En abril pasado, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) correspondiente a las actividades primarias, creció 5.3 por ciento real anual, con lo que mantienen su tendencia positiva, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Señaló que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el cuarto mes del año el IGAE de las actividades secundarias aumentó 2.9 por ciento y el de las terciarias 1.1 por ciento.

Cabe señalar que, en marzo pasado, el IGAE de las actividades primarias aumentó también 5.3 por ciento, el de las secundarias 2.4 por ciento, mientras que el de las actividades terciarias se redujo 1.5 por ciento anual.

En mayo, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras sumó dos mil 067 mdd, monto que implicó un aumento anual de 17.4 por ciento.

En dicho mes, los incrementos más importantes se registraron en las ventas al exterior de café crudo en grano (103.8 por ciento), cítricos (32.2 por ciento), aguacate (27.9 por ciento), jitomate (17.9 por ciento) y legumbres y hortalizas frescas (13.1 por ciento).

De acuerdo con información oportuna sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México del INEGI, en los primeros cinco meses del año las exportaciones agropecuarias y pesqueras totalizaron nueve mil 968.1 millones de dólares, un alza de 9.0 por ciento respecto al mismo periodo de 2021.

Si bien la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado, ofrece lecciones valiosas que pueden ayudar al mundo a responder mejor a otras crisis, dice el Informe COVID 2022 de la UNCTAD.

El informe detalla cómo la pandemia ha expuesto las debilidades en la estructura del orden social y económico internacional. Al mismo tiempo, encuentra una resiliencia notable en varias áreas, pero solo algunas personas se han beneficiado de esto, dejando a muchos atrás.

La pandemia ha puesto de relieve que desarrollar la resiliencia del sistema mundial ante las crisis y proteger a los más vulnerables es una responsabilidad compartida y el único camino viable a seguir.

El informe dice que la pandemia no solo ha demostrado cuán interconectado está el mundo, sino que también ha revelado las profundas desigualdades que existen entre los países en muchas dimensiones.

La UNCTAD dice que el mundo debe abordar urgentemente estas desigualdades para evitar una década perdida para los países en desarrollo y mantenerse en el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El comercio mundial se redujo en unos 2,5 billones de dólares en 2020 (o alrededor del 9 % en relación con 2019), pero se recuperó con fuerza y ​​alcanzó un máximo histórico de unos 28,5 billones de dólares en 2021, lo que equivale a un aumento de alrededor del 13 % en relación con los niveles previos a la pandemia.

Pero surgieron importantes diferencias a nivel regional y nacional. Las exportaciones de los países más pobres se recuperaron considerablemente menos durante 2021, descubrió la UNCTAD.

Las estrategias de eficiencia y reducción de costos continúan siendo el objetivo primordial de las empresas globales, dice el informe.

Impulsado por la creciente demanda mundial, el transporte marítimo también se recuperó más rápidamente de lo esperado. En 2021, los envíos marítimos se expandieron 3,3% y para 2022 se proyecta un crecimiento de 2,6%.

Según el modelo de simulación de la UNCTAD, un aumento sostenido de las tarifas de flete puede conducir a un aumento de los precios al consumidor a nivel mundial del 1,6 % en 2023.

El informe dice que las intervenciones gubernamentales influyeron en gran medida en la producción y ubicación de las vacunas COVID-19.

El informe dice que tanto el comercio internacional como los acuerdos de inversión tienen disposiciones sobre licencias obligatorias para anular los derechos de propiedad intelectual en situaciones de emergencia. Pero durante los últimos dos años, a ninguna empresa se le ha otorgado una licencia obligatoria para fabricar una vacuna contra el COVID-19, lo que destaca la necesidad de mejorar aún más la cooperación internacional durante las emergencias.

El informe señala que la asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo alcanzó un nuevo máximo de 178 900 millones de dólares en 2021, impulsada por las donaciones de vacunas y otros financiamientos relacionados con la COVID-19.

Las medidas de apoyo fiscal han aumentado la deuda pública en muchos países en desarrollo a niveles insostenibles. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda debe extenderse, recomienda la UNCTAD.

Subraya que la vulnerabilidad de la deuda no ha recibido la atención adecuada y requiere una agenda política más ambiciosa.

El informe también dice que si bien COVID-19 ha provocado un aumento en la transformación digital en todo el mundo, las brechas cada vez mayores han impedido que muchas personas aprovechen las oportunidades en la economía digital.

Subraya que el mundo tiene una oportunidad única en la vida de rehacer la sociedad para un futuro mejor. La visión y muchas herramientas para hacerlo existen y pueden activarse, pero se necesita una acción internacional coordinada para tener éxito en este esfuerzo.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el tráfico de Drogas. El propósito es concientizar sobre las implicaciones que el uso indebido de las drogas y su tráfico ilegal tienen sobre el bienestar y la salud de la sociedad.

La Estrategia Hemisférica sobre Drogas —aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1997 y adoptada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en 2010— exhorta a los países miembros (entre ellos México) a generar información sobre la demanda y oferta de drogas, así como sobre las acciones gubernamentales para su prevención, tratamiento y combate. Lo anterior incluye aquellas dirigidas a la recuperación y reinserción social de las personas infractoras de la ley penal que padecen adicción a las drogas.

Para entender mejor este problema en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información sobre los delitos relacionados con drogas cometidos por la población privada de la libertad (PPL) y sobre el uso de sustancias psicoactivas en esta población. Los datos provienen de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios Estatales y Federal (2021) y de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2021).

En cuanto a drogas ilegales, los delitos de narcomenudeo —que las autoridades del fuero común sancionan— ocurren si la cantidad de sustancias psicoactivas (cannabis, cocaína, opio, heroína, alucinógenos o estimulantes de tipo anfetamínico) es inferior a lo que resulte de multiplicar por mil el gramaje especificado en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, que estable la Ley General de Salud, y cuando no existen elementos para presumir delincuencia organizada. Cuando esa cantidad se rebasa, entonces se consideran delitos contra la salud. Estos son responsabilidad del fuero federal y se sancionan conforme al Código Penal Federal.

Los países con un mayor liderazgo de mujeres, sistemas de cuidados y protección social universales y espacio para que las organizaciones feministas participen en la toma de decisiones democráticas son más eficaces en la respuesta a crisis como la provocada por la pandemia de COVID-19, según un nuevo informe mundial publicado por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En un momento en el que la superposición de los efectos de la pandemia de COVID-19, la acuciante emergencia climática y los conflictos geopolíticos amenazan la igualdad de género y los derechos de las mujeres, un análisis basado en nuevos datos mundiales aporta recomendaciones concretas para que los Gobiernos se aseguren de que sus estrategias de recuperación económica y preparación ante emergencias adoptan un enfoque sensible al género, integrado y resiliente.

El PNUD y ONU Mujeres han revisado unas 5.000 políticas durante un periodo de dos años a través de su Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19 (en inglés), el directorio mundial más completo de respuestas gubernamentales a la pandemia con perspectiva de género. La herramienta identifica cómo han reaccionado las instancias mundiales de toma de decisiones ante las repercusiones sociales y económicas de la pandemia, que siguen recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres

Según el nuevo informe “Respuestas gubernamentales a la COVID-19: Lecciones sobre igualdad de género para un mundo convulso” (en inglés), en 196 de los 226 países estudiados, se ha adoptado al menos una medida sensible al género.

Los países con una mayor proporción de mujeres entre los cargos públicos electos, independientemente de los ingresos nacionales, aprobaron más políticas y partidas presupuestarias que tenían en cuenta consideraciones de género. Los países con democracias sólidas, movimientos feministas fuertes o un alto porcentaje de mujeres en el parlamento tomaron una media de cinco medidas sensibles al género más que los países sin estas características.

Incluso en los países con una representación menos igualitaria, las líderes políticas reclamaron que se escuchara su voz.

La acción colectiva de las mujeres también ha potenciado la sensibilidad de género nacional. Los grupos feministas de la sociedad civil han influido en la respuesta inmediata de sus países y han contribuido a recabar pruebas y datos para impulsar una visión feminista de la transformación y la recuperación pospandemia.

A las consecuencias económicas de la pandemia para las mujeres, se añade la mayor carga de trabajo no remunerado. Incluso antes de la COVID-19, las mujeres de todo el mundo hacían tres veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Ahora, el incremento de la desigualdad en el tiempo dedicado a cuidar de niñas y niños, personas mayores y otros miembros de la familia está obligando a muchas mujeres a dejar su trabajo remunerado.

A escala mundial, hoy hay 19,7 millones menos de mujeres ocupando un puesto de trabajo remunerado que antes de marzo de 2020, una cifra que es de 10,2 millones en el caso de los hombres.

El funesto revés que han sufrido las oportunidades económicas de las mujeres se traducirá en que 388 millones de mujeres vivirán en la extrema pobreza en 2022, una cifra que ahonda todavía más la ya profunda brecha de género de la pobreza.

