De acuerdo con los resultados del vigésimo noveno levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de diciembre de 2020, durante ese mes, 68.1% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al 72.9% registrado en diciembre de 2019, pero no es estadísticamente diferente al 67.8% registrado en septiembre de 2020. En esta edición, 14 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a septiembre de 2020: 6 tuvieron reducciones y 8 incrementaron. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 72.6%, mientras que para los hombres fue de 62.7 por ciento.

La siguiente tabla muestra los resultados del IOAE para las series consideradas con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Se estima una variación del IGAE de noviembre respecto al mismo mes del año anterior de (-)5.0 por ciento. Considerando los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que, para las actividades secundarias, se calcula una caída anual de (-)5.3% en noviembre, mientras que, para el sector terciario, la variación anual sería de (-)4.8 por ciento.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Cancún, Cuernavaca, y San Luis Potosí, con 94.8, 89.9, 88.9, 88.1, 87.7 y 87%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Los Cabos, Mérida, Saltillo, La Paz y San Nicolás de los Garza, con 11.7, 17.3, 24.6, 30.9, 31.8 y 31.8%, respectivamente.

A nivel nacional, 28.1% de los hogares contó con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el segundo semestre de 2020. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Iztapalapa, Atizapán de Zaragoza, Tláhuac, Cuautitlán Izcalli y La Magdalena Contreras con 47.1, 43.2, 42, 40.6 y 40.4%, respectivamente.

En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, de julio a diciembre de 2020 se estima que 12% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 47.9% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstas.

En este trimestre se proporciona información estadística sobre víctimas de acoso personal y violencia sexual. Se estima que de la población de 18 años y más, durante el segundo semestre de 2020, 14.3% fue víctima de acoso personal y/o violencia sexual. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 21.6%, mientras que en hombres fue de 5.7 por ciento.

En 2017, las mujeres representaban el 42% de los 164 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo. Los datos del ILOSTAT muestran que la proporción de mujeres en la población migrante en edad de trabajar aumentó en el último decenio en 24 de los 63 países para los que se dispone de series cronológicas, observándose un crecimiento particularmente importante en Azerbaiyán, Bulgaria, Indonesia y Viet Nam. En la mayoría de los países europeos, la proporción de mujeres migrantes se mantuvo constantemente alta durante ese período.

La proporción de mujeres migrantes en edad de trabajar con un nivel de educación avanzado (terciario y superior) aumentó entre 2009 y 2019 en 25 de los 40 países sobre los que se dispone de datos. Esta tendencia se ha observado en muchos de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) desde el decenio de 2000: tiene que ver en parte con el progreso mundial en el nivel de educación de las niñas y las mujeres, y en parte con la creciente demanda de mano de obra calificada en sectores con una fuerza de trabajo predominantemente femenina, como la salud y la atención social. En más de la mitad de los países de altos ingresos sobre los que se dispone de datos, el número de mujeres migrantes altamente calificadas en edad de trabajar supera al de sus homólogos masculinos.

Si bien la proporción de mujeres en ocupación suele ser inferior a la de los hombres en general, la diferencia entre los sexos en ocupación tiende a ser mayor entre los migrantes. En general, las mujeres migrantes tienen menos probabilidades de estar empleadas que los hombres migrantes, siendo el promedio respectivo de las proporciones de ocupación -con respecto a la población del 75% y el 85% para los 124 países sobre los que se dispone de datos. La diferencia entre las dos proporciones es mayor en los países de ingresos altos y medianos altos. En los países de ingresos bajos y medianos bajos, el porcentaje de mujeres migrantes empleadas tiende a ser más cercano al de sus homólogos masculinos.

Las mujeres migrantes también están en desventaja en cuanto a la calidad de los empleos que obtienen. En la gran mayoría de los países, es más probable que se dediquen a ocupaciones elementales que los hombres migrantes. Esta conclusión coincide con estudios anteriores que muestran la alta prevalencia de trabajadoras migratorias en sectores de servicios poco calificados, como los servicios domésticos, de limpieza y servicios menores conexos, especialmente en los países de altos ingresos. En Francia y Grecia, el 24% y el 34% de las trabajadoras migratorias, respectivamente, estaban empleadas como limpiadoras o ayudantes en 2016. En Chile, el 34% de las mujeres migrantes con educación secundaria superior o superior estaban en ocupaciones elementales en 2018, en comparación con el 22% de sus homólogos masculinos y solo el 15% de las mujeres no migrantes con el mismo nivel de educación. Se necesitaría un análisis a fondo para confirmar esta pauta en otros países y también para estudiar las causas del desajuste más importante entre la educación y la ocupación de las mujeres migrantes.

En general, la diferencia de remuneración entre los géneros de los migrantes es mayor en los países de bajos ingresos, donde la desigualdad salarial en la población general es mayor, y tiende a reducirse con el aumento del nivel de ingresos de los países. En los países de altos ingresos, los migrantes también se enfrentan a una mayor penalización salarial y ganan mucho menos que los no migrantes en promedio. La desventaja salarial a que hacen frente los migrantes, incluidos los hombres, en esos países puede explicar la reducción de las diferencias salariales entre los géneros que se observa entre los migrantes, en lugar de la mejor remuneración que reciben las trabajadoras migratorias.

En general, las trabajadoras migratorias se enfrentan a un reto de duelo, ya que se encuentran en la intersección de dos grupos -mujeres y migrantes- que suelen estar marginados y sujetos a diversas barreras del mercado laboral. Las crisis como la pandemia de COVID-19 no pueden sino exacerbar su vulnerabilidad. Los datos precisos desglosados por sexo y el análisis a fondo de la migración laboral internacional, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia actual cuando sea posible, son más necesarios que nunca para ayudar a elaborar políticas eficaces que aborden las necesidades específicas de las trabajadoras migratorias y les permitan acceder a un trabajo decente, a la igualdad de remuneración y a un trato justo en sus países de destino.

El documento Violencia contra niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19 alerta que estimaciones recientes calculan una prevalencia del 55% de agresión física y 48% de agresión psicológica en la crianza en América Latina y el Caribe.

Asimismo, agrega que, en el marco de la contención de la pandemia, se han reducido factores de protección y se han exacerbado los riesgos de violencia. De un lado, se constata una menor capacidad de detección de incidentes de violencia debido al aislamiento físico y al cierre de actividades presenciales en instituciones educativas y centros de primera infancia, la reducción en la oferta social de los Estados y la crisis económica que ha impactado el nivel de ingresos en los hogares.

A lo anterior se suma la cobertura limitada de acceso a internet y la brecha generacional en conocimientos sobre entorno digital en los adultos, que limita la labor de adecuado monitoreo y acompañamiento a niñas y niños que hoy pasan más tiempo en línea.

De igual forma, el informe advierte que los factores de riesgo para que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia en el hogar se han exacerbado. Entre estos, se resalta el incremento en los reportes de violencia contra la mujer (que tiene una estrecha relación con violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes), el aumento en el estrés y la ansiedad, el impacto económico en la niñez y adolescencia, el incremento de la actividad en línea tanto de niñas, niños y adolescentes, como de los perpetradores de violencia sexual.

Para abordar la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de la respuesta a la crisis del COVID-19, el documento propone recomendaciones adicionales a las políticas, programas y acciones con que se contaba antes de la crisis:

1.- Poner a la niñez en el centro de las políticas y planes para la recuperación económica de los países para revertir el incremento de la pobreza y erradicar inequidades históricas que perpetúan desafíos estructurales como la violencia basada en el género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo, que se reconstruye la confianza en las instituciones democráticas.

2.- Optimizar recursos mediante la convergencia de servicios que, entre otras, permita atender de forma coordinada los casos de violencia contra las mujeres y contra las niñas, niños y adolescentes; que amplíe el número de perceptores de oferta pública de servicios; que brinde atención específica y diferencial a las poblaciones que ya estaban en vulnerabilidad, y que promuevan la economía del cuidado atendiendo el equilibrio en la distribución de roles y tareas.

3.- Brindar atención para la salud mental y apoyo psicosocial en forma universal y gratuita para prevenir y atender trastornos de salud mental como depresión, ansiedad, tendencias suicidas y estrés en padres, madres y cuidadores, y en los propios niños, niñas y adolescentes, y a su vez promover prácticas asertivas de crianza y comunicación en el hogar.

4.- Asegurar el acceso universal a internet de todos los niños, niñas y adolescentes en áreas no cubiertas, así como la difusión de dispositivos electrónicos a las niñas, niños y adolescentes para asegurar su educación continua.

5.- Proteger a la niñez frente a la violencia en línea, difundiendo mensajes sobre el comportamiento seguro y responsable en línea y adoptando medidas concretas para combatir adecuadamente la violencia en internet.

6.- Garantizar la protección social universal para las familias incluyendo estímulos en efectivo, cobertura universal de salud y reconociendo la protección de la infancia, la salud mental y la educación como servicios esenciales y parte de una respuesta intersectorial basada en derechos.

7.- Asignar una inversión sostenida en la infancia y fortalecer los servicios para el bienestar y la protección de la niñez frente a todas las formas de violencia.

8.- Promover políticas laborales orientadas a apoyar la parentalidad positiva y basada en el género.

9.- Involucrar a las niñas, niños y adolescentes en la construcción de soluciones y oportunidades en el ámbito comunitario, local, regional y nacional.

Fuente: CEPAL 15 de diciembre de 2020

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pone a disposición de la ciudadanía y los tomadores de decisión la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP), en su primera etapa, como una herramienta que permite el análisis y divulgación de información geoespacial sobre la pobreza desde una perspectiva territorial.

La plataforma es un proyecto a largo plazo que se presentará por etapas y la actualización de sus indicadores se realizará en función de la disponibilidad de información. La primera etapa está organizada en cinco dimensiones: económica, sociodemográfica, infraestructura, geográfica y gobierno, con un total de 25 indicadores.

Para cada dimensión, los indicadores están disponibles mediante visores geoespaciales en los que se presenta información sobre el acceso de la población a infraestructura de salud o educación; entorno físico-geográfico; estructura sociodemográfica de la población; contexto económico e incluso, de algunas acciones en materia de infraestructura social del gobierno, entre más información.

La PATP destaca las características y contextos específicos de los municipios a partir de indicadores enfocados principalmente al análisis de la pobreza, con la finalidad de aportar elementos que sean de utilidad para tener un panorama general de las condiciones de los municipios en situación de pobreza y para el diseño e implementación de políticas públicas acordes a las características específicas de la población de cada localidad, municipio o región.

La Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza está compuesta por elementos que pueden ser descargados directamente y otros solo son para visualización y consulta.

La estructura general de la plataforma se muestra en la imagen siguiente.

Uno de los productos que se suma a la publicación de la PATP es el documento Pobreza rural en México (https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/PATP/Pobreza_rural.pdf) que surge a partir de una tipología municipal que forma parte de los indicadores de la dimensión geográfica, con el objetivo de analizar la pobreza e identificar el contexto territorial de los municipios rurales en México.

Fuente: CONEVAL 15 diciembre de 2020

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2020, programa estadístico que ofrece información relevante sobre la gestión y desempeño del Congreso de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, estructura parlamentaria y trabajo legislativo, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

En su versión 2020, los resultados del CNPLE integra información correspondiente a 2019, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados:

1) Estructura organizacional y recursos; 2) Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; 3) Control interno y anticorrupción; 4) Administración de archivos y gestión documental; 5) Participación ciudadana; 6) Estructura parlamentaria y trabajo legislativo.

