Desde el 2008 este día se estableció con el objetivo de reconocer las funciones, pero sobre todo las contribuciones que la mujer rural, incluida la mujer indígena, aportan y que son decisivas en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.

Las mujeres rurales, que representan el 43 por ciento de la mano de obra en las actividades agrícolas son las encargadas de labrar la tierra y plantar las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU Mujeres, este grupo de mujeres son las que, de manera desproporcionada, sufren los embates de los múltiples aspectos de la pobreza y aún cuando son tan productivas y buenas gestoras -tanto como los hombres- no disponen del mismo acceso a la tierra ni créditos, tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

En México, de los 61.5 millones de mujeres, 23 por ciento habitan en localidades rurales. También. representan el 34 por ciento de la fuerza laboral, por lo que esta población es responsable de más del 50 por ciento de la producción de alimentos en México.

El principal compromiso del gobierno es empoderar a las mujeres en la agricultura familiar constituye un área de acción prioritaria, pues el papel de las mujeres agricultoras es “primordial”; y proporcionar a las campesinas acceso a los mismos recursos que los hombres es el camino hacia la reducción del número de personas que padecen hambre en México y el mundo.

Por ello, reconocemos a todas las mujeres rurales por el invaluable trabajo que realizan en México, trabajando para que los programas y planes dirigidos al campo tengan perspectiva de género que atienda las necesidades de las mujeres que viven en zonas rurales.

Fuente: SAGARPA 15 de octubre de 2020

Las mujeres y las niñas están en desventaja en esta pandemia, un problema que se agrava más aún en las zonas rurales. Las mujeres rurales ya enfrentaban, y se enfrentan, a batallas previas específicas en su vida diaria a pesar de sus roles clave en la agricultura, el suministro alimentario y la nutrición. Ahora, desde el COVID-19 y las necesidades de salud únicas en áreas remotas, les es menos probable tener acceso a servicios de salud de calidad, medicamentos esenciales y vacunas. Las normas sociales restrictivas y los estereotipos de género también pueden limitar la capacidad de las mujeres rurales para acceder a los servicios de salud.

Además, muchas de ellas sufren de aislamiento, la difusión de información errónea y la falta de acceso a tecnologías críticas para mejorar su vida laboral y personal.

A pesar de todo ello, han estado al pie del cañón en la pandemia, incluso con un trabajo de cuidados del hogar no remunerado que ha ido en aumento.

Desde esta perspectiva, en las aldeas remotas, especialmente en las más marginadas, necesitamos medidas para aliviar la carga del cuidado y redistribuirla mejor entre mujeres y hombres.También necesitamos abogar por servicios e infraestructuras básicas suficientes (agua, salud, electricidad, etc.) para apoyar el trabajo doméstico y de cuidados productivo y no remunerado de las mujeres, que se ve agravado por la crisis.

El tema de este Día Internacional de las Mujeres Rurales es “Construir la resiliencia de las mujeres rurales a raíz del COVID-19”, para crear conciencia sobre las luchas de estas mujeres, sus necesidades y su papel fundamental y clave en nuestra sociedad.

Las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el CONEVAL visibiliza algunas de las brechas de este grupo de población, de acuerdo con información del 2018:

Fuente: CONEVAL 13 de octubre de 2020

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la sexta edición de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019, realizada en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

La ENUT se levanta desde 1996 y sus principales objetivos son proporcionar información estadística para la medición de todas las formas de trabajo de las y los individuos, tanto remunerado como no remunerado; hacer visible la importancia de la producción doméstica y su contribución a la economía y, en general, la forma como usan su tiempo mujeres y hombres, así como la percepción de su bienestar.

Las estadísticas de uso del tiempo resultan relevantes en el diseño, aplicación, supervisión y evaluación de planes y programas de política pública destinados a fomentar el bienestar de la población, especialmente de las mujeres, ya que la información que generan ilustra el reparto desigual de las cargas de trabajo y representan un pilar fundamental para los estudios con perspectiva de género.

Al menos 34 millones de empleos se han perdido en América Latina y el Caribe a causa de la pandemia de COVID-19, según un nuevo informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Es necesario que los países adopten estrategias inmediatas dirigidas a abordar la crisis del empleo, la cual – según el informe – podría ampliar las desigualdades existentes en la región.

La segunda edición de Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19: Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe advierte de la “drástica contracción del empleo, de las horas trabajadas y de los ingresos”.

El informe señala que durante la crisis “34 millones de trabajadores perdieron su puesto de trabajo (algunos de manera temporal)”, según la información disponible de nueve países que representan más de 80 por ciento de la población activa de la región. En el primer trimestre, la tasa de empleo se situó en 51,1 por ciento, una disminución de 5,4 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior, lo cual representa “un valor mínimo histórico”.

Además, el informe destaca que a partir del tercer trimestre de 2020, los niveles de actividad económica han mejorado un poco. Los datos reflejan una incipiente recuperación del empleo y el retorno de un número de trabajadores a la fuerza laboral.

El informe muestra que América Latina y el Caribe es la región con mayor contracción en las horas de trabajo en todo el mundo, con una reducción estimada de alrededor de 20,9 por ciento para los primeros tres trimestres de 2020. Esta cifra casi duplica la estimación mundial, 11,7 por ciento.

Los ingresos por trabajo se contrajeron en 19,3 por ciento, también muy por encima de la tasa mundial de 10,7 por ciento.

Dado de que los ingresos laborales representan, en promedio entre 70 y 90 por ciento de los ingresos familiares totales, estas reducciones han significado grandes pérdidas para numerosos hogares, con impactos significativos sobre los niveles de pobreza, agrega el informe.

El informe advierte además que la crisis podría agravar las desigualdades existentes antes del brote de la pandemia. Los trabajadores más afectados por la crisis están entre los sectores más pobres de la población, con empleos informales o en una situación de desventaja. Las mujeres y los jóvenes (menores de 24 años) son especialmente vulnerables.

A fin de abordar los efectos de la pandemia, los países en la región han adoptado una combinación de medidas dirigidas a proteger los empleos, los ingresos y las empresas. “La pronta adopción de estrategias que continúen atenuando estos impactos y que apuntalen la recuperación será esencial. También es fundamental fortalecer las instituciones laborales, en particular en lo que se refiere a las políticas activas del mercado de trabajo”, señala el Panorama.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en coordinación con el Centro Médico de la Universidad de Texas presenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2018. Su objetivo es generar información sobre el proceso del envejecimiento en México, el impacto de las enfermedades y la discapacidad en la población a partir de 50 años de edad.

