La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer cervicouterino, tras adoptarse una resolución al respecto en la Asamblea Mundial de la Salud.

Se trata de un hito histórico porque constituye la primera vez que 194 países se comprometen a eliminar este tipo de cáncer.

El cumplimiento de los siguientes objetivos para el año 2030 pondrá a todos los países en la ruta de su erradicación:

La estrategia también resalta que la inversión en las medidas para alcanzar esos objetivos puede generar importantes beneficios económicos y sociales.

Se estima que por cada dólar invertido hasta 2050, y tras esa fecha, la economía obtendrá 3,20 dólares de ganancia debido al aumento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. La cifra se eleva a 26 dólares cuando se consideran los beneficios de la mejora de la salud de la mujer en las familias, las comunidades y las sociedades.

Aunque es el cuarto cáncer más común a nivel mundial entre mujeres, el cáncer cervical es una enfermedad prevenible y curable si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente.

De no tomarse medidas complementarias, se espera que el número anual de nuevos casos de cáncer de cuello uterino aumente de 570.000 a 700.000 entre 2018 y 2030, y se prevé que el número anual de muertes crezca de 311.000 a 400. 000. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia es casi el doble y sus tasas de mortalidad tres veces superiores a las de los países de ingresos altos.

Al mismo tiempo, la Organización destaca que la pandemia de COVID-19 plantea una serie de problemas de prevención de la enfermedad:

El lanzamiento de la campaña coincide con la movilización a nivel mundial de ministerios de salud, socios y los defensores del cáncer que participan en actividades para mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la prevención y el tratamiento del cáncer.

En vísperas del Día Mundial de la Diabetes, que tiene lugar el 14 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a mejorar el control de la diabetes para prevenir complicaciones relacionadas con ella, así como las complicaciones potencialmente mortales asociadas a las infecciones por el nuevo coronavirus.

En las Américas, más de 60 millones de personas viven con diabetes, principalmente con la diabetes de tipo 2, y si no se toman medidas, se estima que para 2040 habrá más de 100 millones de adultos con esta enfermedad. Además, cada año, más de 340.000 personas mueren por complicaciones relacionadas con la diabetes en la región. Por su parte, la COVID-19 ya ha infectado a más de 21 millones de personas en las Américas y los casos siguen en aumento.

La pandemia por COVID-19 ha interrumpido las rutinas diarias de millones de personas en la región y ha hecho que la enfermedad sea más difícil de manejar. Menos personas han acudido a los centros de salud para hacer visitas de seguimiento debido a las medidas de permanencia en el hogar, el temor a la infección por el nuevo coronavirus y las interrupciones en los servicios salud.

El sobrepeso y la obesidad, que afectan a más del 60% de los adultos de la región, están fuertemente vinculadas con la diabetes, una enfermedad crónica progresiva que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. La diabetes tipo 2 – que representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo, una dieta malsana y a la inactividad física- está aumentando en todo el mundo. Desde 1980, se ha triplicado el número de personas con diabetes tipo 2 en la región.

Las complicaciones por la diabetes pueden prevenirse mejorando el tratamiento y la calidad de la atención. La diabetes puede prevenirse mediante políticas de salud y fiscales, legislación, cambios en el medio ambiente y la sensibilización del público para evitar los factores de riesgo, entre ellos la obesidad, la dieta poco saludable y los estilos de vida sedentarios.

Ejemplos de estas intervenciones incluyen impuestos a las bebidas azucaradas; prohibiciones a la publicidad de alimentos ultraprocesados para niños; el etiquetado de los alimentos en el frente del paquete para informar a los consumidores sobre el alto contenido de sal, azúcar y grasa; y la promoción de espacios recreativos seguros y accesibles para fomentar la vida activa. Una dieta saludable y 30 minutos de actividad física moderada todos los días pueden reducir el riesgo de que los niños y adolescentes tengan sobrepeso.

Como parte del Plan de Acción Global para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, la OPS apoya a los países de la región en estos esfuerzos por reducir las complicaciones relacionadas con la diabetes y la mortalidad prematura. La OPS también ayuda a los países a adquirir medicamentos para tratar la diabetes a precios asequibles, reduciendo los costos asociados al tratamiento de esta enfermedad crónica.

Fuente: OPS 12 de noviembre de 2020

La reactivación del empleo formal tras los despidos durante los meses de confinamiento anti Covid hiló tres meses y se aceleró en octubre, con la creación de 200,641 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se trata del mayor número de altas laborales para cualquier mes de octubre en la historia y de una cifra 25% superior a la observada en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras divulgadas ayer 12 de noviembre, por el IMSS.

El número de nuevas plazas de trabajo se compuso de 111,832 empleos de carácter permanente y 88,809 de tipo eventual, lo que significa que 44.3% de las nuevas contrataciones fueron temporales, porcentaje que es el mayor desde octubre del 2009, cuando ascendió a 57 por ciento. Durante agosto, septiembre y octubre suman ya 406,881 empleos recuperados, respecto de los un millón 117,584 que fueron dados de baja de marzo a julio, lo que equivale a una tasa de recuperación de 36.4 por ciento.

No obstante, 45% de los empleos reactivados tiene el carácter de eventual, cuando solo 29% de los despidos que hubo de marzo a julio se relacionaron con empleos de tipo temporal, lo que habla de un proceso de recuperación sesgado hacia puestos de trabajo con menor estabilidad laboral.

De enero a octubre, de forma acumulada, se arrastra una pérdida de 518,609 puestos de trabajo, cifra que es superior a la del mismo período del 2009 (-104,368 empleos), aunque inferior a la observada en 1995 (-827,896 empleos), solo por contrastarla con datos de las dos últimas crisis económicas de los últimos años comparables en magnitud.

Al 31 de octubre había en el país un registro de 19 millones 902,833 trabajadores dados de alta ante el IMSS, esto es 4% menos respecto de los que había un año antes. Esta variación es, no obstante, inferior a la de -4.2% observada en septiembre o a la de -4.4% observada en julio, cuando se tocó fondo en materia de destrucción de puestos de trabajo.

En perspectiva, la mayor caída del empleo formal en la presente crisis (la de julio), rebasó la del clímax de despidos de la crisis del 2009 (junio, -4.2%), pero se quedó lejos del peor momento laboral de la crisis de 1995, en noviembre de ese año, cuando el retroceso llegó hasta 9.3 por ciento.

Por sector económico, el de electricidad, el agropecuario y el de servicios sociales y comunales reportaron en octubre alzas de 1.4%, 0.8% y 0.5%, respectivamente en su plantilla laboral.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 revela que en el país poco más de una quinta parte (22%) de niñas y niños con menos de 5 años, tienen riesgo de padecer sobrepeso.

En 2018, de la población de 5 a 11 años, 18% tiene sobrepeso y va en incremento conforme aumenta la edad; 21% de los hombres de 12 a 19 años y 27% de las mujeres de la misma edad, presentan sobrepeso. En la población de 20 años o más, los hombres (42%) reportan una prevalencia más alta que las mujeres (37 por ciento).

La prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años (20%) es mayor a la del grupo de hombres de 12 a 19 años (15%); en las mujeres de ambas edades se observa la misma tendencia, aunque con una menor brecha (un punto porcentual).

En el grupo de mujeres de 20 a 29 años, la prevalencia de obesidad es de 26% y aumenta a 46% en el grupo de 30 a 59 años; en los hombres se observa un aumento menos pronunciado al pasar de 24 a 35 por ciento. Los adultos mayores tienen otra dinámica: las mujeres presentan una prevalencia de obesidad más alta (40%) con respecto a los hombres; la diferencia es de 14 puntos porcentuales.

La reactivación del mercado laboral de América Latina y el Caribe pos-COVID-19 será lenta y se necesitará mucho tiempo para que los principales indicadores del mundo del trabajo regresen a los niveles previos a la crisis sanitaria y más tiempo aún para poder cumplir con las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según un informe conjunto de los responsables de la Comisión Económica de la ONU para esa región y la Organización Internacional del Trabajo.

La edición número 23 del informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política señala que el retorno al nivel de actividad económica pre-pandemia tomará varios años, lo que se traducirá en una lenta recuperación del empleo.

De esta forma, si se mantuviera una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) regional de 3%, solo se alcanzaría en 2023 el nivel de PIB que existía en 2019. Sin embargo, con la tasa promedio de 1,8% mostrada en la última ddécada, se alcanzaría recién en 2025 el nivel de PIB de 2019. Y con la tasa promedio de 0,4% anotada durante el último sexenio no se alcanzaría en la próxima década.

Además de entregar cifras sobre la dinámica del mercado de trabajo en los últimos meses, especialmente en los dos primeros trimestres de 2020, el informe conjunto CEPAL-OIT señala que por diversas razones entre las personas que se vieron fuertemente afectadas por la crisis sanitaria se ubican las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes. Específicamente, la segunda parte del documento examina la manera en que se vieron afectados los jóvenes en la actual coyuntura laboral.

De acuerdo con el documento, en 2020 las economías y los mercados laborales de América Latina y el Caribe fueron golpeados por la pandemia del COVID-19 de una manera nunca vista lo que se ha traducido en la mayor contracción de los últimos 100 años con fuertes costos económicos, laborales, sociales y productivos.

Según el informe, los mayores efectos se sintieron en el segundo trimestre del año en el que se estima una pérdida de aproximadamente 47 millones de empleos en el conjunto de la región con respecto al año anterior. Gran parte de las personas que perdieron su trabajo no vieron oportunidades para una pronta reinserción laboral o estuvieron impedidas de buscar empleo por las restricciones a la movilidad y se retiraron de la fuerza laboral. Por ello, las pérdidas de empleo se expresaron solo parcialmente en un aumento de la desocupación abierta, que se incrementó de 8,9% en el segundo trimestre de 2019 a 11% en el segundo trimestre de 2020.

Con respecto al empleo de los jóvenes durante la crisis del COVID-19, la pandemia ha afectado fuertemente el empleo de ese grupo de población entre los 15 y 24 años, impactando particularmente a los que se incorporan al mercado laboral por primera vez.

Según datos disponibles de cuatro países de la región, la caída en el empleo para las personas en este rango de edad fue del 7,8% con respecto al segundo trimestre de 2019, mientras que para los mayores de 25 años fue del 7,3%. Asimismo, el aumento en la tasa de desocupación de los jóvenes en el segundo trimestre de 2020 fue mayor que para los adultos (3,4% versus 1,8%), a pesar de la mayor caída en la tasa de participación (8,7% versus 6,8%).

El efecto de la crisis es mayor entre los jóvenes debido a la menor disponibilidad de vacantes para los primeros empleos (menos incorporaciones) y la menor renovación de contratos temporales y de períodos de prueba (más desvinculaciones), indican CEPAL y OIT.

Se requieren programas de formación profesional que faciliten la recalificación o reconversión laboral para los jóvenes que han perdido sus empleos y también se deben aprovechar las tecnologías digitales para potenciar la capacidad de aprendizaje y así cerrar brechas digitales entre ellos.

