La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó hoy su preocupación por la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas de la región y por las altas tasas de feminicidio observadas. Según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños.

La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención, plantea la CEPAL en un documento publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una ‘pandemia en la sombra’”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.

Los gobiernos de la región han informado al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL más de 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en este período. Se destaca la respuesta de países donde la totalidad o parte de los servicios de atención a este flagelo fueron declarados esenciales. Sin embargo, la adaptación a modalidades remotas ha sido muy compleja y limita el acceso a la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que afecta a estos delitos, alerta la CEPAL.

El documento señala que “la gran cantidad de denuncias en líneas remotas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales y acceso a la justicia a través de canales activos y expeditos”.

“Para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, dice la CEPAL. “Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones”.

Fuente: CEPAL 24 de noviembre de 2020

La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la campaña Únete, la Organización de las Naciones Unidas convoca a la sociedad en su conjunto a hacer frente a otra pandemia: la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual ha generado que en México 7 de cada 10 mujeres hayan enfrentado algún tipo de violencia.

Las emergencias humanitarias, los desastres, las crisis económicas y las pandemias generan, para las mujeres y las niñas, mayores riesgos de padecer violencia. La pandemia de COVID-19 no es una excepción; esta es mucho más que una crisis sanitaria, se trata de una crisis global que podría revertir décadas de progreso en los derechos y la igualdad de género.

La pandemia afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Mientras que los hombres sufren tasas de mortalidad más altas, las mujeres se ven especialmente afectadas por las consecuencias económicas, sociales, y la violencia de género, es decir, sufren una violencia estructural que las afecta tanto en espacios privados como públicos, lo cual vulnera la garantía de sus derechos humanos.

Por ello, bajo el lema: Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir y recopilar!, este año la campaña ÚNETE pone énfasis en la importancia de los gobiernos y el trabajo en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil y el sector privado para generar una estrategia de compromiso político a fin de acelerar respuestas concretas en los cuatro ejes de la campaña: financiarun paquete mínimo de servicios esenciales; responder adecuadamente a las sobrevivientes para garantizar su acceso a los servicios esenciales; prevenir la violencia y modificar las normas sociales que le dan origen y la normalizan; y recopilar datos e información para construir políticas que prevengan, atiendan y sancionen la violencia estructural que viven millones de mujeres y niñas, además de la adopción de medidas en pro de la reparación, la verdad y la memoria de las mujeres víctimas de la violencia.

Para seguir respondiendo a esta situación de urgencia, a petición del Secretario General de la ONU, el Sistema de las Naciones Unidas ha diseñado una estrategia con cuatro ejes de compromisos a fin de acelerar una respuesta de políticas públicas concretas respecto de la violencia de género en el contexto de COVID-19 y promover la política de cero tolerancia hacia la violencia en todas las esferas de la sociedad:

1. Financiar: dar prioridad al financiamiento de un paquete de servicios esenciales que incluyan la prevención de violencia de género. Y asegurar un financiamiento flexible a las organizaciones de sociedad civil de los derechos de las mujeres que trabajan en el nexo entre COVID-19 y la violencia de género.

2. Prevenir: declarar una política nacional de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas con un plan de acción concreto.

3. Responder: poner especial atención sobre las víctimas y sobrevivientes, a través del paquete de servicios esenciales que incluyan el acceso a la procuración e impartición de justicia, así como a servicios sociales y de salud.

4. Recopilar: datos del incremento en los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, incluido el ámbito digital, con el fin de generar una política que prevenga y atienda la violencia en circunstancias específicas de confinamiento.

El hecho de que la violencia esté tan presente, no quiere decir que sea normal ni mucho menos aceptable; a pesar de toda la devastación que ha causado, la crisis del COVID-19 también representa una oportunidad generacional para construir economías y sociedades más inclusivas, pacíficas y libres del flagelo de la violencia. Necesitamos crear una “paz feminista” que escuche la voz de todos y todas, con todos los grupos incluidos de manera plena y significativa en las decisiones que afectan sus vidas. Esto debe incluir escuchar las voces de mujeres y niñas que marchan en contra la violencia y en defensa de sus derechos, garantizando que puedan ejercer el derecho de manifestación de forma segura.

El Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y copresidido por Francia y México en el 2021, representa también la oportunidad de abordar el papel clave que desempeñan las mujeres y generar estrategias para revertir esta crisis. De ahí la importancia de la contribución en la respuesta y recuperación de COVID-19 por parte de todos los gobiernos del mundo para reforzar los mecanismos de accesos a servicios y políticas de prevención y eliminación de todos los tipos de violencia.

Las Agencias de Naciones Unidas hacemos una invitación para que, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, durante los 16 días de activismo, las instituciones de gobierno, la sociedad civil, las universidades, el sector privado, medios de comunicación, junto con las y los jóvenes se unan a la campaña Únete para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con diferentes actividades como: foros públicos, actividades culturales, el uso de prendas de vestir color naranja, declaraciones públicas llamando a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y usando los hashtags oficiales #DíaNaranja #16días y #Únete.

En un momento en que la pandemia de COVID-19 y la cultura dominante de impunidad amenazan los avances logrados en el terreno de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU Mujeres insta a emprender acciones robustas y decididas en respuesta a esta crisis sin precedentes con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el período previo al Foro Generación Igualdad –en el que los agentes mundiales asumirán nuevos y firmes compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres–, los Gobiernos, la sociedad civil, la juventud, las y los influencers y el sector privado prestarán sus voces a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña de movilización global que arranca hoy y se prolongará hasta el 10 de diciembre. Juntas y juntos exigirán un cambio radical y la construcción de una “nueva normalidad” que ofrezca a todas las mujeres y niñas un futuro sin violencia.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres era una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos: casi el 18% de las mujeres y niñas experimentaba violencia física o sexual por parte de una pareja íntima a lo largo de un período de 12 meses. Conforme la pandemia se aceleraba, se observó una alarmante “pandemia en la sombra” de violencia contra las mujeres, con un aumento de las tasas de violencia doméstica, pero también en las calles, en Internet y en diversos entornos. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se quintuplicó en algunos países durante las semanas iniciales de la pandemia, mientras que en otros se redujo por la imposibilidad de las mujeres de buscar ayuda a través de los canales habituales al verse atrapadas en el hogar con sus maltratadores. De acuerdo con las proyecciones, cabe prever que la violencia alcance a 15 millones de mujeres más por cada tres meses que se mantenga el confinamiento.

Hemos visto al mundo entero responder a la pandemia del coronavirus, trabajando al unísono, realizando grandes inversiones y utilizando protocolos con gran determinación. La violencia contra las mujeres también es una pandemia; de hecho, precede al virus y perdurará cuando este desaparezca.En un momento en que nos enfrentamos a la devastación provocada por la COVID-19, es más importante que nunca que pongamos en común nuestros recursos y asumamos un compromiso conjunto para hacer frente a los grandes desafíos y para poner fin a la violencia contra las mujeres, por el bien de todas y todos”, manifestó Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

En respuesta a la petición de “alto al fuego en el hogar” del Secretario General de las Naciones Unidas realizada este mismo año, casi 150 países acordaron incluir la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como un componente fundamental de sus planes de respuesta a la COVID-19. Muchos de ellos han acompañado este compromiso con un fortalecimiento de los servicios esenciales, como los refugios, las líneas telefónicas de asistencia y otros mecanismos de denuncia. Sin embargo, tan sólo 48 países, menos de la cuarta parte de los 206 analizados en el marco de un reciente estudio, trataron la violencia contra las mujeres y los servicios prestados a las niñas en este ámbito como una parte integral de sus planes nacionales y locales de respuesta a la COVID-19, y muy pocos financiaron adecuadamente estas medidas.

Con el fin de hacer frente a esta infradotación generalizada de recursos para este problema crucial, ONU Mujeres ha convocado a la Coalición de Acción sobre la violencia de género, una innovadora alianza formada por Gobiernos, la sociedad civil, líderes juveniles, el sector privado y entidades filantrópicas para desarrollar un programa claro de acciones que impulsen la erradicación de la violencia contra las mujeres y movilicen fondos para ello. Dichas acciones e inversiones se anunciarán en el Foro Generación Igualdad que se celebrará en 2021 en México y Francia, junto con las de las otras cinco Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad.