Los Estados deben hacer más para reconocer el valor del trabajo doméstico del que se ocupan las mujeres, desarrollando un sistema de protección social mejorado para aquellas personas que asumen responsabilidades de cuidados, ya que son la columna vertebral de una economía más resiliente e integrada.

El análisis del rastreador de casi 5.000 medidas pone de manifiesto que los países tienden a seguir trabajando en el marco de las estructuras y los sistemas de los que ya disponen cuando se produce una crisis. Este nuevo informe brinda una oportunidad clara de defender mejores sistemas de protección social sensibles al género y garantizar una participación significativa de las mujeres en la identificación de soluciones que no dejen a nadie atrás para los graves retos crónicos a los que nos enfrentamos.

Se prevé que cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe (ALC) no alcancen el nivel mínimo de comprensión lectora, de acuerdo con un informe publicado por el Banco Mundial y UNICEF, en colaboración con la UNESCO. Si bien la región ya se encontraba en una crisis de aprendizaje antes de la pandemia, esto representa un agravamiento sustancial. Esta nueva y alarmante estimación también sugiere que luego de dos años de cierre de escuelas en la región a causa de la COVID-19, los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de diez años. La evidencia que surge a lo largo de ALC apoya estas estimaciones.

El nuevo informe, “Dos años después: salvando a una generación”, recalca que estas pérdidas de aprendizaje podrían costar a los alumnos de hoy una reducción en sus ingresos del 12 por ciento a lo largo de su vida.

Los niños de América Latina y el Caribe vivieron algunos de los cierres de escuela por COVID-19 más largos y constantes del mundo. En promedio, desde el comienzo de la pandemia los alumnos de la región perdieron, parcial o completamente, dos tercios de los días de clase presenciales, con una pérdida estimada de 1,5 años de aprendizaje.

Los niños más jóvenes y vulnerables han sido desproporcionadamente afectados por estas pérdidas de aprendizaje, como muestra la evidencia más reciente a lo largo de la región, sentando las bases para una mayor desigualdad y una crisis generacional.

El informe “Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial: actualización 2022”, elaborado por el Banco Mundial, UNESCO, UNICEF, FCDO, USAID y BMGF, muestra que, en términos comparativos, la crisis educativa en América Latina y el Caribe coloca a la región en el segundo peor lugar a nivel mundial. Apenas la región de África Subsahariana muestra una tasa más alta de pobreza de aprendizaje, con nueve de cada diez alumnos que no pueden leer y comprender un texto simple al final de la primaria.

Más preocupante aún, América Latina y el Caribe muestra el aumento más pronunciado en este índice desde 2019, seguida de Asia Meridional. De acuerdo con el informe, esto probablemente se deba a la duración de los cierres de escuela en ambas regiones.

El informe incluye cuatro acciones clave para ayudar a reencauzar a esta generación:

Fuente: OECD 23 de junio de 2022

Casi 8 millones de niños menores de 5 años en 15 países afectados por la crisis del hambre corren el riesgo de morir a causa de emaciación grave a menos que reciban alimentos y atención terapéutica inmediata, y la cifra aumenta cada minuto, advirtió hoy UNICEF con motivo de los preparativos para la reunión de líderes mundiales en la cumbre del G7.

Desde principios de año, la creciente crisis alimentaria mundial ha provocado que 260.000 niños más –o un niño cada 60 segundos– sufran emaciación grave en los 15 países más afectados por la crisis, entre ellos el Cuerno de África y el Sahel Central. Este aumento de la emaciación grave se suma a los niveles existentes de malnutrición infantil que, según advirtió UNICEF el mes pasado, constituyen un “polvorín potencial”.

El aumento de los precios de los alimentos provocado por la guerra, la sequía persistente debida al cambio climático en algunos países –combinada a veces con un conflicto– y las repercusiones económicas actuales de la COVID-19 siguen agravando la inseguridad alimentaria y nutricional de los niños en todo el mundo, lo que da lugar a unos niveles catastróficos de malnutrición grave entre los menores de 5 años. En respuesta, UNICEF está ampliando sus esfuerzos en los 15 países más afectados. Afganistán, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Haití, Kenya, Madagascar, Malí, Níger, Nigeria, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen serán incluidos en un plan de aceleración para tratar de evitar una explosión de muertes infantiles y mitigar los daños a largo plazo de la emaciación grave.

UNICEF estima que al menos 40 millones de niños padecen inseguridad nutricional grave en los 15 países mencionados, lo que significa que no reciben la alimentación mínima y diversa que necesitan para crecer y desarrollarse en la primera infancia. Además, 21 millones de niños padecen inseguridad alimentaria grave, lo que significa que no tienen acceso a una cantidad suficiente de alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias mínimas, lo que les expone a un riesgo elevado de padecer emaciación grave.

Mientras tanto, el precio de los alimentos terapéuticos listos para usar, que se utilizan para tratar la emaciación grave, se ha disparado en un 16% en las últimas semanas debido a un fuerte aumento del coste de las materias primas, lo que deja a otros 600.000 niños en peligro de morir sin no reciben acceso a un tratamiento que pueda salvarles la vida.

Poco antes de que varios dirigentes mundiales se reúnan en la cumbre del G7, UNICEF pide 1.200 millones de dólares para:

Pese a los esfuerzos del gobierno y el endurecimiento de la política monetaria, la inflación a los consumidores registró, en la primera mitad de junio, siguió acelerándose, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El la primera quincena de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró un avance mensual de 0.49%, con lo que a tasa anual la inflación llegó a un nivel de 7.88 por ciento.

En los últimos meses, la inflación ha prendido los focos rojos a nivel mundial. Los altos niveles que ha presentado, y que afectan en mayor medida a las personas de menores ingresos, ha generado un endurecimiento de la política monetaria.

Dentro del informe del Inegi se observó que la inflación subyacente, en la cual se fija Banxico para su decisión de política monetaria, continúa siendo la mayor presión.

Este índice, que excluye de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, presentó un aumento anual de 7.47%, explicado por el encarecimiento de 9.85% de las mercancías, y de 4.77% de los servicios.

En el caso de la inflación no subyacente, se observó un aumento de 9.13% en sus precios. Esto se debió a que los agropecuarios incrementaron su precio en 14.31%, mientras que los energéticos y tarifas de Gobierno en 5.15 por ciento.

Fuente: EL ECONOMISTA 23 de junio de 2022

La OIT planteó la necesidad de formular estrategias efectivas de aumento de la productividad laboral en América Latina, ante la evidencia de un persistente rezago regional que compromete las posibilidades de encontrar el rumbo de un futuro del trabajo con crecimiento sostenible y más y mejores empleos.

El nuevo informe de OIT destaca la “urgente necesidad por comprender de manera sistémica los factores que concurren al incremento sostenido de la productividad, y sobre esa base animar instancias de diálogo social necesarias para acompañar y regular las inevitables transiciones que este proceso conlleva”.

El informe destaca que de acuerdo a la evidencia acumulada “la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC), ya desde antes de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de Covid-19, ha evidenciado un estancamiento tanto de la productividad laboral como de la productividad total de factores”.

Al mismo tiempo, “la agenda de la región en lo que hace a la transformación digital y productividad necesita políticas públicas que ayuden a remover los obstáculos que aparecen en el camino de dicha transformación y que asegure que esta transición propicie la creación de más y mejores empleos”.

Fuente: OIT 22 de junio de 2022

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) planteó la necesidad de formular “estrategias efectivas” que ayuden a aumentar la productividad laboral, ante lo que considera “un persistente rezago regional que compromete las posibilidades de encontrar el rumbo de un futuro del trabajo con crecimiento sostenible y más y mejores empleos”.

El informe destaca que “la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, ya desde antes de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de Covid-19, evidenciaba un estancamiento tanto de la productividad laboral como de la productividad total de factores”.

Durante la presentación del informe se abordaron otros aspectos como los desafíos que provoca la transición digital y el advenimiento de nuevas tecnologías, los desafíos en materia de formación, la compleja situación actual caracterizada por la alta incertidumbre internacional y la incertidumbre ante el término de la pandemia de COVID-19, y la alta informalidad en la región.

Asimismo, se plantearon los retos en materia de políticas públicas, y también en el funcionamiento de las empresas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados de la Estadística de Museos 2021. El propósito del ejercicio es reflejar las principales características de los museos y su operación.

Los museos considerados en el directorio para esta edición fueron 1 248. Sin embargo, con motivo de la contingencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, solo fue posible obtener información de 1 046 museos. Las estadísticas incluyen datos sobre infraestructura, temática principal, disponibilidad y detalles de sus colecciones permanentes, capacidad de atención por día, servicios que ofrecen, cantidad de personal, afluencia anual en exposiciones y eventos adicionales, cuotas de ingreso, entre otros.

