El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2020, programa estadístico que ofrece información relevante sobre la gestión y desempeño del Congreso de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, estructura parlamentaria y trabajo legislativo, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

En su versión 2020, los resultados del CNPLE integra información correspondiente a 2019, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados:

1) Estructura organizacional y recursos; 2) Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; 3) Control interno y anticorrupción; 4) Administración de archivos y gestión documental; 5) Participación ciudadana; 6) Estructura parlamentaria y trabajo legislativo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizó la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 durante el cuarto trimestre de 2019, dirigida a la población de 5 a 17 años en México.

La encuesta da continuidad a la generación de información sobre la evolución del trabajo infantil en México y se levanta de manera regular cada dos años desde 2007.

Ofrece información actualizada sobre la medición del trabajo infantil en actividades económicas no permitidas y sobre el trabajo no remunerado en actividades domésticas en el propio hogar en condiciones no adecuadas.

Trabajo Infantil y sus Componentes

De acuerdo con los resultados de la ENTI 2019, la población infantil de 5 a 17 años en México fue de 28.5 millones, de los cuales, 3.3 millones (11.5%) realizaron trabajo infantil: 61.1% hombres y 38.9% mujeres.

La tasa de trabajo infantil en 2019 fue de 11.5%. De este, el 6.2% realizó solo alguna ocupación no permitida, 4.4% solo se dedicó a realizar quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 0.9% alternó ambas formas de trabajo.

Estudios realizados por la OIT, establecen que el fenómeno del trabajo infantil está estrechamente vinculado con el entorno social, económico y cultural de cada país o región, además de que identifica entre las causas más inmediatas de este fenómeno, la pobreza y algunas problemáticas que enfrentan las familias.

Las tasas de trabajo infantil más altas se observaron en Oaxaca con 21.5% y Puebla y Chiapas con 18.3%, cada una; en tanto que las más bajas se registraron en Baja California y Ciudad de México, con 5.3% y 5.4%, respectivamente.

Población Infantil en Ocupaciones no Permitidas

La medición del trabajo infantil en actividades económicas no permitidas comprende dos grupos de población, aquellos que trabajan a pesar de tener una edad menor a la permitida y los que teniendo la edad mínima legal para trabajar, lo hacen en sectores económicos y ocupaciones peligrosas y/o prohibidas; y en horarios prolongados de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta metodología fue aprobada por el Comité Técnico Especializado de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social (CTEETPS) en 2016, cuando se definió que las ocupaciones no permitidas son “las actividades económicas que no están permitidas por la ley, que ponen en riesgo la salud, o bien afectan el desarrollo físico y/o mental de las niñas, los niños y los adolescentes de 5 a 17 años de edad”.

La ENTI 2019 identificó 2 millones de niños, niñas y adolescentes que realizan ocupaciones no permitidas, que equivalen a 7.1% de la población de 5 a 17 años del país; mientras que la ocupación permitida la desarrollan 133 mil personas en este grupo de edad.

La tasa de ocupación infantil en actividades económicas no permitidas descendió de 11.5% a 7.1% entre 2007 y 2019. Esta tasa, para la población de 5 a 14 años en el mismo periodo, disminuyó de 6.9% a 4.1 por ciento.

Finalmente, de los 16.9 millones de hogares con población de 5 a 17 años identificada en 2019; en 1.8 millones de ellos (10.5%) hay niños, niñas o adolescentes que realizan ocupaciones no permitidas, la mayoría en hogares con jefatura masculina (74.7%). Aun así, el número de hogares con ocupación infantil no permitida mostró un descenso de 2.3 millones en 2009 a 1.8 millones en 2019.

Población Infantil que Realiza Trabajo
Doméstico en Condiciones no Adecuadas

Para la medición del trabajo doméstico en condiciones no adecuadas, se toma en cuenta la legislación laboral nacional, las recomendaciones internacionales y la metodología de las estimaciones mundiales de trabajo infantil de la OIT, su medición considera todas aquellas actividades dedicadas a la producción de servicios para el consumo de los integrantes del hogar, que afectan la salud o integridad física de quienes las realizan, es decir, se llevan a cabo en condiciones peligrosas o en horarios prolongados.

La ENTI 2019 estima que 20.8 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realizan quehaceres domésticos en sus hogares sin recibir remuneración, de los cuales 1.5 millones los hacen en condiciones no adecuadas (7.3%) y se puede descomponer en: 35.9% en horarios prolongados y 64.1% en condiciones peligrosas.

Por sexo, se observa que los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas lo realizan en menor proporción los niños (48.7%), en relación con las niñas (51.3 por ciento). Al dividirlos según las condiciones, en horarios prolongados, 34.2% representan los niños y 65.8% las niñas; en contraparte, en condiciones peligrosas, 56.8% corresponde a los niños y 43.2% a las niñas.

A nivel estatal, la tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas más alta se registra en Oaxaca, con 9.3% y la más baja en Baja California con 2.3 por ciento.

Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia de COVID-19 provocó que en el primer semestre de 2020 los salarios mensuales de dos terceras partes de los países sobre los que se disponía de datos oficiales se redujeran o crecieran más lentamente.

El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 indica que los efectos más adversos de la crisis se han hecho sentir en el salario de las mujeres y de los trabajadores con remuneraciones más bajas.

Las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres. De las estimaciones basadas en una muestra de 28 países europeos se desprende que, sin los subsidios, en el segundo trimestre de 2020, la pérdida salarial de las mujeres hubiera sido del 8,1% frente al 5,4% de los hombres.

La crisis también ha asestado un duro golpe a los trabajadores con remuneraciones más bajas. Quienes tenían una ocupación de baja calificación perdieron más horas de trabajo que quienes ocupaban un cargo directivo o profesional mejor remunerado. A partir de los datos del grupo de 28 países europeos el informe explica que, sin los subsidios temporarios, el 50% de quienes menos ganan hubiera perdido aproximadamente el 17,3% de su salario.

En la actualidad, el 90% de los Estados Miembros de la OIT tiene establecida alguna modalidad de salario mínimo. Ahora bien, incluso antes de comenzar la pandemia de COVID-19, a nivel mundial, 266 millones de personas –el 15% de todas las personas asalariadas del mundo– percibían una remuneración inferior a la del salario mínimo por hora, ya fuera a causa del incumplimiento de la normativa pertinente o porque su ocupación estaba excluida de la misma.

El informe también analiza las tendencias de los salarios en 136 países en los cuatro años anteriores a la pandemia y muestra que el crecimiento mundial del salario real* osciló entre el 1,6 y el 2,2%. Los salarios reales aumentaron más rápidamente en Asia y el Pacífico y en Europa Oriental, y con mucha más lentitud en América del Norte y Europa Septentrional, Meridional y Occidental.

A analizar los datos, los expertos de la OIT observaron un aumento del salario medio en una tercera parte de los países que habían facilitado datos; sin embargo, después descubrieron que ello se debía a la distorsión del valor promedio provocada por el gran número de trabajadores mal pagados que habían perdido el empleo y cuyos datos ya no se incluían entre los de los asalariados. En los países en los que se adoptaron medidas firmes para preservar el empleo, los efectos de la crisis se sintieron fundamentalmente como reducciones salariales, más que como pérdida masiva de puestos de trabajo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica información estadística disponible con respecto a las personas formadas en Física, Biología y Química.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al primer trimestre de 2020, hay en México poco más de 333 mil personas de 20 años y más formadas en estas disciplinas académicas.

Del total de estos profesionistas, 79% tienen formación en Biología, mientras que en Física 7% y en Química 14 por ciento. Del total de personas formadas en estas tres disciplinas académicas, 55% son mujeres y 45% son hombres.

Del total de personas formadas en estas tres disciplinas académicas, 89% tienen licenciatura, 8% maestría y 3% doctorado.

Pertenecen a la población económicamente activa (PEA) 224 mil personas (67 por ciento). De cada 100 de estas y estos profesionistas que desarrollan una actividad económica o buscaron activamente hacerlo, 94 se consideran dentro de la población ocupada y 6 dentro de la desocupada.

Del grupo poblacional que trabaja formado en estas tres disciplinas académicas, 70% se ocupa ya sea como profesionistas y técnicos; funcionarios, directores y jefes, o como trabajadores auxiliares en actividades administrativas.

En el pico de los cierres relacionados con la pandemia, 1.700 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de escuelas. Muchos han regresado desde entonces, pero a menudo a través de modelos remotos/híbridos que requieren supervisión en el hogar. A nivel mundial, unos 224 millones de estudiantes (más de 1 de cada 10 alumnos) siguen sin asistir a la escuela debido a los continuos cierres. Asediadas por estas nuevas exigencias, las familias están tomando decisiones difíciles sobre quién mantiene su trabajo remunerado y quién lo deja para proporcionar el cuidado no remunerado que se necesita en el hogar. En los hogares de todo el mundo, son predominantemente las mujeres -a menudo con menos sueldo y menos seguridad laboral que los hombres- las que están sacrificando sus carreras.

