La crisis climática, la pandemia de COVID-19 y un mayor número de conflictos en el mundo ponen en peligro la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), advirtió en su informe la ONU.

La publicación destaca la gravedad y la magnitud de los desafíos que enfrentamos, con estas crisis en cascada que se interceptan, afectando la alimentación y la nutrición, la salud, la educación, el medio ambiente y la paz y la seguridad, y dificultando la carrera hacia el logro de los ODS, establecidos en 2015 para la construcción de sociedades más resilientes, pacíficas, justas y equitativas para todos los habitantes del planeta.

Según los datos de la ONU, la pandemia ha causado estragos en los Objetivos y sus efectos aún están lejos de terminar. El “exceso de muertes” a nivel mundial atribuible directa e indirectamente al COVID-19 sumaba 15 millones a fines de 2021.

Esto significa un retroceso de más de cuatro años en el alivio de la pobreza que había sumido a 93 millones de personas más en la pobreza extrema en 2020. Además, unos 147 millones de niños perdieron más de sus clases presenciales en últimos dos años.

Para evitar los peores efectos del cambio climático, como se establece en el Acuerdo de París, las emisiones globales de gases de efecto invernadero deberán alcanzar su punto máximo antes de 2025 y luego disminuir en un 43% para 2030, cayendo a cero neto para 2050. Sin embargo, esas emisiones crecerán casi un 14% en la próxima década.

Los países y grupos de población más vulnerables del mundo sufren de manera desproporcionada todas estas afectaciones, con las mujeres a la cabeza de las pérdidas de empleo y un mayor trabajo de cuidados en el hogar, además de encarar una violencia doméstica exacerbada por los confinamientos de la pandemia.

Los países menos adelantados luchan contra un crecimiento económico débil, una inflación creciente, grandes interrupciones en la cadena de suministro, incertidumbres políticas y una deuda insostenible.

La ONU advirtió que el mundo se encuentra frente a una disyuntiva que definirá su futuro: abandonar los compromisos de ayudar a los más vulnerables, o redoblar los esfuerzos por revitalizar la marcha hacia los Objetivos y construir un mejor porvenir para las personas y el planeta en 2030. El informe sostiene que para que el mundo salga fortalecido de la crisis y se prepare para los desafíos que se avecinen, es imperativo el financiamiento de la infraestructura de datos e información de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional.

Entre los datos negativos que detalla el estudio, destacan los siguientes:

El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), según un informe de las Naciones Unidas en el que se aportan nuevas pruebas que muestran que el mundo se está alejando de su objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030.

En la edición de 2022 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) se presenta información actualizada sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, incluidas las últimas estimaciones sobre el costo y la asequibilidad de las dietas saludables. Además, en el informe se plantean las formas en que los gobiernos pueden reorientar el apoyo que actualmente prestan a la agricultura para reducir el costo de las dietas saludables, teniendo en cuenta los limitados recursos públicos disponibles en muchas partes del mundo.

Elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), el estudio destaca también el avance de la pobreza extrema y la creciente desnutrición crónica.

Las cifras describen un panorama desalentador:

En el informe se destaca de manera notable que el apoyo mundial al sector alimentario y agrícola representó un promedio anual de casi 630 000 millones de USD entre 2013 y 2018. La mayor parte de ese apoyo se destina a los agricultores individualmente, a través de las políticas sobre comercio y mercados y de subvenciones fiscales. No obstante, en gran parte, este apoyo no solo distorsiona el mercado, sino que tampoco está llegando a muchos agricultores, daña el medio ambiente y no promueve la producción de alimentos nutritivos que conforman una dieta saludable. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que las subvenciones suelen dirigirse a la producción de alimentos básicos, lácteos y otros alimentos de origen animal, especialmente en los países de ingresos altos y los países de ingresos medianos altos. El arroz, el azúcar y las carnes de diversos tipos son los alimentos que más incentivos reciben a nivel mundial, mientras que las frutas y las hortalizas reciben un apoyo relativamente menor, sobre todo en algunos países de ingresos bajos.

Ante la amenaza de una recesión mundial y las consecuencias que comporta para los ingresos y gastos públicos, una forma de contribuir a la recuperación económica pasa por adaptar el apoyo a la alimentación y la agricultura para destinarlo a alimentos nutritivos allí donde el consumo per cápita aún no alcanza los niveles recomendados para una dieta saludable.

Los datos sugieren que, si los gobiernos adaptan los recursos que están utilizando para incentivar la producción, la oferta y el consumo de alimentos nutritivos, contribuirán a hacer las dietas saludables menos costosas y más asequibles y equitativas para todas las personas.

Por último, en el informe también se señala que los gobiernos podrían hacer más por reducir los obstáculos al comercio de alimentos nutritivos como las frutas, las hortalizas y las legumbres.

“El mundo está retrocediendo en sus esfuerzos por acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición para 2030, un objetivo establecido por las Naciones Unidas en 2015”, afirma la edición correspondiente a 2022 del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, publicada por cinco organismo de la ONU.

Elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), el estudio destaca también el avance de la pobreza extrema y la creciente desnutrición crónica.

El informe indica que el número de personas afectadas por el hambre en el mundo llegó a 828 millones en 2021 -el 9,8% de la población mundial-, un aumento de 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

El texto lamenta las proyecciones para 2030, que apuntan a casi 670 millones de personas -el 8 % de la población mundial- todavía con hambre, incluso calculando una recuperación económica global. El número no está lejos al de las personas hambrientas en 2015, cuando se fijó la meta de poner fin al hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para fines de esta década en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El estudio detalla que en 2021 unos 2300 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria a nivel moderado o grave, 350 millones más que al principio de la pandemia; y casi 924 millones -11,7% de la población mundial-, la enfrentaron en niveles severos, un incremento de 207 millones en dos años.

Las cifras desagregadas marcan que el 31,9% de las mujeres sufrió inseguridad alimentaria, una proporción mayor que el 27,6% de los hombres afectados por el mismo flagelo. Los números representan una brecha de género de 4 puntos porcentuales, en 2020 la diferencia era de 3 puntos.

Además, casi 45 millones de niños menores de cinco años presentaron emaciación, la forma más letal de desnutrición ya que aumenta hasta doce veces el riesgo de que mueran; mientras que 149 millones de menores de cinco años tenían retraso en el crecimiento y el desarrollo debido a la falta crónica de nutrientes esenciales en sus dietas. Por otra parte, 39 millones tenían sobrepeso.

El estudio cita avances en la lactancia materna exclusiva, con casi el 44% de los bebés menores de seis meses del mundo alimentados sólo con leche materna en 2020. La cifra aún está por debajo del objetivo del 50% para 2030.

El estado del hambre y la nutrición en América Latina y el Caribe no es mejor que en el resto del mundo.
De acuerdo con el informe, entre 2020 y 2021, cuatro millones de personas se sumaron al conjunto de hambrientos en la región.

El retroceso se produce después de un aumento ya desalentador de nueve millones de personas entre 2019 y 2020. Con respecto a las personas desnutridas, el número se ubicó en 56,5 millones en 2021, el 8,6% de la población regional.

Según el informe, en América Latina y el Caribe se concentra el 7,4% de la población mundial que sufre hambre; más de la mitad de las personas hambrientas vive en Asia, y más de un tercio en África.

La inseguridad alimentaria también sigue empeorando en la región. En 2021, el 40,6 % de la población, 268 millones de personas, encararon inseguridad alimentaria moderada o grave, un 1,1% más que el año previo.

La inseguridad alimentaria grave afectó a 93,5 millones de personas en 2021, luego de aumentar 1,4%, a 14,2%, un incremento de casi 10 millones de personas en un año, y casi 30 millones más en comparación con 2019.

Cerca de la tercera parte de las mujeres que viven en los países en desarrollo se convierte en madre antes de los 19 años y casi la mitad de los primeros nacimientos de adolescentes son de niñas de 17 años o menos, informó este martes el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en un nuevo estudio sobre el tema.

Remediar este fenómeno, que desafortunadamente disminuye a un ritmo que alcanza apenas tres puntos porcentuales por década, requiere inversiones por parte de los gobiernos que amplíen las oportunidades, educación y capacidades de las adolescentes para evitar así embarazos precoces no deseados.

La agencia recomienda a los responsables de la elaboración de políticas, tomar en cuenta la urgencia de ofrecer a las niñas educación sexual integral, tutoría, apoyo social y servicios de salud de calidad, además de brindar apoyo económico a las familias e involucrar a las organizaciones locales.

El informe revela que, de acuerdo con los datos del periodo 2015-2019, aunque la fecundidad mundial ha disminuido, las mujeres que comenzaron a tener hijos en la adolescencia tuvieron casi cinco nacimientos al llegar a los 40 años.

Detalla que casi el 75% de las niñas con un primer parto a los 14 años o menos tiene un segundo alumbramiento en la adolescencia, y agrega que el 40% de las que tienen dos partos tienen un tercer hijo antes de salir de la adolescencia.

El UNFPA recuerda que las complicaciones del parto son una de las principales causas de muerte y lesiones entre las adolescentes.

Subraya también que ser madre adolescente puede dar lugar a otras graves violaciones de derechos humanos así como acarrear consecuencias sociales graves, entre ellas el matrimonio infantil, la violencia de pareja y los problemas de salud mental.

El análisis por regiones marca diferencias considerables y coloca a América Latina y el Caribe a la cabeza de la maternidad adolescente.

América Latina y el Caribe y los países de renta media de Europa han registrado los mayores aumentos de madres adolescentes, con el 18% del total de los nacimientos en los países latinoamericanos y caribeños.

En cambio, las naciones del norte de África y de Asia occidental han registrado el declive más pronunciado en el mundo de nacimientos durante la adolescencia, para abarcar en la actualidad el 6% del total.

De ese conjunto de naciones, destacan siete por haber documentado al menos el 20% de todos los nacimientos de adolescentes en los últimos años: Bangladesh, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Etiopía, Gabón y Nepal. Esos alumbramientos fueron de mujeres que hoy tienen una media de 40 años.

El 23% de nacimientos adolescentes entre las mujeres que hoy alcanzan los 40 años en América Latina ocurrieron en Colombia.

Entre 2005 y 2020, las Naciones Unidas verificaron más de 266.000 violaciones graves contra la infancia cometidas por las partes en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina, dijo UNICEF en un nuevo informe. Esta cifra representa solamente una fracción de todas las violaciones que se cree que se han producido, ya que las limitaciones en materia de acceso y seguridad, entre otras, y la vergüenza, el dolor y el miedo que sufren los niños y las familias supervivientes dificultan a menudo la denuncia, la documentación y la verificación de las violaciones graves contra la infancia en situaciones de conflicto armado.

El informe, titulado 25 años de conflictos armados y la infancia: Actuar para proteger a los niños y niñas en la guerra, reveló que entre 2005 y 2020 se han verificado los datos siguientes: más de 104.100 niños y niñas han sido asesinados o mutilados en situaciones de conflicto armado; más de 93.000 niños y niñas han sido reclutados y utilizados por las partes en conflicto; al menos 25.700 niños y niñas han sido secuestrados; y las partes en conflicto han violado, casado a la fuerza, explotado sexualmente y cometido otras formas graves de violencia sexual contra al menos 14.200 niñas y niños. Las Naciones Unidas verificaron más de 13.900 incidentes de ataques contra escuelas y hospitales y no menos de 14.900 incidentes de denegación de acceso humanitario a los niños desde 2005.

El informe señala que muchos niños y niñas sufren más de una violación, un factor que aumenta su vulnerabilidad.

El informe constata que todas las partes en conflicto, tanto los Estados como los agentes no estatales, cometen graves violaciones contra los niños. Entre 2016 y 2020, los agentes estatales –incluidas las fuerzas y coaliciones nacionales e internacionales– fueron responsables de al menos el 26% de todas las violaciones. En comparación, los agentes no estatales fueron responsables de alrededor del 58% de todas las violaciones verificadas, lo que destaca la importancia de comprometerse con todas las partes en conflicto, incluidos los agentes no estatales, para poner fin y prevenir de forma contundente las violaciones contra la infancia.

El informe también constató lo siguiente:

Poco antes de que varios dirigentes mundiales se reúnan en la cumbre del G7, UNICEF pide 1.200 millones de dólares para:

Las recomendaciones del informe, basadas en las pruebas y los análisis presentados, tienen por objeto movilizar a todas las partes interesadas, incluidas las partes en conflicto, los Estados y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para proteger a los niños de forma eficaz y sostenible y acelerar la acción a nivel local, nacional, regional y mundial.

Además de hacer un llamamiento a las partes en conflicto y a los Estados para que cumplan con sus obligaciones en virtud de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, el informe incluye una serie de recomendaciones sobre las cuestiones siguientes:

Si bien la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado, ofrece lecciones valiosas que pueden ayudar al mundo a responder mejor a otras crisis, dice el Informe COVID 2022 de la UNCTAD.

El informe detalla cómo la pandemia ha expuesto las debilidades en la estructura del orden social y económico internacional. Al mismo tiempo, encuentra una resiliencia notable en varias áreas, pero solo algunas personas se han beneficiado de esto, dejando a muchos atrás.

La pandemia ha puesto de relieve que desarrollar la resiliencia del sistema mundial ante las crisis y proteger a los más vulnerables es una responsabilidad compartida y el único camino viable a seguir.

