Cuando el número de personas obesas alrededor del mundo ya supera los mil millones y con esa cifra en aumento, la Organización Mundial de la Salud pidió a todos los países que se esfuercen en revertir esta crisis.

El organismo de las Naciones Unidas explicó que una buena nutrición durante el embarazo, seguida de una lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y una lactancia continuada hasta los dos años representa la mejor opción para todos los bebés.

Según los cálculos de la Organización, la obesidad crece sin parar y ya afecta a 650 millones de adultos, 340 millones de adolescentes y 39 millones de niños. Por ello, estima que, en el año 2025, unos 167 millones de personas gozarán de peor salud por motivos de sobrepeso u obesidad.

“La obesidad es una enfermedad que afecta a la mayoría de los sistemas corporales. Afecta al corazón, el hígado, los riñones, las articulaciones y el aparato reproductor. Provoca una serie de enfermedades no transmisibles, como la diabetes de tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares, diversas formas de cáncer, así como problemas de salud mental”, explican desde la agencia.

Entre las medidas más efectivas para combatir la obesidad destaca la necesidad de que los países colaboren en la creación de un mejor entorno alimentario, de modo que todas las personas puedan acceder a una dieta saludable y permitírsela.

Para conseguirlo, la Organización propone limitar la comercialización para los niños de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas, azúcar y sal, la aplicación de impuestos a las bebidas azucaradas y la mejora del acceso a alimentos asequibles y saludables.

A todas estas acciones, la agencia le sumó la creación de espacios seguros para pasear, ir en bicicleta o dedicados al ocio y la enseñanza de hábitos alimenticios saludables en las escuelas

La respuesta de la agencia de la ONU a la crisis de obesidad incluye el seguimiento a nivel mundial de las tendencias y la prevalencia sobre la obesidad, la elaboración de una amplia gama de orientaciones que abordan la prevención y el tratamiento del sobrepeso, y el consiguiente apoyo y orientación en la puesta en práctica en los países.

A petición de los Estados miembros, la secretaría del organismo está elaborando un plan de acción urgente para acabar con la obesidad, tratar la epidemia en los países con mayor incidencia y catalizar la acción mundial.

El Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos ha hecho un llamamiento a todos los países para que reduzcan la cantidad de residuos de antimicrobianos que se vierten al medio ambiente. Con ese fin, deberían realizarse estudios y aplicar medidas para eliminar de forma segura estos residuos de los alimentos, los sistemas de salud humana y sanidad animal y las instalaciones de fabricación.

En su declaración, el Grupo de Liderazgo Mundial pide a todos los países que mejoren las medidas de tratamiento y eliminación de los desechos que contienen antimicrobianos y las escorrentías procedentes de las instalaciones de fabricación, las explotaciones agrarias, los hospitales y otras fuentes.

Los antimicrobianos administrados a los seres humanos, los animales y las plantas entran en el medio ambiente y en las fuentes de agua (incluidas las de agua potable) a través de las aguas residuales, los desechos, las escorrentías y las aguas negras y, por esa vía, propagan organismos farmacorresistentes y, por consiguiente, la propia resistencia a los antimicrobianos.

Es fundamental reducir la cantidad de contaminación por antimicrobianos que se vierte al medio ambiente para que estos fármacos sigan siendo eficaces.

El Grupo de Liderazgo Mundial hace un llamamiento a todos los países a fin de que promulguen y apliquen reglamentos y normas para supervisar y controlar mejor la distribución de antimicrobianos y organismos resistentes a los medicamentos y su vertido al medio ambiente.

Estas son otras medidas esenciales recomendadas:

El uso actual de fármacos antimicrobianos en los seres humanos, los animales y los vegetales está provocando un aumento preocupante de la farmacorresistencia y está dificultando el tratamiento de las infecciones.

Los patógenos resistentes a los medicamentos causan casi 5 millones de defunciones al año- en inglés. Es necesario actuar urgentemente para frenar el aumento y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos en todos los países. Si no lo hacemos, nos acercaremos rápidamente a un punto de inflexión en el que los antimicrobianos necesarios para tratar las infecciones en el ser humano, los animales y los vegetales dejarán de ser eficaces.

El impacto en los sistemas de salud locales y mundiales, en las economías, en la seguridad alimentaria y en los sistemas alimentarios será devastador.

Aunque se desconoce el alcance exacto de la contaminación por antimicrobianos en el mundo, la evidencia indica que podría dar lugar a incrementos significativos de la resistencia a estos fármacos. Por ejemplo, se han encontrado bacterias multirresistentes en las aguas marinas y en los sedimentos cercanos a los lugares donde se vierten desechos de la acuicultura, las industrias y los asentamientos urbanos.

Las personas de todos los países pueden ayudar a eliminar correctamente los medicamentos caducados y no utilizados.

Por su parte, los inversores pueden invertir en la investigación y el desarrollo de tecnologías costo eficaces de tratamiento de residuos que sean más ecológicas.

La convivencia de las personas con el COVID-19 ha provocado un importante repunte de las enfermedades mentales. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud destaca que durante el primer año de la pandemia la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%.

Aunque el 90% de los países encuestados incluyeron la salud mental y el apoyo psicosocial en sus planes de respuesta a la COVID-19, el informe indica que todavía siguen existiendo importantes lagunas y preocupaciones.

El informe concluye que este aumento afectó más a las mujeres que a los hombres, y a los jóvenes, especialmente los que tenían entre 20 y 24 años, más que a los adultos mayores.

Una de las principales causas de este incremento fue el estrés sin precedentes que causó el aislamiento social provocado por la pandemia. A este factor, se le ha de añadir otros condicionantes como las limitaciones de las personas a la hora de trabajar, a recibir el apoyo de sus seres queridos y a participar en sus comunidades.

Otros factores que condujeron a los altos niveles de ansiedad y depresión fueron la soledad, el miedo a la infección, al sufrimiento y a la muerte, tanto propia como de los seres queridos, el dolor tras el duelo y las preocupaciones económicas. Entre el personal sanitario, el agotamiento fue una de las principales causas de los pensamientos suicidas.

El informe muestra que la pandemia ha afectado a la salud mental de los jóvenes y que éstos corren un alto riesgo de sufrir conductas suicidas y de autolesionarse.

También indica que las personas con enfermedades físicas preexistentes, como el asma, el cáncer y las cardiopatías fueron más propensas a desarrollar síntomas de trastornos mentales.

Sin embargo, los datos sugieren que las personas con trastornos mentales preexistentes no suelen presentar una mayor vulnerabilidad a la infección por COVID-19. En cambio, cuando estas personas se infectan, son más propensas a sufrir hospitalizaciones, enfermedades graves y muerte en comparación con las personas sin trastornos mentales.

Las personas con trastornos mentales más graves, como las psicosis, y los jóvenes aquejados de estos padecimientos, corren un mayor riesgo.

El aumento de casos de depresión y ansiedad coincidió con graves interrupciones en los servicios de salud mental. Durante gran parte de la pandemia, los servicios dedicados a las enfermedades mentales, neurológicas y de consumo de sustancias tóxicas fueron los más afectados entre todos los servicios sanitarios esenciales notificados por los Estados miembros de la Organización.

Al no poder acceder a la atención presencial buscaron apoyo en línea, una situación que indica la necesidad urgente de disponer de herramientas digitales fiables y eficaces y de fácil acceso. Sin embargo, el diseño y el despliegue de estas actuaciones digitales todavía supone un gran reto en los países y entornos con recursos limitados.

Jefes de Estado, ministros de Medio Ambiente y otros representantes de 175 países respaldaron una resolución histórica para acabar con la contaminación del plásticos y forjar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para finales de 2024.

La histórica resolución aborda el ciclo de vida completo del plástico, incluyendo su producción, diseño y eliminación.

Paralelamente a las negociaciones sobre un acuerdo internacional vinculante, la agencia de la ONU trabajará con cualquier gobierno y empresa que lo desee en toda la cadena de valor para abandonar los plásticos de un solo uso, así como para movilizar la financiación privada y eliminar las barreras a las inversiones en investigación y en una nueva economía circular.

La contaminación por plástico pasó de dos millones de toneladas en 1950 a 348 millones en 2017, convirtiéndose en una industria mundial valorada en 522.600 millones de dólares, según datos del Programa. Se espera que se duplique su cantidad, de aquí a 2040.

Los impactos de la producción y la contaminación debida a los plásticos son una catástrofe en ciernes en el contexto de la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la contaminación.

La exposición a los plásticos perjudica la salud humana, y puede afectar a la fertilidad, la actividad hormonal, metabólica y neurológica, mientras que la quema abierta de plásticos contribuye a la contaminación del aire.

1.- El volumen de plásticos que llegan a los océanos en más de un 80% para 2040

2.- La producción de plástico virgen en un 55%

3.- Ahorrar a los gobiernos 70.000 millones de dólares para 2040

4.- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%

5.- Crear 700.000 puestos de trabajo adicionales, principalmente en los países del sur

La histórica resolución, titulada “Acaban con la contaminación del plástico: Hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante”, fue adoptada al concluir la reunión de tres días de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a la que asistieron más de 3400 participantes en persona y 1500 en línea de 175 Estados, entre ellos 79 ministros y 17 funcionarios de alto nivel.

La nueva norma se ha elaborado en el marco de la iniciativa de la OMS Escuchar sin riesgos, que tiene por objeto mejorar las prácticas de escucha, especialmente entre los jóvenes, apoyándose en las últimas evidencias y en consultas con diferentes partes interesadas, como expertos de la OMS, los gobiernos, la industria, los consumidores y la sociedad civil.

La OMS alienta a los gobiernos a elaborar y aplicar legislación que promueva la escucha segura y a dar a conocer los riesgos de la pérdida de audición. El sector privado debería incluir las recomendaciones de la OMS para la escucha segura en sus productos y en lugares y eventos de entretenimiento. Para impulsar el cambio de comportamiento, las organizaciones de la sociedad civil, los padres, los maestros y los médicos pueden educar a los jóvenes para que adopten hábitos de escucha segura.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Marítima Internacional (OMI), la UNCTAD y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instan a los gobiernos, la industria naviera y otras partes interesadas a intensificar los esfuerzos para salvaguardar la salud y la seguridad de la gente de mar y evitar interrupciones en la cadena de suministro durante la pandemia en curso.

Según el Indicador de cambio de tripulación de la Declaración de Neptune , que se basa en datos de 10 importantes administradores de buques que emplean a unos 90.000 marinos, el porcentaje de marinos a bordo de buques más allá de sus contratos disminuyó del 9 % en julio de 2021 al 3,7 % en diciembre de 2021.

Más del 80% del volumen del comercio mundial de mercancías se transporta por mar. Y durante la pandemia, los 1,9 millones de marinos del mundo han desempeñado un papel vital para mantener los barcos en movimiento y garantizar que se entreguen bienes críticos como alimentos, equipos médicos y vacunas.

Pero las restricciones para combatir la propagación de la pandemia han significado que muchos marinos no puedan abandonar los barcos. Permanecieron varados en el mar mucho más allá de la expiración de sus contratos de trabajo y, a menudo, más allá del período máximo predeterminado de 11 meses de servicio continuo a bordo, según lo exige el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006, enmendado.

En diciembre, la UNCTAD publicó un resumen de políticas que subrayaba la necesidad de una cooperación internacional más fuerte para mantener seguras a las personas de mar y mantener abiertas las cadenas de suministro mundiales en medio de la evolución de la pandemia.

Destacó que la acción para proteger los derechos y el bienestar de la tripulación del transporte marítimo y sus familias ayudaría a apoyar las economías de los países de origen de la gente de mar y mantener el flujo fluido del comercio mundial. Dicho apoyo también ayudaría a avanzar en el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico.

Reconociendo el papel fundamental del sector marítimo para mantener el flujo del comercio durante la lucha global contra el COVID-19, las cuatro organizaciones de la ONU hacen un llamado a los gobiernos, las autoridades nacionales y locales y a todas las partes interesadas relevantes, incluidos los empleadores, para que tomen las siguientes 10 acciones críticas.

El Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las personas , organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó con compromisos renovados para impulsar una recuperación que priorice a las personas y aborde las peligrosas desigualdades agravadas por la crisis de la COVID-19.

El Foro, de tres días de duración, reunió a Jefes de Estado y de Gobierno, directores de organizaciones internacionales y de bancos multilaterales de desarrollo, y líderes de empleadores y trabajadores de todo el mundo para proponer acciones concretas que permitan reconstruir mejor y reforzar el nivel y la coherencia de la respuesta de la comunidad internacional a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Se comprometieron con los objetivos de una recuperación centrada en las personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), UNICEF, el Banco Africano de Desarrollo (BAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas.