La pandemia ha golpeó con más fuerza las oportunidades del mercado laboral de la mujer. Según datos de 55 países de ingresos altos y medios, 29,4 millones de mujeres mayores de 25 años perdieron sus empleos entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. Un número ligeramente menor de hombres perdió el suyo (29,2 millones), pero como había muchas menos mujeres en la fuerza de trabajo, la pérdida proporcional de las mujeres es mayor. A finales del segundo trimestre de 2020, había 1,7 veces más mujeres que hombres fuera de la fuerza laboral en estos mismos 55 países. La misma proporción era de 2,1 veces en América Latina, una región muy afectada por las consecuencias económicas de COVID-19. El número de mujeres fuera de la fuerza de trabajo en esta región ha aumentado a 83 millones (frente a 66 antes de COVID-19), en comparación con 40 millones (frente a 26 antes de COVID-19) en el caso de los hombres.

La participación de la mujer en la fuerza de trabajo está conformada por las responsabilidades domésticas y de cuidado en formas que no son las del hombre. La participación de la mujer también varía considerablemente según el estado civil y la presencia de hijos. Los datos de la Unión Europea muestran que las ausencias del trabajo fueron mayores entre las mujeres que entre los hombres durante la primera oleada, cuando las escuelas y las guarderías cerraron o se trasladaron a formatos remotos/en línea.

En los Estados Unidos, donde el número de mujeres que abandonaron la fuerza de trabajo en septiembre fue cuatro veces mayor que el de hombres, una de cada cuatro mujeres que perdieron su trabajo durante la pandemia dijo que fue por falta de cuidado de los niños, el doble que entre los hombres. En el Reino Unido, las mujeres también tenían más probabilidades que los hombres de decir que su equilibrio entre la vida laboral y la vida privada se estaba deteriorando (22%, en comparación con el 16% de los hombres).

Los nuevos datos del Brasil, Chile, Costa Rica y México muestran que las mujeres con hijos que viven en pareja han experimentado descensos más pronunciados que los hombres en la participación en la fuerza de trabajo, relacionados con la pandemia, y estos descensos son más pronunciados en el caso de las mujeres que viven con niños menores de 6 años.

Las mujeres también constituyen el grueso de los trabajadores del sector de los cuidados esenciales, incluido el 70% de los trabajadores de la salud. Sin embargo, a pesar de su importancia, los países no han dado prioridad a las inversiones en los sectores de la atención, lo que ha dado lugar a una escasez de trabajadores de la salud y de condiciones de trabajo deficientes. La emergencia sanitaria de COVID-19 ha exacerbado una crisis mundial de atención que corre el riesgo de deshacer gran parte de los avances logrados en la reducción de las desigualdades de género en el trabajo.

Sólo cuando el cuidado se ponga en el centro de las políticas sociales y económicas será posible un mejor futuro laboral para las mujeres y los hombres con responsabilidades familiares.

El INEGI difunde los resultados de los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos: IGPOSE, IGRESE e IGREMSE, correspondientes a septiembre de 2020.

Los índices globales, tienen como objetivo primordial representar una aproximación al personal ocupado y a las remuneraciones que reportan las encuestas económicas para los sectores construcción, industrias manufactureras, comercio y servicios privados no financieros, fortaleciendo la infraestructura estadística sobre la economía en su conjunto, lo que coadyuva en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas enfocadas al mercado laboral de México.

En septiembre de 2020, con cifras desestacionalizadas, el IGPOSE registró un nivel de 104.8 puntos con un incremento de 0.4% respecto al mes previo. En su comparativo anual, este índice presentó una variación de (-)4.9 por ciento.

El IGRESE alcanzó un nivel de 111.0 puntos en septiembre de 2020 lo que tuvo una variación de 0.6% respecto al mes de agosto, con cifras desestacionalizadas. Con relación a septiembre de 2019 presentó una disminución de (-)6.2 puntos porcentuales.

Con cifras desestacionalizadas, en septiembre de 2020, el IGREMSE observó un nivel de 106.1 con un aumento de 0.4% respecto al mes previo. Este índice significó una disminución de (-)1.3% con relación a septiembre de 2019.

El nivel más elevado para el IGPOSE es el registrado en mayo de 2019 con 111.0 puntos, el IGRESE e IGREMSE presentaron sus niveles más altos en febrero de 2020 con 120.0 y 108.7 puntos, respectivamente.

Un nuevo informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las empresas asegura que las mayores dificultades a las que se han enfrentado han sido la falta de liquidez para mantener su personal y sus operaciones, la perturbación de la actividad de los proveedores y el acceso a las materias primas.

Habida cuenta de que las empresas ya debían hacer frente a una gran presión competitiva antes de la crisis, las restricciones gubernamentales y sanitarias y los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 han constituido una dificultad añadida para muchas empresas.

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que la perturbación de la falta de liquidez (los flujos de caja) ha sido la mayor dificultad. En más del 85% de los casos se señaló que la pandemia había tenido una repercusión económica de nivel elevado o medio en la actividad empresarial. Sólo una tercera parte de las empresas destacó que contaba con fondos suficientes para su recuperación. Las microempresas y las pequeñas empresas (las que poseen 99 empleados o menos) fueron las más afectadas.

En la encuesta, realizada por diversas organizaciones empresariales (EBMO), participaron más de 4.500 empresas de 45 países. Las EBMO reunieron datos de sus miembros de marzo a junio de 2020. Las preguntas formuladas a las empresas trataron sobre la continuidad de su actividad, su fortaleza financiera y su fuerza de trabajo.

El 78% de las empresas encuestadas manifestaron que habían modificado sus operaciones para hacer frente a la pandemia de COVID-19, y tres cuartas partes lograron proseguir su actividad pese a las medidas adoptadas a raíz de las restricciones gubernamentales. El 85% de las empresas aplicó medidas para proteger a su personal frente al virus.

Casi el 80% de las empresas, en particular las de mayor tamaño, señaló que tenía previsto mantener su personal. No obstante, alrededor de una cuarta de las empresas manifestó que esperaban perder más del 40% de su personal.

Con respecto al futuro, cabe subrayar la necesidad de prepararse para circunstancias imprevistas y mitigar los riesgos asociados a la perturbación de la actividad empresarial. Menos de la mitad de las empresas encuestadas, en particular las microempresas y las pequeñas empresas, contaban con un plan de continuidad de sus operaciones al surgir la pandemia. Por otro lado, únicamente el 26% de las empresas participantes en la encuesta manifestaron estar plenamente aseguradas, al tiempo que el 54% no disponía de cobertura alguna. Las empresas medianas (las que poseen de 100 a 250 empleados) fueron las más proclives a contar con una cobertura total o parcial.

Cuatro de cada diez empresas señalaron que no disponían de fondos económicos para facilitar su recuperación, al tiempo que dos terceras partes manifestaron que su financiación era insuficiente. De los sectores analizados, el turismo y la hostelería, y en menor medida, el comercio y la venta al por menor, son los que acusaron un mayor déficit de financiación.

La tasa de desempleo de México bajó a un 4.7% en el mes de octubre, desde el 5.1% registrado en septiembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en medio de un proceso de reactivación económica tras el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

En total, en el mes se incorporaron 1.7 millones de personas a la Población Económicamente Activa (PEA), que llegó a 55.6 millones en octubre. De los 12 millones de trabajadores que salieron de la PEA en abril, el peor momento de la crisis por el coronavirus, se han reintegrado unos 10.2 millones al mercado laboral mexicano.

La recuperación en el volumen de la población ocupada en el décimo mes se registró principalmente en el sector terciario, es decir, comercio y servicios, que empleó a 1.6 millones de personas, dijo la agencia estatal de estadística, INEGI.

La economía mexicana, que se desplomó durante el segundo trimestre por la crisis global, rebotó durante el tercer trimestre del año un 12%, ante la reactivación de negocios y empresas de sectores no esenciales.

El INEGI, que vio interrumpidos los informes sobre desocupación por la pandemia de coronavirus, dijo que un 86% de las entrevistas para el décimo mes se realizaron cara a cara, mientras que el 14% restante fueron telefónicas.

En términos generales los resultados del levantamiento de la ENOEN de octubre de 2020 muestran una mayor recuperación de la ocupación y el empleo que la observada en septiembre, debido principalmente a la reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales. Los cambios más importantes entre septiembre y octubre de 2020 tuvieron lugar en un crecimiento de la PEA y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó un aumento en los ocupados por más de 35 horas semanales, una recuperación del comercio, la ocupación informal, así como un crecimiento de los ocupados en micronegocios.

La ENOEN en octubre de 2020 reportó un incremento de 1.7 millones de personas en la PEA, con una Tasa de Participación Económica de 57.4% respecto a la población de 15 años y más, cifra 1.8 puntos porcentuales superior a la de septiembre pasado. Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 74.1% y 42.2%, respectivamente.