La ENASEM es una encuesta longitudinal que inició en 2001 y permite seguir a la misma población de estudio (personas de 50 y más años de edad) a través del tiempo. Además de 2001, se ha levantado en 2003, 2012, 2015 y, por quinta ocasión, en 2018.

Los temas atendidos por la ENASEM son: características sociodemográficas de los sujetos de estudio; medidas de salud, estado funcional, estilo de vida, depresión y estado cognitivo; tributos demográficos de los hijos; historial migratorio; ayuda en dinero o especie otorgado a, y recibido de, sus hijos, así como datos económicos, ingresos laborales, pensiones y valor de bienes inmobiliarios y financieros.

Otros indicadores de la encuesta son historia laboral, ocupación, posición en el trabajo y lugar de trabajo actual de los sujetos de estudio; características de la vivienda; impresiones personales sobre salud, poder de decisión, nivel de ayuda familiar, viudez e información acerca del último año de vida de los entrevistados que fallecen en el panel.

El primer estudio longitudinal de este tipo fue el Health and Retirement Study de Estados Unidos iniciado en 1992; le siguió la ENASEM y a partir de entonces se han realizado estudios similares en 35 países.

México y el mundo viven una crisis de cuidados dentro de una crisis económica, y quienes llevan la peor parte de ambas son las mujeres. La pandemia de covid-19 aumentó el desempleo, los trabajos precarios, la imposibilidad de salir a buscar uno y las tareas domésticas. Y todo esto está recayendo principalmente en la mitad de la población: la femenina.

Una investigación del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) señala tres elementos que demuestran que esta crisis está afectando “de forma desproporcionada” a las mujeres. El primero es que la recuperación económica para ellas está siendo más lenta.

“Estamos en un país donde sólo cuatro de cada 10 mujeres trabajan, mientras que ocho de cada 10 hombres lo hacen”, comenta en entrevista, la coordinadora de proyectos del Imco. “Esta crisis pone en riesgo los avances para reducir esas brechas y la producción que aportan las mujeres dentro de la economía”.

De acuerdo con el Diagnóstico IMCO: Mujer en la economía pos-covid, “los hombres están regresando al mercado laboral más rápido”. Y aquellas mujeres que logran volver a trabajar lo hacen “en condiciones desventajosas, en parte por la carga desproporcionada que tienen dentro del hogar”.

En julio, cuando comenzó a observarse una leve recuperación, la tasa de participación económica masculina aumentó 4 puntos porcentuales respecto a junio del 2020, pero la femenina “sufrió una ligera caída” de 0.5 por ciento. La brecha de entre hombres y mujeres pasó de 25.8% en mayo a 33% en julio.

El segundo factor es que la mayoría trabaja justamente en los sectores que debieron suspender labores. El 53% de las mujeres están empleadas en negocios de hospedaje y alimentos, comercio al por menor y otros servicios.

El tercer elemento es que están “subrepresentadas en los puestos de liderazgo, tanto en el sector público como en el privado”. En las empresas, a nivel de entrada 37% es mujer, y sólo 10% de los comités ejecutivos y el 8% de las direcciones generales tienen representación femenina.

Para lograr un mercado laboral equitativo, el Imco propone 10 acciones específicas: 1) Estudiar a profundidad las brechas de género en la economía; 2) Robustecer las estadísticas para medir las brechas de género; 3) Acciones para que más mujeres asciendan a posiciones de liderazgo. Así como, 4) Conformación de un sistema universal de cuidados infantiles. Que no sea “un privilegio exclusivo de las personas con empleos formales”; 5) Ampliar las licencias de cuidado por maternidad y paternidad; 6) Desarrollo de políticas corporativas de integración vida-trabajo. Algunas de ellas son el teletrabajo, días personales con goce de sueldo y horarios flexibles; 7) Escalonar el regreso a clases presenciales por regiones del país y por edades.

Y finalmente; 8) Implementar medidas de cuidado especial para las maestras; 9) Crear incentivos para que las mujeres sigan estudiando y 10) Programas sociales para trabajadoras vulnerables.

El Día Internacional de la Igualdad Salarial, que se celebra por primera vez este 18 de septiembre, representa los esfuerzos constantes por conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Esta lucha se basa en el compromiso de las Naciones Unidas con los Derechos Humanos y contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra las mujeres y las niñas.

En todas las regiones, a las mujeres se les paga menos que a los hombres, con una brecha salarial de género estimada en un 23% a nivel mundial. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguen estancados debido a la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. A su vez, las situaciones de pobreza acrecientan las desigualdades y desventajas en el acceso a recursos y oportunidades para las mujeres.

Para garantizar que nadie se quede atrás, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordan la necesidad de alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas . Además, los ODS promueven el trabajo decente y el crecimiento económico mediante la búsqueda de empleo pleno y productivo y trabajo decente para todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la equidad salarial por un trabajo de igual valor. La incorporación de una perspectiva de género es fundamental en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Lograr la igualdad de remuneración es un hito importante para los derechos humanos y la igualdad de género. Se necesita el esfuerzo de toda la comunidad mundial y queda mucho trabajo por hacer. Las Naciones Unidas, junto con las agencias de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), invitan a los Estados Miembros y la sociedad civil, las organizaciones de mujeres y comunitarias y los grupos feministas, así como a las empresas y las organizaciones de trabajadores y empleadores, a promover una igual remuneración por un trabajo de igual valor y el empoderamiento económico de mujeres y niñas.

La Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC por sus siglas en inglés) está dirigida por la OIT , ONU Mujeres y otros socios. El objetivo de la Coalición es lograr la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres en todo el mundo. Al congregar a un conjunto diverso de actores con distintas áreas de interés y diferentes conocimientos técnicos, EPIC ayuda a los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones a que realicen progresos concretos y coordinados hacia la consecución de este objetivo. En la actualidad, EPIC es la única alianza de múltiples partes interesadas que se esfuerza por reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres a escala mundial, regional y nacional.

Fuente: INEGI 18 de septiembre de 2020

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información estadística respecto a las personas formadas en ciencias de la computación y tecnologías de la información y la comunicación. Las primeras se ocupan de los algoritmos para comunicar información y las segundas se concentran en los aspectos de software y hardware de la tecnología informática centrándose en la creación, intercambio, acceso y seguridad de los datos digitales.

Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al primer trimestre de 2020, hay en México casi 976 mil personas formadas en estas áreas del conocimiento, de las cuales 43% tienen formación en ciencias de la computación y 57% en tecnologías de la información y la comunicación.

