El Instituto Guttmacher, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana de las Naciones Unidas publican las primeras estimaciones basadas en modelos de las tasas de embarazos imprevistos y de abortos en 150 países, que ponen de manifiesto las grandes disparidades en el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva.

El estudio, que aparece en la revista BMJ Global Health, analiza estas tasas ente 2015 a 2019 con el fin de proporcionar información más detallada sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en países de todo el mundo, independientemente de su nivel de ingresos.

Junto con las estimaciones, el Instituto Guttmacher ha publicado perfiles más detallados de los países para que los responsables políticos y las personas que promueven la salud puedan conocer mejor las necesidades de salud sexual y reproductiva de sus países y actuar en consecuencia, en particular en lo que respecta a la planificación familiar, incluidas la anticoncepción y la atención integral para el aborto.

Las nuevas estimaciones indican que las tasas de embarazos imprevistos y de abortos varían considerablemente de un país a otro, incluso dentro de la misma región o zona geográfica. Las mayores variaciones se observaron en América Latina y en el África subsahariana, donde, por ejemplo, las tasas de embarazos imprevistos en los países oscilaron entre 41 y 107 y entre 49 y 145 por cada 1000 mujeres, respectivamente.

Estas disparidades no se deben únicamente al nivel de ingresos; en Europa, por ejemplo, la mayoría de los países con tasas de embarazos imprevistos superiores a la media regional están clasificados como de ingresos altos, mientras que los dos países con las estimaciones más bajas son de ingresos medios. Estos datos demuestran que, con independencia del nivel de recursos, se encuentran obstáculos para acceder a una atención sanitaria sexual y reproductiva eficaz y para gozar de ella.

Aunque las estimaciones contribuyen enormemente a mejorar la calidad de las pruebas disponibles, sigue habiendo una necesidad urgente de aumentar la cantidad y la calidad de los datos. La disponibilidad de datos fiables sobre el aborto varía considerablemente en función de la región, desde el 12% de los países en Asia occidental y África septentrional hasta el 73% en Europa y Norteamérica. Si se invirtiera más en recoger datos específicos de cada país se podrían elaborar estimaciones con mayor certeza, controlar las tendencias y, tal vez, evaluar el impacto de los programas a gran escala en el futuro.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos son un elemento esencial de la cobertura sanitaria universal y se necesitan para poner fin a la discriminación de mujeres y niñas. Estas estimaciones a nivel de los países ponen de manifiesto la importancia de invertir equitativamente en la atención integral a la salud sexual y reproductiva y servirán de fundamento para que los países apliquen las nuevas directrices de la OMS sobre los servicios de atención para el aborto de calidad.

En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS pide urgentemente inversiones, ayudas, atención e información para luchar contra esta enfermedad. Aunque se ha salvado la vida a 66 millones de personas desde 2000, la pandemia de COVID-19 ha revertido estos logros y, por primera vez en más de una década, en 2020 aumentó la mortalidad por tuberculosis. Además, los conflictos que azotan Europa oriental, África y Oriente Medio han agravado la situación que viven los grupos poblacionales vulnerables.

La inversión mundial en prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en 2020 no llegó ni a la mitad de la meta mundial prevista para 2022, que asciende a US$ 13 000 millones anuales. Además, se necesita destinar US$ 1100 millones más a la investigación y el desarrollo. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, ha señalado: «Se ha de invertir urgentemente para mejorar y ampliar el acceso a los servicios y herramientas más innovadores a fin de prevenir, detectar y tratar la tuberculosis y, de ese modo, salvar la vida a millones de personas cada año, reducir las desigualdades y evitar enormes pérdidas económicas. Estas inversiones resultan muy rentables para los países y los donantes porque aumentan la productividad y reducen el gasto sanitario».

En estos momentos, debido principalmente a la falta de financiación, es posible que no se alcancen las metas previstas para 2022 en la declaración política de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas y la iniciativa emblemática FIND.TREAT.ALL del Director General de la OMS. Entre 2018 y 2020 se trató contra la tuberculosis a 20 millones de personas, una cifra que llega solo a la mitad de los 40 millones previstos en la meta fijada para el periodo comprendido entre 2018 y 2022. Durante ese mismo periodo se administraron tratamientos profilácticos contra la enfermedad a 8,7 millones de personas, es decir, solamente el 29% de los 30 millones previstos.

La situación es incluso peor para los niños y adolescentes que padecen la enfermedad. De acuerdo con las estimaciones correspondientes a 2020, un 63% de los niños y los adolescentes menores de 15 años con tuberculosis no recibieron tratamiento o no consta que se les hayan brindado los servicios de diagnóstico y tratamiento antituberculosos que les pueden salvar la vida. Es más, esta proporción fue incluso superior (del 72%) para los niños menores de 5 años; es decir, casi dos tercios de los niños de estas edades que cumplían los requisitos para recibir tratamientos profilácticos no han sido tratados y, como consecuencia de ello, corren riesgo de contraer la enfermedad.

Por otro lado, la COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a los niños y adolescentes con tuberculosis o que corren riesgo de contraerla, debido a que ha aumentado la transmisión en sus hogares y han tenido menos ocasiones para acudir a un centro de salud. En el Día Mundial de la Tuberculosis, La OMS pide a los países que restablezcan con urgencia el acceso a los servicios de atención a la tuberculosis para todas las personas que los necesitan y, sobre todo, para los niños y adolescentes, tras las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19.

Las directrices actualizadas que publica la OMS incluyen nuevas recomendaciones sobre el diagnóstico, la prevención y el tratamiento centrados en el paciente:

La tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas. Cada día, se lleva la vida de más de 4100 personas y cerca de 30 000 contraen esta enfermedad que se puede prevenir y curar. Para erradicar la tuberculosis, todos los sectores deben actuar de forma concertada. En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS pide que todos —individuos, comunidades, sociedades, donantes y gobiernos— pongan de su parte para lograrlo.

La pandemia del COVID-19 ha revertido los logros alcanzados en la lucha contra la tuberculosis. Después de salvar la vida de 66 millones de personas desde el año 2000, y, por primera vez en más de una década, el año 2020 aumentó la mortalidad asociada a la enfermedad.

Las cifras que presenta la agencia sanitaria de la ONU hablan por sí solas. La inversión mundial en prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en 2020 no llegó ni a la mitad de la meta mundial prevista para 2022, que asciende a 13.000 millones de dólares anuales. Además de ese monto, se necesita destinar otros 1100 millones a la investigación y el desarrollo.

Según la información con la que cuenta la Organización, las inversiones en programas contra la tuberculosis demostraron ser beneficiosas no sólo para las personas que sufren la enfermedad, sino también para los sistemas de salud y la preparación para las pandemias.

Los tratamientos contra la tuberculosis entre 2018 y 2020 alcanzaron a 20 millones de personas, una cifra que solo cubre la mitad de los 40 millones previstos en la meta fijada para el periodo comprendido entre 2018 y 2022.

Durante este último lapso se administraron tratamientos profilácticos contra la enfermedad a 8,7 millones de personas, es decir, solamente al 29% de los 30 millones previstos.

La Organización estima que en 2020 un 63% de los niños y los adolescentes menores de 15 años con tuberculosis no recibieron tratamiento o no consta que se les hayan brindado los servicios de diagnóstico y tratamiento contra la enfermedad.

El porcentaje fue aún más elevado, un 72%, para los niños menores de 5 años. Casi dos tercios de los niños de esa edad que cumplían los requisitos adecuados no recibieron tratamiento preventivo contra la tuberculosis y, a consecuencia de ello, corren el riesgo de enfermar.

La tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas. Más de 4100 personas pierden a diario la vida y cerca de 30000 contraen esta enfermedad que se puede prevenir y curar.

Pautas actualizadas para atender los niños y adolescentes con tuberculosis:

El 24 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis para concienciar a la población sobre las terribles consecuencias sociales, económicas y para la salud de la tuberculosis y acelerar los esfuerzos por poner fin a la epidemia mundial de la enfermedad. En esta fecha se conmemora el día de 1882 en que el Dr. Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria que provoca la tuberculosis, lo que posibilitó diagnosticar y curar la enfermedad.

La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales del mundo. Cada día mueren más de 4100 personas de tuberculosis y cerca de 28 000 personas contraen la enfermedad, pese a que puede prevenirse y curarse. Se calcula que gracias a los esfuerzos mundiales contra la tuberculosis 66 millones de personas han salvado la vida desde el año 2000. Con todo, la pandemia de COVID-19 ha revertido años de progresos contra la enfermedad. Por primera vez en más de diez años, en 2020 aumentaron las muertes por tuberculosis.

El lema del Día Mundial de la Tuberculosis 2022 – Invirtamos para poner fin a la tuberculosis. Salvemos vidas – transmite la urgencia de invertir recursos para intensificar la lucha contra la tuberculosis y cumplir los compromisos de los dirigentes mundiales de poner fin a la enfermedad. Ello es especialmente crucial en el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha frenado los avances hacia ese objetivo, y para garantizar un acceso equitativo a prevención y atención, en consonancia con el empuje de la OMS para lograr la cobertura sanitaria universal.

Con más inversiones se salvarán más millones de vidas y se acelerará el fin de la epidemia de tuberculosis.

El maltrato de mujeres, niñas o adolescentes embarazadas, así como de sus recién nacidos, es un problema generalizado en todo el mundo, independientemente del estado de los sistemas de salud, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los datos recopilados en los sistemas de atención de maternidad de países desde muy ricos hasta muy pobres indican que una gran cantidad de mujeres se enfrenta a malos tratos durante el parto.

El suplemento señala que el maltrato a los padres y recién nacidos se ha “normalizado” en la cultura hospitalaria y se exacerba por la falta de conocimiento de los pacientes sobre sus derechos, la discriminación de género y la falta de empatía clínica y perspectiva humana.

Hay muchos casos de abuso físico y verbal, humillación, negligencia y abandono del cuidado de mujeres de algunos segmentos de la sociedad, incluidos algunos grupos raciales, étnicos y religiosos, migrantes, adolescentes y mujeres con discapacidad.

Según la OMS, el maltrato puede socavar la confianza en las instalaciones médicas llevándolas a no buscar atención antes, durante y después del parto, con consecuencias funestas para la salud y el bienestar de las mujeres y sus bebés, que en los casos más graves pueden producir la muerte.

Entre las principales violaciones de los derechos humanos, las normas de atención y la humanidad básica para las personas en edad fértil y los recién nacidos, sobre todo en el momento del alumbramiento, la agencia de la ONU destaca las siguientes:

Estos abusos, sutiles o manifiestos, intencionales o no, han dado lugar recientemente a un movimiento global que va en ascenso y que reconoce la urgencia de poner fin al flagelo mediante la calidad de la atención y la educación en temas de salud, derechos humanos y defensa de los derechos civiles.

El artículo de la OMS subraya la evidencia de un estudio multinacional sobre el impacto positivo de los acompañantes en el parto, la necesidad de mayores medidas de privacidad y mejores formas de medir las experiencias, y la satisfacción que tienen las mujeres al dar a luz en centros de salud que las tratan bien.

El análisis sobre el acompañamiento durante el trabajo de parto mostró que las mujeres sin acompañante son más propensas a denunciar abuso físico, procedimientos médicos no consentidos y mala comunicación en comparación con las mujeres con acompañante durante el parto.

El apartado sobre el examen vaginal y el maltrato durante el parto reveló la importancia de una buena comunicación y procesos claros de consentimiento durante el parto. Además, encontró que una solución sencilla y práctica como contar con cortinas de separación, reduce la exposición de las mujeres y aumenta la privacidad.

Un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revela que las juventudes afrodescendientes de la región enfrentan mayores desigualdades socioeconómicas e inequidades estructurales, basadas en sistemas de opresión como el racismo, el sexismo, el adultocentrismo, la heteronormatividad y el perfilamiento racial.

El documento Las juventudes afrodescendientes en América Latina y la matriz de la desigualdad social: Derechos, desigualdades y políticas ofrece un diagnóstico actualizado de la situación de las juventudes afrodescendientes en la región y evidencia la necesidad de impulsar políticas y programas que fortalezcan liderazgos de personas jóvenes y organizaciones juveniles afrodescendientes. Su rol debe ser protagónico en la construcción de propuestas y acciones vinculadas a su entorno y realidad.