La ENOEN en octubre de 2020 registró una Tasa de subocupación de 15%, cifra inferior en (-)0.7 puntos porcentuales a la de septiembre del mismo año. Este descenso representa una variación de (-)75 mil personas ocupadas. La Tasa de subocupación según sexo fue de 15.4% en los hombres, cifra inferior en (-)0.3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, mientras que la Tasa de subocupación en las mujeres fue de 14.3%, tasa menor en (-)1.3 puntos porcentuales con relación a la de un mes antes.

La ocupación informal en octubre de 2020 ascendió a 29.7 millones, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) se situó en 56%, cifra superior en 1.1 puntos porcentuales comparada con la del mes previo.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 8.9 millones, lo que representa 21.6% de la PNEA. En comparación con septiembre de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en (-)1.6 millones de personas durante octubre.

El informe dice que el gasto fiscal excepcional y el apoyo monetario deben mantenerse durante el tiempo que sea necesario para amortiguar el impacto de la pandemia, y describe cómo los gobiernos deben trabajar en tres frentes principales: reasignar recursos; apoyar a la gente; y construir un sistema económico sostenible y resistente para el futuro.

La crisis está acelerando los cambios en la economía, que a menudo son disruptivos. Los gobiernos deberán ayudar a los trabajadores y las empresas a hacer la transición de los sectores en contracción a la expansión; eliminando las barreras a la movilidad, aumentando la competencia y facilitando a las empresas el acceso a la financiación y las tecnologías avanzadas o la reestructuración.

La mejora de la formación y el desarrollo de habilidades, especialmente entre los jóvenes y las mujeres poco cualificadas, que a menudo son vulnerables en el mercado laboral, será clave. Los esquemas de retención de empleo deberán evolucionar para garantizar que las personas, en lugar de sus trabajos, estén protegidas, que se amplíen sus oportunidades y se salvaguarden sus ingresos.

El aumento de la inversión pública y privada, en particular en la atención médica, la digitalización, la reducción de las emisiones de carbono, la educación y las habilidades, son esenciales para reforzar la sostenibilidad y la resiliencia.

El G20 reafirma sus objetivos de reducir el porcentaje de jóvenes que están en mayor riesgo de quedarse atrás en el mercado laboral en un 15% para 2025, y reducir la brecha de género en la fuerza laboral en un 25%. durante los próximos cinco años. La OCDE y la OIT continuarán monitoreando los avances en estas áreas, así como el impacto de la pandemia en el empleo y las tendencias de la migración.

a OCDE continúa trabajando con el G20 para lograr un acuerdo político sobre cómo gravar la economía digital a mediados de 2021. En el Informe fiscal del Secretario General a los ministros de finanzas del G20 , la OCDE advierte que sin un acuerdo habría una proliferación de medidas unilaterales y un aumento de las disputas fiscales y comerciales perjudiciales que podrían reducir el PIB mundial en un momento en que nos estamos recuperando de la crisis.

Fuente: OECD 22 de noviembre de 2020

El Director General de la OIT, acogió con satisfacción el compromiso de los líderes del G20 de utilizar todas las herramientas políticas disponibles para proteger la vida, el empleo y los ingresos de las personas, y para apoyar la recuperación económica mundial después de la pandemia de COVID-19 .

La Declaración de la cumbre , citando estimaciones de la OIT, indica que la extensión temporal de las medidas de protección social durante la crisis han permitido sostener los medios de subsistencia de alrededor de 645 millones de personas.

Ahora es vital que estas medidas se mantengan, y a la misma escala, a fin de evitar un aumento masivo del desempleo y minimizar los daños a largo plazo de la inactividad económica al mantener la relación de los trabajadores con el mercado laboral”.

El Director General de la OIT señaló la necesidad de extender la protección social a los trabajadores de la economía informal, quienes han sido enormemente afectados durante una crisis que ha dejado al descubierto desigualdades estructurales profundamente arraigadas.

“Los países más pobres no han tenido los recursos adecuados, y sus paquetes de estímulo fiscal sólo compensaron en mínima parte el impacto sobre el empleo. El apoyo financiero del G20 para colmar este déficit marcaría una diferencia crucial en la lucha contra la crisis, y demostraría realmente el valor de la cooperación internacional y de la solidaridad”.

Con la pandemia revirtiendo algunos de los logros recientes en materia de igualdad de género, El Director General de la OIT dio la bienvenida al compromiso expresado en la Declaración de intensificar los esfuerzos dirigidos a eliminar las diferencias salariales por razones de género, corregir la distribución desigual de las tareas familiares no remuneradas y las responsabilidades de cuidado e incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Sin embargo, señaló que es necesario hacer más para alcanzar el objetivo de Brisbane del G20 de reducir la diferencia entre las tasas de actividad de las mujeres y los hombres de 25 por ciento para 2025.

Según estimaciones de la OIT, el equivalente a 345 millones de empleos a tiempo completo se perdieron a nivel mundial en el tercer trimestre de 2020 a causa de la pandemia. El equivalente a tantos como 225 millones de empleos a tiempo completo se perdieron tan solo en los países del G20 durante el mismo período. Muchas de las personas más afectadas son jóvenes.

Es por ello que el Director General de la OIT expresó su satisfacción por el respaldo de los líderes del G20 a la Hoja de Ruta 2025 del G20 para la juventud. Esto contribuye a alcanzar el objetivo de reducir de 15 por ciento de aquí a 2025 el número de jóvenes expuestos al riesgo de quedar excluidos definitivamente del mercado de trabajo.

“En vista de la gravedad de esta situación, es necesario que la economía mundial invierta en una recuperación centrada en las personas que fortalezca la capacidad de los individuos de beneficiarse del cambio, refuerce las instituciones del trabajo a fin de que todas las personas estén debidamente protegidas y favorezca los empleos del futuro, con un trabajo decente para todos”

En el tercer trimestre la ENOEN alcanzó el 64% de la muestra trimestral de la ENOE, por lo que, aún no se alcanzan los niveles de respuesta previos al inicio de la pandemia originada por la enfermedad COVID-19. Adicionalmente, su muestra se conformó de un 79% de entrevistas cara a cara y un 21% de entrevistas telefónicas efectivas.

El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 6.7% entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, al pasar de $1,794.87 a $1,675.21. Asimismo, entre el primer trimestre de 2020, el último trimestre disponible con información de la ENOE, y el tercer trimestre de 2020, se observa una disminución de 12.3% en el ingreso laboral real per cápita. Este es el ingreso más bajo desde el cuarto trimestre de 2017, cuando se ubicó en $1,669.31. Este comportamiento contrasta con la tendencia creciente en el ingreso de los últimos años.

En este sentido, durante el tercer trimestre de 2020, también se observó un aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior, la inflación promedio anual se ubicó en 3.9%, mayor a lo reportado en el tercer trimestre de 2019 que fue de 3.3%. Este comportamiento en el nivel de precios puede deberse en parte al incremento en los precios de las mercancías, de las frutas y las verduras, así como de los energéticos.

Las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 6.2% en zonas urbanas y 7.4% en zonas rurales, ambas variaciones mayores a la inflación anual de 3.9% y a las observadas en el mismo periodo del año anterior.

Del primer al tercer trimestre de 2020, se observa que el valor monetario de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana presentó un aumento de 2.2%, mientras que para el ámbito rural fue de 2.8%. Este comportamiento en las líneas de pobreza, así como la reducción del ingreso, explica parte de la disminución en el poder adquisitivo de los hogares, similares a los dos últimos trimestres de 2017.

El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó al pasar de 38.5% en el tercer trimestre de 2019 a 44.5% en el tercer trimestre de 2020.

Entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, se observó una ampliación en la brecha del ingreso laboral per cápita entre la población de menores y mayores ingresos laborales. Durante el tercer trimestre de 2019, el ingreso laboral promedio del 20.0% de la población con mayores ingresos laborales per cápita (quinto quintil) representó 34.3 veces el ingreso del 20.0% de la población con menor ingreso laboral (primer quintil); mientras que para el mismo periodo de 2020 representó 146.3 veces.

La masa salarial (monto de las remuneraciones totales de los ocupados) disminuyó 5.8% entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, al pasar de $203,095.15 a $191,217.58 millones de pesos. De igual modo, entre el primer y el tercer trimestre de 2020 la masa salarial disminuyó 12.4%, dado que en el primer trimestre de este año se ubicó en $218,345.97 millones de pesos. La disminución de la masa salarial se da ante una reducción en el ingreso laboral real de los trabajadores y una disminución en el número de ocupados, durante este periodo.

Fuente: CONEVAL 20 noviembre de 2020

https://youtu.be/_ieFY1SyOWo

En la industria de la confección, el impacto de la COVID-19 sobre las mujeres se ha agravado debido a prácticas subyacentes como la discriminación y el acoso, la falta de representación de las mujeres, la disparidad de los salarios, así como la distribución desigual de las tareas de cuidado no remuneradas y de las responsabilidades familiares, según una nueva nota informativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Titulada Gendered impacts of COVID-19 on the garment sector (Impacto de género de la COVID-19 en el sector de la confección), la nota informativa tiene el objetivo de sensibilizar sobre la dimensión de género de la pandemia y de determinar de que manera afecta la COVID-19 a las trabajadoras y los trabajadores del sector de la confección.