En las sesiones temáticas del Foro se abordaron las cuestiones más apremiantes a las que se enfrenta el mundo del trabajo: el crecimiento inclusivo y el empleo decente, la protección social universal, la protección de los trabajadores y el mantenimiento de las empresas, y la transición justa hacia la neutralidad del carbono. Se cerró con un debate sobre cómo alcanzar una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente tras la crisis de la COVID-19.

Entre los resultados más destacados de la coherencia política multilateral del Foro Mundial se encuentran los siguientes:

Un nuevo Memorando de Entendimiento que se firmará con el BIsD para apoyar una recuperación centrada en el ser humano, que prevé la cooperación en ámbitos como la capacitación económica de los jóvenes, la igualdad de género, el trabajo decente en situaciones de crisis y el fomento de la cooperación triangular Sur-Sur.

Otros socios multilaterales también se refirieron a los elementos de una recuperación centrada en las personas. El Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas hizo hincapié en la necesidad de una transición centrada en el ser humano para hacer frente a la crisis climática. El Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales llamó la atención sobre la aplicación de una nueva comunicación de la Unión Europea sobre el trabajo decente -guiada por los cuatro pilares del trabajo decente de la OIT- para una transición justa global y una recuperación sostenible. La FAO se comprometió a movilizar financiación adicional para construir sistemas sólidos de protección social a través de asociaciones eficientes, eficaces y coherentes y de la solidaridad mundial. La OMC habló de la necesidad vital de que el comercio aumente los niveles de vida, cree empleos decentes y beneficie a las personas.

Fuente: OIT 25 de febrero de 2022

Un nuevo informe sobre Crecimiento demográfico mundial y desarrollo sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU revela que desde 1950 el número de habitantes del planeta se ha triplicado con creces y podría llegar a ser de 11.000 millones a finales de siglo.

El rápido aumento de la población puede agravar el reto de garantizar que el desarrollo futuro sea sostenible e inclusivo. La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con la salud, la educación y la igualdad de género, puede contribuir a frenar el crecimiento demográfico mundial.

Los responsables del informe añadieron que “los países más prósperos son los que soportan una mayor responsabilidad en cuanto al avance rápido del objetivo de conseguir las cero emisiones de gases de efecto invernadero y en la aplicación de estrategias para separar la actividad económica de la degradación medioambiental”.

El análisis también destaca que el mayor crecimiento de la población mundial en el futuro tendrá lugar en los países en desarrollo.

Una de las causas del rápido aumento poblacional se debió a una mejora de la esperanza de vida, que vendría impulsado por varios factores como las mejoras en salud pública, nutrición, higiene personal y medicina.

Sin embargo, añadieron que el aumento de la población también supone un fracaso a la hora de garantizar que todas las personas tengan el conocimiento, la capacidad y los medios para determinar si quieren tener hijos y cuándo.

El estudio también revela que, a medida que sus economías avancen, los países en desarrollo necesitarán apoyo para reducir las futuras emisiones contaminantes, así como asistencia técnica y financiera.

Los sistemas alimentarios también tendrán que ser más sostenibles para satisfacer las crecientes necesidades y limitar los daños medioambientales.

Los 10 mensajes clave del informe

Más de la mitad de los progenitores y las embarazadas (el 51%) encuestados para redactar un nuevo informe de la OMS y el UNICEF- en inglés afirman haber recibido publicidad de sucedáneos de la leche materna (también denominados «leches artificiales» y «preparados para lactantes») que, a menudo, infringe las normas internacionales sobre alimentación infantil.

El informe, cuyo título es Cómo influye la mercadotecnia de los sucedáneos de la leche materna en nuestras decisiones sobre la alimentación infantil-en inglés, se basa en entrevistas a progenitores, embarazadas y trabajadores de la salud de ocho países y revela las estrategias sistemáticas y poco éticas de promoción que utilizan los fabricantes de estos productos, que reportan US$ 55 000 millones en ventas, con objeto de influir en las decisiones que toman los padres y madres relativas a la alimentación de sus hijos.

De acuerdo con el informe, esta industria utiliza técnicas de mercadotecnia como la publicidad no regulada e invasiva en línea, el uso de redes de asesoramiento y líneas de atención telefónica patrocinadas, las promociones y regalos gratuitos y las prácticas encaminadas a influir en la formación del personal de salud y las recomendaciones que hacen estos trabajadores. Los mensajes que reciben los progenitores y el personal de salud suelen ser engañosos, ajenos a la ciencia y contrarios al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, un acuerdo histórico en materia de salud pública adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1981 para proteger a las madres de las prácticas abusivas de mercadotecnia utilizadas por los fabricantes de alimentos para lactantes.

Los datos obtenidos en el informe, para el que se encuestó a 8500 progenitores y embarazadas y a 300 trabajadores de la salud en varias ciudades de Bangladesh, China, México, Marruecos, Nigeria, Reino Unido, Sudáfrica y Viet Nam, indican que, en el Reino Unido, en Viet Nam y en China, el 84%, el 92% y el 97% de las mujeres encuestadas, respectivamente, habían recibido publicidad de estos productos. Estas técnicas de promoción hacen que aumente la probabilidad de que las madres alimenten a sus hijos con leches artificiales.

En todos los países encuestados, las mujeres expresaron su determinación de alimentar a sus hijos exclusivamente mediante la leche materna, con unos porcentajes que oscilaron entre el 49% de las mujeres en Marruecos y el 98% en Bangladesh. Sin embargo, el informe demuestra que hay un flujo constante de publicidad engañosa que refuerza los mitos sobre la lactancia y la leche maternas y hace que las mujeres duden de su capacidad para amamantar. Por ejemplo, se explica que en los primeros días después del parto hay que dar preparados artificiales al bebé, que la leche materna no se adapta a las necesidades nutricionales del neonato, que se ha demostrado que los sucedáneos de la leche materna contienen sustancias que mejoran el desarrollo y la inmunidad del niño, que estas leches artificiales sacian a los bebés durante más tiempo y que la calidad de la leche materna disminuye con el tiempo.

La lactancia materna durante la primera hora de vida, seguida de la alimentación exclusiva con leche materna durante seis meses y la continuación de la lactancia natural hasta que el niño tenga dos años o más, es un método inmejorable para combatir todas las formas de malnutrición infantil, incluidas la emaciación y la obesidad. Además, funciona como primera vacuna para el neonato y lo protege contra muchas enfermedades frecuentes en la edad infantil. La lactancia materna también reduce el riesgo de presentar diabetes, obesidad y algunas formas de cáncer en las mujeres en etapas posteriores de la vida. Sin embargo, según los datos obtenidos en todo el mundo, solo se alimenta exclusivamente con leche materna al 44% de los niños menores de 6 meses. Las tasas mundiales de lactancia materna han aumentado muy poco en las dos últimas décadas, mientras que las ventas de sucedáneos se han duplicado con creces aproximadamente en el mismo periodo.

Otra cuestión que resulta preocupante es la constatación que, según indica el informe, las empresas que fabrican alimentos para bebés se dirigen a un gran número de trabajadores de la salud en todos los países para influir en las recomendaciones que brindan a las mujeres que acaban de dar a luz. Estas empresas entregan al personal de salud regalos, muestras gratuitas o fondos para investigación; organizan reuniones, eventos y conferencias con gastos pagados, y llegan incluso a ofrecer comisiones sobre las ventas, todo lo cual afecta directamente a las decisiones de los padres y madres relativas a la alimentación de sus hijos. Más de un tercio de las mujeres encuestadas refirieron que un trabajador de la salud les había recomendado una marca concreta de preparado para lactantes.

Para hacer frente a estos problemas, la OMS, el UNICEF y sus asociados hacen un llamamiento a los gobiernos, el personal de salud y los fabricantes de alimentos para lactantes con objeto de poner fin a la promoción indebida estos productos y de que se aplique y cumpla plenamente el Código Internacional. Con ese fin, se recomienda:

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han publicado una nueva guía sobre el desarrollo y la implementación de programas más sólidos de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores sanitarios, ya que la pandemia de COVID-19 sigue ejerciendo una gran presión sobre ellos.

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un alto precio adicional para los trabajadores sanitarios y ha demostrado un peligroso descuido de su salud, seguridad y bienestar. Más de uno de cada tres centros sanitarios carece de puestos de higiene en el punto de atención. Menos de uno de cada seis países tiene una política nacional sobre un entorno de trabajo saludable y seguro en el sector sanitario.

La OIT y la OMS recomiendan desarrollar y aplicar programas sostenibles para la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores sanitarios a nivel nacional, subnacional y de los centros de salud. Dichos programas deben abarcar todos los riesgos laborales: infecciosos, ergonómicos, físicos, químicos y psicosociales.

La guía también describe el papel que deben desempeñar los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y los servicios de salud laboral en la promoción y protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores sanitarios. Destaca que la inversión, la formación, el seguimiento y la colaboración continuos son esenciales para mantener los avances en la aplicación de los programas.

Los países que han desarrollado y están aplicando activamente programas de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores de la salud han experimentado reducciones en las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y en las ausencias por enfermedad, así como mejoras en el entorno laboral, la productividad del trabajo y la retención de los trabajadores de la salud.

La OIT y la OMS seguirán proporcionando orientación y asistencia a los países para desarrollar y aplicar programas de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores de la salud.

La contaminación atmosférica es el mayor contribuyente ambiental a las muertes prematuras, al causar unos siete millones de ellas cada año.

La exposición a sustancias tóxicas aumenta el riesgo de muerte prematura, intoxicación aguda, cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, efectos adversos en los sistemas inmunológico, endocrino y reproductivo, anomalías congénitas y secuelas en el desarrollo neurológico de por vida.

Una cuarta parte de la carga mundial de morbilidad se atribuye a factores de riesgo ambientales evitables, la inmensa mayoría de los cuales implica la exposición a la contaminación y a las sustancias tóxicas.

Cada año se emiten o vierten cientos de millones de toneladas de sustancias tóxicas al aire, el agua y el suelo. La producción de sustancias químicas se duplicó entre 2000 y 2017, y se espera que se duplique de nuevo para 2030 y se triplique para 2050, produciéndose la mayor parte del crecimiento en los países no miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el resultado de este crecimiento será un aumento de la exposición a los riesgos y un empeoramiento de las repercusiones para la salud y el impacto ambiental.

Entre los motivos de preocupación recientes figuran las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, los alteradores endocrinos, los microplásticos, los plaguicidas neonicotinoides, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los residuos farmacéuticos y las nanopartículas.

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas son un grupo de miles de sustancias químicas de extendido uso en aplicaciones industriales y de consumo, como las espumas para sofocar incendios y los revestimientos hidrófugos y lipófobos para textiles, papel y utensilios de cocina.

Prácticamente todas las personas de los países industrializados tienen sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas en su organismo. La exposición a estos productos se ha asociado a lesiones hepáticas, hipertensión, disminución de la respuesta inmunitaria, disminución de la fertilidad, menor peso al nacer y cáncer testicular y de riñón.

En la Unión Europea, los costos relacionados con la salud que se derivan de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas oscilan entre los 52.000 y los 84.000 millones de euros anuales, mientras que los costos de tratamiento y recuperación del suelo y las aguas contaminadas van de los 10.000 a los 170.000 millones de euros.

Otras formas de contaminación más conocidas proceden de la extracción, el procesamiento, la distribución y la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que producen ingentes volúmenes de contaminación y sustancias químicas tóxicas.

Otras industrias que producen enormes volúmenes de contaminación y sustancias tóxicas son la minería y la fundición, la industria manufacturera, el sector textil, la construcción y el transporte.

Los seres humanos están expuestos a sustancias tóxicas a través de la respiración, los alimentos y la bebida, por contacto con la piel y a través del cordón umbilical en el vientre materno. Los estudios de biomonitorización revelan la presencia de residuos de plaguicidas, ftalatos, pirorretardantes, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, metales pesados y microplásticos en nuestro organismo. Incluso se encuentran sustancias tóxicas en los recién nacidos.

La gran mayoría de los niños con cáncer viven en países de ingresos bajos y medianos, donde encaran una desigualdad aguda en la detección temprana, el diagnóstico y el acceso a tratamientos de calidad y cuidados paliativos de la enfermedad, reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esa desigualdad hace variar la tasa de supervivencia entre un 80% y un 20% según el país.

En América Latina y el Caribe, el cáncer es la segunda causa de muerte en las personas de hasta 19 años. Unos 29.000 niños son diagnosticados cada año y los tipos más comunes son la leucemia, el linfoma, tumores de sistema nervioso central, el tumor de Wilms y el retinoblastoma.

