relación anual.

El flujo de visitantes, de todas las categorías se mantienen por niveles bajos respecto de los prepandémicos. Durante este lapso arribaron a los aeropuertos y fronteras terrestres 3 millones 400,047 visitantes, una caída anual de 58% respecto de los 8 millones 161,900 visitantes que entraban en este mes el año pasado.

Durante este segundo mes del año, en promedio, cada visitante gastó 235 dólares durante su estancia en el país, un nivel 19% inferior respecto del registrado durante el mismo lapso del año pasado.

Si se considera un desglose por tipo de visitante se observa que la pandemia Covid-19 golpeó con muchísima más fuerza a las actividades de turismo de recreación o laboral en relación con el turismo fronterizo y los excursionistas.

En general, el turismo ha sido una de las actividades económicas más golpeadas por la emergencia sanitaria. Adicionalmente, es una de las que enfrenta una reactivación más compleja debido a su alta dependencia de restricciones globales y de la persistencia de riesgos sanitarios propios de las actividades del sector.

En México el turismo es una de las 10 actividades que más empleos genera y está en entre las principales fuentes de divisas, sólo después del sector automotriz y las remesas.

Fuente:EL ECONOMISTA 12 de abril de 2021

La región de América Latina y el Caribe perdió 26 millones de empleos como consecuencia de la pandemia, e inició 2021 con un panorama laboral complejo agravado por nuevas olas de contagios y lentos procesos de vacunación que hacen más inciertas las perspectivas de recuperación en los mercados de trabajo, destacó una nueva nota técnica de OIT.

La nota técnica de la Oficina Regional de la OIT “Transitando la crisis laboral por la pandemia: hacia una recuperación del empleo centrada en las personas ”, destaca que los impactos en el trabajo fueron devastadores en el segundo trimestre de 2020 cuando los indicadores de ocupación y participación se desplomaron, y luego se recuperaron parcialmente.

Aún así, al concluir 2020 la tasa de ocupación promedio de la región se había reducido de 57,4 a 51,7 por ciento, una fuerte caída que equivale a la pérdida de alrededor de 26 millones de empleos, de los cuales un 80 por ciento, es decir más de 20 millones de personas, salieron de la fuerza de trabajo.

Esta salida de la fuerza laboral fue inédita y ha sido una característica de 2020. En comparación, la tasa de desocupación ha reflejado solamente en forma parcial la magnitud de las dificultades por las que han venido atravesando los mercados laborales de la región, al aumentar en algo más de 2 puntos porcentuales entre 2019 y 2020, de 8,3 a 10,6 por ciento.

Además de los empleos perdidos, la región experimentó una fuerte contracción de las horas trabajadas, así como una reducción de los ingresos laborales, que representan 80 por ciento de lo que perciben las personas en América Latina y el Caribe. La región ha registrado las mayores pérdidas a nivel mundial en las horas trabajadas.

La nota técnica de la OIT señala que en esta crisis tanto el empleo formal como el informal experimentaron contracciones muy pronunciadas, pero el segundo con mayor intensidad que el primero y por ese motivo la tasa de informalidad se redujo (temporalmente), en el marco del colapso generalizado en la demanda de empleo, especialmente en los primeros meses de la pandemia. Pero esa situación ya comenzó a cambiar.

Según los datos disponibles de siete países, la recuperación del empleo en la segunda mitad de 2020 ha estado traccionada casi por completo por el crecimiento del empleo informal. Estas ocupaciones estarían dando cuenta de más del 60 por ciento del aumento total del empleo.

La OIT ha propuesto desarrollar estrategias de recuperación basadas en un Marco de políticas con cuatro pilares principales: estimular la economía y el empleo; apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; y recurrir al diálogo social para encontrar soluciones.

La nota técnica destaca que en un escenario tan complejo como el actual “el dialogo social y la construcción de nuevos consensos, pactos o acuerdos son más relevantes que nunca” para avanzar en la recuperación del empleo.

Durante el primer mes del 2021 se registró un avance moderado de 1.0% en el nivel de consumo privado ejercido por las familias mexicanas en relación con lo registrado el mes previo.

De acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi, en su comparación anual el Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interno todavía se encuentra en terreno negativo con una contracción de 5.7 por ciento.

Estas cifras muestran que las presiones ejercidas por la crisis económica y laboral aunadas a la tendencia acelerada de la inflación que inició con este 2021 todavía impactan en el nivel de compras de los hogares en el país.