El informe dice que la pandemia no solo ha demostrado cuán interconectado está el mundo, sino que también ha revelado las profundas desigualdades que existen entre los países en muchas dimensiones.

La UNCTAD dice que el mundo debe abordar urgentemente estas desigualdades para evitar una década perdida para los países en desarrollo y mantenerse en el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El comercio mundial se redujo en unos 2,5 billones de dólares en 2020 (o alrededor del 9 % en relación con 2019), pero se recuperó con fuerza y ​​alcanzó un máximo histórico de unos 28,5 billones de dólares en 2021, lo que equivale a un aumento de alrededor del 13 % en relación con los niveles previos a la pandemia.

Pero surgieron importantes diferencias a nivel regional y nacional. Las exportaciones de los países más pobres se recuperaron considerablemente menos durante 2021, descubrió la UNCTAD.

Las estrategias de eficiencia y reducción de costos continúan siendo el objetivo primordial de las empresas globales, dice el informe.

Impulsado por la creciente demanda mundial, el transporte marítimo también se recuperó más rápidamente de lo esperado. En 2021, los envíos marítimos se expandieron 3,3% y para 2022 se proyecta un crecimiento de 2,6%.

Según el modelo de simulación de la UNCTAD, un aumento sostenido de las tarifas de flete puede conducir a un aumento de los precios al consumidor a nivel mundial del 1,6 % en 2023.

El informe dice que las intervenciones gubernamentales influyeron en gran medida en la producción y ubicación de las vacunas COVID-19.

El informe dice que tanto el comercio internacional como los acuerdos de inversión tienen disposiciones sobre licencias obligatorias para anular los derechos de propiedad intelectual en situaciones de emergencia. Pero durante los últimos dos años, a ninguna empresa se le ha otorgado una licencia obligatoria para fabricar una vacuna contra el COVID-19, lo que destaca la necesidad de mejorar aún más la cooperación internacional durante las emergencias.

El informe señala que la asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo alcanzó un nuevo máximo de 178 900 millones de dólares en 2021, impulsada por las donaciones de vacunas y otros financiamientos relacionados con la COVID-19.

Las medidas de apoyo fiscal han aumentado la deuda pública en muchos países en desarrollo a niveles insostenibles. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda debe extenderse, recomienda la UNCTAD.

Subraya que la vulnerabilidad de la deuda no ha recibido la atención adecuada y requiere una agenda política más ambiciosa.

El informe también dice que si bien COVID-19 ha provocado un aumento en la transformación digital en todo el mundo, las brechas cada vez mayores han impedido que muchas personas aprovechen las oportunidades en la economía digital.

Subraya que el mundo tiene una oportunidad única en la vida de rehacer la sociedad para un futuro mejor. La visión y muchas herramientas para hacerlo existen y pueden activarse, pero se necesita una acción internacional coordinada para tener éxito en este esfuerzo.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el tráfico de Drogas. El propósito es concientizar sobre las implicaciones que el uso indebido de las drogas y su tráfico ilegal tienen sobre el bienestar y la salud de la sociedad.

La Estrategia Hemisférica sobre Drogas —aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1997 y adoptada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en 2010— exhorta a los países miembros (entre ellos México) a generar información sobre la demanda y oferta de drogas, así como sobre las acciones gubernamentales para su prevención, tratamiento y combate. Lo anterior incluye aquellas dirigidas a la recuperación y reinserción social de las personas infractoras de la ley penal que padecen adicción a las drogas.

Para entender mejor este problema en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información sobre los delitos relacionados con drogas cometidos por la población privada de la libertad (PPL) y sobre el uso de sustancias psicoactivas en esta población. Los datos provienen de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios Estatales y Federal (2021) y de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2021).

En cuanto a drogas ilegales, los delitos de narcomenudeo —que las autoridades del fuero común sancionan— ocurren si la cantidad de sustancias psicoactivas (cannabis, cocaína, opio, heroína, alucinógenos o estimulantes de tipo anfetamínico) es inferior a lo que resulte de multiplicar por mil el gramaje especificado en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, que estable la Ley General de Salud, y cuando no existen elementos para presumir delincuencia organizada. Cuando esa cantidad se rebasa, entonces se consideran delitos contra la salud. Estos son responsabilidad del fuero federal y se sancionan conforme al Código Penal Federal.

Casi 8 millones de niños menores de 5 años en 15 países afectados por la crisis del hambre corren el riesgo de morir a causa de emaciación grave a menos que reciban alimentos y atención terapéutica inmediata, y la cifra aumenta cada minuto, advirtió hoy UNICEF con motivo de los preparativos para la reunión de líderes mundiales en la cumbre del G7.

Desde principios de año, la creciente crisis alimentaria mundial ha provocado que 260.000 niños más –o un niño cada 60 segundos– sufran emaciación grave en los 15 países más afectados por la crisis, entre ellos el Cuerno de África y el Sahel Central. Este aumento de la emaciación grave se suma a los niveles existentes de malnutrición infantil que, según advirtió UNICEF el mes pasado, constituyen un “polvorín potencial”.

El aumento de los precios de los alimentos provocado por la guerra, la sequía persistente debida al cambio climático en algunos países –combinada a veces con un conflicto– y las repercusiones económicas actuales de la COVID-19 siguen agravando la inseguridad alimentaria y nutricional de los niños en todo el mundo, lo que da lugar a unos niveles catastróficos de malnutrición grave entre los menores de 5 años. En respuesta, UNICEF está ampliando sus esfuerzos en los 15 países más afectados. Afganistán, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Haití, Kenya, Madagascar, Malí, Níger, Nigeria, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen serán incluidos en un plan de aceleración para tratar de evitar una explosión de muertes infantiles y mitigar los daños a largo plazo de la emaciación grave.

UNICEF estima que al menos 40 millones de niños padecen inseguridad nutricional grave en los 15 países mencionados, lo que significa que no reciben la alimentación mínima y diversa que necesitan para crecer y desarrollarse en la primera infancia. Además, 21 millones de niños padecen inseguridad alimentaria grave, lo que significa que no tienen acceso a una cantidad suficiente de alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias mínimas, lo que les expone a un riesgo elevado de padecer emaciación grave.

Mientras tanto, el precio de los alimentos terapéuticos listos para usar, que se utilizan para tratar la emaciación grave, se ha disparado en un 16% en las últimas semanas debido a un fuerte aumento del coste de las materias primas, lo que deja a otros 600.000 niños en peligro de morir sin no reciben acceso a un tratamiento que pueda salvarles la vida.

Poco antes de que varios dirigentes mundiales se reúnan en la cumbre del G7, UNICEF pide 1.200 millones de dólares para:

a Organización Mundial de la Salud publicó su estudio más completo sobre salud mental en el mundo desde principios de siglo hasta la actualidad. El detallado análisis dota de una hoja de ruta a los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de la salud, la sociedad civil y otros interesados que tengan por objeto ayudar al mundo a transformar la salud mental.

Entre los principales hallazgos del estudio destaca que cerca de mil millones de personas vivían con un trastorno mental en 2019, incluido el 14% de todos los adolescentes del mundo y que 1 de cada 100 muertes fueron por suicidio, el 58% de ellas cometidas por personas menores de 50 años.

Además, destaca que las personas con trastornos mentales graves suelen fallecer en promedio entre 10 y 20 años antes que la población general, que los abusos sexuales sufridos durante la infancia y la victimización por acoso escolar son causas importantes de depresión y que las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, la guerra y la crisis climática son algunas de las amenazas globales y estructurales para la salud mental.

El análisis destaca que, en todos los países, son los más pobres y desfavorecidos de la sociedad los que corren mayor riesgo de padecer enfermedades mentales y los que tienen menos probabilidades de recibir servicios adecuados.

Así, el 71% de todas las personas con psicosis no reciben servicios de salud mental, con una gran disparidad entre naciones. Mientras el 70% de las personas que padecen este trastorno mental en los países de ingresos altos reciben tratamiento, en los países de ingresos bajos sólo reciben atención mental el 12% de las personas.

En el caso de la depresión, las deficiencias en la cobertura son amplias en todos los países: sólo un tercio de las personas en los países de ingresos altos reciben cuidados de salud mental, mientras que el tratamiento mínimamente adecuado para esta enfermedad oscila entre el 23% en las naciones de rentas altas y el 3% en las de bajas y medias bajas.

Los 194 Estados Miembros de la OMS han suscrito el Plan de acción integral de salud mental 2013-2030, por el que se comprometen a alcanzar las metas mundiales para transformar la salud mental.

El estudio insta a todos los países a acelerar la aplicación del Plan de Acción Integral y formula varias recomendaciones de actuación, que se agrupan en tres ‘vías de transformación’.

La Organización Mundial de la Salud publica su examen más completo sobre la salud mental en el mundo desde principios de siglo. Este detallado trabajo ofrece un plan maestro a los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de la salud, la sociedad civil y otros interesados que tengan por objeto ayudar al mundo a transformar la salud mental.

En 2019, casi mil millones de personas –entre ellas un 14% de los adolescentes de todo el mundo– estaban afectadas por un trastorno mental. Los suicidios representaban más de una de cada 100 muertes y el 58% de ellos ocurrían antes de los 50 años de edad. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad y son responsables de uno de cada seis años vividos con discapacidad. Las personas con trastornos mentales graves mueren de media de 10 a 20 años antes que la población general, la mayoría de las veces por enfermedades físicas prevenibles. Los abusos sexuales en la infancia y el acoso por intimidación son importantes causas de depresión. Las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, las guerras y las crisis climáticas se encuentran entre las amenazas estructurales para la salud mental presentes en todo el mundo. La depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia.

La estigmatización, la discriminación y la violación de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales están muy extendidas en la sociedad y en los sistemas de atención de todo el mundo; de hecho, en 20 países todavía se penalizan los intentos de suicidio. En todos los países, las personas más pobres y más desfavorecidas de la sociedad son las que mayores riesgos corren de verse afectadas por mala salud mental y también las que menos probabilidades tienen de recibir los servicios adecuados.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, solo un pequeño porcentaje de las personas que la necesitaban tenían acceso a atención de salud mental eficaz, asequible y de calidad. Por ejemplo, el 71% de las personas con psicosis en todo el mundo no reciben servicios de salud mental. Si bien en los países de ingresos altos el 70% de las personas con psicosis reciben tratamiento, en los países de ingresos bajos solo el 12% de las personas con psicosis reciben atención de salud mental. Por lo que respecta a la depresión, las lagunas en la cobertura de los servicios son amplias en todos los países: incluso en los de ingresos altos, solo un tercio de las personas con depresión recibe cuidados de salud mental formales y se estima que el tratamiento contra la depresión mínimamente adecuado oscila desde el 23% en los países de ingresos altos hasta el 3% en los países de ingresos bajos y medianos bajos.

En este completo informe de la OMS se ponen de relieve –a partir de las últimas evidencias disponibles, y presentando ejemplos de buenas prácticas y haciéndose eco de experiencias personales– las razones y los aspectos en los que más necesarios son los cambios y la mejor forma de proceder. Se hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que colaboren entre sí con el fin de profundizar en el valor y el compromiso atribuidos a la salud mental, reorganizar los entornos que influyen en la salud mental y reforzar los sistemas en los que se atiende la salud mental de las personas.

Los 194 Estados Miembros de la OMS han suscrito el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030 (en inglés), por el que se comprometen a lograr las metas mundiales para transformar la salud mental. Los progresos parciales logrados en el último decenio demuestran que el cambio es posible. Con todo, el cambio no es lo bastante rápido, y la salud mental sigue teniendo un historial de necesidad y desatención en el que dos de cada tres dólares del escaso gasto público en salud mental se asignan a hospitales psiquiátricos independientes más que a servicios de salud mental comunitarios, donde las personas reciben mejor atención. Durante decenios la salud mental ha sido uno de los ámbitos de la salud pública más olvidados y recibía una parte ínfima de la atención y los recursos que necesita y merece.

En el informe se insta a todos los países a acelerar la aplicación del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020. Se formulan varias recomendaciones de actuación, que se agrupan en tres ‘vías de transformación’ centradas en cambiar las actitudes frente a la salud mental, dar respuesta a los riesgos para la salud mental y fortalecer los sistemas de atención de la salud mental. Son las siguientes:

Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras que les impiden participar en el mercado laboral y recibir formación, según las últimas estadísticas publicadas en la nueva base de datos de la Organización Internacional del Trabajo sobre su situación en el mercado laboral.

En los 60 países en los que el organismo dispone de datos, la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad no sólo era superior a la de las mujeres sin discapacidad, sino también a la de los hombres con y sin discapacidad.

Entre las personas que buscan trabajo, la tasa media de paro se sitúa en el 7,6%, frente al 6 % de las personas sin discapacidad y cualquier periodo de desempleo, pero especialmente uno prolongado, tiene un impacto significativo en los resultados futuros del mercado laboral.

Dado que los trabajadores informales carecen de cobertura laboral o de seguridad social, las personas con discapacidad que tienen empleos informales se encuentran en una situación aún más vulnerable.

Sin embargo, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de trabajar por cuenta propia que las que no las tienen, es decir, como trabajadores autónomos o como trabajadores domésticos. En muchos países, esta situación responde a las escasas oportunidades que tienen de encontrar un trabajo remunerado.