El tema celebra los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de la Covid-19. Asimismo, está en consonancia con el tema prioritario del 65º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, “La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”, y con la emblemática campaña Generación Igualdad, que exige el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, la igual remuneración, la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y unos servicios de atención de la salud que den respuesta a sus necesidades.

Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la Covid-19 como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan.

Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades, conocimientos y redes para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta y recuperación ante la Covid-19. Actualmente se acepta más que nunca que las mujeres aportan experiencias, perspectivas y habilidades diferentes, y que contribuyen de manera indispensable en las decisiones, políticas y leyes que funcionan mejor para todas y todos.

La mayoría de países que han contenido los efectos de la pandemia de la Covid-19 y reaccionan con más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos más amplios están dirigidos por mujeres. Por ejemplo, las jefas de gobierno de Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelandia y Eslovaquia han recibido un gran reconocimiento por la rapidez, la decisión y la eficacia de su respuesta nacional ante la Covid-19, así como por la manera amable de comunicar datos de salud pública basados en hechos.

Sin embargo, las mujeres son jefas de Estado y de gobierno en tan sólo 20 países del mundo.

A raíz de la pandemia de la Covid-19, han surgido nuevos obstáculos que se suman a los de carácter social y sistémico que persistían antes y que frenan la participación y el liderazgo de las mujeres. En todo el mundo, las mujeres se enfrentan a un aumento de la violencia doméstica, a tareas de cuidados no remunerados, al desempleo y a la pobreza. Pese a que las mujeres constituyen la mayoría del personal de primera línea, existe una representación desproporcionada e inadecuada de mujeres en los espacios de política nacionales y mundiales relacionados con la Covid-19.

Para defender los derechos de las mujeres y aprovechar plenamente el potencial de su liderazgo en la preparación y respuesta ante una pandemia, se deben integrar las perspectivas de las mujeres y las niñas en toda su diversidad en la formulación y aplicación de políticas y programas en todas las esferas y en todas las etapas de la respuesta y la recuperación ante una pandemia.

A medida que se acerque la fecha, en el sitio web de ONU Mujeres se irá facilitando información adicional relacionada con la celebración de las Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer 2021. Los hashtags en las redes sociales serán #IWD2021 e #InternationalWomensDay.

La reactivación del mercado laboral de América Latina y el Caribe pos-COVID-19 será lenta y se necesitará mucho tiempo para que los principales indicadores del mundo del trabajo regresen a los niveles previos a la crisis sanitaria y más tiempo aún para poder cumplir con las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aseguraron hoy la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva publicación conjunta.

El retorno al nivel de actividad económica pre-pandemia tomará varios años, advierten CEPAL y OIT, lo que se traducirá en una lenta recuperación del empleo. De esta forma, si se mantuviera una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) regional de 3,0%, solo se alcanzaría en 2023 el nivel de PIB que existía en 2019. Sin embargo, con la tasa promedio mostrada en la última década (1,8%), se alcanzaría recién en 2025 el nivel de PIB de 2019. Y con la tasa promedio anotada durante el último sexenio (0,4%) no se alcanzaría en la próxima década.

Por lo tanto, los organismos de las Naciones Unidas recalcan que se requieren políticas macro activas junto a políticas sectoriales que promuevan el desarrollo sostenible con empleo. Esto implica impulsar políticas ambientales que estimulen el empleo y el crecimiento, apoyadas por políticas fiscales activas que fomente el empleo, con proyectos de inversión intensivos en trabajo y con enfoque de sostenibilidad ambiental, que tienen que ser complementadas con políticas industriales y tecnológicas para construir capacidades productivas nacionales, y aumentar la competitividad. También se requiere otorgar financiamiento y liquidez a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con plazos más largos y costos más bajos.

De acuerdo con el documento, en 2020 las economías y los mercados laborales de América Latina y el Caribe fueron golpeados por la pandemia del COVID-19 de una manera nunca antes vista lo que se ha traducido en la mayor contracción de los últimos 100 años con fuertes costos económicos, laborales, sociales y productivos.

Los grupos más afectados han sido aquellos que por el tipo de trabajo que desempeñan no pueden realizar teletrabajo. En este ámbito se encuentran las mujeres, quienes además de sufrir caídas en el empleo tuvieron que retirarse del mercado laboral para realizar tareas de cuidado y del hogar; los trabajadores informales, afectados por la prohibición de circulación y la menor capacidad de los hogares de contratar trabajadores; los sectores relacionados con el comercio, manufactura, construcción y servicios (turismo y entretenimiento); los trabajadores jóvenes que recién se insertan al mercado laboral por la falta de generación de nuevos empleos; los trabajadores de menor calificación en general en empleos más informales y de necesidad de proximidad física; y las MIPYMES.

Según el informe, los mayores efectos se sintieron en el segundo trimestre del año en el que se estima una pérdida de aproximadamente 47 millones de empleos en el conjunto de la región con respecto al año anterior. Gran parte de las personas que perdieron su trabajo no vieron oportunidades para una pronta reinserción laboral o estuvieron impedidas de buscar empleo por las restricciones a la movilidad y se retiraron de la fuerza laboral. Por ello, las pérdidas de empleo se expresaron solo parcialmente en un aumento de la desocupación abierta, que se incrementó de 8,9% en el segundo trimestre de 2019 a 11,0% en el segundo trimestre de 2020.

Con respecto al empleo de los jóvenes durante la crisis del COVID-19, la pandemia ha afectado fuertemente el empleo de los jóvenes entre 15 y 24 años, impactando particularmente a los que se incorporan al mercado laboral por primera vez. Según datos disponibles de cuatro países de la región, la caída en el empleo para las personas en este rango de edad fue de -7,8 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2019, mientras que para los mayores de 25 años fue de -7,3 puntos porcentuales. Asimismo, el aumento en la tasa de desocupación de los jóvenes en el segundo trimestre de 2020 fue mayor que para los adultos (3,4 versus 1,8 puntos porcentuales), a pesar de la mayor caída en la tasa de participación (-8,7 versus -6,8 puntos porcentuales).

El efecto de la crisis es mayor entre los jóvenes debido a la menor disponibilidad de vacantes para los primeros empleos (menos incorporaciones) y la menor renovación de contratos temporales y de períodos de prueba (más desvinculaciones), indican CEPAL y OIT. La menor probabilidad de conseguir empleo desalienta su búsqueda, aumentando número de jóvenes inactivos que no buscan un empleo ni tampoco estudian. “Estos largos períodos de inactividad dejan cicatrices en la trayectoria laboral: más informalidad y mayor exclusión en el mercado laboral a futuro”, advierte el informe.

Por todo lo anterior, los organismos indican que se debe promover la inserción laboral de los jóvenes combinando entrenamiento en aula con una etapa posterior de pasantía en empresas. Esto debe complementarse con subsidios monetarios para asegurar la asistencia y participación de los jóvenes, así como servicios de empleo para apoyar la reinserción laboral. Además, se requieren programas de formación profesional que faciliten la recalificación o reconversión laboral para los jóvenes que han perdido sus empleos y también se deben aprovechar las tecnologías digitales para potenciar la capacidad de aprendizaje y así cerrar brechas digitales entre ellos.

La pandemia por COVID-19 representa un parteaguas en la forma de alimentación de la gente, toda vez que hoy alimentarse de forma saludable es algo obligado para sostener la salud y la vida.

Tres millones de hectáreas en el país están cultivándose de manera sustentable, ya sea con certificaciones y protocolos de cultivos orgánicos o con métodos que prescinden de agroquímicos, ya que esa superficie representa 10 por ciento de nuestras áreas de cultivo.

El director general de Fomento a la Agricultura, afirmó que para esta dependencia federal los orgánicos son prioridad, pues el Programa Sectorial 2019-2024 establece como uno de sus objetivos el incremento de prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario y pesquero frente a los riesgos climáticos.

Para lograrlo, dijo, se impulsan estrategias de producción agrodiversas que contribuyen a alcanzar una alimentación más sana y mayor bienestar para las familias.

El presidente para América Latina de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), refirió que en el subcontinente se tienen ocho millones de hectáreas de cultivos orgánicos (sin contar otros que son de agricultura sustentable, pero sin especificidad de orgánico) y aproximadamente 4.3 millones de orgánicos en áreas como acuacultura y forestería de recolección silvestre.

El mercado global de orgánicos, comentó, sumó 97 mil millones de dólares y la tendencia es ascendente. Hoy, 90 por ciento de las ventas de estos productos se concentran en Estados Unidos, Canadá y Europa.

El principal impacto de la producción orgánica está en el medio ambiente y en los productores de pequeña escala, quienes son emblemáticos de este sistema de producción: el beneficio ecológico va ligado a un impulso a la mano de obra familiar, al trabajo en pequeños predios y en una mejora en la calidad de alimentación para ellos y sus familias y los consumidores, además de que en algunos casos también se han incrementado sus ingresos.

En México tenemos 700 mil hectáreas de producción orgánica y hay 100 mil más en proceso de convertirse a ese esquema. Si a ello se agregan superficies donde los métodos de cultivo son sustentables, ecológicos, aunque no certificadas como orgánicas, la suma total es de tres millones de hectáreas.

Actualmente, los productores orgánicos en el país son más de 200 mil, pero los que cultivan de manera amigable con el medio ambiente, en general, llegan al medio millón.

El hambre y el desplazamiento de la población a nivel mundial aumentarán a causa de la pandemia de COVID-19, a medida que los migrantes y quienes dependen de su ayuda económica buscan desesperadamente un trabajo para mantener a sus familias, advierte un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional de las Migraciones.

El estudio indica que la pandemia y las medidas de confinamiento han aumentado la llamada inseguridad alimentaria, es decir la imposibilidad de acceder a la comida de forma regular. También ha crecido la fragilidad entre los migrantes y las comunidades obligadas a abandonar sus hogares por conflictos y desastres naturales.

Sin ingresos sostenidos, el informe advierte que muchos migrantes no solo se verán obligados a regresar a sus hogares, sino que también provocarán una caída temporal de las remesas, el dinero que los migrantes envían a sus países, que proporcionan un sustento esencial para alrededor una de cada nueve personas en el mundo, alrededor de 800 millones.

El Banco Mundial espera una caída del 14% en las remesas a los países de ingresos bajos y medianos para el 2021. Las consecuencias para la seguridad alimentaria podrían ser devastadoras. El PMA proyecta que para fines de 2021 al menos 33 millones de personas más podrían pasar al hambre debido solo a la disminución prevista de las remesas.

Las poblaciones migrantes centroamericanas ya están experimentando el impacto económico severo del COVID-19, más de la mitad de quienes participaron de un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones habían perdido su trabajo por la pandemia, y un 82% dijo que habían tenido que reducir la cantidad de remesas que normalmente envían porque no tenían suficientes ingresos.

El informe explica que la inseguridad alimentaria y el desplazamiento están estrechamente relacionados. El hambre, especialmente cuando se combina con un conflicto, es un factor crítico que impulsa a las personas a moverse. Nueve de cada diez de las peores crisis alimentarias del mundo se producen en países con el mayor número de desplazados internos. Mientras tanto, la mayoría de las personas desplazadas se encuentran en países afectados por la inseguridad alimentaria aguda y la desnutrición.