En el desglose por tipo de bienes y servicios consumidos; en México continúan destacando los que son importados. Durante enero del 2021 el indicador de consumo de bienes producidos en el extranjero se ubicó en 133 puntos del umbral base de 100 puntos, por su parte el nivel de consumo de bienes y servicios producidos en territorio nacional se ubicó en 107 puntos.

Adicionalmente las mercancías provenientes del extranjero han mostrado una mejor recuperación en términos de consumo al interior del país, con recuperaciones mensuales de hasta doble dígito en los últimos meses del 2020 y en el primero del 2021, en contraparte los avances del consumo de mercancías nacionales han sido significativamente más modestos.

Los analistas e instituciones continúan optimistas sobre la recuperación económica y el rebote en el PIB de México, pese a ello se alerta por presiones inflacionarias ante la tendencia de aceleración que mostró la tasa de inflación interanual en los primeros meses del año; a la primera quincena de marzo se ubicó en 4.1% incluso saliendo del objetivo establecido por el Banco de México (3% +/- un punto porcentual), este factor podría presionar negativamente el consumo ejercido por las familias mexicanas.

Adicionalmente la confianza de los consumidores también continúa avanzando con moderaciones.

Fuente:EL ECONOMISTA 07 de abril de 2021

En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, reconociendo al deporte como un instrumento para promover estilos de vida saludable; educar en principios como la tolerancia y el respeto, la cooperación, solidaridad, comprensión e inclusión social; y prevenir y controlar enfermedades no transmisibles a través del ejercicio físico.

Con el lema Mantente Activo frente al COVID-19, este año las Naciones Unidas invitan a la población a mantenerse activa, sana y solidaria en tiempos de distanciamiento físico y social, con el fin de ayudar a superar la incertidumbre y las dificultades actuales, tanto a nivel individual como comunitario.

En este marco, el INEGI se une a la labor de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la participación de mujeres y hombres en la práctica de algún deporte o ejercicio físico y pone a disposición, información estadística sobre la situación que guarda nuestro país el aprovechamiento de esta actividad que, incluso desde el confinamiento en los hogares, permite mejorar la salud y bienestar de la población.

El INEGI difunde los resultados de los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos: IGPOSE, IGRESE e IGREMSE, correspondientes a enero de 2021.

Los índices globales, tienen como objetivo primordial representar una aproximación al personal ocupado y a las remuneraciones que reportan las encuestas económicas para los sectores construcción, industrias manufactureras, comercio y servicios privados no financieros, fortaleciendo la infraestructura estadística sobre la economía en su conjunto, lo que coadyuva en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas enfocadas al mercado laboral de México.

En enero de 2021, con cifras desestacionalizadas, el IGPOSE registró un nivel de 105.6 puntos con un incremento de 0.3% respecto al mes previo. En su comparativo anual, este índice presentó una variación de (-)3.8 por ciento.

El IGRESE alcanzó un nivel de 115.8 puntos en enero de 2021 lo que tuvo una variación de 0.7% respecto a diciembre, con cifras desestacionalizadas. Con relación a enero de 2020 presentó una disminución de 3.1 puntos porcentuales.

Con cifras desestacionalizadas, en enero de 2021, el IGREMSE observó un nivel de 108.5 con una disminución de 0.4% respecto al mes previo. Este índice significó un incremento de 0.6% en comparación con enero de 2020.

El nivel más elevado para el IGPOSE es el registrado en mayo de 2019 con 111.0 puntos, el IGRESE presenta su nivel más alto en enero de 2020 con 119.4 puntos y el IGREMSE en diciembre de 2020 con 109.0 puntos.

Incluso antes del inicio de la pandemia, la igualdad de género en el lugar de trabajo seguía siendo difícil de alcanzar. Ahora las mujeres están en primera línea de la crisis del COVID-19, ya que constituyen el grueso de los trabajadores esenciales, incluido el 70% del personal sanitario. Sin embargo, en todo el mundo y en todas las regiones y grupos de ingresos, la pandemia ha afectado más a las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral. Es probable que esto revierta algunos de los progresos realizados en el marco del Objetivo 8, que pretende “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, la plena y productiva ocupación y el trabajo decente para todos”. Aunque todavía no disponemos de suficientes datos globales para comprender el impacto total de la pandemia en los mercados laborales, a continuación se ofrece un vistazo a lo que sí sabemos.

