En 1991 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes (FID) crearon el Día Mundial de la Diabetes. En 2006, en la resolución 61/225, la ONU designó el 14 de noviembre como día oficial para esta conmemoración. La selección de esta fecha se debe al natalicio de Sir Frederick Banting, quien junto a Charles Best, descubrió la insulina en 1922.

En 2020, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatizó la importancia de implementar estrategias para prevenir, dar seguimiento y controlar esta enfermedad en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19, que ha supuesto desafíos tanto al sistema de salud como a quienes la padecen.

En conmemoración de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece el siguiente panorama nacional sobre la morbilidad y mortalidad por diabetes.

Morbilidad

A nivel mundial la FID estima que en 2019 había 463 millones de personas con diabetes y que esta cifra puede aumentar a 578 millones para 2030 y a 700 millones en 2045. En México, durante 2018 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición había 82 767 605 personas de 20 años y más en el país, de las cuales 10.32% reportaron (8 542 718) contar con un diagnóstico médico previo de diabetes mellitus. Por sexo, 13.22% (5.1 millones) de las mujeres de 20 años y más disponían de este diagnóstico y 7.75% (3.4 millones) en los hombres de 20 años y más. Es decir, la enfermedad está más presente en las mujeres que en los hombres.

Se observa un incremento del diagnóstico de la enfermedad conforme aumenta la edad de las personas; a nivel nacional poco más de una cuarta parte de la población de 60 a 69 años (25.8%) declaró contar con un diagnóstico previo de diabetes que representan 2.3 millones de personas. En el caso de las mujeres en este grupo de edad se presenta la prevalencia más altacon 35.6% (1.4millones). Es en los hombres del grupo de 70 y más años donde se concentra la prevalencia más alta 18.4% de casos de diagnósticos previos de diabetes (714mil personas).

El análisis de este mismo indicador por entidad federativa para 2018 muestra que Campeche (14.01%), Hidalgo (12.83%) y Tamaulipas (12.77%) son los estados con las prevalencias más altas de población de 20 años y más con diagnóstico médico previo de diabetes. Quintana Roo (7.41%), Querétaro (7.51%) y Aguascalientes (7.56%) registran las prevalencias más bajas.

Mortalidad

En México, de acuerdo con los datos de mortalidad para 2020, se reportaron 1 086 743 fallecimientos, de los cuales 14% (151 019) correspondieron a defunciones por diabetes mellitus. De estas, 52% (78 922) ocurrieron en hombres y 48% (72 094) en mujeres. Del total de fallecimientos 98% (144 513) fueron por diabetes No insulinodependiente y de otro tipo y 2% (3 506) por diabetes Insulinodependiente.

La tasa de mortalidad por diabetes muestra el número de fallecimientos más alto por esta causa específica por cada 10 mil habitantes en un año determinado. Hay una tendencia al alza de dicha tasa durante el periodo comprendido entre 2011 y 2016, después una caída de 2011 a 2019 y un incremento para 2020, lo que demuestra el creciente impacto de la diabetes en la sociedad.

Las defunciones por diabetes, registradas en 2020, se distribuyen en todos los grupos de edad aunque se presenta un incremento conforme avanza la edad, afectando en mayor medida a las personas de 65 años y más.

En la mayoría de los grupos de edad se observan más defunciones en hombres que en mujeres.

Los estados que presentan las tasas de mortalidad por diabetes mellitus más altas son Tabasco y Tlaxcala con 17.55 y 15.97 por cada 10 mil habitantes, respectivamente. Las entidades con las tasas más bajas son Aguascalientes y Baja California Sur (6.12 y 6.25 defunciones por cada 10 mil habitantes, respectivamente).

En México, en 2020, la diabetes mellitus pasó a ser la tercera causa de defunciones, superada por el COVID 19 y las enfermedades del corazón.

A nivel de municipios y alcaldías del país, se estimó la prevalencia de la Obesidad, Hipertensión y Diabetes para 2018. Esto se realizó mediante técnicas de Estimación para Áreas Pequeñas (EAP) con en base a la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018), dado que no existe fuente de información reciente con tal nivel de desagregación geográfica.

La diabetes tiene un comportamiento uniforme a nivel municipal. Sin embargo, se observan menores proporciones de la enfermedad en Jalisco, Chiapas y Oaxaca. En el otro extremo, las proporciones de diabetes más altas se dan en los municipios de los estados de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora.

El acceso a la educación es uno de los diversos temas que se examinan en el informe. A pesar del acuerdo generalizado sobre la importancia de la educación, los niños con discapacidad siguen quedándose atrás a la hora de recibirla. El informe concluye que los niños con dificultades para comunicarse y ocuparse de sí mismos son los que tienen más probabilidades de no ir a la escuela, independientemente del nivel educativo. Las tasas de desescolarización son más elevadas entre los niños con múltiples discapacidades y las disparidades son aún más significativas si se tiene en cuenta la gravedad de la discapacidad.

El análisis pretende mejorar la inclusión de 1 de cada 10 niños y jóvenes con discapacidad en todo el mundo, garantizando que se cuente con ellos, se les consulte y se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones.

La nueva estimación mundial del número de niños con discapacidad es superior a las anteriores y se basa en una comprensión más significativa e inclusiva de las discapacidades que tiene en cuenta las dificultades en varios ámbitos de la funcionalidad, así como los síntomas de ansiedad y depresión.

Con la ratificación de Paraguay, el 25 de octubre de 2021, ya son 60 los países que han ratificado el Convenio de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) , considerado la base de todos los convenios de la OIT sobre seguridad social.

El Convenio nº 102 es el único instrumento internacional basado en los principios básicos de la seguridad social que establece normas mínimas acordadas a nivel mundial para las nueve ramas de la seguridad social: asistencia médica, prestaciones de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones por accidentes de trabajo, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de supervivencia.