En la mayoría de los países de los que se dispone de datos, las personas con discapacidad ganan menos al mes que las que no la tienen, una situación que repercute directamente en su poder adquisitivo y en su nivel de vida.

La Organización también indica que estas barreras laborales aparecen a una edad temprana. Los jóvenes de entre 15 y 29 años con discapacidad tienen hasta cinco veces más probabilidades de estar fuera del sistema educativo y de no trabajar o formarse que sus compañeros sin discapacidad.

La tasa de personas con discapacidad empleadas disminuyó entre 2019 y 2020 en 11 de los 12 países de los que se dispone de datos. Una posible razón de este deterioro es que las mayores pérdidas de empleo se produjeron en los sectores del comercio minorista y la hostelería, donde suelen trabajar muchas personas con discapacidad.

A pesar de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace ya más de una década, a estas personas se les niega con frecuencia su derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás.

Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras de actitud, físicas y de información que les impiden participar en el mercado laboral, y no disfrutan del mismo nivel de acceso a las oportunidades de empleo que las personas sin discapacidad.

En comparación con las personas sin discapacidad, experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y corren un mayor riesgo de encontrarse en una situación de empleo vulnerable, concretamente en trabajos que les expone a un mayor riesgo de caer en la pobreza.

El albinismo es un trastorno raro, no contagioso, hereditario y congénito. En casi todos los tipos de albinismo, ambos progenitores deben ser portadores del gen para que se transmita el trastorno, aunque ellos mismos no lo presenten. Se da en ambos sexos, es independiente del origen étnico, y aparece en todos los países del mundo. El albinismo se caracteriza por la ausencia de pigmentación (melanina) en la piel, el cabello y los ojos, lo que causa sensibilidad al sol y a la luz intensa. Ello hace que casi todas las personas con albinismo padezcan deficiencias visuales y sean propensas a sufrir cáncer de piel. No existe cura para la ausencia de melanina que caracteriza al albinismo.

Aunque las cifras varían, se estima que en América del Norte y Europa una de cada 17.000 a 20.000 personas presenta algún tipo de albinismo. La afección es mucho más común en África subsahariana; se ha estimado que una de cada 1400 personas está afectada en la República Unida de Tanzanía y se han comunicado prevalencias de hasta una de cada 1000 personas en ciertas poblaciones de Zimbabwe y otros grupos étnicos concretos en África Meridional.

La falta de melanina en las personas con albinismo hace que sean extremadamente vulnerables al cáncer de piel. En algunos países, la mayoría de estas personas mueren por este tipo de cáncer entre los 30 y los 40 años de edad. Si las personas con albinismo pudieran ejercer plenamente su derecho a la salud, podrían tratarse de este tipo de cáncer ya que es prevenible en un alto porcentaje. Esto debería incluir el acceso a revisiones médicas regulares, protectores solar, gafas de sol y ropa de protección solar.

Las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo. Son víctimas de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. La apariencia de las personas con esta condición ha dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas, que han fomentado su marginación y exclusión social.

El 18 de diciembre de 2014, la Asamblea General adoptó la resolución A/RES/69/1970, que proclama que a partir de 2015, se celebre el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo el 13 de junio.

Aunque los informes indican que las personas con albinismo son víctimas de discriminación y estigmatización en todo el mundo, la mayor parte de la información sobre casos de agresiones físicas contra personas con albinismo procede principalmente de países de África.

Las personas con albinismo se enfrentan a formas más graves de discriminación y violencia en las regiones donde la mayor parte de la población general tiene la piel relativamente oscura. El grado de contraste de la pigmentación entre la mayoría y la persona con albinismo en una comunidad suele estar correlacionado con la gravedad y la intensidad de la discriminación. Dicho de otro modo, cuanto mayor es el contraste en la pigmentación, mayor es el grado de discriminación. Así parece suceder en algunos países del África Subsahariana, donde el albinismo está envuelto en mitos y en creencias erróneas y peligrosas.

Las cifras sobre violaciones a personas con albinismo son reveladoras. Desde 2010, se han registrado alrededor de 700 casos de ataques y asesinatos de personas con albinismo en 28 países del África subsahariana. Esta cifra se refiere solo a los casos denunciados. Los ataques se deben a la ignorancia, antiguos estigmas, a la pobreza, o a creencias en la brujería, por lo que muchas veces son víctimas de prácticas dañinas, que se continúan dando a día de hoy.

La forma en que se manifiesta la discriminación contra las personas con albinismo, así como su gravedad, varían de una región a otra. En el mundo occidental, en particular América del Norte, Europa y Australia, la discriminación suele adoptar la forma de insultos, burlas persistentes y acoso de los niños con albinismo.

En un nuevo informe de políticas de la OMS, publicado con motivo de la conferencia «Estocolmo+50», se llega a la conclusión de que el cambio climático plantea graves riesgos para la salud mental y el bienestar. Por consiguiente, la Organización insta a los países a que incluyan el apoyo a la salud mental en su respuesta a la crisis climática, y da ejemplos de unos cuantos países pioneros que lo han incorporado eficazmente.

Las conclusiones del informe de políticas coinciden con las de un informe reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en febrero de este año. Según este Grupo, la rapidez del cambio climático supone una amenaza cada vez mayor para la salud mental y el bienestar psicosocial, al provocar trastornos que van desde el malestar emocional hasta la ansiedad, la depresión, el dolor o las conductas suicidas.

Los efectos del cambio climático en la salud mental se distribuyen de forma desigual entre determinados grupos que se ven afectados de manera desproporcionada, debido a factores tales como la situación socioeconómica, el género o la edad. Ahora bien, es evidente que el cambio climático afecta a muchos de los determinantes sociales que ya están conduciendo a enormes cargas de la salud mental en todo el mundo. Según una encuesta de la OMS que se llevó a cabo en 2021 en 95 países, solo 9 de ellos habían incluido, hasta la fecha, el apoyo en materia de salud mental y psicosocial en sus planes nacionales sobre salud y cambio climático.

En el nuevo informe de políticas de la OMS se recomiendan cinco enfoques importantes para que los gobiernos aborden los efectos del cambio climático en la salud mental:

La industria tabacalera no sólo daña la salud humana: también estropea el medio ambiente y debe hacerse más responsable de la destrucción que causa, afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El organismo reveló en un nuevo informe que, además de las más de ocho millones de muertes que causa cada año, la industria tabacalera le cuesta muy cara al mundo en términos ambientales.

La agencia precisó que en la producción de tabaco, cada año se destruyen 600 millones de árboles y 200.000 hectáreas de tierra, se gastan 22.000 millones de toneladas de agua y se producen 84 millones de toneladas de CO2.

El estudio destaca que la huella de carbono de la industria de la producción, el procesamiento y el transporte del tabaco equivale a una quinta parte del CO2 emitido anualmente por el sector de las aerolíneas comerciales, lo que contribuye aún más al calentamiento global.

Productos como los cigarrillos, el tabaco sin humo y los cigarrillos electrónicos también aportan a la acumulación de contaminación plástica. Los filtros de cigarrillos contienen microplásticos y constituyen la segunda forma más alta de contaminación con plásticos en el mundo.

La OMS ha pedido a los legisladores que traten los filtros de cigarrillos de la misma manera que cualquier otro plástico de un solo uso, y que consideren prohibirlos, para proteger la sanidad pública y el medio ambiente ya que no hay evidencia comprobada de beneficios en la salud.

El informe cita que esa limpieza le cuesta unos 2600 millones de dólares anuales a China y 766 millones a India. En Brasil y Alemania esa cantidad supera los 200 millones de dólares.

Frente a este problema, países como Francia y España y ciudades como San Francisco, California, en Estados Unidos, han implementado con éxito una legislación que responsabiliza a la industria tabacalera de limpiar la contaminación que genera.

La OMS llamó a los países y ciudades a seguir este ejemplo, y abogó por que se brinde apoyo a los cultivadores de tabaco para que puedan cambiar a cultivos sostenibles. Asimismo, pugnó por impuestos altos al tabaco y se pronunció por ofrecer servicios de apoyo para ayudar a las personas a dejar esos productos.

La OMS celebra el Día Mundial Sin Tabaco cada 31 de mayo, fecha en la que informa al público sobre los peligros del consumo de ese producto y las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, así como del trabajo de la Organización para combatir la epidemia de tabaquismo.

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud crearon el Día Mundial Sin Tabaco en 1987 para llamar la atención global sobre la epidemia de tabaquismo y las muertes y enfermedades evitables que causa.

La mayoría de los países ricos están creando condiciones insalubres, peligrosas y nocivas para los niños y niñas de todo el mundo, según el último Report Card publicado por la Oficina de Investigación Innocenti de UNICEF.

El informe de Innocenti, titulado Report Card 17: Lugares y Espacios, compara la situación de 39 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea (UE) en relación con la creación de entornos saludables para la infancia. El informe presenta indicadores sobre la exposición a contaminantes nocivos, como el aire tóxico, los plaguicidas, la humedad y el plomo; el acceso a la luz, los espacios verdes y las carreteras seguras; y la contribución de los países a la crisis climática, el consumo de recursos y el vertido de residuos electrónicos.

El informe afirma que si todos los habitantes del mundo consumieran recursos al ritmo de los países de la OCDE y la UE, se necesitaría el equivalente a 3,3 planetas terrestres para mantener los niveles de consumo. Si todo el mundo consumiera recursos al ritmo que lo hacen los habitantes de Canadá, Luxemburgo y Estados Unidos, se necesitarían al menos cinco planetas.

Mientras que España, Irlanda y Portugal ocupan los primeros puestos de la clasificación general, ninguno de los países de la OCDE y de la UE consigue proporcionar este tipo de entornos para todos los niños y niñas en todos los indicadores. En algunos de los países más ricos, como Australia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos, el impacto sobre el medio ambiente mundial es grave y está generalizado, si se tienen en cuenta las emisiones de CO2, los residuos electrónicos y el consumo general de recursos per cápita. Estos cuatro países ocupan también una posición inferior en la creación de entornos saludables para los niños dentro de sus fronteras. Por el contrario, los países menos ricos de la OCDE y la UE en América Latina y Europa tienen un impacto mucho menor sobre el medio ambiente mundial en general.

Otras conclusiones que cabe destacar son las siguientes:

UNICEF pide que se tomen las siguientes medidas para proteger y mejorar el entorno de la infancia:

El medio ambiente tiene una gama de influencias en la salud física, el bienestar mental y el desarrollo pleno de los niños, pero la infancia mundial crece en entornos poco saludables, rodeada de contaminantes nocivos y otros elementos que la perjudican, debido a las prácticas consumistas de los países más ricos, revela un informe divulgado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El estudio alerta de las condiciones insalubres, peligrosas y nocivas creadas por las naciones industrializadas, que incluyen una alta exposición al aire tóxico, los plaguicidas, la humedad y el plomo, y sin acceso a una luz adecuada, espacios verdes y carreteras seguras.

Aunque el informe de UNICEF se limita a examinar comparativamente los casos de 43 países de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea, da una idea de la situación en la que se pueden encontrar los niños de las economías más pobres del mundo.

La agencia de la ONU explica que si bien en una niñez sana el hogar es un lugar seguro y estable, con alimentos suficientes y saludables, agua limpia y una familia armónica, muchos niños, incluso en los países más ricos, carecen de estos elementos y están rodeados de aire tóxico, contaminación por plomo, ruido fuerte o paredes con moho. Otros viven en casas demasiado oscuras, frías o abarrotadas.

El nivel de consumo en la mayoría de los países ricos requeriría 3,3 planetas Tierra si se replicara en todos los países. Y si el ritmo universal fuera igual al de Canadá, Luxemburgo y Estados Unidos, se necesitarían más de cinco planetas.

Además, los desechos electrónicos, el tipo de desechos domésticos de más rápido crecimiento, contienen sustancias peligrosas que dañan el cuerpo y el cerebro, y cobran el mayor número de víctimas entre los niños.

El análisis muestra que si se toman en cuenta los indicadores de emisiones de CO2, residuos electrónicos y consumo general de recursos per cápita en los países más ricos -como como Australia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos-, se observa que el impacto sobre el medio ambiente mundial es grave y generalizado.

En cambio, en las naciones menos ricas de América Latina y Europa incluidas en el estudio, el impacto ambiental mundial es mucho menor.

Entre los principales hallazgos, el estudio destaca los siguientes:

UNICEF sostiene que rectificar la injusticia y los daños causados por las economías más ricas a la infancia de los países más pobres y hacer realidad los derechos ambientales de los niños, requiere una acción política a todos los niveles.

El informe concluye con cinco recomendaciones concretas para todos los países:

Para lograr estos propósitos, el organismo insta a los actores implicados a basarse en dos instrumentos internacionales: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Antes de que se celebre la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, los 13 organismos signatarios del Plan de acción mundial para fomentar una vida saludable y el bienestar para todos (PAM ODS3 ) han publicado su tercer informe de situación, Stronger collaboration for an equitable and resilient recovery towards the health-related SDGs, incentivizing collaboration (Fortalecimiento y fomento de la colaboración en aras de una recuperación equitativa y resiliente que facilite el cumplimiento de los ODS relacionados con la salud).