“Las mujeres representan aproximadamente 80 por ciento de la fuerza de trabajo del sector de la confección, por lo tanta ellas se ven afectadas de manera desproporcionada por las numerosas consecuencias de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las mujeres también sufren otros efectos debido a los desafíos que tienen que enfrentar en el lugar de trabajo, así como las expectativas en relación a sus obligaciones en el hogar”.

Un estudio reciente de la OIT puso de manifiesto que las importaciones realizadas por los principales países compradores a los países exportadores en el sector de la confección en Asia disminuyeron de 70 por ciento en el primer semestre de 2020, como consecuencia de la COVID-19. Esto ha causado un fuerte incremento de los despidos de los trabajadores ya que las fábricas que reanudaron sus actividades con frecuencia operan con una capacidad mano de obra reducida. Se estima que, en 2019, la región de Asia y el Pacífico empleaba a 65 millones de trabajadores del sector de la confección, lo cual representaba 75 por ciento de todos los trabajadores de la confección a nivel mundial.

La nota informativa pone de manifiesto las repercusiones a corto, mediano y largo plazo de la crisis sobre las trabajadoras. Contiene además una serie de recomendaciones para ayudar a construir una industria más justa y resiliente y garantizar una mayor igualdad de género.

Las recomendaciones prestan especial atención a las prácticas de cierre y reducción de personal, así como a las obligaciones desproporcionadas de cuidado no remunerado de las mujeres, de manera que puedan regresar al trabajo una vez que las fábricas reanuden sus actividades. Los esfuerzos para hacer frente a la pandemia de COVID-19 deben tener en cuenta la manera específica en que las mujeres y los hombres sufren las repercusiones del coronavirus en el trabajo, en el hogar y en sus comunidades. Se destaca además la importancia de intensificar los esfuerzos para luchar contra la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, en vista de los nuevos datos que muestran que la COVID-19 ha aumentado el riesgo de la violencia de género. La necesidad de asegurar la voz, la representación y el liderazgo de las mujeres en el diálogo y la toma de decisiones también es considerada esencial a fin de garantizar una recuperación plena y equitativa de la pandemia.

“Es fundamental que los gobiernos, las empresas y otras partes interesadas comprendan las repercusiones pluridimensionales de la pandemia de COVID-19 sobre las trabajadoras y los trabajadores, y elaboren políticas que faciliten una recuperación inteligente, sostenible y sensible a las cuestiones de género. De otra manera, la crisis generada por la COVID-19 amenaza con exacerbar las desigualdades preexistentes y comprometer la sostenibilidad social y económica del sector de la confección.

El Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil se ha convertido en la primera norma internacional del trabajo objeto de una ratificación universal. Este hito histórico pone de manifiesto un consenso a escala mundial, en virtud del cual se considera que las peores formas de trabajo infantil son inaceptables y contrarias a los valores que compartimos. También refleja la acuciante necesidad de adoptar medidas para proteger los derechos y la infancia de los niños que sean objeto de esclavitud, trabajos forzosos o trata de personas, o se vean obligados a participar en conflictos armados, ejercer la prostitución, o realizar pornografía, entre otros tipos de actividades ilícitas, así como a llevar a cabo trabajos peligrosos.

Pese a que la ratificación universal del Convenio 182 de la OIT contribuirá en gran medida a erradicar el problema mediante el establecimiento de un marco jurídico adecuado, los países aún deben hacer cumplir y garantizar su aplicación de forma eficaz, en particular por medio de inspecciones laborales, con objeto de promover el trabajo decente para adultos y jóvenes en edad de trabajar de forma legal.

El Convenio núm. 182 reviste suma importancia en África. De hecho, el primer país que ratificó oficialmente dicho Convenio fue la República de Seychelles , solo varios meses después de que los 174 Estados miembros de la OIT lo aprobaran por unanimidad en junio de 1999.

La ratificación generalizada del Convenio por los países de África permitió que se registraran avances para abordar la cuestión en el marco de los programas de trabajo de los encargados de formular políticas y de los interlocutores sociales. Con objeto de tener una compresión más cabal de las consecuencias de esa ratificación, se han llevado a cabo encuestas y estudios de índole diversa a escala nacional. En muchos países de África se han logrado avances sustanciales, en particular la puesta en marcha de unidades nacionales de lucha contra el trabajo infantil, la armonización de marcos jurídicos nacionales con respecto a varios Convenios para hacer frente al trabajo infantil, la aprobación de planes de acción a escala nacional para erradicar el trabajo infantil y el establecimiento de comités de supervisión a escala local, encargados de analizar y notificar casos de trabajo infantil.

No obstante, 72,1 millones de niños siguen realizando trabajo infantil en África, incluidos 31,5 millones de niños que llevan a cabo trabajos peligrosos. Según estimaciones de la OIT sobre trabajo infantil a escala mundial publicadas en 2017, en el África subsahariana se registró un aumento del trabajo infantil de 2012 a 2016, a diferencia de otras regiones, en las que el trabajo infantil registró una disminución paulatina.

A fin de alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo fin es la supresión de todas las formas de trabajo infantil para 2025, es necesario fomentar medidas encaminadas a erradicar el trabajo infantil en África. Los países de dicho continente deben abordar el problema de la informalidad, ampliar la protección social a toda la población, fortalecer los mecanismos para hacer cumplir la ley, mejorar el acceso a enseñanza gratuita básica y de calidad, y fomentar el diálogo social.

Desafortunadamente, la crisis de COVID-19 ha propiciado un aumento de la inseguridad económica, ha interrumpido las cadenas de suministro y ha repercutido de forma muy adversa en los procesos de producción. Puesto que alrededor del 85% del empleo en África se crea en la economía informal, cabe prever un aumento del trabajo infantil como consecuencia del cierre de escuelas, la pérdida sustancial de ingresos de los padres a lo largo de la pandemia, la falta de protección social fundamental y el aumento de la pobreza.

La OIT promueve la adopción de medidas encaminadas a fortalecer la capacidad de los gobiernos en materia de inspección laboral y medios para hacer cumplir la ley, y la de organizaciones de trabajadores y empleadores para luchar contra las peores formas de trabajo infantil. La OIT respalda asimismo el desarrollo de economías más resilientes después de la pandemia con objeto de facilitar una “mejor reconstrucción”.

El Convenio núm. 182 se aprobó para propiciar acciones a muy corto plazo a fin de hacer frente a las peores formas de trabajo infantil. Los países que lo han ratificado han de facilitar la adopción de medidas eficaces con arreglo a plazos fijados previamente, con objeto de suprimir las peores formas de trabajo infantil a la mayor brevedad posible.

La ENOEN en el tercer trimestre de 2020 reportó una disminución de (-)3.6 millones de personas en la PEA, lo que se refleja en una Tasa de Participación Económica de 55.5% respecto a la población de 15 años y más, cifra (-)4.9 puntos porcentuales inferior a la de mismo trimestre del año pasado. Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 72.6% y 39.9%, cada una inferior en (-)5 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2019.

En el periodo de julio a septiembre de 2020, la población ocupada resultó en 51 millones de personas, cifra inferior en (-)4.2 millones de personas comparada con la del tercer trimestre de 2019. La población ocupada de hombres fue de 31.8 millones, cifra menor en (-)1.9 millones y la población ocupada de mujeres fue de 19.2 millones, (-)2.3 millones menos en el mismo lapso.

Los trabajadores subordinados y remunerados concentraron 68.7% del total de la población ocupada y los trabajadores por cuenta propia representaron 22.3% para el tercer trimestre de este año. En términos absolutos entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020 registraron una disminución de (-)2.4 millones y de (-)1.1 millones, respectivamente.

Las personas ocupadas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda, pasaron de 4.3 millones en el tercer trimestre de 2019 a 8.7 millones en el mismo periodo de 2020, con un aumento de 4.4 millones de personas.

La población ocupada informal, que comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, en el tercer trimestre de 2020 fue de 27.7 millones, (-)3.5 millones menos comparado con el mismo trimestre del año pasado.

La población que se encuentra sin trabajar y que estuvo buscando trabajo en el último mes, fue de 5.1% de la PEA en el tercer trimestre de 2020, porcentaje que en igual periodo del año anterior fue de 3.7 por ciento. En términos absolutos, la población desocupada fue de 2.8 millones de personas, monto superior en 622 mil personas comparado con el tercer trimestre de 2019.

La tasa de informalidad en las localidades rurales fue de 79% en el tercer trimestre de 2020, mientras que en las localidades más urbanizadas fue de 40.5 por ciento. Por su parte la tasa de trabajo asalariado en las localidades rurales fue de 50.7% contra 72.4% de las áreas más urbanizadas.