Se considera un instrumento importante para ampliar la cobertura de la seguridad social y proporciona a los países que lo ratifican un incentivo para hacerlo al ofrecer flexibilidad en su aplicación, en función de su nivel socioeconómico.

En 2012, la recién adoptada Recomendación sobre los Pisos de Protección Social (núm. 202) reconoció el papel fundamental del Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima), 1952 (núm. 102) y pidió a los Estados miembros de la OIT que lo ratificaran lo antes posible. En consecuencia, el Consejo de Administración de la OIT acordó establecer un objetivo para aumentar las ratificaciones del Convenio núm. 102 de 47 a 60.

Durante la última década, la OIT ha apoyado de forma proactiva un importante número de procesos nacionales para animar a los países a ratificar el Convenio. Como resultado, 13 naciones han ratificado el texto en los últimos 10 años: Argentina (2016), Benín (2019), Cabo Verde (2020), Chad (2015), República Dominicana (2016), Honduras (2012), Jordania (2014), Marruecos (2019), Paraguay (2021), Federación de Rusia (2019), San Vicente y las Granadinas (2015), Togo (2013) y Ucrania (2016).

En junio de 2021, la Conferencia Internacional del Trabajo celebró su segunda discusión recurrente sobre la protección social , en la que se destacó la necesidad de construir sistemas de protección social universales anclados en las normas de la OIT. También reafirmó el mandato y el liderazgo de la OIT en materia de protección social en el sistema multilateral y pidió a la OIT que acelerara los esfuerzos en curso para promover el Convenio mediante una nueva campaña de ratificación.

Fuente: OIT 08 de noviembre de 2021

Más de la mitad de los decesos por enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el continente americano, tiene que ver con una presión arterial alta, una condición que padecen entre el 20% y 35% de los adultos en la región y que puede agudizarse con el consumo excesivo de sal. Las muertes anuales atribuidas a la hipertensión ascienden a 9,4 millones.

Sin embargo, el consumo diario de sal de cada habitante de América supera con creces la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud para evitar ese padecimiento.

La recomendación es una ingesta de menos de cinco gramos de sal al día, pero según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el promedio de ese consumo individual en la región oscila entre los 8,5 y los 15 gramos.

Las evidencias médicas han demostrado que comer menos de 5 g de sal (menos de 2 g de sodio) puede reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular y cardiopatía coronaria.

Para hacer frente a este nocivo hábito de consumo, la OPS presentó nuevas metas regionales para la reducción de la sal en la dieta de la población, que se enfocan en disminuir el contenido de sodio en los alimentos procesados consumidos frecuentemente toda vez que en muchos países, gran parte del sodio alimentario (entre el 70% y el 80%) proviene de comida elaborada como pan, cereales y granos; carnes procesadas y productos lácteos.

La OPS enfatizó que el consumo de sal no sólo cuesta vidas, sino que supone una carga onerosa e incide en los esfuerzos de desarrollo de los países.

Los costos directos e indirectos de la hipertensión representan entre 5% y 15% del Producto Interno Bruto de las economías de renta alta, y entre 2,5% y 8,0% de las de América Latina y el Caribe.

La Organización afirmó que la reducción de la sal alimentaria en la población es la medida de salud pública más eficaz en términos de costos para bajar la presión arterial y la mortalidad. “Puede salvar vidas, rescatar la economía y los sistemas de atención de salud de los países de bajos y medianos ingresos”.

Pero conseguir la disminución de sal en los alimentos procesados implica una serie de acciones que requieren de la cooperación no sólo del gobierno, sino de todos los sectores de la sociedad, especialmente de las empresas del rubro alimentario, donde median muchos intereses económicos.

El documento con las metas hace hincapié en que los enfoques obligatorios proveen los recursos jurídicos, financieros y humanos necesarios para garantizar la aplicación y la adopción de mecanismos apropiados de seguimiento del proceso de disminución del sodio de la comida.

Con respecto a los consumidores, la OPS aseguró que se ha observado que cuando el consumo de sal se reduce gradualmente, las personas prefieren los alimentos menos salados.

Asimismo, consideró que las campañas de concientización son útiles siempre y cuando estén acompañadas de otras medidas eficaces, como la reducción del contenido de sodio de los productos procesados y ultraprocesados, las restricciones de la comercialización, el etiquetado frontal y la promoción de entornos más sanos, por ejemplo, en las escuelas.

“La educación es una herramienta imprescindible para mejorar la salud de la población y hay que apoyarla plenamente. La reducción del contenido de sodio de los productos alimenticios es una opción de política complementaria, igual que el etiquetado frontal y las restricciones de la comercialización”, argumenta el documento.

El 80% de la población de los países en vías de desarrollo sustenta la atención primaria de la salud en prácticas de la medicina natural o tradicional, no sólo por tradición cultural, sino porque en muchos de esos países no existen otras opciones, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) que con base en la Declaración de Beijing, en 1991 instituyó el 22 de octubre como Día Internacional de la Medicina Natural.

La agencia sanitaria de las Naciones Unidas admite que “la medicina natural prioriza el reconocimiento de la integralidad del ser humano (cuerpo, mente y espíritu), y a partir de ello busca el origen de muchas enfermedades, lo cual constituye una de las prácticas más antiguas de la humanidad, lo que no implica necesariamente que se encuentra desfasada o sea menos efectiva que otras”.

Pero si bien el organismo mundial ha realizado estudios en más de 140 países sobre el tema, considera que “más allá de los beneficios potenciales”, en unos 40 países los remedios tradicionales “se utilizan mediante automedicación y son comprados o preparados por amigos o conocidos, o por el propio paciente, tendencias que plantean dudas sobre la calidad de los productos utilizados”.