Las enfermedades no contagiosas ahora constituyen siete de las diez principales causas de muerte en el mundo, cuando en el 2000 sólo eran cuatro, revelaron las Estimaciones de Salud Mundial de 2019 de la Organización Mundial de la Salud.

La enfermedad cardíaca se ha mantenido como la principal causa de muerte a nivel mundial durante los últimos 20 años. Sin embargo, ahora está matando a más personas que nunca aumentando de dos millones al comienzo de este siglo, a casi nueve millones en 2019. Las afecciones cardíacas ahora representan el 16% del total de muertes por todas las causas.

La segunda causa de muerte en el 2019 fueron los infartos cerebrales. A falta de los datos completos de 2020, el COVID-19, que ha causado más de un millón y medio de muertos, podría contribuir a un fuerte aumento en los fallecimientos por enfermedades pulmonares y respiratorias, que fueron la tercera y cuarta causa en 2019.

La enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia se encuentran ahora entre las 10 principales causas de muerte en todo el mundo, ocupando el tercer lugar tanto en las Américas como en Europa. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada: a nivel mundial, el 65% de las muertes por Alzheimer y otras formas de demencia son mujeres.

Las muertes por diabetes aumentaron en un 70% a nivel mundial entre 2000 y 2019, con un aumento del 80% en las muertes entre los hombres. En el Mediterráneo oriental, los fallecimientos por diabetes se han más que duplicado y representan el mayor aumento porcentual de todas las regiones.

La OMS alerta también sobre el ascenso de las muertes por consumo de drogas en América, la única región donde esta causa se encuentra entre las diez principales de mortalidad y donde los fallecimientos por este motivo se han multiplicado por tres desde el año 2000.

En 2019, las 10 principales causas de muerte representaron el 55% de los 55,4 millones de muertes en todo el mundo. Las causas de muerte se pueden agrupar en tres categorías: transmisibles (enfermedades infecciosas y parasitarias y condiciones maternas, perinatales y nutricionales), no transmisibles (crónicas) y lesiones.

1.- La cardiopatía isquémica
2.-Accidente cerebrovascular
3.-Enfermedad pulmonar obstructiva
4.-Infecciones del sistema respiratorio inferior
5.-Afecciones neonatales (nacimiento, asfixia, trauma al nacer, parto prematuro)
6.-Cánceres de tráquea y bronquios Enfermedad de Alzheimer y otras
7.-Enfermedades diarreicas Diabetes melitus
8.-Enfermedades renales
9.-Diabetes melitus
10.-Enfermedades renales

El INEGI presenta los resultados del Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) con el objetivo de proporcionar información de interés sobre la asistencia a los eventos culturales seleccionados en los doce meses anteriores al periodo del levantamiento, así como el interés de la población de 18 y más años de edad en eventos culturales, independientemente de su condición de asistencia.

La realización del MODECULT se pospuso de mayo a septiembre de 2020 debido a la situación de pandemia por COVID-19 que impidió realizar entrevistas cara a cara. Una vez levantadas las restricciones por las autoridades sanitarias del país para este tipo de entrevistas, se retomó el programa.

Principales Resultados

Como resultado del levantamiento de septiembre 2020, se obtiene que 43.2% del total de la población de 18 y más años de edad en localidades del agregado urbano declaró que asistió a algún evento cultural seleccionado en los últimos doce meses. Esta cifra muestra una disminución significativa de más de 14 puntos porcentuales en la asistencia en los últimos doce meses a obra de teatro, concierto o presentación de música en vivo, espectáculo de danza, exposición, proyección de película o cine, en comparación con mayo de 2019.

Por sexo se observa que al igual que en los levantamientos anteriores, el porcentaje de hombres que asiste a los eventos culturales seleccionados es mayor al de las mujeres. Sin embargo, se destaca que en 2020 además de la disminución en general en la asistencia para ambos sexos, se presenta una notable baja en las mujeres; la reducción en relación con mayo de 2019 es de 12 puntos porcentuales para los hombres y para las mujeres una diferencia de 16 puntos porcentuales.

Por nivel de escolaridad, asistieron a algún evento cultural seleccionado, 67.5% de la población con al menos un grado de educación superior y, en menor medida, 16.7% de la población de 18 años y más que no ha concluido su educación básica. En comparación con mayo de 2019, la reducción fue de 11 y 18 puntos porcentuales, respectivamente.

La asistencia a proyección de película o cine, así como la asistencia a concierto o presentación de música en vivo presentan una reducción en comparación con mayo de 2019 en 13 y casi 9 puntos porcentuales, respectivamente.

Cabe destacar el papel primordial que ha adquirido el Internet para la difusión de los eventos culturales, ya que, para este levantamiento, fue la principal fuente mediante la cual la población urbana declaró informarse de los distintos espectáculos y eventos culturales, con una marcada diferencia con el segundo medio de difusión declarado, que en este caso es la televisión.

En cuanto al interés de la población de 18 y más años de edad por los diferentes eventos culturales, independientemente de su condición de asistencia, se identifica que espectáculo de danza tiene la menor atracción para la población, ya que 76% indicó tener poco o nada de interés en él; mientras en situación contraria se encuentra proyección de películas o cine, con un 58.3% de esta población que señala tener mucho o regular interés.

De la población de 18 y más años de edad que asistió a eventos culturales seleccionados, 70.1% recibió estímulos en la infancia, tales como: fomento de asistencia a eventos culturales, motivación para asistencia a eventos culturales, información sobre la oferta de estos eventos, obsequio de entradas a eventos culturales e impartición de clases artísticas en la escuela, para asistir a estos eventos tanto en el hogar como en la escuela.

Así lo establece el artículo 2 de la Convención contra el Genocidio, que lo tipifica como delito de derecho internacional, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Aquellos países miembros de la convención se comprometen a prevenirlo y sancionarlo; y la responsabilidad principal tanto para evitarlo como para detenerlo recae en el Estado. Este año se cumplen 70 años de la Convención.

Para poder prevenir el genocidio, es de importancia crucial entender sus causas fundamentales. Los conflictos pueden surgir por múltiples motivos, pero los conflictos genocidas responden a factores relacionados con la identidad y tienden a ocurrir en sociedades con diversos grupos nacionales, raciales, étnicos o religiosos. Lo que genera el conflicto no son las propias diferencias de identidad, reales o percibidas, sino sus consecuencias en cuanto al acceso al poder y a la riqueza, a los servicios y recursos, al empleo, a las oportunidades de desarrollo, a la ciudadanía y al disfrute de los derechos y libertades fundamentales. Esos conflictos son fomentados por la discriminación, los discursos de incitación al odio que promueven la violencia y otras violaciones de los derechos humanos.

Es fundamental, además, determinar los factores (prácticas discriminatorias) que en cada situación concreta generan o propician desigualdades importantes en la administración de una población diversa. Tras la identificación de esos factores, se deben buscar maneras de reducir esas prácticas y, si es posible, erradicarlas. Puesto que no hay ningún país que sea totalmente homogéneo, el genocidio constituye una amenaza de alcance realmente mundial.

Los tres pilares de la responsabilidad de proteger están estipulados en el Documento Final de la Cumbre y formulados en el informe del Secretario General de 2009 titulado “Hacer efectiva la responsabilidad de proteger”. El compromiso político adquirido por los Estados Miembros en 2005 está profundamente arraigado en el derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio.

La nueva ola de contagios de coronavirus en el mundo ha provocado nuevos cierres escolares en varios países, además de que hay otros que no han vuelto a abrir desde la aparición de la pandemia en sus territorios.

Según datos de la ONU, las aulas de cerca del 20% de los estudiantes del mundo están cerradas a 1 de diciembre, lo que significa un aumento de 90 millones de niños sin poder acudir a la escuela en tan sólo un mes para sumar un total de 320 millones. Los cierres de los centros escolares se habían reducido considerablemente en octubre.

Frente a esta situación, el Fondo para la Infancia conminó a los gobiernos a dar prioridad a la reapertura de las escuelas mediante la aplicación de todas medidas sanitarias necesarias para que las aulas sean lo más seguras que se pueda y evitar así el cierre de escuelas en todo el país.

Además de educar, muchas escuelas representan alimento y seguridad para los niños más marginados y vulnerables. Los cierres escolares pueden implicar que muchos de estos pequeños abandonen para siempre sus estudios.

UNICEF consideró que los países se han quedado cortos a la hora de implementar provisiones para que las escuelas estén a salvo del COVID-19 a pesar de que millones de niños han estado fuera de las aulas desde hace más de nueve meses. Esto, añadió, ha dado como resultado el cierre innecesario de los centros escolares.

De acuerdo con un análisis reciente de los datos de 191 países, no hay relación entre la operación regular de las escuelas y las tasas de transmisión comunitaria.

Para UNICEF, los planes de reapertura de escuelas deben incluir la ampliación del acceso a la educación, incluido el aprendizaje a distancia, sobre todo para los grupos marginados.

Con el objetivo de orientar a las autoridades nacionales y locales en sus decisiones con respecto a los centros escolares, UNICEF en conjunto con otros organismos de las Naciones Unidas elaboró en abril pasado el Marco para la reapertura de las escuelas, que brinda consejos prácticos y directrices en materia de reforma de políticas, requisitos de financiamiento, operaciones seguras, bienestar y protección.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizó la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 durante el cuarto trimestre de 2019, dirigida a la población de 5 a 17 años en México.

La encuesta da continuidad a la generación de información sobre la evolución del trabajo infantil en México y se levanta de manera regular cada dos años desde 2007.

Ofrece información actualizada sobre la medición del trabajo infantil en actividades económicas no permitidas y sobre el trabajo no remunerado en actividades domésticas en el propio hogar en condiciones no adecuadas.

Trabajo Infantil y sus Componentes

De acuerdo con los resultados de la ENTI 2019, la población infantil de 5 a 17 años en México fue de 28.5 millones, de los cuales, 3.3 millones (11.5%) realizaron trabajo infantil: 61.1% hombres y 38.9% mujeres.

La tasa de trabajo infantil en 2019 fue de 11.5%. De este, el 6.2% realizó solo alguna ocupación no permitida, 4.4% solo se dedicó a realizar quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 0.9% alternó ambas formas de trabajo.

Estudios realizados por la OIT, establecen que el fenómeno del trabajo infantil está estrechamente vinculado con el entorno social, económico y cultural de cada país o región, además de que identifica entre las causas más inmediatas de este fenómeno, la pobreza y algunas problemáticas que enfrentan las familias.

Las tasas de trabajo infantil más altas se observaron en Oaxaca con 21.5% y Puebla y Chiapas con 18.3%, cada una; en tanto que las más bajas se registraron en Baja California y Ciudad de México, con 5.3% y 5.4%, respectivamente.

Población Infantil en Ocupaciones no Permitidas

La medición del trabajo infantil en actividades económicas no permitidas comprende dos grupos de población, aquellos que trabajan a pesar de tener una edad menor a la permitida y los que teniendo la edad mínima legal para trabajar, lo hacen en sectores económicos y ocupaciones peligrosas y/o prohibidas; y en horarios prolongados de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta metodología fue aprobada por el Comité Técnico Especializado de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social (CTEETPS) en 2016, cuando se definió que las ocupaciones no permitidas son “las actividades económicas que no están permitidas por la ley, que ponen en riesgo la salud, o bien afectan el desarrollo físico y/o mental de las niñas, los niños y los adolescentes de 5 a 17 años de edad”.

La ENTI 2019 identificó 2 millones de niños, niñas y adolescentes que realizan ocupaciones no permitidas, que equivalen a 7.1% de la población de 5 a 17 años del país; mientras que la ocupación permitida la desarrollan 133 mil personas en este grupo de edad.