El Programa Mundial de la Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones piden a la comunidad internacional que se asegure de que se hagan todos los esfuerzos posibles para limitar el impacto inmediato en los más vulnerables, al tiempo que se garantizan inversiones a más largo plazo que aseguren un camino hacia la recuperación.

Las agencias recalcan que no se trata de una crisis temporal, sino de una profunda disrupción que cambiarán los patrones de migración hasta por varios años.

A medida que la pandemia de COVID-19 profundiza el estrés económico y social también puede intensificar la violencia contra las mujeres sobre todo en el ámbito doméstico. Los perpetradores pueden estar atravesando situaciones de desempleo, inestabilidad económica o estrés, lo cual puede aumentar la frecuencia y la severidad de la violencia contra las mujeres.

A pesar de que no existen datos sistematizados sobre el impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento en los femicidios, se están haciendo estudios rápidos en países como Colombia, México y Chile que podrían dar información relevante para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones.

Aunque no es posible sacar conclusiones sobre los datos en medio de la crisis, es urgente tomar medidas porque, incluso antes del COVID-19, la violencia contra las mujeres en América Latina tenía dimensiones pandémicas.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida y, según la CEPAL, en 33 países de la región durante el 2019 la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3,800.

ONU Mujeres celebra que muchos Estados hayan respondido a la violencia contra mujeres y niñas, por ejemplo, al declarar la atención a las víctimas como un servicio esencial, al establecer alianzas con hoteles para que brinden espacios gratuitos a las mujeres víctimas y sobrevivientes y al aplazar automáticamente el vencimiento de las medidas cautelares que protegen a las víctimas de violencia dentro de las medidas de cuarentena.

Sin embargo, persisten barreras para que las mujeres puedan acceder a la justicia y a los servicios de atención. En algunos países, la atención ha sido interrumpida o las instituciones se han abocado a responder a lo más urgente de la crisis, como hacer cumplir las medidas de aislamiento social, lo que puede tener como consecuencia una mayor impunidad para los perpetradores.

ONU Mujeres produce herramientas para promover una respuesta al COVID-19 en América Latina y el Caribe con perspectiva de género. El documento Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe orienta a diferentes actores sociales sobre estrategias, recomendaciones y prácticas prometedoras para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres en el marco de la crisis por la pandemia.

Asimismo, la Iniciativa Spotlight, el mayor esfuerzo mundial enfocado en poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, nacido de una alianza mundial entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, ajustó su plan de acción con el fin de responder a las necesidades surgidas a partir de la crisis provocada por el COVID-19.

Por ejemplo, las actividades ahora se centran en fortalecer las redes de atención a víctimas de violencia, en particular los refugios, para asegurar una provisión de servicios alineada con las nuevas disposiciones sanitarias. Además, se están fortaleciendo las redes de defensoras de derechos humanos en su labor de prevención y atención de la violencia.

También desde Spotlight, ONU Mujeres está promoviendo la generación de datos de calidad, que permitan visibilizar la dimensión del problema, hacer comparaciones entre países y dar respuestas hechas a la medida de cada situación.

Antes de la pandemia, en 21 países de América Latina y el Caribe los estudiantes de las familias de mayores ingresos tenían cinco veces más probabilidades que los más pobres de terminar la enseñanza secundaria superior, hoy esas diferencias se han agravado y pueden aumentar aún más si no se toman medidas urgentes para incluir a todos los niños y adolescentes en los planes de educación.

El nuevo estudio “Todos y todas sin excepción” fue elaborado por el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM), la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe- SUMMA.

Sus recomendaciones plantean medidas que los países deben priorizar en los planes de respuesta y recuperación para que la emergencia educativa no se convierta en un desastre generacional.

Los resultados de aprendizaje en la región ya eran bajos antes del COVID-19. Sólo la mitad de los jóvenes de 15 años leía correctamente. En Guatemala y Panamá, por cada cien estudiantes de 15 años de estrato socioeconómico alto que domina los conocimientos matemáticos básicos, solo diez lo hace entre los estudiantes más desfavorecidos. Los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes también tienen tasas de rendimiento y de alfabetización más bajas que el resto de la población.

En el tercer grado, los estudiantes para quienes la lengua utilizada en la escuela no es su lengua materna tienen menos probabilidades de alcanzar un nivel mínimo de competencia de lectura. La probabilidad de que las personas afrodescendientes concluyan la educación secundaria es 14% menor que la de sus pares no afrodescendientes en Perú, y un 24% menor en Uruguay según datos del 2015. Las personas jóvenes con discapacidad tienen, en promedio, 10% menos de probabilidades de asistir a la escuela que sus pares.

El informe contiene una serie de recomendaciones para la siguiente década, que ayudarán a los países de la región a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y hace un llamado a las escuelas para que sean más inclusivas. Entre esas recomendaciones destacan las siguientes:

Las remesas que han recibido 1.8 millones de familias en México entre enero y septiembre suman 29,964 millones de dólares, revela información del Banco de México (Banxico).

Esta cifra incorpora una variación de 10% anual y se convierte en el mayor flujo acumulado de envíos de los llamados migradólares hacia México, desde que el banco central comenzó a medirlo, en 1995.

La resistencia de las remesas que llegan al país sigue sorprendiendo, pues en septiembre se cursó por el séptimo mes de la pandemia y el choque que ha significado para el empleo en los países que son generadores de estos envíos, no ha mermado la solidez de las transferencias.

Así se puede entender que los hogares mexicanos recibieron en septiembre 3,564 millones de dólares, una cifra que también se convierte en la más alta registrada para un mes similar.

Según la información de Banxico, el giro promedio de remesas recibidas por cada una de las familias que cuentan con estos recursos en el país, fue de 346 dólares en septiembre. Un monto que resulta el mas alto observado desde octubre de 2008, cuando sumó 395 dólares.

La depreciación que registró el peso mexicano frente al dólar en septiembre fue de 9.3% lo que favoreció también al fortalecimiento del giro captado por cada una de las 1.8 millones de familias que reciben remesas en México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información estadística disponible con respecto a las personas formadas en Economía y Finanzas, banca y seguros.

Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al primer trimestre de 2020, hay en México 256 mil personas de 20 años y más formadas en estas áreas del conocimiento, de las cuales 56% son hombres y 44% mujeres.

Pertenecen a la población económicamente activa (PEA) 182 mil personas (71%); de cada 100 de estas y estos profesionistas que desarrollan una actividad económica o buscaron activamente hacerlo, 92 se consideran dentro de la población ocupada y 8 dentro de la desocupada.

La distribución porcentual de esta población ocupada por sexo es de 59% de hombres y 41% de mujeres; en el caso de la que está desocupada, 21% son hombres y 79% mujeres.

Tienen formación en Economía 56% de estas personas y en Finanzas, Banca y Seguros 44 por ciento. En el primer caso, 95% cuentan con estudios de licenciatura en Economía y 5% estudios de posgrado. En el segundo, 58% tienen estudios de licenciatura y 42% estudios de posgrado.

Respecto a la ocupación que desempeñan, se tiene que primordialmente 36% participan como profesionistas y técnicos, 22% trabajan como funcionarios, directores y jefes, 17% laboran en actividades de oficina y 15% en actividades relacionadas con el comercio.

Durante 2019 en México se contabilizaron, mediante los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del Ministerio Público, un total de 747 784 muertes.

La tasa de defunciones registradas por cada 10 000 habitantes fue de 59.

Las entidades federativas con las mayores tasas de defunción por entidad de residencia habitual fueron la Ciudad de México con 70, Veracruz de Ignacio de la Llave y Morelos, ambas con 67. En contraparte, las entidades que reportaron las tasas más bajas fueron Quintana Roo con 44, Baja California Sur con 45 y Aguascalientes con 48.

Del total de defunciones registradas, 97.5% (729 057) corresponden a muertes ocurridas durante 2019, 2.2% (16 135) a muertes ocurridas en 2018 y 0.3% restante (2 383) a defunciones acontecidas en 2017 y años anteriores. En 209 casos no se especificó el año de la defunción.

El 56.4% (422 185) de las defunciones corresponden a hombres, mientras que 43.5% (325 126) a mujeres. En 473 casos no se especificó el sexo. Por grupos de edad, la mayor proporción de defunciones se concentra en las personas de 65 años y más (420 661, equivalentes al 56.3 por ciento).

Los principios y derechos fundamentales en el trabajo pueden desempeñar una función primordial en la adopción de medidas de respuesta eficaces y consensuadas que faciliten la recuperación frente a la crisis de la COVID-19 y contribuyan a una reconstrucción más adecuada y justa del mundo del trabajo, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, en el informe se señala que la crisis ha conllevado un mayor riesgo para las libertades y los derechos laborales, habida cuenta del nivel más elevado de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que deben afrontar los países.

En el informe Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work (Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19) se proporciona información pormenorizada sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Se aborda la manera de invertir los procesos que propician la informalidad, la pobreza y la explotación, a fin de facilitar una mejor reconstrucción, en beneficio de todos. Se señala que aún no se ha atendido a la acuciante necesidad de dar una respuesta integrada a la pandemia.

En los resultados del informe se destaca que las restricciones en materia de libertad de circulación y celebración de reuniones públicas, impuestas en el marco de determinadas medidas de respuesta para luchar contra la pandemia a escala nacional, dificultan “la observancia de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva, tanto en el plano legislativo como en el de su aplicación, y que ello es a su vez un obstáculo para la formulación de medidas de respuesta frente a la crisis sobre la base de un consenso social”. Según se desprende de las conclusiones del informe, se ven afectadas, en particular, 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal, que con frecuencia carecen de voz representativa colectiva.

Se ha constatado que los efectos económicos de la pandemia, entre otros, exacerban el trabajo infantil, puesto que las familias se ven obligadas a encontrar nuevos medios de subsistencia para sobrevivir. También propician la servidumbre por deudas y una mayor dependencia de organismos y plataformas de contratación informales que dejan a los trabajadores más expuestos a casos de explotación.

Por otro lado, el acceso a una educación de calidad es fundamental para evitar el trabajo infantil. A lo largo de este año, 1.500 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas. Un tercio de esos niños no pueden tener acceso a sistemas de enseñanza a distancia, y muchos de ellos dependían de la comida que recibían gratuitamente en centros escolares y de las ayudas económicas que percibían por asistir a la escuela.

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de relieve la discriminación de determinados grupos de trabajadores y la arraigada desigualdad de género en los mercados de trabajo y en la prestación de servicios de atención comunitaria no remunerados.

En el documento se propone asimismo un marco de políticas basado en cuatro pilares para hacer frente a la COVID-19, en consonancia con las normas internacionales del trabajo. Éstas abarcan la promoción de la economía y del empleo; el apoyo a las empresas y el fomento del empleo y de los ingresos; la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; y la eficacia del diálogo social para la búsqueda de soluciones.

El INEGI presenta los resultados de la Recopilación de Información de los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitanas del país (RICPZMP) 2020 que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica de la situación que guarda la administración, capacidad y mantenimiento de los panteones o cementerios municipales en las Zonas Metropolitanas del país, y el manejo de los restos mortales de enero a junio de 2020.