Contrario a esa visión, un estudio publicado por la Revista de Enfermería de Cuba en 2002 encontró que “para algunos la medicina natural y tradicional está constituida por un conjunto de prácticas y medicamentos, susceptibles de explicación o no, utilizados para prevenir, diagnosticar y eliminar los desequilibrios físicos, mentales o sociales, y que se basan exclusivamente en la experiencia y la observación práctica trasmitidas de generación en generación, oralmente o por escrito.

La medicina natural tiene un reconocimiento tan antiguo que a Hipócrates de Cos (460 a.C.-370 a.C) se le llamó Padre de la Medicina y también Médico Perfecto. Su pensamiento ha trascendido hasta nuestros días: “Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina”, y marcó un hito en la medicina natural, además de que de su doctrina filosófica surgió el Juramento Hipocrático.

Siglos más tarde, en la Edad de Oro del Islam nació el “Príncipe de los Médicos”, Avicena (980-1037), dotado de un conocimiento casi enciclopédico de la medicina y erudito en múltiples campos del saber, autor del Canon de la Medicina, obra en la que plantea que la medicina depende del conocimiento de los elementos que componen la materia y de las leyes de la naturaleza.

En América, las culturas precolombinas maya, inca y azteca nos legaron sobresalientes estudios sobre las plantas medicinales y los tratamientos que con ellas se aplicaban, conocimiento que ha pasado de boca a oído y de generación en generación a través de los siglos. El Código Sahagún y el Código Badiano dan testimonio de la medicina natural que encontraron en nuestro territorio los invasores en el siglo XVI.

Aunque la práctica más conocida de la medicina natural y tradicional es el uso de plantas medicinales, o yerbas, y su aplicación es muy extendida, la medicina natural reúne una amplia gama de médicos tradicionales: hueseros, yerberos, parteras y sobadores, entre muchos otros. Según el Códice Magliabecchi, en la época precortesiana algunos de ellos se especializaban como fisioterapeutas, comadronas o cirujanos.

La medicina natural es parte de nuestras culturas y prospera paralelamente frente a la medicina institucional, no sólo en las regiones rurales apartadas, sino en las áreas más urbanizadas de nuestro país y prácticamente en todos los estratos sociales.

En etapas más o menos recientes la industria farmacéutica ha impulsado la prohibición del uso de las plantas medicinales, lo que ha generado rechazo entre la población. Sin embargo, en marzo del presente año la Cámara de Diputados aprobó una reforma a los artículos 2, 6, 13, 27, 31, 83, 96 y 112 de la Ley General de Salud, con el fin de que “las prácticas médicas complementarias sean sujetos de certificación, regulación y vigilancia por la Secretaría de Salud”.

Una destacada vertiente de la medicina natural de México es, sin duda, la herbolaria, importante como remedio curativo de enfermedades por medio de plantas medicinales, y que es una tradición en diversos pueblos y una práctica común.

Fuente: SEMARNAT 22 de octubre de 2021

El cáncer de mama se origina a partir del crecimiento descontrolado e independiente de las células que forman un tumor maligno que puede invadir tejidos circundantes y también órganos distantes (metástasis). La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoce como el tipo de cáncer más común en el mundo.

Según las Naciones Unidas este tipo de cáncer fue el de mayor incidencia en 2020, con 2.3 millones de casos nuevos (11.7% del total de casos de cáncer diagnosticados a nivel mundial). Además, “se estima que a nivel mundial, los años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en mujeres con cáncer de mama superan a los debidos a cualquier otro tipo de cáncer”.

Con el objetivo de fomentar la autoexploración mamaria y la detección temprana, así como promover el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, la OMS designó el 19 de octubre como el Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. En conmemoración de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece el siguiente panorama nacional sobre la morbilidad y la mortalidad por cáncer de mama entre la población de 20 años y más.

Morbilidad

El cáncer de mama no tiene una causa única; se han identificado una serie de factores que contribuyen en su aparición y desarrollo; por ejemplo la edad, conforme las personas envejecen aumenta el riesgo de padecerlo; el inicio temprano de la menstruación (antes de los 12 años) e inicio tardío de la menopausia (después de los 55 años); antecedentes de cáncer de seno o de ovario; la obesidad y el sobrepeso; el tabaquismo y la ingesta de alcohol; algunas terapias de reemplazo hormonal y ciertos anticonceptivos orales; así como mutaciones genéticas heredadas en los genes BRCA1 y BRCA2.

En México durante 2019 se registraron 15 286 nuevos casos de cáncer de mama en la población de 20 años y más. De estos, 167 corresponden a hombres y 15 119 a mujeres. La tasa de incidencia de tumor maligno de mama a nivel nacional es de 18.55 casos nuevos por cada 100 mil habitantes de 20 años y más.

En un nuevo informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instan a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar, entre otras medidas, para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“La pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de construir una agenda de salud pública con una perspectiva integral e integrada en América Latina y el Caribe, que reconozca la interdependencia que existe entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, señala el documento La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social, dado a conocer en una conferencia de prensa

La pandemia de COVID-19 ha cobrado poco más de 1,5 millones de vidas en América Latina y el Caribe y ha dado lugar a más de 45,7 millones de casos confirmados desde su aparición en la región, en febrero 2020. La región acumula cerca de un quinto de los casos confirmados de COVID-19 y alrededor del 30% de las muertes en todo el mundo, a pesar de constituir solamente el 8,4% de la población mundial.

En 2020, a raíz de la crisis sanitaria, la región de América Latina y el Caribe experimentó la mayor contracción económica de los últimos 120 años y fue la región que tuvo el peor desempeño entre todas las regiones en desarrollo. El crecimiento prácticamente nulo en el quinquenio previo a la crisis, unido a la fuerte contracción de 2020 (-6,8%), se tradujo en una caída histórica de la ocupación y un aumento sin precedentes del desempleo, junto con incrementos significativos de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad, lo que ha exacerbado aún más los problemas estructurales de la región. Para 2021 se espera una tasa de crecimiento promedio del 5,9%, mientras que en 2022 de 2,9%. No obstante, esta expansión no será suficiente para que toda la región recupere el nivel de PIB anterior a la crisis.