En dicho informe se pone de manifiesto que, más de dos años después del surgimiento de la pandemia de COVID-19, cuyos efectos se han visto agravados por varias crisis mundiales simultáneas, es necesario redoblar esfuerzos para facilitar el cumplimiento de los ODS relacionados con la salud. Los países han cumplido aproximadamente una cuarta parte de los requisitos necesarios para alcanzar en 2030 las metas de dichos ODS relacionadas con la salud.

Por otro lado, se subraya la necesidad de que Plan de acción mundial del ODS3 haga hincapié en el fortalecimiento de la colaboración para facilitar a los países el cumplimiento de los ODS. En el informe se proporcionan varios ejemplos sobre la manera en que las nuevas formas de trabajo más colaborativas repercuten en la salud de las personas, y se esbozan posibles métodos para mejorar la situación al respecto, en particular mediante el establecimiento de nuevos incentivos con objeto de que los organismos colaboren de forma más estrecha.

A lo largo del pasado año, la iniciativa ha reforzado sus estructuras de colaboración, y 52 países (15 más que en el año anterior) han recibido apoyo de organismos. En el marco de la “estrategia de recuperación ” del PAM ODS3 y a tenor de la carta conjunta del director de cada organismo dirigida a los equipos de país, incluidos los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, se establece una hoja de ruta para ampliar a más países la labor conjunta de los organismos, así como para fortalecer la colaboración en los países a tenor de sus propias necesidades y velar por que nadie se quede atrás.

El PAM ODS3 sigue armonizando su labor con la de varias iniciativas sanitarias internacionales, a fin de promover una estructura sanitaria más cohesionada a escala mundial. Ello tiene por objeto fomentar la coordinación de los países con los organismos, aumentar la eficiencia y propiciar avances para implantar una cobertura sanitaria universal. Por ejemplo, el PAM ODS3 ha integrado plenamente la iniciativa H6/Every Woman Every Child (cada mujer y cada niño) y desarrolla su labor en la República del Congo, entre otros países, para mejorar los servicios de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de adolescentes, por medio de una mayor coordinación de asociados técnicos y financieros.

Con objeto de armonizar plenamente su labor, la iniciativa también ha creado comunidades de práctica en esferas de interés, en particular, la atención sanitaria primaria, especialmente en materia de igualdad y equidad de género. Por ejemplo, el apoyo de organismos a Pakistán en esferas de interés relativas a la atención sanitaria primaria y la financiación sostenible, ha dado lugar a la puesta en marcha de un nuevo paquete experimental esencial de servicios sanitarios, así como al desarrollo de un caso de inversión para promover la ampliación sostenible a largo plazo de servicios sanitarios, incluido un acceso más equitativo a los mismos, en particular con respecto a las comunidades más vulnerables y marginadas, en las que los niños no han recibido ninguna dosis de vacunas.

Los organismos signatarios han abordado las seis recomendaciones de la evaluación conjunta del PAM ODS3 realizada en 2020, a fin de sentar las bases de una evaluación independiente en 2023. En el marco de las actividades de supervisión del PAM ODS3, los países han evaluado la eficacia de la labor conjunta de los organismos y han propuesto varias maneras de fortalecer los mecanismos de coordinación en cada país a tenor de las prioridades a escala nacional.

Los incentivos son esenciales para propiciar una colaboración más estrecha entre los organismos del PAM ODS3. En el nuevo informe se mencionan cuatro esferas experimentes específicas para aplicar un enfoque eficaz que permita incentivar la colaboración, a saber, la financiación, supervisión, evaluación y “gobernanza” de forma conjunta. Se prevé mejorar y ampliar ese enfoque a partir de 2022.

Fuente: OIT 19 de mayo de 2022

La publicación La emaciación grave: Una emergencia olvidada de la supervivencia infantil muestra que, a pesar de los crecientes niveles de emaciación grave en la infancia y del aumento de los costes del tratamiento que salva vidas, la financiación mundial para salvar las vidas de los niños y niñas que sufren emaciación también está en peligro.

En la actualidad, al menos 10 millones de niños con emaciación grave (o 2 de cada 3) carecen de acceso al tratamiento más eficaz contra la emaciación, es decir, los alimentos terapéuticos listos para usar. UNICEF advierte que una combinación de perturbaciones mundiales para la seguridad alimentaria en todo el mundo –la guerra en Ucrania, la situación de las economías que luchan por recuperarse de la pandemia y las condiciones de sequía persistentes en algunos países debido al cambio climático– está creando las condiciones para un incremento significativo de los niveles mundiales de emaciación grave.

Mientras tanto, se prevé que el precio de los alimentos terapéuticos listos para su uso aumente hasta un 16% en los próximos seis meses debido a una fuerte subida del coste de las materias primas. Con los niveles de gasto actuales, esto podría dejar a 600.000 niños más sin acceso a este tratamiento que salva vidas. También se prevé que los costes de envío y distribución sigan aumentando.

La emaciación grave, que causa que los niños estén demasiado delgados para su estatura, provoca el debilitamiento del sistema inmunitario y es la forma más inmediata, visible y peligrosa de malnutrición. En todo el mundo, al menos 13,6 millones de niños menores de cinco años sufren de emaciación grave, un problema que causa una de cada cinco muertes en este grupo de edad.

Asia Meridional sigue siendo el “epicentro” de la emaciación grave, ya que aproximadamente 1 de cada 22 niños sufre emaciación grave, tres veces más que en África Subsahariana. Y en el resto del mundo, los países afrontan tasas históricamente altas de este tipo de desnutrición. En Afganistán, por ejemplo, se prevé que 1,1 millones de niños sufran emaciación grave este año, casi el doble que en 2018. La sequía en el Cuerno de África podría causar un rápido aumento del número de niños con emaciación grave, de 1,7 millones a 2 millones, mientras que en el Sahel se prevé un aumento del 26% en comparación con 2018.

La Infancia en Peligro también señala que incluso en países con relativa estabilidad, como Uganda, se ha producido desde 2016 un aumento del 40% o más de la emaciación infantil debido al aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria de los hogares, lo que provoca que la calidad y la frecuencia de la alimentación de los niños y las mujeres embarazadas sean deficientes. Las perturbaciones relacionadas con el clima, como la grave sequía cíclica y el acceso inadecuado a los servicios de agua potable y saneamiento, contribuyen al aumento de estas cifras.

El informe advierte que la ayuda para la emaciación sigue siendo lamentablemente baja y se prevé que disminuya drásticamente en los próximos años, con pocas esperanzas de recuperar los niveles anteriores a la pandemia antes de 2028. Según un nuevo análisis realizado para el informe, la ayuda mundial destinada a la emaciación sólo representa el 2,8% del total de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) del sector sanitario y el 0,2% del gasto total en AOD.

Para que todos los niños reciban un tratamiento que les salve la vida en caso de emaciación grave, UNICEF hace un llamamiento para que:

La tecnología y los insumos de asistencia facilitan la vida de las personas mayores o discapacitadas; sin embargo, de los 2500 individuos que precisan uno o más de esos productos en el mundo, mil millones no los tienen, sobre todo en los países de renta baja y media, donde el acceso puede ser de apenas un 3%.

Un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) divulgado revela por primera vez la necesidad global de acceso a la tecnología y productos de asistencia que van desde sillas de ruedas y audífonos, hasta aplicaciones que faciliten la comunicación o el aprendizaje.

El documento estima que con el envejecimiento de la población y el avance de las enfermedades crónicas a nivel mundial, el número de personas que requerirá uno o más productos de asistencia aumentará a 3500 millones para 2050.

Los productos de apoyo son un medio para participar en la vida comunitaria y en la sociedad en condiciones de igualdad; sin ellos, las personas discapacitadas sufren exclusión, corren riesgo de aislamiento, viven en la pobreza, y pueden caer en situación de hambre y verse obligadas a depender más del apoyo familiar, comunitario y gubernamental.

Argumentan que ampliar el acceso a productos de asistencia asequibles, seguros y de calidad reduce los costos de salud y bienestar, como las hospitalizaciones recurrentes o las prestaciones financieras estatales, en tanto promueve una fuerza laboral más productiva al estimular indirectamente el crecimiento económico.

No obstante estos beneficios, en un análisis de 35 países, las dos agencias de la ONU hallaron una gran brecha en el acceso a los productos de asistencia y recalcaron que ese déficit es notable entre las naciones de bajos y altos ingresos.

Según ese estudio el acceso a la tecnología de asistencia varía del 3% en las economías más pobres al 90% en las ricas.

Las agencias de la ONU señalaron que un sondeo en 70 países encontró grandes carencias en la prestación de servicios y el personal capacitado en tecnología de asistencia, particularmente en las esferas cognitivas, de comunicación y de autocuidado.

Además, las encuestas hechas anteriormente por la OMS habían resaltado ausencia de conciencia y los precios inasequibles, al igual que la falta de servicios, calidad, variedad y cantidad adecuada de los productos de asistencia.

Para revertir estas agravantes e integrar a las personas con discapacidades al avance de las sociedades, el informe recomienda algunas medidas concretas:

Con respecto al acceso a la tecnología de asistencia para los niños con discapacidades el informe señala que suele ser el primer paso para el desarrollo infantil ya que hace mejor y más fácil la educación, la participación en los deportes y la vida cívica, y la preparación para el empleo.

Los niños con discapacidades tienen desafíos adicionales debido a su crecimiento, que requiere ajustes o reemplazos frecuentes de sus productos de asistencia.

El Fondo para la Infancia calcula que unos 240 millones de niños tienen discapacidades.

Según un nuevo informe del Banco Mundial, los fondos que se asignan a proyectos de atención médica en países de ingreso bajo y mediano a través de programas de financiamiento basado en el desempeño (FBD) permiten atender a una mayor cantidad de pacientes, pero, por lo general, no son suficientes para mejorar la calidad de los servicios de salud que se ofrecen.

El financiamiento directo de centros de salud de primera línea puede ser importante para apoyar una reforma eficaz del financiamiento para la salud, según surge del Informe sobre investigaciones relativas a las políticas de desarrollo Improving Effective Coverage in Health: Do Financial Incentives Work? (Como mejorar la cobertura efectiva de la salud: ¿Los incentivos financieros funcionan?)

El FBD es una intervención integral que se basa en pagar a centros y trabajadores de la salud una remuneración por su desempeño, estando los pagos relacionados con la cantidad y la calidad de los servicios que prestan. También incluye la autonomía, la rendición de cuentas y el compromiso con la comunidad. Las burocracias gubernamentales de todo el mundo utilizan la remuneración por desempeño en distintos sectores, como la educación y la salud. En las últimas dos décadas, se han adoptado ampliamente programas de FBD en el ámbito de la salud con el objetivo de mejorar los resultados de salud persistentemente deficientes en países de ingreso bajo y mediano, a pesar de que se han realizado inversiones sostenidas en la prestación de servicios de salud y en el uso de los servicios. Desde finales de la década de 2000, se han invertido más de USD 2500 millones en proyectos de FBD para la prestación de servicios sanitarios primarios en países de ingreso bajo, lo que representa una variación importante respecto de los modelos de financiamiento del pasado, que tenían poca relación con los resultados.

Una reforma eficaz del financiamiento de la salud podría significar el abandono de la remuneración por desempeño, aunque con la preservación de otros aspectos importantes de los proyectos de FBD que sí permiten obtener resultados similares. Si cuentan con autonomía presupuestaria, flexibilidad y sistemas de remuneración unificados, los centros de salud pueden obtener mejores resultados, y sus presupuestos pueden orientarse a los resultados y tener un impacto, incluso sin una remuneración por desempeño explícita.

El informe se concentra en las mejores prácticas para apoyar una cobertura efectiva, una medida que ajusta la cobertura de la atención simple con la calidad de la atención prestada. El estudio abarcó millones de hogares y concluyó que, para muchas mujeres, hombres, niños y adolescentes del mundo en desarrollo, el acceso equitativo a atención de la salud asequible no es una realidad. Esto es evidente tanto para los servicios básicos (por ejemplo, la salud materna e infantil) como para los servicios destinados a prevenir y tratar la amenaza emergente de las enfermedades no transmisibles.

Las estimaciones de la cobertura efectiva y sus dos componentes para seis condiciones y problemas médicos (embarazo, paludismo infantil, diarrea infantil, hipertensión arterial, tuberculosis y VIH) utilizando datos de las encuestas de hogares establecen que la cobertura efectiva —y por extensión, la calidad de la atención— sigue siendo en la actualidad escandalosamente deficiente para muchas condiciones y problemas médicos en muchos entornos.

La remuneración por desempeño puede dar resultado en sistemas de salud descentralizados y de alta calidad que ya apoyan el financiamiento y la autonomía de los centros de salud, así como la rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, su potencial puede ser más limitado en sistemas de salud centralizados y con escasos recursos que presentan carencias clave en varios puntos. Además, puede incentivar a que se preste atención médica inapropiada, innecesaria o irrelevante.

Los empleados que gozan de una mayor cobertura en sus convenios colectivos sufren menores diferencias salariales, afirma un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo que revisó este tipo de negociaciones en 80 países con diferentes niveles de desarrollo económico y analizó los marcos legales y reglamentarios en 125 naciones.

El estudio del organismo indica que más de un tercio de los empleados (el 35%) de 98 países tienen sus salarios, su tiempo de trabajo y otras condiciones laborales establecidas en sus convenios colectivos autónomos entre un sindicato y un empleador o una organización de empleadores.