La tasa de supervivencia al padecimiento en la región es de 55%, por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja en la región con el propósito de lograr para el 2030 una tasa de curación del 60%. La cifra es el objetivo global de la iniciativa CureAll.

Hasta ahora, trece países latinoamericanos participan en la iniciativa desarrollando o fortaleciendo planes nacionales de cáncer infantil y ampliando el acceso al diagnóstico y al tratamiento.

Si bien el cáncer infantil no se puede prevenir, la mayor parte de los casos se puede curar con quimioterapia, cirugía y radioterapia. Por ello, es necesario realizar un diagnóstico precoz y preciso seguido de un tratamiento eficaz.

Una de las causas de la baja supervivencia al cáncer infantil es el alto nivel de abandono del tratamiento, que en los países de América Latina alcanza el 30% en los países de ingresos bajos y medios.

A diferencia de lo que ocurre con el cáncer en los adultos, las causas de la inmensa mayoría de los casos de cáncer infantil se desconocen.

Según se desprende de los datos actuales, alrededor de un 10% de los niños que padecen cáncer tienen una predisposición de carácter genético. Es necesario investigar más a fondo para conocer los factores que influyen en la aparición de cáncer en los niños.

Cuando el cáncer infantil se detecta en una fase temprana es más probable que responda a un tratamiento adecuado, elevando así las probabilidades de sobrevivencia, reduciendo el sufrimiento y reduciendo los costos y la intensidad de la terapia.

Generalmente, los síntomas detectables de alerta incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso y persistente, dolores óseos o pérdida de peso. Las familias y profesionales de la atención primaria de salud debidamente formados pueden detectar estos síntomas.

Los tratamientos habituales son la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. Además, se debe dar mucha atención al desarrollo físico y cognitivo del niño y a su estado nutricional.

El progreso en el desarrollo a nivel mundial no genera automáticamente una mayor sensación de seguridad, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre seguridad humana.

El informe Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno aporta nuevos datos y análisis que muestran que, a pesar de los avances de desarrollo acumulados durante años, la sensación de seguridad de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, incluidos los más ricos. Países con algunos de los niveles más elevados de buena salud, riqueza y educación muestran mayor grado de ansiedad incluso que hace diez años.

Para abordar esta desconexión entre desarrollo y percepción de seguridad, el informe hace un llamado a reforzar la solidaridad internacional y a elaborar un nuevo enfoque de desarrollo que permita a las personas vivir sin carencias, miedo, ansiedad e indignidad.

Nunca fue más evidente el imperativo de actuar sin demora. Los datos muestran una bajada en la esperanza de vida a nivel mundial, por segundo año consecutivo, debido a la COVID-19 y un empeoramiento de todos los parámetros de medición del desarrollo humano. Además, es probable que el cambio climático se convierta en una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Aún con una reducción moderada de las emisiones, los cambios de temperatura podrían ocasionar la muerte de 40 millones de personas de aquí a fin de siglo.

El informe examina una serie de amenazas que han ido adquiriendo mayor prominencia en los últimos años, como las relacionadas con las tecnologías digitales, las desigualdades, los conflictos, y la capacidad de los sistemas de salud para enfrentar los nuevos retos, como la pandemia de la COVID-19.

Según los autores del informe, la lucha contra estas amenazas exigirá que los responsables políticos las aborden conjuntamente considerando los principios de protección, empoderamiento, y solidaridad de manera que se creen sinergias, y no contradicciones, entre la seguridad de las personas, la salud del planeta, y el desarrollo humano. Esto significa que las soluciones de un problema no deben ocasionar el exacerbamiento de otros.

El informe señala, asimismo, la estrecha relación existente entre la pérdida de confianza y los sentimientos de inseguridad. Las personas con una mayor sensación de inseguridad humana tienen tres veces menos probabilidades de tener confianza en los demás.

Otras conclusiones novedosas del informe:

El concepto de seguridad humana, dado a conocer originalmente en 1994 en el pionero Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, introdujo un cambio radical en la manera de pensar sobre la seguridad de las personas, alejándose de la idea de seguridad personal unida exclusivamente a la seguridad territorial y poniendo el énfasis en la importancia de las necesidades básicas, la dignidad, y la protección de las personas a la hora de disfrutar de vidas seguras.

El nuevo estudio aporta nuevos datos y análisis que demuestran que la sensación de protección de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países. Las naciones con algunos de los niveles más elevados de salud, riqueza y educación muestran un mayor grado de ansiedad que hace diez años.

Los datos recogidos en el análisis muestran la necesidad de actuar de inmediato ya que por segundo año consecutivo indican un descenso en la esperanza de vida a nivel mundial debido a la COVID-19 y a un empeoramiento de todos los parámetros de medición del desarrollo humano.

A este factor, hay añadirle la grave amenaza que representa el cambio climático. Aunque se produzca una moderada reducción de las emisiones contaminantes, los cambios de temperatura podrían ocasionar la muerte de 40 millones de personas de aquí a fin de siglo.

El informe analiza una serie de amenazas que han ido adquiriendo mayor prominencia en los últimos años, como las relacionadas con las tecnologías digitales, las desigualdades, los conflictos, y la capacidad de los sistemas de salud para enfrentar los nuevos retos.

Según los autores del estudio, la lucha contra estas amenazas exigirá que los responsables políticos las aborden conjuntamente considerando los principios de protección, empoderamiento, y solidaridad de manera que se creen sinergias, y no contradicciones, entre la seguridad de las personas, la salud del planeta, y el desarrollo humano. Esto significa que las soluciones de un problema no deben ocasionar el exacerbamiento de otros.

La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos y que internacionalmente es reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y las niñas.

Esta práctica se concentra en cerca de 30 países de África y de Oriente Medio y Asia meridional, así como algunos países asiáticos (India, Indonesia, Iraq y Paquistán) y algunas pequeñas comunidades de Latinoamérica. Asimismo, persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norte América, Australia y Nueva Zelanda.

En 2021, la pandemia de COVID-19 afectó de manera negativa y desproporcionada a las niñas y las mujeres, lo que ha dado lugar a una pandemia en la sombra que entorpece la consecución de la meta 5.3 del ODS sobre la eliminación de todas las prácticas nocivas, incluida la mutilación genital femenina. El Fondo de Población estima que debido a las interrupciones en los programas de prevención relacionadas con la pandemia podrían derivar a lo largo del próximo decenio en 2 millones de casos de mutilación genital femenina que, de otro modo, se podrían haber evitado. En respuesta a esta nueva situación, las Naciones Unidas, a través de su programa conjunto UNFPA-UNICEF, han ido adaptando las intervenciones para garantizar la integración de la mutilación genital femenina en la respuesta humanitaria, así como la ayuda posterior a las crisis.

Para promover su erradicación es necesario realizar esfuerzos coordinados y sistemáticos en los que participen las comunidades en torno a la concienciación sobre los derechos humanos, la igualdad de género, la educación sexual y la atención a las víctimas de la ablación.

https://youtu.be/GK1IV9BBdC4

Con esta filosofía en 2012 la Asamblea General de la ONU designó el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina, una jornada de concienciación para ampliar y dirigir los esfuerzos para la eliminación de esta práctica.

Este 2022 el Programa conjunto del Fondo de Población y UNICEF sobre la eliminación de la mutilación genital femenina lanzan el tema: “Acelerar la inversión para poner fin a la mutilación genital femenina”. Muchos países están experimentando una “crisis dentro de una crisis” como consecuencia de la pandemia provocando un aumento de la mutilación genital femenina. Por ello, las Naciones Unidas hacen un llamamiento a la comunidad mundial para que reimagine un mundo que permita a las niñas y las mujeres tener voz, elección y control sobre sus propias vidas.

Aunque la práctica se ha mantenido por más de mil años, hay motivos para pensar que se puede acabar con la mutilación genital femenina en una sola generación. Es por ello que las Naciones Unidas luchan por su erradicación plena para 2030, siguiendo el espíritu del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.

Para ello cuenta desde 2008 con el mayor programa mundial para acelerar la eliminación de la MGF dirigido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y UNICEF. Ese programa se centra en la actualidad en 17 países africanos principalmente.

día de hoy esta colaboración ha conllevado importantes logros. A través del programa conjunto más de 5,5 millones de niñas y mujeres recibieron servicios de prevención, protección o cuidados relacionados con la MGF. Además, en torno a 42,5 millones de personas se manifestaron públicamente para abandonar esta práctica perjudicial, y el número de comunidades que establecieron estructuras de vigilancia para rastrear a las niñas consiguieron proteger a 361.808 niñas.

El cáncer se vincula con la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo. Este proceso se denomina “metástasis” y es la principal causa de muerte por cáncer. Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información de los principales indicadores sobre la mortalidad causada por tumores malignos en la población mexicana.

En 2020 se registraron 1,086,743 defunciones en México, de las cuales 8% fueron por tumores malignos (90,603 casos). La tasa de defunciones por esta causa aumentó durante la última década, al pasar de 6.18 defunciones por cada 10 mil personas en 2010 a 7.17 por cada 10 mil personas en 2020.

La Organización Panamericana de la Salud lanzó una nueva campaña que coincide con el mes de febrero para concienciar y promover la calidad del servicio de atención a los recién nacidos durante sus primeros 28 días de vida, el periodo en el que corren mayor riesgo de morir.

El objetivo de la iniciativa “28 días, tiempo para cuidar y amar” , a cargo del Centro Latinoamericano de Perinatología de la agencia sanitaria, es aumentar el conocimiento, las habilidades y la confianza en sí mismos de las madres, los padres, las familias y los cuidadores de recién nacidos.

Del mismo modo, busca concienciar a los profesionales de la salud sobre la importancia de las buenas prácticas de cuidado para reducir la mortalidad neonatal.

Según los registros de la agencia, de cada mil niños nacidos en América Latina y el Caribe, siete no llegan a cumplir el primer mes de vida. Esta proporción varía desde los 1,7 bebés en Aruba y los 2,3 en Cuba, hasta los 18 en la República Dominicana y los 32 en Haití.

La mayoría de estas muertes son evitables y, sin embargo, suponen cerca de la mitad de todos los fallecimientos de bebés durante el primer año de vida.

Entre los cuidados previstos en la campaña destacan el contacto piel a piel, la lactancia materna de forma exclusiva, el mantenimiento del cordón umbilical limpio y seco, y la administración de vitamina K al nacer.

La OPS compartirá a diario durante febrero 28 mensajes clave y testimonios vinculados con el cuidado de los recién nacidos y también presentará una aplicación con información dirigida a padres, familias, cuidadores y trabajadores de salud con consejos sobre la atención de los bebés.

Igualmente, publicará un documento de diez pasos dirigido a los tomadores de decisiones con el fin de que elaboren políticas que mejoren la salud de los recién nacidos en el continente americano.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) que permiten conocer la participación de las personas de 18 años y más de edad en la práctica de algún deporte o la realización de ejercicio físico en su tiempo libre, así como las principales razones de quienes no realizan actividad físico-deportiva.

Principales resultados

El MOPRADEF genera información para el indicador clave “porcentaje de población de 18 años y más, activa físicamente en el agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil y más habitantes”, que para 2021 presenta un valor de 39.6 por ciento.

Comparando la información con el levantamiento anterior, los datos de 2021 no muestran un incremento significativo de la población que declaró realizar actividad físico-deportiva, aun y cuando se han reabierto parques, espacios y centros deportivos tanto públicos como privados, según el semáforo epidemiológico de cada entidad, y han disminuido las restricciones de asistencia a estos espacios públicos.

Comparando la información por sexo de la población que declaró realizar deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, los hombres siguen presentando mayor porcentaje que las mujeres (46.7% y 33.3%, respectivamente). El porcentaje de hombres activos físicamente aumentó ligeramente comparado con el levantamiento anterior, pero la diferencia es estadísticamente no significativa.

El grupo de 18 a 24 años de edad presentó la mayor proporción de población activa físicamente en su tiempo libre con 64.7 por ciento. El grupo de 45 a 54 años registró la menor proporción con 31.6 por ciento.

En el grupo de mujeres de 35 a 44 años de edad se registró la mayor proporción de población activa físicamente con 35.2 %. Esta situación es distinta a la que se había observado en los levantamientos de 2019 y 2020, donde las mujeres más activas físicamente fueron las del grupo de 18 a 24 años de edad.

De la población activa físicamente (39.6%), 1.7% no realizó ejercicio en la semana previa a ser entrevistada (semana de referencia en el módulo) por algún motivo. Este es el segundo valor más bajo que se observa desde que inició el levantamiento de este módulo en 2013, sólo superado por el resultado obtenido en 2020.