La tasa de ocupación infantil en actividades económicas no permitidas descendió de 11.5% a 7.1% entre 2007 y 2019. Esta tasa, para la población de 5 a 14 años en el mismo periodo, disminuyó de 6.9% a 4.1 por ciento.

Finalmente, de los 16.9 millones de hogares con población de 5 a 17 años identificada en 2019; en 1.8 millones de ellos (10.5%) hay niños, niñas o adolescentes que realizan ocupaciones no permitidas, la mayoría en hogares con jefatura masculina (74.7%). Aun así, el número de hogares con ocupación infantil no permitida mostró un descenso de 2.3 millones en 2009 a 1.8 millones en 2019.

Población Infantil que Realiza Trabajo
Doméstico en Condiciones no Adecuadas

Para la medición del trabajo doméstico en condiciones no adecuadas, se toma en cuenta la legislación laboral nacional, las recomendaciones internacionales y la metodología de las estimaciones mundiales de trabajo infantil de la OIT, su medición considera todas aquellas actividades dedicadas a la producción de servicios para el consumo de los integrantes del hogar, que afectan la salud o integridad física de quienes las realizan, es decir, se llevan a cabo en condiciones peligrosas o en horarios prolongados.

La ENTI 2019 estima que 20.8 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realizan quehaceres domésticos en sus hogares sin recibir remuneración, de los cuales 1.5 millones los hacen en condiciones no adecuadas (7.3%) y se puede descomponer en: 35.9% en horarios prolongados y 64.1% en condiciones peligrosas.

Por sexo, se observa que los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas lo realizan en menor proporción los niños (48.7%), en relación con las niñas (51.3 por ciento). Al dividirlos según las condiciones, en horarios prolongados, 34.2% representan los niños y 65.8% las niñas; en contraparte, en condiciones peligrosas, 56.8% corresponde a los niños y 43.2% a las niñas.

A nivel estatal, la tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas más alta se registra en Oaxaca, con 9.3% y la más baja en Baja California con 2.3 por ciento.

En el mayor llamamiento humanitario de su historia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) pidió este lunes a la comunidad internacional de donantes reunir 818 millones de dólares para llevar asistencia vital a 54 millones de mujeres, niñas y jóvenes en 68 países a lo largo de 2021.

La ayuda – que incluiría servicios de salud sexual y reproductiva, así como de protección de la violencia de género y apoyo a sus víctimas -, buscaría contrarrestar la interrupción de esos servicios básicos toda vez que los sistemas de salud han concentrado sus recursos y atención en la pandemia de COVID-19.

La agencia de la ONU subrayó, en este contexto, la escalada de la violencia doméstica y de género y la creciente urgencia de brindar servicios psicosociales durante la crisis sanitaria.

Si bien su plan de acción humanitaria para el año entrante abarca 68 países, el UNFPA destacó las naciones donde es mayor la emergencia:

Yemen: Como consecuencia del conflicto, más del 80% de la población, incluido más de un millón de mujeres embarazadas – muchas de ellas gravemente desnutridas -, precisa alguna forma de asistencia. Sólo la mitad de las instalaciones de salud permanecen funcionales y las denuncias de violencia de género han aumentado. La intención es asignarle 100 millones de dólares.

Siria: Tras una década de conflicto, más de once millones de personas necesitan asistencia y 5,7 se han refugiado en los países vecinos. Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables y el UNFPA trabaja con socios en el terreno para llevarles servicios de salud sexual y reproductiva y suministros básicos. La partida planeada para el país es de 81 millones de dólares.

República Democrática del Congo: La agencia de la ONU promueve la coexistencia pacífica entre comunidades con énfasis en las mujeres y jóvenes. También ha establecido líneas de ayuda para las víctimas de violencia de género. Los fondos para este país sumarían 67 millones de dólares.

Sudán: De los 12,7 millones de personas que precisan asistencia, casi 300.000 son mujeres embarazadas y apenas un tercio de los centros de salud cuenta con servicios de obstetricia. La asistencia para la violencia de género tampoco es fácil de encontrar. El UNFPA destinará 40 millones de dólares a Sudán.

Venezuela y países de acogida de refugiados venezolanos: Las medidas para frenar la propagación del COVID-19 han interrumpido el acceso a los servicios básicos y han hecho que decenas de miles de personas que habían migrado regresen a Venezuela. El UNFPA trabaja para garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y para reducir el riesgo de violencia de género entre las niñas, mujeres y comunidades de acogida. La agencia proyecta otorgar a esta emergencia 27 millones de dólares.

Unos 207 millones de personas se sumarían a las filas de la población que vive por debajo de la línea de pobreza como consecuencia de la crisis económica resultada de la pandemia de COVID-19, para elevar así a mil millones la cantidad de gente que estaría en esa situación en 2030, según cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Al igual que el PNUD, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), publicó un estudio que advierte del costo del COVID-19, sobre todo en los países menos desarrollados, que son también los que tienen menos medios financieros e institucionales para responder a este tipo de emergencias, al margen de alojar a más 50% de la población mundial en condiciones de pobreza extrema.

Sendos informes estiman que sólo en 2020, las personas que viven con menos de 1,9 dólares al día aumentarían en 32 millones, lo que incrementaría la tasa de pobreza del 32,5% al 35,7%.

La proyección más pesimista dice que el 80% de la crisis económica inducida por el COVID-19 persistiría diez años debido a la pérdida de la productividad, evitando el regreso al curso de desarrollo visto antes de la pandemia.

Los datos de la ONU indican los 47 países menos desarrollados representan menos del 1,3% del PIB mundial pese a ser hogar de 1060 millones de personas. En 2019, el PIB per cápita promedio en esas naciones fue de apenas 1088 dólares en comparación con un promedio mundial de 11.371 dólares.

De acuerdo con la UNCTAD, en 2020 esos países tendrán su peor desempeño económico en 30 años con una baja estrepitosa en sus ingresos, pérdida generalizada de empleos y déficits fiscales cada vez mayores, lo que revertirá años de progreso en la reducción de la pobreza, la nutrición y la educación.

No obstante este impacto, el PNUD considera que si se hiciera una serie de inversiones abocadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el peor escenario podría evitarse y 146 millones de personas saldrían de la pobreza extrema.

Con un plan ambicioso de impulso a los Objetivos de Desarrollo también se disminuiría la brecha de pobreza de género y se reduciría en 74 millones el número de mujeres en la pobreza, pese al efecto del COVID-19.

El estudio sugiere una combinación de los cambios de comportamiento a través de estímulos para los gobiernos y para los ciudadanos, tales como la mejora de la eficacia y la eficiencia en la gobernanza, y los cambios en los patrones de consumo de alimentos, energía y agua.

El desarrollo humano y económico se ha visto afectado en todos los aspectos y que la crisis de salud está lejos de terminar e insistieron en que un enfoque fragmentado frente a la crisis ha probado ser inadecuado y perjudicial para la salud y las economías, al igual que para el desarrollo y el disfrute de las garantías fundamentales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en los ámbitos federal y estatal (CNTAIPPDPF-E) 2020, programa estadístico que ofrece información relevante sobre la estructura organizacional, recursos y ejercicio de la función del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los Organismos Garantes de las entidades federativas (OG), específicamente en las funciones de gobierno, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentran:

En su versión 2020, los resultados del CNTAIPPDPF-E integran información correspondiente a 2019, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en seis apartados: 1) Estructura organizacional y recursos; 2) Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; 3) Control interno y anticorrupción; 4) Administración de archivos y gestión documental; 5) Garantía del acceso a la información y protección de datos personales; 6) Información de los sujetos obligados.

Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia de COVID-19 provocó que en el primer semestre de 2020 los salarios mensuales de dos terceras partes de los países sobre los que se disponía de datos oficiales se redujeran o crecieran más lentamente.

El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 indica que los efectos más adversos de la crisis se han hecho sentir en el salario de las mujeres y de los trabajadores con remuneraciones más bajas.

Las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres. De las estimaciones basadas en una muestra de 28 países europeos se desprende que, sin los subsidios, en el segundo trimestre de 2020, la pérdida salarial de las mujeres hubiera sido del 8,1% frente al 5,4% de los hombres.

La crisis también ha asestado un duro golpe a los trabajadores con remuneraciones más bajas. Quienes tenían una ocupación de baja calificación perdieron más horas de trabajo que quienes ocupaban un cargo directivo o profesional mejor remunerado. A partir de los datos del grupo de 28 países europeos el informe explica que, sin los subsidios temporarios, el 50% de quienes menos ganan hubiera perdido aproximadamente el 17,3% de su salario.

En la actualidad, el 90% de los Estados Miembros de la OIT tiene establecida alguna modalidad de salario mínimo. Ahora bien, incluso antes de comenzar la pandemia de COVID-19, a nivel mundial, 266 millones de personas –el 15% de todas las personas asalariadas del mundo– percibían una remuneración inferior a la del salario mínimo por hora, ya fuera a causa del incumplimiento de la normativa pertinente o porque su ocupación estaba excluida de la misma.

El informe también analiza las tendencias de los salarios en 136 países en los cuatro años anteriores a la pandemia y muestra que el crecimiento mundial del salario real* osciló entre el 1,6 y el 2,2%. Los salarios reales aumentaron más rápidamente en Asia y el Pacífico y en Europa Oriental, y con mucha más lentitud en América del Norte y Europa Septentrional, Meridional y Occidental.

A analizar los datos, los expertos de la OIT observaron un aumento del salario medio en una tercera parte de los países que habían facilitado datos; sin embargo, después descubrieron que ello se debía a la distorsión del valor promedio provocada por el gran número de trabajadores mal pagados que habían perdido el empleo y cuyos datos ya no se incluían entre los de los asalariados. En los países en los que se adoptaron medidas firmes para preservar el empleo, los efectos de la crisis se sintieron fundamentalmente como reducciones salariales, más que como pérdida masiva de puestos de trabajo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica información estadística disponible con respecto a las personas formadas en Física, Biología y Química.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al primer trimestre de 2020, hay en México poco más de 333 mil personas de 20 años y más formadas en estas disciplinas académicas.

Del total de estos profesionistas, 79% tienen formación en Biología, mientras que en Física 7% y en Química 14 por ciento. Del total de personas formadas en estas tres disciplinas académicas, 55% son mujeres y 45% son hombres.

Del total de personas formadas en estas tres disciplinas académicas, 89% tienen licenciatura, 8% maestría y 3% doctorado.

Pertenecen a la población económicamente activa (PEA) 224 mil personas (67 por ciento). De cada 100 de estas y estos profesionistas que desarrollan una actividad económica o buscaron activamente hacerlo, 94 se consideran dentro de la población ocupada y 6 dentro de la desocupada.

Del grupo poblacional que trabaja formado en estas tres disciplinas académicas, 70% se ocupa ya sea como profesionistas y técnicos; funcionarios, directores y jefes, o como trabajadores auxiliares en actividades administrativas.

Dos tercios de los niños en edad escolar del mundo, es decir, 1.300 millones de niños de entre 3 y 17 años, no tienen conexión a Internet en sus hogares, según un nuevo informe conjunto de UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

En el informe, titulado How Many Children and Youth Have Internet Access at Home? (Cuántos niños y jóvenes tienen acceso a Internet en el hogar), se señala que la falta de acceso es similar entre los jóvenes de 15 a 24 años, ya que 759 millones de jóvenes, o el 63%, no disponen de conexión en el hogar.