Principales resultados

La contingencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 ocasionó el cierre de gran parte de los museos por algunos meses de 2021. De los 1 248 museos considerados en el directorio de fuentes informantes para la edición 2021, únicamente se captó información de 1 046 museos en ese año. Considerando lo anterior, en agosto de ese año solo abrieron 650 (52 %). Para febrero de 2022 se registró un total de 849 museos abiertos (68 %).

En 2020, 1 003 museos proporcionaron información sobre la afluencia global de sus visitantes. En 2021 la cifra ascendió a 1 046 museos, es decir, 43 museos más. Por ubicación geográfica, 13 entidades federativas registraron menos de 20 recintos, seis registraron de 20 a 29, otras seis entidades son sede de 30 a 44 museos y los siete estados restantes concentran más de 45 recintos.

Temática principal de los museos

En 2021, las tres temáticas principales de los museos fueron: historia (45.6 %), arte (24.5 %) y arqueología (19.4 %). Estos porcentajes son similares a los que se registraron en 2020, con 44.0 %, 24.0 % y 20.8 %, respectivamente.

Afluencia de visitantes

Durante 2021, los museos reportaron una afluencia de 16.4 millones de visitantes (3.7 millones más que en el año previo). Las entidades federativas con mayor captación de visitantes fueron: Ciudad de México con 4.7 millones en 139 museos y Nuevo León con 3.1 millones en 37 museos.

Por día, 31.2 % de los museos manifestó capacidad para atender hasta cien visitantes; 42.7 %, de 101 a 500; 12.2 %, de 501 a 1 000, y 13.7 % reportó capacidad superior a 1 000 visitantes diarios. El resto no especificó.

Características principales de los museos

El 85.9 % de los museos ofrece visitas guiadas y 45.5 % proporciona actividades artísticas y culturales. Estas cifras son similares a las que se reportaron en 2020: 86.8 % y 46.5 %, respectivamente. El 38.1 % de museos declaró disponer de algún tipo de infraestructura para personas con discapacidad y 29.4 % cuenta con servicio de Wi-Fi para sus visitantes.

El 31.6 % de los museos cuenta con colecciones de representatividad local; 17.0 %, estatal; 19.8 %, regional; 20.9 %, nacional, y 10.7 %, internacional. Con respecto a 2020, la representatividad local fue de 32.4 %; estatal, 17.7 %; regional, 19.4 %; nacional, 19.9 %, e internacional con 10.6 por ciento.

En total, los museos cuentan con 23 036 personas que laboran para su correcto funcionamiento. El 57.1 % (13 147) corresponde a empleados del museo, 24.4 % (5 621) a voluntariado y servicios social y 18.5 % (4 268) a servicios subrogados. El promedio nacional es de 22 personas por museo, cifra ligeramente menor a la que se reportó en 2020 (23 personas).

El 70.8 % de los museos contó con recursos públicos para su operación (37.3 % con recursos de origen municipal; 34.7 %, estatal, y 28.0 %, federal); 12.6 % operó con recursos privados; 5.3 %, con recursos mixtos y 11.3 %, con recursos autogenerados. En 2020 los porcentajes fueron similares.

Información sobre los y las visitantes

En esta edición se aplicaron 81 296 entrevistas a visitantes, un incremento de 68 138 entrevistas respecto a 2020 (13 158). De estas, 42 306 (52.0 %) las respondieron mujeres y 38 990 (48.0 %), hombres. El incremento coincide con la apertura de museos y con el periodo de implementación de las medidas de la contingencia sanitaria por la pandemia.

En 2021, 84.5 % de las y los visitantes indicó haber visitado un museo por primera vez, esto es 2.3 puntos porcentuales más que el año anterior. En los últimos 12 meses, 10.5 % manifestó haber realizado dos o tres visitas, 3.1 puntos porcentuales menos que en 2020 y 5.0 % reportó cuatro o más visitas para el mismo periodo de referencia: 0.8 puntos porcentuales más que el año anterior.

La permanencia en el museo fue menor a una hora para 63.0 % de las y los visitantes, mientras que 31.0 % estuvo en el recinto entre una y dos horas.

Según las respuestas de las y los visitantes, los principales motivos por los que se visitan los museos son: cultura general (24.8 %), aprender (17.9 %) y para conocer la exposición (15.6 %). Estos tres motivos también fueron los principales en 2020, con 26.3 %, 18.2 % y 16.0 %, respectivamente.

El número de niños afectados por crisis que requiere ayuda urgente en materia de educación aumenta de manera alarmante, alertó el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas, precisando que la cifra pasó de 75 millones en 2016 a 222 millones en la actualidad.

Según un nuevo informe de La Educación No Puede Esperar, de ese total, 78,2 millones de niños no están escolarizados y 120 millones sí van a clases pero no tienen los niveles mínimos de competencia en matemáticas o lectura.

Más aún, sólo el 10% de los que cursan la educación primaria o secundaria alcanza los estándares de competencia.

Según el estudio, el 84% de los niños sin escolarizar por motivos de crisis vive en países como Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Mali, Nigeria, Pakistán, Somalia, Sudán, Sudán del Sur o Yemen, donde hay guerras y otros factores que alejan o impiden que los pequeños acudan a la escuela. En Ucrania, se estima que en pocos meses el conflicto ha afectado a 5,7 millones de menores en edad escolar.

La iniciativa “#222MillonesDeSueños” busca recaudar fondos de los donantes, el sector privado y otros actores para ampliar sus operaciones, que ya ofrecen educación de calidad a más de cinco millones de niños en más de 40 países afectados por crisis.

En la Agenda 2030, los líderes mundiales se comprometieron a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, como lo plantea Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

Sin embargo, se estima que la pandemia y otros factores revirtieron dos décadas de avances en la esfera educativa. Según la ONU, muchos de los países menos adelantados tienen una infraestructura escolar básica deficiente: sólo el 54% de los centros disponen de acceso a agua potable, apenas el 33% cuentan con un suministro eléctrico fiable y únicamente 40% cuenta con instalaciones para lavarse las manos.

Los altos niveles de informalidad y la falta de supervisión y protección dentro del sector agrícola favorecen la trata de personas, tanto de adultos como de niños, afirmó la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas, en un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos.

El estudio de la relatora examina la prevalencia de la trata de personas en el sector agrícola, especialmente a efectos de trabajo forzoso, y destaca la necesidad de adoptar medidas obligatorias de protección de los derechos humanos y del medio ambiente.

Pese al compromiso global para acabar con el trabajo infantil el año 2025, el estudio indica que esta práctica se ha incrementado, alcanzando a 8,4 millones de niños durante los últimos cuatro años. Según la experta, el trabajo agrícola es una puerta de entrada al trabajo infantil.

El informe advierte que las mujeres también corren el riesgo de ser víctimas de trata u otras formas de violencia, como el abuso y el acoso sexual. ” Si el trabajo femenino en la agricultura es invisible, las carencias en las medidas de atención, protección y prevención de la trata son aún mayores.

El estudio también destaca el crucial papel que desempeñan los sindicatos y las asociaciones de trabajadores en la lucha contra la trata de personas.

Por último, expresó su preocupación por las repercusiones del cambio climático en la trata de personas. “Las catástrofes naturales y las migraciones o desplazamientos inducidos por el clima pueden dar lugar a la explotación de pequeños agricultores en condiciones de endeudamiento”, apuntó.

Las instituciones de la administración pública tienen particular importancia para el funcionamiento del Estado. Estas se encargan de implementar políticas públicas y acciones que logren el desarrollo de la sociedad.

El 20 de diciembre del 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 23 de junio como el Día de la Administración Pública. El objetivo es destacar la necesidad de iniciativas que fomenten el desarrollo de los recursos humanos, el fortalecimiento de la gestión financiera y el aprovechamiento de la información y de la tecnología.

Recursos humanos

En 2020, laboraron 5 045 550 personas en la administración pública (AP) federal, estatal y municipal. De este universo, 21.3 % trabajó en el ámbito municipal, 47.3 %, en el estatal y 31.4 %, en el federal. De 2010 a 2020 se registró un incremento sostenido del personal de la AP municipal. A nivel estatal y después de ocho años de aumento, en 2020 hubo una disminución de 7.2 % respecto a 2019. Las cifras del personal de la AP federal no presentaron cambios significativos desde 2016.

La participación de las mujeres en el mercado laboral del sector público es requisito indispensable para avanzar en la inclusión. En la administración pública federal se registra un nivel similar de participación laboral entre hombres y mujeres desde que se cuenta con el dato. A nivel estatal, las mujeres alcanzaron una participación mayoritaria desde 2014 y su presencia ha aumentado año con año. En contraste, a nivel municipal, por cada 100 servidores públicos que laboraron en 2020, 35 fueron mujeres. Sin embargo, para determinar el grado de incidencia en la definición de las decisiones y acciones públicas, se debe distinguir la posición que ocupan. La información de 2020 indica un rezago en la paridad en los puestos de toma de decisión, ya que solo 22.1 % de las personas titulares de las instituciones de la administración federal, 25.5 % de las estatales y 31.5 % de las municipales fueron mujeres.