“Junto con las debilidades estructurales de los sistemas de salud para enfrentar la pandemia, la prolongación de la crisis sanitaria está estrechamente relacionada con el avance lento y desigual de los procesos de vacunación en la región y las dificultades de los países para mantener medidas sociales y de salud pública en los niveles adecuados”, sostiene el informe. En promedio, en América Latina y el Caribe un 39% de la población cuenta con esquema completo de vacunación. Si bien países como Chile y Uruguay superan el 70%, 25 de los 49 países y territorios de la región no sobrepasan el 40% del total de su población con esquema completo de vacunas.

El documento enfatiza que la persistencia de la crisis ha evidenciado la necesidad de transformar los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, que ya antes de la pandemia se caracterizaban por la debilidad de la capacidad de respuesta de los servicios de salud, su subfinanciamiento, con un nivel muy inferior al acuerdo regional del 6% del PIB, y la fragmentación y la segmentación del sistema de salud. Estas condiciones constituyen las causas estructurales de las inequidades en el acceso a los servicios de salud y la persistencia de un alto gasto de bolsillo, alertan la CEPAL y la OPS. De hecho, ambos organismos consignan en el informe “una alta correlación entre la vulnerabilidad socioeconómica y el nivel de gravedad y muerte por COVID-19”.

De igual forma, los déficits de inversión pública de los sistemas de salud de la región se traducen en debilidad en la rectoría de las autoridades de salud, en una escasez relativa de recursos humanos, con una disponibilidad promedio de 20 médicos por cada 10.000 habitantes, muy por debajo de los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en limitaciones en la capacidad resolutiva de la red de servicios de salud, en particular el primer nivel de atención.

En el documento también se manifiesta la preocupación por la falta de acceso a los servicios de salud que ha experimentado una parte de la población durante la pandemia debido a la saturación observada. De acuerdo con información oficial, en 2021, un 35% de los países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55% en el caso de los países que declararon interrupciones en servicios prestados en el primer nivel de atención.

Entre sus recomendaciones específicas, ambas instituciones señalan la necesidad de: incorporar el enfoque intersectorial en las políticas de salud; transformar los sistemas de salud teniendo en cuenta la centralidad de la atención primaria de salud, fortalecer el ejercicio de las funciones esenciales de salud pública, la equidad en salud, la sostenibilidad financiera y el papel del Estado; acelerar los procesos de vacunación masiva y mantener las medidas sociales y de salud pública en niveles adecuados para controlar la crisis sanitaria; lograr avances tecnológicos para la salud y el desarrollo sostenible a nivel regional; acelerar los procesos de transformación digital del sector salud; mantener políticas fiscales expansivas y fortalecer la inversión pública para avanzar hacia una recuperación transformadora; y consolidar Estados de bienestar con políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos.

En América Latina y el Caribe vive el 8,4% de la población mundial; sin embargo, es una región que acumula la quinta parte de los casos de COVID-19 y el 30% de las muertes por esa enfermedad (1,5 millones), además de que su economía ha sido la más afectada por la pandemia, con una contracción del 6,8% de su Producto Interno Bruto en 2020.

Estos datos hacen evidente la necesidad de construir una agenda de salud pública integral “que reconozca la interdependencia entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, subraya un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

El estudio La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social insta a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La prioridad sigue siendo controlar la crisis sanitaria desde un enfoque integral y mediante la aceleración de los procesos de vacunación de la población, apuntan los organismos.

La pandemia de COVID-19 hizo evidentes las limitaciones de los países del bloque para el abastecimiento de vacunas y medicamentos, y probó las debilidades de los sistemas de salud, la desigualdad frente al acceso a atención primaria universal y la carencia de una planificación anticipatoria.

Además, la falta crónica de financiamiento a la investigación y el desarrollo tecnológico y las débiles políticas industriales impidieron desarrollar las capacidades existentes para producir vacunas oportunamente y construir un mercado de escala de medicamentos.

La OPS y la CEPAL indicaron que la lentitud y desigualdad de la vacunación en la región, así como las dificultades de los países para mantener medidas sociales y de salud pública en los niveles adecuados, son consecuencia directa de la debilidad estructural de los sistemas sanitarios para encarar la pandemia y la prolongación de la crisis.

El informe da cuenta también de la falta de acceso a los servicios de salud que ha padecido gran parte de la población debido a la saturación de los sistemas sanitarios por la pandemia. Según datos oficiales, en 2021 un 35% de los países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55% en el caso de los países que declararon interrupciones en servicios prestados en el primer nivel de atención.

Frente a este escenario, es imperativo entender la salud como parte de la economía y trabajar en la construcción de sistemas sanitarios “universales, solidarios y resilientes”, lo que requiere inversiones públicas y privadas.

La actividad física mejora la salud física, mental y social y el bienestar general; ayuda a prevenir enfermedades y reduce la carga sobre los sistemas de salud. Según los responsables de la Organización Mundial de la Salud, se podrían evitar hasta 5 millones de muertes al año si la población mundial fuera más activa.

La práctica del deporte “es un componente esencial de la ‘Salud para todos’, que es el credo de la Organización Mundial de la Salud para lograr poblaciones más sanas y un planeta más saludable. En resumen, es tiempo de velar por que la actividad física sea imprescindible”.

Las estadísticas muestran que uno de cada cuatro adultos de todo el mundo no realiza la actividad física suficiente que le permita aprovechar sus beneficios y revelan que, en todos los países, las mujeres, los grupos étnicos minoritarios, las comunidades desfavorecidas y las personas con discapacidades o enfermedades crónicas tienen más probabilidades de permanecer inactivas.