Asimismo, este ejercicio busca conocer la percepción sobre los cambios en la actividad realizada en los panteones y las ampliaciones que se llevaron a cabo en las instalaciones y los servicios brindados durante el primer semestre de 2020.

De acuerdo con los resultados de la Recopilación de Información de los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitanas del país 2020, al cierre de junio de 2020 se reportaron 3 mil 954 panteones establecidos en los municipios y/o demarcaciones territoriales que conformaron las Zonas Metropolitanas del país. De estos, 90.1% (3 mil 561) se encontraba en operación entre enero y junio de 2020.

De los 3 mil 561 panteones que estaban operando entre enero y junio de 2020, 52.8% lo hizo mediante el esquema de prestación indirecta en colaboración con la comunidad, mientras que 39.5% (1 mil 406) de los panteones prestó el servicio de forma directa o indirecta a través de alguna institución de la administración pública municipal, estatal o federal. El restante 7.7% correspondió a cementerios que operaron bajo prestación indirecta por parte de alguna empresa particular o bajo otros esquemas.

Respecto del personal adscrito a los panteones administrados por el sector público, a nivel nacional se reportaron 5 mil 402 personas, de las cuales, 79.2% fueron hombres y 20.8% fueron mujeres.

Sobre la capacidad instalada (espacios) que tuvieron estos panteones, a nivel nacional se reportaron 6 millones 099 mil 547 fosas o tumbas, de ellas, 83.0% estuvieron ocupadas y 16.7% disponibles.

Con respecto al primer semestre de 2019, la cantidad de cadáveres inhumados entre enero y junio de 2020 aumentó 20.2%, en tanto, la cantidad de cadáveres cremados o incinerados registró un aumento de 76.8 por ciento.

“Con miras a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia en México, la Cámara de Diputados cuenta con la oportunidad de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal a fin de prohibir el castigo corporal y humillante como método de crianza”, señala un comunicado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México que reúne a varias agencias* de la ONU.

La declaración destaca que los actos violentos contra infantes y adolescentes suponen una violación de sus derechos humanos que sigue aceptándose y ejerciéndose en México, donde seis de cada diez menores de entre uno y 14 años han sufrido algún tipo de “disciplina violenta” en sus hogares, una acción que provoca graves consecuencias en su desarrollo.

Las probabilidades de alcanzar un desarrollo adecuado durante la niñez son 2,4 veces menores en los niños y adolescentes que padecieron castigos corporales rigurosos, y si sufrieron algún tipo de “disciplina violenta” la posibilidad de que un menor sea agresivo aumenta 1,6 veces, según un estudio de UNICEF.

A estos preocupantes datos hay que añadir que, de acuerdo con un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los menores víctimas de constantes actos violentos en el seno familiar tienen más probabilidades de abandonar el hogar, caer en situaciones de extrema precariedad y vulnerabilidad, vivir en la calle y padecer un mayor riesgo de abuso y explotación.

Además, cabe recordar que en las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a México se indica “que toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, incluido el castigo corporal, es injustificada y perjudicial, no sólo por el daño infligido, sino porque menoscaba sus derechos y desarrollo”, y se destaca la preocupación por “la elevada incidencia de castigos corporales infligidos a niñas y niños, violencia doméstica y violencia de género, así como por la falta de acceso a la justicia”.

Por ello, el Comité recomendó al Estado mexicano prohibir los castigos corporales y humillantes “en todos los entornos, en el nivel federal como estatal, y derogar de los códigos civiles federales y estatales el ‘derecho a corregir'”.

Las agencias de la ONU que respaldan este comunicado certificaron los esfuerzos y progresos de los legisladores mexicanos en materia de derechos de los menores y subrayaron que, de aprobarse la prohibición del castigo corporal, “la normatividad mexicana daría un importante paso en el cumplimiento de las normas de derechos humanos que establecen la Constitución Política Mexicana y los tratados”.

Por otra parte, expresaron su confianza en que los legisladores mexicanos asumirán el compromiso necesario para la protección de los derechos los infantes y adolescentes y reiteraron su ofrecimiento de asesoría y cooperación técnica “para contribuir con el análisis y aprobación de las reformas para prohibir el castigo corporal y humillante”.

En términos generales los resultados del levantamiento de la ENOEN de septiembre de 2020 confirman la lenta recuperación de la ocupación y el empleo observada en agosto, debido principalmente al mantenimiento de las medidas de reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales. Los cambios más importantes entre agosto y septiembre de 2020 tuvieron lugar en un aumento de la PEA y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó un aumento en los ocupados entre 15 y 34 horas semanales, una recuperación del comercio, así como un crecimiento de los ocupados en micronegocios.

La ENOEN en septiembre de 2020 reportó un incremento de 621 mil personas en la PEA, con una Tasa de Participación Económica de 55.6% respecto a la población de 15 años y más, cifra 0.5 puntos porcentuales superior a la de agosto pasado. Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 72.7% y 40.2%, respectivamente.

En el noveno mes de 2020, la población ocupada resultó en 51.1 millones de personas, con un incremento de 670 mil personas respecto a agosto.

La ENOEN en septiembre de 2020 registró una Tasa de subocupación de 15.7%, cifra inferior en (-)1.4 puntos porcentuales a la de agosto del mismo año. Este descenso representa una variación de (-)0.6 millones de personas ocupadas. La Tasa de subocupación según sexo fue de 15.7% en los hombres, cifra inferior en (-)0.9 puntos porcentuales respecto al mes anterior, mientras que la Tasa de subocupación en las mujeres fue de 15.5%, tasa (-)2.2 puntos porcentuales con relación a la de un mes antes.

La población desocupada fue de 5.1% en septiembre y de 5.2% en agosto como proporción de la PEA, porcentaje equivalente a 2.7 millones de personas en septiembre de este año.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 10.5 millones, lo que representa 24.4% de la PNEA. En comparación con agosto de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en (-)190 mil personas durante septiembre.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Grupo Banco Mundial publicaron un informe que revela cifras alarmantes de la situación de millones de niños que viven paupérrimamente.

Ya antes de que la pandemia de COVID-19 golpeara las economías de todos los países, uno de cada seis menores de edad, o 356 millones, vivía en condiciones de pobreza extrema.

El análisis muestra que el número de personas que viven en la pobreza extrema disminuyó 29 millones entre 2013 y 2017. Sin embargo, agrega que el avance de los últimos años ha sido “lento y desigual, además de que se encuentra en riesgo” debido al impacto económico de la pandemia.

Aunque los niños representan cerca de un tercio de la población mundial, son casi a mitad de la población extremadamente pobre. Además, tienen más del doble de probabilidades de ser paupérrimos que los adultos.

Los niños más pequeños son los que están en peor situación: el 20% de ellos es menor de cinco años y vive en hogares extremadamente pobres del mundo en desarrollo, destaca el informe.

La pobreza extrema entre los niños ha disminuido menos que entre los adultos, y una mayor proporción de los pobres del mundo eran niños en 2017, en comparación con la cifra de 2013.

Los datos del Banco Mundial y UNICEF sugieren que la mayoría de los países han respondido a la crisis ampliando los programas de protección social, en particular las transferencias de efectivo, que brindan una plataforma para inversiones a más largo plazo en capital humano.

Sin embargo, muchas de las respuestas son a corto plazo y no son adecuadas para responder a la magnitud esperada a largo plazo de la recuperación, dice el estudio.

Es más importante que nunca que los gobiernos amplíen y ajusten sus sistemas y programas de protección social para prepararse para futuras crisis, incluidas las innovaciones para la sostenibilidad financiera. También precisan fortalecer los marcos legales e institucionales; proteger el capital humano; ampliar los beneficios para niños y familias a largo plazo; e invertir en políticas favorables a la familia, como la licencia parental remunerada y el cuidado infantil de calidad para todos.

Fuente: ONU 20 de octubre de 2020

El embarazo en adolescentes no sólo es un grave problema de salud pública que pone en riesgo la vida e integridad de las y los adolescentes, también constituye un obstáculo para su progreso personal, social y profesional.

En el marco del Reglamento de la Ley General de Población, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) diseñó e implementó la Campaña Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que en su versión “¡Yo Decido!” busca fortalecer los esfuerzos y acciones afirmativas de la ENAPEA contribuyendo a la disminución de la tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años y promover el ejercicio libre, responsable e informado de los derechos sexuales y reproductivos.

La campaña se compone de una serie de herramientas complementarias en distintos canales de salida que brindan información sobre el ejercicio de derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y la prevención de embarazos no planeados.

Entre estas herramientas se encuentra el Micrositio ENAPEA que tiene como objetivo convertirse en un referente de consulta para el personal docente que les permita comprender la gravedad del embarazo en adolescentes en nuestro país y contar con las herramientas necesarias para contribuir con su labor al logro de los objetivos y metas establecidas en la Estrategia.

El Micrositio está compuesto de los siguientes apartados:

ENAPEA: En este apartado el público usuario encontrará información relacionada con los Informes Ejecutivos de la Estrategia, así como de los acuerdos y acciones que ha llevado a cabo el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA).

Campañas: Presenta tanto los spots de TV de la Campaña ¡Yo Decido!, como el Cuaderno ¡Yo Decido! Mi futuro, que tienen como objetivo empoderar a la población adolescente a través del conocimiento y libre ejercicio informado y responsable de sus derechos sexuales y reproductivos.

Materiales Educativos: El apartado está conformado por una serie de recursos educativos que pueden ser empleados para fortalecer el aprendizaje de los contenidos educativos que se trabajan en el salón de clases, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Interrupción Legal del Embarazo (ILE), violencia, masculinidades, entre otros.

Gestión del Conocimiento: Este apartado está integrado por publicaciones, artículos, documentos y demás materiales que abordan desde diferentes perspectivas, la gravedad del embarazo adolescente en nuestro país.

Sitios de interés: Por último, el Micrositio se presenta un conjunto de directorios con información de instituciones y organismos que ofrecen a la población servicios de salud, educación, atención psicológica, orientación legal, entre otros.

Fuente: CONAPO 20 de octubre de 2020

Este día se celebra, por tercera ocasión, el Día Mundial de la Estadística con el lema “Conectando al mundo con datos confiables”, el cual se realiza cada cinco años, organizado bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con la participación de más de 140 Estados miembros de dicha comisión, así como de organizaciones internacionales y regionales.

La consigna que promueve la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, los datos oficiales, la innovación y el bien público que generan los sistemas estadísticos nacionales.

En México, el INEGI es el organismo constitucional autónomo del Estado mexicano que, además de ser el principal productor de estadísticas oficiales del país, coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

La fortaleza institucional del INEGI es fundamental para mantener la credibilidad en la medición de la realidad mexicana y esto es posible gracias a 5 pilares que rigen su actuar: autonomía; objetividad y rigurosidad técnica; principios y buenas prácticas; transparencia y rendición de cuentas y participación de la sociedad.

El INEGI tiene como mandato brindar a la sociedad y al Estado información estadística confiable, de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales, generada y difundida libre de presiones de grupos de interés, que sirva de fundamento para la toma de decisiones basadas en evidencia.