El análisis indica que este tipo de negociación colectiva también puede contribuir a reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres. El 59% de los convenios colectivos examinados incluyen una serie de acuerdos conjuntos entre los empleadores y de las organizaciones de trabajadores (en particular, los sindicatos) que abordan la desigualdad de género.

Otro de los factores que subraya el informe es la relevancia que tuvieron las negociaciones colectivas a nivel de empleo y salarios durante la crisis económica que generó el COVID-19. Los convenios ayudaron a suavizar algunos de los efectos sobre la desigualdad y, al mismo tiempo, reforzaron la fortaleza de las empresas y los mercados de trabajo al apoyar la continuidad de la actividad económica.

Así, varias disposiciones como la adaptación de las medidas de salud pública y el refuerzo de las medidas de seguridad de la salud en el lugar de trabajo, junto a las bajas por enfermedad retribuidas y las prestaciones sanitarias previstas en muchos convenios colectivos, contribuyeron a proteger a millones de trabajadores.

El organismo destaca que la negociación colectiva será una herramienta esencial para afrontar los cambios de amplio calado que están transformando el panorama laboral.

Sin embargo, para lograr un convenio colectivo eficaz la Organización considera que es necesario afrontar un cuarteto de prioridades:

El aumento de los casos de sarampión en enero y febrero de 2022 revela que existe un mayor riesgo de que aumente la propagación de enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación y podría desencadenar un incremento de los brotes epidémicos, especialmente debidos al sarampión. Esta situación podría afectar a millones de niños y niñas en 2022, advierten la OMS y UNICEF.

El riesgo de que se produzcan grandes brotes ha aumentado debido a que las comunidades han flexibilizado las prácticas de distanciamiento físico y otras medidas preventivas contra la COVID-19 que se habían aplicado durante el punto álgido de la pandemia. Además, con el desplazamiento de millones de personas debido a los conflictos y las crisis, como en Ucrania, Etiopía, Somalia y Afganistán, las interrupciones en los servicios de inmunización sistemática y de vacunación contra la COVID-19, la falta de agua potable y saneamiento y el hacinamiento aumentan el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación.

En enero y febrero de 2022 se notificaron casi 17.338 casos de sarampión en todo el mundo, frente a los 9.665 de los dos primeros meses de 2021. Como el sarampión es muy contagioso, los casos tienden a aparecer rápidamente cuando los niveles de vacunación disminuyen. A los dos organismos les preocupa que los brotes de sarampión puedan ser también el preludio de brotes de otras enfermedades que no se propagan tan rápidamente.

En 2020, 23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas a través de los servicios sanitarios sistemáticos, la cifra más elevada desde 2009, y 3,7 millones más que en 2019.

En abril de 2022, los organismos informaron que se habían producido 21 brotes de sarampión de gran magnitud y gravedad en todo el mundo en los últimos 12 meses. La mayoría de los casos de sarampión se registraron en África y en la región del Mediterráneo oriental. Es probable que las cifras sean más elevadas, ya que la pandemia ha perturbado los sistemas de vigilancia en todo el mundo, y es posible que no se notifiquen todos los casos.

Los países con los mayores brotes de sarampión desde el año pasado son Somalia, Yemen, Nigeria, Afganistán y Etiopía. La insuficiencia de la cobertura de la vacuna contra el sarampión es la principal razón de los brotes, dondequiera que se produzcan.

La cobertura igual o superior al 95% con dos dosis de la vacuna segura y eficaz contra el sarampión puede proteger a los niños contra la enfermedad. Sin embargo, las interrupciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 han retrasado en muchos países la introducción de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión.

Mientras los gobiernos trabajan para responder a los brotes de sarampión y otras enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación, y para recuperar el terreno perdido, UNICEF y la OMS, junto con asociados como Gavi, la Alianza para las Vacunas, los asociados de la Iniciativa contra el Sarampión y la Rubéola (M&RI), la Fundación Bill y Melinda Gates, y otros, están apoyando los esfuerzos para fortalecer los sistemas de inmunización mediante las siguientes medidas:

Según los números presentados por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, durante los dos primeros meses del 2022 se notificaron cerca de 17.338 casos de sarampión en todo el mundo frente a los 9665 de los dos primeros meses de 2021.

Ante este rápido aumento de la enfermedad y la alta capacidad de contagio que posee el sarampión, las dos agencias advirtieron que los casos tienden a aparecer rápidamente cuando los niveles de vacunación disminuyen.

La caída se produjo principalmente por tres factores: las alteraciones causadas por la pandemia, el aumento de las desigualdades en el acceso a las vacunas y el desvío de recursos.

Con todo, el problema con la vacunación infantil de algunos países no empezó el año pasado. Si nos remontamos dos años atrás, en 2020, unos 23 millones de niños no recibieron las pautas de vacunación básicas, la cifra más alta desde 2009 y 3,7 millones superior a las registradas en 2019.

Los países con los mayores brotes de sarampión desde el año pasado son Somalia, Yemen, Nigeria, Afganistán y Etiopía. La insuficiente cobertura de la vacuna contra el sarampión es la principal razón de los brotes, dondequiera que se produzcan.

A 1 de abril todavía siguen aplazadas 57 campañas de vacunación contra enfermedades prevenibles que estaban previstas desde el inicio de la pandemia. Esta situación afecta a unos 203 millones de personas, la mayoría de ellos niños. Entre las operaciones aplazadas, 19 corresponden a campañas contra el sarampión, lo que deja a 73 millones de niños en peligro de contraer la enfermedad ya que no pueden vacunarse.

Las campañas de rutina y de recuperación son necesarias siempre que sea posible el acceso para ayudar a garantizar que no se repitan brotes como los sucedidos entre 2017 y 2019, cuando hubo más de 115.000 casos de sarampión y 41 muertes en el país, lo que supuso la mayor incidencia de Europa.

Las dos agencias recuerdan que una cobertura equivalente o superior al 95% con dos dosis de la vacuna puede proteger a los niños contra esta enfermedad.

El ruido es un fenómeno físico indeseable que causa el trastorno auditivo que no sólo reduce o elimina la capacidad de escuchar, sino que genera problemas en la salud física y mental, sobre todo cuando la exposición es constante o de elevado volumen.

Su objetivo es alertar y crear conciencia en la población sobre los riesgos que tiene el ruido para el trastorno auditivo y su impacto en la salud; llamar la atención e incentivar a las instituciones públicas y privadas a informar a los ciudadanos de los peligros que genera su exposición a largo plazo, así como a invitar a las personas a realizarse pruebas auditivas.

El ruido es un sonido inarticulado, sin armonía ni ritmo, desagradable y molesto al oído, que no sólo causa molestia, sino afecta nuestra salud y al medio ambiente, porque al superar los 70 decibeles durante un periodo de tiempo prolongado puede producir daños graves en el oído de consecuencias irreversibles, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las grandes urbes son generadoras de distintos niveles de ruido con origen en diversas fuentes: el tráfico vehicular, la industria, la actividad turística y los centros de diversión, entre otros, sin que cada localidad o país cuente con una normatividad adecuada para regular la estridencia.

Para evitar que el ruido comience a perjudicar a las personas, en muchos países, incluido México, se ha fijado el límite en 65 decibeles, pero si consideramos que el nivel normal de una conversación fluctúa entre 50 y 60 decibeles, cuando alguien habla a gritos casi alcanza 65 decibeles. Si a este se agrega el ruido de un automóvil a 70 decibeles, se supera con mucho el límite establecido, como sucede en urbes como la Ciudad de México donde es incesante el paso de los automóviles y vehículos de carga, de aeronaves y otros transportes.

Noyse Planet, organización que aporta herramientas científicas para la evaluación del ruido ambiental, recomienda tomar medidas en casa como: mantener el televisor, los juegos de video y la música al volumen mínimo que permita escucharlos claramente. Si alguien en la habitación no escucha bien, activar los subtítulos en lugar de subir el volumen. Cerrar la puerta del área donde esté usando un electrodoméstico, como en la lavandería o en el taller, para que su familia no lo escuche en el otro cuarto. Comprar juguetes que no emitan ruido y escoger aquellos que tienen control de volumen y usarlos a los niveles más bajos; esto ayuda a proteger a los niños contra la pérdida de audición. También al comprar electrodomésticos, como un ventilador, observar el nivel de ruido de la unidad.

Si la casa se ubica en una zona ruidosa, poner masilla en las aberturas de las ventanas y puertas. Colocar espuma expandible alrededor de las tuberías y los cables en el punto de entrada a la casa. Cerrar puertas y ventanas para que no entren ruidos dañinos, como las herramientas eléctricas o las sirenas. Usar muebles y accesorios que disminuyan el ruido dentro de la casa.

Cojines, cortinas y accesorios en las paredes ayudan a absorber más ruido. Las alfombras gruesas son más efectivas para disminuir el ruido que rebota de las superficies duras. Al tomar unas cuantas medidas preventivas sencillas se puede llegar a tener un hogar lleno de sonidos tranquilos que no representen daño alguno. Todas las personas podemos hacer algo para evitar el ruido y sus efectos en la salud y el ambiente, no sólo en la fecha conmemorativa, sino cada día de nuestra existencia.

Fuente: SEMARNAT 27 de abril de 2022

En 2022, el tema del Día Mundial del Paludismo es «Aprovechemos las innovaciones para reducir la carga del paludismo y salvar vidas». Por el momento, no disponemos de un instrumento que resuelva el problema del paludismo o malaria. La OMS pide que se invierta e innove en nuevos enfoques de lucha antipalúdica, medios de diagnóstico, tratamientos farmacológicos y otras herramientas para avanzar más rápidamente hacia el fin de la enfermedad.

Aunque la carga mundial de paludismo se redujo de forma constante entre 2000 y 2015, los progresos se han ralentizado o estancado en los últimos años, sobre todo en los países del África subsahariana con una carga elevada. Es preciso adoptar medidas urgentes y concertadas para que el mundo vuelva a estar en condiciones de cumplir los objetivos previstos para 2030 en la Estrategia técnica mundial contra la malaria.

A pesar de que el paludismo se puede prevenir y tratar, sigue ejerciendo efectos devastadores en la salud y los medios de subsistencia de las personas en todo el mundo. Se estima que, en 2020, se produjeron 241 millones de casos de paludismo en y 627 000 defunciones relacionadas con esta enfermedad. Más de dos tercios de los fallecidos eran niños menores de 5 años que vivían en la Región de África de la OMS.

En octubre de 2021, la OMS recomendó la administración generalizada de la vacuna antipalúdica RTS,S a los niños que viven en zonas con transmisión de paludismo por P. falciparum de moderada a alta. Esta recomendación se basa en los resultados de un programa experimental coordinado por la OMS en Ghana, Kenia y Malawi, del que se han beneficiado más de 900 000 niños desde 2019. Las pruebas y la experiencia recogidas en el programa han demostrado que se trata de una vacuna segura, que puede administrarse en una campaña y que reduce el número de casos graves. Se trata de la primera vacuna recomendada contra una enfermedad parasitaria y supone un gran avance científico y un ejemplo de éxito logrado gracias a la innovación.

En este Día Mundial de la Salud (7 de abril de 2022), la OMS hace un llamamiento urgente a los líderes y a todas las personas para que aceleren la adopción de medidas a fin de preservar y proteger la salud y mitigar la crisis climática como parte de la campaña «Nuestro planeta, nuestra salud», que conmemora la fundación de la Organización en un momento de agravamiento de los conflictos y la fragilidad.

Al emitir su llamamiento a la acción, la OMS señala que el 99 por ciento de las personas respiran aire insalubre, procedente principalmente a la quema de combustibles fósiles. Debido al calentamiento del planeta, los mosquitos propagan las enfermedades más lejos y más rápido que antes. Los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la escasez de agua provocan desplazamientos de personas y tienen efectos negativos sobre su salud. La contaminación y los plásticos llegan hasta los abismos más profundos de nuestros océanos, hasta la cima de las montañas más altas, y se han abierto paso en nuestra cadena alimentaria y en el torrente sanguíneo. Los sistemas que producen alimentos y bebidas altamente procesados y malsanos impulsan una ola de obesidad, provocan el aumento de los cánceres y las enfermedades cardíacas, y generan hasta un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Esta crisis sanitaria y social compromete la capacidad de las personas para tomar el control de su salud y su vida.

En el Manifiesto de la OMS para garantizar una recuperación de la COVID-19 saludable y respetuosa con el medio ambiente se prescribe que se proteja y preserve la naturaleza como fuente de salud humana; que se invierta en servicios esenciales, desde agua y saneamiento hasta energía limpia en los establecimientos de salud; que se garantice una transición energética rápida y saludable; que se fomenten los sistemas alimentarios saludables y sostenibles; que se construyan ciudades saludables y habitables; y que se deje de utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar sectores contaminantes.

En la Carta de Ginebra en pro del Bienestar se subrayan los compromisos mundiales que es necesario asumir para lograr resultados sanitarios y sociales equitativos actualmente y para las generaciones futuras, sin destruir la salud de nuestro planeta.

Mediante la campaña del Día Mundial de la Salud, la OMS hace un llamamiento a los gobiernos, las organizaciones, las empresas y los ciudadanos para que compartan las medidas que están adoptando para proteger el planeta y la salud humana.