Pertenecen a la población económicamente activa (PEA) poco más de 760 mil personas (78%). De cada 100 de estos profesionistas que desarrollan una actividad económica, 72 son hombres y 28 mujeres.

Respecto a la ocupación que desempeñan, se tiene que 55% trabajan como profesionistas y técnicos, 14% participa en actividades de apoyo administrativo, 10% en tareas relacionadas con el comercio, 7% ejerce algún puesto de mando (funcionarios y directivos) y 6% laboran en el ámbito industrial o de la manufactura; el restante 8% presta sus servicios en otras actividades como transporte, servicios personales, servicios de protección o vigilancia o la agrícola.

Perciben en promedio $69 pesos por hora y laboran en promedio 42 horas a la semana. De cada 100 trabajadores, 81 laboran 35 y más horas, 16 ejercen de 15 a 34 horas y tres lo hacen menos de 15 horas en el mismo lapso.

Respecto a estas personas ocupadas que son subordinadas y remuneradas, 84 de cada 100 cuentan con la prestación de servicio médico, 89 de cada 100 con otro tipo de prestaciones y 70 de cada 100 con un contrato escrito de base, planta o tiempo indefinido.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que hoy se presenta se denomina Nueva Edición (ENOE) ya que, aunque mantiene el mismo diseño conceptual, estadístico y metodológico que la ENOE tradicional, su muestra se conformó de un 72% entrevistas cara a cara y un 28% de entrevistas telefónicas. Es importante destacar que no existen cambios estadísticos significativos en los indicadores estratégicos de ocupación y empleo cuando se consideran exclusivamente entrevistas cara a cara, de cuando se combinan con entrevistas telefónicas. Por lo anterior, a partir de este mes, concluye la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE).

En términos generales los resultados del levantamiento de la ENOE de julio de 2020 confirman la recuperación de la ocupación y el empleo iniciada en junio, principalmente impulsada por la reapertura gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales. Los cambios más importantes entre junio y julio de 2020 tuvieron lugar en un aumento de la PEA y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó una disminución en los ocupados a tiempo parcial, frente a un crecimiento de la informalidad laboral, del trabajo a tiempo completo y de los ocupados con ingresos laborales entre dos y cinco salarios mínimos.

La ENOE en julio de 2020, reportó un incremento de 1.5 millones de personas en la PEA, con una Tasa de Participación Económica de 54.9% respecto a la población de 15 años y más, cifra 1.8 puntos porcentuales superior a la de junio pasado. Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 72.2% y 39.2%, respectivamente.

En el séptimo mes de 2020, la población ocupada resultó en 49.8 millones de personas, con un incremento de 1.5 millones de personas respecto a junio.

La población ocupada a tiempo parcial (jornadas inferiores a 35 horas semanales) disminuyó en (-)2 millones entre junio y julio de 2020. Por su parte los ocupados a tiempo completo (jornadas de 35 o más horas semanales) aumentaron en 4.2 millones de personas en el mismo periodo.

La ENOE en julio de 2020 registró una tasa de subocupación de 18.4%, cifra inferior en (-)1.6 puntos porcentuales a la de junio del mismo año. Este descenso representa una variación de (-)0.5 millones de personas ocupadas. La tasa de subocupación según sexo fue de 18.5% en los hombres, cifra inferior en (-)3.3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, mientras que la tasa de subocupación en las mujeres fue de 18.4%, tasa 1.1 puntos porcentuales mayor a la del mes previo.

La ocupación informal en julio de 2020 ascendió a 27.3 millones, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) se situó en 54.9%, cifra mayor en 1.9 puntos porcentuales comparada con la del mes previo.

La población desocupada fue de 5.4% en julio y de 5.5% en junio como proporción de la PEA, porcentaje equivalente a 2.8 millones de personas en ambos meses.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 11.3 millones, lo que representa el 26.1% de la PNEA. En comparación con junio de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en (-)2 millones en el séptimo mes de este año.

La crisis del COVID-19 aumentará drásticamente la tasa de pobreza de las mujeres y ampliará la brecha entre hombres y mujeres que viven en la pobreza extrema, asegura un nuevo informe publicado por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Se esperaba que la tasa de pobreza de las mujeres disminuyera en un 2,7% entre 2019 y 2021, pero las proyecciones ahora apuntan a un aumento del 9,1% debido a la pandemia y sus consecuencias, advirtieron las agencias.

El resto de datos indican que, si bien la pandemia afectará a la pobreza global en general, las mujeres sufrirán el impacto de manera desproporcionada, especialmente aquellas en edad reproductiva: para 2021, por cada 100 hombres de 25 a 34 años que vivan en pobreza extrema (con 1,90 dólares al día o menos) habrá 118 mujeres, una brecha que podría aumentar a 121 mujeres por cada 100 hombres para 2030.

El informe explica que, en general, la pandemia arrastrará a 96 millones de personas a la pobreza extrema para 2021, entre ellas 47 millones de mujeres y niñas. De este modo, el número total de mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema aumentará a 435 millones, y las proyecciones muestran que este número no volverá a los niveles anteriores a la pandemia por lo menos hasta 2030.

ONU Mujeres y el PNUD resaltan que la pandemia plantea una grave amenaza a las perspectivas de erradicar la pobreza extrema para fines de esta década, y que la realidad podría ser aún más desalentadora, ya que estas proyecciones de aumento de las tasas de pobreza para mujeres y niñas solo tienen en cuenta la revisión a la baja del producto interno bruto (PIB), excluyendo otros factores, como que las mujeres abandonen la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado infantil.

Las consecuencias de la pandemia cambiarán los pronósticos de pobreza extrema en todas las regiones. Dado que el 59% de las mujeres pobres del mundo viven actualmente en el África subsahariana, la región seguirá albergando el mayor número de personas en situación de pobreza extrema del mundo.

Si bien estas cifras son alarmantes, el estudio estima que solo se necesitaría el 0,14% del PIB mundial (2 billones de dólares ) para sacar al mundo de la pobreza extrema para 2030; y 48.000 millones de dólares para cerrar la brecha de pobreza de género. Sin embargo, el número real podría terminar siendo mucho más alta, especialmente si los gobiernos no actúan, o lo hacen demasiado tarde.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para junio de 2020, se estima que el 72 por ciento de los trabajadores domésticos en todo el mundo habían perdido sus trabajos como resultado del COVID-19. Tanto las mujeres como los hombres asumen más tareas domésticas y cuidan a los niños y miembros de la familia durante los encierros, pero la mayor parte del trabajo aún recae sobre los hombros de las mujeres y las niñas.