Los datos provenientes de los censos de gobierno documentan los recursos humanos y financieros con los que cuentan las administraciones públicas del país, así como las diferencias que hay entre niveles de gobierno. El INEGI contribuye a identificar los retos que enfrenta la administración pública mexicana, como lograr la paridad laboral de género en el ámbito municipal o consolidar procesos transparentes de contratación pública.

En el tema:

En mayo de 2022, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica estima una variación a tasa anual del IGAE de 1 por ciento. Las estimaciones realizadas presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95 % para los meses de abril y mayo de 2022. Para los Grandes Sectores de Actividad del IGAE se calcula un incremento anual de 3.3 % en las Actividades Secundarias y el Sector Terciario no presentó variación. Las estimaciones se refieren a cifras desestacionalizadas.

El informe presenta un índice que mide el crecimiento inclusivo, definido como oportunidades equitativas y no discriminatorias para que todos participen y se beneficien del desarrollo económico.

El Índice de Crecimiento Inclusivo (IGI) analiza la capacidad de los países para lograr dicho crecimiento, con un enfoque en la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental.

El SDG Pulse, un informe estadístico en línea actualizado anualmente, indica un progreso global desigual y, para demasiados países y objetivos, incluso una reversión en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El análisis se basa en una serie de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y estadísticas oficiales relevantes para el comercio, la inversión, la financiación para el desarrollo, el transporte, la tecnología y la transición hacia una economía más ecológica y de mayor valor añadido.

Los 30 países con mejor desempeño del índice son todas economías desarrolladas, con Luxemburgo, Islandia y Noruega a la cabeza del ranking mundial. Por el contrario, los países en desarrollo de África tienen los puntajes IGI más bajos.

En términos de igualdad de género, 12 países en desarrollo, siete de África subsahariana, lograron un progreso sobresaliente entre 2009 y 2020. En promedio, América Latina fue la región en desarrollo con mejor desempeño en esa dimensión.

Las economías a las que les va bien en igualdad de género, condiciones de vida y desarrollo económico, muchas de Europa y América del Norte, producen la mayor cantidad de desechos sólidos per cápita.

Las naciones en desarrollo de África son responsables de la menor cantidad de desechos per cápita, pero a menudo enfrentan desafíos en la gestión de desechos, por ejemplo, debido a la capacidad institucional y organizativa limitada.

El SDG Pulse también ilustra el apoyo de la UNCTAD a los estados miembros en la implementación de la Agenda 2030 destinada a no dejar a nadie atrás.

En 2021, el trabajo de cooperación técnica de la UNCTAD tuvo un gasto de más de $ 46 millones, entregado a través de 217 proyectos en 74 países.

Estos proyectos impulsaron el progreso hacia los objetivos globales sobre alianzas (Objetivo 17); industria, innovación e infraestructura (Objetivo 9); la vida en la tierra (Objetivo 15); y trabajo decente y crecimiento económico inclusivo (Objetivo 8).

El Día Mundial del Refugiado es un día internacional designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se conmemora el 20 de junio de cada año para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. El Día Mundial del Refugiado es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran; asimismo, la fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas.

Cada minuto, veinticuatro personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. Hay varios tipos de personas desplazadas por la fuerza pero todas tienen algo en común. Conoce las denominaciones de manera más específica.

Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 constituyen los instrumentos legales únicos que amparan la protección internacional de los refugiados. Según sus provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.

Los derechos contenidos en la Convención de 1951 incluyen:

Algunos derechos básicos, incluido el derecho a ser protegidos contra la devolución, se aplican a todos los refugiados. Un refugiado adquiere el derecho a otros derechos cuanto más tiempo permanezcan en el país anfitrión, derecho basado en el reconocimiento de que cuanto más tiempo permanecen en calidad de refugiados, más derechos necesitan.

a Organización Mundial de la Salud publicó su estudio más completo sobre salud mental en el mundo desde principios de siglo hasta la actualidad. El detallado análisis dota de una hoja de ruta a los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de la salud, la sociedad civil y otros interesados que tengan por objeto ayudar al mundo a transformar la salud mental.

Entre los principales hallazgos del estudio destaca que cerca de mil millones de personas vivían con un trastorno mental en 2019, incluido el 14% de todos los adolescentes del mundo y que 1 de cada 100 muertes fueron por suicidio, el 58% de ellas cometidas por personas menores de 50 años.

Además, destaca que las personas con trastornos mentales graves suelen fallecer en promedio entre 10 y 20 años antes que la población general, que los abusos sexuales sufridos durante la infancia y la victimización por acoso escolar son causas importantes de depresión y que las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, la guerra y la crisis climática son algunas de las amenazas globales y estructurales para la salud mental.

El análisis destaca que, en todos los países, son los más pobres y desfavorecidos de la sociedad los que corren mayor riesgo de padecer enfermedades mentales y los que tienen menos probabilidades de recibir servicios adecuados.

Así, el 71% de todas las personas con psicosis no reciben servicios de salud mental, con una gran disparidad entre naciones. Mientras el 70% de las personas que padecen este trastorno mental en los países de ingresos altos reciben tratamiento, en los países de ingresos bajos sólo reciben atención mental el 12% de las personas.

En el caso de la depresión, las deficiencias en la cobertura son amplias en todos los países: sólo un tercio de las personas en los países de ingresos altos reciben cuidados de salud mental, mientras que el tratamiento mínimamente adecuado para esta enfermedad oscila entre el 23% en las naciones de rentas altas y el 3% en las de bajas y medias bajas.

Los 194 Estados Miembros de la OMS han suscrito el Plan de acción integral de salud mental 2013-2030, por el que se comprometen a alcanzar las metas mundiales para transformar la salud mental.

El estudio insta a todos los países a acelerar la aplicación del Plan de Acción Integral y formula varias recomendaciones de actuación, que se agrupan en tres ‘vías de transformación’.

Los conflictos, la violencia y otras crisis dejaron una cifra sin precedentes de 36,5 millones de niños y niñas desplazados de sus hogares a finales del año pasado, según las estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la cifra más alta registrada desde la Segunda Guerra Mundial.

Este número incluye 13,7 millones de niños refugiados y solicitantes de asilo, y casi 22,8 millones desplazados internamente debido a conflictos y violencia. Sin embargo, no se incluyen los niños desplazados por desastres o perturbaciones climáticas y medioambientales, ni a los nuevos desplazados en 2022.

El desplazamiento de niños se está disparando rápidamente, según la agencia. A lo largo del año pasado, la cifra mundial de menores desplazados aumentó en 2,2 millones.

Además, los niños y las familias también han tenido que abandonar sus hogares debido a fenómenos meteorológicos extremos, señaló UNICEF, como la sequía en el Cuerno de África y el Sahel, y las graves inundaciones en Bangladesh, India y Sudáfrica. En 2021, hubo 7,3 millones de nuevos desplazamientos de niños como consecuencia de los desastres naturales.

La población mundial de refugiados se ha duplicado con creces en la última década, y los niños representan casi la mitad del total. Más de un tercio de los niños desplazados viven en el África subsahariana (3,9 millones o el 36%), una cuarta parte en Europa y Asia Central (2,6 millones o el 25%), y el 13% (1,4 millones) en Oriente Medio y el Norte de África.

Los niños en tránsito, ya sean refugiados, solicitantes de asilo o desplazados internos, pueden enfrentarse a graves peligros para su bienestar y seguridad. Esto es especialmente alarmante en el caso de los cientos de miles de niños no acompañados o separados que corren un mayor riesgo de ser víctimas de la trata, la explotación, la violencia y los abusos. Los niños representan aproximadamente el 28% de las víctimas de la trata en todo el mundo.

UNICEF pide a los gobiernos que adopten seis medidas para lograr la igualdad de derechos y oportunidades para todos los niños refugiados, migrantes y desplazados:

Pese al crecimiento del 6,6% que experimentaron las economías de América Latina el año pasado y las mejoras en los principales indicadores laborales regionales, con un crecimiento del empleo y un descenso de la tasa de ocupación, la recuperación laboral “ha sido lenta, incompleta y desigual”.

Así lo señala un nuevo informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo donde ambos organismos destacan el retraso en la recuperación de los niveles de empleo previos a la pandemia, en comparación con la recuperación de la actividad económica.

El estudio destaca que a fines de 2021 varios de los países de la región habían recuperado su nivel de PIB anterior a la crisis, mientras que los índices de empleo, en muchos casos, aún estaban por debajo. Estos retrasos a nivel ocupacional sugieren la necesidad de reforzar los instrumentos que faciliten la reincorporación de las personas al mercado laboral, señala el documento.

Tras la pronunciada contracción que registró el número de personas ocupadas en la región durante 2020 (8,2%), en 2021 se produjo una importante recuperación de ese indicador, que fue del 6,8% entre el cuarto trimestre del año pasado y el mismo período de 2020.