En medio de una pandemia, de un planeta contaminado, de un aumento de enfermedades como el cáncer, el asma y las cardiopatías, la OMS aprovechará la celebración del Día Mundial de la Salud 2022 para llamar la atención del mundo sobre las medidas urgentes que se necesitan para mantener la salud de los seres humanos y del planeta e incentivar un cambio para que las sociedades se preocupen del bienestar.

La OMS calcula que, cada año, se producen más de 13 millones de defunciones debidas a causas ambientales evitables, sin ir más lejos, a la crisis climática, que es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. La crisis climática es también una crisis de la salud.

Nuestras decisiones políticas, sociales y comerciales están favoreciendo la crisis climática y sanitaria. Más del 90% de las personas respiran un aire insalubre que es consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Debido al calentamiento del planeta, los mosquitos propagan las enfermedades más lejos y más rápido que antes. Los fenómenos meteorológicos extremos, la degradación del suelo y la escasez de agua están desplazando a las personas y afectando a su salud. La contaminación y los plásticos llegan hasta el fondo de nuestros océanos más profundos, de las montañas más altas, y se han abierto paso en nuestra cadena alimentaria. Los sistemas de fabricación de alimentos y bebidas muy transformados y poco saludables están impulsando una ola de obesidad, aumentando el cáncer y las enfermedades cardiacas, al tiempo que generan un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Aunque la pandemia de COVID-19 ha mostrado la capacidad curativa de la ciencia, también ha puesto de manifiesto las desigualdades de nuestro mundo. La pandemia ha evidenciado deficiencias en todos los ámbitos de la sociedad y ha hecho patente la necesidad urgente de forjar sociedades del bienestar sostenibles y comprometidas con la consecución de una salud equitativa, tanto ahora como para las generaciones futuras, sin sobrepasar los límites ecológicos. El planteamiento actual de la economía conduce a la distribución no equitativa de la renta, la riqueza y el poder, y hay demasiadas personas que siguen viviendo en situaciones de pobreza e inestabilidad. Las economías del bienestar deben velar por el bienestar de las personas, la equidad y la sostenibilidad medioambiental. Estos objetivos se han de plasmar en inversiones a largo plazo, presupuestos enfocados al bienestar, protección social y estrategias legales y fiscales. Para romper estos ciclos de destrucción del planeta y de la salud humana es necesario adoptar medidas legislativas, reformar las empresas y apoyar e incentivar a las personas para que tomen decisiones saludables.

Mediante la campaña “Nuestro planeta, nuestra salud”, la OMS instará a los gobiernos y a la ciudadanía a que cuenten las medidas que están adoptando para proteger el planeta y su salud y para dar prioridad a las sociedades del bienestar.

Bien inapreciable, la salud es un derecho, proclama la Organización Mundial de la Salud (OMS) al conmemorar el Día Mundial de la Salud con el tema de campaña “Nuestro planeta, nuestra salud”, que busca atraer la atención global con el propósito de poner en relieve la interconexión entre el planeta y nuestra salud.

La efeméride tuvo su origen en 1857, durante la Primera Asamblea Mundial de la Salud que propuso establecer esta conmemoración, y desde la fundación de la Organización Mundial de la Salud, en 1948, se celebra cada 7 de abril.

Algunas personas pueden llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido enteramente a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, como se puso en evidencia durante la pandemia de covid-19, tal como lo ha reconocido la propia OMS.

En América 9 de cada 10 hogares utilizan combustibles que contaminan el aire de sus viviendas, infición que afecta la salud de millones de personas. Ante ello propone realizar sencillas acciones que pueden salvar vidas, como mejorar la calidad del aire al elegir energías limpias para el hogar y reducir al máximo la combustión doméstica.

9 de cada 10 personas viven en ciudades con niveles de contaminación que exceden las recomendaciones de la OMS, y precisa: “La contaminación del aire no tiene fronteras, es un problema global que produce inflamación de las vías respiratorias, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, nacimientos prematuros y envejecimiento de la piel, además de acabar con la vida de aproximadamente 7 millones de personas al año”.

Somos testigos del cambio climático, las consecuencias de la quema de combustibles fósiles y la deforestación han alterado el clima global y los efectos ya se sienten, por lo que presenciamos más huracanes, olas de calor, incendios, inundaciones, sequías y aumento en el nivel del mar.

Las altas temperaturas han provocado un incremento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, mientras los incendios forestales y las sequías han generado pérdida de las cosechas, que no sólo han afectado el medio de vida de los agricultores, sino que han potenciado la inseguridad alimentaria.

Por si fuera poco, el clima extremo ha cambiado nuestro entorno y ha desplazado a las personas de sus hogares, acrecentando las enfermedades transmitidas por vectores. El dengue, por ejemplo, que suele seguir un patrón estacional, se está detectando fuera de su ciclo normal.

Tal situación, plantea preparar a los sectores de salud e infraestructura para llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, crear sistemas integrados de información y observatorios de clima y salud que midan la contaminación, el cambio climático y su impacto tanto en la salud como en la economía de los países, y que permitan anticipar y recuperarnos frente a efectos climáticos y otros fenómenos.

Con el objetivo de recuperar el planeta que conocimos, insiste, es necesario preparar al personal de salud y trabajar de la mano con otros sectores, apostar por sistemas de transporte menos contaminantes y más eficientes y saludables, así como cambiar nuestros hábitos de consumo.

Fuente: SEMARNAT 07 de abril de 2022

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundió el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2021, disponible en internet, en el que se presenta una síntesis estadística que da cuenta del desarrollo socio-demográfico, económico y ambiental de los países de la región.

Esta publicación anual, una de las más importantes del organismo regional de las Naciones Unidas, constituye una referencia para quienes deseen contar con datos estadísticos descriptivos comparables entre países y en el tiempo. La presente edición contiene información que se encontraba disponible hasta mediados de diciembre de 2021.

El Anuario Estadístico 2021 se organiza en tres capítulos. En el primero se presentan aspectos demográficos y sociales que incluyen indicadores de población, trabajo, educación, salud, vivienda y servicios básicos, pobreza y distribución del ingreso y género.

En el ámbito social, los datos del Anuario evidencian el impacto de la pandemia de COVID-19 en las condiciones de vida de la población. En 2020 la pobreza en América Latina alcanzó al 33,0% de la población, incluyendo a un 13,1% de la población en situación de pobreza extrema. Estas cifras representan el mayor incremento anual observado en los últimos 20 años, de 2,5 puntos porcentuales en la pobreza y de 1,7 puntos en la pobreza extrema.

El impacto de la pandemia sobre el empleo se evidenció en la reducción de la tasa de participación de la población en la actividad económica, que para América Latina y el Caribe alcanzó apenas 57,8% en 2020 frente a un 62,5% en 2019; así como en un aumento de la tasa de desocupación abierta, que pasó de 8,1% en 2019 a 10,5% en 2020. En consecuencia, la población sin ingresos propios de la región tuvo un aumento apreciable, especialmente concentrado entre las personas de 15 a 24 años.

El segundo capítulo presenta información económica referida a cuentas nacionales, balanza de pagos, comercio exterior e índices de precios, entre otros. El Anuario muestra para el año 2021 una proyección positiva de recuperación del Producto Interno Bruto a precios constantes de 2010 de 6,3%, frente a la caída registrada a nivel regional durante el año 2020 de -6,8%, resultado del impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 durante este período. Estos resultados se reflejan en el PIB promedio por habitante, el cual alcanzó 8.307 dólares en 2020 y 8.747 dólares en 2021, con una tasa de 5,3%.

Por su parte, la inversión extranjera directa (IED) en la región tuvo una variación de -20,4% en 2020 en comparación con el 2019, siendo del orden de -20,7% para América Latina y -10% para el Caribe. Mientras que, como porcentaje del PIB, la IED representó el 2,1% para el mismo período.

Al analizar los índices de precios de los principales productos de exportación de la región, se advierte un incremento del 28% para el año 2021, revirtiendo la baja que se detectó para el año 2020 en donde se registró una caída de 4,9% con referencia al año 2019.

En 2021 los precios al consumidor registraron una variación de 12,6% para América Latina y el Caribe sin considerar las cifras de la República Bolivariana de Venezuela, alcanzando un valor del 42,1% al considerar este dato en el cálculo regional. El mayor aporte lo tendrían los precios de los bienes de alimentos y bebidas alcanzando una variación de 12,5% (sin considerar la cifra de Venezuela).

El tercer capítulo ofrece estadísticas e indicadores ambientales de la región. Destacan métricas sobre condiciones físicas, cobertura terrestre, ecosistemas, biodiversidad, calidad ambiental, tierra, recursos energéticos, hídricos y biológicos, emisiones al aire, desastres, asentamientos humanos, regulación y gobernanza ambiental.

El informe también evidencia que desde 1990 la región incrementó sus exportaciones de recursos naturales (RRNN) renovables y no renovables en un 168%, aunque la participación de las exportaciones primarias (RRNN renovables y no renovables) en las exportaciones totales ha disminuido en un 31%. Esto significa una mayor presión sobre los recursos naturales que provoca un impacto desfavorable en el ambiente.

El Anuario Estadístico se publica en versión impresa y en formato web las cuales incluyen una selección de cuadros y gráficos orientados a brindar un resumen de la información estadística desde la perspectiva regional. La versión web interactiva facilita la navegación y el acceso a la información presentada en su versión impresa, vinculando los gráficos y tablas estadísticas con las series de datos disponibles en las bases de datos de CEPAL, lo que permite acceder a información más detallada y sobre un período histórico mucho más amplio. También incluye un capítulo adicional donde se explican los aspectos metodológicos y las referencias a las fuentes de los datos utilizadas.

La información que da sustento al Anuario forma parte del conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, la plataforma que da acceso a toda la información estadística actualizada de los países de la región recolectada, sistematizada y publicada por la CEPAL, plataforma que fue recientemente actualizada tecnológica y funcionalmente, incluyendo un Geoportal que permite visualizar las estadísticas de la región en el territorio.

Dado que la mayor parte de la información proviene de las oficinas nacionales de estadística, bancos centrales, organismos internacionales y otras instituciones oficiales, la CEPAL invita a los usuarios a prestar atención a las fuentes y notas técnicas que se presentan en este trabajo. Los datos se obtienen a partir de metodologías y estándares internacionales con el fin de asegurar la mayor comparabilidad posible entre los países, por lo que estas cifras pueden no coincidir necesariamente con los datos nacionales.

Casi toda la población mundial (99%) respira un aire que supera los límites de calidad recomendados por la OMS y pone en peligro su salud. Un número récord de más de 6000 ciudades de 117 países están ahora monitoreando la calidad del aire, pero las personas que viven en ellas siguen respirando niveles insalubres de materia particulada fina y dióxido de nitrógeno, siendo las personas que viven en los países de ingresos bajos y medianos quienes sufren las exposiciones más altas.

Estos datos han llevado a la Organización Mundial de la Salud a subrayar la importancia de frenar el uso de combustibles fósiles y a tomar otras medidas tangibles para reducir los niveles de contaminación del aire.

La actualización de 2022 de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire- wn inglés, publicada en vísperas del Día Mundial de la Salud, cuyo tema este año es «Nuestro planeta, nuestra salud», introduce por primera vez mediciones en tierra de las concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante urbano común y precursor de la materia particulada y el ozono. También incluye mediciones de partículas con diámetros iguales o inferiores a 10 μm (MP10) o 2,5 μm (MP2,5). Ambos grupos de contaminantes se originan principalmente en las actividades humanas relacionadas con la combustión de combustibles fósiles.

La nueva base de datos sobre la calidad del aire es la más amplia hasta la fecha en cuanto a la cobertura de la exposición a la contaminación del aire en tierra. Unas 2000 ciudades y asentamientos humanos más registran ahora los datos del monitoreo en tierra de la materia particulada MP10 y/o MP2,5 en comparación con la última actualización. Esto supone que casi se ha sextuplicado la notificación de datos desde la puesta en marcha de la base de datos en 2011.

Mientras tanto, la base de evidencia sobre el daño que la contaminación del aire causa al cuerpo humano ha ido creciendo rápidamente y apunta a un daño significativo causado incluso por niveles bajos de muchos contaminantes atmosféricos.La materia particulada, especialmente la MP2,5, es capaz de penetrar profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo, lo que afecta a los sistemas cardiovascular, cerebrovascular (accidentes cerebrovasculares) y respiratorio. Cada vez hay más pruebas de que la materia particulada afecta a otros órganos y causa también otras enfermedades.

La OMS revisó el año pasado sus directrices sobre la calidad del aire, haciéndolas más estrictas en un esfuerzo por ayudar a los países a evaluar mejor la salubridad de su propio aire.

Varios gobiernos están tomando medidas para mejorar la calidad del aire, pero la OMS pide que se intensifiquen rápidamente las acciones para:

Con respecto a los 117 países que monitorean la calidad del aire, el aire en el 17% de las ciudades de los países de ingresos altos está por debajo de los umbrales establecidos en las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire para la MP2,5 o la MP10. En los países de ingresos bajos y medios, menos del 1% de las ciudades tienen una calidad del aire que se ajusta a los umbrales recomendados por la OMS.