En las tasas de condiciones críticas de ocupación, Chiapas reportó el porcentaje más elevado con 46.8%, seguido de Tlaxcala con 32.6% y Campeche con 30.8 por ciento. Por su parte, Jalisco con 12.1%, Sinaloa y Nuevo León con 13.1% cada una y Querétaro con 14.9%, reportaron niveles inferiores de ocupación en situación crítica en materia de ingresos y horas trabajadas.

El total de las 39 ciudades para las cuales ofrece información la encuesta reportaron una tasa de desocupación de 6.4%, una tasa de subocupación de 18.3%, una tasa de condiciones críticas de ocupación de 21.8% y una tasa de informalidad.

La reactivación del empleo formal tras los despidos durante los meses de confinamiento anti Covid hiló tres meses y se aceleró en octubre, con la creación de 200,641 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se trata del mayor número de altas laborales para cualquier mes de octubre en la historia y de una cifra 25% superior a la observada en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras divulgadas ayer 12 de noviembre, por el IMSS.

El número de nuevas plazas de trabajo se compuso de 111,832 empleos de carácter permanente y 88,809 de tipo eventual, lo que significa que 44.3% de las nuevas contrataciones fueron temporales, porcentaje que es el mayor desde octubre del 2009, cuando ascendió a 57 por ciento. Durante agosto, septiembre y octubre suman ya 406,881 empleos recuperados, respecto de los un millón 117,584 que fueron dados de baja de marzo a julio, lo que equivale a una tasa de recuperación de 36.4 por ciento.

No obstante, 45% de los empleos reactivados tiene el carácter de eventual, cuando solo 29% de los despidos que hubo de marzo a julio se relacionaron con empleos de tipo temporal, lo que habla de un proceso de recuperación sesgado hacia puestos de trabajo con menor estabilidad laboral.

De enero a octubre, de forma acumulada, se arrastra una pérdida de 518,609 puestos de trabajo, cifra que es superior a la del mismo período del 2009 (-104,368 empleos), aunque inferior a la observada en 1995 (-827,896 empleos), solo por contrastarla con datos de las dos últimas crisis económicas de los últimos años comparables en magnitud.

Al 31 de octubre había en el país un registro de 19 millones 902,833 trabajadores dados de alta ante el IMSS, esto es 4% menos respecto de los que había un año antes. Esta variación es, no obstante, inferior a la de -4.2% observada en septiembre o a la de -4.4% observada en julio, cuando se tocó fondo en materia de destrucción de puestos de trabajo.

En perspectiva, la mayor caída del empleo formal en la presente crisis (la de julio), rebasó la del clímax de despidos de la crisis del 2009 (junio, -4.2%), pero se quedó lejos del peor momento laboral de la crisis de 1995, en noviembre de ese año, cuando el retroceso llegó hasta 9.3 por ciento.

Por sector económico, el de electricidad, el agropecuario y el de servicios sociales y comunales reportaron en octubre alzas de 1.4%, 0.8% y 0.5%, respectivamente en su plantilla laboral.

Con la pandemia del Covid-19 se rompió la tendencia histórica de considerar a septiembre como un “mes bajo” para el turismo en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó ayer 10 de noviembre, que México captó en dicho periodo 611.6 millones de dólares por divisas turísticas y recibió a un millón 833,795 de personas, lo que representó caídas del 56.7 y el 39.7%, respecto a igual periodo del año pasado.

Dichos resultados mostraron la suma de cinco meses consecutivos de lenta recuperación para el sector, pero las pérdidas económicas ocasionadas ya suman unos 10,000 millones de pesos y se agudizan por la falta de una política pública de apoyo a los empresarios turísticos.

Durante septiembre, la llegada de turistas presentó un incremento del 35.7%, respecto al mes previo (en agosto hubo una contracción del 2.8%, respecto a julio y en julio un alza del 41.7% en relación a junio), mientras que las divisas crecieron el 20% respecto a agosto (en agosto crecieron apenas el 3.8%, en relación a julio).

En el acumulado enero septiembre, de acuerdo con las cifras del instituto, la baja en divisas fue del 56.2% (al sumar 8,141.3 millones de dólares) y en arribo de turistas internacionales del 46.5% (17 millones 555 personas), respecto a igual periodo del 2020.

Con base en un análisis de Brain Analytics, un factor a destacar del turismo en México es que en comparación con los otros países situados en los primeros lugares del ranking del Barómetro de la Organización Mundial de Turismo (OMT), ha sido el que reporta una caída más moderada.

“Mientras que la caída para nuestro país (ubicado en el 2019 en el séptimo lugar), en los primeros ocho meses del 2020, fue del 47.2%, los primeros seis lugares (con excepción de Francia, que no ha reportado datos) presentan las siguientes disminuciones: España el 73.0%, Estados Unidos el 65.8%, China el 84.1%, Italia el 59.3% y Turquía el 76.5%”, explicó.

Otro de los retos que enfrenta el país es la recuperación del gasto medio por turista internacional, que se ubicó en septiembre en 297.22 dólares, lo que implicó una baja del 28.1%, respecto a igual mes del 2020. Y por sexto mes, el segmento de cruceros sigue en ceros.

La reactivación del mercado laboral de América Latina y el Caribe pos-COVID-19 será lenta y se necesitará mucho tiempo para que los principales indicadores del mundo del trabajo regresen a los niveles previos a la crisis sanitaria y más tiempo aún para poder cumplir con las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según un informe conjunto de los responsables de la Comisión Económica de la ONU para esa región y la Organización Internacional del Trabajo.

La edición número 23 del informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política señala que el retorno al nivel de actividad económica pre-pandemia tomará varios años, lo que se traducirá en una lenta recuperación del empleo.

De esta forma, si se mantuviera una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) regional de 3%, solo se alcanzaría en 2023 el nivel de PIB que existía en 2019. Sin embargo, con la tasa promedio de 1,8% mostrada en la última ddécada, se alcanzaría recién en 2025 el nivel de PIB de 2019. Y con la tasa promedio de 0,4% anotada durante el último sexenio no se alcanzaría en la próxima década.

Además de entregar cifras sobre la dinámica del mercado de trabajo en los últimos meses, especialmente en los dos primeros trimestres de 2020, el informe conjunto CEPAL-OIT señala que por diversas razones entre las personas que se vieron fuertemente afectadas por la crisis sanitaria se ubican las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes. Específicamente, la segunda parte del documento examina la manera en que se vieron afectados los jóvenes en la actual coyuntura laboral.

De acuerdo con el documento, en 2020 las economías y los mercados laborales de América Latina y el Caribe fueron golpeados por la pandemia del COVID-19 de una manera nunca vista lo que se ha traducido en la mayor contracción de los últimos 100 años con fuertes costos económicos, laborales, sociales y productivos.

Según el informe, los mayores efectos se sintieron en el segundo trimestre del año en el que se estima una pérdida de aproximadamente 47 millones de empleos en el conjunto de la región con respecto al año anterior. Gran parte de las personas que perdieron su trabajo no vieron oportunidades para una pronta reinserción laboral o estuvieron impedidas de buscar empleo por las restricciones a la movilidad y se retiraron de la fuerza laboral. Por ello, las pérdidas de empleo se expresaron solo parcialmente en un aumento de la desocupación abierta, que se incrementó de 8,9% en el segundo trimestre de 2019 a 11% en el segundo trimestre de 2020.

Con respecto al empleo de los jóvenes durante la crisis del COVID-19, la pandemia ha afectado fuertemente el empleo de ese grupo de población entre los 15 y 24 años, impactando particularmente a los que se incorporan al mercado laboral por primera vez.

Según datos disponibles de cuatro países de la región, la caída en el empleo para las personas en este rango de edad fue del 7,8% con respecto al segundo trimestre de 2019, mientras que para los mayores de 25 años fue del 7,3%. Asimismo, el aumento en la tasa de desocupación de los jóvenes en el segundo trimestre de 2020 fue mayor que para los adultos (3,4% versus 1,8%), a pesar de la mayor caída en la tasa de participación (8,7% versus 6,8%).

El efecto de la crisis es mayor entre los jóvenes debido a la menor disponibilidad de vacantes para los primeros empleos (menos incorporaciones) y la menor renovación de contratos temporales y de períodos de prueba (más desvinculaciones), indican CEPAL y OIT.

Se requieren programas de formación profesional que faciliten la recalificación o reconversión laboral para los jóvenes que han perdido sus empleos y también se deben aprovechar las tecnologías digitales para potenciar la capacidad de aprendizaje y así cerrar brechas digitales entre ellos.

La reactivación del mercado laboral de América Latina y el Caribe pos-COVID-19 será lenta y se necesitará mucho tiempo para que los principales indicadores del mundo del trabajo regresen a los niveles previos a la crisis sanitaria y más tiempo aún para poder cumplir con las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aseguraron hoy la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva publicación conjunta.

El retorno al nivel de actividad económica pre-pandemia tomará varios años, advierten CEPAL y OIT, lo que se traducirá en una lenta recuperación del empleo. De esta forma, si se mantuviera una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) regional de 3,0%, solo se alcanzaría en 2023 el nivel de PIB que existía en 2019. Sin embargo, con la tasa promedio mostrada en la última década (1,8%), se alcanzaría recién en 2025 el nivel de PIB de 2019. Y con la tasa promedio anotada durante el último sexenio (0,4%) no se alcanzaría en la próxima década.