Casi 250 millones de estudiantes en todo el mundo todavía están afectados por el cierre de escuelas a causa de la COVID-19, lo que obliga a millones de estudiantes a confiar en el aprendizaje virtual. Para aquellos que no tienen acceso a Internet, la educación puede quedar fuera de su alcance. Incluso antes de la pandemia, una cohorte cada vez mayor de jóvenes necesitaba aprender capacidades básicas, transferibles, digitales, profesionales y empresariales para poder competir en la economía del siglo XXI.

La brecha digital está perpetuando las desigualdades que ya dividen a los países y las comunidades, señala el informe. Los niños y jóvenes de los hogares más pobres, de las zonas rurales y de los países con ingresos más bajos están quedando aún más atrás con respecto a sus pares y tienen muy pocas oportunidades de ponerse al día.

A escala mundial, entre los niños en edad escolar de los hogares más ricos, el 58% tiene conexión a Internet en su casa, en comparación con sólo el 16% de los hogares más pobres. También existe la misma disparidad en el nivel de ingresos de los países. Menos de 1 de cada 20 niños en edad escolar de los países de ingresos bajos tiene conexión a Internet en su casa, en comparación con casi 9 de cada 10 de los países de ingresos altos.

“La conexión de las poblaciones rurales sigue siendo un desafío formidable”. “Como muestra el informe de la UIT titulado Measuring digital development: Facts and figures 2020 (Medición del desarrollo digital: Hechos y cifras para 2020), hay grandes extensiones en las zonas rurales que no disponen de una red de banda ancha móvil, y son menos los hogares que tienen acceso a Internet en las zonas rurales. La brecha en la adopción de la banda ancha móvil y el uso de Internet entre los países desarrollados y los países en desarrollo es especialmente profunda, lo que coloca a casi 1.300 millones de niños en edad escolar, en su mayoría de países de bajos ingresos y regiones rurales, en riesgo de perder su educación por no tener acceso a Internet en el hogar”.

También hay disparidades geográficas dentro de los países y entre las regiones. A nivel mundial, alrededor del 60% de los niños en edad escolar de las zonas urbanas no tienen acceso a Internet en el hogar, en comparación con alrededor de las tres cuartas partes de los niños en edad escolar de los hogares rurales. Los niños en edad escolar de África Subsahariana y el Asia Meridional son los más afectados, ya que alrededor de 9 de cada 10 niños no están conectados.

El año pasado, UNICEF y la UIT lanzaron Giga, una iniciativa mundial para conectar a internet a todas las escuelas y a las comunidades que las rodean. En colaboración con los gobiernos, Giga ha trazado el mapa de más de 800.000 escuelas en 30 países. Con estos datos, Giga trabaja con los gobiernos, la industria, el sector civil y los aliados del sector privado para elaborar casos convincentes de inversión a fin de atraer una financiación mixta público-privada que permita construir la infraestructura de conectividad necesaria para establecer soluciones de aprendizaje digital y otros servicios.

Aunque las cifras del informe de UNICEF y la UIT presentan un panorama alarmante, es probable que la situación empeore debido a diversos factores agravantes, como la falta de asequibilidad y de seguridad y los deficientes niveles de conocimientos digitales. Según los datos más recientes de la UIT, los escasos conocimientos digitales siguen siendo un obstáculo para una participación significativa en una sociedad digital, mientras que la telefonía móvil y el acceso a Internet siguen siendo demasiado costosos para muchas personas en el mundo en desarrollo como resultado de las grandes disparidades en el poder adquisitivo.

Incluso cuando los niños tienen una conexión en el hogar, es posible que no puedan acceder a ella debido a la presión de las tareas domésticas o del trabajo, la falta de dispositivos suficientes en los hogares, el hecho de que a las niñas se les permita menos o ningún acceso a Internet, o la falta de comprensión sobre cómo se puede acceder a las oportunidades en línea. También hay cuestiones relacionadas con la seguridad en línea, ya que los padres suelen estar insuficientemente preparados para proteger a sus hijos.

En el pico de los cierres relacionados con la pandemia, 1.700 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de escuelas. Muchos han regresado desde entonces, pero a menudo a través de modelos remotos/híbridos que requieren supervisión en el hogar. A nivel mundial, unos 224 millones de estudiantes (más de 1 de cada 10 alumnos) siguen sin asistir a la escuela debido a los continuos cierres. Asediadas por estas nuevas exigencias, las familias están tomando decisiones difíciles sobre quién mantiene su trabajo remunerado y quién lo deja para proporcionar el cuidado no remunerado que se necesita en el hogar. En los hogares de todo el mundo, son predominantemente las mujeres -a menudo con menos sueldo y menos seguridad laboral que los hombres- las que están sacrificando sus carreras.

La pandemia ha golpeó con más fuerza las oportunidades del mercado laboral de la mujer. Según datos de 55 países de ingresos altos y medios, 29,4 millones de mujeres mayores de 25 años perdieron sus empleos entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. Un número ligeramente menor de hombres perdió el suyo (29,2 millones), pero como había muchas menos mujeres en la fuerza de trabajo, la pérdida proporcional de las mujeres es mayor. A finales del segundo trimestre de 2020, había 1,7 veces más mujeres que hombres fuera de la fuerza laboral en estos mismos 55 países. La misma proporción era de 2,1 veces en América Latina, una región muy afectada por las consecuencias económicas de COVID-19. El número de mujeres fuera de la fuerza de trabajo en esta región ha aumentado a 83 millones (frente a 66 antes de COVID-19), en comparación con 40 millones (frente a 26 antes de COVID-19) en el caso de los hombres.

La participación de la mujer en la fuerza de trabajo está conformada por las responsabilidades domésticas y de cuidado en formas que no son las del hombre. La participación de la mujer también varía considerablemente según el estado civil y la presencia de hijos. Los datos de la Unión Europea muestran que las ausencias del trabajo fueron mayores entre las mujeres que entre los hombres durante la primera oleada, cuando las escuelas y las guarderías cerraron o se trasladaron a formatos remotos/en línea.

En los Estados Unidos, donde el número de mujeres que abandonaron la fuerza de trabajo en septiembre fue cuatro veces mayor que el de hombres, una de cada cuatro mujeres que perdieron su trabajo durante la pandemia dijo que fue por falta de cuidado de los niños, el doble que entre los hombres. En el Reino Unido, las mujeres también tenían más probabilidades que los hombres de decir que su equilibrio entre la vida laboral y la vida privada se estaba deteriorando (22%, en comparación con el 16% de los hombres).

Los nuevos datos del Brasil, Chile, Costa Rica y México muestran que las mujeres con hijos que viven en pareja han experimentado descensos más pronunciados que los hombres en la participación en la fuerza de trabajo, relacionados con la pandemia, y estos descensos son más pronunciados en el caso de las mujeres que viven con niños menores de 6 años.

Las mujeres también constituyen el grueso de los trabajadores del sector de los cuidados esenciales, incluido el 70% de los trabajadores de la salud. Sin embargo, a pesar de su importancia, los países no han dado prioridad a las inversiones en los sectores de la atención, lo que ha dado lugar a una escasez de trabajadores de la salud y de condiciones de trabajo deficientes. La emergencia sanitaria de COVID-19 ha exacerbado una crisis mundial de atención que corre el riesgo de deshacer gran parte de los avances logrados en la reducción de las desigualdades de género en el trabajo.

Sólo cuando el cuidado se ponga en el centro de las políticas sociales y económicas será posible un mejor futuro laboral para las mujeres y los hombres con responsabilidades familiares.

Más de 3 000 millones de personas viven en zonas agrícolas con niveles altos o muy altos de déficit y escasez de agua, y casi la mitad de estas personas afrontan graves limitaciones. Asimismo, la disponibilidad de recursos de agua dulce por persona ha disminuido en más de un 20 % durante los dos últimos decenios a nivel mundial, lo que subraya la importancia de producir más con menos, especialmente en el sector de la agricultura, el mayor usuario de agua del mundo.

La mejora de la gestión del agua, apoyada por una gobernanza eficaz e instituciones sólidas -incluida la seguridad en la tenencia del agua y los derechos sobre esta, que se sustenta en una sólida contabilidad y auditoría del agua- será fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según el informe El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) de 2020, un informe principal que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publica.

El informe SOFA de la FAO de 1993 se centró también en los problemas relacionados con el agua y actualmente resulta llamativo que las conclusiones presentadas entonces sigan siendo válidas y pertinentes a día de hoy. Mientras que en el informe anterior se prestaba especial atención al regadío, la nueva edición amplía su alcance para abarcar los desafíos relacionados con el agua en la agricultura de secano, que representa más del 80 % de las tierras cultivadas y el 60 % de la producción mundial de cultivos.

La FAO es el organismo responsable del indicador 6.4.2 de los ODS, que mide la presión de las actividades humanas en los recursos naturales de agua dulce, y el SOFA ofrece la primera representación desglosada por zonas sobre cuál es la situación actual -lo cual, al combinarse con los datos históricos sobre la frecuencia de las sequías, permite una evaluación más integral de las limitaciones de agua en la producción de alimentos.

Aproximadamente 1 200 millones de personas, de las cuales un 44 % se encuentra en zonas rurales y el resto en pequeños centros urbanos en el campo, habitan en lugares en los que la gravedad del déficit y escasez de agua plantea un desafío para la agricultura. Alrededor del 40 % de estas personas vive en Asia oriental y sudoriental, y un porcentaje ligeramente mayor en Asia meridional. África septentrional, Asia central y Asia occidental también se ven gravemente afectadas -en torno a una de cada cinco personas viven en zonas agrícolas con niveles muy altos de déficit y escasez de agua, frente a menos del 4 % en América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa y Oceanía.

En torno al 11 % de las tierras de cultivos de secano en el mundo, o sea, 128 millones de hectáreas, afrontan sequías frecuentes, como también alrededor de un 14 % de las tierras de pastoreo, esto es, 656 millones de hectáreas. Paralelamente, más del 60 % de las tierras de cultivos de regadío, o sea, 171 millones de hectáreas, se ven sumamente afectadas por el estrés hídrico. Un total de 11 países de África septentrional y Asia se enfrentan a ambos desafíos, lo que hace que resulte urgente y necesario adoptar una contabilidad sólida de los recursos hídricos, una asignación clara y tecnologías modernas, así como cambiar a cultivos que consumen menos agua.

“Las características inherentes al agua la convierten en un elemento difícil de gestionar”, señala el informe SOFA.

“El agua debería reconocerse como un bien económico que tiene valor y un precio”, sostiene el informe, en el cual se indica que las prácticas consuetudinarias que han llevado a tratar el agua como un producto básico gratuito suelen crear ineficiencias de los mercados. En cambio, un precio que refleje el verdadero valor del agua envía una señal clara a los usuarios para que utilicen el agua de forma inteligente. Al mismo tiempo, el apoyo en materia de políticas y gobernanza para garantizar un acceso eficiente, equitativo y sostenible para todos resulta fundamental.

“Los planes de gestión del agua deben centrarse en el problema y ser dinámicos”, recomienda el informe. En el SOFA se señala que la población pobre rural puede beneficiarse sustancialmente del riego y se apoya su ampliación cautelosa. Entre 2010 y 2050, se prevé que las superficies de riego cosechadas aumenten en la mayoría de regiones del mundo y se dupliquen con creces en el África subsahariana, lo que podría beneficiar a cientos de millones de personas en zonas rurales.