El estudio refleja que los casi 38 millones de jóvenes afrodescendientes en la región continúan enfrentando grandes retos vinculados a la pobreza, la desigualdad, la exclusión y el racismo y la discriminación. Una realidad que repercute directamente en su educación, salud y oportunidades de empleo y que se vio agudizada por la pandemia de COVID-19.

Durante el encuentro se dio a conocer una Declaración del Comité Asesor de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, donde se subraya que “hoy más que ayer se requiere incluir las voces de las juventudes afrodescendientes en todos los procesos del desarrollo sostenible, debido a que hemos sido las más afectadas en la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Resulta imperativo el resurgimiento y la recuperación de nuestra comunidad, a través de la configuración de espacios que permitan que seamos escuchados y escuchadas”.

Según la investigación, actualmente en América Latina existen 134 millones de personas que se autoidentifican a partir de categorías relacionadas con la afrodescendencia o el color de la piel, lo que representa el 20,9% de la población total de esta región. Con respecto al total de la población joven afrodescendiente de 14 países con información censal de la década del 2010, se observa que esta superaba los 30 millones de personas de 15 a 29 años, representando un 28% sobre el total de la población afrodescendiente. Las estimaciones sugieren que habría unos 37,5 millones en el 2020. Sin embargo, se enfatiza en la importancia y necesidad de disponer de información no solo censal sino también sobre las tendencias de las variables demográficas (fecundidad, mortalidad y migración).

El informe aborda temas como educación, trabajo, acceso a salud sexual y reproductiva, discapacidad, violencias, vivienda y acceso a servicios de infraestructura y muestran que se viven situaciones de muchas vulnerabilidades cuando se comparan a las juventudes no afrodescendientes.

Al menos dos terceras partes de los hogares con niños han sufrido una pérdida de ingresos desde que la pandemia de la COVID-19 sacudió el mundo hace dos años, según un nuevo informe publicado por UNICEF y el Banco Mundial.

El informe, denominado Impact of COVID-19 on the welfare of households with children (Repercusiones de la COVID-19 sobre el bienestar de los hogares con niños) presenta las conclusiones de los datos recopilados en 35 países y señala que los hogares con tres o más hijos son los que más probabilidades tienen de haber perdido ingresos, ya que más de tres cuartas partes de estos hogares han sufrido una reducción de sus ingresos, en comparación con el 68% de los hogares con uno o dos hijos.

El informe también señala que las pérdidas de ingresos han obligado a los adultos de uno de cada cuatro hogares con niños a dejar de comer durante un día o más. Los adultos de casi la mitad de los hogares con niños declaran haberse saltado una comida por falta de dinero. Alrededor de una cuarta parte de los adultos de los hogares con o sin niños declararon que se habían quedado sin trabajo desde que se inició la pandemia, según el informe.

El informe concluye que los niños se ven privados de las necesidades más básicas, ya que los que pertenecen al 40% de los hogares no realizan ningún tipo de actividad educativa mientras sus escuelas están cerradas. Dado que los datos se recopilan a nivel de hogar, es probable que la tasa de participación real a nivel individual sea aún más baja, especialmente para los niños que provienen de hogares con tres o más hijos.

Aunque los hogares con tres o más hijos fueron los que más sufrieron la pérdida de ingresos, también fueron los que más ayuda recibieron de los gobiernos, ya que el 25% recibió este tipo de asistencia, en comparación con el 10% de los hogares sin hijos. El informe señala que esta ayuda contribuyó a mitigar el impacto adverso de la crisis en los hogares que la recibieron.

El informe señala que antes de la COVID-19, uno de cada seis niños en todo el mundo –356 millones– vivía en la pobreza extrema, ya que los miembros de sus hogares trataban de sobrevivir con menos de 1,90 dólares al día. Más del 40% de los niños vivían en una situación de pobreza moderada. Y casi 1.000 millones de niños vivían en la pobreza multidimensional en los países en desarrollo, una cifra que desde entonces ha aumentado en un 10% como resultado de la pandemia.

UNICEF y el Banco Mundial exhortan a las autoridades a que impulsen una ampliación rápida de los sistemas de protección social para los niños y sus familias. El apoyo, que incluiría la entrega de transferencias en efectivo y la universalización de las prestaciones para los niños, son inversiones fundamentales que pueden ayudar a sacar a las familias de las dificultades económicas y ayudarlas a prepararse para futuras crisis. Desde el comienzo de la pandemia, más de 200 países o territorios han introducido miles de medidas de protección social, y el Banco Mundial ha financiado la aplicación de dichas medidas con unos 12.500 millones de dólares, una ayuda que ha llegado a casi 1.000 millones de personas en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica nuevas directrices sobre la atención del aborto, cuya finalidad es proteger la salud de las mujeres y las niñas y ayudar a prevenir los más de 25 millones de abortos no seguros que se producen actualmente cada año.

Basadas en las últimas evidencias científicas, estas directrices unificadas contienen más de 50 recomendaciones que abarcan la práctica clínica, la prestación de servicios de salud y las intervenciones legales y normativas con miras a apoyar la atención de calidad del aborto.

Cuando el aborto se realiza con un método recomendado por la OMS, adecuado a la duración del embarazo y asistido por alguien con la información o las cualificaciones necesarias, es un procedimiento sencillo y extremadamente seguro.

Sin embargo, trágicamente, solo alrededor de la mitad de los abortos se realizan en esas condiciones, y los abortos no seguros causan alrededor de 39 000 muertes al año y hacen que millones de mujeres más sean hospitalizadas por complicaciones. La mayor parte de estas muertes se concentran en los países de ingreso bajo —más del 60% en África y el 30% en Asia— y entre quienes viven en las situaciones más vulnerables.

La directriz incluye recomendaciones sobre muchas intervenciones sencillas a nivel de atención primaria que mejoran la calidad de la atención del aborto prestada a mujeres y niñas. Entre ellas se encuentran la compartición de tareas por parte de un mayor número de trabajadores de la salud; garantizar el acceso a las píldoras abortivas con fines médicos, lo que significa que un mayor número de mujeres puede obtener servicios de aborto seguro; y asegurarse de que todas las mujeres y niñas puedan acceder a la información precisa sobre la atención que necesiten.

Por primera vez, las directrices incluyen también recomendaciones sobre el uso, cuando proceda, de la telemedicina, que ayudó a facilitar el acceso a los servicios de aborto y planificación familiar durante la pandemia de COVID-19.

Además de las recomendaciones clínicas y de prestación de servicios, en las directrices se recomienda eliminar los obstáculos normativos innecesarios desde el punto de vista médico para el aborto seguro, como la penalización, los tiempos de espera obligatorios, el requisito de que otras personas (por ejemplo, la pareja o familiares) o instituciones den su aprobación, y los límites sobre el momento del embarazo en que se puede realizar un aborto. Estas barreras pueden provocar retrasos críticos en el acceso al tratamiento y exponen a las mujeres y las niñas a un mayor riesgo de aborto no seguro, estigmatización y complicaciones de salud, al tiempo que aumentan las interrupciones en su educación y su capacidad para trabajar.

Aunque la mayoría de los países permiten el aborto en determinadas circunstancias, unos 20 países no ofrecen ningún motivo legal para abortar. Más de 3 de cada 4 países tienen sanciones legales para el aborto, que pueden incluir largas penas de prisión o fuertes multas para las personas que se someten al procedimiento o prestan asistencia en él.

Los datos demuestran que restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos. De hecho, es más probable que las restricciones empujen a las mujeres y niñas hacia procedimientos no seguros. En los países donde el aborto está más restringido, solo 1 de cada 4 abortos es seguro, en comparación con casi 9 de cada 10 en los países donde el procedimiento es ampliamente legal.

Tras la publicación de las directrices, la OMS apoyará a los países interesados para que apliquen estas nuevas directrices y fortalezcan las políticas y programas nacionales relacionados con la anticoncepción, la planificación familiar y los servicios de aborto, ayudándolos a proporcionar el más alto nivel de atención a las mujeres y las niñas.

Las persistentes y significativas brechas en los servicios y medidas de cuidado han dejado a cientos de millones de trabajadores con responsabilidades familiares sin la protección y el apoyo adecuados, y sin embargo, satisfacer estas necesidades podría crear casi 300 millones de empleos para 2035, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El informe, Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo , concluye que tres de cada diez mujeres en edad reproductiva, es decir, 649 millones de mujeres, tienen una protección inadecuada de la maternidad que no cumple con los requisitos clave del Convenio sobre la protección de la maternidad de la OIT, 2000 (núm. 183).

El Convenio exige un permiso de maternidad de 14 semanas como mínimo, con al menos dos tercios de los ingresos anteriores, financiado por la seguridad social o por fondos públicos. Ochenta y dos de los 185 países encuestados para el informe no cumplen estas normas, aunque “el permiso de maternidad remunerado o la protección de la maternidad es un derecho humano y laboral universal”, dice el estudio. Al ritmo actual de las reformas, se necesitarán al menos 46 años para alcanzar los derechos mínimos de licencia de maternidad en los países analizados, lo que significa que no se cumplirá la meta correspondiente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 .

El informe Los cuidados en el trabajo ofrece una visión global de las leyes, políticas y prácticas nacionales en materia de cuidados, incluyendo la maternidad, la paternidad, los cuidados parentales, los cuidados infantiles y los cuidados de larga duración. Destaca cómo algunos trabajadores quedan fuera del ámbito de estas protecciones legales. Entre ellos se encuentran los autónomos, los trabajadores de la economía informal, los inmigrantes y los padres adoptivos y LGBTQI+. También se analizan los argumentos a favor de una mayor inversión en cuidados y su posible impacto.

Sólo en 40 de los países encuestados las mujeres embarazadas o lactantes tienen derecho a ser protegidas contra el trabajo peligroso o insalubre, de acuerdo con las normas de la OIT. Sólo 53 países ofrecen el derecho a tiempo libre remunerado para exámenes médicos prenatales. En muchos países también faltaba tiempo libre, seguridad en los ingresos e instalaciones adecuadas para la lactancia.

El informe considera que hay “un fuerte argumento de inversión” para crear un paquete transformador de políticas de cuidados, basado en el acceso universal, que crearía una vía innovadora para construir un mundo laboral mejor y más igualitario desde el punto de vista del género. Según el informe, la inversión en la igualdad de género en los permisos, la atención infantil universal y los servicios de cuidados de larga duración podría generar hasta 299 millones de puestos de trabajo de aquí a 2035. Cerrar estas brechas políticas requeriría una inversión anual de 5,4 billones de dólares (equivalente al 4,2% del PIB total anual) para 2035, parte de la cual podría compensarse con un aumento de los ingresos fiscales por los ingresos y el empleo adicionales.

Fuente: OIT 07 de marzo de 2022

Cuando el número de personas obesas alrededor del mundo ya supera los mil millones y con esa cifra en aumento, la Organización Mundial de la Salud pidió a todos los países que se esfuercen en revertir esta crisis.

El organismo de las Naciones Unidas explicó que una buena nutrición durante el embarazo, seguida de una lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y una lactancia continuada hasta los dos años representa la mejor opción para todos los bebés.

Según los cálculos de la Organización, la obesidad crece sin parar y ya afecta a 650 millones de adultos, 340 millones de adolescentes y 39 millones de niños. Por ello, estima que, en el año 2025, unos 167 millones de personas gozarán de peor salud por motivos de sobrepeso u obesidad.

“La obesidad es una enfermedad que afecta a la mayoría de los sistemas corporales. Afecta al corazón, el hígado, los riñones, las articulaciones y el aparato reproductor. Provoca una serie de enfermedades no transmisibles, como la diabetes de tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares, diversas formas de cáncer, así como problemas de salud mental”, explican desde la agencia.

Entre las medidas más efectivas para combatir la obesidad destaca la necesidad de que los países colaboren en la creación de un mejor entorno alimentario, de modo que todas las personas puedan acceder a una dieta saludable y permitírsela.

Para conseguirlo, la Organización propone limitar la comercialización para los niños de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas, azúcar y sal, la aplicación de impuestos a las bebidas azucaradas y la mejora del acceso a alimentos asequibles y saludables.

A todas estas acciones, la agencia le sumó la creación de espacios seguros para pasear, ir en bicicleta o dedicados al ocio y la enseñanza de hábitos alimenticios saludables en las escuelas

La respuesta de la agencia de la ONU a la crisis de obesidad incluye el seguimiento a nivel mundial de las tendencias y la prevalencia sobre la obesidad, la elaboración de una amplia gama de orientaciones que abordan la prevención y el tratamiento del sobrepeso, y el consiguiente apoyo y orientación en la puesta en práctica en los países.