La mayoría de la población activa físicamente y que sí realizó ejercicio la semana previa (62.8%) señala que lo llevó a cabo por iniciativa propia, ya que nadie ha sido su principal influencia. Complementariamente, 13.0% de la población activa físicamente practicó ejercicio por una recomendación médica.

Si bien, el porcentaje de mujeres que realizó actividad física fue menor que el de hombres, en cuanto a nivel de suficiencia las mujeres lo realizaron en mayor proporción (54.7%) que los hombres activos físicamente (52.5%). Este comportamiento ha sido constante a lo largo de los levantamientos.

En 2020, 59.7% de las mujeres cumplió un nivel de suficiencia para obtener beneficios en la salud mientras que la proporción en los hombres fue 55.7%. En 2019, 61.3% de las mujeres y 49.2% de los hombres lograron el nivel suficiente.

El tiempo promedio semanal de práctica físico-deportiva que realizaron los hombres que alcanzan el nivel de suficiencia fue de 5 horas 45 minutos, mientras que para las mujeres fue de 5 horas 24 minutos.

En 2020 aumentó la población que realizó ejercicio o actividad física en domicilios particulares. En tanto que para noviembre de 2021 los lugares de práctica privados abrieron sus puertas a la población de forma regular.

La población que realizó práctica físico-deportiva en instalaciones o lugares privados dedicó mayor tiempo a la semana y lo realizó con mayor intensidad que la población que utilizó instalaciones o lugares públicos.

En 2021, 67.6% alcanzó nivel de suficiencia para obtener beneficios a la salud, en comparación con aquella población que utilizó instalaciones o lugares públicos (48.7%).

En 2019, la salud fue el motivo para que 63% de la población se ejercitara. En 2020 aumentó a 70.6% y en 2021 este porcentaje es de 73.9 por ciento. La proporción de población que mencionó como motivo principal ejercitarse para verse mejor pasó de 15.3% en 2019 a 8.2% en 2021.

Población inactiva físicamente

Con información de noviembre 2021, 60.4% de la población de 18 y más años de edad declaró ser inactiva físicamente. De esta población, 71.4% mencionó que alguna vez ha realizado práctica físico-deportiva y 28.6% nunca ha realizado deporte o ejercicio físico en su tiempo libre.

Los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) mostraron un fuerte repunte en 2021, un 77 % más hasta un valor estimado de 1,65 billones de dólares, desde 929 000 millones de dólares en 2020, superando su nivel anterior a la COVID-19, según el Monitor de Tendencias de Inversión de la UNCTAD

Las economías desarrolladas experimentaron el mayor aumento con diferencia, con una IED que alcanzó un estimado de $777 mil millones en 2021, tres veces el nivel excepcionalmente bajo de 2020, según muestra el informe.

Los flujos de IED en las economías en desarrollo aumentaron un 30% a casi $ 870 mil millones, con una aceleración del crecimiento en Asia oriental y sudoriental (+20%), una recuperación a niveles cercanos a la pandemia en América Latina y el Caribe, y un repunte en Asia occidental.

Del aumento total de los flujos mundiales de IED en 2021 ($ 718 mil millones), más de $ 500 mil millones, o casi las tres cuartas partes, se registraron en economías desarrolladas. Las economías en desarrollo, especialmente los países menos adelantados (PMA), experimentaron un crecimiento de recuperación más modesto.

El informe dice que la confianza de los inversores es sólida en los sectores de infraestructura (consulte la figura anterior), respaldada por condiciones favorables de financiamiento a largo plazo, paquetes de estímulo de recuperación y programas de inversión en el extranjero.

Los acuerdos internacionales de financiación de proyectos aumentaron un 53 % en número y un 91 % en valor, con aumentos considerables en la mayoría de las regiones de ingresos altos y en Asia y América Latina y el Caribe.

Por el contrario, la confianza de los inversores en la industria y las cadenas de valor mundiales sigue siendo débil. Los anuncios de proyectos de inversión greenfield se mantuvieron prácticamente planos (-1% en número, +7% en valor). La cantidad de nuevos proyectos en industrias intensivas en cadenas de valor globales (CGV), como la electrónica, se redujo aún más.

En otras tendencias sectoriales, la actividad de inversión totalmente nueva se mantiene un 30 % por debajo de los niveles previos a la pandemia en promedio en todos los sectores industriales. Solo el sector de la información y la comunicación (digital) se ha recuperado por completo.

La IED en los Estados Unidos, la economía anfitriona más grande, aumentó en un 114% a $ 323 mil millones, mientras que las fusiones y adquisiciones transfronterizas casi triplicaron su valor a $ 285 mil millones.

La IED en la Unión Europea aumentó un 8%, pero los flujos en las economías más grandes se mantuvieron muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

China vio un récord de $ 179 mil millones en entradas, un aumento del 20%, impulsado por una fuerte IED en servicios, mientras que Brasil vio que la IED se duplicó a $ 58 mil millones desde un nivel bajo en 2020, pero las entradas se mantuvieron justo por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La recuperación de los flujos de inversión en sectores relevantes para los ODS en las economías en desarrollo, que sufrieron significativamente durante la pandemia con caídas de dos dígitos en casi todos los sectores, sigue siendo frágil.

El número de proyectos de inversión relevantes para los ODS en las economías en desarrollo aumentó solo un 11 %. Las energías renovables y los servicios públicos siguen siendo los sectores de mayor crecimiento, especialmente a través de la financiación de proyectos internacionales.

La perspectiva para la IED global en 2022 es positiva, según el informe. Es poco probable que se repita la tasa de crecimiento de rebote de 2021.

La tendencia subyacente (neto de flujos de conducto, transacciones únicas y flujos financieros intraempresariales) permanecerá relativamente moderada, como en 2021. La financiación de proyectos internacionales en los sectores de infraestructura seguirá proporcionando un impulso de crecimiento, proyecta el informe.

La duración prolongada de la crisis sanitaria con sucesivas nuevas oleadas de la pandemia sigue siendo un importante riesgo a la baja.

Otros riesgos importantes, incluidos los cuellos de botella laborales y de la cadena de suministro, los precios de la energía y las presiones inflacionarias, también afectarán los resultados.

“Los matrimonios y las uniones infantiles, tempranos y forzados (MUITF) son una realidad en América Latina y el Caribe, a pesar de su falta de visibilidad”, plantea una publicación del Grupo de trabajo del Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe, integrado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

El matrimonio infantil es una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que afecta desproporcionadamente y de manera persistente a las niñas. Eliminar esta práctica nociva es una meta por cumplir en la región, central para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible, enfatiza la CEPAL.

Una de cada cuatro niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Su prevalencia en la región no ha variado en los últimos 25 años, y sin acciones e inversiones, América Latina y el Caribe (ALC) tendrá, para el año 2030, el porcentaje más elevado de matrimonio infantil, por detrás únicamente de África Subsahariana, alerta el documento Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados: prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe.

El matrimonio infantil se encuentra prohibido actualmente en nueve países de América Latina y en dos del Caribe, en concordancia con los estándares internacionales. El último país en legislar esta prohibición fue República Dominicana en enero de 2021. Sin embargo, 13 países de la región todavía permiten el matrimonio a partir de los 16 años con autorización de los padres, los representantes legales o de un juez. Más preocupante aún es la situación en seis países de la región donde está permitido casarse antes de los 16 años por motivos calificados, según el documento.

Los MUITF, apunta el estudio, “constituyen fenómenos complejos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente y marcos legales inadecuados y políticas públicas limitadas o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de las niñas y las adolescentes”.

De acuerdo con el documento, los MUITF son causa y consecuencia de una limitada autonomía física, económica y en la toma de decisiones para las mujeres y afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes de zonas rurales y hogares en situación de pobreza y con menos acceso a la educación. En algunos países, la pertenencia a pueblos indígenas también se relaciona significativamente con una mayor prevalencia.

Las niñas y adolescentes casadas o en uniones duplican como mínimo la cantidad de horas de tiempo dedicado al trabajo no remunerado –incluyendo el trabajo doméstico y el tiempo dedicado a los cuidados-, en relación con sus pares niños o adolescentes casados o en unión, y llegan hasta quintuplicar (Ecuador, Guatemala) y hasta octuplicar (República Dominicana) la carga horaria. En tres países con información disponible (Colombia, Guatemala y México), las niñas y adolescentes casadas o unidas dedican más de 40 horas semanales a este tipo de trabajo, lo que se acerca a una jornada laboral completa.

Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas exponen a las niñas a embarazos en la adolescencia. Las cifras para la región indican que la mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dio a luz antes de cumplir 18 años; 8 de cada 10 lo hicieron antes de cumplir los 20 años y la mayoría de estos embarazos fue no deseado, según el estudio que busca ser un aporte para cumplir los compromisos asumidos por los gobiernos en la meta 5.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la agenda global y regional de género.

La existencia de algunas iniciativas y programas públicos es insuficiente frente a la gravedad y consecuencias de esta problemática; más aún, se registran muy pocos avances en la generación de políticas públicas adecuadas e integrales y con asignación presupuestaria, que erradiquen esta práctica nociva. El estudio plantea una serie de recomendaciones tales como impulsar el compromiso político al más alto nivel; visibilizar la situación de los MUITF; rendir cuentas sobre los compromisos asumidos en esta materia; continuar avanzando en los cambios de los marcos legales; garantizar el acceso de niñas y adolescentes a la educación gratuita, universal, sensible al género y culturalmente apropiada, sin ningún tipo de discriminación; romper el silencio estadístico, y asegurar la participación significativa de las niñas y adolescentes, integrando sus ideas y experiencias en programas y políticas públicas.

El INEGI presenta los resultados de la Cuenta Satélite del Sector Salud de México (CSSSM) 2020 que integra las actividades económicas que producen los bienes y servicios que, directa o indirectamente, están relacionados con la prevención, recuperación y mantenimiento de la salud humana, incluyendo las instituciones públicas cuya facultad es regular y administrar estas actividades.

Adicionalmente, la CSSSM incorpora el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares en el cuidado de la salud, con lo que se amplía la visión sobre la dimensión y composición del sector.

Principales resultados

El Producto Interno Bruto Ampliado (PIBA) del sector salud en México, para 2020, reportó un monto de 1.5 billones de pesos, lo que equivale a 6.5% del PIB nacional, lo que contrasta con la participación de 5.6% en el 2019, año anterior a la pandemia por SARS COV2. Dicho porcentaje se compone por el valor producido por los bienes y servicios finales relacionados con la prevención, recuperación y mantenimiento de la salud humana (4.6%) y el valor del trabajo no remunerado en salud (1.9%).

En relación con los servicios públicos de salud, éstos mantuvieron su participación al contribuir con 38.3% mientras que el sector privado pasó de 35.4% en 2019 a 33.0% en 2020.

El trabajo no remunerado en cuidados de salud pasó de 26.3% a 28.7% en el mismo periodo. Se observa que se presenta un desplazamiento en los cuidados de salud hacia los hogares.

A precios de 2013, el PIB ampliado del sector salud presentó un incremento de 3.1% respecto al año anterior. Las actividades que tuvieron crecimiento son las actividades auxiliares, entre las que se encuentran los laboratorios clínicos, que crecieron 16.1%; y los servicios hospitalarios, con un aumento de 2.9 por ciento. En contraste, el cierre temporal de establecimientos de actividades no esenciales impactó en la producción de bienes de apoyo para la salud, que disminuyeron 4.5% respecto del año anterior.

Por su parte en los hogares, recayó gran parte de los cuidados de salud, considerando las medidas de confinamiento para enfrentar la pandemia por COVID-19, por lo que, en 2020 el valor del TNRS se ubicó en 1.9% del PIB nacional, que contrasta con la participación de 1.5% presentada en 2019.

Para el 2020, se observó un aumento en los cuidados especializados, al pasar de 53.9% a 57.9%; mientras que los cuidados preventivos tuvieron una caída al pasar de 7.8% a 2.9 por ciento.

Para este mismo año, el gasto monetario de los hogares, a precios del 2013, destinado a servicios de laboratorio y de ambulancias se incrementó en 14.5%, mientras que en los servicios hospitalarios aumentó en 4.4 por ciento.

ELa oferta de los bienes y servicios del sector salud disponibles en el país se ubicó en 2.5 billones de pesos, de los cuales 80.2% son de origen nacional, 10.6% provienen del resto del mundo y 9.1% representan el valor de los márgenes de comercio y transporte.

Para atender el incremento en la demanda de servicios de salud derivada de la emergencia sanitaria, se reportaron 2.3 millones de puestos de trabajo remunerados en el sector de la salud, equivalentes a 5.7% de los puestos de trabajo remunerados de la economía total. Estos puestos de trabajo tuvieron un aumento de 3.6% respecto al año previo; y en particular en el sector público se observó un incremento de 3.7%, en comparación con el 1.2% que se reportó en 2019.