La conmemoración oficial del Día Internacional por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar por primera vez en formato virtual y brindará a los Estados Miembros una oportunidad para fortalecer y cumplir sus compromisos con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Como en años anteriores, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo –entre ellos, las pirámides y la Esfinge de Guiza, en Egipto; las estatuas moáis de la isla de Pascua, en Chile; el Parlamento de la República de Moldova; las Torres de Kuwait; y el Ayuntamiento de Bruselas, en Bélgica– se iluminarán de naranja para instar a un futuro mejor en el que las mujeres y las niñas puedan vivir sin violencia. En los Países Bajos se iluminarán de naranja más de 200 ayuntamientos para demostrar su solidaridad con las sobrevivientes y apoyar los 16 Días de Activismo.

La violencia contra las mujeres y niñas, de por sí uno de los problemas más graves que encaramos, recrudece en cualquier tipo de emergencia. La crisis ocasionada por la COVID-19 no es la excepción.

Las cifras escapan la imaginación: incluso antes de la COVID-19, en los últimos 12 meses cerca de 243 millones de mujeres habían sido maltratadas por su pareja.

No solo es casi seguro que ese número esté por debajo de las cifras reales — se calcula que menos del 40% de las mujeres denuncian un incidente de maltrato o buscan ayuda — sino que esa cifra se ha disparado a medida que el costo social, mental y económico del confinamiento se ha ido arraigando con el correr de los meses.

El repunte está poniendo presión incluso en los mejores sistemas de salud y los refugios contra la violencia doméstica están alcanzando su máxima capacidad. La necesidad de redireccionar recursos normales para atender la pandemia de la COVID-19 ha agudizado los desafíos. El costo, en términos monetarios, se calcula en US$1,5 billones, y esa cifra va en aumento conforme se prolonga la pandemia.

Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género del Sistema de las Naciones Unidas se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, bajo el lema: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!” La campaña señalará el alcance de un problema que con demasiada frecuencia permanece oculto, y sugerirá maneras en las que los gobiernos y las comunidades pueden convertir la acción eficaz en un componente fundamental de sus planes de respuesta ante la COVID-19.

El PNUD está urgiendo la formulación de políticas que generen un compromiso para financiación a largo plazo que apoye a las sobrevivientes, así como a los sistemas policiales y de justicia. Estamos trabajando con más de 80 países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas y responder ante las tasas en ascenso de ese flagelo. Ello incluye asegurar que las necesidades de las sobrevivientes sean atendidas y que las mujeres participen en el proceso de construir un futuro mejor, en el que sus preocupaciones, experiencia y opiniones se incorporen en todos los niveles de respuesta y recuperación frente a la COVID-19.

En colaboración con ONU Mujeres, el PNUD México está estableciendo plataformas telefónicas y en línea para apoyar a mujeres vulnerables en centros LUNAS, que son espacios seguros donde las mujeres reciben un estipendio mensual y, cuando procede, pueden escapar de sus agresores.

El PNUD y ONU Mujeres han lanzado el Rastreador Mundial de Respuestas de Género COVID-19. Incluye más de 2.500 medidas en 206 países que abordan directamente la seguridad económica y social de las mujeres, así como medidas para abordar la violencia de género. Hasta el momento los resultados indican que si bien muchos países están priorizando las necesidades de las mujeres en los esfuerzos emprendidos contra la COVID-19, el esfuerzo de muchos países no ha sido suficiente, en tanto que cerca del 20% de los países no está haciendo absolutamente nada al respecto.

En el informe del PNUD sobre la violencia de género y la COVID-19 se incluyen medidas adicionales que los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros asociados pueden adoptar para prevenir y abordar la violencia de género en el contexto de la COVID-19.

Fuente: PNUD 25 de noviembre de 2020

En términos generales los resultados del levantamiento de la ENOEN de octubre de 2020 muestran una mayor recuperación de la ocupación y el empleo que la observada en septiembre, debido principalmente a la reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales. Los cambios más importantes entre septiembre y octubre de 2020 tuvieron lugar en un crecimiento de la PEA y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó un aumento en los ocupados por más de 35 horas semanales, una recuperación del comercio, la ocupación informal, así como un crecimiento de los ocupados en micronegocios.

La ENOEN en octubre de 2020 reportó un incremento de 1.7 millones de personas en la PEA, con una Tasa de Participación Económica de 57.4% respecto a la población de 15 años y más, cifra 1.8 puntos porcentuales superior a la de septiembre pasado. Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 74.1% y 42.2%, respectivamente.

La ENOEN en octubre de 2020 registró una Tasa de subocupación de 15%, cifra inferior en (-)0.7 puntos porcentuales a la de septiembre del mismo año. Este descenso representa una variación de (-)75 mil personas ocupadas. La Tasa de subocupación según sexo fue de 15.4% en los hombres, cifra inferior en (-)0.3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, mientras que la Tasa de subocupación en las mujeres fue de 14.3%, tasa menor en (-)1.3 puntos porcentuales con relación a la de un mes antes.

La ocupación informal en octubre de 2020 ascendió a 29.7 millones, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) se situó en 56%, cifra superior en 1.1 puntos porcentuales comparada con la del mes previo.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 8.9 millones, lo que representa 21.6% de la PNEA. En comparación con septiembre de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en (-)1.6 millones de personas durante octubre.

El informe dice que el gasto fiscal excepcional y el apoyo monetario deben mantenerse durante el tiempo que sea necesario para amortiguar el impacto de la pandemia, y describe cómo los gobiernos deben trabajar en tres frentes principales: reasignar recursos; apoyar a la gente; y construir un sistema económico sostenible y resistente para el futuro.

La crisis está acelerando los cambios en la economía, que a menudo son disruptivos. Los gobiernos deberán ayudar a los trabajadores y las empresas a hacer la transición de los sectores en contracción a la expansión; eliminando las barreras a la movilidad, aumentando la competencia y facilitando a las empresas el acceso a la financiación y las tecnologías avanzadas o la reestructuración.

La mejora de la formación y el desarrollo de habilidades, especialmente entre los jóvenes y las mujeres poco cualificadas, que a menudo son vulnerables en el mercado laboral, será clave. Los esquemas de retención de empleo deberán evolucionar para garantizar que las personas, en lugar de sus trabajos, estén protegidas, que se amplíen sus oportunidades y se salvaguarden sus ingresos.

El aumento de la inversión pública y privada, en particular en la atención médica, la digitalización, la reducción de las emisiones de carbono, la educación y las habilidades, son esenciales para reforzar la sostenibilidad y la resiliencia.

El G20 reafirma sus objetivos de reducir el porcentaje de jóvenes que están en mayor riesgo de quedarse atrás en el mercado laboral en un 15% para 2025, y reducir la brecha de género en la fuerza laboral en un 25%. durante los próximos cinco años. La OCDE y la OIT continuarán monitoreando los avances en estas áreas, así como el impacto de la pandemia en el empleo y las tendencias de la migración.

a OCDE continúa trabajando con el G20 para lograr un acuerdo político sobre cómo gravar la economía digital a mediados de 2021. En el Informe fiscal del Secretario General a los ministros de finanzas del G20 , la OCDE advierte que sin un acuerdo habría una proliferación de medidas unilaterales y un aumento de las disputas fiscales y comerciales perjudiciales que podrían reducir el PIB mundial en un momento en que nos estamos recuperando de la crisis.

Fuente: OECD 22 de noviembre de 2020

En el tercer trimestre la ENOEN alcanzó el 64% de la muestra trimestral de la ENOE, por lo que, aún no se alcanzan los niveles de respuesta previos al inicio de la pandemia originada por la enfermedad COVID-19. Adicionalmente, su muestra se conformó de un 79% de entrevistas cara a cara y un 21% de entrevistas telefónicas efectivas.

El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 6.7% entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, al pasar de $1,794.87 a $1,675.21. Asimismo, entre el primer trimestre de 2020, el último trimestre disponible con información de la ENOE, y el tercer trimestre de 2020, se observa una disminución de 12.3% en el ingreso laboral real per cápita. Este es el ingreso más bajo desde el cuarto trimestre de 2017, cuando se ubicó en $1,669.31. Este comportamiento contrasta con la tendencia creciente en el ingreso de los últimos años.

En este sentido, durante el tercer trimestre de 2020, también se observó un aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior, la inflación promedio anual se ubicó en 3.9%, mayor a lo reportado en el tercer trimestre de 2019 que fue de 3.3%. Este comportamiento en el nivel de precios puede deberse en parte al incremento en los precios de las mercancías, de las frutas y las verduras, así como de los energéticos.