El informe señala que, en algunos casos, los sistemas de riego en pequeña escala y dirigidos por agricultores pueden ser más eficaces que los proyectos a gran escala. Se trata de una prometedora vía para el África subsahariana, donde los recursos hídricos superficiales y subterráneos están relativamente poco explotados y solo el 3 % de las tierras de cultivo están provistas para riego, y donde la ampliación del riego en pequeña escala puede ser rentable y beneficiar a millones de personas en el medio rural. Sin embargo, muchos factores obstaculizan su adopción, en particular la falta de una tenencia segura del agua y acceso a financiación y crédito. En Asia, la disminución de sistemas de riego de superficie a gran escala financiados con fondos públicos ha llevado a los agricultores a extraer directamente las aguas subterráneas, ejerciendo así una presión excesiva sobre este recurso. Para hacer frente a estos problemas será necesario invertir en la modernización de los sistemas de riego antiguos, así como adoptar políticas eficaces.

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, la mayor parte de las veces a manos de su pareja. Aún así, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, en 37 no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima y en otros 49 no existe una legislación que proteja a las mujeres de ese lastre.

Desde que surgió el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes de los trabajadores de primera línea revelan que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha agudizado, sobre todo cuando ocurre en el hogar.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, destacó la diferencia en la respuesta que las sociedades y los servicios públicos dan a las personas que contraen una enfermedad que podría ser mortal y a las que piden ayuda porque sus parejas amenazan su salud o su vida.

Según los datos de ONU Mujeres, sólo el año pasado, 243 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia sexual o física por parte de sus parejas. Este año, las denuncias de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, el ciberacoso, los matrimonios infantiles y el acoso y la violencia sexuales han aumentado.

“Las mujeres deben gozar de pleno acceso a la justicia, procedimientos judiciales confiables y prevención efectiva de los delitos”, recalcó, añadiendo que menos del 40% de las mujeres víctimas de delitos violentos denuncian estas agresiones por desconfianza en la respuesta que obtendrán del sistema.

Mlambo-Ngcuka afirmó que el cambio debe empezar en las facultades de Derecho y las academias de policía, enseñándole a sus estudiantes a reconocer e intervenir en casos de maltrato. “Implica erradicar la impunidad, con marcos jurídicos y políticos sólidos y con datos para registrar los avances y exigir cuentas de la sociedad y de las autoridades”, apuntó.

“La economía de la violencia es simple y devastadora. Nadie sale ganando. Todas las personas perdemos. Debemos revertir esta situación”, enfatizó la directora ejecutiva y sostuvo que esto se puede lograr con voluntad.

Hace 20 años, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre este flagelo y de impulsar medidas para ponerle fin.

Hasta la fecha, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 Estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 Estados no existe aún una legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica.

Para amplificar su llamado a acabar con la violencia contra las mujeres, el Día Internacional marca el principio de la campaña anual 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó hoy su preocupación por la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas de la región y por las altas tasas de feminicidio observadas. Según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños.

La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención, plantea la CEPAL en un documento publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una ‘pandemia en la sombra’”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.

Los gobiernos de la región han informado al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL más de 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en este período. Se destaca la respuesta de países donde la totalidad o parte de los servicios de atención a este flagelo fueron declarados esenciales. Sin embargo, la adaptación a modalidades remotas ha sido muy compleja y limita el acceso a la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que afecta a estos delitos, alerta la CEPAL.

El documento señala que “la gran cantidad de denuncias en líneas remotas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales y acceso a la justicia a través de canales activos y expeditos”.

“Para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, dice la CEPAL. “Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones”.

Fuente: CEPAL 24 de noviembre de 2020

La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la campaña Únete, la Organización de las Naciones Unidas convoca a la sociedad en su conjunto a hacer frente a otra pandemia: la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual ha generado que en México 7 de cada 10 mujeres hayan enfrentado algún tipo de violencia.

Las emergencias humanitarias, los desastres, las crisis económicas y las pandemias generan, para las mujeres y las niñas, mayores riesgos de padecer violencia. La pandemia de COVID-19 no es una excepción; esta es mucho más que una crisis sanitaria, se trata de una crisis global que podría revertir décadas de progreso en los derechos y la igualdad de género.

La pandemia afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Mientras que los hombres sufren tasas de mortalidad más altas, las mujeres se ven especialmente afectadas por las consecuencias económicas, sociales, y la violencia de género, es decir, sufren una violencia estructural que las afecta tanto en espacios privados como públicos, lo cual vulnera la garantía de sus derechos humanos.

Por ello, bajo el lema: Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir y recopilar!, este año la campaña ÚNETE pone énfasis en la importancia de los gobiernos y el trabajo en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil y el sector privado para generar una estrategia de compromiso político a fin de acelerar respuestas concretas en los cuatro ejes de la campaña: financiarun paquete mínimo de servicios esenciales; responder adecuadamente a las sobrevivientes para garantizar su acceso a los servicios esenciales; prevenir la violencia y modificar las normas sociales que le dan origen y la normalizan; y recopilar datos e información para construir políticas que prevengan, atiendan y sancionen la violencia estructural que viven millones de mujeres y niñas, además de la adopción de medidas en pro de la reparación, la verdad y la memoria de las mujeres víctimas de la violencia.

Para seguir respondiendo a esta situación de urgencia, a petición del Secretario General de la ONU, el Sistema de las Naciones Unidas ha diseñado una estrategia con cuatro ejes de compromisos a fin de acelerar una respuesta de políticas públicas concretas respecto de la violencia de género en el contexto de COVID-19 y promover la política de cero tolerancia hacia la violencia en todas las esferas de la sociedad:

1. Financiar: dar prioridad al financiamiento de un paquete de servicios esenciales que incluyan la prevención de violencia de género. Y asegurar un financiamiento flexible a las organizaciones de sociedad civil de los derechos de las mujeres que trabajan en el nexo entre COVID-19 y la violencia de género.

2. Prevenir: declarar una política nacional de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas con un plan de acción concreto.

3. Responder: poner especial atención sobre las víctimas y sobrevivientes, a través del paquete de servicios esenciales que incluyan el acceso a la procuración e impartición de justicia, así como a servicios sociales y de salud.

4. Recopilar: datos del incremento en los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, incluido el ámbito digital, con el fin de generar una política que prevenga y atienda la violencia en circunstancias específicas de confinamiento.

El hecho de que la violencia esté tan presente, no quiere decir que sea normal ni mucho menos aceptable; a pesar de toda la devastación que ha causado, la crisis del COVID-19 también representa una oportunidad generacional para construir economías y sociedades más inclusivas, pacíficas y libres del flagelo de la violencia. Necesitamos crear una “paz feminista” que escuche la voz de todos y todas, con todos los grupos incluidos de manera plena y significativa en las decisiones que afectan sus vidas. Esto debe incluir escuchar las voces de mujeres y niñas que marchan en contra la violencia y en defensa de sus derechos, garantizando que puedan ejercer el derecho de manifestación de forma segura.

El Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y copresidido por Francia y México en el 2021, representa también la oportunidad de abordar el papel clave que desempeñan las mujeres y generar estrategias para revertir esta crisis. De ahí la importancia de la contribución en la respuesta y recuperación de COVID-19 por parte de todos los gobiernos del mundo para reforzar los mecanismos de accesos a servicios y políticas de prevención y eliminación de todos los tipos de violencia.

Las Agencias de Naciones Unidas hacemos una invitación para que, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, durante los 16 días de activismo, las instituciones de gobierno, la sociedad civil, las universidades, el sector privado, medios de comunicación, junto con las y los jóvenes se unan a la campaña Únete para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con diferentes actividades como: foros públicos, actividades culturales, el uso de prendas de vestir color naranja, declaraciones públicas llamando a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y usando los hashtags oficiales #DíaNaranja #16días y #Únete.

En un momento en que la pandemia de COVID-19 y la cultura dominante de impunidad amenazan los avances logrados en el terreno de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU Mujeres insta a emprender acciones robustas y decididas en respuesta a esta crisis sin precedentes con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el período previo al Foro Generación Igualdad –en el que los agentes mundiales asumirán nuevos y firmes compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres–, los Gobiernos, la sociedad civil, la juventud, las y los influencers y el sector privado prestarán sus voces a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña de movilización global que arranca hoy y se prolongará hasta el 10 de diciembre. Juntas y juntos exigirán un cambio radical y la construcción de una “nueva normalidad” que ofrezca a todas las mujeres y niñas un futuro sin violencia.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres era una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos: casi el 18% de las mujeres y niñas experimentaba violencia física o sexual por parte de una pareja íntima a lo largo de un período de 12 meses. Conforme la pandemia se aceleraba, se observó una alarmante “pandemia en la sombra” de violencia contra las mujeres, con un aumento de las tasas de violencia doméstica, pero también en las calles, en Internet y en diversos entornos. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se quintuplicó en algunos países durante las semanas iniciales de la pandemia, mientras que en otros se redujo por la imposibilidad de las mujeres de buscar ayuda a través de los canales habituales al verse atrapadas en el hogar con sus maltratadores. De acuerdo con las proyecciones, cabe prever que la violencia alcance a 15 millones de mujeres más por cada tres meses que se mantenga el confinamiento.

Hemos visto al mundo entero responder a la pandemia del coronavirus, trabajando al unísono, realizando grandes inversiones y utilizando protocolos con gran determinación. La violencia contra las mujeres también es una pandemia; de hecho, precede al virus y perdurará cuando este desaparezca.En un momento en que nos enfrentamos a la devastación provocada por la COVID-19, es más importante que nunca que pongamos en común nuestros recursos y asumamos un compromiso conjunto para hacer frente a los grandes desafíos y para poner fin a la violencia contra las mujeres, por el bien de todas y todos”, manifestó Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

En respuesta a la petición de “alto al fuego en el hogar” del Secretario General de las Naciones Unidas realizada este mismo año, casi 150 países acordaron incluir la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como un componente fundamental de sus planes de respuesta a la COVID-19. Muchos de ellos han acompañado este compromiso con un fortalecimiento de los servicios esenciales, como los refugios, las líneas telefónicas de asistencia y otros mecanismos de denuncia. Sin embargo, tan sólo 48 países, menos de la cuarta parte de los 206 analizados en el marco de un reciente estudio, trataron la violencia contra las mujeres y los servicios prestados a las niñas en este ámbito como una parte integral de sus planes nacionales y locales de respuesta a la COVID-19, y muy pocos financiaron adecuadamente estas medidas.

Con el fin de hacer frente a esta infradotación generalizada de recursos para este problema crucial, ONU Mujeres ha convocado a la Coalición de Acción sobre la violencia de género, una innovadora alianza formada por Gobiernos, la sociedad civil, líderes juveniles, el sector privado y entidades filantrópicas para desarrollar un programa claro de acciones que impulsen la erradicación de la violencia contra las mujeres y movilicen fondos para ello. Dichas acciones e inversiones se anunciarán en el Foro Generación Igualdad que se celebrará en 2021 en México y Francia, junto con las de las otras cinco Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad.

La conmemoración oficial del Día Internacional por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar por primera vez en formato virtual y brindará a los Estados Miembros una oportunidad para fortalecer y cumplir sus compromisos con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Como en años anteriores, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo –entre ellos, las pirámides y la Esfinge de Guiza, en Egipto; las estatuas moáis de la isla de Pascua, en Chile; el Parlamento de la República de Moldova; las Torres de Kuwait; y el Ayuntamiento de Bruselas, en Bélgica– se iluminarán de naranja para instar a un futuro mejor en el que las mujeres y las niñas puedan vivir sin violencia. En los Países Bajos se iluminarán de naranja más de 200 ayuntamientos para demostrar su solidaridad con las sobrevivientes y apoyar los 16 Días de Activismo.