El informe recalca que no es imposible evitar retroceder en el progreso hacia la igualdad de género y hace algunas recomendaciones:

Los índices globales, tienen como objetivo primordial representar una aproximación al personal ocupado y a las remuneraciones que reportan las encuestas económicas para los sectores construcción, industrias manufactureras, comercio y servicios privados no financieros, fortaleciendo la infraestructura estadística sobre la economía en su conjunto, lo que coadyuva en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas enfocadas al mercado laboral de México.

En junio de 2020, con cifras desestacionalizadas, el IGPOSE registró un nivel de 103.5 puntos con un incremento de 0.3% respecto al mes previo. En su comparativo anual, este índice presentó una variación de (-)6.4 por ciento.

El IGRESE alcanzó un nivel de 107.3 puntos en junio de 2020 lo que tuvo una variación de 1.0% respecto a mayo, con cifras desestacionalizadas. Con relación a junio de 2019 presentó una disminución de (-)8.7 puntos porcentuales.

Con cifras desestacionalizadas, en junio de 2020, el IGREMSE observó un nivel de 103.9 con una variación de 0.8% respecto al mes previo. Este índice significó una disminución de (-)2.4% con relación a junio de 2019.

El nivel más elevado para el IGPOSE es el registrado en mayo de 2019 con 110.8 puntos, el IGRESE e IGREMSE presentan sus niveles más altos en febrero de 2020 con 120.1 y 108.9 puntos, respectivamente.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta el documento Pobreza y Personas Mayores en México, en el cual se identifican características demográficas, sociales, económicas y se analizan los principales factores que influyen en su situación de pobreza y de vulnerabilidad, tales como carencias sociales, ingreso, condición de ocupación y acceso a pensiones para este grupo de población. Adicionalmente, se abordan algunos hallazgos acerca de los programas sociales dirigidos a este grupo poblacional y al sistema de pensiones contributivas.

En 2018, había 9.1 millones de personas de 65 o más años en el país que representaban 7.2% de la población total, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO). En ese mismo año, en 23% de los hogares mexicanos residía por lo menos una persona en ese rango de edad y en 8 de cada 10 de estos ocupaban la jefatura del hogar, lo que puede deberse a varios factores, entre ellos el reconocimiento que se les otorga por su experiencia y su trabajo desarrollado a lo largo de su vida,pero también en muchos hogares son quienes aportan más recursos económicos para el consumo, además de que 2.5 millones de hogares solo estaban integrados por personas de este grupo.

Respecto a la edad de esta población, 6 de cada 10 personas tenían entre 65 y 74 años, 3 de cada 10 tenían entre 75 y 84 años, y 1 de cada 10 tenía 85 años o más. Entre el ámbito rural o urbano, la población de 65 años o más se distribuye de forma similar que la población en general, es decir, una de cada cuatro personas reside en el ámbito rural.

La medición multidimensional de pobreza permite identificar que la incidencia en personas de 65 años o más ha presentado cambios mínimos en años recientes. Entre 2008 y 2014 el porcentaje de pobreza en este grupo fluctuó entre 45% y 46% a escala nacional, mientras que en 2016 se observó una disminución significativa de 4.8 puntos porcentuales respecto a lo observado en 2014, y para 2018 la situación de pobreza se mantuvo al mismo nivel que en 2016 (41.1%).

En ese sentido, la incidencia de pobreza de esta población fue ligeramente menor que la observada a nivel nacional (41.9%), pero con una brecha muy corta. Al hacer referencia al fenómeno de la pobreza extrema, también se observó una brecha corta entre la población de 65 años o más y la demás población (6.8% frente a 7.5%); sin embargo, existen grupos específicos dentro de la población de 65 años o más que están expuestos en mayor medida a encontrarse en condiciones de pobreza.

La población de 65 años o más experimenta, en promedio, menos carencias sociales que el resto de la población y hay algunas carencias en las que se observan brechas importantes respecto a lo que se presenta entre el resto de la población.

El rezago educativo fue la carencia con mayor incidencia entre esta población. Esto se explica por los atrasos de cobertura en el sistema educativo en décadas anteriores y significa que poco más de la mitad de este grupo no contaba con la primaria terminada. Adicionalmente, cuatro de cada diez personas de 65 años o más y con rezago educativo, no sabían leer ni escribir.

Hay una estrecha relación entre el bajo nivel educativo y los empleos precarios de bajas remuneraciones y pocas prestaciones, lo que impacta en la situación actual de la población de mayor edad. En 2018, el porcentaje de la población con ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas fue mayor en la población de 65 años o más con rezago educativo (62.7%) que en población sin rezago (33.4%).

En este grupo poblacional, el fenómeno de la pobreza fue más frecuente en la población ocupada que en la población no económicamente activa (45.4% frente a 38.8%), esto puede estar relacionado con diversos factores: uno de estos es que entre las personas de 65 años o más no económicamente activas, proporcionalmente, había más personas sin carencias sociales y con ingreso mayor o igual a la línea de pobreza por ingresos que entre la población económicamente activa, además de que cuatro de cada diez de estas personas tienen acceso a pensión por programas sociales.

Otro factor importante que está asociado al nivel de ingreso y, por lo tanto, a la situación de pobreza de la población es la actividad que desempeñan las personas en sus empleos. Las actividades que más realiza la población de 65 años o más se caracterizan por ofrecer sueldos bajos y frecuentemente no otorgan las prestaciones necesarias para que la población cuente con acceso a la seguridad social, entre estas se encuentran las agrícolas o las ganaderas, las elementales de apoyo (resaltan las de trabajo doméstico y apoyo en actividades del sector primario) y las comerciales, principalmente en comercios establecidos.

En 2018, siete de cada 10 personas de 65 años o más (7.2 de 10.4 millones) recibieron ingresos por pensión (contributiva o no contributiva). Sin embargo, la condición de recibirla no fue suficiente para erradicar la pobreza entre este grupo, ya que 38.3% de esta población se encontraba en pobreza y cerca de la mitad (47.6%) no contó con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

Los ingresos que recibía la población de 65 años o más por pensiones contributivas fueron superiores que los que recibían por pensiones no contributivas, esto se vio reflejado en la situación de pobreza que enfrentó esta población. El 30.9% de la población de al menos 65 años (3.2 millones) recibió ingresos por pensiones contributivas; este grupo es el que se encuentra en mejores condiciones, pues un porcentaje menor de esta población estaba en situación de pobreza (18.4%).