Pese al considerable aumento laboral a lo largo del año, el número de personas ocupadas en la región solo alcanzó el nivel registrado al cierre de 2019 a partir del cuarto trimestre de 2021

Por otro lado, durante el año pasado se profundizaron las brechas laborales entre hombres y mujeres.

Una de las principales causas que cabe atribuir a esta situación es que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 afectó de manera más significativa el empleo femenino, registrándose un retroceso equivalente a más de 18 años en los niveles de la tasa de participación de las mujeres.

Otro aspecto económico que destaca el informe es el fuerte impacto que la pandemia produjo en la evolución de los salarios. La evolución al alza de la inflación se ha notado con mayor claridad en las personas que perciben salarios mínimos al disminuir su capacidad de compra. Además, la media regional salarial se situó un 6,8% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, quedando más rezagados que la actividad económica y el empleo. Ambos organismos señalan que esta situación podría agravarse en 2022 debido a un mayor aumento de la inflación.

El estudio prevé una desaceleración del nivel de creación de empleo para 2022, aunque prevé que los avances en el proceso de vacunación contra la COVID-19, la disminución de las restricciones a la movilidad y la reapertura de las escuelas impulsarán una recuperación de los niveles de participación laboral, en especial de los femenina.

Sin embargo, también se advierte que el efecto combinado de una mayor participación laboral y de un bajo ritmo de creación de empleos podría provocar un aumento de la tasa de desocupación durante el año.

Ambos organismos concluyeron que, en un contexto en el que todavía hay margen para que el empleo recupere los niveles anteriores a la pandemia, es clave la posibilidad de realizar correcciones de los salarios mínimos que compensen las pérdidas provocadas por el aumento de la inflación.

En ese sentido, la reactivación de los canales de diálogo entre gobiernos, trabajadores y empleadores encaminados a determinar los ajustes de los salarios mínimos posee un gran potencial para conciliar las necesidades de los agentes del mercado laboral.

De este modo, se podrían aplicar aumentos del salario mínimo que compensen el aumento de la inflación, a la vez que se tiene en cuenta su efecto tanto en los costes de producción -especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas – como en la creación y recuperación del empleo.

En el periodo enero-abril de este año, la balanza comercial agroalimentaria del país (agropecuaria y agroindustrial) registró un superávit de tres mil 727 millones de dólares, cifra similar a la registrada en el igual lapso de 2021, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Detalló que las exportaciones sumaron 17 mil 163 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 14.12 por ciento respecto a igual lapso de 2021, mientras que las importaciones totalizaron 13 mil 436 millones de dólares.

De esta forma, dijo, el comercio agroalimentario de México con el mundo alcanzó 30 mil 598 millones de dólares, donde el 56 por ciento fueron ventas del país, las cuales mantienen su tendencia al alza.

En los primeros cuatro meses del año, la balanza agropecuaria y pesquera presentó un saldo positivo de mil 217 millones de dólares, con ventas por siete mil 901 millones de dólares y compras al exterior por seis mil 685 millones de dólares.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), las exportaciones agroindustriales alcanzaron nueve mil 261 millones de dólares y las importaciones seis mil 751 millones de dólares, resultando así un superávit comercial de dos mil 510 millones de dólares en el periodo de referencia.

Al cierre de 2021, la balanza comercial agroalimentaria alcanzó un superávit de siete mil 438 millones de dólares y rompió récord en exportaciones, con un valor de 44 mil 687 millones de dólares, el más alto reportado en 29 años.

Según estimaciones de UNICEF, una cifra sin precedentes de 36,5 millones de niños y niñas estaban desplazados de sus hogares a finales de 2021 debido a los conflictos, la violencia y otras crisis. Se trata de la cifra más alta registrada desde la Segunda Guerra Mundial, e incluye a 13,7 millones de niños y niñas refugiados y solicitantes de asilo† y cerca de 22,8 millones de niños y niñas desplazados internamente a causa del conflicto y la violencia.

El número sin precedentes de niños y niñas desplazados es la consecuencia directa de una serie de crisis en cadena: los conflictos prolongados y de gran magnitud, como el de Afganistán; la frágil situación de países como la República Democrática del Congo o el Yemen y otras crisis relacionadas, agravadas por los efectos del cambio climático. Como sucede con la fragilidad de algunos países, el desplazamiento infantil se está propagando rápidamente. A lo largo del año pasado, la cifra mundial de niños y niñas desplazados aumentó en 2,2 millones.

La población mundial de refugiados se ha duplicado con creces en el último decenio, y casi la mitad del total son niños y niñas. Más de una tercera parte de los niños y niñas desplazados viven en África Subsahariana (3,9 millones o un 36%), una cuarta parte en Europa y Asia Central (2,6 millones o un 25%) y un 13% (1,4 millones) en Oriente Medio y el Norte de África.

Los niños y niñas en tránsito –ya sean refugiados, solicitantes de asilo o desplazados internos– pueden enfrentarse a graves peligros para su bienestar y su seguridad. Esto es especialmente cierto en el caso de los cientos de miles de niños y niñas no acompañados o separados que corren mayor riesgo de caer en la trata, la explotación, la violencia y el abuso. Aproximadamente un 34% de las víctimas de la trata identificadas en todo el mundo son niños y niñas.

UNICEF pide a los Estados Miembros que cumplan su compromiso con los derechos de todos los niños y las niñas en tránsito, como los acuerdos suscritos de conformidad con el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración, y que inviertan más recursos en los datos y las investigaciones que reflejan la escala real de los problemas que afectan a los niños y las niñas refugiados, migrantes y desplazados.

UNICEF insta a los gobiernos a emprender seis acciones con miras a lograr la igualdad de derechos y oportunidades para todos los niños y las niñas refugiados, migrantes y desplazados:

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dieron a conocer un nuevo informe conjunto en el cual señalan que, en un contexto en que las economías de la región crecieron en 2021 un 6,6%, los principales indicadores laborales de la región también registraron mejoras, entre las que se destacan el crecimiento del empleo y de la tasa de participación laboral, y el descenso de la tasa de desocupación. Sin embargo, la recuperación del empleo ha sido lenta, incompleta y desigual.

En el N⁰ 26 de su publicación conjunta Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. Los salarios reales durante la pandemia: evolución y desafíos, ambos organismos de las Naciones Unidas indican que debe destacarse el retraso de la recuperación de los niveles de empleo anteriores a la pandemia en comparación con la recuperación de la actividad económica en los países. A fines de 2021 varios de los países habían recuperado su nivel de PIB anterior a la crisis, mientras que los niveles de empleo, en muchos casos, aún estaban por debajo.

Según el informe, después de la histórica contracción que registró el número de ocupados en la región durante 2020 (8,2%), en 2021 se produjo una importante recuperación de ese indicador, que fue del 6,8% entre el cuarto trimestre del año y el mismo período de 2020. Sin embargo, pese al considerable aumento del empleo a lo largo del año, solo a partir del cuarto trimestre de 2021 el número de ocupados en la región alcanzó el nivel registrado al cierre de 2019.

Por otro lado, las brechas laborales entre hombres y mujeres se han profundizado en 2021. CEPAL y OIT ponen en evidencia que la recuperación de los mercados laborales también ha sido desigual, en perjuicio de las mujeres; si bien se ha registrado una mejora del empleo y de la participación tanto de los hombres como de las mujeres, esta ha sido mayor en el primer caso que en el segundo. La crisis generada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) afectó de manera más significativa el empleo femenino, registrándose un retroceso equivalente a más de 18 años en los niveles de la tasa de participación de las mujeres. La lenta recuperación de las actividades que concentran el empleo femenino y el mayor peso que recae sobre las mujeres en las tareas de cuidado de enfermos, niños y personas mayores, contribuyen a explicar esta marcada diferencia en la dinámica de la tasa global de participación.

En la segunda parte del informe, CEPAL y OIT plantean que la crisis sanitaria producto del COVID-19 ha tenido efectos importantes en la evolución de los salarios en la región. Por un lado, el impacto de la evolución reciente de la inflación se ha observado con mayor claridad en los salarios mínimos reales, cuya capacidad de compra disminuyó en 2021. Por otro lado, también se destaca que los salarios reales promedio de la región en 2021 estuvieron un 6,8% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, más rezagados respecto de esos niveles que la actividad económica y que el empleo. Esto incluso podría agravarse en 2022, un período para el que se prevén aumentos aún mayores de la inflación.

Según el documento, para 2022 se espera una desaceleración del ritmo de creación de empleo, al mismo tiempo que se prevé que los avances en el proceso de vacunación, las menores restricciones a la movilidad y la reapertura de las escuelas impulsarán una recuperación de los niveles de participación, en especial de la femenina. No obstante, la acción conjunta de una mayor participación laboral y un bajo ritmo de creación de empleos podría impulsar un alza de la tasa de desocupación durante el año.