Por lo tanto, los organismos de las Naciones Unidas recalcan que se requieren políticas macro activas junto a políticas sectoriales que promuevan el desarrollo sostenible con empleo. Esto implica impulsar políticas ambientales que estimulen el empleo y el crecimiento, apoyadas por políticas fiscales activas que fomente el empleo, con proyectos de inversión intensivos en trabajo y con enfoque de sostenibilidad ambiental, que tienen que ser complementadas con políticas industriales y tecnológicas para construir capacidades productivas nacionales, y aumentar la competitividad. También se requiere otorgar financiamiento y liquidez a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con plazos más largos y costos más bajos.

De acuerdo con el documento, en 2020 las economías y los mercados laborales de América Latina y el Caribe fueron golpeados por la pandemia del COVID-19 de una manera nunca antes vista lo que se ha traducido en la mayor contracción de los últimos 100 años con fuertes costos económicos, laborales, sociales y productivos.

Los grupos más afectados han sido aquellos que por el tipo de trabajo que desempeñan no pueden realizar teletrabajo. En este ámbito se encuentran las mujeres, quienes además de sufrir caídas en el empleo tuvieron que retirarse del mercado laboral para realizar tareas de cuidado y del hogar; los trabajadores informales, afectados por la prohibición de circulación y la menor capacidad de los hogares de contratar trabajadores; los sectores relacionados con el comercio, manufactura, construcción y servicios (turismo y entretenimiento); los trabajadores jóvenes que recién se insertan al mercado laboral por la falta de generación de nuevos empleos; los trabajadores de menor calificación en general en empleos más informales y de necesidad de proximidad física; y las MIPYMES.

Según el informe, los mayores efectos se sintieron en el segundo trimestre del año en el que se estima una pérdida de aproximadamente 47 millones de empleos en el conjunto de la región con respecto al año anterior. Gran parte de las personas que perdieron su trabajo no vieron oportunidades para una pronta reinserción laboral o estuvieron impedidas de buscar empleo por las restricciones a la movilidad y se retiraron de la fuerza laboral. Por ello, las pérdidas de empleo se expresaron solo parcialmente en un aumento de la desocupación abierta, que se incrementó de 8,9% en el segundo trimestre de 2019 a 11,0% en el segundo trimestre de 2020.

Con respecto al empleo de los jóvenes durante la crisis del COVID-19, la pandemia ha afectado fuertemente el empleo de los jóvenes entre 15 y 24 años, impactando particularmente a los que se incorporan al mercado laboral por primera vez. Según datos disponibles de cuatro países de la región, la caída en el empleo para las personas en este rango de edad fue de -7,8 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2019, mientras que para los mayores de 25 años fue de -7,3 puntos porcentuales. Asimismo, el aumento en la tasa de desocupación de los jóvenes en el segundo trimestre de 2020 fue mayor que para los adultos (3,4 versus 1,8 puntos porcentuales), a pesar de la mayor caída en la tasa de participación (-8,7 versus -6,8 puntos porcentuales).

El efecto de la crisis es mayor entre los jóvenes debido a la menor disponibilidad de vacantes para los primeros empleos (menos incorporaciones) y la menor renovación de contratos temporales y de períodos de prueba (más desvinculaciones), indican CEPAL y OIT. La menor probabilidad de conseguir empleo desalienta su búsqueda, aumentando número de jóvenes inactivos que no buscan un empleo ni tampoco estudian. “Estos largos períodos de inactividad dejan cicatrices en la trayectoria laboral: más informalidad y mayor exclusión en el mercado laboral a futuro”, advierte el informe.

Por todo lo anterior, los organismos indican que se debe promover la inserción laboral de los jóvenes combinando entrenamiento en aula con una etapa posterior de pasantía en empresas. Esto debe complementarse con subsidios monetarios para asegurar la asistencia y participación de los jóvenes, así como servicios de empleo para apoyar la reinserción laboral. Además, se requieren programas de formación profesional que faciliten la recalificación o reconversión laboral para los jóvenes que han perdido sus empleos y también se deben aprovechar las tecnologías digitales para potenciar la capacidad de aprendizaje y así cerrar brechas digitales entre ellos.

El hambre y el desplazamiento de la población a nivel mundial aumentarán a causa de la pandemia de COVID-19, a medida que los migrantes y quienes dependen de su ayuda económica buscan desesperadamente un trabajo para mantener a sus familias, advierte un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional de las Migraciones.

El estudio indica que la pandemia y las medidas de confinamiento han aumentado la llamada inseguridad alimentaria, es decir la imposibilidad de acceder a la comida de forma regular. También ha crecido la fragilidad entre los migrantes y las comunidades obligadas a abandonar sus hogares por conflictos y desastres naturales.

Sin ingresos sostenidos, el informe advierte que muchos migrantes no solo se verán obligados a regresar a sus hogares, sino que también provocarán una caída temporal de las remesas, el dinero que los migrantes envían a sus países, que proporcionan un sustento esencial para alrededor una de cada nueve personas en el mundo, alrededor de 800 millones.

El Banco Mundial espera una caída del 14% en las remesas a los países de ingresos bajos y medianos para el 2021. Las consecuencias para la seguridad alimentaria podrían ser devastadoras. El PMA proyecta que para fines de 2021 al menos 33 millones de personas más podrían pasar al hambre debido solo a la disminución prevista de las remesas.

Las poblaciones migrantes centroamericanas ya están experimentando el impacto económico severo del COVID-19, más de la mitad de quienes participaron de un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones habían perdido su trabajo por la pandemia, y un 82% dijo que habían tenido que reducir la cantidad de remesas que normalmente envían porque no tenían suficientes ingresos.

El informe explica que la inseguridad alimentaria y el desplazamiento están estrechamente relacionados. El hambre, especialmente cuando se combina con un conflicto, es un factor crítico que impulsa a las personas a moverse. Nueve de cada diez de las peores crisis alimentarias del mundo se producen en países con el mayor número de desplazados internos. Mientras tanto, la mayoría de las personas desplazadas se encuentran en países afectados por la inseguridad alimentaria aguda y la desnutrición.

El Programa Mundial de la Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones piden a la comunidad internacional que se asegure de que se hagan todos los esfuerzos posibles para limitar el impacto inmediato en los más vulnerables, al tiempo que se garantizan inversiones a más largo plazo que aseguren un camino hacia la recuperación.

Las agencias recalcan que no se trata de una crisis temporal, sino de una profunda disrupción que cambiarán los patrones de migración hasta por varios años.

Las remesas que han recibido 1.8 millones de familias en México entre enero y septiembre suman 29,964 millones de dólares, revela información del Banco de México (Banxico).

Esta cifra incorpora una variación de 10% anual y se convierte en el mayor flujo acumulado de envíos de los llamados migradólares hacia México, desde que el banco central comenzó a medirlo, en 1995.

La resistencia de las remesas que llegan al país sigue sorprendiendo, pues en septiembre se cursó por el séptimo mes de la pandemia y el choque que ha significado para el empleo en los países que son generadores de estos envíos, no ha mermado la solidez de las transferencias.

Así se puede entender que los hogares mexicanos recibieron en septiembre 3,564 millones de dólares, una cifra que también se convierte en la más alta registrada para un mes similar.

Según la información de Banxico, el giro promedio de remesas recibidas por cada una de las familias que cuentan con estos recursos en el país, fue de 346 dólares en septiembre. Un monto que resulta el mas alto observado desde octubre de 2008, cuando sumó 395 dólares.

La depreciación que registró el peso mexicano frente al dólar en septiembre fue de 9.3% lo que favoreció también al fortalecimiento del giro captado por cada una de las 1.8 millones de familias que reciben remesas en México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información estadística disponible con respecto a las personas formadas en Economía y Finanzas, banca y seguros.

Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al primer trimestre de 2020, hay en México 256 mil personas de 20 años y más formadas en estas áreas del conocimiento, de las cuales 56% son hombres y 44% mujeres.

Pertenecen a la población económicamente activa (PEA) 182 mil personas (71%); de cada 100 de estas y estos profesionistas que desarrollan una actividad económica o buscaron activamente hacerlo, 92 se consideran dentro de la población ocupada y 8 dentro de la desocupada.

La distribución porcentual de esta población ocupada por sexo es de 59% de hombres y 41% de mujeres; en el caso de la que está desocupada, 21% son hombres y 79% mujeres.

Tienen formación en Economía 56% de estas personas y en Finanzas, Banca y Seguros 44 por ciento. En el primer caso, 95% cuentan con estudios de licenciatura en Economía y 5% estudios de posgrado. En el segundo, 58% tienen estudios de licenciatura y 42% estudios de posgrado.