A petición de los Estados miembros, la secretaría del organismo está elaborando un plan de acción urgente para acabar con la obesidad, tratar la epidemia en los países con mayor incidencia y catalizar la acción mundial.

La convivencia de las personas con el COVID-19 ha provocado un importante repunte de las enfermedades mentales. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud destaca que durante el primer año de la pandemia la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%.

Aunque el 90% de los países encuestados incluyeron la salud mental y el apoyo psicosocial en sus planes de respuesta a la COVID-19, el informe indica que todavía siguen existiendo importantes lagunas y preocupaciones.

El informe concluye que este aumento afectó más a las mujeres que a los hombres, y a los jóvenes, especialmente los que tenían entre 20 y 24 años, más que a los adultos mayores.

Una de las principales causas de este incremento fue el estrés sin precedentes que causó el aislamiento social provocado por la pandemia. A este factor, se le ha de añadir otros condicionantes como las limitaciones de las personas a la hora de trabajar, a recibir el apoyo de sus seres queridos y a participar en sus comunidades.

Otros factores que condujeron a los altos niveles de ansiedad y depresión fueron la soledad, el miedo a la infección, al sufrimiento y a la muerte, tanto propia como de los seres queridos, el dolor tras el duelo y las preocupaciones económicas. Entre el personal sanitario, el agotamiento fue una de las principales causas de los pensamientos suicidas.

El informe muestra que la pandemia ha afectado a la salud mental de los jóvenes y que éstos corren un alto riesgo de sufrir conductas suicidas y de autolesionarse.

También indica que las personas con enfermedades físicas preexistentes, como el asma, el cáncer y las cardiopatías fueron más propensas a desarrollar síntomas de trastornos mentales.

Sin embargo, los datos sugieren que las personas con trastornos mentales preexistentes no suelen presentar una mayor vulnerabilidad a la infección por COVID-19. En cambio, cuando estas personas se infectan, son más propensas a sufrir hospitalizaciones, enfermedades graves y muerte en comparación con las personas sin trastornos mentales.

Las personas con trastornos mentales más graves, como las psicosis, y los jóvenes aquejados de estos padecimientos, corren un mayor riesgo.

El aumento de casos de depresión y ansiedad coincidió con graves interrupciones en los servicios de salud mental. Durante gran parte de la pandemia, los servicios dedicados a las enfermedades mentales, neurológicas y de consumo de sustancias tóxicas fueron los más afectados entre todos los servicios sanitarios esenciales notificados por los Estados miembros de la Organización.

Al no poder acceder a la atención presencial buscaron apoyo en línea, una situación que indica la necesidad urgente de disponer de herramientas digitales fiables y eficaces y de fácil acceso. Sin embargo, el diseño y el despliegue de estas actuaciones digitales todavía supone un gran reto en los países y entornos con recursos limitados.

La nueva norma se ha elaborado en el marco de la iniciativa de la OMS Escuchar sin riesgos, que tiene por objeto mejorar las prácticas de escucha, especialmente entre los jóvenes, apoyándose en las últimas evidencias y en consultas con diferentes partes interesadas, como expertos de la OMS, los gobiernos, la industria, los consumidores y la sociedad civil.

La OMS alienta a los gobiernos a elaborar y aplicar legislación que promueva la escucha segura y a dar a conocer los riesgos de la pérdida de audición. El sector privado debería incluir las recomendaciones de la OMS para la escucha segura en sus productos y en lugares y eventos de entretenimiento. Para impulsar el cambio de comportamiento, las organizaciones de la sociedad civil, los padres, los maestros y los médicos pueden educar a los jóvenes para que adopten hábitos de escucha segura.

El Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las personas , organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó con compromisos renovados para impulsar una recuperación que priorice a las personas y aborde las peligrosas desigualdades agravadas por la crisis de la COVID-19.

El Foro, de tres días de duración, reunió a Jefes de Estado y de Gobierno, directores de organizaciones internacionales y de bancos multilaterales de desarrollo, y líderes de empleadores y trabajadores de todo el mundo para proponer acciones concretas que permitan reconstruir mejor y reforzar el nivel y la coherencia de la respuesta de la comunidad internacional a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Se comprometieron con los objetivos de una recuperación centrada en las personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), UNICEF, el Banco Africano de Desarrollo (BAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas.

En las sesiones temáticas del Foro se abordaron las cuestiones más apremiantes a las que se enfrenta el mundo del trabajo: el crecimiento inclusivo y el empleo decente, la protección social universal, la protección de los trabajadores y el mantenimiento de las empresas, y la transición justa hacia la neutralidad del carbono. Se cerró con un debate sobre cómo alcanzar una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente tras la crisis de la COVID-19.

Entre los resultados más destacados de la coherencia política multilateral del Foro Mundial se encuentran los siguientes:

Un nuevo Memorando de Entendimiento que se firmará con el BIsD para apoyar una recuperación centrada en el ser humano, que prevé la cooperación en ámbitos como la capacitación económica de los jóvenes, la igualdad de género, el trabajo decente en situaciones de crisis y el fomento de la cooperación triangular Sur-Sur.

Otros socios multilaterales también se refirieron a los elementos de una recuperación centrada en las personas. El Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas hizo hincapié en la necesidad de una transición centrada en el ser humano para hacer frente a la crisis climática. El Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales llamó la atención sobre la aplicación de una nueva comunicación de la Unión Europea sobre el trabajo decente -guiada por los cuatro pilares del trabajo decente de la OIT- para una transición justa global y una recuperación sostenible. La FAO se comprometió a movilizar financiación adicional para construir sistemas sólidos de protección social a través de asociaciones eficientes, eficaces y coherentes y de la solidaridad mundial. La OMC habló de la necesidad vital de que el comercio aumente los niveles de vida, cree empleos decentes y beneficie a las personas.

Fuente: OIT 25 de febrero de 2022

Un nuevo informe sobre Crecimiento demográfico mundial y desarrollo sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU revela que desde 1950 el número de habitantes del planeta se ha triplicado con creces y podría llegar a ser de 11.000 millones a finales de siglo.

El rápido aumento de la población puede agravar el reto de garantizar que el desarrollo futuro sea sostenible e inclusivo. La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con la salud, la educación y la igualdad de género, puede contribuir a frenar el crecimiento demográfico mundial.

Los responsables del informe añadieron que “los países más prósperos son los que soportan una mayor responsabilidad en cuanto al avance rápido del objetivo de conseguir las cero emisiones de gases de efecto invernadero y en la aplicación de estrategias para separar la actividad económica de la degradación medioambiental”.

El análisis también destaca que el mayor crecimiento de la población mundial en el futuro tendrá lugar en los países en desarrollo.

Una de las causas del rápido aumento poblacional se debió a una mejora de la esperanza de vida, que vendría impulsado por varios factores como las mejoras en salud pública, nutrición, higiene personal y medicina.

Sin embargo, añadieron que el aumento de la población también supone un fracaso a la hora de garantizar que todas las personas tengan el conocimiento, la capacidad y los medios para determinar si quieren tener hijos y cuándo.

El estudio también revela que, a medida que sus economías avancen, los países en desarrollo necesitarán apoyo para reducir las futuras emisiones contaminantes, así como asistencia técnica y financiera.

Los sistemas alimentarios también tendrán que ser más sostenibles para satisfacer las crecientes necesidades y limitar los daños medioambientales.

Los 10 mensajes clave del informe

El progreso en el desarrollo a nivel mundial no genera automáticamente una mayor sensación de seguridad, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre seguridad humana.

El informe Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno aporta nuevos datos y análisis que muestran que, a pesar de los avances de desarrollo acumulados durante años, la sensación de seguridad de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, incluidos los más ricos. Países con algunos de los niveles más elevados de buena salud, riqueza y educación muestran mayor grado de ansiedad incluso que hace diez años.

Para abordar esta desconexión entre desarrollo y percepción de seguridad, el informe hace un llamado a reforzar la solidaridad internacional y a elaborar un nuevo enfoque de desarrollo que permita a las personas vivir sin carencias, miedo, ansiedad e indignidad.

Nunca fue más evidente el imperativo de actuar sin demora. Los datos muestran una bajada en la esperanza de vida a nivel mundial, por segundo año consecutivo, debido a la COVID-19 y un empeoramiento de todos los parámetros de medición del desarrollo humano. Además, es probable que el cambio climático se convierta en una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Aún con una reducción moderada de las emisiones, los cambios de temperatura podrían ocasionar la muerte de 40 millones de personas de aquí a fin de siglo.

El informe examina una serie de amenazas que han ido adquiriendo mayor prominencia en los últimos años, como las relacionadas con las tecnologías digitales, las desigualdades, los conflictos, y la capacidad de los sistemas de salud para enfrentar los nuevos retos, como la pandemia de la COVID-19.

Según los autores del informe, la lucha contra estas amenazas exigirá que los responsables políticos las aborden conjuntamente considerando los principios de protección, empoderamiento, y solidaridad de manera que se creen sinergias, y no contradicciones, entre la seguridad de las personas, la salud del planeta, y el desarrollo humano. Esto significa que las soluciones de un problema no deben ocasionar el exacerbamiento de otros.

El informe señala, asimismo, la estrecha relación existente entre la pérdida de confianza y los sentimientos de inseguridad. Las personas con una mayor sensación de inseguridad humana tienen tres veces menos probabilidades de tener confianza en los demás.

Otras conclusiones novedosas del informe:

El concepto de seguridad humana, dado a conocer originalmente en 1994 en el pionero Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, introdujo un cambio radical en la manera de pensar sobre la seguridad de las personas, alejándose de la idea de seguridad personal unida exclusivamente a la seguridad territorial y poniendo el énfasis en la importancia de las necesidades básicas, la dignidad, y la protección de las personas a la hora de disfrutar de vidas seguras.

Los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) mostraron un fuerte repunte en 2021, un 77 % más hasta un valor estimado de 1,65 billones de dólares, desde 929 000 millones de dólares en 2020, superando su nivel anterior a la COVID-19, según el Monitor de Tendencias de Inversión de la UNCTAD

Las economías desarrolladas experimentaron el mayor aumento con diferencia, con una IED que alcanzó un estimado de $777 mil millones en 2021, tres veces el nivel excepcionalmente bajo de 2020, según muestra el informe.

Los flujos de IED en las economías en desarrollo aumentaron un 30% a casi $ 870 mil millones, con una aceleración del crecimiento en Asia oriental y sudoriental (+20%), una recuperación a niveles cercanos a la pandemia en América Latina y el Caribe, y un repunte en Asia occidental.

Del aumento total de los flujos mundiales de IED en 2021 ($ 718 mil millones), más de $ 500 mil millones, o casi las tres cuartas partes, se registraron en economías desarrolladas. Las economías en desarrollo, especialmente los países menos adelantados (PMA), experimentaron un crecimiento de recuperación más modesto.

El informe dice que la confianza de los inversores es sólida en los sectores de infraestructura (consulte la figura anterior), respaldada por condiciones favorables de financiamiento a largo plazo, paquetes de estímulo de recuperación y programas de inversión en el extranjero.

Los acuerdos internacionales de financiación de proyectos aumentaron un 53 % en número y un 91 % en valor, con aumentos considerables en la mayoría de las regiones de ingresos altos y en Asia y América Latina y el Caribe.

Por el contrario, la confianza de los inversores en la industria y las cadenas de valor mundiales sigue siendo débil. Los anuncios de proyectos de inversión greenfield se mantuvieron prácticamente planos (-1% en número, +7% en valor). La cantidad de nuevos proyectos en industrias intensivas en cadenas de valor globales (CGV), como la electrónica, se redujo aún más.

En otras tendencias sectoriales, la actividad de inversión totalmente nueva se mantiene un 30 % por debajo de los niveles previos a la pandemia en promedio en todos los sectores industriales. Solo el sector de la información y la comunicación (digital) se ha recuperado por completo.

La IED en los Estados Unidos, la economía anfitriona más grande, aumentó en un 114% a $ 323 mil millones, mientras que las fusiones y adquisiciones transfronterizas casi triplicaron su valor a $ 285 mil millones.