El CONEVAL realizó evaluaciones de consistencia y resultados al Programa Pensión para Adultos Mayores. En ellas se muestra que desde 2016, 14% de su población objetivo no disfrutaba de los beneficios del programa y, que para 2017, este porcentaje de la población sin cobertura aumentó a 25%. Esto es consecuencia, principalmente, de las presiones derivadas de la inercia demográfica, así como de la limitación del presupuesto asignado, que desde 2015 a 2018 cada año mostró mayores reducciones y en 2018 fue 21.3% menor que en 2015.

El CONEVAL considera que es necesario conocer las características y necesidades de este grupo de población, con el fin de identificar problemáticas específicas y elementos que sirvan de guía para la planeación y ejecución de acciones que contribuyan a garantizar sus derechos.

Fuente: CONEVAL 28 de agosto de 2020

Durante el periodo de confinamiento y paro de actividades económicas no esenciales por el Covid-19, San Luis Potosí fue la entidad del país que registró el mayor monto de capital extranjero, superando incluso a las grandes economías (Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco).

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre abril y junio del 2020 el estado potosino atrajo 608.5 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), que lo coloca en primer lugar nacional por primera vez en su historia.

Este monto, por tipo de inversión, se desglosa de la siguiente manera: flujos negativos de 16.0 millones de dólares en nuevas inversiones y de 5.7 millones en reinversión de utilidades, así como un flujo positivo de 630.3 millones en cuentas entre compañías (préstamos de las matrices residentes en el exterior a sus filiales en México e importaciones de activo fijo).

Lo anterior significa que los recursos extranjeros no provinieron de la llegada de nuevos capitales (de hecho se presentaron salidas), sino de las matrices que ayudaron a sus filiales ante la falta de liquidez de éstas por la pandemia, situación que amortiguó la pérdida de más empleos.

Por rama económica, de los 608.5 millones de dólares de IED que captó San Luis Potosí en el segundo trimestre del año, 523.3 millones correspondió a la fabricación de automóviles y camiones (86.0% del total); le siguieron fabricación de productos de hule con 20.8 millones (3.4%) y fabricación de autopartes con 20.2 millones (3.3 por ciento).

Es importante señalar que el estado presentó una salida de capital por 30.4 millones de dólares en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, monto del cual, 22.4 millones fueron de Italia.

En esta línea, los mayores recursos en la entidad en el lapso de referencia fueron de matrices de Estados Unidos (305 millones de dólares) y Alemania (256.9 millones).

Abajo de San Luis Potosí, en atracción de IED, se colocaron Jalisco (581.1 millones de dólares captados), Nayarit (579.1 millones), Sinaloa (551.2 millones), Nuevo León (489.2 millones), Estado de México (417.1 millones) y la capital del país (406.1 millones).

Nayarit resalta en este listado, ya que además de ocupar la tercera posición en atracción de capital extranjero, fue primer lugar en crecimiento, con una tasa anual de 1,521.5% (le siguieron Tabasco con 518.8%, Durango con 476.7%, Tlaxcala con 372.8%, Nuevo León con 233.7% y San Luis Potosí con 166.1 por ciento).

Esta entidad mostró flujos positivos en reinversión de utilidades (1.0 millones de dólares), nuevas inversiones (117.2 millones) y cuentas entre compañías (460.9 millones).

El dinamismo derivó, por rama, de transporte por ferrocarril y servicios relacionados con el transporte de carretera, y por país, de Canadá.

Al otro extremo, sólo cuatro estados registraron saldos negativos de IED durante el segundo trimestre del año en curso.

Éstos fueron Chiapas (1.4 millones de dólares), Yucatán (2.1 millones) Morelos (41.9 millones) y Tamaulipas (51.9 millones), cuyo común denominador fue una elevada salida de capitales.

Antes de la crisis provocada por la COVID-19 , un gran número de mujeres estaban excluidas del mercado de trabajo. La pandemia ha empeorado mucho las cosas.

Esta crisis afecta a las trabajadoras de manera desproporcionada quienes están perdiendo sus empleos a una velocidad mayor que los hombres. Más mujeres que hombres trabajan en sectores que han sido perjudicados por las consecuencias económicas de la pandemia, como los sectores del turismo, la hostelería y la confección. Un gran número de trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres, también corren el riesgo de perder su empleo. La gran mayoría de los trabajadores de la salud son mujeres, lo cual aumenta el riesgo de contraer el virus.

Además, la fragilidad de su situación laboral, unida al reducido acceso al trabajo y a la protección social, ha implicado que las mujeres sean especialmente vulnerable a la pandemia, aún en sectores que, hasta ahora, habían sido menos perturbados.

Una de las ideas centrales de la economía feminista es que el trabajo de cuidado no remunerado que se lleva a cabo en los hogares y las familias para apoyar la vida cotidiana es una parte vital del sistema económico. Este tipo de trabajo es realizado principalmente por las mujeres y la mayoría de las veces no es reconocido como tal. El cierre de las escuelas y el cuidado de las personas que se enferman, ha obligado a las mujeres que han tenido la suerte de mantener su empleo a reducir las horas de trabajo o a prolongar el total de horas de trabajo (remuneradas y no remuneradas) hasta niveles insostenibles.

A continuación, cinco formas para garantizar que la crisis del coronavirus no perjudique las perspectivas de empleo de las mujeres a largo plazo:

el propietario de una finca de café en el estado mexicano de Chiapas, está preocupado. Al igual que la mayoría de los productores de café cercanos a la frontera meridional, depende de los trabajadores migrantes guatemaltecos, la mayoría de los cuales son contratados y empleados de manera informal para recolectar y preparar su café de alta calidad destinado a la exportación. Pero este año la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 cerró las fronteras y teme que no podrá recoger la cosecha en septiembre.

La falta de información sobre los sistemas de contratación formal, la naturaleza estacional del trabajo, las dificultades de la contratación transfronterizas, y los trámites necesarios para la registración de los trabajadores formales, hacen que los empleadores y los trabajadores migrantes recurran a sistemas irregulares, es posible que los enganchadores hasta supervisen a los trabajadores y distribuyan los salarios. Pero esto hace aún más difícil prevenir la explotación y el abuso.

La contratación equitativa es aún más importante durante la pandemia de COVID-19 ya que los trabajadores agrícolas han sido clasificados como trabajadores esenciales. De manera que, garantizar su salud y seguridad durante la contratación, los desplazamientos, así como en el lugar de trabajo y en el alojamiento proporcionado por el empleador, es especialmente importante.