Las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 6.2% en zonas urbanas y 7.4% en zonas rurales, ambas variaciones mayores a la inflación anual de 3.9% y a las observadas en el mismo periodo del año anterior.

Del primer al tercer trimestre de 2020, se observa que el valor monetario de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana presentó un aumento de 2.2%, mientras que para el ámbito rural fue de 2.8%. Este comportamiento en las líneas de pobreza, así como la reducción del ingreso, explica parte de la disminución en el poder adquisitivo de los hogares, similares a los dos últimos trimestres de 2017.

El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó al pasar de 38.5% en el tercer trimestre de 2019 a 44.5% en el tercer trimestre de 2020.

Entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, se observó una ampliación en la brecha del ingreso laboral per cápita entre la población de menores y mayores ingresos laborales. Durante el tercer trimestre de 2019, el ingreso laboral promedio del 20.0% de la población con mayores ingresos laborales per cápita (quinto quintil) representó 34.3 veces el ingreso del 20.0% de la población con menor ingreso laboral (primer quintil); mientras que para el mismo periodo de 2020 representó 146.3 veces.

La masa salarial (monto de las remuneraciones totales de los ocupados) disminuyó 5.8% entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, al pasar de $203,095.15 a $191,217.58 millones de pesos. De igual modo, entre el primer y el tercer trimestre de 2020 la masa salarial disminuyó 12.4%, dado que en el primer trimestre de este año se ubicó en $218,345.97 millones de pesos. La disminución de la masa salarial se da ante una reducción en el ingreso laboral real de los trabajadores y una disminución en el número de ocupados, durante este periodo.

Fuente: CONEVAL 20 noviembre de 2020

https://youtu.be/_ieFY1SyOWo

En la industria de la confección, el impacto de la COVID-19 sobre las mujeres se ha agravado debido a prácticas subyacentes como la discriminación y el acoso, la falta de representación de las mujeres, la disparidad de los salarios, así como la distribución desigual de las tareas de cuidado no remuneradas y de las responsabilidades familiares, según una nueva nota informativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Titulada Gendered impacts of COVID-19 on the garment sector (Impacto de género de la COVID-19 en el sector de la confección), la nota informativa tiene el objetivo de sensibilizar sobre la dimensión de género de la pandemia y de determinar de que manera afecta la COVID-19 a las trabajadoras y los trabajadores del sector de la confección.

“Las mujeres representan aproximadamente 80 por ciento de la fuerza de trabajo del sector de la confección, por lo tanta ellas se ven afectadas de manera desproporcionada por las numerosas consecuencias de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las mujeres también sufren otros efectos debido a los desafíos que tienen que enfrentar en el lugar de trabajo, así como las expectativas en relación a sus obligaciones en el hogar”.

Un estudio reciente de la OIT puso de manifiesto que las importaciones realizadas por los principales países compradores a los países exportadores en el sector de la confección en Asia disminuyeron de 70 por ciento en el primer semestre de 2020, como consecuencia de la COVID-19. Esto ha causado un fuerte incremento de los despidos de los trabajadores ya que las fábricas que reanudaron sus actividades con frecuencia operan con una capacidad mano de obra reducida. Se estima que, en 2019, la región de Asia y el Pacífico empleaba a 65 millones de trabajadores del sector de la confección, lo cual representaba 75 por ciento de todos los trabajadores de la confección a nivel mundial.

La nota informativa pone de manifiesto las repercusiones a corto, mediano y largo plazo de la crisis sobre las trabajadoras. Contiene además una serie de recomendaciones para ayudar a construir una industria más justa y resiliente y garantizar una mayor igualdad de género.

Las recomendaciones prestan especial atención a las prácticas de cierre y reducción de personal, así como a las obligaciones desproporcionadas de cuidado no remunerado de las mujeres, de manera que puedan regresar al trabajo una vez que las fábricas reanuden sus actividades. Los esfuerzos para hacer frente a la pandemia de COVID-19 deben tener en cuenta la manera específica en que las mujeres y los hombres sufren las repercusiones del coronavirus en el trabajo, en el hogar y en sus comunidades. Se destaca además la importancia de intensificar los esfuerzos para luchar contra la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, en vista de los nuevos datos que muestran que la COVID-19 ha aumentado el riesgo de la violencia de género. La necesidad de asegurar la voz, la representación y el liderazgo de las mujeres en el diálogo y la toma de decisiones también es considerada esencial a fin de garantizar una recuperación plena y equitativa de la pandemia.

“Es fundamental que los gobiernos, las empresas y otras partes interesadas comprendan las repercusiones pluridimensionales de la pandemia de COVID-19 sobre las trabajadoras y los trabajadores, y elaboren políticas que faciliten una recuperación inteligente, sostenible y sensible a las cuestiones de género. De otra manera, la crisis generada por la COVID-19 amenaza con exacerbar las desigualdades preexistentes y comprometer la sostenibilidad social y económica del sector de la confección.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) permite contar con estimaciones econométricas muy oportunas y precisas sobre la evolución del IGAE. Así, mientras que el IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente 8 semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en 5 semanas a la salida de los datos oficiales.

La siguiente tabla muestra los resultados del IOAE para las series consideradas con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Se estima una variación del IGAE de octubre con respecto del mismo mes del año anterior de (-)6.2 por ciento. Considerando los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que, para las actividades secundarias, se calcula una caída anual de (-)6.9% en octubre, mientras que, para el sector terciario, la variación anual sería de (-)6.0 por ciento.

El poder de los datos se potencia cuando se asocian a su referencia geográfica, y el INEGI, que tiene el mandato de generar información estadística y geográfica, expande sus procesos de innovación para explotar fuentes de información no tradicionales, hacer más accesible la información, potenciar su uso mediante técnicas y herramientas novedosas, y avanzar en el análisis espacial.

Es por ello que presenta el Cubo de Datos Geoespaciales de México (CDGM), una herramienta que facilita el acceso, manejo y explotación de grandes volúmenes de imágenes satelitales a través de una interfaz de programación abierta y de libre acceso que permite el monitoreo de fenómenos ambientales, socioeconómicos y demográficos en México.

El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

l CDGM ofrece la posibilidad de conocer y reconocer el carácter geoespacial, temporal y sistémico de fenómenos como crecimiento poblacional, deforestación, contaminación, estrés hídrico, salud, vegetación, protección civil, alimentación, gentrificación, energías limpias, niveles socioeconómicos y movilidad, entre otros.

El CDGM hace uso de imágenes provenientes de los satélites Landsat de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y del Departamento de Geología de los Estados Unidos (USGS). Actualmente cuenta con un acervo histórico de 118,000 imágenes Landsat con sus metadatos, desde 1984 hasta abril de 2020. El 86.4% de las imágenes de este acervo tienen Nivel 1 de Calidad de la Colección 1 de la NASA.

Con el CDGM el INEGI hace frente a la creciente demanda e interés internacional y nacional por los datos satelitales para examinar la relación entre los indicadores ambientales y socioeconómicos, y aporta herramientas que apoyen la interacción entre la ciencia de la Tierra y los dominios estadísticos.

Con el CDGM México se suma a países como Australia, Suiza, Ghana y Colombia, entre otros que ya hacen uso de esta tecnología. Además, aprovecha los sistemas y herramientas tecnológicas para atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de promover y fomentar la exploración y el uso de estos datos para monitorear y apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Actualmente, el Cubo de Datos Geoespaciales de México es una herramienta que utiliza el INEGI en distintas líneas de investigación para producir información con base en imágenes de percepción remota y, por ahora, se pone a disposición de las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno que así lo requieran, para que puedan hacer uso de esta infraestructura y con ello tomar decisiones de política pública.

El cambio climático se está acelerando. Las inundaciones, las sequías y el aumento del nivel del mar amenazan a los sistemas de saneamiento, desde los retretes hasta las fosas sépticas y las plantas de tratamiento. El agua de las inundaciones puede contaminar los pozos utilizados para abastecerse de agua potable. Las inundaciones también pueden dañar los retretes y esparcir los desechos humanos en las comunidades y los cultivos alimentarios, causando enfermedades mortales y crónicas y planteando riesgos para la seguridad de los cultivos y la inocuidad de los alimentos.