Por ejemplo, Las mujeres son menos activas que los hombres, con una diferencia de más del 8% a nivel mundial (32% hombres frente a 23%, mujeres). Los países de renta alta son más inactivos (37%) en comparación con los de renta media (26%) y los de renta baja (16%).

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud recomiendan que todo el mundo sea activo con regularidad para obtener beneficios para la salud mental y física. Los adultos deben realizar al menos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada y vigorosa a la semana, y una media de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Los niveles de inactividad entre los adolescentes son también alarmantes, dado que al menos las tres cuartas partes de ellos no observan las directrices y, de esa proporción, en la mayoría de los países, las muchachas son más propensas a la inactividad que los muchachos.

En un documento para promocionar la práctica del ejercicio físico, titulado Juego Limpio: Crear un sólido sistema de actividad física para personas más activas, los expertos de salud pública de la OMS explican cómo puede lograrse ese objetivo.

El informe recuerda que la actividad física contribuye a la integración social, la igualdad de género, la empleabilidad y la educación, destaca los principales retos y oportunidades de cómo los países pueden construir un sistema de actividad física y deporte más justo, y hace un llamamiento para apoyar a los países a ampliar las acciones de promoción de la actividad física en todas sus formas, para todas las edades y capacidades.

Para lograr avances reales en la esfera de la actividad física se requiere un enfoque de sistemas estratégicos coordinados, según se describe en el Plan de acción mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la Organización Mundial de la Salud.

El Plan incluye datos probatorios y recomendaciones normativas basadas en la práctica sobre la manera de incrementar la actividad física en todos los países.

Además, insta a todos los países a proporcionar educación pública constante, entornos propicios y programas diversos que permitan a las personas mantenerse activas de manera segura y placentera a través de:

El nuevo Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud dibuja un decepcionante panorama de fracaso mundial a la hora de prestar a las personas los servicios de salud mental que necesitan, en un momento en el que la pandemia de la COVID-19 está poniendo de manifiesto la creciente necesidad de apoyo en materia de salud mental.

La última edición del Atlas, que incluye datos de 171 países, es un claro indicio de que la mayor atención prestada a la salud mental en los últimos años aún no se ha traducido en una ampliación de los servicios de atención de salud mental de calidad que se ajuste a las necesidades.

El Atlas, que se publica cada tres años, es una recopilación de datos proporcionados por países de todo el mundo sobre las políticas, la legislación, la financiación, los recursos humanos, la disponibilidad y la utilización de los servicios y los sistemas de recopilación de datos en materia de salud mental. También es un mecanismo para monitorear los avances hacia el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental de la OMS.

Ninguna de las metas de liderazgo y gobernanza eficaces en materia de salud mental, prestación de servicios de salud mental en entornos comunitarios, promoción y prevención de la salud mental, y fortalecimiento de los sistemas de información, estuvo cerca de alcanzarse.

En 2020, solo el 51% de los 194 Estados Miembros de la OMS informaron de que su política o plan de salud mental estaba en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, porcentaje que es muy inferior a la meta del 80%. Y solo el 52% de los países cumplieron la meta relativa a los programas de promoción y prevención de la salud mental, porcentaje también muy inferior a la meta del 80%. La única meta para 2020 que se cumplió fue la reducción de la tasa de suicidio en un 10%, pero, incluso entonces, solo 35 países dijeron que tenían una estrategia, política o plan de prevención independiente.

Las estimaciones mundiales de las personas que reciben atención para afecciones específicas de salud mental (utilizadas como un indicador de la atención de salud mental en su conjunto) se mantuvieron por debajo del 50%, con una mediana mundial del 40% de las personas con depresión y solo del 29% de las personas con psicosis que reciben atención.

Más alentador fue el aumento del número de países que informaron de programas de promoción y prevención de la salud mental, que pasó del 41% de los Estados Miembros en 2014 al 52% en 2020. Sin embargo, el 31% del total de los programas notificados no contaban con recursos humanos y financieros específicos, el 27% no tenían un plan definido y el 39% no tenían pruebas documentadas de los avances y/o el impacto.

El número medio mundial de trabajadores de salud mental por cada 100 000 habitantes ha aumentado ligeramente, pasando de nueve trabajadores en 2014 a 13 trabajadores por cada 100 000 habitantes en 2020. Sin embargo, se observa una variación muy elevada entre países de distintos niveles de ingresos, ya que el número de trabajadores de salud mental en los países de ingresos altos es más de 40 veces superior al de los países de ingresos bajos.

Las metas mundiales recogidas en el Atlas de Salud Mental proceden del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental de la OMS, que contenía metas para 2020 aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud en 2013. Este Plan se ha ampliado ahora hasta 2030 e incluye nuevas metas para la inclusión de la salud mental y el apoyo psicosocial en los planes de preparación para emergencias, la integración de la salud mental en la atención primaria de salud y la investigación sobre salud mental.

«Los nuevos datos del Atlas de Salud Mental nos muestran que todavía tenemos un camino muy largo por recorrer para conseguir que todo el mundo, en todas partes, tenga acceso a una atención de salud mental de calidad».

Con información sobre políticas, legislación, financiación, recursos humanos, disponibilidad y utilización de servicios y sistemas de recopilación de datos de salud mental de 171 países, el Atlas deja al descubierto la falta de avances en el liderazgo, la gobernanza y el financiamiento del sector.

El texto indica que para 2020, sólo el 51% de los 194 Estados Miembros de la OMS informaron que su política o plan de salud mental estaba en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, muy por debajo del objetivo del 80%.

Además, apenas el 52% de los países cumplieron la meta relacionada con los programas de prevención y promoción de la salud mental, también muy por debajo del objetivo del 80%. La única marca alcanzada ese año fue una reducción de la tasa de suicidios en un 10%, un problema para el que únicamente 35 países reportaron una estrategia, política o plan de prevención independiente.