A fin de hacer frente a estos desafíos y promover la contratación equitativa en las cadenas de suministro de la agricultura, el proyecto REFRAME de la OIT, financiado por la UE, trabaja con una serie de asociaciones agrícolas mexicanas, incluidas la Asociación de productores de plátano y café de la región de Soconusco en el sur del Chiapas, la Alianza Hortofrutícola internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (AHIFORES) y Verité, una organización de la sociedad civil.

Juntas, la OIT y AHIFORES, desarrollan herramientas y normas – en conformidad con las normas internacionales del trabajo y los Principios generales y directrices prácticas para una contratación equitativa de la OIT – a fin de ayudar a los miembros de la alianza a adoptar prácticas justas.

Los proyectos incluyen el desarrollo de una Caja de herramientas para la contratación equitativa en el sector agrícola, que contribuirá a que los miembros obtengan la certificación AHIFORES y a conducir una evaluación rápida sobre la evolución de las necesidades del sector durante la crisis de la COVID-19.

La OIT colabora además con la agencia de contratación CIERTO, (dedicada a la contratación equitativa de los trabajadores agrícolas) con el objetivo de elaborar una guía práctica para la contratación de los trabajadores agrícolas durante la crisis.

Desde el comienzo de la pandemia, más del 70 por ciento de los jóvenes que estudian o compaginan sus estudios con trabajo se han visto afectados adversamente por el cierre de escuelas, universidades y centros de formación, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De los resultados del informe Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental se desprende que el 65% de los jóvenes considera que su actividad educativa se ha visto afectada adversamente desde el comienzo de la pandemia, como consecuencia del período de transición de la enseñanza presencial en las aulas a la enseñanza en línea o a distancia durante la fase de confinamiento. Pese a sus esfuerzos por proseguir sus estudios y su formación, la mitad de esos jóvenes opina que la conclusión de sus estudios se verá retrasada, y el 9% señala que podría tener que abandonarlos definitivamente.

La situación ha sido aún peor para los jóvenes que viven en los países de ingresos más bajos, en los que existen mayores deficiencias en materia de acceso a Internet y disponibilidad de equipos, y en ocasiones, de espacio en el hogar.

Ello pone de relieve la enorme “brecha digital” entre regiones; mientras que el 65% de los jóvenes de los países de altos ingresos pudieron asistir a clases impartidas por videoconferencia, la proporción de jóvenes que pudo proseguir sus estudios en línea en los países de bajos ingresos fue únicamente del 18%.

Según el citado informe, el 38% de los jóvenes manifiesta inquietud por su futuro profesional, y se prevé que la crisis dificulte el desarrollo del mercado laboral y prolongue el período de transición de los jóvenes desde que terminan sus estudios hasta que logran su primer empleo.

Algunos jóvenes ya se han visto afectados, habida cuenta de que uno de cada seis de ellos ha tenido que dejar de trabajar desde que comenzó la pandemia. Por lo general, los trabajadores más jóvenes trabajan en sectores muy afectados por la pandemia, en particular los relacionados con la atención al cliente, la prestación de servicios y las ventas, de ahí que sean más vulnerables frente a los efectos económicos de la pandemia. El 42% de los jóvenes que han mantenido su empleo han visto reducidos sus ingresos.

Ello ha repercutido en su bienestar mental. La citada encuesta pone de manifiesto que el 50% de los jóvenes es susceptible de padecer episodios de ansiedad o depresión, y que el 17% probablemente los padezcan.

Pese a la compleja coyuntura actual, los jóvenes utilizan su vigor para movilizarse y hacer que se escuche su voz en la lucha contra la crisis. Según la encuesta, uno de cada cuatro jóvenes realizó algún tipo de trabajo voluntario durante la pandemia.

Es fundamental que se escuche la voz de los jóvenes para dar una respuesta más inclusiva a la crisis de la COVID-19. Según se recoge en el informe, la participación de los jóvenes en la toma de decisiones en consonancia con sus necesidades y proyectos aumenta la eficacia de las políticas y los programas y les brinda la oportunidad de contribuir a su aplicación.

En el informe también se aboga por la adopción de medidas políticas específicas a gran escala de forma acuciante para evitar que la crisis menoscabe el futuro profesional de toda una generación de jóvenes a largo plazo.

Cabe destacar, entre esas medidas, la reintegración en el mercado laboral de los jóvenes que hayan perdido su empleo o que hayan tenido que reducir la cantidad de horas que trabajan, así como el acceso de los jóvenes a prestaciones de desempleo y a programas que permitan mejorar su bienestar mental, en particular apoyo psicosocial o realización de actividades deportivas.

Por primera vez en la historia de la OIT, todos sus Estados Miembros han ratificado una convención internacional del trabajo.

El citado Convenio es el que ha logrado la ratificación más rápida en la historia de la Organización, desde su aprobación en la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar hace 21 años.

“La ratificación universal del Convenio 182 constituye un hito histórico y permitirá que todos los niños gocen a partir de ahora de protección jurídica frente a las peores formas de trabajo infantil”, afirmó Guy Ryder, Director General de la OIT. “Ello pone de manifiesto un compromiso a escala mundial para erradicar de nuestra sociedad las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, la explotación sexual y la utilización de niños en conflictos armados u otros trabajos ilícitos o peligrosos susceptibles de menoscabar la salud, la moral o el bienestar psicológico de los niños”.

La OIT estima que hay 152 millones de niños que realizan trabajo infantil , 73 millones de los cuales llevan a cabo trabajos peligrosos. El 70% de todo el trabajo infantil tiene lugar en el sector agrícola y obedece principalmente a situaciones de pobreza y a las dificultades de los padres para encontrar un empleo decente.

En virtud del Convenio núm. 182 se establece la prohibición y la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de niños. Se prohíbe la utilización de niños en conflictos armados, la prostitución, la pornografía y actividades ilícitas como el tráfico de drogas, así como en trabajos peligrosos.

La incidencia del trabajo infantil, incluidas sus peores formas, disminuyó en casi un 40% de 2000 a 2016, a raíz del aumento del índice de ratificación de los Convenios núm. 182 y 138 (sobre la edad mínima para trabajar) y la adaptación de legislaciones y políticas eficaces en los países.

No obstante, el ritmo de los avances ha sido cada vez menor en los últimos años, en particular en relación con el grupo de menor edad (de 5 a 11 años) y determinadas zonas geográficas. Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, existe un riesgo real de que se produzca un retroceso con respecto a los avances logrados hasta ahora, y de que el trabajo infantil aumente por primera vez en veinte años, a menos que se adopten medidas adecuadas.