Hoy en día, 4 200 millones de personas carecen de acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura. En cambio, a menudo utilizan retretes poco fiables e inadecuados o defecan al aire libre. La defecación al aire libre y la falta de saneamiento mejorado se encuentran entre los principales factores que conducen a la malnutrición, siendo los principales contribuyentes a la contaminación del agua y el suelo. En las zonas rurales, las aguas contaminadas se utilizan para regar cultivos y para otras actividades agrícolas como abrevar el ganado, lo que pone en contacto a los cultivos y los animales con patógenos y otros contaminantes.

A nivel mundial, el 80 % de las aguas residuales generadas por la sociedad vuelven al ecosistema sin ser tratadas ni reutilizadas y desechos humanos no tratados se vierten en el medio ambiente y propagan enfermedades mortales y crónicas. Cuando el agua se expone a excrementos humanos no tratados, se convierte en un caldo de cultivo para parásitos y enfermedades transmitidas por el suelo y el agua, como el cólera, la disentería, la E. coli, la salmonela y los gusanos intestinales transmitidos por el suelo (helmintiasis).

Todos deben tener un saneamiento sostenible que ayude a combatir el cambio climático y preservar tanto la salud como el funcionamiento de las comunidades. Los sistemas de saneamiento sostenibles también hacen un uso productivo de las aguas residuales y los biosólidos que contienen agua, nutrientes y energía de gran valor, para impulsar la agricultura de manera segura y, al mismo tiempo, reducir y capturar las emisiones de gases de efecto invernadero.

La FAO presta apoyo a los Estados Miembros para que adopten el enfoque de la economía circular aplicado a la agricultura, haciéndola más respetuosa con el medio ambiente, sostenible y resistente a crisis como la de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Se trata de adoptar medidas para hacer frente a la crisis mundial del saneamiento y alcanzar el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 6), relativo al agua y el saneamiento para todos para 2030.

Fuente: FAO 19 de noviembre de 2020

UNICEF advierte en un nuevo informe de que la pandemia de COVID-19, de cuyo inicio está a punto de cumplirse un año, tendrá consecuencias cada vez más graves para los niños.

Publicado poco antes de la celebración del Día Mundial de los Niños, Evitar una generación perdida a causa de la COVID-19 es el primer informe de UNICEF que describe de manera exhaustiva las graves y cada vez peores consecuencias para los niños que puede generar la pandemia si se prolonga. En el informe se muestra que, si bien los síntomas entre los niños infectados siguen siendo leves, las infecciones van en aumento y las repercusiones a largo plazo sobre la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes pueden cambiar sus vidas.

En el informe se señala que, hasta el 3 de noviembre, los niños y adolescentes menores de 20 años representaban 1 de cada 9 de las infecciones por COVID-19 en 87 países con datos desglosados por edad; esto supone el 11% de los 25,7 millones de infecciones notificadas por esos países. Para comprender mejor cómo repercute la crisis en los niños más vulnerables, y orientar por consiguiente la respuesta, es necesario recopilar datos más fiables y desglosados por edad sobre las infecciones, las muertes y las pruebas.

Si bien los niños pueden transmitirse el virus entre ellos y a grupos de mayor edad, hay pruebas sólidas de que, con las medidas de seguridad básicas que hay en vigor, los beneficios netos de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas, señala el informe. Las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad, y los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera del entorno escolar.

Las alteraciones relacionadas con la COVID en los servicios sociales y de salud, que son esenciales para los niños, representan la amenaza más grave para ellos, según el informe. Utilizando nuevos datos de las encuestas realizadas por UNICEF en 140 países, el informe señala que:

Entre los datos más alarmantes del informe se incluyen los siguientes:

Para responder a esta crisis, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos y a los aliados para que tomen las siguientes medidas:

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, UNICEF ha publicado un informe con contundente mensaje Evitar la generación perdida del COVID-19.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia describe de manera exhaustiva en ese documento las graves y crecientes consecuencias para los niños a medida que avanza la pandemia y demuestra que, si bien los síntomas entre los menores infectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes puede alterar la vida.

“A lo largo de la pandemia de COVID-19 ha existido un mito persistente de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. Nada podría estar más lejos de la verdad”, asegura la directora ejecutiva de UNICEF.

“Si bien los niños pueden enfermarse y propagar la enfermedad, esto es solo la punta del iceberg de la pandemia. Las interrupciones en los servicios clave y las crecientes tasas de pobreza representan la mayor amenaza para los niños. Cuanto más persista la crisis, más profundas serán sus repercusiones en la educación, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños. El futuro de toda una generación está en riesgo”.

El informe concluye que, al 3 de noviembre, en 87 países con datos desglosados ​​por edad, los niños y adolescentes menores de 20 años representaban una de cada nueve infecciones por COVID-19, o el 11% de los 25,7 millones de infecciones notificadas por estos países. No obstante, señala que se necesitan datos más fiables y sobre infecciones, muertes y pruebas para comprender mejor cómo la crisis afecta a los niños más vulnerables y orientar la respuesta.

Si bien los niños pueden transmitirse el virus entre sí y a los adultos, existen pruebas claras de que medidas de seguridad básicas , los beneficios de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas, señala el informe. Las escuelas no son el principal impulsor de la transmisión comunitaria y los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera de los entornos escolares.

Utilizando nuevos datos de encuestas de UNICEF en 140 países, señala que:

Los datos más alarmantes del informe señalan que:

Por todo ello y para responder a esta crisis, UNICEF pide a los Gobiernos y otros agentes de la sociedad:

La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer cervicouterino, tras adoptarse una resolución al respecto en la Asamblea Mundial de la Salud.

Se trata de un hito histórico porque constituye la primera vez que 194 países se comprometen a eliminar este tipo de cáncer.

El cumplimiento de los siguientes objetivos para el año 2030 pondrá a todos los países en la ruta de su erradicación:

La estrategia también resalta que la inversión en las medidas para alcanzar esos objetivos puede generar importantes beneficios económicos y sociales.

Se estima que por cada dólar invertido hasta 2050, y tras esa fecha, la economía obtendrá 3,20 dólares de ganancia debido al aumento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. La cifra se eleva a 26 dólares cuando se consideran los beneficios de la mejora de la salud de la mujer en las familias, las comunidades y las sociedades.

Aunque es el cuarto cáncer más común a nivel mundial entre mujeres, el cáncer cervical es una enfermedad prevenible y curable si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente.

De no tomarse medidas complementarias, se espera que el número anual de nuevos casos de cáncer de cuello uterino aumente de 570.000 a 700.000 entre 2018 y 2030, y se prevé que el número anual de muertes crezca de 311.000 a 400. 000. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia es casi el doble y sus tasas de mortalidad tres veces superiores a las de los países de ingresos altos.

Al mismo tiempo, la Organización destaca que la pandemia de COVID-19 plantea una serie de problemas de prevención de la enfermedad:

El lanzamiento de la campaña coincide con la movilización a nivel mundial de ministerios de salud, socios y los defensores del cáncer que participan en actividades para mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la prevención y el tratamiento del cáncer.

El superávit de la balanza comercial de productos agroalimentarios de México con el mundo alcanzó entre enero y septiembre de 2020 los nueve mil 702 millones de dólares, lo que representó un incremento a tasa anual de 38.4 por ciento, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Este saldo comercial favorable supera en casi mil millones de dólares al registrado durante todo 2019, el cual se ubicó en ocho mil 824 millones de dólares, y superior en dos mil 690 millones de dólares al registrado de enero a septiembre de 2019.

De acuerdo con estadísticas del Banco de México, el comercio total de productos agroalimentarios entre México y el resto de las naciones ascendió a 48 mil 944 millones de dólares, de los cuales el 60 por ciento corresponden a las ventas realizadas por nuestro país.

En este periodo (enero–septiembre), las exportaciones agroalimentarias alcanzaron los 29 mil 323 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 3.9 por ciento, con relación a lo obtenido en el lapso homólogo anterior.

Tan solo en lo que corresponde al ámbito agropecuario, las ventas registraron un valor de 13 mil 862 millones de dólares, equivalente a un incremento anual de 5.33 por ciento, con un saldo a favor en su balanza comercial por cuatro mil 608 millones de dólares, lo que significa un aumento de 35.2 por ciento en comparación con igual periodo de 2019.

Respecto a las exportaciones agroindustriales, éstas alcanzaron los 15 mil 461 millones de dólares, un incremento anualizado de 2.7 por ciento, así como un superávit en su balanza comercial por cinco mil 094 millones de dólares, superior en 41.4 por ciento con relación a lo reportado en entre enero y septiembre del año previo.