La perturbación del mercado laboral en 2020 superó con creces el impacto de la crisis financiera mundial de 2009. ocupación Las pérdidas no sólo no tuvieron precedentes, sino que fueron más pronunciadas para las mujeres (5,0%) que para los hombres (3,9%).

Además, dado que el cierre de las escuelas debido a los cierres requiere una mayor supervisión de los niños en el hogar, las mujeres son mucho más propensas a abandonar la fuerza de trabajo que los hombres para poder prestar esa atención. Esto está aumentando aún más las antiguas brechas de género en las tasas de participación en la fuerza laboral. En 2019, antes de que comenzara la pandemia, la participación en la fuerza de trabajo de los hombres en edad avanzada era del 93,5%, en comparación con sólo el 62,1% de las mujeres en edad avanzada. La tasa era aún más baja para las mujeres en pareja con hijos pequeños.

La proporción de mujeres en puestos directivos en todo el mundo ha mostrado un lento progreso en las dos últimas décadas. Aumentó menos de 3 puntos porcentuales desde el año 2000. En 2019, aunque las mujeres representaban casi el 39% de la población activa mundial, solo ocupaban el 28% de los puestos directivos. Esto sugiere que el techo de cristal sigue muy presente, ya que los hombres siguen dominando los puestos de toma de decisiones, como los de director general, altos funcionarios y legisladores, ocupando casi tres cuartas partes de estas ocupaciones.

La proporción de mujeres en puestos directivos disminuyó, a veces significativamente, del cuarto trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2020 en más de la mitad de los 47 países con datos disponibles. Las cifras trimestrales estaban disponibles sobre todo para los países de ingresos altos. No obstante, es probable que este patrón se mantenga en los países de ingresos más bajos, donde a menudo más de la mitad de las mujeres directivas trabajan por cuenta propia. Las medidas de distanciamiento social, los cierres y la distorsión de las cadenas de suministro y los mercados han exacerbado las desigualdades estructurales y los retos que suelen impedir el rendimiento y el crecimiento de las empresas propiedad de mujeres, y han provocado el cierre de muchas de ellas.

En todo el mundo, la proporción de jóvenes que no cursan estudios, ocupación ni reciben formación (NEET, por sus siglas en inglés) no ha mostrado signos significativos de mejora en más de una década, mientras que las mujeres jóvenes siguieron viéndose afectadas de forma desproporcionada en comparación con sus homólogos masculinos. En 2019, las mujeres jóvenes tenían más del doble de probabilidades que los hombres jóvenes de estar desempleadas y sin educación ni formación.

Aunque todavía no se dispone de cifras globales para el conjunto de 2020, las cifras trimestrales muestran que la tasa de ninis fue mayor en el segundo trimestre de 2020 que el año anterior en 45 de los 50 países con datos disponibles. Esto no es sorprendente, ya que las medidas de cierre de la pandemia de COVID-19 causaron pérdidas sin precedentes en ocupación en 2020, con mayores pérdidas para los trabajadores jóvenes (8,7%) que para los trabajadores mayores (3,7%). Mientras tanto, tanto la educación técnica y profesional como la formación en el puesto de trabajo sufrieron una interrupción masiva, obligando a muchos a abandonar sus estudios.

Se calcula que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal -es decir, el 76% de los trabajadores informales de todo el mundo- se vieron muy afectados por las medidas de cierre y/o trabajaban en los sectores más afectados, como los servicios de alojamiento y alimentación. Entre ellos, las mujeres estaban sobrerrepresentadas en los sectores de alto riesgo: El 42% de las mujeres trabajaban en esos sectores, frente al 32% de los hombres.

Mientras que el sector informal ocupación tiende a aumentar durante las crisis, actuando a menudo como una opción “por defecto” para sobrevivir o mantener los ingresos, las limitaciones a la circulación de personas y bienes durante la pandemia de COVID-19 han restringido este tipo de mecanismo de supervivencia. Esto, a su vez, ha dejado a los trabajadores informales y a sus familias en una posición muy precaria, expuestos a pérdidas repentinas de ingresos y enfrentándose a mayores riesgos de caer en la pobreza.

Como sabemos desde hace tiempo, la crisis del COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres. Los datos disponibles muestran cada vez más hasta qué punto esto está exacerbando las desigualdades de género existentes. En este contexto, para reconstruir mejor y de forma más justa, las políticas de ocupación deben situar la igualdad de género en el centro de los esfuerzos de recuperación, al tiempo que debemos reforzar las medidas y los datos de género para cuantificar adecuadamente los retos a los que nos enfrentamos.