De acuerdo con CEPAL y OIT, en un contexto en que todavía hay margen para la recuperación de la ocupación hasta los niveles prepandemia, es clave la posibilidad de realizar ajustes nominales de los salarios mínimos que compensen las pérdidas provocadas por el aumento de la inflación. En ese sentido, la reactivación de los mecanismos de diálogo entre gobiernos, trabajadores y empleadores para fijar los ajustes de los salarios mínimos tiene un gran potencial a la hora de conciliar las necesidades de los actores laborales. Ello serviría para aplicar los incrementos del salario mínimo que permitan compensar el aumento de la inflación, considerando también su impacto tanto en los costos de producción —sobre todo de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes)— como en la generación y recuperación del empleo.

Los agregados regionales para América Latina y el Caribe se obtienen como suma de los datos dolarizados de los países. Las tasas de crecimiento y deflactores se calculan a partir de los agregados regionales así calculados.

La Organización Mundial de la Salud publica su examen más completo sobre la salud mental en el mundo desde principios de siglo. Este detallado trabajo ofrece un plan maestro a los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de la salud, la sociedad civil y otros interesados que tengan por objeto ayudar al mundo a transformar la salud mental.

En 2019, casi mil millones de personas –entre ellas un 14% de los adolescentes de todo el mundo– estaban afectadas por un trastorno mental. Los suicidios representaban más de una de cada 100 muertes y el 58% de ellos ocurrían antes de los 50 años de edad. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad y son responsables de uno de cada seis años vividos con discapacidad. Las personas con trastornos mentales graves mueren de media de 10 a 20 años antes que la población general, la mayoría de las veces por enfermedades físicas prevenibles. Los abusos sexuales en la infancia y el acoso por intimidación son importantes causas de depresión. Las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, las guerras y las crisis climáticas se encuentran entre las amenazas estructurales para la salud mental presentes en todo el mundo. La depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia.

La estigmatización, la discriminación y la violación de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales están muy extendidas en la sociedad y en los sistemas de atención de todo el mundo; de hecho, en 20 países todavía se penalizan los intentos de suicidio. En todos los países, las personas más pobres y más desfavorecidas de la sociedad son las que mayores riesgos corren de verse afectadas por mala salud mental y también las que menos probabilidades tienen de recibir los servicios adecuados.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, solo un pequeño porcentaje de las personas que la necesitaban tenían acceso a atención de salud mental eficaz, asequible y de calidad. Por ejemplo, el 71% de las personas con psicosis en todo el mundo no reciben servicios de salud mental. Si bien en los países de ingresos altos el 70% de las personas con psicosis reciben tratamiento, en los países de ingresos bajos solo el 12% de las personas con psicosis reciben atención de salud mental. Por lo que respecta a la depresión, las lagunas en la cobertura de los servicios son amplias en todos los países: incluso en los de ingresos altos, solo un tercio de las personas con depresión recibe cuidados de salud mental formales y se estima que el tratamiento contra la depresión mínimamente adecuado oscila desde el 23% en los países de ingresos altos hasta el 3% en los países de ingresos bajos y medianos bajos.

En este completo informe de la OMS se ponen de relieve –a partir de las últimas evidencias disponibles, y presentando ejemplos de buenas prácticas y haciéndose eco de experiencias personales– las razones y los aspectos en los que más necesarios son los cambios y la mejor forma de proceder. Se hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que colaboren entre sí con el fin de profundizar en el valor y el compromiso atribuidos a la salud mental, reorganizar los entornos que influyen en la salud mental y reforzar los sistemas en los que se atiende la salud mental de las personas.

Los 194 Estados Miembros de la OMS han suscrito el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030 (en inglés), por el que se comprometen a lograr las metas mundiales para transformar la salud mental. Los progresos parciales logrados en el último decenio demuestran que el cambio es posible. Con todo, el cambio no es lo bastante rápido, y la salud mental sigue teniendo un historial de necesidad y desatención en el que dos de cada tres dólares del escaso gasto público en salud mental se asignan a hospitales psiquiátricos independientes más que a servicios de salud mental comunitarios, donde las personas reciben mejor atención. Durante decenios la salud mental ha sido uno de los ámbitos de la salud pública más olvidados y recibía una parte ínfima de la atención y los recursos que necesita y merece.

En el informe se insta a todos los países a acelerar la aplicación del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020. Se formulan varias recomendaciones de actuación, que se agrupan en tres ‘vías de transformación’ centradas en cambiar las actitudes frente a la salud mental, dar respuesta a los riesgos para la salud mental y fortalecer los sistemas de atención de la salud mental. Son las siguientes:

A finales de 2021, el número de desplazados por la guerra, la violencia, la persecución y los abusos de los derechos humanos se situaba en 89,3 millones, según el informe anual de Tendencias Globales de la agencia.

Esta cifra supone un incremento del 8% con respecto a 2020 y “más del doble en relación con la cifra de hace diez años”, según los autores del informe, que atribuyen el aumento del año pasado a la escalada de numerosos conflictos “y a la aparición de otros nuevos”.

Según el Banco Mundial, el año pasado se caracterizó por el número de conflictos nuevos que surgieron y la cantidad de conflictos ya existentes que se exacerbaron. 23 países –cuya población, en conjunto, suma 850 millones de personas– experimentaron conflictos de intensidad media y alta.

De los 89,3 millones de desplazados en todo el mundo el año pasado, 27,1 millones eran refugiados: 21,3 millones bajo el mandato del ACNUR y 5,8 millones de palestinos bajo el cuidado de la UNRWA.

Otros 53,2 millones eran desplazados internos, 4,6 millones eran solicitantes de asilo y 4,4 millones eran venezolanos (aunque si se suman los migrantes, ascienden a 6,1 millones).

En 2021, aumentaron los retornos de personas refugiadas y desplazadas internas, volviendo a niveles anteriores al COVID-19; además, la repatriación voluntaria se incrementó un 71%, aunque la cifra sigue siendo modesta.

En la región de las Américas contamos con ejemplos de buenas prácticas. “De todas las personas refugiadas y desplazadas por la fuerza en el mundo, la quinta parte se encuentra en las Américas”. “Los esfuerzos de los países de la región para regularizar, brindar protección e integrar localmente a estas personas son ejemplos de solidaridad que requieren mayor apoyo de la comunidad internacional”.

En 2021, en todo el mundo había 6,1 millones de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo de Venezuela (según información proporcionada por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela).

Con respecto a las solicitudes de asilo, se registraron 1,4 millones de nuevas solicitudes. Tres de los cinco países con más peticiones están en el continente americano: Estados Unidos de América fue el país que recibió el mayor número de solicitudes individuales (188.900); le siguieron Alemania (148.200), México (132.700), Costa Rica (108.500) y Francia (90.200).

Para finales de 2021, había más de 1,1 millones de refugiados y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala en todo el mundo. Las solicitudes de asilo presentadas por personas de Nicaragua en 2021 fueron cinco veces mayores que el año anterior.

El Día del Padre en México se celebra el tercer domingo de junio. Se trata de un reconocimiento a la importancia de esta figura en el ámbito familiar. Su origen se remonta a 1910, en Washington, Estados Unidos de América. En México, la celebración comenzó en 1950 solo en los centros escolares. Después se generalizó.

A propósito de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece a las y los usuarios datos estadísticos que permiten identificar la condición sociodemográfica de los padres de familia. La información refiere a hombres de 15 años y más que se identificaron como padres de al menos una hija o hijo que residía en la misma vivienda.

Monto y estructura por edad

El Censo de Población y Vivienda 2020 estima que en México había 44.9 millones de hombres de 15 años y más. De ellos, 21.2 millones (47 %) se identificaron como padres. La edad promedio fue de 45 años.

Por grupos de edad, 26 % de esta población tiene entre 40 a 49 años, 25 % tiene entre 30 y 39 años, 35 % reportó contar con más de 50 años, 13 % está en el grupo de 20 a 29 años y 1 % de los padres identificados tiene entre 15 y 19 años.

Educación

El nivel de escolaridad que alcanzan los padres no solo puede mejorar el nivel socioeconómico familiar; también influencia de manera positiva el rendimiento escolar de las y los hijos. Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 registraron que, por nivel de escolaridad, 56 % de los padres de familia identificados en la vivienda solo contaba con estudios de educación básica, 21 % tenía estudios de nivel medio superior, 19 % estudios de nivel superior y 4 % indicó no tener escolaridad alguna.

Sólo el seis por ciento de los trabajadores domésticos de todo el mundo tiene acceso a una protección social completa, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Más del 94 por ciento carece de acceso a toda la gama de protecciones que cubren la atención médica, la enfermedad, el desempleo, la vejez, los accidentes de trabajo, la familia, la maternidad, la invalidez y las prestaciones para los supervivientes.

Según el informe Hacer del derecho a la seguridad social una realidad para los trabajadores domésticos: Examen global de las tendencias de política, las estadísticas y las estrategias de extensión [Resumen], aproximadamente la mitad de los trabajadores domésticos no tienen ninguna cobertura legal, y la mitad restante está cubierta legalmente por al menos una prestación.