Esta Cuenta constituye una ampliación del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y proporciona información económica para la toma de decisiones del sector público y el sector privado.

La COVID-19 ha afectado a la infancia a una escala sin precedentes, lo que la convierte en la peor crisis de la infancia en los 75 años de historia de UNICEF, según ha declarado el organismo de las Naciones Unidas para la infancia en un informe publicado.

El informe Evitemos una década perdida: Hay que actuar ya para revertir los efectos de la COVID-19 sobre la infancia y la juventud subraya las distintas formas en que la COVID-19 está poniendo en peligro décadas de progreso en cuestiones fundamentales para los niños, como la pobreza, la salud, el acceso a la educación, la nutrición, la protección de la infancia y el bienestar mental. El informe revela también que, casi dos años después de la pandemia, los efectos generalizados de la COVID-19 siguen agravándose, mientras aumenta la pobreza, se arraiga la desigualdad y se ponen en peligro los derechos de los niños en unos niveles que no se habían visto antes.

Según el informe, se estima que nada menos que 100 millones de niños más viven en situación de pobreza multidimensional debido a la pandemia: un aumento del 10% desde 2019. Esto equivale aproximadamente a 1,8 niños por segundo desde mediados de marzo de 2020. Por si fuera poco, el informe señala que llevará mucho tiempo recuperar el terreno perdido: incluso en el mejor de los casos, tardaremos entre siete y ocho años en recuperarnos y regresar a la situación en materia de pobreza infantil que había antes de la COVID.

A partir de otros datos que evidencian este retroceso, el informe revela que alrededor de 60 millones de niños más viven hoy en día en hogares pobres desde el punto de vista monetario, en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. Además, en 2020, más de 23 millones de niños no pudieron recibir las vacunas esenciales, un aumento de casi cuatro millones con respecto a 2019 y la cifra más alta en 11 años.

Incluso antes de la pandemia, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas de todo el mundo sufrían al menos una privación grave, como la falta de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua. En la actualidad, esta cifra está aumentando, ya que la desigualdad en la recuperación está acentuando las crecientes disparidades entre los niños ricos y los pobres, si bien perjudica especialmente a los más marginados y vulnerables. El informe pone de manifiesto los siguientes datos:

Además de la pandemia, el informe advierte de que existen otras amenazas para la infancia que ponen en grave peligro sus derechos. En todo el mundo, 426 millones de niños y niñas (casi uno de cada cinco) viven en zonas donde los conflictos son cada vez más intensos y se cobran un mayor número de víctimas civiles, lo que afecta de manera desproporcionada a los niños y las niñas. Las mujeres y las niñas son las que están más expuestas a la violencia sexual relacionada con los conflictos. El 80% de todas las necesidades humanitarias están motivadas por conflictos. Del mismo modo, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas (casi la mitad de la población infantil mundial) viven en países extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático.

Para responder y recuperarse, y para reimaginar el futuro de cada niño, UNICEF sigue pidiendo que se tomen las siguientes medidas:

A medida que trabajamos con los gobiernos, los donantes y otras organizaciones con el objetivo de comenzar a trazar una ruta común para los próximos 75 años, los niños y las niñas han de ser los primeros a la hora de recibir inversiones y los últimos a la hora de sufrir recortes. La promesa de nuestro futuro depende de las prioridades que establezcamos en el presente”.

UNICEF ha realizado un llamamiento de financiación de emergencia sin precedentes por valor de 9.400 millones de dólares para atender a más de 327 millones de personas –entre ellas 177 millones de niños– afectadas por las crisis humanitarias y la pandemia de COVID-19 en todo el mundo.

El llamamiento es un 31% mayor que el del año pasado, ya que las necesidades humanitarias siguen aumentando.

El llamamiento incluye 2.000 millones de dólares para la respuesta de UNICEF en Afganistán, donde 13 millones de niños necesitan ayuda humanitaria urgente. Entre ellos hay un millón de niños que corren el peligro de sufrir desnutrición aguda grave en un momento en que el sistema sanitario está al borde del colapso. El llamamiento para Afganistán es el mayor de la historia de UNICEF para un solo país.

UNICEF también necesitará 909 millones de dólares para la crisis de los refugiados de Siria, otros 334 millones de dólares para la crisis en el interior de Siria, 484 millones de dólares para la respuesta en Yemen y más de 356 millones de dólares para los programas en la República Democrática del Congo.

El llamamiento de financiación de este año, el mayor de la historia de UNICEF, se produce también en un momento en el que la escalada de conflictos ha llevado a millones de niños y a sus comunidades al borde del abismo. Los ataques a los niños que viven en países en conflicto, incluidos los ataques contra las infraestructuras civiles fundamentales para la supervivencia de los niños, continúan a un ritmo alarmante. El año pasado se confirmaron cerca de 24.000 violaciones graves contra los niños, es decir, 72 violaciones al día.

Como parte de su Acción Humanitaria para la Infancia, que establece el llamamiento de la organización para 2022, UNICEF tiene previsto llegar a:

Gracias al apoyo de los asociados, los principales resultados en 2021 fueron los siguientes:

El Informe de Acción Humanitaria para la Infancia de este año se presenta en el marco del CY21, un Foro Mundial para la Infancia y la Juventud que reúne a líderes, expertos, promotores del cambio y personas influyentes, junto con niños, niñas y jóvenes. El foro tiene como objetivo acelerar soluciones nuevas y de eficacia probada, inspirar compromisos para impulsar el cambio y movilizar conocimientos y recursos para promover los derechos de la infancia con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.

Nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que la pandemia de COVID-19 ha desorganizado los servicios de lucha antipalúdica y que ello, a su vez, se ha traducido en un marcado aumento del número de casos y de muertes por esta enfermedad.

Según las estimaciones presentadas en el último Informe mundial sobre el paludismo de la OMS- en inglés, en 2020 hubo en todo el mundo 241 millones de casos de paludismo y 627 000 muertes causadas por esta enfermedad, lo que supone un aumento de unos 14 millones de casos y 69 000 muertes en relación con las cifras de 2019. Aproximadamente dos tercios de estas muertes adicionales (47 000) tienen que ver con interrupciones de los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del paludismo durante la pandemia.

La situación, sin embargo, podría haber sido mucho peor. Según las proyecciones que efectuó la OMS en los primeros días de la pandemia, presuponiendo una profunda desorganización de los servicios, en 2020 se podrían haber duplicado las muertes por paludismo en el África subsahariana. Muchos países, sin embargo, adoptaron medidas urgentes para consolidar sus programas de lucha antipalúdica, gracias a lo cual se pudo evitar lo peor.

El vendaval de la pandemia llegó en un momento en que la lucha antipalúdica en el mundo ya se había estancado. Para 2017, más o menos, ya había indicios de que los fenomenales avances registrados desde 2000 (en particular, con una reducción del 27% de la incidencia mundial de casos y una caída de casi el 51% de la tasa de mortalidad) se estaban frenando.

Desde 2015, año de referencia de la estrategia mundial de la OMS contra el paludismo, 24 países han registrado un aumento del número de muertes por esta enfermedad. En los once países que presentan la mayor carga de paludismo del mundo, el número de casos pasó de 150 millones en 2015 a 163 millones en 2020 y el de muertes por la enfermedad pasó de 390 000 a 444 600 durante el mismo intervalo.

A tenor del informe, los progresos logrados quedan sensiblemente lejos de las metas intermedias marcadas para 2020 en la estrategia mundial de la OMS contra el paludismo. En 2020, la tasa mundial de incidencia del paludismo fue de 59 casos por cada 1000 personas en situación de riesgo, cuando la meta era de 35, lo que supone una desviación del 40%. La tasa mundial de mortalidad fue de 15,3 muertes por cada 100 000 personas en situación de riesgo, cuando la meta era de 8,9, lo que representa una desviación del 44%.

Para el informe de este año se empleó un nuevo método estadístico, aplicado en el conjunto de la OMS para determinar la proporción en que cada una de las principales enfermedades, incluido el paludismo, contribuye a la mortalidad de niños menores de cinco años. Este método se aplicó a 32 países del África subsahariana que concentran alrededor de un 93% de todas las muertes por paludismo del mundo. Ello reveló que el número estimado de niños pequeños fallecidos ha ido en aumento cada año desde 2000 en adelante.

Las muertes por paludismo, en cambio, aun aplicando el nuevo método, han mantenido una tendencia general a la baja desde 2000, pues a escala mundial la tasa de mortalidad (muertes por cada 100 000 personas en situación de riesgo) se redujo en un 49% entre 2000 y 2020. Entre 2019 y 2020 la tasa de mortalidad se acrecentó, por primera vez desde el año 2000, a consecuencia de los trastornos causados por la pandemia de COVID-19.

El surgimiento y propagación del coronavirus obligó a los sistemas sanitarios de todos los países a centrar sus trabajos en la atención de los casos de COVID-19, interrumpiendo la prestación de otros servicios médicos. Esta alteración generó un aumento en los cuadros y muertes por malaria, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el nuevo Informe Mundial sobre Paludismo, elaborado por esa dependencia de la ONU, las suspensiones de la atención a la malaria contribuyeron a 14 millones de casos y 69.000 muertes por esa enfermedad.

El estudio revela que dos tercios de esos decesos adicionales -47.000- estuvieron relacionados directamente con la falta de servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del paludismo a causa de la pandemia.

El informe indica sólo el 58% de los países completó las campañas de distribución mosquiteros tratados con insecticida en 2020, y la mayoría de ellos tuvo retrasos importantes en esas entregas.

Según los datos de los 65 países que integran el informe, en 2020, 37 naciones dieron cuenta de interrupciones de entre 5% y 50% en los servicios de diagnóstico y tratamiento de la malaria.

El informe halló una reducción del 27% en la incidencia de casos de malaria de 2000 a 2020 con una tendencia general a la baja en la tasa de mortalidad.

En la región de África de la OMS se documentó el 95% de los casos y el 96% de las muertes mundiales por paludismo en 2020. Sin embargo, hubo un decremento del 49% en la tasa de mortalidad por paludismo entre 2000 y 2020.

De acuerdo con el estudio, entre 2000 y 2020 se evitaron 1700 millones de casos y 10,6 millones de muertes por malaria, casi todas en en ese continente.

La OMS destacó que el progreso contra la malaria sigue siendo desigual. Muchos países con una carga baja de la enfermedad avanzan de forma constante hacia el objetivo de su eliminación.

El informe advierte que la situación continúa siendo precaria, especialmente en África subsahariana, donde una serie de amenazas que incluye conflictos armados y desastres climáticos, entre otros problemas, dificulta los esfuerzos de control de enfermedades.

Entre los objetivos de dicha estrategia destaca la reducción del 90% en la incidencia mundial de la malaria y las tasas de mortalidad para 2030.

En América Latina los casos de malaria se redujeron en un 58%, de 1,5 millones a 0,65 millones, y la incidencia de casos en un 67% entre los años 2000 y 2020. Asimismo, las muertes por paludismo disminuyeron un 56%, de 909 a 409, y la tasa de mortalidad bajó en un 66%. La mayor parte de los decesos -77%- fue en adultos.

El informe señala que en las últimas dos décadas el avance en la región ha sido afectado por un aumento de casos en Venezuela, donde se registraron 35.500 pacientes con paludismo en el 2000 y los enfermos llegaron a 467.000 en 2019. En 2020, los cuadros disminuyeron a 232.000 debido a las restricciones de movimiento durante la pandemia de COVID-19 y a la escasez de combustible que afectó a la industria minera, el principal contribuyente al aumento reciente de malaria en el país.

Los países con incrementos sustanciales en 2020 respecto a 2019 fueron Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y Bolivia.

Venezuela, Brasil y Colombia representaron más del 77% de todos los casos de la región.

Argentina, El Salvador y Paraguay se certificaron como libres de malaria en 2019, 2021 y 2018, respectivamente. Belice notificó cero casos de malaria por segundo año consecutivo.

https://youtu.be/_O-phM2Rqpg

El Día internacional de las personas con discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, con el propósito de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como para concientizar sobre su situación en la vida política, social, económica y cultural.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta algunos indicadores de las personas con discapacidad y/o algún problema o condición mental, usando datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020) En el censo se utiliza la metodología del Grupo de Washington que define a la persona con discapacidad como aquella que tiene mucha dificultad o no puede realizar alguna de las siguientes actividades de la vida cotidiana: caminar, subir o bajar; ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; bañarse, vestirse o comer; recordar o concentrarse y hablar o comunicarse; además incluye a las personas que tienen algún problema o condición mental.