La Organización ha recomendado durante mucho tiempo la descentralización sistemática de la atención de salud mental a entornos comunitarios, pero sólo el 25% de los países han integrado estos servicios a la atención primaria.

El Atlas reporta que más del 70% del gasto público en salud mental se asigna a hospitales psiquiátricos en los países de ingresos medios, frente al 35% en los países de renta alta, lo que indica que los hospitales psiquiátricos centralizados y la atención hospitalaria institucional todavía reciben más fondos que los servicios prestados en los hospitales generales y los centros de atención primaria de salud en muchos países.

En este sentido, la OMS llamó a los países a cambiar el modelo según el cual los servicios de salud mental son solamente institucionales.

El Atlas también recalcó que aunque algunos números denotan ciertos pasos adelante, no necesariamente lo son y se refirió como ejemplo al aumento de los países con programas de promoción de la salud mental, que si bien pasaron de un 41% en 2014 a un 52% en 2020, un tercio de ellos no le asignó recursos humanos o financieros a los servicios que harían falta y otro 27% no tiene un plan definido para otorgarlos. Por lo tanto, el incremento en la promoción de la salud mental en realidad tiene una efectividad cuestionable, sostiene la OMS.

El Plan de Acción Integral de Salud Mental con metas para 2020 se ha extendido hasta 2030 y lista nuevos objetivos entre los que se cuenta el apoyo sanitario y psicosocial en los planes de preparación para emergencias, la integración de la salud mental en la atención primaria de salud y la investigación en salud mental.

Según la OMS, si los gobiernos respaldan con acciones el entusiasmo con el que discutieron y acordaron los nuevos objetivos para 2030, el campo de la salud mental pasaría de “dar pasos de bebé a dar pasos de gigante”.

“La extensión del Plan de Acción de Salud Mental hasta 2030 brinda una nueva oportunidad de progreso”, afirmó el organismo de la ONU.

Antes de la emergencia sanitaria por la covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya estimaba que en México el 75% de la fuerza laboral padecía estrés. Después de 18 meses de pandemia, la realidad no es distinta e incluso los daños en la salud mental de los trabajadores se acentuaron debido a temas como la pérdida de empleo, jornadas laborales largas o sobrecargas de trabajo.

La pandemia y sus efectos en la vida laboral y personal llevaron a México al primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con más niveles de ansiedad. Previo a la crisis sanitaria, el 15% de la población de nuestro país experimentaba este padecimiento, esa proporción se elevó al 50% un año después.

“Estar sin trabajo durante 2020 aumentó los riesgos para la salud mental. La evidencia muestra que las personas empleadas tienen menos probabilidades de informar síntomas de depresión y ansiedad que las personas desempleadas”, destacó la OCDE en su informe sobre políticas públicas en respuesta al coronavirus.

En México la pandemia destruyó más de 12 millones de puestos de trabajo al inicio de la emergencia sanitaria. Y aunque el mercado laboral se ha recuperado gradualmente, aún hay miles de personas que no han logrado incorporarse a una actividad productiva y diversos estudios confirman que el panorama tampoco ha sido el óptimo para quienes se quedaron activos en el empleo pues se incrementaron la demanda de trabajo y las jornadas laborales.

En síntomas de depresión el panorama es similar al de la ansiedad. Antes de la pandemia este padecimiento afectaba al 3% de la población, la emergencia sanitaria elevó la proporción al 27.6% y de esta manera nuestro país pasó del lugar 13 a la tercera posición entre las economías que integran la OCDE en esta medición, el aumento más alto en todo el grupo.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que el impacto negativo de la pandemia en la salud mental puede enfrentarse con políticas integradas e intersectoriales enfocadas a la atención puntual de los padecimientos.

“La recomendación, resultado del trabajo de la OCDE sobre salud mental y trabajo, sugiere que a través de la intervención temprana en las políticas de juventud, lugar de trabajo y bienestar, los resultados sociales, educativos y del mercado laboral de las personas que experimentan problemas de salud mental se puede mejorar. Este enfoque basado en el reconocimiento temprano y los servicios integrados es cada vez más importante”, expuso el organismo.

Fuente:EL ECONOMISTA 08 de octubre de 2021

La pandemia de COVID-19 está pasando una factura muy alta en la salud mental de niños y jóvenes, una afectación que también le cuesta a las economías unas pérdidas estimadas en 390.000 millones de dólares al año, según revela un nuevo informe divulgado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Ya antes de la pandemia, más de uno de cada siete niños y adolescentes de entre 10 y 19 años del mundo padecía algún trastorno mental diagnosticado y 46.000 se suicidaban anualmente, una situación que se ha agravado con la emergencia sanitaria, advierte el estudio.

Los confinamientos y las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia alejaron a ese colectivo de componentes clave para el desarrollo de los niños, como la familia, los amigos, las aulas y el juego, lo que dejará una “huella imborrable” en ellos.

De acuerdo con una encuesta internacional de UNICEF y Gallup en 21 países muestra que uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años respondió que a menudo se siente deprimido o tiene poco interés en hacer cosas.

Los datos más recientes de UNICEF indican que al menos uno de cada siete niños ha sido directamente afectado por los encierros, mientras que más de 1600 millones han sufrido alguna pérdida en materia de educación.

Hasta ahora, los trastornos mentales diagnosticados son el síndrome de atención con hiperactividad, la ansiedad, el autismo, el trastorno bipolar, el trastorno de conducta, la depresión, los trastornos alimentarios, la discapacidad intelectual y la esquizofrenia. Todos estos padecimientos pueden dañar la salud, la educación y la capacidad de generar ingresos de los niños y jóvenes.