Por su parte, las importaciones de bienes agroalimentarios presentaron una reducción de -7.46 por ciento en el acumulado al cierre del tercer semestre del año, con un valor total de 19 mil 621 millones de dólares.

Los productos con mayor demanda internacional fueron cerveza, con ventas por tres mil 365 millones de dólares; aguacate, dos mil 290 millones de dólares; tomate (jitomate), mil 931 millones de dólares; tequila y mezcal, mil 710 millones de dólares; productos de panadería, mil 084 millones de dólares; pimiento, mil 060 millones de dólares; fresa y frambuesa, 953 millones de dólares; azúcar, 680 millones de dólares, y carne de porcino, 680 millones de dólares, entre otros.

En lo que corresponde a los productos con mayores incrementos anuales en su demanda se encuentran, habas de soya, 212.6 por ciento; cacao en grano, 68.3 por ciento; cebolla y ajo, 48.9 por ciento; leche concentrada, 40.6 por ciento; carne de porcino, 38.3 por ciento; café sin tostar, 32 por ciento; carne de bovino, 25.1 por ciento, y tomate (jitomate), 22.4 por ciento.

Cabe señalar que el sector agroalimentario aportó el 10 por ciento del total de exportaciones realizadas entre enero y septiembre de este año por el país.

En vísperas del Día Mundial de la Diabetes, que tiene lugar el 14 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a mejorar el control de la diabetes para prevenir complicaciones relacionadas con ella, así como las complicaciones potencialmente mortales asociadas a las infecciones por el nuevo coronavirus.

En las Américas, más de 60 millones de personas viven con diabetes, principalmente con la diabetes de tipo 2, y si no se toman medidas, se estima que para 2040 habrá más de 100 millones de adultos con esta enfermedad. Además, cada año, más de 340.000 personas mueren por complicaciones relacionadas con la diabetes en la región. Por su parte, la COVID-19 ya ha infectado a más de 21 millones de personas en las Américas y los casos siguen en aumento.

La pandemia por COVID-19 ha interrumpido las rutinas diarias de millones de personas en la región y ha hecho que la enfermedad sea más difícil de manejar. Menos personas han acudido a los centros de salud para hacer visitas de seguimiento debido a las medidas de permanencia en el hogar, el temor a la infección por el nuevo coronavirus y las interrupciones en los servicios salud.

El sobrepeso y la obesidad, que afectan a más del 60% de los adultos de la región, están fuertemente vinculadas con la diabetes, una enfermedad crónica progresiva que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. La diabetes tipo 2 – que representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo, una dieta malsana y a la inactividad física- está aumentando en todo el mundo. Desde 1980, se ha triplicado el número de personas con diabetes tipo 2 en la región.

Las complicaciones por la diabetes pueden prevenirse mejorando el tratamiento y la calidad de la atención. La diabetes puede prevenirse mediante políticas de salud y fiscales, legislación, cambios en el medio ambiente y la sensibilización del público para evitar los factores de riesgo, entre ellos la obesidad, la dieta poco saludable y los estilos de vida sedentarios.

Ejemplos de estas intervenciones incluyen impuestos a las bebidas azucaradas; prohibiciones a la publicidad de alimentos ultraprocesados para niños; el etiquetado de los alimentos en el frente del paquete para informar a los consumidores sobre el alto contenido de sal, azúcar y grasa; y la promoción de espacios recreativos seguros y accesibles para fomentar la vida activa. Una dieta saludable y 30 minutos de actividad física moderada todos los días pueden reducir el riesgo de que los niños y adolescentes tengan sobrepeso.

Como parte del Plan de Acción Global para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, la OPS apoya a los países de la región en estos esfuerzos por reducir las complicaciones relacionadas con la diabetes y la mortalidad prematura. La OPS también ayuda a los países a adquirir medicamentos para tratar la diabetes a precios asequibles, reduciendo los costos asociados al tratamiento de esta enfermedad crónica.

Fuente: OPS 12 de noviembre de 2020

Por primera vez desde 2007, los ingresos de los hogares de la OCDE crecieron un 5,3% en el segundo trimestre de 2020 gracias a las medidas de apoyo del gobierno de COVID-19, a pesar de que el PIB per cápita se desplomó en una caída significativa del 10,6%.

Las mayores discrepancias se registraron en Estados Unidos y Canadá, donde el ingreso per cápita de los hogares creció un 11,0% y un 10,1% respectivamente, lo que refleja las transferencias monetarias directas de base amplia enviadas al sector de los hogares en respuesta al COVID-19. Sin embargo, dada la naturaleza temporal de las medidas, se espera que los ingresos de los hogares se contraigan en el tercer trimestre en ambos países.

En Irlanda (3,6%), Australia (2,7%) y Finlandia (1,1%) se produjeron aumentos menores en el ingreso familiar real per cápita, donde los hogares recibieron grandes aumentos en las prestaciones sociales.

Aunque el ingreso real de los hogares per cápita siguió cayendo en Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia en el segundo trimestre, el crecimiento del ingreso de los hogares se mantuvo mucho mejor que el crecimiento del PIB, lo que refleja la menor pero continua ayuda del gobierno en estos países.

Fuente: OECD 12 de noviembre de 2020

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 revela que en el país poco más de una quinta parte (22%) de niñas y niños con menos de 5 años, tienen riesgo de padecer sobrepeso.

En 2018, de la población de 5 a 11 años, 18% tiene sobrepeso y va en incremento conforme aumenta la edad; 21% de los hombres de 12 a 19 años y 27% de las mujeres de la misma edad, presentan sobrepeso. En la población de 20 años o más, los hombres (42%) reportan una prevalencia más alta que las mujeres (37 por ciento).

La prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años (20%) es mayor a la del grupo de hombres de 12 a 19 años (15%); en las mujeres de ambas edades se observa la misma tendencia, aunque con una menor brecha (un punto porcentual).

En el grupo de mujeres de 20 a 29 años, la prevalencia de obesidad es de 26% y aumenta a 46% en el grupo de 30 a 59 años; en los hombres se observa un aumento menos pronunciado al pasar de 24 a 35 por ciento. Los adultos mayores tienen otra dinámica: las mujeres presentan una prevalencia de obesidad más alta (40%) con respecto a los hombres; la diferencia es de 14 puntos porcentuales.

La reactivación del mercado laboral de América Latina y el Caribe pos-COVID-19 será lenta y se necesitará mucho tiempo para que los principales indicadores del mundo del trabajo regresen a los niveles previos a la crisis sanitaria y más tiempo aún para poder cumplir con las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según un informe conjunto de los responsables de la Comisión Económica de la ONU para esa región y la Organización Internacional del Trabajo.

La edición número 23 del informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política señala que el retorno al nivel de actividad económica pre-pandemia tomará varios años, lo que se traducirá en una lenta recuperación del empleo.

De esta forma, si se mantuviera una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) regional de 3%, solo se alcanzaría en 2023 el nivel de PIB que existía en 2019. Sin embargo, con la tasa promedio de 1,8% mostrada en la última ddécada, se alcanzaría recién en 2025 el nivel de PIB de 2019. Y con la tasa promedio de 0,4% anotada durante el último sexenio no se alcanzaría en la próxima década.

Además de entregar cifras sobre la dinámica del mercado de trabajo en los últimos meses, especialmente en los dos primeros trimestres de 2020, el informe conjunto CEPAL-OIT señala que por diversas razones entre las personas que se vieron fuertemente afectadas por la crisis sanitaria se ubican las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes. Específicamente, la segunda parte del documento examina la manera en que se vieron afectados los jóvenes en la actual coyuntura laboral.

De acuerdo con el documento, en 2020 las economías y los mercados laborales de América Latina y el Caribe fueron golpeados por la pandemia del COVID-19 de una manera nunca vista lo que se ha traducido en la mayor contracción de los últimos 100 años con fuertes costos económicos, laborales, sociales y productivos.

Según el informe, los mayores efectos se sintieron en el segundo trimestre del año en el que se estima una pérdida de aproximadamente 47 millones de empleos en el conjunto de la región con respecto al año anterior. Gran parte de las personas que perdieron su trabajo no vieron oportunidades para una pronta reinserción laboral o estuvieron impedidas de buscar empleo por las restricciones a la movilidad y se retiraron de la fuerza laboral. Por ello, las pérdidas de empleo se expresaron solo parcialmente en un aumento de la desocupación abierta, que se incrementó de 8,9% en el segundo trimestre de 2019 a 11% en el segundo trimestre de 2020.