El Informe sobre Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2021 dice que la economía global ha experimentado la peor recesión en 90 años, con los segmentos más vulnerables de las sociedades afectados de manera desproporcionada. Se estima que se han perdido 114 millones de puestos de trabajo y alrededor de 120 millones de personas han vuelto a sumirse en la pobreza extrema.

La respuesta sumamente desigual a la pandemia ha ampliado las ya enormes disparidades e inequidades tanto dentro de cada país como entre los distintitos pueblos y naciones. La cifra histórica de 16 billones de dólares en fondos de estímulo y recuperación que los países han puesto para superar la crisis del coronavirus ayudaron a evitar los peores efectos, pero menos del 20% de esa suma se gastó en países en desarrollo. En enero de este año, de los 38 países que pusieron en marcha campañas de vacunación solo 9 no eran países desarrollados.

Alrededor de la mitad de los países menos adelantados y otros países de bajos ingresos estaban en alto riesgo o con problemas de endeudamiento antes del COVID-19 y, con la caída de los ingresos fiscales, la pandemia ha disparado los niveles de deuda.

La situación en los países más pobres del mundo es profundamente preocupante y podría retrasar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos para 2030 otros 10 años más.

La inversión sostenible e inteligente, por ejemplo, en infraestructura, reduciría los riesgos y haría que el mundo fuera más resistente a las crisis futuras. Crearía crecimiento; permitiría una vida mejor para millones de personas; y combatiría el cambio climático.

Por ejemplo, se estima que invertir entre 70.000 y 120.000 millones de dólares durante los próximos dos años, y entre 20.000 y 40.000 millones a partir de entonces, reduciría significativamente la probabilidad de otra pandemia, unas cifras que contrastan con los billones de dólares gastados en daños económicos causados por el COVID-19. Sin embargo, a diferencia de sus contrapartes desarrolladas, la mayoría de los países en desarrollo no tienen el espacio fiscal para tal inversión.

El informe sugiere formas de abordar este desafío, que incluyen:

El informe hace hincapié en que el desarrollo que no tenga en cuenta los riesgos que existen no será sostenible, y presenta la respuesta a la crisis provocada por la pandemia como una oportunidad para restablecer y “preparar los sistemas mundiales para el futuro”.

Si bien las brechas en la arquitectura financiera internacional o las políticas inadecuadas a menudo socavan la financiación del desarrollo, durante la crisis del COVID-19, las salvaguardas anteriores significaron que algunos sistemas se mantuvieron, en particular los sistemas financiero y bancario, en parte debido a las reformas posteriores a las fallas bancarias de 2008.

Las lecciones aprendidas de la crisis actual pueden permitir que se implementen reformas ahora para crear resiliencia en el futuro. Por eso, el informe recomienda encontrar una solución global para la tributación de la economía digital para combatir la elusión de impuestos corporativos, reducir las compensaciones tributarias perjudiciales.

La reactivación del mercado laboral repuntó en febrero con la creación de 1.1 millones de empleos a la par de la reapertura de actividades económicas por la pandemia y después de registrar cifras negativas por tres meses consecutivos. Este aumento representa la cifra más alta observada para un segundo mes del año en una década.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de desocupación se ubicó en 4.4% en febrero, una disminución de 0.3 puntos respecto de lo reportado en enero cuando se dio la salida de 884,000 trabajadores del mercado laboral por el cierre de actividades.

En comparación con meses anteriores, la mitad de los empleos recuperados se dio en el sector formal (50.7%), lo que llevó a una reducción marginal en la tasa de informalidad laboral de 55.6 a 55.5% respecto de enero.

Por su parte, la brecha laboral, indicador que abarca a las personas desocupadas, a las subocupadas y a las inactivas disponibles para trabajar, retrocedió a un nivel de 28.3% de la fuerza laboral potencial después de haber repuntado a 31% en enero. Esto implica que en la actualidad 18 millones de personas tiene necesidad de conseguir un empleo o trabajar más horas, 9% menos que en enero.

El Inegi informó además que de los 12.5 millones de personas que salieron del mercado laboral en abril del año pasado como parte de la suspensión de actividades económicas, faltan por recuperarse 2.7 millones de plazas.

Analistas consideraron que el comportamiento del mercado laboral presenta una “mejoría gradual”, impulsada por factores estacionales positivos, aunque todavía no permite tener una perspectiva tan optimista de la creación de empleo.

Fuente:EL ECONOMISTA 25 de marzo de 2021