La IED en la Unión Europea aumentó un 8%, pero los flujos en las economías más grandes se mantuvieron muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

China vio un récord de $ 179 mil millones en entradas, un aumento del 20%, impulsado por una fuerte IED en servicios, mientras que Brasil vio que la IED se duplicó a $ 58 mil millones desde un nivel bajo en 2020, pero las entradas se mantuvieron justo por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La recuperación de los flujos de inversión en sectores relevantes para los ODS en las economías en desarrollo, que sufrieron significativamente durante la pandemia con caídas de dos dígitos en casi todos los sectores, sigue siendo frágil.

El número de proyectos de inversión relevantes para los ODS en las economías en desarrollo aumentó solo un 11 %. Las energías renovables y los servicios públicos siguen siendo los sectores de mayor crecimiento, especialmente a través de la financiación de proyectos internacionales.

La perspectiva para la IED global en 2022 es positiva, según el informe. Es poco probable que se repita la tasa de crecimiento de rebote de 2021.

La tendencia subyacente (neto de flujos de conducto, transacciones únicas y flujos financieros intraempresariales) permanecerá relativamente moderada, como en 2021. La financiación de proyectos internacionales en los sectores de infraestructura seguirá proporcionando un impulso de crecimiento, proyecta el informe.

La duración prolongada de la crisis sanitaria con sucesivas nuevas oleadas de la pandemia sigue siendo un importante riesgo a la baja.

Otros riesgos importantes, incluidos los cuellos de botella laborales y de la cadena de suministro, los precios de la energía y las presiones inflacionarias, también afectarán los resultados.

“Los matrimonios y las uniones infantiles, tempranos y forzados (MUITF) son una realidad en América Latina y el Caribe, a pesar de su falta de visibilidad”, plantea una publicación del Grupo de trabajo del Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe, integrado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

El matrimonio infantil es una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que afecta desproporcionadamente y de manera persistente a las niñas. Eliminar esta práctica nociva es una meta por cumplir en la región, central para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible, enfatiza la CEPAL.

Una de cada cuatro niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Su prevalencia en la región no ha variado en los últimos 25 años, y sin acciones e inversiones, América Latina y el Caribe (ALC) tendrá, para el año 2030, el porcentaje más elevado de matrimonio infantil, por detrás únicamente de África Subsahariana, alerta el documento Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados: prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe.

El matrimonio infantil se encuentra prohibido actualmente en nueve países de América Latina y en dos del Caribe, en concordancia con los estándares internacionales. El último país en legislar esta prohibición fue República Dominicana en enero de 2021. Sin embargo, 13 países de la región todavía permiten el matrimonio a partir de los 16 años con autorización de los padres, los representantes legales o de un juez. Más preocupante aún es la situación en seis países de la región donde está permitido casarse antes de los 16 años por motivos calificados, según el documento.

Los MUITF, apunta el estudio, “constituyen fenómenos complejos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente y marcos legales inadecuados y políticas públicas limitadas o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de las niñas y las adolescentes”.

De acuerdo con el documento, los MUITF son causa y consecuencia de una limitada autonomía física, económica y en la toma de decisiones para las mujeres y afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes de zonas rurales y hogares en situación de pobreza y con menos acceso a la educación. En algunos países, la pertenencia a pueblos indígenas también se relaciona significativamente con una mayor prevalencia.

Las niñas y adolescentes casadas o en uniones duplican como mínimo la cantidad de horas de tiempo dedicado al trabajo no remunerado –incluyendo el trabajo doméstico y el tiempo dedicado a los cuidados-, en relación con sus pares niños o adolescentes casados o en unión, y llegan hasta quintuplicar (Ecuador, Guatemala) y hasta octuplicar (República Dominicana) la carga horaria. En tres países con información disponible (Colombia, Guatemala y México), las niñas y adolescentes casadas o unidas dedican más de 40 horas semanales a este tipo de trabajo, lo que se acerca a una jornada laboral completa.

Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas exponen a las niñas a embarazos en la adolescencia. Las cifras para la región indican que la mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dio a luz antes de cumplir 18 años; 8 de cada 10 lo hicieron antes de cumplir los 20 años y la mayoría de estos embarazos fue no deseado, según el estudio que busca ser un aporte para cumplir los compromisos asumidos por los gobiernos en la meta 5.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la agenda global y regional de género.

La existencia de algunas iniciativas y programas públicos es insuficiente frente a la gravedad y consecuencias de esta problemática; más aún, se registran muy pocos avances en la generación de políticas públicas adecuadas e integrales y con asignación presupuestaria, que erradiquen esta práctica nociva. El estudio plantea una serie de recomendaciones tales como impulsar el compromiso político al más alto nivel; visibilizar la situación de los MUITF; rendir cuentas sobre los compromisos asumidos en esta materia; continuar avanzando en los cambios de los marcos legales; garantizar el acceso de niñas y adolescentes a la educación gratuita, universal, sensible al género y culturalmente apropiada, sin ningún tipo de discriminación; romper el silencio estadístico, y asegurar la participación significativa de las niñas y adolescentes, integrando sus ideas y experiencias en programas y políticas públicas.

Fuente: CONEVAL 15 de diciembre de 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 que permite responder preguntas sobre cómo influyen aspectos de la vida personal, familiar, laboral y social en el nivel de bienestar subjetivo de la población adulta en México.

La ENBIARE 2021 se levantó del 3 de junio al 23 de julio de 2021, con el objetivo de producir información estadística sobre distintas dimensiones de la medición del bienestar de la población adulta de 18 y más años, alfabeta y hablante de lengua española que reside en áreas urbanas y rurales.

Las mediciones del bienestar subjetivo no sustituyen a las mediciones del bienestar objetivo llevadas a cabo por el INEGI, sino que las complementa y permite cerrar la brecha entre el panorama brindado por las estadísticas macro y microeconómicas, por un lado, y la percepción de las personas sobre sus propias condiciones y la sociedad en su conjunto.

Principales resultados de la ENBIARE 2021

El balance anímico alcanzó un promedio de 5.07 entre la población adulta en México en una escala de -10 a +10. Las mujeres muestran en promedio menor balance anímico respecto a los hombres en todos los grupos de edad. La mayor brecha se observa entre hombres y mujeres de 30 a 44 años.

Colima, Sonora y Quintana Roo son las entidades con mejores balances anímicos de su población adulta mientras que en Oaxaca, Puebla y Tabasco presentan menores valoraciones en este indicador.

El balance entre haberse sentido con energía o vitalidad en contraste con haberse sentido cansado o sin vitalidad es el indicador que presenta un menor puntaje: 4.24 en el total de adultos; 3.73 en las mujeres y 4.81 en los hombres. Es en este balance específico donde se observa la mayor brecha entre mujeres y hombres.

La proporción de población con síntomas de depresión asciende a 15.4% de la población adulta, pero entre las mujeres alcanza 19.5 por ciento.

La ENBIARE 2021 captó que 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado.

Haberse quedado sin trabajo afecta más que la expectativa de no poder cubrir los gastos del mes, sin embargo, y sobre todo anímicamente, incide más el hecho de haber pedido prestado para sufragar gastos en algún momento de los últimos doce meses.

De acuerdo con la encuesta 14.8% de la población adulta perdió su trabajo o negocio en los últimos doce meses (entre julio de 2020 y julio de 2021) sin poder recuperarlo.

La expectativa de no poder sufragar los gastos del mes (indicador de pobreza subjetiva), afecta a 43.4% de la población adulta, en tanto que 11.3% manifestó incertidumbre al respecto.

Más de un tercio de la población tuvo que pedir prestado para sufragar el gasto corriente de su hogar en cualquiera de los siguientes rubros: despensa, renta o alquiler, agua, luz gas o teléfono, colegiaturas y/o medicamentos.

La encuesta captó 85.7% de la población adulta con alguna manifestación de empatía con la vida no humana, esto es, ha hecho algo para evitar la crueldad o el sufrimiento animal y/o cuidar plantas y árboles en su entorno; en tanto que 73.4% declaró cohabitar con mascotas.

A nivel de hogares, 69.8% cuenta con algún tipo de mascotas. En total se tiene un acumulado de 80 millones de mascotas: 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones felinos y 20 millones una variedad miscelánea de otras mascotas pequeñas.

El 8.9% de la población adulta con pareja reconoce no tener una buena relación con ella. Se destaca que entre las mujeres 11.9% de los casos no reconoce un aspecto positivo de su pareja, contra un 6.4% de los hombres.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño del Congreso de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, estructura parlamentaria y trabajo legislativo, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

Los resultados del CNPLE 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos y Estructura parlamentaria y trabajo legislativo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2020, con el objetivo de proveer información acerca del valor económico de las horas de trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados.

Esta publicación permite dimensionar de manera más precisa el aporte que los hogares y, en especial las mujeres, hacen a la economía nacional, al presentar la producción de los servicios del hogar no medidos en la contabilidad nacional.

Principales resultados

En 2020, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados realizadas por la población de 12 y más años de edad reportó un monto de 6.4 billones de pesos, equivalente a 27.6% del PIB del país. De este monto, las mujeres contribuyeron con 73.3%, mientras que los hombres lo hicieron con 26.7%, es decir, las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres.

Las actividades que presentan la mayor contribución al valor económico del trabajo no remunerado de los hogares corresponden a los cuidados y apoyo con 27.9%, seguido de la actividad de proporcionar alimentos con 21.8% y las actividades de limpieza y mantenimiento de la vivienda que contribuyen con 20.7 por ciento.

Durante 2020 se presentó un aumento de horas en las labores domésticas y de cuidados, así como una disminución en las actividades que requieren de traslados fuera del hogar.

Las actividades que presentaron mayor crecimiento en horas fueron cuidados de salud dentro del hogar con 9.4%, seguido de la limpieza y mantenimiento de la vivienda con 7.5%, las actividades de apoyo a otros hogares con 7.3% y las tareas de alimentación con 4.8 por ciento.

En contraste, las actividades de trabajo voluntario disminuyeron 13.8%, seguido de los cuidados generales, ayuda escolar y apoyo (incluye traslados y acompañamiento) que retrocedieron 6.2%, y las compras y administración del hogar que se redujeron 3.6 por ciento.

El valor económico neto per cápita reportó un incremento de 11.1% respecto a 2019 y alcanzó los 49 437 pesos por persona. Cada mujer realizó trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalentes a 69 128 pesos anuales, mientras que cada hombre realizó actividades similares equivalentes a 27 175 pesos.

Como parte de estudios complementarios, se observa que el valor de las labores domésticas y de cuidados no remunerados realizados por niños de entre 5 y 11 años de edad reportó un monto equivalente a 0.5% del PIB del país: 51.4% fue aportado por niñas y 48.6% por niños.

El valor económico del trabajo no remunerado en la producción de bienes para autoconsumo reportó un monto equivalente a 1.4% del PIB nacional, el cual es realizado en 56.7% por hombres y en 43.3% por mujeres.

Los hombres destinaron 5.8 horas semanales en la producción de bienes para autoconsumo, mientras que las mujeres destinaron 4.6 horas. Cada niña de entre 5 y 11 años destinó en promedio 5.5 horas a la semana a las labores domésticas y de cuidados del hogar, mientras que los niños colaboraron con 5.1 horas en el mismo periodo.

El Día internacional de las personas con discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, con el propósito de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como para concientizar sobre su situación en la vida política, social, económica y cultural.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta algunos indicadores de las personas con discapacidad y/o algún problema o condición mental, usando datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020) En el censo se utiliza la metodología del Grupo de Washington que define a la persona con discapacidad como aquella que tiene mucha dificultad o no puede realizar alguna de las siguientes actividades de la vida cotidiana: caminar, subir o bajar; ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; bañarse, vestirse o comer; recordar o concentrarse y hablar o comunicarse; además incluye a las personas que tienen algún problema o condición mental.

Prevalencia de la población con discapaacidad y/o problema o condición mental
internacional de las personas con discapacidad

De acuerdo con los datos del Censo 2020, para el 15 de marzo de 2020 en México residían 126 014 024 personas; la prevalencia de discapacidad junto con las personas que tienen algún problema o condición mental a nivel nacional es de 5.69% (7 168 178). De éstas, 5 577 595 (78%) tienen únicamente discapacidad; 723 770 (10%) tienen algún problema o condición mental; 602 295 (8%) además de algún problema o condición mental tienen discapacidad y 264 518 (4%) reportan tener algún problema o condición mental y una limitación.