La violencia contra las mujeres y niñas, de por sí uno de los problemas más graves que encaramos, recrudece en cualquier tipo de emergencia. La crisis ocasionada por la COVID-19 no es la excepción.

Las cifras escapan la imaginación: incluso antes de la COVID-19, en los últimos 12 meses cerca de 243 millones de mujeres habían sido maltratadas por su pareja.

No solo es casi seguro que ese número esté por debajo de las cifras reales — se calcula que menos del 40% de las mujeres denuncian un incidente de maltrato o buscan ayuda — sino que esa cifra se ha disparado a medida que el costo social, mental y económico del confinamiento se ha ido arraigando con el correr de los meses.

El repunte está poniendo presión incluso en los mejores sistemas de salud y los refugios contra la violencia doméstica están alcanzando su máxima capacidad. La necesidad de redireccionar recursos normales para atender la pandemia de la COVID-19 ha agudizado los desafíos. El costo, en términos monetarios, se calcula en US$1,5 billones, y esa cifra va en aumento conforme se prolonga la pandemia.

Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género del Sistema de las Naciones Unidas se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, bajo el lema: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!” La campaña señalará el alcance de un problema que con demasiada frecuencia permanece oculto, y sugerirá maneras en las que los gobiernos y las comunidades pueden convertir la acción eficaz en un componente fundamental de sus planes de respuesta ante la COVID-19.

El PNUD está urgiendo la formulación de políticas que generen un compromiso para financiación a largo plazo que apoye a las sobrevivientes, así como a los sistemas policiales y de justicia. Estamos trabajando con más de 80 países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas y responder ante las tasas en ascenso de ese flagelo. Ello incluye asegurar que las necesidades de las sobrevivientes sean atendidas y que las mujeres participen en el proceso de construir un futuro mejor, en el que sus preocupaciones, experiencia y opiniones se incorporen en todos los niveles de respuesta y recuperación frente a la COVID-19.

En colaboración con ONU Mujeres, el PNUD México está estableciendo plataformas telefónicas y en línea para apoyar a mujeres vulnerables en centros LUNAS, que son espacios seguros donde las mujeres reciben un estipendio mensual y, cuando procede, pueden escapar de sus agresores.

El PNUD y ONU Mujeres han lanzado el Rastreador Mundial de Respuestas de Género COVID-19. Incluye más de 2.500 medidas en 206 países que abordan directamente la seguridad económica y social de las mujeres, así como medidas para abordar la violencia de género. Hasta el momento los resultados indican que si bien muchos países están priorizando las necesidades de las mujeres en los esfuerzos emprendidos contra la COVID-19, el esfuerzo de muchos países no ha sido suficiente, en tanto que cerca del 20% de los países no está haciendo absolutamente nada al respecto.

En el informe del PNUD sobre la violencia de género y la COVID-19 se incluyen medidas adicionales que los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros asociados pueden adoptar para prevenir y abordar la violencia de género en el contexto de la COVID-19.

Fuente: PNUD 25 de noviembre de 2020

La titular del Consejo destacó los cambios físicos, psicológicos y sociales que experimentan las personas durante la adolescencia e informó que es una etapa de experimentación en la que la que se puede consumir alcohol y otro tipo de sustancias por curiosidad, lo que trae consigo prácticas nocivas para la salud.

Indicó que es un momento crucial para la construcción de un plan de vida, por lo que es necesario que las y los adolescentes se preparen para cumplir sus metas y puedan postergar la maternidad y la paternidad.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2018), la población adolescente tiene su primera relación sexual a los 17.5 años de edad, y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT, 2016) la edad de inicio en el consumo de alcohol es a los 17.9 años de edad.

Entre estas herramientas se encuentra el Micrositio ENAPEA que tiene como objetivo convertirse en un referente de consulta para el personal docente que les permita comprender la gravedad del embarazo en adolescentes en nuestro país y contar con las herramientas necesarias para contribuir con su labor al logro de los objetivos y metas establecidas en la Estrategia.

Estimaciones realizadas por el CONAPO con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2018), indican que del total de mujeres adolescentes de 10 a 19 años de edad que han tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses y que consumieron bebidas alcohólicas, 25.4% no usó métodos anticonceptivos en su última relación sexual.

La Secretaria General reiteró que bajo los efectos del alcohol, las y los adolescentes presentan cambios de consciencia que interfieren en su toma de decisiones, pueden perder la autonomía y el consentimiento informado, lo que trae riesgos como violencia sexual, embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual.

Por esta razón, la Campaña Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes ¡Yo decido!, que forma parte de Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), les ofrece información sobre salud sexual y reproductiva para que tomen decisiones libres y responsables que les permitan llevar a cabo estilos de vida positivos y saludables.

Como parte de las herramientas que ofrece la campaña para las y los adolescentes, se encuentra disponible la página web “Cómo le hago” y el cuaderno “¡Yo decido! Mi futuro!”, en donde encontrarán información sobre prevención del embarazo, de infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y prevención de consumo de alcohol y otras sustancias.

Fuente: CONAPO 24 de octubre de 2020

En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer como un llamado a gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.

Con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difunde este comunicado con información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país con el propósito de dimensionar y contribuir al conocimiento sobre el tema en México, y coadyuvar en el diseño y definición de acciones para prevenir, atender y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

La información se obtiene de tres instrumentos de información clave que genera el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.

Los resultados de la ENDIREH 2016 indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.

Las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son las que residen en áreas urbanas (69.3%), en edades entre 25 y 34 años (70.1%), las que cuentan con nivel de educación superior (72.6%) y las que no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).

De acuerdo con los resultados de la ENSU tercer trimestre 2020, se estima que entre enero y septiembre de 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar.

Los Censos de Gobierno revelan que, de los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento).

En cuanto a la oferta institucional para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el INEGI genera información que permite dimensionar los servicios. Por ejemplo, para 2020 en México existían 50 Centros de Justicia (CJM) para las Mujeres, distribuidos en 28 entidades federativas. Las entidades que cuentan con el mayor número de instancias son Coahuila (5), México y San Luis Potosí (4) y la Ciudad de México (3). Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco no cuentan con CJM.

En el tercer trimestre la ENOEN alcanzó el 64% de la muestra trimestral de la ENOE, por lo que, aún no se alcanzan los niveles de respuesta previos al inicio de la pandemia originada por la enfermedad COVID-19. Adicionalmente, su muestra se conformó de un 79% de entrevistas cara a cara y un 21% de entrevistas telefónicas efectivas.

El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 6.7% entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, al pasar de $1,794.87 a $1,675.21. Asimismo, entre el primer trimestre de 2020, el último trimestre disponible con información de la ENOE, y el tercer trimestre de 2020, se observa una disminución de 12.3% en el ingreso laboral real per cápita. Este es el ingreso más bajo desde el cuarto trimestre de 2017, cuando se ubicó en $1,669.31. Este comportamiento contrasta con la tendencia creciente en el ingreso de los últimos años.

En este sentido, durante el tercer trimestre de 2020, también se observó un aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior, la inflación promedio anual se ubicó en 3.9%, mayor a lo reportado en el tercer trimestre de 2019 que fue de 3.3%. Este comportamiento en el nivel de precios puede deberse en parte al incremento en los precios de las mercancías, de las frutas y las verduras, así como de los energéticos.

Las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 6.2% en zonas urbanas y 7.4% en zonas rurales, ambas variaciones mayores a la inflación anual de 3.9% y a las observadas en el mismo periodo del año anterior.

Del primer al tercer trimestre de 2020, se observa que el valor monetario de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana presentó un aumento de 2.2%, mientras que para el ámbito rural fue de 2.8%. Este comportamiento en las líneas de pobreza, así como la reducción del ingreso, explica parte de la disminución en el poder adquisitivo de los hogares, similares a los dos últimos trimestres de 2017.

El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó al pasar de 38.5% en el tercer trimestre de 2019 a 44.5% en el tercer trimestre de 2020.

Entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, se observó una ampliación en la brecha del ingreso laboral per cápita entre la población de menores y mayores ingresos laborales. Durante el tercer trimestre de 2019, el ingreso laboral promedio del 20.0% de la población con mayores ingresos laborales per cápita (quinto quintil) representó 34.3 veces el ingreso del 20.0% de la población con menor ingreso laboral (primer quintil); mientras que para el mismo periodo de 2020 representó 146.3 veces.

La masa salarial (monto de las remuneraciones totales de los ocupados) disminuyó 5.8% entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, al pasar de $203,095.15 a $191,217.58 millones de pesos. De igual modo, entre el primer y el tercer trimestre de 2020 la masa salarial disminuyó 12.4%, dado que en el primer trimestre de este año se ubicó en $218,345.97 millones de pesos. La disminución de la masa salarial se da ante una reducción en el ingreso laboral real de los trabajadores y una disminución en el número de ocupados, durante este periodo.

Fuente: CONEVAL 20 noviembre de 2020

https://youtu.be/_ieFY1SyOWo

En la industria de la confección, el impacto de la COVID-19 sobre las mujeres se ha agravado debido a prácticas subyacentes como la discriminación y el acoso, la falta de representación de las mujeres, la disparidad de los salarios, así como la distribución desigual de las tareas de cuidado no remuneradas y de las responsabilidades familiares, según una nueva nota informativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Titulada Gendered impacts of COVID-19 on the garment sector (Impacto de género de la COVID-19 en el sector de la confección), la nota informativa tiene el objetivo de sensibilizar sobre la dimensión de género de la pandemia y de determinar de que manera afecta la COVID-19 a las trabajadoras y los trabajadores del sector de la confección.

“Las mujeres representan aproximadamente 80 por ciento de la fuerza de trabajo del sector de la confección, por lo tanta ellas se ven afectadas de manera desproporcionada por las numerosas consecuencias de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las mujeres también sufren otros efectos debido a los desafíos que tienen que enfrentar en el lugar de trabajo, así como las expectativas en relación a sus obligaciones en el hogar”.

Un estudio reciente de la OIT puso de manifiesto que las importaciones realizadas por los principales países compradores a los países exportadores en el sector de la confección en Asia disminuyeron de 70 por ciento en el primer semestre de 2020, como consecuencia de la COVID-19. Esto ha causado un fuerte incremento de los despidos de los trabajadores ya que las fábricas que reanudaron sus actividades con frecuencia operan con una capacidad mano de obra reducida. Se estima que, en 2019, la región de Asia y el Pacífico empleaba a 65 millones de trabajadores del sector de la confección, lo cual representaba 75 por ciento de todos los trabajadores de la confección a nivel mundial.

La nota informativa pone de manifiesto las repercusiones a corto, mediano y largo plazo de la crisis sobre las trabajadoras. Contiene además una serie de recomendaciones para ayudar a construir una industria más justa y resiliente y garantizar una mayor igualdad de género.

Las recomendaciones prestan especial atención a las prácticas de cierre y reducción de personal, así como a las obligaciones desproporcionadas de cuidado no remunerado de las mujeres, de manera que puedan regresar al trabajo una vez que las fábricas reanuden sus actividades. Los esfuerzos para hacer frente a la pandemia de COVID-19 deben tener en cuenta la manera específica en que las mujeres y los hombres sufren las repercusiones del coronavirus en el trabajo, en el hogar y en sus comunidades. Se destaca además la importancia de intensificar los esfuerzos para luchar contra la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, en vista de los nuevos datos que muestran que la COVID-19 ha aumentado el riesgo de la violencia de género. La necesidad de asegurar la voz, la representación y el liderazgo de las mujeres en el diálogo y la toma de decisiones también es considerada esencial a fin de garantizar una recuperación plena y equitativa de la pandemia.