Aplicar las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como utilizar metodologías científicamente sustentadas, permite la comparabilidad internacional de la información y da la oportunidad a nuestro país de estar conectado con el mundo.

Actualmente, el Instituto cuenta con información estadística que permite el análisis de una gran variedad de fenómenos sociales y económicos tales como: población, ocupación y empleo, ingreso y gasto de los hogares, migración, salud y nutrición, victimización, percepción de inseguridad, corrupción, gobierno, igualdad de género, competitividad, evolución de las actividades económicas, comportamiento de precios, ciclos económicos, inclusión financiera, bienestar subjetivo, movilidad social, medio ambiente, uso de las tecnologías de la información, entre otros.

Asimismo, el INEGI mantiene el compromiso de atender las necesidades de información de los usuarios para responder de manera rápida y eficiente a nuevas demandas de información, así como a necesidades coyunturales que permitan prevenir y en su caso atender emergencias o catástrofes.

Tal es el caso de la pandemia por el COVID-19, en donde el Instituto tuvo que innovar en procesos alternativos de captación para seguir ofreciendo información pertinente a la sociedad y amplió su oferta de productos para poder medir el impacto de esta emergencia sanitaria en la actividad económica y el mercado laboral.

Por todo lo anterior, el Instituto contribuye a la comunidad estadística internacional contando con información estadística confiable y comparable para conocer los fenómenos que acontecen, comprender nuestro mundo y aportar al progreso de nuestras sociedades.

Y convoca a la sociedad a continuar contribuyendo a la generación de esta información participando como informantes de los distintos programas y a través de las consultas públicas, asimismo a seguir utilizando la información estadística para la toma de decisiones.

El INEGI presenta los resultados de la undécima edición del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020 que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario y medio ambiente, así como justicia cívica (únicamente para el caso de la Ciudad de México), con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Administración Pública Estatal

Al cierre de 2019, 2 091 865 servidores públicos se encontraban adscritos a las 1 998 instituciones de las administraciones públicas estatales. De ellos, 56.5% eran mujeres y 43.5%, hombres.

Respecto del presupuesto que ejercieron los gobiernos estatales, a nivel nacional se reportó un total de 1 528 593 millones de pesos. De ellos, 41.0% se ejerció en Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (capítulo 4000).

Durante 2019, se realizaron 228 497 524 transacciones (solicitudes) por las personas (físicas y morales) ante las instituciones de las administraciones públicas estatales, de las cuales, Consulta médica fue la de mayor frecuencia con 25.2% del total.

En materia de protección civil, al cierre de 2019, 26 de las 32 entidades federativas contaron con un Plan o Programa de Protección Civil mientras que 24 entidades reportaron tener un Plan de Emergencia o de Contingencia.

En cuanto al ejercicio de la función de control interno a nivel nacional, durante 2019 se iniciaron 51 833 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. De acuerdo con el origen de la investigación, 45.2% provino de una queja y/o denuncia.

Al cierre de 2019, 17 entidades federativas contaron con un Plan o programa anticorrupción.

Seguridad Pública

Durante 2019, a nivel nacional se registraron 12 785 150 llamadas procedentes mediante los sistemas de emergencia 911, 066, 089 u otros.

En el mismo periodo, se reportaron 1 401 724 intervenciones policiales realizadas. De ellas, 34.1% (477 mil 535) correspondió a presuntas faltas cívicas.

Respecto de los delitos registrados en las intervenciones policiales realizadas en las entidades federativas durante 2019, la cifra nacional fue de 226 150, de los cuales, 93.0% correspondió a delitos del fuero común y 7.0% a delitos del fuero federal.

Con relación al aseguramiento de armas, narcóticos y vehículos, durante 2019 se reportaron 272 050 armas aseguradas, de las cuales 74.2% fueron Cartuchos. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, Cannabis sativa, indica o mariguana fue el principal tipo de narcótico con 190 039.7 kilogramos. Por su parte, se reportaron 40 037 Vehículos asegurados. De ellos, 53.1% presentó reporte de robo.

Sistema Penitenciario

Al cierre de 2019, se reportaron 241 centros penitenciarios. En ellos se contó con una capacidad instalada de 158 994 espacios (camas útiles). Por su parte, el número de centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes fue de 47, en los cuales se reportaron 6 mil 730 espacios (camas útiles).

Durante 2019, ingresaron 102 700 personas a los centros penitenciarios y 1 452 más a los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes a cargo de las entidades federativas. Del total de esta población, 92.6% eran hombres y 7.4% eran mujeres.

En el mismo periodo egresaron 92 57 personas de los centros penitenciarios, y 1 304 más de los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de egresos, 92.7% fueron hombres y 7.3% fueron mujeres.

Al cierre de 2019, se encontraban privadas de la libertad 155 400 personas en los centros penitenciarios y 1 322 adolescentes internados en los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de esta población, 94.7% eran hombres y 5.3% eran mujeres.

Medio Ambiente

Con relación a la aplicación de programas por parte de las administraciones públicas estatales, durante 2019, Biodiversidad y ecosistemas fue la materia de mayor frecuencia al registrar 139 programas aplicados.

El CNGSPSPE se realiza desde 2010 y la presente edición cuenta con 111 cuadros estadísticos organizados en 14 apartados conforme a la siguiente estructura temática: 1) Estructura organizacional y ejercicio de la función de gobierno; 2) Trámites y servicios; 3) Protección civil; 4) Catastro; 5) Transparencia; 6) Control interno y anticorrupción; 7) Defensoría pública o defensoría de oficio; 8) Servicios periciales; 9) Administración de archivos y gestión documental; 19) Planeación y gestión territorial; 11) Seguridad pública; 12) Sistema penitenciario; 13) Medio ambiente; y 14) Justicia cívica.

Con motivo de su 75.° aniversario y del tercer Día Mundial de la Estadística, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publica su nuevo Anuario estadístico, cuya edición de este año cuenta con 366 páginas y ofrece también por primera vez interactividad digital y la posibilidad de descargar conjuntos de datos.

La alimentación y la agricultura en el mundo:
Anuario estadístico de la FAO 2020

Ofrece una síntesis de los principales factores que conforman el panorama mundial actual de la alimentación y la agricultura, incluidas tendencias agrícolas, en el uso de insumos, utilización de mano de obra, seguridad alimentaria y nutrición o las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto de la agricultura en el medio ambiente.

La FAO es uno de los principales proveedores de datos mundiales sobre la agricultura y la seguridad alimentaria. En particular, cuenta con el portal FAOSTAT con información actualizada sobre 20 000 indicadores que cubren 245 países y territorios, el portal de datos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva plataforma de datos geoespaciales Mano de la mano, que aprovecha la innovación y un amplio conjunto de asociados para identificar proyectos de desarrollo viables.

El Anuario está dividido en cuatro capítulos temáticos centrados respectivamente en las dimensiones económicas de la agricultura, la silvicultura y la pesca; la producción, comercio y tendencias de los precios; la seguridad alimentaria y la nutrición; y la sostenibilidad ambiental. El Anuario va acompañado de un compendio estadístico de bolsillo de la FAO, que ofrece una referencia rápida y sencilla sobre los principales datos y tendencias de la alimentación y la agricultura.

Conclusiones principales

La contribución global de la agricultura al producto interno bruto mundial aumentó en un 68 % entre los años 2000 y 2018, hasta alcanzar los 3,4 billones de USD. Asia representa el 63 % de este total, mientras que África es el continente que registra el crecimiento más rápido, casi el doble de la media mundial.

El número de personas que trabajan en la agricultura ha disminuido en este milenio hasta los 884 millones -un 27 % de la mano de obra mundial- frente a los 1 050 millones -un 40 % de la fuerza laboral global- en el año 2000. La mayor parte de este descenso se produjo en Asia, aunque la caída más pronunciada se registró en Europa, donde sólo un 5,3 % de la población activa ocupada trabaja en el sector, en comparación con el 49 % en África.

En el Anuario también se señala que el 37,1 % de estos trabajadores son mujeres, que representan más de la mitad de la mano de obra agrícola nacional en 22 países.

La producción de cultivos primarios ascendió a 9 200 millones de toneladas en 2018, en torno a un 50 % superior a la del año 2000. Los cultivos oleaginosos experimentaron el crecimiento más rápido (+ 88 %). Cuatro productos suponen la mitad de la producción mundial de cultivos primarios: caña de azúcar, maíz, trigo y arroz.

Los datos muestran también que los mayores productores de muchos de los principales cultivos alimentarios representan una parte importante de la producción mundial: Brasil (caña de azúcar), China (arroz y papas), y los Estados Unidos de América (maíz y soja). Algo similar sucede con los productos elaborados, siendo China el principal productor de aceite de soja, Indonesia y Malasia los mayores productores de aceite de palma, y Ucrania y Rusia liderando la producción de aceite de girasol.

El comercio mundial de alimentos ha crecido incluso más rápido que la producción, y su valor monetario total casi se ha cuadruplicado entre 2000 y 2018, hasta alcanzar los 1,4 billones de USD.

El hambre está aumentando: el número de personas subalimentadas ascendió a casi 690 millones en 2019, cerca de 60 millones más que en 2014. Al mismo tiempo, la obesidad está creciendo también: en 2016 afectaba al 13,1 % de la población adulta, en comparación con el 8,7 % en 2000.

La superficie de tierras agrícolas aumentó en 75 millones de hectáreas entre 2000 y 2017, un incremento equivalente a dos veces la superficie del Japón. En el mismo período, las tierras forestales disminuyeron en 89 millones de hectáreas, una reducción equivalente a la superficie de Nigeria.

Las emisiones mundiales de la agricultura en las explotaciones agrícolas crecieron a su vez un 16 % entre 2000 y 2017. Cerca de un 60 % de esas emisiones proceden de actividades relacionadas con la ganadería.

El Anuario proporciona datos detallados organizados por países y temas, así como una gran cantidad de gráficos y mapas que hacen que la información sea más accesible.

Fuente: FAO 20 de octubre de 2020

Con demasiada frecuencia se necesita una crisis para centrar verdaderamente las mentes, poner de relieve las desigualdades, ya sean nuevas o existentes, y para impulsar la acción. Esto es ciertamente cierto en el caso de la pandemia COVID-19. Como se observó en un reciente informe de políticaOIT “La crisis de COVID-19 ha puesto al descubierto las arraigadas desigualdades de género en los mercados laborales y ha exacerbado aún más las desigualdades de género en el trabajo de cuidado no remunerado”. Al parecer, se dispone fácilmente de pruebas que respaldan esta conclusión.

Por ejemplo, en el sitio web OIT se estima que en todo el mundo “casi 510 millones de personas, o el 40% de todas las mujeres empleadas, trabajan en los sectores más afectados… en comparación con el 36,6% de los hombres” y que “la brecha de género en la proporción de trabajadores informales en los sectores más afectados es mucho mayor, ya que el 42% de las mujeres trabajaban de manera informal en esos sectores al comienzo de la crisis, en comparación con el 32% de los hombres”.