El impacto en la vida de los niños es incalculable, pero en términos económicos sí tiene un costo para las sociedades. La London School of Economics estima que las contribuciones perdidas debido a los trastornos mentales que conducen a la discapacidad o la muerte entre los jóvenes sumarían casi 390.000 millones de dólares al año.

Pese a la importancia crítica de la salud mental para las sociedades, los gobiernos invierten muy poco en ese renglón, alertó la directora ejecutiva de UNICEF.

El informe destaca el abismo que existe entre las necesidades de salud mental y el presupuesto para atenderlas: regularmente, los gobiernos asignan a la salud mental el 2% de sus partidas para el sector sanitario.

El informe de UNICEF pide a los gobiernos y a los socios del sector público y privado que actúen para promover la salud mental de todos los niños, adolescentes y sus cuidadores, además de brindarles cuidados a los más vulnerables.

El embarazo adolescente, además de los riesgos físicos que conlleva, reduce oportunidades educativas en las mujeres, lo que a su vez genera condiciones precarias de empleo y salarios, las expone a sufrir violencia por parte de sus parejas y a ser vulnerables a una mayor dependencia en general . Es por ello que desde 2003, el 26 de septiembre se conmemora el Día mundial para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información estadística actualizada de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, distinguiendo los niveles de embarazo y el uso de anticonceptivos, a partir de la condición de asistencia escolar en las adolescentes.

Embarazo adolescente

La alta tasa de embarazo adolescente coloca a México en primer lugar en ocurrencia de embarazos en mujeres de 15 a 19 años dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en 2019 registraron una tasa promedio de 13.7 nacimientos por cada 1 000 mujeres de 15 a 19 años. Por ello, en 2015 se implementó en el país la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) conformada por varios organismos que buscan reducir esta problemática. En el trienio 2006-2008 la tasa de embarazo adolescente era de 70.9 por cada 1 000 mujeres de 15 a 19 años; para 2011-2013 se incrementó a 77.0 nacimientos, y en el trienio 2015-2017 fue de 70.6 nacimientos.

El embarazo adolescente está condicionado a factores demográficos, socioeconómicos, psicológicos y de educación. En relación con lo educativo, se considera que la inasistencia escolar facilita que se den embarazos a temprana edad. Por otro lado, el mismo embarazo provoca deserción escolar o bajo rendimiento . De acuerdo con datos de la ENADID 2018, de las adolescentes que no asisten a la escuela (1 948 142) 9% abandonó sus estudios debido a que se embarazó o tuvo un(a) hijo(a).

La educación es una herramienta para reducir el embarazo a temprana edad, potencializa el sano desarrollo para un ejercicio pleno y responsable de la sexualidad, además de que fomenta el empoderamiento y el acceso a mejores oportunidades de vida. En 2018, 16% de las adolescentes de 15 a 19 años reportaron haber tenido un embarazo. Por condición de asistencia escolar, es importante destacar que 39% de las adolescentes que no asisten a la escuela estuvieron embarazadas alguna vez, mientras que 3% de las adolescentes que sí asisten estuvieron embarazadas alguna vez.

Con respecto a las adolescentes que son madres, 31% de las mujeres de 15 a 19 años que no asisten a la escuela declararon tener hijos; condición que se presenta en 2% de quienes sí asisten.

Uso de anticonceptivos

La deserción escolar complica aún más la posibilidad de obtener educación en temas de sexualidad y reproducción, lo que aumenta el riesgo de concebir un embarazo a temprana edad. En relación con la actividad sexual, tres de cada 10 (30%) mujeres de 15 a 19 años han tenido relaciones sexuales. Esto se da en seis de cada 10 (57%) que no asisten a la escuela, y en 15% de quienes sí asisten.

Con respecto al uso de protección anticonceptiva en la primera relación sexual, cinco de cada 10 (50%) adolescentes de 15 a 19 años que no asisten a la escuela, no utilizaron protección en el primer encuentro coital, a diferencia del 18% de quienes sí asisten.

Se considera que una adolescente es sexualmente activa si reportó haber tenido su última relación sexual en el último mes al momento de la entrevista; esto se dio en 18% del total de adolescentes. La condición de asistencia escolar marca diferencias en esta situación, ya que de quienes no asisten, 38% son sexualmente activas por 7% de quienes sí asisten.

En relación con el uso de algún método anticonceptivo en quienes son sexualmente activas, se tiene que 60% de las adolescentes de 15 a 19 años emplean algún método, porcentaje que es mayor en aquellas que asisten a la escuela (72%) que en aquellas que no asisten (56%).

El Informe de Comercio y Desarrollo 2021 de la UNCTAD, dice que este año verá la recuperación de la economía mundial gracias a la continuación de las intervenciones políticas radicales iniciadas en 2020 y al lanzamiento exitoso (aunque aún incompleto) de la vacuna en las economías avanzadas. El crecimiento global alcanzará el 5,3%, su tasa más rápida en casi cinco décadas.

Sin embargo, la recuperación es desigual en las líneas geográficas, de ingresos y sectoriales. Dentro de las economías avanzadas, la clase rentista ha experimentado una explosión de riqueza, mientras que los de bajos ingresos luchan.

En 2022, la UNCTAD espera que el crecimiento mundial se desacelere al 3,6%, dejando el ingreso mundial todavía un 3,7% por debajo de donde lo habría puesto su tendencia prepandémica; una pérdida de ingresos acumulada esperada de alrededor de $ 13 billones [1] en 2020-22. Una política tímida o, lo que es peor, un retroceso, podría reducir aún más el crecimiento.

Los aumentos temporales de precios causados ​​por presiones no sincronizadas de la oferta y la demanda pueden convertirse en excusas para revertir las políticas necesarias para sostener la recuperación en las economías avanzadas. A pesar de una década de inyecciones monetarias masivas por parte de los principales bancos centrales, se han incumplido los objetivos de inflación e, incluso con la fuerte recuperación actual de las economías avanzadas, no hay indicios de un aumento sostenido de los precios.