“Es fundamental que los gobiernos, las empresas y otras partes interesadas comprendan las repercusiones pluridimensionales de la pandemia de COVID-19 sobre las trabajadoras y los trabajadores, y elaboren políticas que faciliten una recuperación inteligente, sostenible y sensible a las cuestiones de género. De otra manera, la crisis generada por la COVID-19 amenaza con exacerbar las desigualdades preexistentes y comprometer la sostenibilidad social y económica del sector de la confección.

El Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil se ha convertido en la primera norma internacional del trabajo objeto de una ratificación universal. Este hito histórico pone de manifiesto un consenso a escala mundial, en virtud del cual se considera que las peores formas de trabajo infantil son inaceptables y contrarias a los valores que compartimos. También refleja la acuciante necesidad de adoptar medidas para proteger los derechos y la infancia de los niños que sean objeto de esclavitud, trabajos forzosos o trata de personas, o se vean obligados a participar en conflictos armados, ejercer la prostitución, o realizar pornografía, entre otros tipos de actividades ilícitas, así como a llevar a cabo trabajos peligrosos.

Pese a que la ratificación universal del Convenio 182 de la OIT contribuirá en gran medida a erradicar el problema mediante el establecimiento de un marco jurídico adecuado, los países aún deben hacer cumplir y garantizar su aplicación de forma eficaz, en particular por medio de inspecciones laborales, con objeto de promover el trabajo decente para adultos y jóvenes en edad de trabajar de forma legal.

El Convenio núm. 182 reviste suma importancia en África. De hecho, el primer país que ratificó oficialmente dicho Convenio fue la República de Seychelles , solo varios meses después de que los 174 Estados miembros de la OIT lo aprobaran por unanimidad en junio de 1999.

La ratificación generalizada del Convenio por los países de África permitió que se registraran avances para abordar la cuestión en el marco de los programas de trabajo de los encargados de formular políticas y de los interlocutores sociales. Con objeto de tener una compresión más cabal de las consecuencias de esa ratificación, se han llevado a cabo encuestas y estudios de índole diversa a escala nacional. En muchos países de África se han logrado avances sustanciales, en particular la puesta en marcha de unidades nacionales de lucha contra el trabajo infantil, la armonización de marcos jurídicos nacionales con respecto a varios Convenios para hacer frente al trabajo infantil, la aprobación de planes de acción a escala nacional para erradicar el trabajo infantil y el establecimiento de comités de supervisión a escala local, encargados de analizar y notificar casos de trabajo infantil.

No obstante, 72,1 millones de niños siguen realizando trabajo infantil en África, incluidos 31,5 millones de niños que llevan a cabo trabajos peligrosos. Según estimaciones de la OIT sobre trabajo infantil a escala mundial publicadas en 2017, en el África subsahariana se registró un aumento del trabajo infantil de 2012 a 2016, a diferencia de otras regiones, en las que el trabajo infantil registró una disminución paulatina.

A fin de alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo fin es la supresión de todas las formas de trabajo infantil para 2025, es necesario fomentar medidas encaminadas a erradicar el trabajo infantil en África. Los países de dicho continente deben abordar el problema de la informalidad, ampliar la protección social a toda la población, fortalecer los mecanismos para hacer cumplir la ley, mejorar el acceso a enseñanza gratuita básica y de calidad, y fomentar el diálogo social.

Desafortunadamente, la crisis de COVID-19 ha propiciado un aumento de la inseguridad económica, ha interrumpido las cadenas de suministro y ha repercutido de forma muy adversa en los procesos de producción. Puesto que alrededor del 85% del empleo en África se crea en la economía informal, cabe prever un aumento del trabajo infantil como consecuencia del cierre de escuelas, la pérdida sustancial de ingresos de los padres a lo largo de la pandemia, la falta de protección social fundamental y el aumento de la pobreza.

La OIT promueve la adopción de medidas encaminadas a fortalecer la capacidad de los gobiernos en materia de inspección laboral y medios para hacer cumplir la ley, y la de organizaciones de trabajadores y empleadores para luchar contra las peores formas de trabajo infantil. La OIT respalda asimismo el desarrollo de economías más resilientes después de la pandemia con objeto de facilitar una “mejor reconstrucción”.

El Convenio núm. 182 se aprobó para propiciar acciones a muy corto plazo a fin de hacer frente a las peores formas de trabajo infantil. Los países que lo han ratificado han de facilitar la adopción de medidas eficaces con arreglo a plazos fijados previamente, con objeto de suprimir las peores formas de trabajo infantil a la mayor brevedad posible.

El poder de los datos se potencia cuando se asocian a su referencia geográfica, y el INEGI, que tiene el mandato de generar información estadística y geográfica, expande sus procesos de innovación para explotar fuentes de información no tradicionales, hacer más accesible la información, potenciar su uso mediante técnicas y herramientas novedosas, y avanzar en el análisis espacial.

Es por ello que presenta el Cubo de Datos Geoespaciales de México (CDGM), una herramienta que facilita el acceso, manejo y explotación de grandes volúmenes de imágenes satelitales a través de una interfaz de programación abierta y de libre acceso que permite el monitoreo de fenómenos ambientales, socioeconómicos y demográficos en México.

El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

l CDGM ofrece la posibilidad de conocer y reconocer el carácter geoespacial, temporal y sistémico de fenómenos como crecimiento poblacional, deforestación, contaminación, estrés hídrico, salud, vegetación, protección civil, alimentación, gentrificación, energías limpias, niveles socioeconómicos y movilidad, entre otros.

El CDGM hace uso de imágenes provenientes de los satélites Landsat de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y del Departamento de Geología de los Estados Unidos (USGS). Actualmente cuenta con un acervo histórico de 118,000 imágenes Landsat con sus metadatos, desde 1984 hasta abril de 2020. El 86.4% de las imágenes de este acervo tienen Nivel 1 de Calidad de la Colección 1 de la NASA.

Con el CDGM el INEGI hace frente a la creciente demanda e interés internacional y nacional por los datos satelitales para examinar la relación entre los indicadores ambientales y socioeconómicos, y aporta herramientas que apoyen la interacción entre la ciencia de la Tierra y los dominios estadísticos.

Con el CDGM México se suma a países como Australia, Suiza, Ghana y Colombia, entre otros que ya hacen uso de esta tecnología. Además, aprovecha los sistemas y herramientas tecnológicas para atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de promover y fomentar la exploración y el uso de estos datos para monitorear y apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Actualmente, el Cubo de Datos Geoespaciales de México es una herramienta que utiliza el INEGI en distintas líneas de investigación para producir información con base en imágenes de percepción remota y, por ahora, se pone a disposición de las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno que así lo requieran, para que puedan hacer uso de esta infraestructura y con ello tomar decisiones de política pública.

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Retrete para crear conciencia sobre los 4200 millones de personas que carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Se trata de adoptar medidas que permitan dar respuesta a la crisis de saneamiento mundial y lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, cuya finalidad es garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos de aquí a 2030.

Este año el tema destaca la importancia del “Saneamiento sostenible y el cambio climático.

El cambio climático está empeorando. Las inundaciones, la sequía y el aumento del nivel del mar amenazan los sistemas de saneamiento, desde los inodoros hasta las fosas sépticas y las plantas de tratamiento. Las inundaciones puede contaminar los pozos utilizados para el agua potable o pueden dañar los inodoros y esparcir los desechos humanos a las comunidades y cultivos alimentarios, causando enfermedades crónicas y mortales.

Todos deben tener un saneamiento sostenible, junto con agua potable e instalaciones para lavarse las manos, para ayudar a proteger y mantener la seguridad de nuestra salud y detener la propagación de enfermedades infecciosas mortales como COVID-19, cólera y tifoidea.

¡Los baños también pueden ayudarnos a combatir el cambio climático! Las aguas residuales y los lodos de los inodoros contienen recursos valiosos como agua, nutrientes y energía. Los sistemas de saneamiento sostenible hacen un uso productivo de los desechos para impulsar la agricultura de manera segura y reducir y capturar las emisiones para obtener energía más ecológica.

Pero, ¿qué es exactamente un sistema de saneamiento sostenible? El saneamiento sostenible comienza con un inodoro que capture de manera efectiva los desechos humanos en un entorno seguro, accesible y digno. Luego, los desechos se almacenan en un tanque, que puede ser vaciado más tarde por un servicio de recolección o transportado por tuberías.

La siguiente etapa es el tratamiento y la eliminación segura. La reutilización segura de desechos humanos ayuda a ahorrar agua, reduce y captura las emisiones de gases de efecto invernadero para la producción de energía y puede proporcionar a la agricultura una fuente confiable de agua y nutrientes.

El cambio climático se está acelerando. Las inundaciones, las sequías y el aumento del nivel del mar amenazan a los sistemas de saneamiento, desde los retretes hasta las fosas sépticas y las plantas de tratamiento. El agua de las inundaciones puede contaminar los pozos utilizados para abastecerse de agua potable. Las inundaciones también pueden dañar los retretes y esparcir los desechos humanos en las comunidades y los cultivos alimentarios, causando enfermedades mortales y crónicas y planteando riesgos para la seguridad de los cultivos y la inocuidad de los alimentos.

Hoy en día, 4 200 millones de personas carecen de acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura. En cambio, a menudo utilizan retretes poco fiables e inadecuados o defecan al aire libre. La defecación al aire libre y la falta de saneamiento mejorado se encuentran entre los principales factores que conducen a la malnutrición, siendo los principales contribuyentes a la contaminación del agua y el suelo. En las zonas rurales, las aguas contaminadas se utilizan para regar cultivos y para otras actividades agrícolas como abrevar el ganado, lo que pone en contacto a los cultivos y los animales con patógenos y otros contaminantes.

A nivel mundial, el 80 % de las aguas residuales generadas por la sociedad vuelven al ecosistema sin ser tratadas ni reutilizadas y desechos humanos no tratados se vierten en el medio ambiente y propagan enfermedades mortales y crónicas. Cuando el agua se expone a excrementos humanos no tratados, se convierte en un caldo de cultivo para parásitos y enfermedades transmitidas por el suelo y el agua, como el cólera, la disentería, la E. coli, la salmonela y los gusanos intestinales transmitidos por el suelo (helmintiasis).

Todos deben tener un saneamiento sostenible que ayude a combatir el cambio climático y preservar tanto la salud como el funcionamiento de las comunidades. Los sistemas de saneamiento sostenibles también hacen un uso productivo de las aguas residuales y los biosólidos que contienen agua, nutrientes y energía de gran valor, para impulsar la agricultura de manera segura y, al mismo tiempo, reducir y capturar las emisiones de gases de efecto invernadero.

La FAO presta apoyo a los Estados Miembros para que adopten el enfoque de la economía circular aplicado a la agricultura, haciéndola más respetuosa con el medio ambiente, sostenible y resistente a crisis como la de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Se trata de adoptar medidas para hacer frente a la crisis mundial del saneamiento y alcanzar el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 6), relativo al agua y el saneamiento para todos para 2030.

Fuente: FAO 19 de noviembre de 2020

UNICEF advierte en un nuevo informe de que la pandemia de COVID-19, de cuyo inicio está a punto de cumplirse un año, tendrá consecuencias cada vez más graves para los niños.

Publicado poco antes de la celebración del Día Mundial de los Niños, Evitar una generación perdida a causa de la COVID-19 es el primer informe de UNICEF que describe de manera exhaustiva las graves y cada vez peores consecuencias para los niños que puede generar la pandemia si se prolonga. En el informe se muestra que, si bien los síntomas entre los niños infectados siguen siendo leves, las infecciones van en aumento y las repercusiones a largo plazo sobre la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes pueden cambiar sus vidas.