Las razones históricas de las lagunas en los datos sobre el género son muchas, pero el reconocimiento de esas lagunas y las medidas para abordarlas han ido en aumento. Un acontecimiento importante fue la adopción de un conjunto de normas innovadoras en la19ª Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (CIET ) en 2013. Esas normas crean un nuevo marco para las estadísticas del trabajo que, cuando se aplican, promete mejorar nuestra comprensión colectiva de muchos aspectos del mundo del trabajo. Dos informes de OIT sobre las enseñanzas extraídas de la pandemia – Relevancia de género de las 19 normas estadísticas CIET y Cerrar las brechas de datos de género en el mundo del trabajo – papel de las 19 normas CIET – ilustran en particular lo importante que puede ser esto para la comprensión de las desigualdades de género.

A nivel de titulares, las normas anteriores, que se adoptaron en el 13 CIET en 1982, clasificaban esencialmente a todas las personas en edad de trabajar en una de las tres categorías, a saber, empleados, desempleados o no activos económicamente. En cambio, las normas de la19ª CIET , además de revisar las definiciones de ocupación y desocupación, crean una base más detallada y matizada para el análisis en general, y para el género en particular.

No debemos descartar el valor de la13ª CIET como plataforma sobre la que se han construido las estadísticas laborales de las últimas décadas. Sin embargo, la amplia aplicación de las nuevas normas promete ampliar drásticamente nuestra comprensión del mundo del trabajo, y esto es muy necesario si realmente esperamos poner la igualdad de género en el centro de la recuperación económica posterior a COVID-19 y supervisar el progreso hacia ese objetivo.

La adopción de nuevas normas estadísticas es sólo un paso, aunque importante, en el proceso de mejorar la disponibilidad de datos. Para lograr la incorporación de la nueva gama de estadísticas de trabajo se necesitará un amplio apoyo de muchos organismos e interesados. Los productores de estadísticas oficiales necesitarán apoyo y recursos, y OIT se ha comprometido a desempeñar su papel en la prestación de ese apoyo, entre otras cosas mediante la publicación de amplios instrumentos y recursos, capacitación y la asistencia técnica.

otra lección de la pandemia es que nuestra capacidad para generar los datos que tan desesperadamente necesitamos puede ser frágil y no debe darse por sentada. Los cierres y las restricciones de movimiento han tenido un efecto devastador en la capacidad de muchos países para reunir datos por medios tradicionales, como las encuestas domiciliarias cara a cara. Teniendo esto presente, mientras el mundo centra su atención en reconstruir mejor de la pandemia, se debería reflexionar sobre la manera de crear sistemas más resistentes para generar datos significativos para el futuro, basados en las buenas prácticas, los enfoques modernos y las normas internacionales como las acordadas en el19º CIET .

De acuerdo con los resultados del vigésimo octavo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de septiembre de 2020, durante ese mes, 67.8% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al 73.4% y al 71.3% de marzo de 2020 y septiembre de 2019, respectivamente. Al respecto, 35 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a marzo de 2020: 34 tuvieron reducciones y una tuvo un incremento. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 72.7%, mientras que para los hombres fue de 62.0 por ciento.

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec de Morelos, Fresnillo, Coatzacoalcos, Villahermosa, Toluca de Lerdo y Naucalpan de Juárez, con 92.8, 91.8, 91.1, 90.4, 88.9 y 88%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, La Paz, Mérida, Los Cabos, Cuajimalpa de Morelos y Saltillo, con 16.6, 21.8, 22.5, 26.9, 29.1 y 30.1%, respectivamente.

Derivado de la cancelación del levantamiento de la ENSU correspondiente al segundo trimestre de 2020, en el cual se buscaría conocer la proporción de hogares en zonas urbanas con al menos un integrante mayor de 18 años víctima de los delitos de robo y/o extorsión, en el tercer trimestre se incorporaron adecuaciones al instrumento de captación con el objetivo de obtener dichos indicadores por mes de ocurrencia. Lo mismo ha sucedido con la información relativa a contacto con autoridades de seguridad pública y actos de corrupción. Además, en este tercer trimestre se busca, como tema nuevo, identificar situaciones de violencia en el entorno familiar que se pudieron haber presentado en el contexto de las relaciones en los hogares durante el confinamiento ocasionado por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Así, a nivel nacional, 21.8% de los hogares contó con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el primer semestre de 2020. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Iztacalco, Cuautitlán Izcalli, Iztapalapa, Aguascalientes y La Magdalena Contreras con 34.4, 34, 33.2, 33 y 32.7%, respectivamente.

En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, de enero a septiembre de 2020 se estima que el 13% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 45.6% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstas.

Finalmente, en este trimestre se proporciona información estadística sobre víctimas de violencia en el entorno familiar. Se estima que 9% de los hogares experimentó alguna situación de violencia de tal naturaleza entre enero y septiembre de 2020. Respecto a la población de 18 años y más, en ese mismo período, el 7.8% fue violentada en el ámbito del hogar. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 9.2%, mientras que en hombres fue de 6.1 por ciento.

Aunque lavarse las manos con jabón es vital en la lucha contra las enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19, miles de millones de personas en todo el mundo no tienen acceso inmediato a un lugar para hacerlo, aseguró este jueves el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Según nuevas estimaciones de UNICEF, el 40% de la población mundial, es decir, 3000 millones de personas, no dispone de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares. El número es mucho mayor en los países menos adelantados, donde casi las tres cuartas partes de la población no lo tienen.

La situación también es alarmante en las escuelas a nivel mundial: el 43% (70% en los países menos adelantados) carece de instalaciones de agua, lo que afecta a cientos de millones de niños en edad escolar, según las estimaciones.

Los datos de UNICEF muestran que, en los 60 países con el mayor riesgo de crisis humanitarias o de salud a causa del COVID-19, dos de cada tres personas no tienen dónde lavarse las manos.

En África subsahariana, el 63% de la población de las zonas urbanas, es decir, 258 millones de personas, no tiene acceso; en Asia central y meridional, el 22%, o 153 millones de personas.

UNICEF, junto con la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, lanzó la iniciativa “Higiene de manos para todos” para apoyar el desarrollo de planes nacionales para acelerar y mantener el progreso hacia el lavado de las manos como pilar de las intervenciones de salud pública.

Esto significa mejorar rápidamente el acceso a instalaciones con agua, jabón y desinfectante en todos los entornos, así como promover intervenciones de cambio de comportamiento para las prácticas óptimas de higiene.

La iniciativa reúne a socios internacionales, nacionales y locales para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad de productos y servicios asequibles, especialmente en comunidades vulnerables y desfavorecidas.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales fue establecido internacionalmente por la ONU el 15 de octubre de 2008. En 2020, la pandemia por el #COVID _19 acrecentó muchas de las desigualdades que ya enfrentaban las mujeres que viven en zonas rurales como: restricciones en el acceso a servicios de salud de calidad y medicamentos esenciales; acceso a información errónea; aumento en el trabajo de cuidados no remunerado; dificultades para acceder al agua y saneamiento; falta de ingresos económicos, por mencionar algunos ejemplos.

Algunos datos clave para conocer su situación:

En el mundo:

Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola (ONU, 2018).

En México:

Fuente: GOBIERNO DE MÉXICO 15 de octubre de 2020

Desde el 2008 este día se estableció con el objetivo de reconocer las funciones, pero sobre todo las contribuciones que la mujer rural, incluida la mujer indígena, aportan y que son decisivas en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.

Las mujeres rurales, que representan el 43 por ciento de la mano de obra en las actividades agrícolas son las encargadas de labrar la tierra y plantar las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU Mujeres, este grupo de mujeres son las que, de manera desproporcionada, sufren los embates de los múltiples aspectos de la pobreza y aún cuando son tan productivas y buenas gestoras -tanto como los hombres- no disponen del mismo acceso a la tierra ni créditos, tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

En México, de los 61.5 millones de mujeres, 23 por ciento habitan en localidades rurales. También. representan el 34 por ciento de la fuerza laboral, por lo que esta población es responsable de más del 50 por ciento de la producción de alimentos en México.

El principal compromiso del gobierno es empoderar a las mujeres en la agricultura familiar constituye un área de acción prioritaria, pues el papel de las mujeres agricultoras es “primordial”; y proporcionar a las campesinas acceso a los mismos recursos que los hombres es el camino hacia la reducción del número de personas que padecen hambre en México y el mundo.

Por ello, reconocemos a todas las mujeres rurales por el invaluable trabajo que realizan en México, trabajando para que los programas y planes dirigidos al campo tengan perspectiva de género que atienda las necesidades de las mujeres que viven en zonas rurales.

Fuente: SAGARPA 15 de octubre de 2020

Cuatro agencias de las Naciones Unidas pidieron solidaridad mundial con los países más pobres afectados por la pandemia de COVID-19 a través de una declaración conjunta.

El coronavirus ha provocado una dramática pérdida de vidas humanas en todo el mundo y presenta un desafío sin precedentes para la salud pública, los sistemas alimentarios y el ámbito laboral, aseguraron la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.

Las agencias reiteraron que el trastorno económico y social causado por la pandemia es devastador: decenas de millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza extrema, mientras que el número de personas desnutridas, que actualmente se estima en casi 690 millones, podría aumentar hasta 132 millones para el final del año.

Asimismo, millones de empresas se enfrentan a una amenaza existencial. Casi la mitad de los 3300 millones de trabajadores del mundo corren el riesgo de perder sus medios de vida, y aquellos que se desempeñan en la economía informal son particularmente vulnerables porque la mayoría carece de protección social y atención de salud.

Los cierres de fronteras, las restricciones comerciales y las medidas de confinamiento han impedido que los agricultores accedan a los mercados, incluso para comprar insumos y vender sus productos, y que se interrumpan las cadenas de suministro de alimentos nacionales e internacionales reduciendo el acceso a dietas saludables, seguras y diversas.

Además, millones de trabajadores agrícolas, asalariados y autónomos, aunque alimentan al mundo, e se enfrentan regularmente a altos niveles de pobreza laboral, desnutrición y mala salud, y sufren falta de seguridad y protección laboral, así como otros tipos de abusos.

“Con ingresos bajos e irregulares y falta de apoyo social, muchos de ellos se ven motivados a seguir trabajando, a menudo en condiciones inseguras, exponiéndose a sí mismos y a sus familias a riesgos adicionales. Además, cuando experimentan pérdidas de ingresos, pueden recurrir a estrategias de supervivencia negativas, como la venta de activos por situaciones de emergencia, los préstamos abusivos o el trabajo infantil”, advirtieron las agencias de la ONU.

Las cuatro agencias de la ONU explicaron que los trabajadores agrícolas migrantes son particularmente vulnerables, porque enfrentan riesgos durante sus viajes, así como malas condiciones de trabajo y de vida sin poder acceder muchas veces a las medidas de apoyo implementadas por los gobiernos.

Para las agencias de salud, trabajo y alimentación de las Naciones Unidas, la acción inmediata y decidida para salvar vidas y medios de subsistencia debe incluir la extensión de la protección social hacia la cobertura universal de salud y el apoyo a los ingresos para los más afectados.