Respecto a la ocupación que desempeñan, se tiene que primordialmente 36% participan como profesionistas y técnicos, 22% trabajan como funcionarios, directores y jefes, 17% laboran en actividades de oficina y 15% en actividades relacionadas con el comercio.

La cantidad de dinero que los trabajadores migrantes envían a sus hogares disminuirá un 14 % en 2021 con respecto a los niveles de 2019, según las últimas estimaciones publicadas en la reseña sobre migración y desarrollo del Banco Mundial. Esto sucederá a medida que siga propagándose la pandemia de COVID-19 (coronavirus) y continúe agravándose la crisis económica.

Se proyecta que los flujos de remesas a los países de ingreso mediano bajo se reduzcan en un 7 %, hasta ubicarse en los USD 508 000 millones en 2020, y posteriormente sufran una reducción del 7,5 %, llegando a los USD 470 000 millones en 2021. Entre los principales factores que influyen en la disminución de las remesas figuran el escaso crecimiento económico y los bajos niveles de empleo en los países que reciben migrantes, la debilidad de los precios del petróleo y la depreciación, con respecto al dólar estadounidense, de las monedas de los países de origen de las remesas.

En todas las regiones se registrarán disminuciones en 2020 y 2021, y se espera que la caída más pronunciada se producirá en Europa y Asia central (16 % y 8 %, respectivamente), seguida de Asia oriental y el Pacífico (11 % y 4 %), Oriente Medio y Norte de África (8 % y 8 %), África al sur del Sahara (9 % y 6 %), Asia meridional (4 % y 11 %) y América Latina y el Caribe (0,2 % y 8 %).

Se prevé que, en 2020, pese a la disminución prevista, las remesas sean aún más importantes como fuente de financiamiento externo en los países de ingreso mediano bajo. En 2019, los flujos de remesas hacia tales países alcanzaron un máximo histórico de USD 548 000 millones, cifra superior a los flujos de inversión extranjera directa (USD 534 000 millones) y a la asistencia externa para el desarrollo (aproximadamente USD 166 000 millones). Se pronostica que la diferencia entre los flujos de remesas y la inversión extranjera directa se amplíe aún más, ya que se espera que esta última sufra una disminución más pronunciada.

Este año, por primera vez en la historia reciente, es probable que el número de migrantes internacionales disminuya a medida que se ralentice la migración nueva y aumente la migración de retorno. Tras la suspensión de los confinamientos nacionales, que dejaron a muchos trabajadores migrantes varados en los países de acogida, se ha informado de flujos de migración de retorno desde todas las partes del mundo. Es posible que el aumento del desempleo derivado de las restricciones más estrictas en la concesión de visas para migrantes y refugiados dé lugar a un mayor aumento de la migración de retorno.

El costo mundial promedio que supone el envío de USD 200 fue de 6,8 % en el tercer trimestre de 2020, en gran medida sin cambios desde el primer trimestre de 2019, de acuerdo con la base de datos sobre los precios de las remesas en el mundo que mantiene el Banco Mundial. Esto representa más del doble del 3 %, la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que debe lograrse antes de 2030. El costo más bajo se registró en Asia meridional (5 %) y el más alto en África al sur del Sahara (8,5 %). Los bancos son el canal más caro para enviar remesas (con un promedio del 10,9 %), seguidos por las oficinas de correos (8,6 %), los operadores de transferencias de dinero (5,8 %) y los operadores móviles (2,8 %).

El Grupo Banco Mundial (GBM), una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance a fin de ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su respuesta frente a la pandemia. Respalda intervenciones de salud pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y equipos esenciales, y ayuda al sector privado a continuar sus operaciones y mantener el empleo. El GBM proporcionará hasta USD 160 000 millones durante un período de 15 meses, que finalizará en junio de 2021, para ayudar a más de 100 países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, respaldar a las empresas e impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye USD 50 000 millones correspondientes a nuevos recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) en forma de donaciones y préstamos en condiciones sumamente concesionarias, y USD 12 000 millones para ayudar a los países en desarrollo a financiar la compra y distribución de vacunas contra la COVID-19.

Se espera que en 2020 los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe sean de aproximadamente USD 96 000 millones, lo que representa un descenso de 0,2 % con respecto al año anterior. Las remesas a Colombia, El Salvador y la República Dominicana registraron un crecimiento interanual positivo entre los meses de junio y septiembre, tras haber caído bruscamente en abril y mayo. Los flujos hacia México, el principal receptor de la región, se mantuvieron en parte porque los migrantes trabajaban en servicios esenciales en Estados Unidos y porque aquellos que reunían los requisitos se podían beneficiar además de los programas de estímulo implementados en dicho país. Costo de las remesas: El costo promedio de enviar USD 200 a la región aumentó ligeramente al 5,8 % en el tercer trimestre de 2020. En muchos corredores de remesas más cortos, los costos siguen siendo elevados. Por ejemplo, el costo de enviar dinero a Haití y la República Dominicana supera el 8 %.

Fuente: BANCO MUNDIAL octubre 2020

Los principios y derechos fundamentales en el trabajo pueden desempeñar una función primordial en la adopción de medidas de respuesta eficaces y consensuadas que faciliten la recuperación frente a la crisis de la COVID-19 y contribuyan a una reconstrucción más adecuada y justa del mundo del trabajo, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, en el informe se señala que la crisis ha conllevado un mayor riesgo para las libertades y los derechos laborales, habida cuenta del nivel más elevado de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que deben afrontar los países.

En el informe Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work (Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19) se proporciona información pormenorizada sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Se aborda la manera de invertir los procesos que propician la informalidad, la pobreza y la explotación, a fin de facilitar una mejor reconstrucción, en beneficio de todos. Se señala que aún no se ha atendido a la acuciante necesidad de dar una respuesta integrada a la pandemia.

En los resultados del informe se destaca que las restricciones en materia de libertad de circulación y celebración de reuniones públicas, impuestas en el marco de determinadas medidas de respuesta para luchar contra la pandemia a escala nacional, dificultan “la observancia de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva, tanto en el plano legislativo como en el de su aplicación, y que ello es a su vez un obstáculo para la formulación de medidas de respuesta frente a la crisis sobre la base de un consenso social”. Según se desprende de las conclusiones del informe, se ven afectadas, en particular, 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal, que con frecuencia carecen de voz representativa colectiva.

Se ha constatado que los efectos económicos de la pandemia, entre otros, exacerban el trabajo infantil, puesto que las familias se ven obligadas a encontrar nuevos medios de subsistencia para sobrevivir. También propician la servidumbre por deudas y una mayor dependencia de organismos y plataformas de contratación informales que dejan a los trabajadores más expuestos a casos de explotación.

Por otro lado, el acceso a una educación de calidad es fundamental para evitar el trabajo infantil. A lo largo de este año, 1.500 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas. Un tercio de esos niños no pueden tener acceso a sistemas de enseñanza a distancia, y muchos de ellos dependían de la comida que recibían gratuitamente en centros escolares y de las ayudas económicas que percibían por asistir a la escuela.

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de relieve la discriminación de determinados grupos de trabajadores y la arraigada desigualdad de género en los mercados de trabajo y en la prestación de servicios de atención comunitaria no remunerados.

En el documento se propone asimismo un marco de políticas basado en cuatro pilares para hacer frente a la COVID-19, en consonancia con las normas internacionales del trabajo. Éstas abarcan la promoción de la economía y del empleo; el apoyo a las empresas y el fomento del empleo y de los ingresos; la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; y la eficacia del diálogo social para la búsqueda de soluciones.

En términos generales los resultados del levantamiento de la ENOEN de septiembre de 2020 confirman la lenta recuperación de la ocupación y el empleo observada en agosto, debido principalmente al mantenimiento de las medidas de reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales. Los cambios más importantes entre agosto y septiembre de 2020 tuvieron lugar en un aumento de la PEA y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó un aumento en los ocupados entre 15 y 34 horas semanales, una recuperación del comercio, así como un crecimiento de los ocupados en micronegocios.

La ENOEN en septiembre de 2020 reportó un incremento de 621 mil personas en la PEA, con una Tasa de Participación Económica de 55.6% respecto a la población de 15 años y más, cifra 0.5 puntos porcentuales superior a la de agosto pasado. Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 72.7% y 40.2%, respectivamente.

En el noveno mes de 2020, la población ocupada resultó en 51.1 millones de personas, con un incremento de 670 mil personas respecto a agosto.

La ENOEN en septiembre de 2020 registró una Tasa de subocupación de 15.7%, cifra inferior en (-)1.4 puntos porcentuales a la de agosto del mismo año. Este descenso representa una variación de (-)0.6 millones de personas ocupadas. La Tasa de subocupación según sexo fue de 15.7% en los hombres, cifra inferior en (-)0.9 puntos porcentuales respecto al mes anterior, mientras que la Tasa de subocupación en las mujeres fue de 15.5%, tasa (-)2.2 puntos porcentuales con relación a la de un mes antes.