Alrededor de 4000 ciudades o asentamientos humanos de 74 países recogen datos de NO2 a nivel del suelo. En conjunto, sus mediciones muestran que solo el 23% de los habitantes de estos lugares respiran concentraciones medias anuales de NO2 que cumplen los niveles establecidos en la versión recientemente actualizada de las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire. .

Europa y, hasta cierto punto, América del Norte siguen siendo las regiones con los datos más completos sobre la calidad del aire. En muchos países de ingresos bajos y medios, si bien las mediciones de MP2,5 aún no están disponibles, se han realizado grandes mejoras en las mediciones entre la última actualización de la base de datos en 2018 y esta, ya que en estos países hay 1500 asentamientos humanos más que monitorean la calidad del aire.

La base de evidencias de los daños causados por la contaminación del aire ha ido creciendo rápidamente y apunta a un daño significativo causado incluso por niveles bajos de muchos contaminantes del aire. Con el fin de tener en cuenta dichas evidencias, el año pasado la OMS revisó sus Directrices sobre la calidad del aire con el fin de hacerlas más estrictas, especialmente en lo que respecta a la MP y al NO2, una medida fuertemente apoyada por la comunidad sanitaria, las asociaciones médicas y las organizaciones de pacientes.

El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril, centrará la atención mundial en las medidas urgentes necesarias para mantener sanos a los seres humanos y al planeta, y fomentará un movimiento para crear sociedades centradas en el bienestar. La OMS calcula que más de 13 millones de muertes al año en el mundo se deben a causas ambientales evitables.

Casi toda la población mundial (el 99%) respira un aire que supera los límites de calidad del aire establecidos por la Organización Mundial de la Salud y que pone en peligro nuestra salud, según los resultados de la actualización 2022 de su base de datos sobre la calidad del aire.

De acuerdo con la nueva información, presentada en vísperas del Día Mundial de la Salud, un número récord de más de 6000 ciudades de 117 países vigilan ya la calidad del aire, 2000 más que en la última actualización de 2018, lo que un aumento de casi seis veces desde que la base de datos se puso en marcha en 2011.

Y, sin embargo, los habitantes de esas ciudades siguen respirando niveles insalubres de partículas finas y de dióxido de nitrógeno. Los más expuestos son los habitantes de los países de ingresos bajos y medios.

La actualización de 2022 introduce por primera vez mediciones en tierra de las concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante urbano común y precursor de las partículas y el ozono. También incluye mediciones de partículas con diámetros iguales o inferiores a 10 μm (PM10) o 2,5 μm (PM2,5). Ambos grupos de contaminantes se originan principalmente en las actividades humanas relacionadas con la combustión de combustibles fósiles.

Las partículas, especialmente las PM2,5, son capaces de penetrar profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo, causando impactos cardiovasculares, cerebrovasculares (ictus) y respiratorios. Cada vez hay más pruebas de que las partículas afectan a otros órganos y causan también otras enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud revisó el año pasado sus Directrices sobre la calidad del aire, haciéndolas más estrictas en un esfuerzo por ayudar a los países a evaluar mejor la salubridad de su propio aire.

Varios gobiernos están tomando medidas para mejorar la calidad del aire, pero la agencia de la ONU pide que se intensifiquen rápidamente las acciones para:

El aire del 17% de las ciudades de los países de renta alta está por debajo de las Directrices de Calidad del Aire para las partículas PM2,5 o las PM10. En los países de ingresos bajos y medios, la calidad del aire en menos del 1% de las ciudades cumple los umbrales recomendados.

Alrededor de 4000 ciudades y poblaciones de 74 países recogen datos de dióxido de nitrógeno a nivel del suelo. En conjunto, sus mediciones muestran que sólo el 23% de los habitantes de estos lugares respiran concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno que alcanzan los niveles de la versión recientemente actualizada de las Directrices de Calidad del Aire.

La base de datos de 2022 tiene por objeto vigilar el estado del aire en el mundo y contribuye al seguimiento de los progresos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En todo el mundo, más de tres mujeres y bebés de cada 10 no reciben actualmente atención posnatal en los primeros días tras el nacimiento, el periodo en que se producen la mayoría de las muertes maternas e infantiles. En ese plazo las consecuencias físicas y emocionales del parto –de lesiones a dolor recurrente y trauma– pueden ser debilitantes si no se tratan, pese a que con frecuencia son muy fáciles de tratar si se ofrece la atención adecuada en el momento adecuado.

Además de tratar los problemas de salud inmediatos, las primeras semanas tras el nacimiento son cruciales para crear lazos y establecer comportamientos que inciden en el desarrollo y la salud del lactante a largo plazo. Las directrices incluyen recomendaciones para asesorar sobre la lactancia materna –por ejemplo, facilitar el anclaje y el posicionamiento en el establecimiento de la lactancia– y para ayudar a los progenitores a ofrecer una atención que se adapte a sus bebés recién nacidos.

En total, las nuevas directrices reúnen más de 60 recomendaciones que contribuyen a dar forma a una experiencia posnatal positiva para las mujeres, los bebés y las familias. He aquí algunas de las recomendaciones:

En las recomendaciones se especifica la duración mínima de la estancia hospitalaria tras el nacimiento y se ofrecen orientaciones sobre los criterios para dar el alta, si bien se indica que el tiempo necesario dependerá de cada mujer y cada bebé, el contexto social, la experiencia del parto y la existencia de algún problema de salud. Se recomiendan consultas posnatales adicionales para las mujeres y los recién nacidos sanos entre 48 y 72 horas después del parto, entre siete y 14 días, y durante la sexta semana. Si se detectan riesgos para la salud, probablemente se requieran más consultas, con tratamiento que podría ser necesario mantener más allá de las seis primeras semanas.

Estas recomendaciones culminan una trilogía de directrices de la OMS para una atención de maternidad de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto que se centran en atender las necesidades de todas las mujeres que dan a luz y de sus bebés. Las directrices propugnan los derechos a una experiencia de atención de salud positiva, en que las personas reciban un trato digno y respetuoso y puedan participar activamente en la toma de decisiones en materia de salud que les atañen.

El Instituto Guttmacher, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana de las Naciones Unidas publican las primeras estimaciones basadas en modelos de las tasas de embarazos imprevistos y de abortos en 150 países, que ponen de manifiesto las grandes disparidades en el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva.

El estudio, que aparece en la revista BMJ Global Health, analiza estas tasas ente 2015 a 2019 con el fin de proporcionar información más detallada sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en países de todo el mundo, independientemente de su nivel de ingresos.

Junto con las estimaciones, el Instituto Guttmacher ha publicado perfiles más detallados de los países para que los responsables políticos y las personas que promueven la salud puedan conocer mejor las necesidades de salud sexual y reproductiva de sus países y actuar en consecuencia, en particular en lo que respecta a la planificación familiar, incluidas la anticoncepción y la atención integral para el aborto.

Las nuevas estimaciones indican que las tasas de embarazos imprevistos y de abortos varían considerablemente de un país a otro, incluso dentro de la misma región o zona geográfica. Las mayores variaciones se observaron en América Latina y en el África subsahariana, donde, por ejemplo, las tasas de embarazos imprevistos en los países oscilaron entre 41 y 107 y entre 49 y 145 por cada 1000 mujeres, respectivamente.

Estas disparidades no se deben únicamente al nivel de ingresos; en Europa, por ejemplo, la mayoría de los países con tasas de embarazos imprevistos superiores a la media regional están clasificados como de ingresos altos, mientras que los dos países con las estimaciones más bajas son de ingresos medios. Estos datos demuestran que, con independencia del nivel de recursos, se encuentran obstáculos para acceder a una atención sanitaria sexual y reproductiva eficaz y para gozar de ella.

Aunque las estimaciones contribuyen enormemente a mejorar la calidad de las pruebas disponibles, sigue habiendo una necesidad urgente de aumentar la cantidad y la calidad de los datos. La disponibilidad de datos fiables sobre el aborto varía considerablemente en función de la región, desde el 12% de los países en Asia occidental y África septentrional hasta el 73% en Europa y Norteamérica. Si se invirtiera más en recoger datos específicos de cada país se podrían elaborar estimaciones con mayor certeza, controlar las tendencias y, tal vez, evaluar el impacto de los programas a gran escala en el futuro.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos son un elemento esencial de la cobertura sanitaria universal y se necesitan para poner fin a la discriminación de mujeres y niñas. Estas estimaciones a nivel de los países ponen de manifiesto la importancia de invertir equitativamente en la atención integral a la salud sexual y reproductiva y servirán de fundamento para que los países apliquen las nuevas directrices de la OMS sobre los servicios de atención para el aborto de calidad.

En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS pide urgentemente inversiones, ayudas, atención e información para luchar contra esta enfermedad. Aunque se ha salvado la vida a 66 millones de personas desde 2000, la pandemia de COVID-19 ha revertido estos logros y, por primera vez en más de una década, en 2020 aumentó la mortalidad por tuberculosis. Además, los conflictos que azotan Europa oriental, África y Oriente Medio han agravado la situación que viven los grupos poblacionales vulnerables.

La inversión mundial en prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en 2020 no llegó ni a la mitad de la meta mundial prevista para 2022, que asciende a US$ 13 000 millones anuales. Además, se necesita destinar US$ 1100 millones más a la investigación y el desarrollo. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, ha señalado: «Se ha de invertir urgentemente para mejorar y ampliar el acceso a los servicios y herramientas más innovadores a fin de prevenir, detectar y tratar la tuberculosis y, de ese modo, salvar la vida a millones de personas cada año, reducir las desigualdades y evitar enormes pérdidas económicas. Estas inversiones resultan muy rentables para los países y los donantes porque aumentan la productividad y reducen el gasto sanitario».

En estos momentos, debido principalmente a la falta de financiación, es posible que no se alcancen las metas previstas para 2022 en la declaración política de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas y la iniciativa emblemática FIND.TREAT.ALL del Director General de la OMS. Entre 2018 y 2020 se trató contra la tuberculosis a 20 millones de personas, una cifra que llega solo a la mitad de los 40 millones previstos en la meta fijada para el periodo comprendido entre 2018 y 2022. Durante ese mismo periodo se administraron tratamientos profilácticos contra la enfermedad a 8,7 millones de personas, es decir, solamente el 29% de los 30 millones previstos.

La situación es incluso peor para los niños y adolescentes que padecen la enfermedad. De acuerdo con las estimaciones correspondientes a 2020, un 63% de los niños y los adolescentes menores de 15 años con tuberculosis no recibieron tratamiento o no consta que se les hayan brindado los servicios de diagnóstico y tratamiento antituberculosos que les pueden salvar la vida. Es más, esta proporción fue incluso superior (del 72%) para los niños menores de 5 años; es decir, casi dos tercios de los niños de estas edades que cumplían los requisitos para recibir tratamientos profilácticos no han sido tratados y, como consecuencia de ello, corren riesgo de contraer la enfermedad.

Por otro lado, la COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a los niños y adolescentes con tuberculosis o que corren riesgo de contraerla, debido a que ha aumentado la transmisión en sus hogares y han tenido menos ocasiones para acudir a un centro de salud. En el Día Mundial de la Tuberculosis, La OMS pide a los países que restablezcan con urgencia el acceso a los servicios de atención a la tuberculosis para todas las personas que los necesitan y, sobre todo, para los niños y adolescentes, tras las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19.

Las directrices actualizadas que publica la OMS incluyen nuevas recomendaciones sobre el diagnóstico, la prevención y el tratamiento centrados en el paciente:

La tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas. Cada día, se lleva la vida de más de 4100 personas y cerca de 30 000 contraen esta enfermedad que se puede prevenir y curar. Para erradicar la tuberculosis, todos los sectores deben actuar de forma concertada. En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS pide que todos —individuos, comunidades, sociedades, donantes y gobiernos— pongan de su parte para lograrlo.

La pandemia del COVID-19 ha revertido los logros alcanzados en la lucha contra la tuberculosis. Después de salvar la vida de 66 millones de personas desde el año 2000, y, por primera vez en más de una década, el año 2020 aumentó la mortalidad asociada a la enfermedad.

Las cifras que presenta la agencia sanitaria de la ONU hablan por sí solas. La inversión mundial en prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en 2020 no llegó ni a la mitad de la meta mundial prevista para 2022, que asciende a 13.000 millones de dólares anuales. Además de ese monto, se necesita destinar otros 1100 millones a la investigación y el desarrollo.

Según la información con la que cuenta la Organización, las inversiones en programas contra la tuberculosis demostraron ser beneficiosas no sólo para las personas que sufren la enfermedad, sino también para los sistemas de salud y la preparación para las pandemias.

Los tratamientos contra la tuberculosis entre 2018 y 2020 alcanzaron a 20 millones de personas, una cifra que solo cubre la mitad de los 40 millones previstos en la meta fijada para el periodo comprendido entre 2018 y 2022.

Durante este último lapso se administraron tratamientos profilácticos contra la enfermedad a 8,7 millones de personas, es decir, solamente al 29% de los 30 millones previstos.

La Organización estima que en 2020 un 63% de los niños y los adolescentes menores de 15 años con tuberculosis no recibieron tratamiento o no consta que se les hayan brindado los servicios de diagnóstico y tratamiento contra la enfermedad.