En el marco de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible , adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, se aboga por “poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025”. El partenariado global, la Alianza 8.7 , de la que la OIT presta servicios de secretaría, reúne a más de 250 asociados y 21 países pioneros para coordinar, innovar y acelerar los progresos encaminados a poner fin al trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna. La ratificación universal del Convenio núm. 182 pone de manifiesto la voluntad de todos los Estados Miembros de la OIT de erradicar el trabajo infantil, incluidas todas sus formas, en todos los lugares.

Ese objetivo histórico se ha alcanzado pocos meses antes de que comience el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en 2021 , cuya celebración liderará la OIT en colaboración con sus asociados. Su objetivo es aumentar la concienciación sobre el problema y contribuir a lograr avances para subsanarlo.

La transición a una economía de cero emisiones netas en carbono podría crear 15 millones de nuevos empleos netos en América Latina y el Caribe para 2030, revela un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Las agencias aseguran que la devastación de la crisis actual del COVID-19 ha obligado a hogares, empresas y gobiernos a replantearse cómo se conecta el entorno natural con sus economías y sociedades.

Actualmente, los déficits de trabajo decente, las desigualdades y la dependencia en las exportaciones de combustibles fósiles hacen que América Latina y el Caribe sea particularmente susceptible a los efectos sociales y económicos de la pandemia.

Estas mismas cuestiones, dice el informe, harán que la región sea más vulnerable a las repercusiones del cambio climático en el futuro. En respuesta a la pandemia, una transición justa a cero emisiones netas puede corregir los efectos económicos y sociales adversos de la crisis mundial y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad para crear empleo, abordar la desigualdad e impulsar un crecimiento inclusivo.

El informe revela que la transición a una economía de cero emisiones netas haría desaparecer unos 7, 5 millones de empleos en electricidad generada por combustibles fósiles, extracción de combustibles fósiles y producción de alimentos de origen animal. Sin embargo, estos empleos perdidos son más que compensados por las nuevas oportunidades de empleo que serían posibles: 22,5 millones de empleos en agricultura y producción de alimentos procedentes de plantas, electricidad renovable, silvicultura, construcción y manufactura.

Las agencias además destacan cómo cambiar a dietas más saludables y sostenibles, que reducen el consumo de carne y lácteos y aumentan los alimentos procedentes de plantas, crearía empleos y reduciría la presión sobre la biodiversidad única de la región. Con este cambio, el sector agroalimentario de América Latina podría generar el equivalente a 19 millones de empleos a tiempo completo, que compensarían ampliamente la reducción de 4,3 millones de empleos en ganadería, avicultura, lácteos y pesca.

Se necesitan políticas gubernamentales, como la capacitación y la reconversión laboral, para ayudar a las personas a hacer la transición hacia los sectores en crecimiento, mientras que los programas sociales deben apoyar a quienes pueden verse afectados de forma negativa.

El diálogo social y la construcción conjunta con todas las partes interesadas pueden ayudar a los gobiernos a coordinar los objetivos de desarrollo social, ambiental y sectorial, así como a garantizar que trabajadores, empresas y comunidades estén preparados para prosperar en una economía de cero emisiones netas.

La región de América Latina y el Caribe deberá controlar la transmisión del coronavirus antes de pensar en reactivar la economía, advierte un informe inter agencial de la ONU dado a conocer este jueves, que insiste en la necesidad de fortalecer los sistemas de sanitarios para lograr una reconstrucción económica sana.

“No hay apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada, y no hay reactivación posible sin un plan claro para evitar el repunte de los contagios”, afirman la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el estudio conjunto.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL, explicó en una conferencia de prensa para presentar el informe, que el coronavirus puso de manifiesto la relación estructural que existe entre la economía y la salud, evidenciando las debilidades de los sistemas sanitarios de la región, que están fragmentados y segmentados.

La salud es ante todo un derecho humano que debe ser garantizado por los Estados, es la base de una economía sana.

“La salud es parte del capital humano, afecta directamente la productividad y el desempeño económico y social de las personas. El sector salud es un área económica que tiene una gran cantidad de trabajadores y una gran cantidad de encadenamientos productivos. Es un generador de empleos y de inversiones de gran peso para generar crecimiento”.

Para reforzar esta aseveración, la titular de la CEPAL alertó del riesgo de que América Latina caiga en un círculo vicioso si no se fortalecen los sistemas de salud, señalando que la crisis sanitaria puede convertirse en una crisis alimentaria lo que, a su vez, haría más vulnerable la salud y colapsaría los servicios médicos.

Romper este ciclo implica controlar la pandemia con medidas que incluyen el confinamiento y el distanciamiento físico, pero la población, sobre todo la más pobre, sólo podrá resistir esta disminución de la actividad económica si recibe ayudas de su gobierno.

La CEPAL y la OPS han identificado a las personas mayores, los trabajadores informales, las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidades y los migrantes como los grupos más vulnerables en esta pandemia, por lo que llamaron a extenderles asistencia y protección social mediante un ingreso básico y un bono contra el hambre.

El caso de México

Al responder una pregunta sobre la situación de México, Alicia Bárcena destacó que el país ha reconocido que el sistema de salud estaba desfinanciado y con muchos déficits cuando lo recibió el actual gobierno a fines de 2018.

Este reconocimiento, continuó, “ha logrado ampliar las nuevas contrataciones, añadiendo casi 40.000 personas a la plantilla de trabajadores del sector salud”..

Mencionó también el aumento de las capacidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras dependencias sanitarias públicas, además de que se ha conseguido la participación diligente de los hospitales privados y de las fuerzas armadas en los esfuerzos contra la pandemia.

Indicó, además, que casi 21 millones de personas reciben transferencias del gobierno federal, once millones de los cuales son mujeres y ocho millones adultos mayores. Esto al margen de las pensiones para personas con discapacidades y otros grupos vulnerables.

“Creo que el objetivo que se propuso el gobierno de México es, primero, evitar el colapso del sistema sanitario y lo han apuntalado con la reconversión de hospitales, la contratación de más trabajadores de la salud, y segundo, apuntalar el ingreso, algo sumamente importante”, puntualizó Bárcena.

La economía de México registró una contracción histórica en el segundo trimestre debido al freno en la actividad productiva por la pandemia de coronavirus en el país, mostraron el jueves datos oficiales.