Con respecto al empleo de los jóvenes durante la crisis del COVID-19, la pandemia ha afectado fuertemente el empleo de ese grupo de población entre los 15 y 24 años, impactando particularmente a los que se incorporan al mercado laboral por primera vez.

Según datos disponibles de cuatro países de la región, la caída en el empleo para las personas en este rango de edad fue del 7,8% con respecto al segundo trimestre de 2019, mientras que para los mayores de 25 años fue del 7,3%. Asimismo, el aumento en la tasa de desocupación de los jóvenes en el segundo trimestre de 2020 fue mayor que para los adultos (3,4% versus 1,8%), a pesar de la mayor caída en la tasa de participación (8,7% versus 6,8%).

El efecto de la crisis es mayor entre los jóvenes debido a la menor disponibilidad de vacantes para los primeros empleos (menos incorporaciones) y la menor renovación de contratos temporales y de períodos de prueba (más desvinculaciones), indican CEPAL y OIT.

Se requieren programas de formación profesional que faciliten la recalificación o reconversión laboral para los jóvenes que han perdido sus empleos y también se deben aprovechar las tecnologías digitales para potenciar la capacidad de aprendizaje y así cerrar brechas digitales entre ellos.

La reactivación del mercado laboral de América Latina y el Caribe pos-COVID-19 será lenta y se necesitará mucho tiempo para que los principales indicadores del mundo del trabajo regresen a los niveles previos a la crisis sanitaria y más tiempo aún para poder cumplir con las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aseguraron hoy la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva publicación conjunta.

El retorno al nivel de actividad económica pre-pandemia tomará varios años, advierten CEPAL y OIT, lo que se traducirá en una lenta recuperación del empleo. De esta forma, si se mantuviera una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) regional de 3,0%, solo se alcanzaría en 2023 el nivel de PIB que existía en 2019. Sin embargo, con la tasa promedio mostrada en la última década (1,8%), se alcanzaría recién en 2025 el nivel de PIB de 2019. Y con la tasa promedio anotada durante el último sexenio (0,4%) no se alcanzaría en la próxima década.

Por lo tanto, los organismos de las Naciones Unidas recalcan que se requieren políticas macro activas junto a políticas sectoriales que promuevan el desarrollo sostenible con empleo. Esto implica impulsar políticas ambientales que estimulen el empleo y el crecimiento, apoyadas por políticas fiscales activas que fomente el empleo, con proyectos de inversión intensivos en trabajo y con enfoque de sostenibilidad ambiental, que tienen que ser complementadas con políticas industriales y tecnológicas para construir capacidades productivas nacionales, y aumentar la competitividad. También se requiere otorgar financiamiento y liquidez a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con plazos más largos y costos más bajos.

De acuerdo con el documento, en 2020 las economías y los mercados laborales de América Latina y el Caribe fueron golpeados por la pandemia del COVID-19 de una manera nunca antes vista lo que se ha traducido en la mayor contracción de los últimos 100 años con fuertes costos económicos, laborales, sociales y productivos.

Los grupos más afectados han sido aquellos que por el tipo de trabajo que desempeñan no pueden realizar teletrabajo. En este ámbito se encuentran las mujeres, quienes además de sufrir caídas en el empleo tuvieron que retirarse del mercado laboral para realizar tareas de cuidado y del hogar; los trabajadores informales, afectados por la prohibición de circulación y la menor capacidad de los hogares de contratar trabajadores; los sectores relacionados con el comercio, manufactura, construcción y servicios (turismo y entretenimiento); los trabajadores jóvenes que recién se insertan al mercado laboral por la falta de generación de nuevos empleos; los trabajadores de menor calificación en general en empleos más informales y de necesidad de proximidad física; y las MIPYMES.

Según el informe, los mayores efectos se sintieron en el segundo trimestre del año en el que se estima una pérdida de aproximadamente 47 millones de empleos en el conjunto de la región con respecto al año anterior. Gran parte de las personas que perdieron su trabajo no vieron oportunidades para una pronta reinserción laboral o estuvieron impedidas de buscar empleo por las restricciones a la movilidad y se retiraron de la fuerza laboral. Por ello, las pérdidas de empleo se expresaron solo parcialmente en un aumento de la desocupación abierta, que se incrementó de 8,9% en el segundo trimestre de 2019 a 11,0% en el segundo trimestre de 2020.

Con respecto al empleo de los jóvenes durante la crisis del COVID-19, la pandemia ha afectado fuertemente el empleo de los jóvenes entre 15 y 24 años, impactando particularmente a los que se incorporan al mercado laboral por primera vez. Según datos disponibles de cuatro países de la región, la caída en el empleo para las personas en este rango de edad fue de -7,8 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2019, mientras que para los mayores de 25 años fue de -7,3 puntos porcentuales. Asimismo, el aumento en la tasa de desocupación de los jóvenes en el segundo trimestre de 2020 fue mayor que para los adultos (3,4 versus 1,8 puntos porcentuales), a pesar de la mayor caída en la tasa de participación (-8,7 versus -6,8 puntos porcentuales).

El efecto de la crisis es mayor entre los jóvenes debido a la menor disponibilidad de vacantes para los primeros empleos (menos incorporaciones) y la menor renovación de contratos temporales y de períodos de prueba (más desvinculaciones), indican CEPAL y OIT. La menor probabilidad de conseguir empleo desalienta su búsqueda, aumentando número de jóvenes inactivos que no buscan un empleo ni tampoco estudian. “Estos largos períodos de inactividad dejan cicatrices en la trayectoria laboral: más informalidad y mayor exclusión en el mercado laboral a futuro”, advierte el informe.

Por todo lo anterior, los organismos indican que se debe promover la inserción laboral de los jóvenes combinando entrenamiento en aula con una etapa posterior de pasantía en empresas. Esto debe complementarse con subsidios monetarios para asegurar la asistencia y participación de los jóvenes, así como servicios de empleo para apoyar la reinserción laboral. Además, se requieren programas de formación profesional que faciliten la recalificación o reconversión laboral para los jóvenes que han perdido sus empleos y también se deben aprovechar las tecnologías digitales para potenciar la capacidad de aprendizaje y así cerrar brechas digitales entre ellos.

El hambre y el desplazamiento de la población a nivel mundial aumentarán a causa de la pandemia de COVID-19, a medida que los migrantes y quienes dependen de su ayuda económica buscan desesperadamente un trabajo para mantener a sus familias, advierte un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional de las Migraciones.

El estudio indica que la pandemia y las medidas de confinamiento han aumentado la llamada inseguridad alimentaria, es decir la imposibilidad de acceder a la comida de forma regular. También ha crecido la fragilidad entre los migrantes y las comunidades obligadas a abandonar sus hogares por conflictos y desastres naturales.

Sin ingresos sostenidos, el informe advierte que muchos migrantes no solo se verán obligados a regresar a sus hogares, sino que también provocarán una caída temporal de las remesas, el dinero que los migrantes envían a sus países, que proporcionan un sustento esencial para alrededor una de cada nueve personas en el mundo, alrededor de 800 millones.

El Banco Mundial espera una caída del 14% en las remesas a los países de ingresos bajos y medianos para el 2021. Las consecuencias para la seguridad alimentaria podrían ser devastadoras. El PMA proyecta que para fines de 2021 al menos 33 millones de personas más podrían pasar al hambre debido solo a la disminución prevista de las remesas.

Las poblaciones migrantes centroamericanas ya están experimentando el impacto económico severo del COVID-19, más de la mitad de quienes participaron de un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones habían perdido su trabajo por la pandemia, y un 82% dijo que habían tenido que reducir la cantidad de remesas que normalmente envían porque no tenían suficientes ingresos.

El informe explica que la inseguridad alimentaria y el desplazamiento están estrechamente relacionados. El hambre, especialmente cuando se combina con un conflicto, es un factor crítico que impulsa a las personas a moverse. Nueve de cada diez de las peores crisis alimentarias del mundo se producen en países con el mayor número de desplazados internos. Mientras tanto, la mayoría de las personas desplazadas se encuentran en países afectados por la inseguridad alimentaria aguda y la desnutrición.

El Programa Mundial de la Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones piden a la comunidad internacional que se asegure de que se hagan todos los esfuerzos posibles para limitar el impacto inmediato en los más vulnerables, al tiempo que se garantizan inversiones a más largo plazo que aseguren un camino hacia la recuperación.