El porcentaje fue aún más elevado, un 72%, para los niños menores de 5 años. Casi dos tercios de los niños de esa edad que cumplían los requisitos adecuados no recibieron tratamiento preventivo contra la tuberculosis y, a consecuencia de ello, corren el riesgo de enfermar.

La tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas. Más de 4100 personas pierden a diario la vida y cerca de 30000 contraen esta enfermedad que se puede prevenir y curar.

Pautas actualizadas para atender los niños y adolescentes con tuberculosis:

El 24 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis para concienciar a la población sobre las terribles consecuencias sociales, económicas y para la salud de la tuberculosis y acelerar los esfuerzos por poner fin a la epidemia mundial de la enfermedad. En esta fecha se conmemora el día de 1882 en que el Dr. Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria que provoca la tuberculosis, lo que posibilitó diagnosticar y curar la enfermedad.

La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales del mundo. Cada día mueren más de 4100 personas de tuberculosis y cerca de 28 000 personas contraen la enfermedad, pese a que puede prevenirse y curarse. Se calcula que gracias a los esfuerzos mundiales contra la tuberculosis 66 millones de personas han salvado la vida desde el año 2000. Con todo, la pandemia de COVID-19 ha revertido años de progresos contra la enfermedad. Por primera vez en más de diez años, en 2020 aumentaron las muertes por tuberculosis.

El lema del Día Mundial de la Tuberculosis 2022 – Invirtamos para poner fin a la tuberculosis. Salvemos vidas – transmite la urgencia de invertir recursos para intensificar la lucha contra la tuberculosis y cumplir los compromisos de los dirigentes mundiales de poner fin a la enfermedad. Ello es especialmente crucial en el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha frenado los avances hacia ese objetivo, y para garantizar un acceso equitativo a prevención y atención, en consonancia con el empuje de la OMS para lograr la cobertura sanitaria universal.

Con más inversiones se salvarán más millones de vidas y se acelerará el fin de la epidemia de tuberculosis.

El maltrato de mujeres, niñas o adolescentes embarazadas, así como de sus recién nacidos, es un problema generalizado en todo el mundo, independientemente del estado de los sistemas de salud, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los datos recopilados en los sistemas de atención de maternidad de países desde muy ricos hasta muy pobres indican que una gran cantidad de mujeres se enfrenta a malos tratos durante el parto.

El suplemento señala que el maltrato a los padres y recién nacidos se ha “normalizado” en la cultura hospitalaria y se exacerba por la falta de conocimiento de los pacientes sobre sus derechos, la discriminación de género y la falta de empatía clínica y perspectiva humana.

Hay muchos casos de abuso físico y verbal, humillación, negligencia y abandono del cuidado de mujeres de algunos segmentos de la sociedad, incluidos algunos grupos raciales, étnicos y religiosos, migrantes, adolescentes y mujeres con discapacidad.

Según la OMS, el maltrato puede socavar la confianza en las instalaciones médicas llevándolas a no buscar atención antes, durante y después del parto, con consecuencias funestas para la salud y el bienestar de las mujeres y sus bebés, que en los casos más graves pueden producir la muerte.

Entre las principales violaciones de los derechos humanos, las normas de atención y la humanidad básica para las personas en edad fértil y los recién nacidos, sobre todo en el momento del alumbramiento, la agencia de la ONU destaca las siguientes:

Estos abusos, sutiles o manifiestos, intencionales o no, han dado lugar recientemente a un movimiento global que va en ascenso y que reconoce la urgencia de poner fin al flagelo mediante la calidad de la atención y la educación en temas de salud, derechos humanos y defensa de los derechos civiles.

El artículo de la OMS subraya la evidencia de un estudio multinacional sobre el impacto positivo de los acompañantes en el parto, la necesidad de mayores medidas de privacidad y mejores formas de medir las experiencias, y la satisfacción que tienen las mujeres al dar a luz en centros de salud que las tratan bien.

El análisis sobre el acompañamiento durante el trabajo de parto mostró que las mujeres sin acompañante son más propensas a denunciar abuso físico, procedimientos médicos no consentidos y mala comunicación en comparación con las mujeres con acompañante durante el parto.

El apartado sobre el examen vaginal y el maltrato durante el parto reveló la importancia de una buena comunicación y procesos claros de consentimiento durante el parto. Además, encontró que una solución sencilla y práctica como contar con cortinas de separación, reduce la exposición de las mujeres y aumenta la privacidad.

Al menos dos terceras partes de los hogares con niños han sufrido una pérdida de ingresos desde que la pandemia de la COVID-19 sacudió el mundo hace dos años, según un nuevo informe publicado por UNICEF y el Banco Mundial.

El informe, denominado Impact of COVID-19 on the welfare of households with children (Repercusiones de la COVID-19 sobre el bienestar de los hogares con niños) presenta las conclusiones de los datos recopilados en 35 países y señala que los hogares con tres o más hijos son los que más probabilidades tienen de haber perdido ingresos, ya que más de tres cuartas partes de estos hogares han sufrido una reducción de sus ingresos, en comparación con el 68% de los hogares con uno o dos hijos.

El informe también señala que las pérdidas de ingresos han obligado a los adultos de uno de cada cuatro hogares con niños a dejar de comer durante un día o más. Los adultos de casi la mitad de los hogares con niños declaran haberse saltado una comida por falta de dinero. Alrededor de una cuarta parte de los adultos de los hogares con o sin niños declararon que se habían quedado sin trabajo desde que se inició la pandemia, según el informe.

El informe concluye que los niños se ven privados de las necesidades más básicas, ya que los que pertenecen al 40% de los hogares no realizan ningún tipo de actividad educativa mientras sus escuelas están cerradas. Dado que los datos se recopilan a nivel de hogar, es probable que la tasa de participación real a nivel individual sea aún más baja, especialmente para los niños que provienen de hogares con tres o más hijos.

Aunque los hogares con tres o más hijos fueron los que más sufrieron la pérdida de ingresos, también fueron los que más ayuda recibieron de los gobiernos, ya que el 25% recibió este tipo de asistencia, en comparación con el 10% de los hogares sin hijos. El informe señala que esta ayuda contribuyó a mitigar el impacto adverso de la crisis en los hogares que la recibieron.

El informe señala que antes de la COVID-19, uno de cada seis niños en todo el mundo –356 millones– vivía en la pobreza extrema, ya que los miembros de sus hogares trataban de sobrevivir con menos de 1,90 dólares al día. Más del 40% de los niños vivían en una situación de pobreza moderada. Y casi 1.000 millones de niños vivían en la pobreza multidimensional en los países en desarrollo, una cifra que desde entonces ha aumentado en un 10% como resultado de la pandemia.

UNICEF y el Banco Mundial exhortan a las autoridades a que impulsen una ampliación rápida de los sistemas de protección social para los niños y sus familias. El apoyo, que incluiría la entrega de transferencias en efectivo y la universalización de las prestaciones para los niños, son inversiones fundamentales que pueden ayudar a sacar a las familias de las dificultades económicas y ayudarlas a prepararse para futuras crisis. Desde el comienzo de la pandemia, más de 200 países o territorios han introducido miles de medidas de protección social, y el Banco Mundial ha financiado la aplicación de dichas medidas con unos 12.500 millones de dólares, una ayuda que ha llegado a casi 1.000 millones de personas en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica nuevas directrices sobre la atención del aborto, cuya finalidad es proteger la salud de las mujeres y las niñas y ayudar a prevenir los más de 25 millones de abortos no seguros que se producen actualmente cada año.

Basadas en las últimas evidencias científicas, estas directrices unificadas contienen más de 50 recomendaciones que abarcan la práctica clínica, la prestación de servicios de salud y las intervenciones legales y normativas con miras a apoyar la atención de calidad del aborto.

Cuando el aborto se realiza con un método recomendado por la OMS, adecuado a la duración del embarazo y asistido por alguien con la información o las cualificaciones necesarias, es un procedimiento sencillo y extremadamente seguro.

Sin embargo, trágicamente, solo alrededor de la mitad de los abortos se realizan en esas condiciones, y los abortos no seguros causan alrededor de 39 000 muertes al año y hacen que millones de mujeres más sean hospitalizadas por complicaciones. La mayor parte de estas muertes se concentran en los países de ingreso bajo —más del 60% en África y el 30% en Asia— y entre quienes viven en las situaciones más vulnerables.

La directriz incluye recomendaciones sobre muchas intervenciones sencillas a nivel de atención primaria que mejoran la calidad de la atención del aborto prestada a mujeres y niñas. Entre ellas se encuentran la compartición de tareas por parte de un mayor número de trabajadores de la salud; garantizar el acceso a las píldoras abortivas con fines médicos, lo que significa que un mayor número de mujeres puede obtener servicios de aborto seguro; y asegurarse de que todas las mujeres y niñas puedan acceder a la información precisa sobre la atención que necesiten.

Por primera vez, las directrices incluyen también recomendaciones sobre el uso, cuando proceda, de la telemedicina, que ayudó a facilitar el acceso a los servicios de aborto y planificación familiar durante la pandemia de COVID-19.

Además de las recomendaciones clínicas y de prestación de servicios, en las directrices se recomienda eliminar los obstáculos normativos innecesarios desde el punto de vista médico para el aborto seguro, como la penalización, los tiempos de espera obligatorios, el requisito de que otras personas (por ejemplo, la pareja o familiares) o instituciones den su aprobación, y los límites sobre el momento del embarazo en que se puede realizar un aborto. Estas barreras pueden provocar retrasos críticos en el acceso al tratamiento y exponen a las mujeres y las niñas a un mayor riesgo de aborto no seguro, estigmatización y complicaciones de salud, al tiempo que aumentan las interrupciones en su educación y su capacidad para trabajar.

Aunque la mayoría de los países permiten el aborto en determinadas circunstancias, unos 20 países no ofrecen ningún motivo legal para abortar. Más de 3 de cada 4 países tienen sanciones legales para el aborto, que pueden incluir largas penas de prisión o fuertes multas para las personas que se someten al procedimiento o prestan asistencia en él.

Los datos demuestran que restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos. De hecho, es más probable que las restricciones empujen a las mujeres y niñas hacia procedimientos no seguros. En los países donde el aborto está más restringido, solo 1 de cada 4 abortos es seguro, en comparación con casi 9 de cada 10 en los países donde el procedimiento es ampliamente legal.

Tras la publicación de las directrices, la OMS apoyará a los países interesados para que apliquen estas nuevas directrices y fortalezcan las políticas y programas nacionales relacionados con la anticoncepción, la planificación familiar y los servicios de aborto, ayudándolos a proporcionar el más alto nivel de atención a las mujeres y las niñas.

Las persistentes y significativas brechas en los servicios y medidas de cuidado han dejado a cientos de millones de trabajadores con responsabilidades familiares sin la protección y el apoyo adecuados, y sin embargo, satisfacer estas necesidades podría crear casi 300 millones de empleos para 2035, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El informe, Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo , concluye que tres de cada diez mujeres en edad reproductiva, es decir, 649 millones de mujeres, tienen una protección inadecuada de la maternidad que no cumple con los requisitos clave del Convenio sobre la protección de la maternidad de la OIT, 2000 (núm. 183).

El Convenio exige un permiso de maternidad de 14 semanas como mínimo, con al menos dos tercios de los ingresos anteriores, financiado por la seguridad social o por fondos públicos. Ochenta y dos de los 185 países encuestados para el informe no cumplen estas normas, aunque “el permiso de maternidad remunerado o la protección de la maternidad es un derecho humano y laboral universal”, dice el estudio. Al ritmo actual de las reformas, se necesitarán al menos 46 años para alcanzar los derechos mínimos de licencia de maternidad en los países analizados, lo que significa que no se cumplirá la meta correspondiente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 .

El informe Los cuidados en el trabajo ofrece una visión global de las leyes, políticas y prácticas nacionales en materia de cuidados, incluyendo la maternidad, la paternidad, los cuidados parentales, los cuidados infantiles y los cuidados de larga duración. Destaca cómo algunos trabajadores quedan fuera del ámbito de estas protecciones legales. Entre ellos se encuentran los autónomos, los trabajadores de la economía informal, los inmigrantes y los padres adoptivos y LGBTQI+. También se analizan los argumentos a favor de una mayor inversión en cuidados y su posible impacto.

Sólo en 40 de los países encuestados las mujeres embarazadas o lactantes tienen derecho a ser protegidas contra el trabajo peligroso o insalubre, de acuerdo con las normas de la OIT. Sólo 53 países ofrecen el derecho a tiempo libre remunerado para exámenes médicos prenatales. En muchos países también faltaba tiempo libre, seguridad en los ingresos e instalaciones adecuadas para la lactancia.

El informe considera que hay “un fuerte argumento de inversión” para crear un paquete transformador de políticas de cuidados, basado en el acceso universal, que crearía una vía innovadora para construir un mundo laboral mejor y más igualitario desde el punto de vista del género. Según el informe, la inversión en la igualdad de género en los permisos, la atención infantil universal y los servicios de cuidados de larga duración podría generar hasta 299 millones de puestos de trabajo de aquí a 2035. Cerrar estas brechas políticas requeriría una inversión anual de 5,4 billones de dólares (equivalente al 4,2% del PIB total anual) para 2035, parte de la cual podría compensarse con un aumento de los ingresos fiscales por los ingresos y el empleo adicionales.

Fuente: OIT 07 de marzo de 2022