El Producto Interno Bruto (PIB) se hundió un 17.3% entre abril y junio, frente a una caída del 1.2% en el primer trimestre del año, de acuerdo con cifras preliminares divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El instituto de estadística publicará el 26 de agosto los datos finales del PIB del segundo trimestre. De confirmarse, se trataría de su retroceso más profundo al menos desde 1993, el período más antiguo del que dispone de datos el INEGI para este indicador.

A tasa interanual en cifras originales, el PIB de la segunda economía de América Latina registró un descenso del 18.9% en el trimestre.

Durante abril y mayo, gran parte de las actividades productivas del país fueron suspendidas debido a las restricciones impuestas por el gobierno para hacer frente a la pandemia, que hasta ahora ha dejado más de 408,000 contagios y 45,361 decesos en todo el territorio.

En este periodo bajaron todas las actividades empezando por el sector industrial (26%), seguido del de servicios (15.6%) y el agropecuario, que cayó un 0.7%.

Según cifras desestacionalizadas (sin factores coyunturales por temporada), el PIB cayó 17.3% en comparación con el trimestre anterior.

La crisis del coronavirus se empezó a sentir con fuerza en marzo en México con la caída del turismo, las bolsas y la depreciación de la moneda, y a finales de ese mes se decretó la emergencia sanitaria y se suspendieron las actividades no esenciales de la economía hasta finales de mayo.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, informó que, al primer semestre del año, la pesca ha aportado 764 mil 737 toneladas de productos del mar y la acuacultura 40 mil 063 toneladas, que en conjunto representan ocho mil 883 millones de pesos; esto, dijo, es resultado de que el sector primario no ha parado aun en el marco de la pandemia.

Al participar en la conferencia de prensa de los Programas de Bienestar, destacó que ambas actividades generan alrededor de 300 mil empleos directos y dos millones indirectos, de ahí su trascendencia en el ámbito económico y social.

El Programa Bienpesca, orientado a fomentar la actividad pesquera y acuícola de los pequeños productores, registra un avance del 92.21 por ciento, lo que significa que 178 mil 232 pescadores, trabajadores acuícolas y operadores ya obtuvieron el apoyo.

Con un presupuesto este año de mil 391 millones 688 mil pesos, el programa Bienpesca ha beneficiado tres ámbitos prioritarios: más de nueve mil pescadores de comunidades indígenas, cinco mil 460 del Alto Golfo de California y cuatro mil 988 del Istmo de Tehuantepec, así como de las zonas de Pacífico, Golfo de México, Sureste-Caribe e interior de aguas continentales.

Fuente: SAGARPA 25 de julio de 2020

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presenta los Resultados Definitivos de los Censos Económicos 2019.

Los Censos Económicos en nuestro país se levantan cada 5 años, desde 1930. Los levantados el año pasado constituyen el decimonoveno censo. Sus resultados reportan el desempeño y las características económicas de todos los establecimientos de nuestro país, y permiten un análisis detallado de la evolución de la economía nacional, regional, estatal, local o a cualquier nivel de detalle geográfico.

Principales resultados estatales

Se censaron 304 mil 825 establecimientos, en donde trabajan 1 millón 055 mil 905 personas. Al comparar con los Censos Económicos de 2014, se observa que en los últimos 5 años se registró un aumento en el número de establecimientos de 66 492 más, con una tasa de crecimiento anual de 5.0% y un aumento en el personal ocupado de 199 393 personas, con un crecimiento del 4.3% anual.

Del total de establecimientos del Sector privado y paraestatal, 50.9% corresponden al sector Comercio, 35.5% a los Servicios no financieros, 11.8% a las Manufacturas y 1.8% al Resto de actividades económicas.

En cuanto el personal ocupado, 40.6% labora en Comercio, 36.2% en los Servicios no financieros, 12.0% en Manufacturas y 11.2% en el Resto de actividades.

Los Censos Económicos 2019 revelan, entre otros aspectos, que en nuestra economía estatal predominan los negocios Micro (0 a 10 Personas ocupadas), los cuales representan 97.19% y éstos dan empleo al 64.85% del Personal ocupado en la entidad. Por su parte, los negocios PYMES (11 a 250 personas) representan 2.77% de los establecimientos y dan empleo al 27.28% del personal, en tanto que los Grandes (251 y más personas) representan sólo 0.04% y su Personal ocupado representa el 7.87% de los puestos de trabajo en el estado.

Los datos nos indican que tanto en los establecimientos, Micro, PYMES y Grandes, la edad del personal ocupado que prevalece es de 21 a 30 años (33.0%). En los establecimientos Micro destaca la participación de Personal ocupado de más de 40 años, en tanto que en los PYMES y Grandes destacan las personas ocupadas de entre 21 a 30 años.

Los PYMES son el estrato de establecimientos con mayor porcentaje de Personas ocupadas con educación superior (24.6%), en tanto que, en los Micros, las personas ocupadas con educación básica representan el 51.8 por ciento.

Por primera vez, los Censos Económicos ofrecen información caracterizando la formalidad e informalidad de los negocios, así, podemos conocer que, del total de unidades económicas en nuestro estado, 26.3% corresponde a establecimientos formales, y 73.7% de los negocios son informales. En cuanto a la generación de empleo en estos dos grupos, el 59.4% del personal ocupado labora en negocios formales y 40.6% en establecimientos informales.

Con los datos de los Censos Económicos 2019, el INEGI actualizó el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y se proveyeron datos sobre el número de viviendas para la planeación del Censo de Población y Vivienda 2020.

El COVID-19 podría revertir los avances en las oportunidades económicas de las mujeres después de 30 años de progreso, señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las mujeres son especialmente vulnerables a los efectos económicos negativos de la pandemia porque tienen más probabilidades de trabajar en industrias más expuestas a las medidas de confinamiento y tienden a desempeñarse en el sector informal en países de bajos ingresos.

Las mujeres a menudo realizan más tareas domésticas no remuneradas que los hombres y, en países en desarrollo, tienen más riesgo de abandonar la escuela producto del COVID-19.

En junio, en Estados Unidos, la tasa de desempleo de las mujeres en edad laboral fue 1.1 puntos porcentuales superior a la lectura de los hombres, lo que se compara con una tasa usualmente igual antes de la pandemia y la recesión resultante, según datos del Departamento de Trabajo de ese país.

Es crucial que los encargados de política monetaria adopten medidas para limitar los perjudiciales efectos de la pandemia en las mujeres”. Estas políticas podrían incluir extender el apoyo a los ingresos para los más vulnerables y mejorar el acceso a la atención médica y, a largo plazo, crear condiciones e incentivos para que las mujeres trabajen.