También se debe tener en cuenta que los países que se enfrentan a crisis humanitarias u otras emergencias están particularmente expuestos a los efectos del COVID-19. Según las agencias, es fundamental responder rápidamente a la pandemia y, al mismo tiempo, garantizar que la asistencia humanitaria y de recuperación llegue a los más necesitados.

Para las agencias, es necesario desarrollar estrategias sostenibles a largo plazo para abordar los desafíos a los que se enfrentan los sectores sanitario y agroalimentario. Se debe dar prioridad a abordar los desafíos subyacentes de la seguridad alimentaria y la desnutrición, abordar la pobreza rural, en particular mediante más y mejores empleos, extender la protección social a todos, facilitar vías migratorias seguras y promover la formalización de la economía informal.

“Debemos repensar el futuro de nuestro medio ambiente y abordar el cambio climático y la degradación ambiental con ambición y urgencia. Solo así podremos proteger la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas y garantizar que nuestra “nueva normalidad” sea mejor”.

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el CONEVAL visibiliza algunas de las brechas de este grupo de población, de acuerdo con información del 2018:

Fuente: CONEVAL 13 de octubre de 2020

El Secretario General de la ONU explicó que a las adolescentes se les cierran las oportunidades en ámbitos como los de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas no por falta de talento o ambición, sino porque son niñas. El porcentaje de mujeres graduadas en estas materias es inferior al 15 % en más de dos tercios de los países del mundo.

En todo el mundo, casi una de cada cuatro niñas de entre 15 y 19 años no está empleada ni estudia o recibe capacitación, en comparación con uno de cada diez niños de la misma edad. Para el 2021, alrededor de 435 millones de mujeres y niñas vivirán con menos de un dólar y noventa centavos al día, lo que incluye a 47 millones empujadas a la pobreza como resultado del COVID-19.

Una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual. Los datos emergentes muestran que desde el brote de COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas, y en particular la violencia doméstica, se ha intensificado.

Al menos el 60% de los países sigue discriminando los derechos de las hijas a heredar tierras y bienes en la legislación o en la práctica.

Mientras las niñas adolescentes de todo el mundo reivindican su poder como impulsoras del cambio, en el Día Internacional de la Niña 2020 las Naciones Unidas se centran en sus peticiones para que puedan:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la sexta edición de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019, realizada en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

La ENUT se levanta desde 1996 y sus principales objetivos son proporcionar información estadística para la medición de todas las formas de trabajo de las y los individuos, tanto remunerado como no remunerado; hacer visible la importancia de la producción doméstica y su contribución a la economía y, en general, la forma como usan su tiempo mujeres y hombres, así como la percepción de su bienestar.

Las estadísticas de uso del tiempo resultan relevantes en el diseño, aplicación, supervisión y evaluación de planes y programas de política pública destinados a fomentar el bienestar de la población, especialmente de las mujeres, ya que la información que generan ilustra el reparto desigual de las cargas de trabajo y representan un pilar fundamental para los estudios con perspectiva de género.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en coordinación con el Centro Médico de la Universidad de Texas presenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2018. Su objetivo es generar información sobre el proceso del envejecimiento en México, el impacto de las enfermedades y la discapacidad en la población a partir de 50 años de edad.

La ENASEM es una encuesta longitudinal que inició en 2001 y permite seguir a la misma población de estudio (personas de 50 y más años de edad) a través del tiempo. Además de 2001, se ha levantado en 2003, 2012, 2015 y, por quinta ocasión, en 2018.

Los temas atendidos por la ENASEM son: características sociodemográficas de los sujetos de estudio; medidas de salud, estado funcional, estilo de vida, depresión y estado cognitivo; tributos demográficos de los hijos; historial migratorio; ayuda en dinero o especie otorgado a, y recibido de, sus hijos, así como datos económicos, ingresos laborales, pensiones y valor de bienes inmobiliarios y financieros.

Otros indicadores de la encuesta son historia laboral, ocupación, posición en el trabajo y lugar de trabajo actual de los sujetos de estudio; características de la vivienda; impresiones personales sobre salud, poder de decisión, nivel de ayuda familiar, viudez e información acerca del último año de vida de los entrevistados que fallecen en el panel.

El primer estudio longitudinal de este tipo fue el Health and Retirement Study de Estados Unidos iniciado en 1992; le siguió la ENASEM y a partir de entonces se han realizado estudios similares en 35 países.

El año 2020 marca el 75º aniversario de las Naciones Unidas y el 30º aniversario del Día Internacional de las Personas de Edad. Este año también ha aparecido en escena la COVID-19 con su conmoción mundial. Teniendo en cuenta los mayores riesgos a los que se enfrentan las personas mayores durante el brote de pandemias como COVID-19, las políticas y las intervenciones deben estar dirigidas a crear conciencia sobre sus necesidades especiales.

Este año también ha sido reconocido como el “Año de la enfermera y la partera”. El Día Internacional de las Personas Mayores 2020 destacará el papel del personal sanitario en la contribución a la salud de las personas mayores, con un reconocimiento especial de la profesión de enfermería y un enfoque principal en el papel de las mujeres, que están relativamente infravaloradas y, en la mayoría de los casos, compensadas inadecuadamente.

La celebración de 2020 también promoverá la Decenio del Envejecimiento Saludable (2020-2030) y ayudará a reunir a expertos de las Naciones Unidas, la sociedad civil, el gobierno y los profesionales de la salud para debatir los cinco objetivos estratégicos de la Estrategia global y el plan de acción sobre el envejecimiento y la salud, al tiempo que repasan los avances y desafíos a lo largo del camino. La estrategia global está bien integrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS ), mientras que los problemas del envejecimiento tocan los 17 objetivos, especialmente el Objetivo 3 que tiene como reto “garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades”.

La temática de este año pretende:

Fuente: INEGI 01 de octubre de 2020

México se ha convertido en el primer país del mundo en emitir un Bono Soberano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un paso importante en el compromiso del país con el logro de los ODS y un gran avance para la financiación del desarrollo.

México emitió el innovador Bono ODS de siete años por un valor total de 890 millones de dólares americanos, recursos que se transferirán de fondos privados para financiar programas orientados a los ODS. Este bono innovador fue emitido bajo su nuevo “Marco de Bonos Soberanos SDG” desarrollado con el banco de inversión Natixis, y lanzado en febrero. La operación alcanzó una demanda de 5.696 millones de dólares, equivalente a 6,4 veces el importe asignado. 267 firmas de inversión globales participaron en la operación.

“Esta iniciativa es un importante paso adelante en el desarrollo de un mercado para el financiamiento de los ODS a gran escala y un mecanismo innovador para aprovechar el mercado de capital privado para financiar programas relacionados con los ODS. El PNUD valora la invitación del Gobierno de México para contribuir a esta iniciativa y desea que otros países puedan seguir pronto”, dijo el Administrador del PNUD, Achim Steiner.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue invitado por el Gobierno de México a asociarse con ellos en esta iniciativa. El PNUD emitió una opinión en forma de carta de alineación sobre el Marco y agradece sus características únicas, incluido el uso de los ODS como punto de entrada y un criterio de elegibilidad que incluye la recopilación de datos espaciales para identificar las comunidades más desfavorecidas. El PNUD también emitirá una opinión sobre el informe de impacto. Los inversores acogieron con agrado la participación del PNUD que, dijeron, fortalece la transparencia y validez de los informes de impacto.

En 2015, 195 países acordaron la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. El PNUD tiene una larga relación con el Gobierno de México, apoyando sus esfuerzos de desarrollo y el progreso hacia el desarrollo sostenible. Por ejemplo, el PNUD ha colaborado en la iniciativa innovadora de México para mapear su presupuesto federal con los ODS.

El Gobierno de México declaró: “Con esta emisión, la Secretaría de Hacienda inaugura el programa de financiamiento sustentable de México y coloca al país a la vanguardia en la innovación de instrumentos de financiamiento sostenible. Además, la emisión permite al país ampliar su base de inversionistas al acceder a fondos internacionales comprometidos con el desarrollo económico sostenible”.

El PNUD cree que el Marco de Bonos Soberanos de los ODS contribuye al compromiso de México de lograr los ODS de tres maneras específicas: fortalece la transparencia presupuestaria; aumenta el gasto destinado a programas de desarrollo sostenible y contribuye al desarrollo de los mercados de capitales locales e internacionales destinados al financiamiento del desarrollo.

El PNUD trabaja en todo el mundo ayudando a los emisores de bonos a introducir factores de impacto en el desarrollo en todas las etapas, utilizando el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con 17 metas, existen oportunidades para que los emisores de bonos aborden temas de género, salud, educación, comunidades sostenibles y muchos más. Así como los bonos verdes han creado conciencia sobre los riesgos climáticos y han estimulado el desarrollo y la financiación de proyectos centrados en la reducción de carbono, el mercado de bonos ODS puede crear conciencia en la amplia comunidad inversora sobre los desafíos sociales que enfrentamos actualmente y abordar activamente esos desafíos.

Fuente: PNUD septiembre de 2020

Este año, el Día Internacional de las Lenguas de Señas se conmemora en medio de la pandemia de COVID-19, que ha trastornado en todas partes la vida de todas las personas, incluidas las de la comunidad sorda, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas.

La Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, puesta en marcha el año pasado, tiene por objeto redoblar los esfuerzos para asegurar la participación significativa y la plena inclusión de las personas con discapacidad en todas las actividades de la sociedad, incluso en tiempos de crisis.

“Es la única manera de cumplir la promesa central de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás”, afirmó el titular de la ONU.

Según la Federación Mundial de Sordos, hay aproximadamente 72 millones de personas en el mundo que no oyen, más del 80% de las cuales viven en países en desarrollo y en conjunto usan más de 300 lenguas de señas diferentes.

Las Naciones Unidas invitan a todas las naciones y a todos los pueblos a respetar el cese de las hostilidades durante este Día y a conmemorar por el contrario esta fecha mediante iniciativas de educación y sensibilización pública sobre cuestiones relacionadas con la paz.

La ONU sostiene que el Día Internacional de las Lenguas de Señas ofrece una oportunidad única para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de las personas sordas y otros usuarios de esas lenguas.

Para la comunicación internacional, existe una lengua de señas que es utilizada por personas sordas en reuniones de carácter mundial e informalmente cuando viajan y socializan. Esa no es tan compleja y tiene un léxico limitado.

A finales de este año, la Federación Mundial de Sordos emitirá el Desafío del Líder Mundial con el objetivo de promover el uso de lenguas de señas por parte de líderes locales, nacionales y mundiales en asociación con asociaciones nacionales de personas sordas y organizaciones dirigidas por sordos en cada país.

Fuente: INEGI 23 de septiembre de 2020

México y el mundo viven una crisis de cuidados dentro de una crisis económica, y quienes llevan la peor parte de ambas son las mujeres. La pandemia de covid-19 aumentó el desempleo, los trabajos precarios, la imposibilidad de salir a buscar uno y las tareas domésticas. Y todo esto está recayendo principalmente en la mitad de la población: la femenina.

Una investigación del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) señala tres elementos que demuestran que esta crisis está afectando “de forma desproporcionada” a las mujeres. El primero es que la recuperación económica para ellas está siendo más lenta.