Las agencias recalcan que no se trata de una crisis temporal, sino de una profunda disrupción que cambiarán los patrones de migración hasta por varios años.

A medida que la pandemia de COVID-19 profundiza el estrés económico y social también puede intensificar la violencia contra las mujeres sobre todo en el ámbito doméstico. Los perpetradores pueden estar atravesando situaciones de desempleo, inestabilidad económica o estrés, lo cual puede aumentar la frecuencia y la severidad de la violencia contra las mujeres.

A pesar de que no existen datos sistematizados sobre el impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento en los femicidios, se están haciendo estudios rápidos en países como Colombia, México y Chile que podrían dar información relevante para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones.

Aunque no es posible sacar conclusiones sobre los datos en medio de la crisis, es urgente tomar medidas porque, incluso antes del COVID-19, la violencia contra las mujeres en América Latina tenía dimensiones pandémicas.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida y, según la CEPAL, en 33 países de la región durante el 2019 la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3,800.

ONU Mujeres celebra que muchos Estados hayan respondido a la violencia contra mujeres y niñas, por ejemplo, al declarar la atención a las víctimas como un servicio esencial, al establecer alianzas con hoteles para que brinden espacios gratuitos a las mujeres víctimas y sobrevivientes y al aplazar automáticamente el vencimiento de las medidas cautelares que protegen a las víctimas de violencia dentro de las medidas de cuarentena.

Sin embargo, persisten barreras para que las mujeres puedan acceder a la justicia y a los servicios de atención. En algunos países, la atención ha sido interrumpida o las instituciones se han abocado a responder a lo más urgente de la crisis, como hacer cumplir las medidas de aislamiento social, lo que puede tener como consecuencia una mayor impunidad para los perpetradores.

ONU Mujeres produce herramientas para promover una respuesta al COVID-19 en América Latina y el Caribe con perspectiva de género. El documento Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe orienta a diferentes actores sociales sobre estrategias, recomendaciones y prácticas prometedoras para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres en el marco de la crisis por la pandemia.

Asimismo, la Iniciativa Spotlight, el mayor esfuerzo mundial enfocado en poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, nacido de una alianza mundial entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, ajustó su plan de acción con el fin de responder a las necesidades surgidas a partir de la crisis provocada por el COVID-19.

Por ejemplo, las actividades ahora se centran en fortalecer las redes de atención a víctimas de violencia, en particular los refugios, para asegurar una provisión de servicios alineada con las nuevas disposiciones sanitarias. Además, se están fortaleciendo las redes de defensoras de derechos humanos en su labor de prevención y atención de la violencia.

También desde Spotlight, ONU Mujeres está promoviendo la generación de datos de calidad, que permitan visibilizar la dimensión del problema, hacer comparaciones entre países y dar respuestas hechas a la medida de cada situación.

Los resultados que registra la producción primaria demuestran la resiliencia del sector agroalimentario,pues su comportamiento ha sido positivo, con un crecimiento de 2.7 por ciento al tercer trimestre del 2020, de tal forma que la balanza comercial agroalimentaria, se ha mantenido, con un superávit que, de enero a agosto, alcanzó ocho mil 839 millones de dólares, es decir, un incremento de 31 por ciento a tasa anual.

Del mismo modo, la balanza agropecuaria y pesquera, en el mismo período, presentó alza en las exportaciones y reducción en las importaciones, lo que nos dio un saldo positivo de cuatro mil 384 millones de dólares.

Te dejamos los resultados de los programas
prioritarios en los primeros seis meses de este año:

El programa Producción para el Bienestar ejerció nueve mil 492.7 millones de pesos, monto que representa un 86.3% del presupuesto total del Programa para 2020 y 21.4% más que lo erogado en el mismo periodo de 2019. La mayoría de estos recursos corresponden a apoyos canalizados directamente a un millón 984 mil 041 productores, de los que 83.9% (1,665,122) son de pequeña escala, con predios de hasta 5 hectáreas de temporal y 0.2 de riego.

Con Fertilizantes para el Bienestar se ha contribuido al aumento de la producción de maíz, frijol y arroz, en los 81 municipios de Guerrero. Este año, se benefició a más de 340 mil productores con la entrega de 155.6 mil toneladas de fertilizante para cubrir 518 mil hectáreas de maíz, frijol y arroz.

A través Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se desarrollaron programas en apoyo a la economía campesina y a la autosuficiencia alimentaria, tales como el programa Precios de Garantía a maíz, frijol, trigo, arroz y leche, que, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, tuvo una derrama económica de siete mil 300 millones de pesos para 97 mil 778 beneficiarios, permitió que su ingreso se elevara en 33.5% respecto del precio medio rural de sus productos. Estos agricultores cosecharon 1,848,167 toneladas de granos y produjeron 411.3 millones de litros de leche.

Con la Canasta Básica, en su componente de abasto rural, que, de enero a junio de 2020, desplazó mensualmente 85 mil toneladas de alimentos y otros productos; 25 mil más que en igual periodo del año anterior. En el primer semestre del año se atendió a 5.5 millones de familias, equivalente a cerca de 25 millones de personas en prácticamente todo el país.

Por su parte, de septiembre de 2019 a junio de 2020, a través del programa de Abasto Social de Leche se distribuyeron 673 millones de litros de leche, para apoyar a la población beneficiaria en 2,131 municipios del país.

Mientras que, con el programa de Adquisición de Leche Nacional, se compró leche fresca a poco más de 5,500 productores nacionales, con una derrama económica del orden de los 4,858 millones de pesos.

A través del Programa de Fomento a la Actividad Pesquera y Acuícola (BIENPESCA) que destinó un monto de alrededor de mil 350 millones de pesos, para más de 190 mil beneficiarios en 4,301 Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas, en 25 estados.

La dependencia federal no registra subejercicio presupuestal con relación al monto anual modificado de 44 mil 987.45 millones de pesos, toda vez que, al 30 de septiembre, el total aplicado (41 mil 236.63 millones de pesos) representa el 99.6 por ciento con respecto al programado para el periodo.

Los resultados que registra la producción primaria demuestran la resiliencia del sector agroalimentario, toda vez que mientras la economía cayó 9.8 por ciento, su comportamiento fue más positivo, con crecimiento de 2.7 por ciento al tercer trimestre del 2020, año en el que se prevé que la producción de granos básicos se incremente en ocho por ciento respecto de 2019, y se aproxime a los 34 millones de toneladas.

Nuestra balanza comercial agroalimentaria, se mantuvo favorable, con un superávit que de enero a agosto alcanzó ocho mil 839 millones de dólares, esto es, un incremento de 31 por ciento a tasa anual.

La balanza agropecuaria y pesquera, en el mismo periodo, presentó alza en las exportaciones y reducción en las importaciones, lo que nos dio un saldo positivo de cuatro mil 384 millones de dólares.

El programa Producción para el Bienestar ejerció nueve mil 492.7 millones de pesos, monto que representa un 86.3% del presupuesto total del Programa para 2020 y 21.4% más que lo erogado en el mismo periodo de 2019. La mayoría de estos recursos corresponden a apoyos canalizados directamente a un millón 984 mil 041 productores, de los que 83.9% (1,665,122) son de pequeña escala, con predios de hasta 5 hectáreas de temporal y 0.2 de riego.

Para el cultivo de granos básicos se destinaron siete mil 361.1 millones de pesos; a la producción de caña de azúcar se destinaron 900 millones; y a la cosecha de café, 816 millones de pesos.

A través Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se desarrollaron programas en apoyo a la economía campesina y a la autosuficiencia alimentaria, tales como el programa Precios de Garantía a maíz, frijol, trigo, arroz y leche, que, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, tuvo una derrama económica de siete mil 300 millones de pesos para 97 mil 778 beneficiarios, permitió que su ingreso se elevara en 33.5% respecto del precio medio rural de sus productos. Estos agricultores cosecharon 1,848,167 toneladas de granos y produjeron 411.3 millones de litros de leche.

De septiembre de 2019 a junio de 2020, a través del programa de Abasto Social de Leche se distribuyeron 673 millones de litros de leche, para apoyar a la población beneficiaria en 2,131 municipios del país. Mientras que, con el programa de Adquisición de Leche Nacional, se compró leche fresca a poco más de 5,500 productores nacionales, con una derrama económica del orden de los 4,858 millones de pesos.

Para privilegiar a quienes sufren en mayor medida la desigualdad, además de reconocer el destacado papel que desempeña la mujer rural, Agricultura ha destinado específicamente cinco mil 965 millones de pesos en este año a casi a un millón de beneficiarias.