Prevalencia de la población con discapaacidad y/o problema o condición mental
internacional de las personas con discapacidad

De acuerdo con los datos del Censo 2020, para el 15 de marzo de 2020 en México residían 126 014 024 personas; la prevalencia de discapacidad junto con las personas que tienen algún problema o condición mental a nivel nacional es de 5.69% (7 168 178). De éstas, 5 577 595 (78%) tienen únicamente discapacidad; 723 770 (10%) tienen algún problema o condición mental; 602 295 (8%) además de algún problema o condición mental tienen discapacidad y 264 518 (4%) reportan tener algún problema o condición mental y una limitación.

Las entidades con la menor prevalencia son Quintana Roo (4.34%), Nuevo León (4.60%) y Chiapas (4.63%); mientras que Oaxaca (7.22%), Guerrero (6.78%) y Tabasco (6.71%) reportan las prevalencias más altas. Las mujeres (5.79%) tienen una prevalencia ligeramente mayor que los hombres (5.59%); en casi todas las entidades se repite este patrón, con excepción de Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.

Afiliación a servicios de salud

El artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala el derecho a contar con servicios de salud.

Según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2020, a nivel mundial no se está alcanzando la meta sobre la cobertura sanitaria universal. El Programa Sectorial de Salud 2019-2024 tiene como objetivo prioritario el acceso efectivo, universal y gratuito a la salud para las personas que no cuentan con afiliación a las instituciones de seguridad social. En México, 76% (5 426 553) de las personas con discapacidad y/o problema o condición mental cuenta con afiliación a servicios de salud, porcentaje mayor a 74% (87 147 740) que tiene la población sin discapacidad.

Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

El valor de las importaciones y exportaciones mundiales de bienes alcanzó los 5,6 billones de dólares en el tercer trimestre de 2021, estableciendo un nuevo récord trimestral, según un informe de la UNCTAD.

Las nuevas proyecciones en la edición de noviembre de Global Trade Update de la organización muestran que el comercio de bienes y servicios alcanza los $ 28 billones para el año, un aumento del 23% en 2020 y del 11% en comparación con los niveles anteriores a COVID-19.

Pero el sólido desempeño general del comercio enmascara que la recuperación ha sido desigual entre países y sectores, dice el informe.

También advierte que la previsión para 2022 sigue siendo muy incierta.

Aunque el sector de servicios repuntó en línea con el crecimiento general, el comercio de servicios, como el turismo, se mantendrá ligeramente por debajo de los niveles anteriores a la pandemia en $ 6 billones en 2021.

Entre los sectores manufactureros, el comercio de productos relacionados con la energía fue el que más creció, impulsado por la alta demanda y los aumentos en el precio de los combustibles fósiles. Mientras tanto, el comercio estuvo más moderado durante el tercer trimestre de 2021 en algunos sectores afectados por la escasez global de semiconductores, como la industria automotriz y la electrónica.

Desde una perspectiva regional, el crecimiento del comercio también se mantuvo desigual en el tercer trimestre del 2021, aunque las diferencias regionales fueron menos pronunciadas que en el primer semestre del año.

El informe señaló que, por ejemplo, el crecimiento del comercio de la India se había acelerado en el tercer trimestre tanto en bienes como en servicios, mientras que China se mantuvo relativamente constante, “aunque en niveles ya elevados”.

Entre los factores que contribuyen a la incertidumbre sobre el próximo año, el informe cita el crecimiento “por debajo de las expectativas” de China en el tercer trimestre de 2021.

El informe advierte que los cambios grandes e impredecibles en la demanda que marcaron 2021 y llevaron a un mayor estrés en las cadenas de suministro y los costos de envío en espiral podrían continuar durante el próximo año.

el informe advierte que los cambios grandes e impredecibles en la demanda que marcaron 2021 y llevaron a un mayor estrés en las cadenas de suministro y los costos de envío en espiral podrían continuar durante el próximo año.

“Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la industria de los semiconductores se ha enfrentado a vientos en contra debido a aumentos imprevistos en la demanda y restricciones de oferta persistentes … Si persiste, esta escasez podría continuar afectando negativamente la producción y el comercio en muchos sectores manufactureros”.

El hambre en América Latina y el Caribe está en su punto más alto desde 2000, después de un aumento del 30 por ciento en el número de personas que padecen hambre entre 2019 y 2020, según un nuevo informe de la ONU.

Según el Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021, en tan solo un año—y en el contexto de la pandemia de COVID-19—el número de personas que viven con hambre aumentó en 13,8 millones, alcanzando un total de 59,7 millones de personas.

La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se sitúa actualmente en 9,1 por ciento, la más alta de los últimos 15 años, aunque ligeramente por debajo del promedio mundial de 9,9 por ciento. Solo entre 2019 y 2020 la prevalencia del hambre aumentó en 2 puntos porcentuales.

Entre 2019 y 2020, Mesoamérica experimentó el mayor aumento ––2,5 puntos porcentuales–– alcanzando su valor más alto en los últimos 20 años: 10,6 por ciento, o 19 millones de personas. El Caribe tiene la prevalencia más alta a nivel regional (16,1 por ciento, 7 millones de personas), mientras que en América del Sur el hambre afecta a 33,7 millones de personas, el 7,8 por ciento de la población.

Cuatro de cada diez personas en la región ––267 millones–– experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020, 60 millones más que en 2019, un aumento de 9 puntos porcentuales, el incremento más pronunciado en relación a las demás regiones del mundo.

La inseguridad alimentaria no afectó por igual a hombres y mujeres: en 2020, el 41,8 por ciento de las mujeres de la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 32,2 por ciento de los hombres. Esta disparidad ha ido en aumento en los últimos 6 años y aumentó drásticamente, del 6,4 por ciento en 2019 al 9,6 por ciento en 2020.

El Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021 advierte que la región también está perdiendo la batalla contra otras formas de malnutrición: 106 millones de personas —uno de cada cuatro adultos— padecen obesidad en América Latina y el Caribe.

El sobrepeso infantil también ha ido en aumento desde hace 20 años en la región, y en 2020, 3,9 millones de niños y niñas —el 7,5 por ciento de los menores de cinco años— tenían sobrepeso, casi 2 puntos porcentuales por encima del promedio mundial. América del Sur muestra la mayor prevalencia de sobrepeso en niños y niñas (8,2 por ciento), seguida por el Caribe con 6,6 por ciento y Mesoamérica con 6,3 por ciento.

Aunque América Latina y el Caribe ha mostrado importantes avances en la reducción del retraso del crecimiento en los niños y niñas, habiendo disminuido la prevalencia del 18 por ciento al 11,3 por ciento en 20 años, sin embargo, entre 2012 y 2020 la tasa de disminución se desaceleró. La prevalencia regional de emaciación (desnutrición aguda) en niños es del 1,3 por ciento, significativamente más baja que el promedio mundial del 6,7 por ciento.

El informe conjunto de las Naciones Unidas pide acciones urgentes para detener el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas, instando a los países de la región a tomar medidas rápidamente para transformar sus sistemas agroalimentarios y hacerlos más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles, para proporcionar dietas saludables para todos.

Más de 40 años después del comienzo de la epidemia de SIDA, persisten el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, según una nueva encuesta mundial, publicada antes del Día Mundial del SIDA.

Casi cuatro de cada diez encuestados dijeron que no se debería permitir a las personas que viven con el VIH trabajar directamente con quienes no lo tienen. Hasta seis de cada diez personas apoyaron la obligatoriedad de las pruebas del VIH antes de poder trabajar.

El estudio reveló cómo las actitudes estigmatizadoras y discriminatorias se ven alimentadas por la falta de conocimientos sobre la transmisión del VIH. Sólo una de cada dos personas sabía que el VIH no se transmite al compartir el baño y sólo una de cada cuatro personas respondió correctamente a las preguntas sobre cómo se transmite el VIH. Los mitos y las ideas erróneas persisten y contribuyen al estigma y la discriminación.

El informe, The ILO Global HIV Discrimination in the World of Work Survey , es el resultado de una innovadora colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la empresa de encuestas de opinión Gallup International. Arroja luz sobre las causas de la persistencia del estigma y la discriminación relacionados con el VIH en el mundo del trabajo. Se recogió información de más de 55.000 personas en 50 países de todo el mundo.

Las regiones con las actitudes más positivas fueron África oriental y meridional, donde casi el 90% de los encuestados dijo que debería permitirse trabajar directamente con personas con el VIH.

Los niveles educativos más altos también se asociaron con actitudes positivas hacia el trabajo con personas que viven con el VIH. El 68% de los encuestados con estudios superiores estaba de acuerdo en que debería permitirse trabajar directamente con personas que viven con el VIH, frente al 39,9% de los que sólo tenían estudios primarios.

El informe ofrece una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen la puesta en marcha de programas sobre el VIH que aumenten el conocimiento de los trabajadores sobre la transmisión del VIH y disipen los mitos y las ideas erróneas, la mejora del entorno jurídico y político en torno al VIH para proteger los derechos de los trabajadores, la abolición de las pruebas obligatorias del VIH en consonancia con la Recomendación de la OIT sobre el VIH y el sida (núm. 200) , la mejora del acceso a la protección social y el tratamiento de la violencia y el acoso que pueden derivarse del estigma y la discriminación, mediante la ratificación y la aplicación del Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190).

Fuente: OIT 30 de noviembre de 2021

Con un incremento de 30% de personas padeciendo hambre, América Latina y el Caribe fue la región donde más creció ese flagelo entre 2019 y 2020, para llegar a su nivel más alto desde 2020, indica un nuevo estudio de cinco agencias especializadas de la ONU.

El Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021 detalla que en apenas un año, el número de personas con hambre aumentó en 13,8 millones, para sumar 59,7 millones.

Los datos desagregados muestran que entre 2019 y 2020, Mesoamérica observó el mayor aumento, con 19 millones de personas padeciendo hambre, lo que significa una prevalencia de 10,6%. En tanto, el Caribe tiene la prevalencia más alta a nivel regional: 16,1% o siete millones de personas. En América del Sur el hambre afecta a 33,7 millones de personas, el 7,8% de la población.

La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se encuentra en 9,1% y es la más alta de los últimos 15 años, aunque está por debajo del promedio mundial de 9,9%. Entre 2019 y 2020 aumentó en 2 puntos porcentuales.

El informe refiere, por otra parte, que la inseguridad alimentaria afecta al 41% de la población y precisa que golpeó en grado moderado o grave a 267 millones de personas, o 25% de la población, en 2020, lo que implica 60 millones de individuos y nueve puntos porcentuales más que el año anterior y constituye el incremento más pronunciado del mundo a nivel regional.

Los casos de inseguridad alimentaria grave, definida como las personas que se quedan sin alimentos o pasan un día o más sin comer, subieron un 14% en 2020, a 92,8 millones. En 2014 se situaban en 47,6 millones de personas.

Sudamérica fue la subregión donde más creció la inseguridad alimentaria: 20,5% de 2014 a 2020. En Mesoamérica el incremento fue de 7,3 puntos porcentuales durante el mismo periodo.

La publicación subraya que en 2020 fueron más las mujeres que los hombres que experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave: 41,8% frente 32,2%. Destaca, asimismo que la disparidad se ha agudizado en los últimos seis años y que de 2019 a 2020 pasó de 6,4% a 9,6%.

Paradójicamente, América Latina y el Caribe es una región con un creciente problema de obesidad que alcanza a uno de cada cuatro adultos para totalizar 106 millones de personas.

Entre 2000 y 2016, la obesidad subió 9,5% en el Caribe, 8,2% en Mesoamérica y 7,2% en Sudamérica.

La agencia panamericana sonó la alarma en cuanto al sobrepeso infantil, que afectó en 2020 a 3,9 millones de niños, casi 2 puntos por encima del promedio mundial. El 7,5% de los menores de cinco años tienen sobrepeso.

Por subregiones, América del Sur registra la mayor prevalencia de sobrepeso infantil, con 8,2%, seguida por el Caribe con 6,6% y Mesoamérica con 6,3%.

Las agencias de las Naciones Unidas urgieron a los países de la región a tomar medidas inmediatas para detener el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas.

El Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021 es una publicación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Al menos 300.000 niños y niñas se infectaron por primera vez con el VIH en 2020, o uno cada dos minutos, según ha declarado UNICEF en un informe publicado. Otros 120.000 niños y niñas murieron por causas relacionadas con el sida durante el mismo periodo, o uno cada cinco minutos.

El último informe de El VIH y el sida: Panorama mundial advierte de que la prolongación de la pandemia de COVID-19 está agravando las desigualdades que durante tanto tiempo ha provocado la epidemia de VIH, y está aumentando el riesgo de que los niños y niñas vulnerables, los adolescentes, las mujeres embarazadas y las madres lactantes no puedan acceder a los servicios de prevención y tratamiento del VIH que les pueden salvar la vida.