A pesar de su importante contribución a la sociedad, atendiendo las necesidades más personales y de cuidado de los hogares, la mayoría de los 75,6 millones de domésticos del mundo se enfrentan a múltiples obstáculos para disfrutar de una cobertura legal y un acceso efectivo a la seguridad social, explica el análisis. A menudo están excluidos de la legislación nacional sobre seguridad social.

Dado que el 76,2 por ciento de los trabajadores domésticos (57,7 millones) son mujeres, estas lagunas de protección social dejan a las mujeres en una situación especialmente vulnerable.

El informe también pone de manifiesto importantes diferencias entre regiones. En Europa y Asia Central, el 57,3 por ciento de los trabajadores domésticos están legalmente cubiertos para todas las prestaciones. Un poco más del 10 por ciento tiene ese derecho en las Américas; ninguno o casi ninguno está totalmente cubierto en los Estados Árabes, Asia y el Pacífico y África, regiones que albergan algunos de los mayores países empleadores de trabajadores domésticos.

Según el informe, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las lagunas en la cobertura de la protección social que sufren los trabajadores domésticos. Fueron los más afectados durante la pandemia, y muchos perdieron sus empleos y medios de vida. Muchos de los que conservaron su empleo estuvieron a menudo expuestos a la enfermedad sin el suficiente equipo de protección. Sin embargo, los trabajadores domésticos rara vez podían contar con una protección sanitaria adecuada, prestaciones por enfermedad o desempleo, lo que exponía aún más su vulnerabilidad.

El informe subraya que los retos para garantizar la cobertura de la protección social de los trabajadores domésticos son reales pero no insuperables. Señala una serie de normas internacionales del trabajo que aportan soluciones. Entre ellas se encuentran el Convenio (núm. 189) y la Recomendación (núm. 201) sobre los trabajadores domésticos, de 2011 , así como la Recomendación sobre los pisos de protección social, de 2012 (núm. 202) y el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), de 1952 (núm. 102).

El informe ofrece recomendaciones sobre cómo garantizar que los trabajadores domésticos disfruten de una protección social integral, entre ellas:

Fuente: OIT 16 de junio de 2022

Un nuevo estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura desvela la educación de adultos no llega a quienes más la necesitan.

el estudio muestra que los grupos que más la necesitan entre los adultos, los colectivos desfavorecidos y vulnerables como los estudiantes indígenas, las poblaciones rurales, los migrantes, los ciudadanos de edad avanzada y las personas con discapacidad o los presos- se ven privados precisamente de acceso a las oportunidades de aprendizaje.

Cerca del 60% de los países que dieron sus datos para el informe informaron de que no había mejorado la participación de las personas con discapacidades, los inmigrantes o los presos, mientras que el 24% de las naciones indicó una disminución de la participación de las poblaciones rurales. Del mismo modo, la participación de los adultos mayores también bajó en el 24% de los 159 países encuestados.

El estudio pide un cambio importante en el enfoque sobre el aprendizaje y la educación de adultos por parte de los Estados miembros, respaldado por una inversión adecuada que garantice que todas las personas tengan la oportunidad de beneficiarse del aprendizaje y la educación de adultos.

En el 23% de los 159 países que presentaron datos para el informe, menos del 1% de los jóvenes y los adultos a partir de 15 años participan en programas de educación y aprendizaje. El África subsahariana se sitúa a la cabeza por un amplio margen, ya que el 59% de los países declaran que al menos uno de cada cinco adultos se beneficia del aprendizaje. Esta cifra se reduce a sólo el 16% de los países de América Latina y el Caribe y al 25% de Europa.

La elevada tasa de participación en África puede explicarse en parte por la fuerte demanda de alfabetización de adultos.

La mayoría de los países reportaron avances relacionados con la calidad de los planes de estudio, la evaluación y la profesionalización de los educadores de adultos. Más de dos tercios informaron de progresos en la formación y en el servicio de los educadores de aprendizaje y educación de adultos, así como en las condiciones de empleo, aunque estos progresos varían considerablemente según la región y el grupo de ingresos.

Responder a los desafíos contemporáneos, como el cambio climático y la digitalización, exige ciudadanos informados, formados y comprometidos, activos, que entiendan tanto su calidad humana como sus obligaciones con otras especies y con el planeta.

La educación ciudadana es una herramienta clave en este empeño. En un capítulo temático especial, el informe muestra que cerca de tres cuartas partes de los países están elaborando o aplicando políticas en relación con la educación para la ciudadanía.

Según los datos de la agencia de la ONU, de los 2300 millones de personas que se van a dormir cada noche con hambre o sin la suficiente cantidad de alimentos para desarrollar su vida de manera normal, el 11% se encuentra en América Latina y el Caribe.

sta situación sobreviene después de que, a finales de 2021, la región mostrara signos de recuperación tras el primer impacto del COVID-19, y el número de personas en situación de inseguridad alimentaria severa se había reducido para entonces a 8,3 millones en los países que cubrimos, frente a los 17,2 millones del momento álgido de la pandemia.

Pero según las previsiones del PMA, si no se actúa ahora, es probable que en los próximos meses se eleve a unos 13,3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave en esos 13 países. Inflación de los alimentos entre el 11 y el 26%.

Para el Programa Mundial de Alimentos, la principal preocupación es el hecho de que millones de personas no pueden acceder a una cesta de alimentos adecuada. Por ejemplo, sólo en los últimos meses, el coste de una tonelada métrica (de productos alimentarios) ha aumentado un 54% en la región.

La canasta básica de alimentos es ahora considerablemente más cara, dejando a muchos sin poder asegurar su ingesta diaria. La inflación de los alimentos en la región oscila ahora entre el 11% y un asombroso 26,6% en algunos países, como es el caso de Haití.

Muchos de los países en los que trabaja el Programa en América Latina tienen una proporción de importación de cereales superior al 50%, lo que significa que producen menos cereales de los que importan.

A medida que los costes del combustible a nivel mundial siguen aumentando, el impacto en toda la región es evidente, señala Lola Castro, que indica que, por ejemplo, el precio del transporte de una tonelada de alimentos se ha multiplicado por siete en los últimos dos años. Esto está afectando especialmente a los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe. Como resultado de esta situación, las operaciones del Programa Mundial de Alimentos son ahora un 30% más caras.

Según la ONU, de las 69 economías con grave exposición a las crisis alimentarias, energéticas y financieras, 19 se encuentran en la región de América Latina y el Caribe.

Las encuestas llevadas a cabo por el PMA en los países en los que tiene presencia muestran que, en promedio, el 15% de las personas en la región expresaron su deseo de migrar, un aumento del 4% desde el año pasado. En el caso de Centroamérica, esa cifra es mucho mayor, un 43%.

En el primer cuatrimestre de 2022, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 1,282 MDD.

El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es negativo; tiene un déficit de 1,856 MDD.

Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (1,217 MDD) contribuye de manera positiva al superávit de la No Petrolera.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-abril 2022.

Balanza Agropecuaria y Agroindustrial: superávit de 3,727 MDD

Balanza de bienes agrícolas:

En el primer cuatrimestre de 2022, el superávit fue de 1,541 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 27.0% mayores a las importaciones. El saldo disminuyó 17.1% (317 MDD), en relación al mismo periodo de 2021, debido a que las importaciones aumentaron en mayor medida 17.2% (841 MDD), en comparación con el incremento que tuvieron las exportaciones que fue de 7.8% (524 MDD).

Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son: aguacate (1,262 MDD); jitomate (827 MDD); pimento (613 MDD); fresa (538 MDD); cítricos (373 MDD); pepino (275 MDD); coles (265 MDD); almendras, nueces y pistaches (200 MDD); café sin tostar (198 MDD); melón, sandía y papaya (184 MDD); cebolla (159 MDD); guayaba, mango y mangostanes (141 MDD); algodón (120 MDD), lechugas, achicorias escarola, endibia (107 MDD), plátano (84 MDD); trigo duro (71 MDD), maíz (60 MDD) y garbanzo (46 MDD).

Balanza de bienes agroindustriales:

Al mes de abril de 2022, se registra un superávit de 2,510 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 37.2% mayores a las importaciones. El saldo se incrementó 26.2% (521 MDD), respecto de 2021, resultado del aumento en mayor medida de las exportaciones en 1,604 MDD (21.0%), en comparación con las importaciones 1,084 MDD, esto es, 19.1 por ciento.

Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: cerveza (1,902 MDD), tequila y mezcal (1,297 MDD), productos de panadería (705 MDD), azúcar (493 MDD), carne de bovino, fresca o refrigerada (385 MDD), artículos de confitería sin cacao (341 MDD), carne de porcino (285 MDD), frutas en conserva (249 MDD), hortalizas cocidas en agua o vapor (211 MDD), jugo de naranja congelado (187 MDD), chocolate y otros preparados de alimentos con cacao (184 MDD), extracto de malta (164 MDD), salsas, sazonadores y condimentos (164 MDD), fresa y frambuesa congelada (155 MDD); carne de bovino congelada (126 MDD), jugos sin fermentar, excluyendo el de naranja congelado (116 MDD), productos de cereal tostado inflado (109 MDD), preparaciones de café, té o yerba mate (72 MDD), lactosa, glucosa y fructosa (70 MDD) y hortalizas preparadas en vinagre (70 MDD).

Balanza de bienes pesqueros:

En los primeros cuatro meses de 2022, se registra un superávit de 14 MDD, debido a que lo exportado es 4.3% mayor respecto de lo importado. Las compras al exterior aumentaron en mayor medida en 22.7% (60 MDD), mientras que las ventas en 13.3% (40 MDD), en comparación con 2021.

Las mayores ventas fueron de: camarón congelado (136 MDD); pescado fresco o refrigerado, excepto filete (70 MDD); pescado congelado, excepto filete (34 MDD), moluscos (31 MDD), filetes de pescado (30 MDD) y crustáceos, excepto camarón congelado (29 MDD).

Balanza de bienes ganaderos y apícolas:

Para el primer cuatrimestre de 2022, el déficit fue de 337.7 MDD, esto es, 185.9 millones de dólares mayor que el saldo negativo reportado al mismo periodo de 2021 (151.8 MDD). El comercio total se incrementó 98 millones 471 mil dólares (11.5%), al pasar de 854 millones dólares en 2021 a 953 millones de dólares en 2022. El déficit de la balanza se explica porque las importaciones fueron 109.9% mayores a las exportaciones. Las compras al exterior se incrementaron en 142 MDD (28.3%) frente a las de 2021; mientras que las ventas al mercado externo disminuyeron en 44 MDD (12.5%).

Las mayores ventas al exterior fueron de: ganado bovino en pie (209 MDD), miel natural de abeja (34 MDD), mantequilla (13 MDD), quesos y requesón (10 MDD), leche de bovino (4 MDD) y huevos de ave con y sin cascarón (711 mil dólares).

Fuente: SIAP 14 de junio de 2022

En el primer trimestre de 2022, el producto interior bruto (PIB) del área del G20 aumentó un 0,7% intertrimestral según estimaciones provisionales, por debajo del 1,3% de avance registrado en el cuarto trimestre de 2021.

La desaceleración en el área del G20 en el 1T 2022 refleja principalmente un desempeño más débil en los Estados Unidos , donde el PIB se contrajo un 0,4% intertrimestral después de aumentar un 1,7% en el 4T 2021. Esto se debió principalmente a cambios en el comercio neto (exportaciones menos importaciones) y disminuciones en la inversión en inventario (reducción de existencias) y en el gasto público en asistencia COVID-19.

En Australia e Indonesia , el crecimiento se desaceleró en más de 2 puntos porcentuales entre el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022. El crecimiento se desaceleró en menor medida en Canadá, China, India, Italia, Corea, Turquía y el Reino Unido en el primer trimestre de 2022, mientras que en Francia y Japón hubo contracciones del PIB de 0,2% y 0,1% respectivamente.

A pesar de la tendencia del área del G20 en su conjunto, Brasil , Alemania , México, Arabia Saudita, Sudáfrica y la Unión Europea en su conjunto registraron un crecimiento más fuerte en el primer trimestre de 2022 que en el cuarto trimestre de 2021. El crecimiento en Arabia Saudita (2,6%) fue el más alta entre las economías del G20, impulsada por un marcado aumento en las actividades petroleras.

En el área de la OCDE , que comprende 38 países, incluidos una docena de países del G20, el crecimiento del PIB ahora se estima en un 0,3 % en el primer trimestre de 2022. Esta cifra se ha revisado desde el 0,1 % de crecimiento estimado hace tres semanas 2 según las publicaciones preliminares del PIB de los países. Desde entonces, entre los países del G7 , el crecimiento intertrimestral del PIB en el primer trimestre de 2022 se ha revisado al alza en Italia y Japón y a la baja en Canadá y Francia . Además, Irlanda ha publicado su estimación de crecimiento del PIB del primer trimestre de 2022, que ha añadido casi 0,1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB del área de la OCDE.

El Reino Unido y Sudáfrica superaron su nivel de PIB anterior a la pandemia (4T 2019) por primera vez en el 1T 2022, en un 0,7% y 0,5% respectivamente, mientras que Italia alcanzó su nivel de PIB anterior a la pandemia (4T 2019) para el primera vez. Entre las economías del G20, el PIB de Alemania , Japón y México se mantuvo por debajo de los niveles previos a la pandemia (en un 0,9 %, 0,6 % y 2,1 % respectivamente) en el primer trimestre de 2022.

Fuente: OECD 14 de junio de 2022

Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras que les impiden participar en el mercado laboral y recibir formación, según las últimas estadísticas publicadas en la nueva base de datos de la Organización Internacional del Trabajo sobre su situación en el mercado laboral.

En los 60 países en los que el organismo dispone de datos, la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad no sólo era superior a la de las mujeres sin discapacidad, sino también a la de los hombres con y sin discapacidad.

Entre las personas que buscan trabajo, la tasa media de paro se sitúa en el 7,6%, frente al 6 % de las personas sin discapacidad y cualquier periodo de desempleo, pero especialmente uno prolongado, tiene un impacto significativo en los resultados futuros del mercado laboral.

Dado que los trabajadores informales carecen de cobertura laboral o de seguridad social, las personas con discapacidad que tienen empleos informales se encuentran en una situación aún más vulnerable.

Sin embargo, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de trabajar por cuenta propia que las que no las tienen, es decir, como trabajadores autónomos o como trabajadores domésticos. En muchos países, esta situación responde a las escasas oportunidades que tienen de encontrar un trabajo remunerado.

En la mayoría de los países de los que se dispone de datos, las personas con discapacidad ganan menos al mes que las que no la tienen, una situación que repercute directamente en su poder adquisitivo y en su nivel de vida.

La Organización también indica que estas barreras laborales aparecen a una edad temprana. Los jóvenes de entre 15 y 29 años con discapacidad tienen hasta cinco veces más probabilidades de estar fuera del sistema educativo y de no trabajar o formarse que sus compañeros sin discapacidad.

La tasa de personas con discapacidad empleadas disminuyó entre 2019 y 2020 en 11 de los 12 países de los que se dispone de datos. Una posible razón de este deterioro es que las mayores pérdidas de empleo se produjeron en los sectores del comercio minorista y la hostelería, donde suelen trabajar muchas personas con discapacidad.

A pesar de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace ya más de una década, a estas personas se les niega con frecuencia su derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás.

Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras de actitud, físicas y de información que les impiden participar en el mercado laboral, y no disfrutan del mismo nivel de acceso a las oportunidades de empleo que las personas sin discapacidad.

En comparación con las personas sin discapacidad, experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y corren un mayor riesgo de encontrarse en una situación de empleo vulnerable, concretamente en trabajos que les expone a un mayor riesgo de caer en la pobreza.

el crecimiento puede perder impulso en el área de la OCDE en su conjunto durante los próximos seis a nueve meses, según los últimos indicadores principales compuestos (CLI) de la OCDE.

Los indicadores adelantados más recientes, cuyo objetivo es anticipar las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica, respaldan la visión presentada en el último Perspectiva económica de la OCDE , que revisó a la baja las previsiones de crecimiento mundial debido al impacto de la guerra en Ucrania y las continuas interrupciones de la cadena de suministro.

Los CLI se encuentran ahora en los niveles de tendencia a largo plazo o por debajo de ellos en la mayoría de las principales economías de la OCDE . Empujados por la alta inflación y la muy baja confianza de los consumidores , los CLI apuntan a una pérdida de impulso de crecimiento en la zona del euro en su conjunto, incluidos Alemania, Francia e Italia, y también en el Reino Unido y Canadá. En contraste, los CLI continúan apuntando a un crecimiento estable en los Estados Unidos y Japón.

Entre las principales economías emergentes, los CLI ahora apuntan a un crecimiento que pierde impulso en China (para el sector industrial) y una desaceleración del crecimiento en Brasil, pero un crecimiento estable en India.

Las incertidumbres en curso relacionadas con la guerra y el COVID-19 están provocando fluctuaciones más altas de lo habitual en los componentes del CLI. Como resultado, los indicadores deben interpretarse con cuidado y su magnitud debe considerarse como una indicación de la fuerza de la señal más que como una medida del crecimiento de la actividad económica. Los CLI tienen como objetivo anticipar las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica durante los próximos seis a nueve meses en función de una variedad de indicadores prospectivos, como libros de pedidos, indicadores de confianza, permisos de construcción, tasas de interés a largo plazo, registros de automóviles nuevos y muchos más. . La mayoría de los indicadores están disponibles hasta mayo de 2022.

Fuente: OECD 13 de junio de 2022