La cantidad de dinero que los trabajadores migrantes envían a sus hogares disminuirá un 14 % en 2021 con respecto a los niveles de 2019, según las últimas estimaciones publicadas en la reseña sobre migración y desarrollo del Banco Mundial. Esto sucederá a medida que siga propagándose la pandemia de COVID-19 (coronavirus) y continúe agravándose la crisis económica.

Se proyecta que los flujos de remesas a los países de ingreso mediano bajo se reduzcan en un 7 %, hasta ubicarse en los USD 508 000 millones en 2020, y posteriormente sufran una reducción del 7,5 %, llegando a los USD 470 000 millones en 2021. Entre los principales factores que influyen en la disminución de las remesas figuran el escaso crecimiento económico y los bajos niveles de empleo en los países que reciben migrantes, la debilidad de los precios del petróleo y la depreciación, con respecto al dólar estadounidense, de las monedas de los países de origen de las remesas.

En todas las regiones se registrarán disminuciones en 2020 y 2021, y se espera que la caída más pronunciada se producirá en Europa y Asia central (16 % y 8 %, respectivamente), seguida de Asia oriental y el Pacífico (11 % y 4 %), Oriente Medio y Norte de África (8 % y 8 %), África al sur del Sahara (9 % y 6 %), Asia meridional (4 % y 11 %) y América Latina y el Caribe (0,2 % y 8 %).

Se prevé que, en 2020, pese a la disminución prevista, las remesas sean aún más importantes como fuente de financiamiento externo en los países de ingreso mediano bajo. En 2019, los flujos de remesas hacia tales países alcanzaron un máximo histórico de USD 548 000 millones, cifra superior a los flujos de inversión extranjera directa (USD 534 000 millones) y a la asistencia externa para el desarrollo (aproximadamente USD 166 000 millones). Se pronostica que la diferencia entre los flujos de remesas y la inversión extranjera directa se amplíe aún más, ya que se espera que esta última sufra una disminución más pronunciada.

Este año, por primera vez en la historia reciente, es probable que el número de migrantes internacionales disminuya a medida que se ralentice la migración nueva y aumente la migración de retorno. Tras la suspensión de los confinamientos nacionales, que dejaron a muchos trabajadores migrantes varados en los países de acogida, se ha informado de flujos de migración de retorno desde todas las partes del mundo. Es posible que el aumento del desempleo derivado de las restricciones más estrictas en la concesión de visas para migrantes y refugiados dé lugar a un mayor aumento de la migración de retorno.

El costo mundial promedio que supone el envío de USD 200 fue de 6,8 % en el tercer trimestre de 2020, en gran medida sin cambios desde el primer trimestre de 2019, de acuerdo con la base de datos sobre los precios de las remesas en el mundo que mantiene el Banco Mundial. Esto representa más del doble del 3 %, la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que debe lograrse antes de 2030. El costo más bajo se registró en Asia meridional (5 %) y el más alto en África al sur del Sahara (8,5 %). Los bancos son el canal más caro para enviar remesas (con un promedio del 10,9 %), seguidos por las oficinas de correos (8,6 %), los operadores de transferencias de dinero (5,8 %) y los operadores móviles (2,8 %).

El Grupo Banco Mundial (GBM), una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance a fin de ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su respuesta frente a la pandemia. Respalda intervenciones de salud pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y equipos esenciales, y ayuda al sector privado a continuar sus operaciones y mantener el empleo. El GBM proporcionará hasta USD 160 000 millones durante un período de 15 meses, que finalizará en junio de 2021, para ayudar a más de 100 países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, respaldar a las empresas e impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye USD 50 000 millones correspondientes a nuevos recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) en forma de donaciones y préstamos en condiciones sumamente concesionarias, y USD 12 000 millones para ayudar a los países en desarrollo a financiar la compra y distribución de vacunas contra la COVID-19.

Se espera que en 2020 los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe sean de aproximadamente USD 96 000 millones, lo que representa un descenso de 0,2 % con respecto al año anterior. Las remesas a Colombia, El Salvador y la República Dominicana registraron un crecimiento interanual positivo entre los meses de junio y septiembre, tras haber caído bruscamente en abril y mayo. Los flujos hacia México, el principal receptor de la región, se mantuvieron en parte porque los migrantes trabajaban en servicios esenciales en Estados Unidos y porque aquellos que reunían los requisitos se podían beneficiar además de los programas de estímulo implementados en dicho país. Costo de las remesas: El costo promedio de enviar USD 200 a la región aumentó ligeramente al 5,8 % en el tercer trimestre de 2020. En muchos corredores de remesas más cortos, los costos siguen siendo elevados. Por ejemplo, el costo de enviar dinero a Haití y la República Dominicana supera el 8 %.

Fuente: BANCO MUNDIAL octubre 2020

Las llegadas internacionales de turistas cayeron un 81% en julio y un 79% en agosto, a pesar de ser los meses que suelen ser los de mayor movimiento del año y coinciden con el verano y la temporada alta en el hemisferio Norte, informó la Organización Internacional del Turismo (OMT).

El desplome de la industria hasta el mes agosto debido a la pandemia de COVID-19 representó 700 millones menos de llegadas en comparación con el mismo periodo de 2019 y se tradujo en una pérdida de 730.000 millones de dólares en ingresos de exportación procedentes del turismo internacional, un déficit ocho veces más grande que el de 2009 durante la crisis económica y financiera mundial.

Todas las regiones registraron importantes caídas en las llegadas durante los ocho primeros meses del año. Asia y el Pacífico, la primera región que sufrió el impacto del COVID-19, experimentó una caída del 79% de las llegadas, seguida de África y Oriente Medio con un 69%, Europa 68% y las Américas 65%.

Después de la reapertura gradual de las fronteras internacionales, Europa registró declives comparativamente menores en julio y agosto (-72% y -69%, respectivamente). La recuperación, sin embargo, duró poco, ya que pronto volvieron las recomendaciones y las restricciones de viaje, en medio del aumento de los contagios.

La región de Asia y el Pacífico registró las mayores caídas, con un 96% menos en ambos meses, como reflejo del cierre de las fronteras de China y otros importantes destinos de la región.

La demanda de viajes sigue en gran medida reprimida por la constante incertidumbre sobre la pandemia y la falta de confianza. Según las últimas tendencias, la OMT prevé una caída global cercana al 70% para todo el año 2020.

El INEGI presenta los resultados de la Recopilación de Información de los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitanas del país (RICPZMP) 2020 que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica de la situación que guarda la administración, capacidad y mantenimiento de los panteones o cementerios municipales en las Zonas Metropolitanas del país, y el manejo de los restos mortales de enero a junio de 2020.

Asimismo, este ejercicio busca conocer la percepción sobre los cambios en la actividad realizada en los panteones y las ampliaciones que se llevaron a cabo en las instalaciones y los servicios brindados durante el primer semestre de 2020.

De acuerdo con los resultados de la Recopilación de Información de los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitanas del país 2020, al cierre de junio de 2020 se reportaron 3 mil 954 panteones establecidos en los municipios y/o demarcaciones territoriales que conformaron las Zonas Metropolitanas del país. De estos, 90.1% (3 mil 561) se encontraba en operación entre enero y junio de 2020.

De los 3 mil 561 panteones que estaban operando entre enero y junio de 2020, 52.8% lo hizo mediante el esquema de prestación indirecta en colaboración con la comunidad, mientras que 39.5% (1 mil 406) de los panteones prestó el servicio de forma directa o indirecta a través de alguna institución de la administración pública municipal, estatal o federal. El restante 7.7% correspondió a cementerios que operaron bajo prestación indirecta por parte de alguna empresa particular o bajo otros esquemas.

Respecto del personal adscrito a los panteones administrados por el sector público, a nivel nacional se reportaron 5 mil 402 personas, de las cuales, 79.2% fueron hombres y 20.8% fueron mujeres.

Sobre la capacidad instalada (espacios) que tuvieron estos panteones, a nivel nacional se reportaron 6 millones 099 mil 547 fosas o tumbas, de ellas, 83.0% estuvieron ocupadas y 16.7% disponibles.

Con respecto al primer semestre de 2019, la cantidad de cadáveres inhumados entre enero y junio de 2020 aumentó 20.2%, en tanto, la cantidad de cadáveres cremados o incinerados registró un aumento de 76.8 por ciento.