Un dato alarmante es que dos de cada cinco niños que padecen VIH no conocen su estado, y solo algo más de la mitad de todos los niños que padecen VIH reciben tratamiento antirretroviral. Algunos de los obstáculos que impiden acceder adecuadamente a los servicios de VIH son conocidos y perduran desde hace tiempo, como es el caso de la discriminación y las desigualdades por razón de género.

Por otro lado, el informe subraya que, a principios de 2020, en muchos países se produjeron interrupciones importantes en los servicios de VIH a causa de la COVID-19. Las pruebas de detección del VIH en los niños de países muy afectados disminuyeron entre un 50% y un 70%, mientras que los nuevos tratamientos para niños menores de 14 años se redujeron entre un 25% y un 50%. Los confinamientos contribuyeron al aumento de las tasas de infección como consecuencia de los picos de violencia por razón de género, la restricción del acceso a una atención continuada y el desabastecimiento de productos básicos. Además, en algunos países se registró una disminución significativa de los partos en centros de salud, las pruebas de VIH entre las madres y los nuevos tratamientos antirretrovirales para el VIH. Un ejemplo extremo es el de la cobertura de los tratamientos antirretrovirales para las mujeres embarazadas de Asia Meridional, que disminuyó drásticamente de un 71% a un 56% en 2020.

En 2020, un 89% de las nuevas infecciones pediátricas por VIH y un 88% de los niños, niñas y adolescentes que padecían VIH en todo el mundo se concentraban en África Subsahariana, y la propensión a infectarse con el VIH era seis veces más alta entre las niñas que entre los niños. Además, un 88% de las muertes infantiles relacionadas con el sida se registraron en África Subsahariana.

Según el informe, a pesar de que se han logrado algunos avances en la lucha contra el VIH y el sida, los niños, las niñas y los adolescentes han seguido quedándose atrás en todas las regiones a lo largo de los últimos 10 años. La cobertura mundial del tratamiento antirretroviral para los niños sigue siendo muy inferior a la de las mujeres embarazadas (85%) y los adultos (74%). El porcentaje más elevado de niños y niñas que reciben tratamiento antirretroviral se registra en Asia Meridional (>95%), seguido de Oriente Medio y África del Norte (77%), Asia Oriental y el Pacífico (59%), África Oriental y Meridional (57%), América Latina y el Caribe (51%) y África Occidental y Central (36%).

Otros datos relativos a 2020 que se incluyeron en el informe son los siguientes:

En 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1° de diciembre como Día Mundial de la Lucha contra el Sida, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la enfermedad, combatir el estigma asociado a ella, mejorar la educación sobre el VIH/sida y movilizar recursos para la respuesta mundial a la epidemia.

Con este espíritu, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información estadística con indicadores sociodemográficos de la población que falleció por esta enfermedad durante 2020.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es la fase más avanzada de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual constituye uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. En el mundo en 2020, aproximadamente 680 mil personas murieron de enfermedades relacionadas con el sida y se estima que 38 millones de personas vivían con el VIH.

Atención médica y prueba

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 estimó la población de 20 a 49 años en 53.5 millones de personas; de estas 642 mil declararon haber recibido consulta médica en los 12 meses previos a la encuesta para atenderse o recibir tratamiento por el VIH.

Según la encuesta, de las personas de 20 a 49 años que han tenido relaciones sexuales (48.9 millones), 35% (16.9 millones) se ha realizado la prueba de VIH. De este universo, 10.5 millones (62%) corresponden a mujeres y 6.4 millones (38%) a hombres.

Mortalidad

Durante 2020 en México se registraron 4 573 decesos debido a la enfermedad ocasionada por el VIH, de los cuales 3 815 (83%) correspondieron a defunciones en hombres y 758 (17%) en mujeres. La tasa de mortalidad por esta causa es de 3.62 por cada 100 mil habitantes; 6.19 en el caso de los hombres (por cada 100 mil hombres) y 1.17 en las mujeres (por cada 100 mil mujeres).

Por grupo de edad, la tasa de mortalidad por VIH más alta se ubica en el grupo de personas de 30 a 44 años y conforme aumenta la edad va disminuyendo la tasa.

COVID-19 y bienestar: la vida en la pandemia dice que el virus causó un aumento del 16% en el número promedio de muertes en 33 países de la OCDE entre marzo de 2020 y principios de mayo de 2021, en comparación con el mismo período en los cuatro años anteriores. Durante el mismo período de tiempo, los datos de la encuesta en el informe revelan niveles crecientes de depresión o ansiedad y un sentimiento creciente entre muchas personas de soledad y de sentirse desconectado de la sociedad.

El apoyo del gobierno ayudó a mantener los niveles medios de ingresos de los hogares en 2020 y detuvo la ola de pérdidas de puestos de trabajo, incluso cuando el promedio de horas trabajadas disminuyó drásticamente. Aunque los esquemas de retención de empleo ofrecían a los trabajadores cierta protección, el 14% de los trabajadores en 19 países europeos de la OCDE sintieron que era “probable que perderían su trabajo” en tres meses, y casi 1 de cada 3 personas en 25 países de la OCDE reportaron dificultades financieras.

El informe dice que las experiencias de la pandemia han variado ampliamente según la edad, el género y la etnia, así como el tipo de trabajo que hace la gente y su nivel de salario y habilidades. La crisis también agravó los desafíos sociales, económicos y ambientales existentes.

Los adultos más jóvenes experimentaron algunas de las mayores disminuciones en la salud mental, la conexión social y la satisfacción con la vida en 2020 y 2021, además de enfrentar la interrupción del trabajo y la inseguridad.

El informe ofrece una introducción a las recomendaciones de la OCDE sobre el bienestar. Evalúa el impacto de la pandemia en las 11 dimensiones identificadas en el Marco de Bienestar de la OCDE: ingresos y riqueza; trabajo y calidad del trabajo; alojamiento; salud; conocimientos y habilidades; medio ambiente; bienestar subjetivo; la seguridad; equilibrio trabajo-vida; conexiones sociales; y compromiso civil. Presenta datos sobre inclusión e igualdad de oportunidades, y también considera cómo les ha ido a las reservas de recursos económicos, humanos, sociales y ambientales que sustentan el bienestar.

Un objetivo clave debe ser aumentar la seguridad laboral y financiera de los hogares, y en particular de los más afectados por la crisis, con especial atención a los más vulnerables, los jóvenes, las mujeres y las personas poco cualificadas. También se debe dar prioridad a abordar la carga de la mala salud física y mental y un enfoque intergubernamental para aumentar el bienestar de los niños y jóvenes más desfavorecidos. El informe también enfatiza que las acciones para elevar los niveles de vida y la igualdad de oportunidades deben tener lugar en el contexto de la ecologización de la economía: las crisis climáticas y de biodiversidad, como la pandemia, requieren una respuesta coordinada a través de las políticas públicas.

Un enfoque de bienestar, explica el informe, considera los objetivos del gobierno como metas interconectadas, centrándose en cómo las diferentes políticas pueden complementarse entre sí. Este enfoque fomenta la toma de decisiones que considera simultáneamente los impactos sobre el bienestar actual, la inclusión y la sostenibilidad del bienestar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mejorando las oportunidades económicas a largo plazo mediante la mejora del bienestar infantil o alineando los esfuerzos para combatir el cambio climático con los objetivos sociales y económicos aumentando el empleo y la movilidad de las personas y los lugares que quedan atrás.

El capital natural, humano y social deberá reconstruirse después de la crisis, agrega el informe. La reducción de las desigualdades en el acceso y la aceptación del aprendizaje permanente, por ejemplo, ayudará a las personas, especialmente a las personas desfavorecidas, a obtener trabajos de alta calidad mediante el desarrollo de programas de formación que aborden las brechas de habilidades y enfaticen las habilidades digitales.

El capital social, las normas, los valores compartidos y las instituciones que fomentan la cooperación, ha dado forma a las respuestas de las comunidades a la pandemia. Los datos de todos los países de la OCDE muestran que tanto la confianza en las instituciones como la confianza interpersonal influyeron en la eficacia de la contención de una pandemia. Aunque recientemente ha mostrado signos de debilitamiento, la confianza institucional en 2020 en la mayoría de los países de la OCDE estaba en su nivel más alto desde que comenzaron los registros en 2006.

El informe dice que reforzar la confianza es clave para volver a conectar a las personas con sus sociedades y con las instituciones que están destinadas a apoyarlas. Al hacerlo, se mejora el bienestar de los ciudadanos tanto hoy como en un futuro posterior a una pandemia.

Fuente: OECD 25 de noviembre de 2021

La pandemia de COVID-19 ha tenido un “efecto devastador” en la salud mental en el continente americano y ha disparado la violencia contra las mujeres y los niños, según El estudio “Fortaleciendo las respuestas de salud mental a la COVID-19 en las Américas: un análisis de la política sanitaria y recomendaciones” publicado reciente por la Organización Panamericana de la Salud.

Los datos analizados muestran que más de cuatro de cada diez brasileños han tenido problemas de ansiedad y seis de cada diez de depresión; los síntomas de depresión se quintuplicaron en Perú, y la proporción de canadienses con altos niveles de ansiedad se cuadruplicó como resultado de la pandemia.

Un estudio realizado en México documentó síntomas de estrés postraumático clínicamente significativo en casi un tercio de la población. En Estados Unidos, las tasas de ansiedad y depresión alcanzaron hasta el 37% y el 30%, respectivamente, a finales de 2020, frente al 8,1% y el 6,5% respectivamente en 2019.

Además, los registros de las líneas telefónicas de ayuda, los informes policiales indicaron un aumento de los casos denunciados de violencia doméstica, en particular el maltrato infantil y la violencia de pareja contra las mujeres, lo que agrava los altos índices de violencia en la región, que, según los informes, triplican la media mundial antes de la pandemia.

En las personas sin antecedentes psiquiátricos, el diagnóstico de COVID-19 se asoció con una mayor incidencia de un primer diagnóstico psiquiátrico en los siguientes 14 a 90 días.

La pandemia también ha contribuido a la recaída y a la exacerbación de los síntomas de salud mental en personas con condiciones preexistentes. Además, se descubrió que las personas con un diagnóstico reciente de un trastorno mental tenían un mayor riesgo de infección por COVID-19 y también una mayor frecuencia de resultados adversos, lo que representa un factor de riesgo adicional para el empeoramiento de la salud mental.

Los trabajadores sanitarios y de primera línea, que se enfrentan a mayores riesgos físicos, altas exigencias laborales y estigmatización social, también se han visto muy afectados por la pandemia.

En mayo de 2021, el número de trabajadores de la salud que se habían infectado con COVID-19 en América Latina y el Caribe superaba los 1,8 millones, mientras que 9000 habían muerto a causa del virus. Además, el 53% de los trabajadores de la salud pública de los Estados Unidos informaron de síntomas de al menos una condición de salud mental en las dos semanas anteriores, incluyendo depresión (32%), ansiedad (30,3%), estrés postraumático (36,8%) y pensamientos suicidas (8,4%). Estudios realizados en Argentina ,Chile , México y Trinidad y Tobago también encontraron altas tasas de depresión, ansiedad, estrés e insomnio entre los trabajadores sanitarios.

En marzo de 2020, más de 154 millones de niños (el 95% de los matriculados) en América Latina y el Caribe, estaban fuera de la escuela debido a la COVID-19. Un año después, 114 millones de estos niños aún no habían regresado a la escuela. Además del cierre de las escuelas, que altera las rutinas diarias, el aprendizaje y la socialización, los niños y adolescentes se han enfrentado a la pérdida de seres queridos y a una mayor adversidad en sus entornos familiares, incluido un mayor riesgo de violencia doméstica.

En 2020, el 27% de los adolescentes y jóvenes encuestados en América Latina y el Caribe declararon sentir ansiedad y el 15% depresión. Otro estudio realizado entre jóvenes de 15 a 29 años en países de América Latina y el Caribe descubrió que el 52% había experimentado un estrés más importante y el 47% tuvo episodios de ansiedad o ataques de pánico durante su cuarentena.

En un momento en que la atención y el tratamiento son más necesarios, la publicación señala continuas interrupciones en los servicios esenciales para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en más de la mitad de los países de la región.

Los autores piden que se actúe de inmediato para reforzar los sistemas y servicios de salud mental en la región, con especial atención a la integración del apoyo psicosocial en sectores y entornos como la atención primaria de salud, la educación, los servicios sociales y los sistemas de apoyo comunitario. Para mitigar el impacto de la pandemia, los autores subrayan que la salud mental debe incorporarse a los planes de preparación, respuesta y recuperación ante emergencias.