“Estamos en un país donde sólo cuatro de cada 10 mujeres trabajan, mientras que ocho de cada 10 hombres lo hacen”, comenta en entrevista, la coordinadora de proyectos del Imco. “Esta crisis pone en riesgo los avances para reducir esas brechas y la producción que aportan las mujeres dentro de la economía”.

De acuerdo con el Diagnóstico IMCO: Mujer en la economía pos-covid, “los hombres están regresando al mercado laboral más rápido”. Y aquellas mujeres que logran volver a trabajar lo hacen “en condiciones desventajosas, en parte por la carga desproporcionada que tienen dentro del hogar”.

En julio, cuando comenzó a observarse una leve recuperación, la tasa de participación económica masculina aumentó 4 puntos porcentuales respecto a junio del 2020, pero la femenina “sufrió una ligera caída” de 0.5 por ciento. La brecha de entre hombres y mujeres pasó de 25.8% en mayo a 33% en julio.

El segundo factor es que la mayoría trabaja justamente en los sectores que debieron suspender labores. El 53% de las mujeres están empleadas en negocios de hospedaje y alimentos, comercio al por menor y otros servicios.

El tercer elemento es que están “subrepresentadas en los puestos de liderazgo, tanto en el sector público como en el privado”. En las empresas, a nivel de entrada 37% es mujer, y sólo 10% de los comités ejecutivos y el 8% de las direcciones generales tienen representación femenina.

Para lograr un mercado laboral equitativo, el Imco propone 10 acciones específicas: 1) Estudiar a profundidad las brechas de género en la economía; 2) Robustecer las estadísticas para medir las brechas de género; 3) Acciones para que más mujeres asciendan a posiciones de liderazgo. Así como, 4) Conformación de un sistema universal de cuidados infantiles. Que no sea “un privilegio exclusivo de las personas con empleos formales”; 5) Ampliar las licencias de cuidado por maternidad y paternidad; 6) Desarrollo de políticas corporativas de integración vida-trabajo. Algunas de ellas son el teletrabajo, días personales con goce de sueldo y horarios flexibles; 7) Escalonar el regreso a clases presenciales por regiones del país y por edades.

Y finalmente; 8) Implementar medidas de cuidado especial para las maestras; 9) Crear incentivos para que las mujeres sigan estudiando y 10) Programas sociales para trabajadoras vulnerables.

Según el informe “La COVID-19 y el mundo del trabajo”, la pérdida de horas laborales a escala mundial durante los primeros nueve meses del año fue “sustancialmente mayor” que la prevista en la edición anterior del estudio.

El documento detalla que la revisión de las estimaciones de pérdida de horas de trabajo a nivel mundial para el segundo trimestre de este año con respecto al cuarto trimestre del pasado, indican que hubo un retroceso del 17,3%, equivalente a 495 millones de empleos de tiempo completo. La proyección inicial era de un 14%.

Para el tercer trimestre de este año se prevé una leve mejoría con la pérdida del 12,1% de horas de trabajo a escala mundial, mientras que para el cuarto la cifra se ubicaría en un 8,6%. Este resultado supondría un aumento del 4,9% respecto a la anterior previsión de la OIT.

La revisión al alza de la pérdida de horas laborales se debe a que los trabajadores de las economías en desarrollo y emergentes, en particular en el sector informal, se han visto mucho más afectados que en crisis anteriores.

Al mismo tiempo, se atribuye la reducción de empleo “en mayor medida al grado de inactividad que al nivel de desempleo, lo que conlleva amplias consecuencias en materia de adopción de políticas”.

“Durante los tres primeros trimestres del 2020, los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial han disminuido alrededor de un 10,7%, a saber, 3,5 billones de dólares con respecto al mismo período de 2019”, destaca el organismo que especifica que la cifra “no incluye los efectos de las medidas adoptadas por los gobiernos para sustentar el nivel de ingresos”.

La mayor caída de ganancias provenientes del trabajo se produjo en los países de ingresos medianos bajos, donde alcanzó el 15,1%, mientras que la región más afectada fue América, donde se registró una pérdida del 12,1%.

El informe también analiza la efectividad de los incentivos fiscales para atenuar los efectos de la COVID-19 en el mercado laboral y constata que, a mayor alcance de estas medidas, menor es la pérdida de horas de trabajo .

Aunque estas disposiciones ayudaron a fomentar la actividad económica y atenuar la pérdida de horas de trabajo, se han aplicado sobre todo en países de ingresos altos, “habida cuenta de la limitación de recursos de los países emergentes y en desarrollo para financiar esas medidas”.

Para que los países en desarrollo alcancen la misma relación entre el valor resultante de la aplicación de medidas de incentivo fiscal y el asociado a la pérdida de horas de trabajo que existe en los países de ingresos altos, tendrían que invertir 982.000 millones de dólares suplementarios (45.000 millones de dólares, en el caso de los países de ingresos bajos, y 937.000 millones de dólares, en el caso de los países de ingresos medianos bajos).

Fuente: INEGI 23 de septiembre de 2020

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que hoy se presenta se denomina Nueva Edición (ENOE) ya que, aunque mantiene el mismo diseño conceptual, estadístico y metodológico que la ENOE tradicional, su muestra se conformó de un 72% entrevistas cara a cara y un 28% de entrevistas telefónicas. Es importante destacar que no existen cambios estadísticos significativos en los indicadores estratégicos de ocupación y empleo cuando se consideran exclusivamente entrevistas cara a cara, de cuando se combinan con entrevistas telefónicas. Por lo anterior, a partir de este mes, concluye la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE).

En términos generales los resultados del levantamiento de la ENOE de julio de 2020 confirman la recuperación de la ocupación y el empleo iniciada en junio, principalmente impulsada por la reapertura gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales. Los cambios más importantes entre junio y julio de 2020 tuvieron lugar en un aumento de la PEA y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó una disminución en los ocupados a tiempo parcial, frente a un crecimiento de la informalidad laboral, del trabajo a tiempo completo y de los ocupados con ingresos laborales entre dos y cinco salarios mínimos.

La ENOE en julio de 2020, reportó un incremento de 1.5 millones de personas en la PEA, con una Tasa de Participación Económica de 54.9% respecto a la población de 15 años y más, cifra 1.8 puntos porcentuales superior a la de junio pasado. Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 72.2% y 39.2%, respectivamente.

En el séptimo mes de 2020, la población ocupada resultó en 49.8 millones de personas, con un incremento de 1.5 millones de personas respecto a junio.

La población ocupada a tiempo parcial (jornadas inferiores a 35 horas semanales) disminuyó en (-)2 millones entre junio y julio de 2020. Por su parte los ocupados a tiempo completo (jornadas de 35 o más horas semanales) aumentaron en 4.2 millones de personas en el mismo periodo.

La ENOE en julio de 2020 registró una tasa de subocupación de 18.4%, cifra inferior en (-)1.6 puntos porcentuales a la de junio del mismo año. Este descenso representa una variación de (-)0.5 millones de personas ocupadas. La tasa de subocupación según sexo fue de 18.5% en los hombres, cifra inferior en (-)3.3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, mientras que la tasa de subocupación en las mujeres fue de 18.4%, tasa 1.1 puntos porcentuales mayor a la del mes previo.

La ocupación informal en julio de 2020 ascendió a 27.3 millones, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) se situó en 54.9%, cifra mayor en 1.9 puntos porcentuales comparada con la del mes previo.

La población desocupada fue de 5.4% en julio y de 5.5% en junio como proporción de la PEA, porcentaje equivalente a 2.8 millones de personas en ambos meses.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 11.3 millones, lo que representa el 26.1% de la PNEA. En comparación con junio de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en (-)2 millones en el séptimo mes de este año.

El INEGI da a conocer los principales resultados de las Estadísticas de defunciones fetales 2019 con información de las características del embarazo, de la muerte fetal, del feto o producto y de la madre.

Las Estadísticas de defunciones fetales se obtienen anualmente del aprovechamiento de los registros administrativos de las oficinas del Registro Civil distribuidas en todo el país. La información que integra la estadística fue suministrada por 1 527 fuentes informantes, más el complemento de casos recibidos en formato digital derivados del convenio signado con la Secretaría de Salud (SSA) para contar con un solo conjunto de datos. Lo anterior se realiza con base en la propuesta sometida a Consulta Pública para mejorar la captación en las Estadísticas de Defunciones Fetales llevada a cabo del 14 de mayo al 10 de junio de 2020.

Características de la defunción fetal

Durante 2019, en México se registraron 23 868 defunciones fetales, con lo que se obtiene una tasa de 1.62 con la captación tradicional y 1.89 defunciones por cada 10 000 habitantes con la incorporación de la información captada por la SSA. En 2014 esta tasa fue de 1.88.

El 83.4% de los fallecimientos ocurrieron antes del parto,15.4% durante el parto y en 1.2% de los casos, no fue especificado.

De las personas que certificaron la muerte, 96.9% corresponde a médicos, 1% a no médicos (personas autorizadas por la SSA, Autoridad Civil), 0.9 a otro personal y 1.2 no lo especificó.

Características del embarazo y parto

El 83% de mujeres sí recibieron atención prenatal. De ellas, 64.2% recibieron entre 1 y 5 consultas, 29.5% entre 6 y 10, 2.7% tuvo entre 11 y 15 consultas. Además, 0.7% asistió al médico entre 16 y 20 veces y sólo 0.1% recibió más de 20 consultas. El 2.8% de las mujeres que asistieron a consulta no especificó a cuántas consultas asistió.

Del total de embarazos que terminaron en muerte fetal 16 288 fueron atendidos por médicos gineco-obstetras y 6 069 por otro tipo de médico. En contraparte, el personal que menos atendió este tipo de procedimiento fueron las enfermeras, con 53 casos.

Características del feto o producto

Las muertes fetales tardías (de 28 y más semanas de gestación) representaron el mayor número de casos con 9 387 (39.3%), seguidas de las precoces (de 12 a 19 semanas) con 6 029 (25.3%) y de las intermedias (de 20 a 27 semanas) con 8 435 (35.3%). En 17 casos no se especificó en qué semana de gestación ocurrió la muerte fetal.

Por sexo del feto, los hombres tuvieron la mayor frecuencia (12 535 casos) respecto a las mujeres (9 195 casos). El 9% correspondió a casos en los que no se especificó el sexo.

Características de la madre

Los grupos de edad de las mujeres que concentran el mayor número de embarazos con alguna complicación que terminó con la muerte del producto son el de 20 a 24 años (24.2%) y el de 25 a 29 (23.4 por ciento).

El 89.2% de mujeres que tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto manifestó no hablar alguna lengua indígena, en tanto que 1 358 mujeres indicaron que sí la hablan.

Los servicios de salud que reportan el mayor número de madres afiliadas son el Seguro Popular con 11 505 (48.2%) y el IMSS con 6 188 (25.9%) y juntos concentran el 74.1% de la afiliación.

El 69.3% de mujeres que durante 2019 tuvieron un embarazo que terminó con la muerte del producto dijo no trabajar, mientras que 26.2% sí lo hacía. El 4.5% no lo especificó.