Las entidades con la menor prevalencia son Quintana Roo (4.34%), Nuevo León (4.60%) y Chiapas (4.63%); mientras que Oaxaca (7.22%), Guerrero (6.78%) y Tabasco (6.71%) reportan las prevalencias más altas. Las mujeres (5.79%) tienen una prevalencia ligeramente mayor que los hombres (5.59%); en casi todas las entidades se repite este patrón, con excepción de Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.

Afiliación a servicios de salud

El artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala el derecho a contar con servicios de salud.

Según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2020, a nivel mundial no se está alcanzando la meta sobre la cobertura sanitaria universal. El Programa Sectorial de Salud 2019-2024 tiene como objetivo prioritario el acceso efectivo, universal y gratuito a la salud para las personas que no cuentan con afiliación a las instituciones de seguridad social. En México, 76% (5 426 553) de las personas con discapacidad y/o problema o condición mental cuenta con afiliación a servicios de salud, porcentaje mayor a 74% (87 147 740) que tiene la población sin discapacidad.

Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

El valor de las importaciones y exportaciones mundiales de bienes alcanzó los 5,6 billones de dólares en el tercer trimestre de 2021, estableciendo un nuevo récord trimestral, según un informe de la UNCTAD.

Las nuevas proyecciones en la edición de noviembre de Global Trade Update de la organización muestran que el comercio de bienes y servicios alcanza los $ 28 billones para el año, un aumento del 23% en 2020 y del 11% en comparación con los niveles anteriores a COVID-19.

Pero el sólido desempeño general del comercio enmascara que la recuperación ha sido desigual entre países y sectores, dice el informe.

También advierte que la previsión para 2022 sigue siendo muy incierta.

Aunque el sector de servicios repuntó en línea con el crecimiento general, el comercio de servicios, como el turismo, se mantendrá ligeramente por debajo de los niveles anteriores a la pandemia en $ 6 billones en 2021.

Entre los sectores manufactureros, el comercio de productos relacionados con la energía fue el que más creció, impulsado por la alta demanda y los aumentos en el precio de los combustibles fósiles. Mientras tanto, el comercio estuvo más moderado durante el tercer trimestre de 2021 en algunos sectores afectados por la escasez global de semiconductores, como la industria automotriz y la electrónica.

Desde una perspectiva regional, el crecimiento del comercio también se mantuvo desigual en el tercer trimestre del 2021, aunque las diferencias regionales fueron menos pronunciadas que en el primer semestre del año.

El informe señaló que, por ejemplo, el crecimiento del comercio de la India se había acelerado en el tercer trimestre tanto en bienes como en servicios, mientras que China se mantuvo relativamente constante, “aunque en niveles ya elevados”.

Entre los factores que contribuyen a la incertidumbre sobre el próximo año, el informe cita el crecimiento “por debajo de las expectativas” de China en el tercer trimestre de 2021.

El informe advierte que los cambios grandes e impredecibles en la demanda que marcaron 2021 y llevaron a un mayor estrés en las cadenas de suministro y los costos de envío en espiral podrían continuar durante el próximo año.

el informe advierte que los cambios grandes e impredecibles en la demanda que marcaron 2021 y llevaron a un mayor estrés en las cadenas de suministro y los costos de envío en espiral podrían continuar durante el próximo año.

“Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la industria de los semiconductores se ha enfrentado a vientos en contra debido a aumentos imprevistos en la demanda y restricciones de oferta persistentes … Si persiste, esta escasez podría continuar afectando negativamente la producción y el comercio en muchos sectores manufactureros”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dieron a conocer un nuevo informe conjunto en el cual señalan que, en el actual contexto de crisis, los gobiernos de la región enfrentan el desafío de apoyar el ingreso y la reinserción laboral de los segmentos más vulnerables de la sociedad -especialmente mujeres y jóvenes- y, al mismo tiempo, favorecer las condiciones para la creación de empleo decente, sobre todo entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Asimismo, indican que a mediano plazo, será necesario implementar reformas que permitan avanzar hacia mercados laborales más resilientes, acompañando las medidas de reactivación con programas para favorecer el paso de la informalidad a la formalidad laboral, junto a un rediseño de la protección social.

En el N⁰ 25 de su publicación conjunta Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: Políticas de protección de la relación laboral y de subsidios a la contratación durante la pandemia de COVID-19, ambos organismos de las Naciones Unidas analizan los efectos de la crisis causada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en los mercados laborales de la región durante 2020 y 2021 y destacan la importancia de las políticas implementadas por los países para mitigar este impacto.

Según el informe, durante 2021 la recuperación y creación de empleo ha sido parcial y más lenta que la reactivación en la actividad económica observada. Si bien se prevé que el año cerrará con un crecimiento económico del 5,9% para la región, este no será suficiente para recuperar el nivel del producto ni de empleo registrado en 2019. Por lo tanto, los mercados laborales habrán enfrentado su segundo año de una crisis sin precedentes.

CEPAL y OIT agregan que durante el primer semestre de 2021 se registra un aumento en la tasa de participación laboral (que llegó al 60,0%, es decir 2,7 puntos porcentuales por debajo de los niveles del mismo período de 2019) y una recuperación del empleo, aunque sin alcanzar los niveles observados previo a la pandemia (la tasa de ocupación alcanzó 54,0%, todavía 3,4 puntos porcentuales por debajo de la observada en el mismo período de 2019). Como resultado, la tasa de desocupación se ha reducido levemente con respecto al segundo trimestre de 2020 pero aún se mantiene 1,7 puntos porcentuales por encima de mismo trimestre de 2019, alcanzando 10,1% en promedio.

Por otro lado, las brechas de inserción laboral entre hombres y mujeres se han profundizado en 2021, y las mujeres presentan una reinserción laboral más lenta y enfrentan más dificultades para encontrar trabajo. La recuperación del empleo se ha constatado principalmente entre los trabajadores por cuenta propia, mientras que el empleo asalariado aún se encuentra rezagado, lo que sugiere que el aumento de la tasa de ocupación está asociado a una menor calidad del empleo. A su vez, la dinámica inflacionaria observada en los primeros seis meses del año podría tener un impacto negativo en la remuneración real de los trabajadores y, por lo tanto, en el consumo de los hogares.

El informe hace un balance de las medidas de mantenimiento de puestos de trabajo implementadas en la región principalmente durante 2020, las que probaron ser eficaces para disminuir la caída del empleo. El diseño de estos programas incluyó principalmente requisitos vinculados al salario y al uso del salario mínimo como referencia para determinar el monto del beneficio, con lo que se orientaron principalmente a los trabajadores asalariados formales de menores ingresos. Sin embargo, la alta incidencia de la informalidad y la ausencia de seguros de desempleo en varios países hicieron más compleja la tarea de diseño e implementación de estos programas de soporte económico para grupos vulnerables.

En tanto, en 2021, en un contexto de recuperación incipiente con medidas de confinamiento más puntuales, de menor duración y cobertura geográfica, se inició la transición hacia otro tipo de políticas, en particular los subsidios a la contratación, siguiendo la misma secuencia de los países más desarrollados. En algunos casos, conforme la vacunación ha avanzado, estos subsidios se han focalizado en los sectores y grupos que fueron más afectados por la pandemia, y buscan beneficiar a jóvenes y mujeres, especialmente de baja calificación.

Según CEPAL y OIT, se aprecian similitudes entre los países respecto de algunas condicionalidades de los subsidios vinculadas al pago de impuestos y la formalización del empleo. Sin embargo, debido a restricciones presupuestarias y debilidades en la institucionalidad laboral, no todos los países de la región cuentan con programas específicos para incentivar nuevas contrataciones. En ese sentido, la continuidad de estos instrumentos de políticas de empleo para esta crisis y las que puedan desencadenarse en el futuro supone un desafío, concluyen ambas instituciones.

El hambre en América Latina y el Caribe está en su punto más alto desde 2000, después de un aumento del 30 por ciento en el número de personas que padecen hambre entre 2019 y 2020, según un nuevo informe de la ONU.

Según el Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021, en tan solo un año—y en el contexto de la pandemia de COVID-19—el número de personas que viven con hambre aumentó en 13,8 millones, alcanzando un total de 59,7 millones de personas.

La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se sitúa actualmente en 9,1 por ciento, la más alta de los últimos 15 años, aunque ligeramente por debajo del promedio mundial de 9,9 por ciento. Solo entre 2019 y 2020 la prevalencia del hambre aumentó en 2 puntos porcentuales.

Entre 2019 y 2020, Mesoamérica experimentó el mayor aumento ––2,5 puntos porcentuales–– alcanzando su valor más alto en los últimos 20 años: 10,6 por ciento, o 19 millones de personas. El Caribe tiene la prevalencia más alta a nivel regional (16,1 por ciento, 7 millones de personas), mientras que en América del Sur el hambre afecta a 33,7 millones de personas, el 7,8 por ciento de la población.

Cuatro de cada diez personas en la región ––267 millones–– experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020, 60 millones más que en 2019, un aumento de 9 puntos porcentuales, el incremento más pronunciado en relación a las demás regiones del mundo.

La inseguridad alimentaria no afectó por igual a hombres y mujeres: en 2020, el 41,8 por ciento de las mujeres de la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 32,2 por ciento de los hombres. Esta disparidad ha ido en aumento en los últimos 6 años y aumentó drásticamente, del 6,4 por ciento en 2019 al 9,6 por ciento en 2020.

El Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021 advierte que la región también está perdiendo la batalla contra otras formas de malnutrición: 106 millones de personas —uno de cada cuatro adultos— padecen obesidad en América Latina y el Caribe.

El sobrepeso infantil también ha ido en aumento desde hace 20 años en la región, y en 2020, 3,9 millones de niños y niñas —el 7,5 por ciento de los menores de cinco años— tenían sobrepeso, casi 2 puntos porcentuales por encima del promedio mundial. América del Sur muestra la mayor prevalencia de sobrepeso en niños y niñas (8,2 por ciento), seguida por el Caribe con 6,6 por ciento y Mesoamérica con 6,3 por ciento.

Aunque América Latina y el Caribe ha mostrado importantes avances en la reducción del retraso del crecimiento en los niños y niñas, habiendo disminuido la prevalencia del 18 por ciento al 11,3 por ciento en 20 años, sin embargo, entre 2012 y 2020 la tasa de disminución se desaceleró. La prevalencia regional de emaciación (desnutrición aguda) en niños es del 1,3 por ciento, significativamente más baja que el promedio mundial del 6,7 por ciento.

El informe conjunto de las Naciones Unidas pide acciones urgentes para detener el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas, instando a los países de la región a tomar medidas rápidamente para transformar sus sistemas agroalimentarios y hacerlos más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles, para proporcionar dietas saludables para todos.

Más de 40 años después del comienzo de la epidemia de SIDA, persisten el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, según una nueva encuesta mundial, publicada antes del Día Mundial del SIDA.

Casi cuatro de cada diez encuestados dijeron que no se debería permitir a las personas que viven con el VIH trabajar directamente con quienes no lo tienen. Hasta seis de cada diez personas apoyaron la obligatoriedad de las pruebas del VIH antes de poder trabajar.

El estudio reveló cómo las actitudes estigmatizadoras y discriminatorias se ven alimentadas por la falta de conocimientos sobre la transmisión del VIH. Sólo una de cada dos personas sabía que el VIH no se transmite al compartir el baño y sólo una de cada cuatro personas respondió correctamente a las preguntas sobre cómo se transmite el VIH. Los mitos y las ideas erróneas persisten y contribuyen al estigma y la discriminación.

El informe, The ILO Global HIV Discrimination in the World of Work Survey , es el resultado de una innovadora colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la empresa de encuestas de opinión Gallup International. Arroja luz sobre las causas de la persistencia del estigma y la discriminación relacionados con el VIH en el mundo del trabajo. Se recogió información de más de 55.000 personas en 50 países de todo el mundo.

Las regiones con las actitudes más positivas fueron África oriental y meridional, donde casi el 90% de los encuestados dijo que debería permitirse trabajar directamente con personas con el VIH.

Los niveles educativos más altos también se asociaron con actitudes positivas hacia el trabajo con personas que viven con el VIH. El 68% de los encuestados con estudios superiores estaba de acuerdo en que debería permitirse trabajar directamente con personas que viven con el VIH, frente al 39,9% de los que sólo tenían estudios primarios.