En el informe se señala que, hasta el 3 de noviembre, los niños y adolescentes menores de 20 años representaban 1 de cada 9 de las infecciones por COVID-19 en 87 países con datos desglosados por edad; esto supone el 11% de los 25,7 millones de infecciones notificadas por esos países. Para comprender mejor cómo repercute la crisis en los niños más vulnerables, y orientar por consiguiente la respuesta, es necesario recopilar datos más fiables y desglosados por edad sobre las infecciones, las muertes y las pruebas.

Si bien los niños pueden transmitirse el virus entre ellos y a grupos de mayor edad, hay pruebas sólidas de que, con las medidas de seguridad básicas que hay en vigor, los beneficios netos de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas, señala el informe. Las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad, y los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera del entorno escolar.

Las alteraciones relacionadas con la COVID en los servicios sociales y de salud, que son esenciales para los niños, representan la amenaza más grave para ellos, según el informe. Utilizando nuevos datos de las encuestas realizadas por UNICEF en 140 países, el informe señala que:

Entre los datos más alarmantes del informe se incluyen los siguientes:

Para responder a esta crisis, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos y a los aliados para que tomen las siguientes medidas:

Debido a que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) aumenta drásticamente y amenaza con transformarse en la próxima pandemia, lo que podría tener graves consecuencias para la salud, los sistemas agroalimentarios y las economías a escala mundial, la FAO insta a los agentes de todos los sectores, desde los agricultores hasta los cocineros, pasando por los productores y los consumidores, a acelerar los esfuerzos para evitar la propagación de los microbios farmacorresistentes.

En esta Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos (18-24 de noviembre), la Organización destaca que todos tenemos un papel que desempeñar para combatir la RAM, incluidos los actores de los sectores de la alimentación y la agricultura, y presenta recomendaciones para frenar la propagación de la RAM.

La RAM es la capacidad de los microbios de subsistir o crecer en presencia de medicamentos que tienen como objetivo inhibirlos o matarlos. El proceso se acelera con el uso de antimicrobianos diseñados para matar patógenos no deseados en los seres humanos, los animales y los cultivos. En particular, el uso de antimicrobianos en la salud humana y animal está aumentando la resistencia.

Actualmente, al menos 700 000 personas mueren cada año a causa de enfermedades resistentes a los fármacos. Cada vez son más las enfermedades comunes, como las infecciones de las vías respiratorias, las infecciones de transmisión sexual y las infecciones del tracto urinario, que resultan difíciles de tratar. La resistencia a los medicamentos también amenaza cada vez más nuestros sistemas agroalimentarios y la seguridad alimentaria mundial.

“Al igual que la pandemia de la COVID-19, la RAM ya no es una amenaza futura. Está sucediendo aquí y ahora, y nos está afectando a todos”, señaló la Directora General Adjunta. “En todo el mundo, personas, animales y plantas ya están muriendo a causa de infecciones que no pueden tratarse, ni siquiera con nuestros tratamientos antimicrobianos más fuertes. Si no se controla la RAM, la próxima pandemia que enfrentemos podría ser bacteriana y mucho más mortal si los medicamentos necesarios para tratarla no funcionan”.

La labor de la FAO en materia de RAM se lleva a cabo en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) adoptando el enfoque “Una salud”.

Los sectores de la alimentación y la agricultura deben desempeñar un papel decisivo en la lucha contra la RAM. En muchas partes del mundo, el uso de antimicrobianos es mayor en los animales que en los seres humanos y aumenta con rapidez a medida que crecen nuestras poblaciones y se incrementa la demanda mundial de alimentos.

La propagación de la RAM es más rápida que la capacidad de los científicos para desarrollar nuevos antimicrobianos y está amenazando los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria, los sistemas de asistencia sanitaria y las economías de todo el mundo. Nuestra única solución es adoptar medidas estratégicas para que los antimicrobianos que tenemos sigan siendo efectivos. No es demasiado tarde, pero se acaba el tiempo para impedir que empeore esta devastación, advirtió hoy la FAO.

El 23 de noviembre, el organismo de las Naciones Unidas pondrá en marcha una nueva comunidad de profesionales dedicados al cambio de comportamiento con miras a formular soluciones que faciliten el uso apropiado de los antimicrobianos y la prevención eficaz de enfermedades. Al combinar una gran cantidad de aportaciones de agricultores y otros actores de la cadena alimentaria, veterinarios, epidemiólogos, expertos en RAM y científicos del comportamiento, esta comunidad de práctica colaborará para fomentar comportamientos tanto en el plano de las políticas como en el de las explotaciones a fin de ayudar a ralentizar la propagación de la RAM.

Las actividades e iniciativas de la Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos se llevarán a cabo en todo el mundo y comprenderán una conversación en Twitter el 21 de noviembre sobre la Semana mundial en África titulada “¿Cómo podemos aumentar la concienciación acerca de la RAM en África?” y un acto de InfoPoint en Bruselas el 24 de noviembre dirigido a los responsables de formular políticas y el público en general con objeto de aumentar la conciencia sobre la urgencia de abordar la RAM, y Filipinas auspiciará una cumbre sobre la RAM en el marco del enfoque “Una salud” y una serie de seminarios web a lo largo de la semana.

Fuente: FAO 18 de noviembre de 2020

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, UNICEF ha publicado un informe con contundente mensaje Evitar la generación perdida del COVID-19.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia describe de manera exhaustiva en ese documento las graves y crecientes consecuencias para los niños a medida que avanza la pandemia y demuestra que, si bien los síntomas entre los menores infectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes puede alterar la vida.

“A lo largo de la pandemia de COVID-19 ha existido un mito persistente de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. Nada podría estar más lejos de la verdad”, asegura la directora ejecutiva de UNICEF.

“Si bien los niños pueden enfermarse y propagar la enfermedad, esto es solo la punta del iceberg de la pandemia. Las interrupciones en los servicios clave y las crecientes tasas de pobreza representan la mayor amenaza para los niños. Cuanto más persista la crisis, más profundas serán sus repercusiones en la educación, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños. El futuro de toda una generación está en riesgo”.

El informe concluye que, al 3 de noviembre, en 87 países con datos desglosados ​​por edad, los niños y adolescentes menores de 20 años representaban una de cada nueve infecciones por COVID-19, o el 11% de los 25,7 millones de infecciones notificadas por estos países. No obstante, señala que se necesitan datos más fiables y sobre infecciones, muertes y pruebas para comprender mejor cómo la crisis afecta a los niños más vulnerables y orientar la respuesta.

Si bien los niños pueden transmitirse el virus entre sí y a los adultos, existen pruebas claras de que medidas de seguridad básicas , los beneficios de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas, señala el informe. Las escuelas no son el principal impulsor de la transmisión comunitaria y los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera de los entornos escolares.

Utilizando nuevos datos de encuestas de UNICEF en 140 países, señala que:

Los datos más alarmantes del informe señalan que:

Por todo ello y para responder a esta crisis, UNICEF pide a los Gobiernos y otros agentes de la sociedad:

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2018 la acuicultura alcanzó un récord productivo histórico de 114,5 millones de toneladas.

Así, los países asiáticos lideran la gran mayoría de la producción de pescado en piscifactorías con un 90% durante los dos últimos decenios. Además, la acuicultura se ha convertido en la principal fuente de pescado disponible para el consumo humano desde el año 2016.

La FAO advirtió en su informe mundial 2020 sobre pesca y acuicultura que el deterioro de las reservas pesqueras y la captura excesiva de peces en su hábitat natural se ha convertido en un problema permanente. Un 30% de especies no se encuentra dentro de unos niveles biológicamente sostenibles y alrededor del 60% están cerca de alcanzar un nivel similar.

Por ello, el organismo de la ONU prevé que durante los próximos años la acuicultura seguirá dominando el mercado de los alimentos de origen marino y que, mediante una gestión sostenible, podría tener un efecto transformador en la forma en que alimentamos a la población mundial.

La Plataforma de Acción Empresarial Oceánica Sostenible del Pacto Mundial de las Naciones Unidas promueve el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que busca acabar con el hambre en el mundo, mediante el fomento de la producción de alimentos marinos sostenibles.

También trabaja para lograr las metas asociadas al Objetivo número 14, que busca el uso sostenible de mares, océanos y recursos marinos, fomentando la gestión eficaz de los océanos y las normas para reducir la pesca excesiva, la contaminación marítima y la acidificación de los océanos.

Dado que los productos marítimos generan una huella de carbono relativamente baja en comparación con la agricultura terrestre, la acuicultura desempeña un papel positivo en el cumplimiento del Objetivo número 13 que conlleva la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus repercusiones.

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, busca que las empresas se adhieran a los principios universales en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción, y que adopten medidas que promuevan los objetivos sociales.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos lanzó un nuevo mecanismo de financiamiento global para apoyar los programas orientados a hacer accesible el saneamiento y la higiene para todos.

El objetivo del Fondo de Saneamiento e Higiene es la inversión público-privada de 2000 millones de dólares en los próximos cinco años para dar una solución a la crisis de larga data en materia de saneamiento, higiene y salud menstrual.

El Fondo ayudará a los países con menor capacidad de respuesta a esta crisis y tendrá cuatro metas estratégicas:

Según datos de la ONU, la mitad de la población mundial no tiene acceso a un saneamiento seguro:

Esta falta de servicios cuesta unos 222.000 millones de dólares anuales en productividad perdida, aumento del gasto en salud y producción económica.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean garantizar el agua limpia y el saneamiento sustentables para todos los habitantes del planeta para 2030; sin embargo, al ritmo actual, esa meta se alcanzaría hasta el próximo siglo.

La falta de inversión en ese sector durante las últimas décadas ha tenido un profundo impacto negativo en la salud, la educación y los resultados económicos de los países y las comunidades.

En la estrategia también se destaca que la inversión en las intervenciones para alcanzar esas metas puede generar considerables beneficios económicos y sociales. Se estima que por cada dólar que se invierta en la estrategia hasta 2050 y más allá, volverán a la economía US$ 3,20 gracias al aumento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. La cifra se eleva a US$ 26 si se consideran los beneficios que reporta la mejora de la salud de las mujeres a las familias, las comunidades y las sociedades.‎

El cáncer del cuello uterino es una enfermedad que se puede prevenir. También se puede curar, si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente. A pesar de ello, es el cuarto cáncer más común entre las mujeres de todo el mundo. Si no se adoptan medidas adicionales, se prevé que la cifra anual de nuevos casos de cáncer del cuello uterino aumente de 570 000 a 700 000 entre 2018 y 2030, y que la cifra anual de muertes aumente de 311 000 a 400 000. La incidencia de este cáncer es casi el doble en los países de ingresos bajos y medianos, y sus tasas de mortalidad son tres veces superiores a las de los países de ingresos altos.‎

El lanzamiento se está celebrando con un día de movilización a escala mundial, en el que los ministerios de salud, las entidades asociadas y las activistas contra el cáncer participan en actividades dirigidas a mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la prevención y el tratamiento del cáncer.

Monumentos de todo el mundo se están iluminando con el color verde turquesa asociado al cáncer del cuello uterino, desde las Cataratas del Niágara en América del Norte hasta el Marco de Dubai, al igual que los contornos de ciudades de toda Australia. (En el sitio web de la OMS dedicado al evento se publicará más información sobre la iluminación de monumentos y los actos organizados en países de todo el mundo.

Fuente: OMS 17 de noviembre 2020