La población desocupada fue de 5.1% en septiembre y de 5.2% en agosto como proporción de la PEA, porcentaje equivalente a 2.7 millones de personas en septiembre de este año.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 10.5 millones, lo que representa 24.4% de la PNEA. En comparación con agosto de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en (-)190 mil personas durante septiembre.

El estudio indica que el mundo ha logrado avances sustanciales en el logro de la educación primaria universal, y las niñas y los niños participan por igual en la educación primaria en la mayoría de las regiones.

Si bien es probable que los cierres de escuelas relacionados con COVID-19 retrasen el progreso en el acceso a la educación, la evidencia muestra que las niñas, una vez que tienen acceso a la escuela, suelen tener mejores resultados que los niños en términos de rendimiento académico. En la educación terciaria, las mujeres superan en número a los hombres y la matriculación está aumentando más rápidamente entre las mujeres que entre los hombres.

Sin embargo, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y representan solo un poco más del 35% de los graduados en estas áreas.

Las mujeres también son una minoría en las áreas de investigación y el desarrollo científico, y representan menos de un tercio de los investigadores del mundo.

Como dato positivo cabe destacar que la aceptación social de las mujeres golpeadas por sus parejas disminuyó en casi el 75% de los países con datos de los últimos siete años. Sin embargo, las leyes para abordar la violencia doméstica aún no están disponibles universalmente, y solo 153 países las aplican.

Otros Datos del Informe

Este día se celebra, por tercera ocasión, el Día Mundial de la Estadística con el lema “Conectando al mundo con datos confiables”, el cual se realiza cada cinco años, organizado bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con la participación de más de 140 Estados miembros de dicha comisión, así como de organizaciones internacionales y regionales.

La consigna que promueve la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, los datos oficiales, la innovación y el bien público que generan los sistemas estadísticos nacionales.

En México, el INEGI es el organismo constitucional autónomo del Estado mexicano que, además de ser el principal productor de estadísticas oficiales del país, coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

La fortaleza institucional del INEGI es fundamental para mantener la credibilidad en la medición de la realidad mexicana y esto es posible gracias a 5 pilares que rigen su actuar: autonomía; objetividad y rigurosidad técnica; principios y buenas prácticas; transparencia y rendición de cuentas y participación de la sociedad.

El INEGI tiene como mandato brindar a la sociedad y al Estado información estadística confiable, de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales, generada y difundida libre de presiones de grupos de interés, que sirva de fundamento para la toma de decisiones basadas en evidencia.

Aplicar las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como utilizar metodologías científicamente sustentadas, permite la comparabilidad internacional de la información y da la oportunidad a nuestro país de estar conectado con el mundo.

Actualmente, el Instituto cuenta con información estadística que permite el análisis de una gran variedad de fenómenos sociales y económicos tales como: población, ocupación y empleo, ingreso y gasto de los hogares, migración, salud y nutrición, victimización, percepción de inseguridad, corrupción, gobierno, igualdad de género, competitividad, evolución de las actividades económicas, comportamiento de precios, ciclos económicos, inclusión financiera, bienestar subjetivo, movilidad social, medio ambiente, uso de las tecnologías de la información, entre otros.

Asimismo, el INEGI mantiene el compromiso de atender las necesidades de información de los usuarios para responder de manera rápida y eficiente a nuevas demandas de información, así como a necesidades coyunturales que permitan prevenir y en su caso atender emergencias o catástrofes.

Tal es el caso de la pandemia por el COVID-19, en donde el Instituto tuvo que innovar en procesos alternativos de captación para seguir ofreciendo información pertinente a la sociedad y amplió su oferta de productos para poder medir el impacto de esta emergencia sanitaria en la actividad económica y el mercado laboral.

Por todo lo anterior, el Instituto contribuye a la comunidad estadística internacional contando con información estadística confiable y comparable para conocer los fenómenos que acontecen, comprender nuestro mundo y aportar al progreso de nuestras sociedades.

Y convoca a la sociedad a continuar contribuyendo a la generación de esta información participando como informantes de los distintos programas y a través de las consultas públicas, asimismo a seguir utilizando la información estadística para la toma de decisiones.

Con motivo de su 75.° aniversario y del tercer Día Mundial de la Estadística, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publica su nuevo Anuario estadístico, cuya edición de este año cuenta con 366 páginas y ofrece también por primera vez interactividad digital y la posibilidad de descargar conjuntos de datos.

La alimentación y la agricultura en el mundo:
Anuario estadístico de la FAO 2020

Ofrece una síntesis de los principales factores que conforman el panorama mundial actual de la alimentación y la agricultura, incluidas tendencias agrícolas, en el uso de insumos, utilización de mano de obra, seguridad alimentaria y nutrición o las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto de la agricultura en el medio ambiente.

La FAO es uno de los principales proveedores de datos mundiales sobre la agricultura y la seguridad alimentaria. En particular, cuenta con el portal FAOSTAT con información actualizada sobre 20 000 indicadores que cubren 245 países y territorios, el portal de datos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva plataforma de datos geoespaciales Mano de la mano, que aprovecha la innovación y un amplio conjunto de asociados para identificar proyectos de desarrollo viables.

El Anuario está dividido en cuatro capítulos temáticos centrados respectivamente en las dimensiones económicas de la agricultura, la silvicultura y la pesca; la producción, comercio y tendencias de los precios; la seguridad alimentaria y la nutrición; y la sostenibilidad ambiental. El Anuario va acompañado de un compendio estadístico de bolsillo de la FAO, que ofrece una referencia rápida y sencilla sobre los principales datos y tendencias de la alimentación y la agricultura.

Conclusiones principales

La contribución global de la agricultura al producto interno bruto mundial aumentó en un 68 % entre los años 2000 y 2018, hasta alcanzar los 3,4 billones de USD. Asia representa el 63 % de este total, mientras que África es el continente que registra el crecimiento más rápido, casi el doble de la media mundial.

El número de personas que trabajan en la agricultura ha disminuido en este milenio hasta los 884 millones -un 27 % de la mano de obra mundial- frente a los 1 050 millones -un 40 % de la fuerza laboral global- en el año 2000. La mayor parte de este descenso se produjo en Asia, aunque la caída más pronunciada se registró en Europa, donde sólo un 5,3 % de la población activa ocupada trabaja en el sector, en comparación con el 49 % en África.

En el Anuario también se señala que el 37,1 % de estos trabajadores son mujeres, que representan más de la mitad de la mano de obra agrícola nacional en 22 países.

La producción de cultivos primarios ascendió a 9 200 millones de toneladas en 2018, en torno a un 50 % superior a la del año 2000. Los cultivos oleaginosos experimentaron el crecimiento más rápido (+ 88 %). Cuatro productos suponen la mitad de la producción mundial de cultivos primarios: caña de azúcar, maíz, trigo y arroz.

Los datos muestran también que los mayores productores de muchos de los principales cultivos alimentarios representan una parte importante de la producción mundial: Brasil (caña de azúcar), China (arroz y papas), y los Estados Unidos de América (maíz y soja). Algo similar sucede con los productos elaborados, siendo China el principal productor de aceite de soja, Indonesia y Malasia los mayores productores de aceite de palma, y Ucrania y Rusia liderando la producción de aceite de girasol.

El comercio mundial de alimentos ha crecido incluso más rápido que la producción, y su valor monetario total casi se ha cuadruplicado entre 2000 y 2018, hasta alcanzar los 1,4 billones de USD.

El hambre está aumentando: el número de personas subalimentadas ascendió a casi 690 millones en 2019, cerca de 60 millones más que en 2014. Al mismo tiempo, la obesidad está creciendo también: en 2016 afectaba al 13,1 % de la población adulta, en comparación con el 8,7 % en 2000.

La superficie de tierras agrícolas aumentó en 75 millones de hectáreas entre 2000 y 2017, un incremento equivalente a dos veces la superficie del Japón. En el mismo período, las tierras forestales disminuyeron en 89 millones de hectáreas, una reducción equivalente a la superficie de Nigeria.

Las emisiones mundiales de la agricultura en las explotaciones agrícolas crecieron a su vez un 16 % entre 2000 y 2017. Cerca de un 60 % de esas emisiones proceden de actividades relacionadas con la ganadería.

El Anuario proporciona datos detallados organizados por países y temas, así como una gran cantidad de gráficos y mapas que hacen que la información sea más accesible.

Fuente: FAO 20 de octubre de 2020

El Día Internacional de las Mujeres Rurales fue establecido internacionalmente por la ONU el 15 de octubre de 2008. En 2020, la pandemia por el #COVID _19 acrecentó muchas de las desigualdades que ya enfrentaban las mujeres que viven en zonas rurales como: restricciones en el acceso a servicios de salud de calidad y medicamentos esenciales; acceso a información errónea; aumento en el trabajo de cuidados no remunerado; dificultades para acceder al agua y saneamiento; falta de ingresos económicos, por mencionar algunos ejemplos.

Algunos datos clave para conocer su situación:

En el mundo:

Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola (ONU, 2018).

En México:

Fuente: GOBIERNO DE MÉXICO 15 de octubre de 2020