El informe ofrece una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen la puesta en marcha de programas sobre el VIH que aumenten el conocimiento de los trabajadores sobre la transmisión del VIH y disipen los mitos y las ideas erróneas, la mejora del entorno jurídico y político en torno al VIH para proteger los derechos de los trabajadores, la abolición de las pruebas obligatorias del VIH en consonancia con la Recomendación de la OIT sobre el VIH y el sida (núm. 200) , la mejora del acceso a la protección social y el tratamiento de la violencia y el acoso que pueden derivarse del estigma y la discriminación, mediante la ratificación y la aplicación del Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190).

Fuente: OIT 30 de noviembre de 2021

Con un incremento de 30% de personas padeciendo hambre, América Latina y el Caribe fue la región donde más creció ese flagelo entre 2019 y 2020, para llegar a su nivel más alto desde 2020, indica un nuevo estudio de cinco agencias especializadas de la ONU.

El Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021 detalla que en apenas un año, el número de personas con hambre aumentó en 13,8 millones, para sumar 59,7 millones.

Los datos desagregados muestran que entre 2019 y 2020, Mesoamérica observó el mayor aumento, con 19 millones de personas padeciendo hambre, lo que significa una prevalencia de 10,6%. En tanto, el Caribe tiene la prevalencia más alta a nivel regional: 16,1% o siete millones de personas. En América del Sur el hambre afecta a 33,7 millones de personas, el 7,8% de la población.

La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se encuentra en 9,1% y es la más alta de los últimos 15 años, aunque está por debajo del promedio mundial de 9,9%. Entre 2019 y 2020 aumentó en 2 puntos porcentuales.

El informe refiere, por otra parte, que la inseguridad alimentaria afecta al 41% de la población y precisa que golpeó en grado moderado o grave a 267 millones de personas, o 25% de la población, en 2020, lo que implica 60 millones de individuos y nueve puntos porcentuales más que el año anterior y constituye el incremento más pronunciado del mundo a nivel regional.

Los casos de inseguridad alimentaria grave, definida como las personas que se quedan sin alimentos o pasan un día o más sin comer, subieron un 14% en 2020, a 92,8 millones. En 2014 se situaban en 47,6 millones de personas.

Sudamérica fue la subregión donde más creció la inseguridad alimentaria: 20,5% de 2014 a 2020. En Mesoamérica el incremento fue de 7,3 puntos porcentuales durante el mismo periodo.

La publicación subraya que en 2020 fueron más las mujeres que los hombres que experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave: 41,8% frente 32,2%. Destaca, asimismo que la disparidad se ha agudizado en los últimos seis años y que de 2019 a 2020 pasó de 6,4% a 9,6%.

Paradójicamente, América Latina y el Caribe es una región con un creciente problema de obesidad que alcanza a uno de cada cuatro adultos para totalizar 106 millones de personas.

Entre 2000 y 2016, la obesidad subió 9,5% en el Caribe, 8,2% en Mesoamérica y 7,2% en Sudamérica.

La agencia panamericana sonó la alarma en cuanto al sobrepeso infantil, que afectó en 2020 a 3,9 millones de niños, casi 2 puntos por encima del promedio mundial. El 7,5% de los menores de cinco años tienen sobrepeso.

Por subregiones, América del Sur registra la mayor prevalencia de sobrepeso infantil, con 8,2%, seguida por el Caribe con 6,6% y Mesoamérica con 6,3%.

Las agencias de las Naciones Unidas urgieron a los países de la región a tomar medidas inmediatas para detener el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas.

El Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021 es una publicación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Al menos 300.000 niños y niñas se infectaron por primera vez con el VIH en 2020, o uno cada dos minutos, según ha declarado UNICEF en un informe publicado. Otros 120.000 niños y niñas murieron por causas relacionadas con el sida durante el mismo periodo, o uno cada cinco minutos.

El último informe de El VIH y el sida: Panorama mundial advierte de que la prolongación de la pandemia de COVID-19 está agravando las desigualdades que durante tanto tiempo ha provocado la epidemia de VIH, y está aumentando el riesgo de que los niños y niñas vulnerables, los adolescentes, las mujeres embarazadas y las madres lactantes no puedan acceder a los servicios de prevención y tratamiento del VIH que les pueden salvar la vida.

Un dato alarmante es que dos de cada cinco niños que padecen VIH no conocen su estado, y solo algo más de la mitad de todos los niños que padecen VIH reciben tratamiento antirretroviral. Algunos de los obstáculos que impiden acceder adecuadamente a los servicios de VIH son conocidos y perduran desde hace tiempo, como es el caso de la discriminación y las desigualdades por razón de género.

Por otro lado, el informe subraya que, a principios de 2020, en muchos países se produjeron interrupciones importantes en los servicios de VIH a causa de la COVID-19. Las pruebas de detección del VIH en los niños de países muy afectados disminuyeron entre un 50% y un 70%, mientras que los nuevos tratamientos para niños menores de 14 años se redujeron entre un 25% y un 50%. Los confinamientos contribuyeron al aumento de las tasas de infección como consecuencia de los picos de violencia por razón de género, la restricción del acceso a una atención continuada y el desabastecimiento de productos básicos. Además, en algunos países se registró una disminución significativa de los partos en centros de salud, las pruebas de VIH entre las madres y los nuevos tratamientos antirretrovirales para el VIH. Un ejemplo extremo es el de la cobertura de los tratamientos antirretrovirales para las mujeres embarazadas de Asia Meridional, que disminuyó drásticamente de un 71% a un 56% en 2020.

En 2020, un 89% de las nuevas infecciones pediátricas por VIH y un 88% de los niños, niñas y adolescentes que padecían VIH en todo el mundo se concentraban en África Subsahariana, y la propensión a infectarse con el VIH era seis veces más alta entre las niñas que entre los niños. Además, un 88% de las muertes infantiles relacionadas con el sida se registraron en África Subsahariana.

Según el informe, a pesar de que se han logrado algunos avances en la lucha contra el VIH y el sida, los niños, las niñas y los adolescentes han seguido quedándose atrás en todas las regiones a lo largo de los últimos 10 años. La cobertura mundial del tratamiento antirretroviral para los niños sigue siendo muy inferior a la de las mujeres embarazadas (85%) y los adultos (74%). El porcentaje más elevado de niños y niñas que reciben tratamiento antirretroviral se registra en Asia Meridional (>95%), seguido de Oriente Medio y África del Norte (77%), Asia Oriental y el Pacífico (59%), África Oriental y Meridional (57%), América Latina y el Caribe (51%) y África Occidental y Central (36%).

Otros datos relativos a 2020 que se incluyeron en el informe son los siguientes:

En 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1° de diciembre como Día Mundial de la Lucha contra el Sida, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la enfermedad, combatir el estigma asociado a ella, mejorar la educación sobre el VIH/sida y movilizar recursos para la respuesta mundial a la epidemia.

Con este espíritu, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información estadística con indicadores sociodemográficos de la población que falleció por esta enfermedad durante 2020.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es la fase más avanzada de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual constituye uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. En el mundo en 2020, aproximadamente 680 mil personas murieron de enfermedades relacionadas con el sida y se estima que 38 millones de personas vivían con el VIH.

Atención médica y prueba

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 estimó la población de 20 a 49 años en 53.5 millones de personas; de estas 642 mil declararon haber recibido consulta médica en los 12 meses previos a la encuesta para atenderse o recibir tratamiento por el VIH.

Según la encuesta, de las personas de 20 a 49 años que han tenido relaciones sexuales (48.9 millones), 35% (16.9 millones) se ha realizado la prueba de VIH. De este universo, 10.5 millones (62%) corresponden a mujeres y 6.4 millones (38%) a hombres.

Mortalidad

Durante 2020 en México se registraron 4 573 decesos debido a la enfermedad ocasionada por el VIH, de los cuales 3 815 (83%) correspondieron a defunciones en hombres y 758 (17%) en mujeres. La tasa de mortalidad por esta causa es de 3.62 por cada 100 mil habitantes; 6.19 en el caso de los hombres (por cada 100 mil hombres) y 1.17 en las mujeres (por cada 100 mil mujeres).

Por grupo de edad, la tasa de mortalidad por VIH más alta se ubica en el grupo de personas de 30 a 44 años y conforme aumenta la edad va disminuyendo la tasa.

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), un nuevo informe publicado por ONU Mujeres destaca el impacto de la pandemia de COVID-19 en la seguridad de las mujeres, tanto en el hogar como en los espacios públicos. El informe muestra que la sensación de seguridad de las mujeres se ha visto mermada, lo que ha dado lugar a importantes repercusiones negativas en su bienestar mental y emocional. Este informe aparece en el momento en el que el mundo pone en marcha los 16 Días de activismo contra la violencia de género, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, con el tema global establecido por la campaña ÚNETE. “Pinta el mundo de naranja: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!”.

El nuevo informe de ONU Mujeres Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19, basado en datos de encuestas de 13 países, muestra que casi una de cada dos mujeres informó que ella o una mujer que conoce habían experimentado alguna forma de violencia desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Las mujeres que denunciaron estos datos tenían 1,3 veces más probabilidades de presentar un aumento del estrés mental y emocional que las mujeres que no lo hicieron.

Los hallazgos también revelaron que alrededor de una de cada cuatro mujeres se siente menos segura en el hogar, mientras que el conflicto existente ha aumentado dentro de los hogares desde que comenzó la pandemia. Cuando se les preguntó a las mujeres por qué se sentían inseguras en casa, citaron el maltrato físico como una de las razones (21 %). Algunas mujeres comunicaron específicamente que habían sufrido daños por parte de otros miembros de la familia (21 %) o que otras mujeres del hogar estaban sufriendo daños (19 %).

Fuera de sus hogares, las mujeres también se sienten más expuestas a la violencia: el 40 % de las encuestadas afirma que, desde el inicio de la COVID-19, se sienten menos seguras caminando solas por la noche. Cerca de tres de cada cinco mujeres también piensan que el acoso sexual en espacios públicos ha empeorado durante la COVID-19.

La presión financiera, el empleo, la inseguridad alimentaria y las relaciones familiares se destacaban como los principales factores de perturbación socioeconómica con un impacto significativo no sólo en las experiencias relativas a la seguridad (o violencia), sino también en el bienestar general de la mujer.

Sin embargo, existen pruebas sólidas de que es posible poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

“La violencia contra las mujeres se puede evitar. Las políticas y los programas adecuados dan resultados. Esto implica que haya estrategias exhaustivas y a largo plazo que aborden las causas profundas de la violencia, protejan los derechos de las mujeres y las niñas, y promuevan movimientos fuertes y autónomos a favor de los derechos de las mujeres. El cambio es posible, y ahora es el momento de redoblar nuestros esfuerzos para que entre todas y todos podamos eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas de aquí a 2030”.

Pahola es la primera trabajadora sanitaria digital del mundo especializada en alcohol y salud que ayudará a combatir el creciente consumo nocivo de alcohol en el continente americano, donde provoca 379.000 muertes cada año.

La nueva herramienta fue creada con inteligencia artificial por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como parte de los esfuerzos para apoyar a los países de la región en su lucha por reducir la ingesta de bebidas alcohólicas.

Los datos de la OPS señalan que los numerosos decesos ocurren por enfermedades, lesiones, intoxicaciones y envenenamientos relacionados con el alcohol.

El consumo regular de alcohol también aumenta el riesgo de cirrosis hepática y algunas formas importantes de cáncer y enfermedades cardiovasculares..

De acuerdo con la OPS, entre el 8% y el 10% de la población mayor de 18 años de las Américas padece un trastorno por consumo de alcohol, definido como uso nocivo del alcohol o dependencia de éste. Pero alrededor del 80% de las personas que necesitan tratamiento no lo reciben porque los servicios están poco desarrollados o no están disponibles.

La agencia explicó que Pahola habla español, inglés y portugués; que es empática y libre de juicios; y que puede proporcionar información general sobre los riesgos del consumo de alcohol y comunicarse de forma interactiva y confidencial con las personas.

La trabajadora digital es capaz de ayudar a evaluar los riesgos relacionados con el alcohol de los usuarios mediante una serie de preguntas y, si las personas deciden reducir el consumo, Pahola puede asistirles en el trazo de un plan que incluya la identificación de los factores desencadenantes y la manera de afrontarlos. También puede referir a las personas a servicios de tratamiento del alcoholismo.