Antes de la pandemia, se había calculado que los trastornos mentales costarán a la economía mundial 16 billones de dólares en 2030 si no se abordan. Se necesitan urgentemente inversiones adicionales, y a medida que los países aumentan las inversiones en servicios de salud mental, los autores instan a dar mayor prioridad a los grupos en situación de vulnerabilidad.

La crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto devastador en los trabajadores migrantes de todo el mundo, sobre todo en los de los sectores precarios de bajos salarios, que a menudo fueron los primeros en experimentar el impacto económico de la pandemia, dice un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los trabajadores migrantes también fueron objeto de discriminación y xenofobia, dice el informe titulado Locked down and in limbo: The global impact of COVID-19 on migrant worker rights and recruitment (Encerrados y en el limbo: El impacto global de la COVID-19 en los derechos de los trabajadores migrantes y su contratación).

A muchos trabajadores migrantes se les suspendió sumariamente su empleo o se les despidió a medida que el virus se extendía, dejándolos sin una fuente de ingresos. A algunos empleados se les suspendió sin sueldo, mientras que a otros se les redujeron las horas o los salarios o se les exigió que se fueran de vacaciones. A otros no se les pagó por el trabajo que habían realizado, en violación de los términos de sus contratos.

Los trabajadores migrantes se encontraron a menudo desamparados debido a los cierres de las fronteras. Otros fueron repatriados repentinamente, sin que existieran sistemas y protocolos operativos. En algunos casos, se utilizó la ley de salud pública para justificar su expulsión. A menudo, los repatriados fueron estigmatizados y sometidos a largos periodos de cuarentena obligatoria por ser considerados portadores de la COVID-19.

Para evitar que la pandemia agrave aún más la ya precaria situación de los trabajadores migrantes, el informe de la OIT pide que se protejan los derechos de los trabajadores migrantes, e incluye algunas recomendaciones específicas:

Fuente: OIT 22 de noviembre de 2021

Pahola es la primera trabajadora sanitaria digital del mundo especializada en alcohol y salud que ayudará a combatir el creciente consumo nocivo de alcohol en el continente americano, donde provoca 379.000 muertes cada año.

La nueva herramienta fue creada con inteligencia artificial por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como parte de los esfuerzos para apoyar a los países de la región en su lucha por reducir la ingesta de bebidas alcohólicas.

Los datos de la OPS señalan que los numerosos decesos ocurren por enfermedades, lesiones, intoxicaciones y envenenamientos relacionados con el alcohol.

El consumo regular de alcohol también aumenta el riesgo de cirrosis hepática y algunas formas importantes de cáncer y enfermedades cardiovasculares..

De acuerdo con la OPS, entre el 8% y el 10% de la población mayor de 18 años de las Américas padece un trastorno por consumo de alcohol, definido como uso nocivo del alcohol o dependencia de éste. Pero alrededor del 80% de las personas que necesitan tratamiento no lo reciben porque los servicios están poco desarrollados o no están disponibles.

La agencia explicó que Pahola habla español, inglés y portugués; que es empática y libre de juicios; y que puede proporcionar información general sobre los riesgos del consumo de alcohol y comunicarse de forma interactiva y confidencial con las personas.

La trabajadora digital es capaz de ayudar a evaluar los riesgos relacionados con el alcohol de los usuarios mediante una serie de preguntas y, si las personas deciden reducir el consumo, Pahola puede asistirles en el trazo de un plan que incluya la identificación de los factores desencadenantes y la manera de afrontarlos. También puede referir a las personas a servicios de tratamiento del alcoholismo.

Entre los beneficios que Pahola puede aportar, la OPS afirmó que puede aumentar de forma importante la educación sobre el alcohol en entornos donde simplemente no hay profesionales de la salud para proporcionar información y apoyo gratuitos o de bajo costo.

Según los expertos de la agencia, muchas personas pueden reducir su consumo de alcohol con consejos sencillos pero eficaces.

La nueva herramienta es un complemento a otras medidas de la OPS para disminuir el consumo de riesgo en la región, entre las que se cuentan la asistencia a los países para reforzar las políticas públicas como el establecimiento efectivo de impuestos sobre el alcohol, las restricciones integrales a la venta y comercialización de alcohol y la mejora de los tratamientos.

Además de Pahola, la OPS presentó esta semana la campaña de educación pública “Vive mejor, bebe menos” para concienciar sobre los efectos nocivos del alcohol en América.

“¿A quién le importan los retretes? A 3 600 millones de personas. Porque carecen de uno que funcione correctamente”. Así arranca la campaña del Día Mundial del Retrete 2021 con la que se pretende visibilizar que casi la mitad de la población mundial carece de servicios de saneamiento gestionados de forma segura.

Basta con que algunas personas de una comunidad no dispongan de retretes aptos para que la salud de todos esté en peligro. El saneamiento deficiente contamina las fuentes de agua potable, los ríos, las playas y los cultivos alimentarios y propaga enfermedades mortales entre la población.

La solución radica en adoptar medidas que permitan dar respuesta a la crisis de saneamiento mundial y lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, cuya finalidad es garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos de aquí a 2030.

A pesar de que el acceso al saneamiento es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas, todavía se precisa cuadruplicar las inversiones e implantar importantes innovaciones para ver progresos a lo largo de la “cadena del saneamiento”, desde los retretes hasta el transporte, la recogida y el tratamiento de los excrementos humanos.

Los gobiernos deben escuchar a las personas que han quedado atrás y no disponen de acceso a los baños, y asignar fondos específicos a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de planificación y de toma de decisiones.

De todas las regiones de la OMS, el descenso más pronunciado de las tasas de prevalencia a lo largo del tiempo se observa en la Región de las Américas. La tasa media de consumo de tabaco ha pasado del 21% en 2010 al 16% en 2020.

Para alcanzar las metas mundiales de reducción del consumo de tabaco, es necesario ampliar los servicios que promueven el abandono de este hábito y reforzar las medidas de lucha antitabáquica. La prestación de este tipo de servicios puede acelerar la tendencia a la baja de la prevalencia del consumo de tabaco, lo que significa salvar más vidas y proteger la salud de más personas.

Entre las intervenciones que se pueden llevar a cabo a escala poblacional para promover el abandono del tabaco cabe mencionar los servicios de asesoría breve, las líneas telefónicas gratuitas de ámbito nacional y mCessation (apoyo a través de mensajes de texto por teléfono móvil). Estas intervenciones cuestan poco dinero, pero ofrecen un buen rendimiento en un horizonte de 10 años. Las intervenciones farmacológicas, como el tratamiento de sustitución con nicotina, el bupropión o la vareniclina, son más caras, pero están demostrando ser eficaces.

Para llevar a cabo este análisis se han utilizado datos de 124 países de ingresos bajos y medianos.

Cinco organismos de las Naciones Unidas han anunciado su firme apoyo a una coalición internacional que pretende mejorar rápidamente la nutrición, la salud y la educación de los niños en edad escolar en todo el mundo tras los cierres de escuelas debidos a la pandemia.

En 2020, la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) provocó una importante alteración en las escuelas y la educación en todo el mundo y millones de niños no pudieron recibir sus comidas escolares o beneficiarse de los servicios de salud y nutrición prestados en las escuelas, tales como desparasitación, vacunación o apoyo psicosocial. A escala mundial, más de 150 millones de niños siguen estando privados de comidas y servicios esenciales de salud y nutrición.

En una declaración conjunta, cinco organismos se comprometieron a brindar asistencia a la Coalición de comidas escolares, un grupo de más de 60 países, encabezados por Francia y Finlandia, cuya visión es ofrecer a todos los niños necesitados la oportunidad de recibir una comida nutritiva en la escuela para 2030. La Coalición se propone asimismo llevar a cabo programas de comidas escolares “inteligentes”, que combinan comidas regulares en la escuela con intervenciones complementarias en materia de salud y nutrición en favor del crecimiento y el aprendizaje de los niños.

Los escolares no son los únicos que obtienen beneficios. Los dirigentes de los cinco organismos señalaron que las comidas escolares pueden servir de “trampolín” para la transformación de los sistemas alimentarios. Siempre que sea posible, pueden utilizar alimentos producidos localmente, apoyando así a los mercados y sistemas alimentarios nacionales y locales y mejorando las oportunidades de los pequeños agricultores y empresas locales de abastecimiento, muchas de ellas dirigidas por mujeres. Estos programas pueden contribuir al logro de al menos siete de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Cada uno de los cinco organismos de las Naciones Unidas, a saber, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), aportará un conjunto específico de conocimientos técnicos a la coalición. Más de 50 asociados, entre ellos, organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y otras organizaciones, han señalado que también brindarán apoyo.

La Coalición trabajará para restablecer las comidas escolares y otros programas de salud y nutrición que estaban en marcha antes de la pandemia de la COVID-19, ampliarlos para llegar a 73 millones de niños que carecían de cobertura antes de la pandemia y mejorar su calidad en parte mediante el establecimiento de normas y, en la medida de lo posible, vinculándolos a la producción local de alimentos.

En su declaración de apoyo, los dirigentes de los cinco organismos de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar con los gobiernos para alcanzar los objetivos de la Coalición, proporcionando apoyo técnico y operativo cuando fuese necesario, promoviendo financiación y ayudando a recopilar mejores datos sobre la repercusión de los programas de salud y nutrición en las escuelas.

El estudio destaca que hay sesenta países que ya están en camino de alcanzar el objetivo mundial voluntario de una reducción del 30% en el consumo de tabaco entre 2010 y 2025. Esa cifra era de solo 32 naciones dos años atrás.

El organismo especializado de la ONU destacó que se han salvado millones de vidas gracias a las políticas eficaces y exhaustivas del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y de la iniciativa MPOWER, un paquete de medidas a nivel nacional destinado a reducir la demanda de tabaco.

El informe también insta a los países a acelerar la aplicación de las medidas previstas en el Convenio Marco en un esfuerzo por reducir aún más el número de personas que corren el riesgo de enfermar y morir por una enfermedad relacionada con el tabaco.

Un nuevo estudio de la OMS sobre inversión mundial en la lucha contra el tabaquismo pone de relieve que destinar 1,68 dólares al año per cápita en medidas para el abandono del tabaco con base científica, como las líneas telefónicas gratuitas y el apoyo por SMS para dejar de fumar, podría contribuir a que 152 millones de consumidores de tabaco abandonasen su consumo para 2030, una acción que salvaría millones de vidas y contribuiría al crecimiento económico a largo plazo de los países.

Conclusiones del informe

El informe de la OMS cubre el consumo de tabaco fumado (cigarrillos, pipas, puros, pipas de agua, entre otros) y productos de tabaco que no producen humo (tabaco de consumo oral y nasal). No se analiza en el informe el uso de cigarrillos electrónicos

La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que —en las personas sanas— se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno.

La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Se calcula que la neumonía mató a unos 920 136 niños menores de 5 años en 2015, lo que supone el 15% de todas las defunciones de niños menores de 5 años en todo el mundo. La neumonía afecta a niños —y a sus familias— de todo el mundo, pero su prevalencia es mayor en el África subsahariana y Asia meridional. Pueden estar protegidos mediante intervenciones sencillas y tratados con medicación y cuidados de costo bajo y tecnología sencilla.

Diversos agentes infecciosos —virus, bacterias y hongos— causan neumonía, siendo los más comunes los siguientes:
Streptococcus pneumoniae: la causa más común de neumonía bacteriana en niños;
Haemophilus influenzae de tipo b (Hib): la segunda causa más común de neumonía bacteriana;
El virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumomía vírica.
Pneumocystis jiroveci es una causa importante de neumonía en niños menores de seis meses con VIH/SIDA, responsable de al menos uno de cada cuatro fallecimientos de lactantes seropositivos al VIH.

La neumonía puede propagarse por diversas vías. Los virus y bacterias presentes comúnmente en la nariz o garganta de los niños, pueden infectar los pulmones al inhalarse. También pueden propagarse por vía aérea, en gotículas producidas en tosidos o estornudos. Además, la neumonía puede propagarse por medio de la sangre, sobre todo en el parto y en el período inmediatamente posterior. Se necesita investigar más sobre los diversos agentes patógenos que causan la neumonía y sobre sus modos de transmisión, ya que esta información es fundamental para el tratamiento y la prevención de la enfermedad.

Se calcula que el costo de tratar con antibióticos a todos los niños enfermos de neumonía en 66 de los “países de la cuenta regresiva para 2015 con respecto a la supervivencia materna, neonatal e infantil” es de US$ 109 millones al año. Esta cifra incluye los antibióticos en sí mismos y las pruebas necesarias para establecer el diagnóstico de neumonía.