Entre los beneficios que Pahola puede aportar, la OPS afirmó que puede aumentar de forma importante la educación sobre el alcohol en entornos donde simplemente no hay profesionales de la salud para proporcionar información y apoyo gratuitos o de bajo costo.

Según los expertos de la agencia, muchas personas pueden reducir su consumo de alcohol con consejos sencillos pero eficaces.

La nueva herramienta es un complemento a otras medidas de la OPS para disminuir el consumo de riesgo en la región, entre las que se cuentan la asistencia a los países para reforzar las políticas públicas como el establecimiento efectivo de impuestos sobre el alcohol, las restricciones integrales a la venta y comercialización de alcohol y la mejora de los tratamientos.

Además de Pahola, la OPS presentó esta semana la campaña de educación pública “Vive mejor, bebe menos” para concienciar sobre los efectos nocivos del alcohol en América.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió que sigue creciendo el número de personas que se encuentran al borde de la hambruna, mientras el número de personas que sufren un problema de hambre aguda se ha disparado y ha crecido en alrededor de tres millones de personas desde el inicio de año.

La cifra de quienes pasan hambre de forma aguda ha aumentado desde los 42 millones de principios de año, y los 27 millones de 2019, hasta los actuales 45 millones en 43 países.

El Programa Mundial de Alimentos y sus socios humanitarios continúan intensificando sus esfuerzos para ayudar a millones de personas que se enfrentan al hambre. Sin embargo, las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles en un momento en el que las fuentes de financiación tradicionales están sobrecargadas.

El coste de evitar la hambruna en el mundo asciende ahora a 7000 millones de dólares, frente a los 6600 millones estimados a principios de año.

Un análisis de vulnerabilidad de la agencia de la ONU en 43 países demuestra que las familias se ven obligadas a comer menos, o a saltarse las comidas por completo, a alimentar a los niños en lugar de a los adultos y, en algunos casos extremos, a comer langostas, hojas silvestres o cactus para sobrevivir, como en Madagascar.

En otras zonas, las familias se ven obligadas a casar a los niños a una edad temprana o a sacarlos de la escuela, a vender sus bienes como el ganado o lo poco que les queda. Un caso extremo es el reportado por los medios de comunicación de Afganistán que señalan que las familias se ven obligadas a vender a sus hijos en un intento desesperado por sobrevivir.

La subida de los precios de los alimentos recientemente anunciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación no solo provoca que los alimentos estén fuera del alcance de millones de las personas más pobres del mundo, sino que también aumenta el coste de la adquisición de la comida en los mercados mundiales.

A esta coyuntura se suman los altos precios del combustible, que aumentan los costes de transporte y suponen una mayor presión sobre las cadenas de suministro mundiales: cuando hace un año el envío de un contenedor costaba 1000 dólares ahora cuesta 4000 o incluso más.

Durante este año, el Programa Mundial de Alimentos se ha embarcado en la mayor operación de su historia dirigida a 139 millones de personas en los 85 países en los que opera.

Esta labor abarca tanto las necesidades alimentarias y nutricionales de emergencia, como el trabajo con los socios para fortalecer la resiliencia y aumentar la autonomía de las personas más pobres y vulnerables del planeta.

Este 15 de octubre es el día Internacional de la Mujer Rural, el cual fue establecido por la Conferencia Mundial de las Mujeres en 2007.

En el sector rural, la mujer realiza actividades agropecuarias y pesqueras de gran importancia y es fundamental conocer algunos datos de las mujeres en el sector primario:.

De la población hablante de lengua indígena, las mujeres representaron poco más de la mitad (51.4%); de ellas 60.2% vive en localidades rurales (2.3 millones).

Las jefas de familia con negocio en la actividad agropecuaria y pesquera registraron un ingreso promedio mensual de 8 mil 515 pesos.

La contribución de las mujeres rurales del país se matiza por el aporte de los bienes y servicios que generan para la sociedad nacional.

Fuente: SIAP 15 de octubre de 2021

En un nuevo informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instan a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar, entre otras medidas, para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“La pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de construir una agenda de salud pública con una perspectiva integral e integrada en América Latina y el Caribe, que reconozca la interdependencia que existe entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, señala el documento La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social, dado a conocer en una conferencia de prensa

La pandemia de COVID-19 ha cobrado poco más de 1,5 millones de vidas en América Latina y el Caribe y ha dado lugar a más de 45,7 millones de casos confirmados desde su aparición en la región, en febrero 2020. La región acumula cerca de un quinto de los casos confirmados de COVID-19 y alrededor del 30% de las muertes en todo el mundo, a pesar de constituir solamente el 8,4% de la población mundial.

En 2020, a raíz de la crisis sanitaria, la región de América Latina y el Caribe experimentó la mayor contracción económica de los últimos 120 años y fue la región que tuvo el peor desempeño entre todas las regiones en desarrollo. El crecimiento prácticamente nulo en el quinquenio previo a la crisis, unido a la fuerte contracción de 2020 (-6,8%), se tradujo en una caída histórica de la ocupación y un aumento sin precedentes del desempleo, junto con incrementos significativos de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad, lo que ha exacerbado aún más los problemas estructurales de la región. Para 2021 se espera una tasa de crecimiento promedio del 5,9%, mientras que en 2022 de 2,9%. No obstante, esta expansión no será suficiente para que toda la región recupere el nivel de PIB anterior a la crisis.

“Junto con las debilidades estructurales de los sistemas de salud para enfrentar la pandemia, la prolongación de la crisis sanitaria está estrechamente relacionada con el avance lento y desigual de los procesos de vacunación en la región y las dificultades de los países para mantener medidas sociales y de salud pública en los niveles adecuados”, sostiene el informe. En promedio, en América Latina y el Caribe un 39% de la población cuenta con esquema completo de vacunación. Si bien países como Chile y Uruguay superan el 70%, 25 de los 49 países y territorios de la región no sobrepasan el 40% del total de su población con esquema completo de vacunas.

El documento enfatiza que la persistencia de la crisis ha evidenciado la necesidad de transformar los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, que ya antes de la pandemia se caracterizaban por la debilidad de la capacidad de respuesta de los servicios de salud, su subfinanciamiento, con un nivel muy inferior al acuerdo regional del 6% del PIB, y la fragmentación y la segmentación del sistema de salud. Estas condiciones constituyen las causas estructurales de las inequidades en el acceso a los servicios de salud y la persistencia de un alto gasto de bolsillo, alertan la CEPAL y la OPS. De hecho, ambos organismos consignan en el informe “una alta correlación entre la vulnerabilidad socioeconómica y el nivel de gravedad y muerte por COVID-19”.

De igual forma, los déficits de inversión pública de los sistemas de salud de la región se traducen en debilidad en la rectoría de las autoridades de salud, en una escasez relativa de recursos humanos, con una disponibilidad promedio de 20 médicos por cada 10.000 habitantes, muy por debajo de los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en limitaciones en la capacidad resolutiva de la red de servicios de salud, en particular el primer nivel de atención.

En el documento también se manifiesta la preocupación por la falta de acceso a los servicios de salud que ha experimentado una parte de la población durante la pandemia debido a la saturación observada. De acuerdo con información oficial, en 2021, un 35% de los países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55% en el caso de los países que declararon interrupciones en servicios prestados en el primer nivel de atención.

Entre sus recomendaciones específicas, ambas instituciones señalan la necesidad de: incorporar el enfoque intersectorial en las políticas de salud; transformar los sistemas de salud teniendo en cuenta la centralidad de la atención primaria de salud, fortalecer el ejercicio de las funciones esenciales de salud pública, la equidad en salud, la sostenibilidad financiera y el papel del Estado; acelerar los procesos de vacunación masiva y mantener las medidas sociales y de salud pública en niveles adecuados para controlar la crisis sanitaria; lograr avances tecnológicos para la salud y el desarrollo sostenible a nivel regional; acelerar los procesos de transformación digital del sector salud; mantener políticas fiscales expansivas y fortalecer la inversión pública para avanzar hacia una recuperación transformadora; y consolidar Estados de bienestar con políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos.

En América Latina y el Caribe vive el 8,4% de la población mundial; sin embargo, es una región que acumula la quinta parte de los casos de COVID-19 y el 30% de las muertes por esa enfermedad (1,5 millones), además de que su economía ha sido la más afectada por la pandemia, con una contracción del 6,8% de su Producto Interno Bruto en 2020.

Estos datos hacen evidente la necesidad de construir una agenda de salud pública integral “que reconozca la interdependencia entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, subraya un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

El estudio La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social insta a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La prioridad sigue siendo controlar la crisis sanitaria desde un enfoque integral y mediante la aceleración de los procesos de vacunación de la población, apuntan los organismos.

La pandemia de COVID-19 hizo evidentes las limitaciones de los países del bloque para el abastecimiento de vacunas y medicamentos, y probó las debilidades de los sistemas de salud, la desigualdad frente al acceso a atención primaria universal y la carencia de una planificación anticipatoria.

Además, la falta crónica de financiamiento a la investigación y el desarrollo tecnológico y las débiles políticas industriales impidieron desarrollar las capacidades existentes para producir vacunas oportunamente y construir un mercado de escala de medicamentos.

La OPS y la CEPAL indicaron que la lentitud y desigualdad de la vacunación en la región, así como las dificultades de los países para mantener medidas sociales y de salud pública en los niveles adecuados, son consecuencia directa de la debilidad estructural de los sistemas sanitarios para encarar la pandemia y la prolongación de la crisis.

El informe da cuenta también de la falta de acceso a los servicios de salud que ha padecido gran parte de la población debido a la saturación de los sistemas sanitarios por la pandemia. Según datos oficiales, en 2021 un 35% de los países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55% en el caso de los países que declararon interrupciones en servicios prestados en el primer nivel de atención.

Frente a este escenario, es imperativo entender la salud como parte de la economía y trabajar en la construcción de sistemas sanitarios “universales, solidarios y resilientes”, lo que requiere inversiones públicas y privadas.

La actividad física mejora la salud física, mental y social y el bienestar general; ayuda a prevenir enfermedades y reduce la carga sobre los sistemas de salud. Según los responsables de la Organización Mundial de la Salud, se podrían evitar hasta 5 millones de muertes al año si la población mundial fuera más activa.

La práctica del deporte “es un componente esencial de la ‘Salud para todos’, que es el credo de la Organización Mundial de la Salud para lograr poblaciones más sanas y un planeta más saludable. En resumen, es tiempo de velar por que la actividad física sea imprescindible”.

Las estadísticas muestran que uno de cada cuatro adultos de todo el mundo no realiza la actividad física suficiente que le permita aprovechar sus beneficios y revelan que, en todos los países, las mujeres, los grupos étnicos minoritarios, las comunidades desfavorecidas y las personas con discapacidades o enfermedades crónicas tienen más probabilidades de permanecer inactivas.

Por ejemplo, Las mujeres son menos activas que los hombres, con una diferencia de más del 8% a nivel mundial (32% hombres frente a 23%, mujeres). Los países de renta alta son más inactivos (37%) en comparación con los de renta media (26%) y los de renta baja (16%).

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud recomiendan que todo el mundo sea activo con regularidad para obtener beneficios para la salud mental y física. Los adultos deben realizar al menos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada y vigorosa a la semana, y una media de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Los niveles de inactividad entre los adolescentes son también alarmantes, dado que al menos las tres cuartas partes de ellos no observan las directrices y, de esa proporción, en la mayoría de los países, las muchachas son más propensas a la inactividad que los muchachos.

En un documento para promocionar la práctica del ejercicio físico, titulado Juego Limpio: Crear un sólido sistema de actividad física para personas más activas, los expertos de salud pública de la OMS explican cómo puede lograrse ese objetivo.

El informe recuerda que la actividad física contribuye a la integración social, la igualdad de género, la empleabilidad y la educación, destaca los principales retos y oportunidades de cómo los países pueden construir un sistema de actividad física y deporte más justo, y hace un llamamiento para apoyar a los países a ampliar las acciones de promoción de la actividad física en todas sus formas, para todas las edades y capacidades.

Para lograr avances reales en la esfera de la actividad física se requiere un enfoque de sistemas estratégicos coordinados, según se describe en el Plan de acción mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la Organización Mundial de la Salud.

El Plan incluye datos probatorios y recomendaciones normativas basadas en la práctica sobre la manera de incrementar la actividad física en todos los países.

Además, insta a todos los países a proporcionar educación pública constante, entornos propicios y programas diversos que permitan a las personas mantenerse activas de manera segura y placentera a través de:

El nuevo Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud dibuja un decepcionante panorama de fracaso mundial a la hora de prestar a las personas los servicios de salud mental que necesitan, en un momento en el que la pandemia de la COVID-19 está poniendo de manifiesto la creciente necesidad de apoyo en materia de salud mental.

La última edición del Atlas, que incluye datos de 171 países, es un claro indicio de que la mayor atención prestada a la salud mental en los últimos años aún no se ha traducido en una ampliación de los servicios de atención de salud mental de calidad que se ajuste a las necesidades.

El Atlas, que se publica cada tres años, es una recopilación de datos proporcionados por países de todo el mundo sobre las políticas, la legislación, la financiación, los recursos humanos, la disponibilidad y la utilización de los servicios y los sistemas de recopilación de datos en materia de salud mental. También es un mecanismo para monitorear los avances hacia el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental de la OMS.

Ninguna de las metas de liderazgo y gobernanza eficaces en materia de salud mental, prestación de servicios de salud mental en entornos comunitarios, promoción y prevención de la salud mental, y fortalecimiento de los sistemas de información, estuvo cerca de alcanzarse.

En 2020, solo el 51% de los 194 Estados Miembros de la OMS informaron de que su política o plan de salud mental estaba en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, porcentaje que es muy inferior a la meta del 80%. Y solo el 52% de los países cumplieron la meta relativa a los programas de promoción y prevención de la salud mental, porcentaje también muy inferior a la meta del 80%. La única meta para 2020 que se cumplió fue la reducción de la tasa de suicidio en un 10%, pero, incluso entonces, solo 35 países dijeron que tenían una estrategia, política o plan de prevención independiente.

Las estimaciones mundiales de las personas que reciben atención para afecciones específicas de salud mental (utilizadas como un indicador de la atención de salud mental en su conjunto) se mantuvieron por debajo del 50%, con una mediana mundial del 40% de las personas con depresión y solo del 29% de las personas con psicosis que reciben atención.

Más alentador fue el aumento del número de países que informaron de programas de promoción y prevención de la salud mental, que pasó del 41% de los Estados Miembros en 2014 al 52% en 2020. Sin embargo, el 31% del total de los programas notificados no contaban con recursos humanos y financieros específicos, el 27% no tenían un plan definido y el 39% no tenían pruebas documentadas de los avances y/o el impacto.

El número medio mundial de trabajadores de salud mental por cada 100 000 habitantes ha aumentado ligeramente, pasando de nueve trabajadores en 2014 a 13 trabajadores por cada 100 000 habitantes en 2020. Sin embargo, se observa una variación muy elevada entre países de distintos niveles de ingresos, ya que el número de trabajadores de salud mental en los países de ingresos altos es más de 40 veces superior al de los países de ingresos bajos.

Las metas mundiales recogidas en el Atlas de Salud Mental proceden del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental de la OMS, que contenía metas para 2020 aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud en 2013. Este Plan se ha ampliado ahora hasta 2030 e incluye nuevas metas para la inclusión de la salud mental y el apoyo psicosocial en los planes de preparación para emergencias, la integración de la salud mental en la atención primaria de salud y la investigación sobre salud mental.

«Los nuevos datos del Atlas de Salud Mental nos muestran que todavía tenemos un camino muy largo por recorrer para conseguir que todo el mundo, en todas partes, tenga acceso a una atención de salud mental de calidad».

Con información sobre políticas, legislación, financiación, recursos humanos, disponibilidad y utilización de servicios y sistemas de recopilación de datos de salud mental de 171 países, el Atlas deja al descubierto la falta de avances en el liderazgo, la gobernanza y el financiamiento del sector.

El texto indica que para 2020, sólo el 51% de los 194 Estados Miembros de la OMS informaron que su política o plan de salud mental estaba en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, muy por debajo del objetivo del 80%.

Además, apenas el 52% de los países cumplieron la meta relacionada con los programas de prevención y promoción de la salud mental, también muy por debajo del objetivo del 80%. La única marca alcanzada ese año fue una reducción de la tasa de suicidios en un 10%, un problema para el que únicamente 35 países reportaron una estrategia, política o plan de prevención independiente.

La Organización ha recomendado durante mucho tiempo la descentralización sistemática de la atención de salud mental a entornos comunitarios, pero sólo el 25% de los países han integrado estos servicios a la atención primaria.

El Atlas reporta que más del 70% del gasto público en salud mental se asigna a hospitales psiquiátricos en los países de ingresos medios, frente al 35% en los países de renta alta, lo que indica que los hospitales psiquiátricos centralizados y la atención hospitalaria institucional todavía reciben más fondos que los servicios prestados en los hospitales generales y los centros de atención primaria de salud en muchos países.

En este sentido, la OMS llamó a los países a cambiar el modelo según el cual los servicios de salud mental son solamente institucionales.

El Atlas también recalcó que aunque algunos números denotan ciertos pasos adelante, no necesariamente lo son y se refirió como ejemplo al aumento de los países con programas de promoción de la salud mental, que si bien pasaron de un 41% en 2014 a un 52% en 2020, un tercio de ellos no le asignó recursos humanos o financieros a los servicios que harían falta y otro 27% no tiene un plan definido para otorgarlos. Por lo tanto, el incremento en la promoción de la salud mental en realidad tiene una efectividad cuestionable, sostiene la OMS.

El Plan de Acción Integral de Salud Mental con metas para 2020 se ha extendido hasta 2030 y lista nuevos objetivos entre los que se cuenta el apoyo sanitario y psicosocial en los planes de preparación para emergencias, la integración de la salud mental en la atención primaria de salud y la investigación en salud mental.

Según la OMS, si los gobiernos respaldan con acciones el entusiasmo con el que discutieron y acordaron los nuevos objetivos para 2030, el campo de la salud mental pasaría de “dar pasos de bebé a dar pasos de gigante”.

“La extensión del Plan de Acción de Salud Mental hasta 2030 brinda una nueva oportunidad de progreso”, afirmó el organismo de la ONU.

Antes de la emergencia sanitaria por la covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya estimaba que en México el 75% de la fuerza laboral padecía estrés. Después de 18 meses de pandemia, la realidad no es distinta e incluso los daños en la salud mental de los trabajadores se acentuaron debido a temas como la pérdida de empleo, jornadas laborales largas o sobrecargas de trabajo.

La pandemia y sus efectos en la vida laboral y personal llevaron a México al primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con más niveles de ansiedad. Previo a la crisis sanitaria, el 15% de la población de nuestro país experimentaba este padecimiento, esa proporción se elevó al 50% un año después.

“Estar sin trabajo durante 2020 aumentó los riesgos para la salud mental. La evidencia muestra que las personas empleadas tienen menos probabilidades de informar síntomas de depresión y ansiedad que las personas desempleadas”, destacó la OCDE en su informe sobre políticas públicas en respuesta al coronavirus.

En México la pandemia destruyó más de 12 millones de puestos de trabajo al inicio de la emergencia sanitaria. Y aunque el mercado laboral se ha recuperado gradualmente, aún hay miles de personas que no han logrado incorporarse a una actividad productiva y diversos estudios confirman que el panorama tampoco ha sido el óptimo para quienes se quedaron activos en el empleo pues se incrementaron la demanda de trabajo y las jornadas laborales.

En síntomas de depresión el panorama es similar al de la ansiedad. Antes de la pandemia este padecimiento afectaba al 3% de la población, la emergencia sanitaria elevó la proporción al 27.6% y de esta manera nuestro país pasó del lugar 13 a la tercera posición entre las economías que integran la OCDE en esta medición, el aumento más alto en todo el grupo.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que el impacto negativo de la pandemia en la salud mental puede enfrentarse con políticas integradas e intersectoriales enfocadas a la atención puntual de los padecimientos.

“La recomendación, resultado del trabajo de la OCDE sobre salud mental y trabajo, sugiere que a través de la intervención temprana en las políticas de juventud, lugar de trabajo y bienestar, los resultados sociales, educativos y del mercado laboral de las personas que experimentan problemas de salud mental se puede mejorar. Este enfoque basado en el reconocimiento temprano y los servicios integrados es cada vez más importante”, expuso el organismo.

Fuente:EL ECONOMISTA 08 de octubre de 2021

Pero ¿cuál es la realidad cotidiana de las personas en situación de pobreza multidimensional? Los datos dibujan un panorama sombrío:

Aunque todavía no contamos con datos completos sobre el impacto de la COVID-19 en el IPM, la pandemia ha desnudado las grietas existentes en los sistemas de protección social, en la educación y la vulnerabilidad de los trabajadores en todo el mundo. Estas grietas, señala el informe, son más profundas en los países con mayores tasas de pobreza multidimensional. Por ejemplo, millones de niños y niñas vieron interrumpida su escolarización presencial durante la pandemia en todo el mundo, pero la alteración en la educación formal fue más acentuada en los países con los índices de pobreza multidimensional más elevados. Un ejemplo es Zambia, donde la diferencia entre el porcentaje de hogares con niños que iban a la escuela antes de la pandemia y los que utilizaron la educación a distancia durante la misma fue de alrededor de 80 puntos porcentuales. Si nos atenemos a la experiencia de emergencias sanitarias anteriores, es posible que muchos de estos niños y niñas ya no vuelvan a la escuela.

El INEGI da a conocer los principales resultados de la Estadística de matrimonios 2020 con información de las características del matrimonio y de los contrayentes.

Esta estadística se obtiene mensualmente de los registros administrativos de las oficialías del Registro Civil y son publicadas anualmente.

Para la Estadística de matrimonios 2020 se contó con información de 4 712 oficialías del Registro Civil, que registraron 335 563 matrimonios, con lo que se obtiene una tasa nacional de 3.82 matrimonios por cada 1 000 habitantes de 18 años o más. En 2011 la tasa fue de 7.61.

Características del matrimonio

Las entidades federativas que presentan las tasas más altas de matrimonios por cada 1 000 habitantes de 18 años o más fueron Coahuila de Zaragoza (5.5), Quintana Roo, Sinaloa (ambas con 5.4) y Sonora (5.3). Las que presentaron las tasas más bajas fueron Ciudad de México (1.7), Yucatán (1.9), Tabasco (2.5) y Tlaxcala (con 2.8).

En febrero de 2020 se registró el mayor número de matrimonios con 22.4% (75 334), seguido de diciembre con 13.8% (46 352) y enero con 10.7% (35 801). Las menores proporciones corresponden a mayo con 1.6% (5 258), abril con 1.8% (5 973) y junio con 2.7% (9 188).

Las entidades federativas con mayor contribución a los 25 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes era menor de edad, fueron Chihuahua con 7 casos, Durango con 5, Guanajuato y Puebla con 3 y los restantes se distribuyen entre seis de ellas.

En 23 entidades se registraron un total de 2 476 matrimonios entre personas del mismo sexo de los cuales 1 085 se realizaron entre hombres y 1 391 entre mujeres.

Características de los contrayentes

La edad promedio al casarse es de 33.2 años para los hombres y 30.3 para las mujeres. En los matrimonios entre personas del mismo sexo, el promedio para los hombres es de 35.8 años y para las mujeres de 34.4 años.

De los matrimonios registrados en el país, 94.7% se realizó entre mexicanos. En 4.5% de los casos uno de los contrayentes era extranjero y en 0.8% ambos contrayentes eran extranjeros.

El 53.4% de los contrayentes se casan con personas del mismo nivel de escolaridad destacando quienes cuentan con licenciatura (36.2%). Les siguen los de personas con nivel de preparatoria o equivalente con 27.1% y los de secundaria o equivalente con 25.9 por ciento.

Respecto a la condición de actividad económica 93.1% de los hombres declaran estar trabajando al momento de contraer matrimonio, mientras que la proporción de las mujeres que presentan esta condición es de 49.1 por ciento.

La principal posición en el trabajo de los contrayentes es la de empleado, con un total de 197 834 (63.4%) hombres y 125 434 (76.1%) mujeres.

Las principales actividades a las que se dedican las mujeres que no contaban con trabajo al momento de contraer nupcias corresponden a personas dedicadas a los quehaceres del hogar (131 702, que equivalen a 90.4%) y al estudio (11 593, equivalentes a 8.0%). En el caso de los hombres corresponde a quienes estaban jubilados, con un 57.6 por ciento.

Fuente: INEGI 30 de septiembre de 2020