Después de décadas de una participación salarial decreciente, los salarios reales en los países avanzados deben elevarse muy por encima de la productividad durante mucho tiempo antes de que se vuelva a lograr un mejor equilibrio entre salarios y ganancias. Dicho esto, la UNCTAD cree que el aumento de los precios de los alimentos podría representar una grave amenaza para las poblaciones vulnerables del Sur, ya debilitadas financieramente por la crisis sanitaria.

A nivel mundial, el comercio internacional de bienes y servicios se ha recuperado, después de que el flujo general cayera un 5,6% en 2020. La desaceleración resultó menos grave de lo que se había anticipado, ya que los flujos comerciales de mercancías intermensuales en la última parte de 2020 repuntaron casi al mismo tiempo. fuertemente como habían caído antes.

Las proyecciones del modelo del informe apuntan a un crecimiento real del comercio mundial de bienes y servicios del 9,5% en 2021. Aún así, la recuperación ha sido extremadamente desigual y las cicatrices seguirán afectando el desempeño comercial en los próximos años.

En 2021 ha continuado la trayectoria positiva de los precios de las materias primas desde el mínimo observado en el segundo trimestre de 2020. El índice agregado de materias primas registró un aumento del 25% de diciembre de 2020 a mayo de 2021, principalmente por el precio de los combustibles, que subió un 35%, mientras que el de los minerales, menas y metales registró un aumento del 13%.

El mayor riesgo para la economía mundial es que un repunte en el Norte desvíe la atención de las reformas necesarias desde hace mucho tiempo, sin las cuales los países en desarrollo permanecerán en una posición débil y vulnerable.

El TDR 2021 extrae cuatro lecciones principales de la pandemia

En primer lugar, cualquier conversación sobre la capacidad de recuperación financiera en los países en desarrollo sería prematura, ya que en muchos casos los flujos de inversión siguen siendo volátiles y la carga del endeudamiento intolerable. Aunque en 2020 se evitó la espiral de crisis de la deuda soberana, la sostenibilidad de la deuda externa de los países en desarrollo se deterioró aún más.

En segundo lugar, la pandemia ha visto un consenso emergente en torno a la necesidad de una intervención significativa del sector público, pero hay menos acuerdo sobre lo que esto implicará más allá de las medidas anticíclicas. Existe el riesgo de que las medidas fiscales expansivas se consideren únicamente como instrumentos de extinción de incendios, mientras que, de hecho, son instrumentos fundamentales para el desarrollo a largo plazo.

En tercer lugar, brindar el apoyo necesario para reconstruir mejor requerirá una coordinación de políticas mucho mayor en las economías de importancia sistémica; reformas a la arquitectura económica internacional que se prometieron después de la crisis de 2008-09 pero que fueron rápidamente abandonadas ante la resistencia de la clase rentista.

En cuarto lugar, la renuencia de otras economías avanzadas a seguir el ejemplo de Estados Unidos en la exención de vacunas no es solo un signo preocupante de obstinación inconexa en el Norte; es particularmente costoso para las economías que ya tienen limitaciones financieras. Según una estimación reciente, el costo acumulado de la vacunación retrasada ascenderá, para 2025, a 2,3 billones de dólares, y el mundo en desarrollo asumirá la mayor parte de ese costo.

Se necesita un apoyo internacional renovado para los países en desarrollo, muchos de los cuales enfrentan una crisis de salud en espiral, incluso cuando luchan con una carga creciente de deuda y enfrentan las perspectivas de una década perdida.

Las enfermedades y los traumatismos relacionados con el trabajo provocaron la muerte de 1,9 millones de personas en 2016, según las primeras estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según las Estimaciones conjuntas de la OMS y la OIT sobre la carga de morbilidad y traumatismos relacionados con el trabajo, 2000-2016: Informe de seguimiento mundial , la mayoría de las muertes relacionadas con el trabajo se debieron a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Las enfermedades no transmisibles representaron el 81% de las muertes. Las principales causas de muerte fueron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (450 000 muertes); el accidente cerebrovascular (400 000 muertes) y la cardiopatía isquémica (350 000 muertes). Los traumatismos ocupacionales causaron el 19% de las muertes (360 000 muertes).

En el estudio se tienen en cuenta 19 factores de riesgo ocupacional, como la exposición a largas jornadas laborales y la exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire, a asmágenos, a sustencias carcinógenas, a riesgos ergonómicos y al ruido. El riesgo principal fue la exposición a largas jornadas laborales, que estuvo vinculada a unas 750 000 muertes. La exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire (partículas en suspensión, gases y humos) provocó 450 000 muertes.

En el informe se advierte de que las enfermedades y los traumatismos relacionados con el trabajo sobrecargan los sistemas de salud, reducen la productividad y pueden tener un impacto catastrófico en los ingresos de los hogares.

A nivel mundial, las muertes relacionadas con el trabajo por población se redujeron en un 14% entre 2000 y 2016. Según el informe, esto puede deberse a la introducción de mejoras en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Sin embargo, las muertes por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares asociados a la exposición a largas jornadas laborales aumentaron un 41% y un 19% respectivamente. Esto refleja una tendencia creciente respecto de este factor de riesgo ocupacional relativamente nuevo y psicosocial.

Este primer informe de seguimiento mundial conjunto de la OMS y la OIT permitirá a los responsables de la formulación de políticas hacer un seguimiento de las pérdidas de salud relacionadas con el trabajo a nivel nacional, regional y mundial. Esto permitirá centrar más el alcance, la planificación, el cálculo de costos, la aplicación y la evaluación de las intervenciones adecuadas para mejorar la salud de la población trabajadora y la equidad sanitaria. El informe muestra que se necesitan más medidas para garantizar lugares de trabajo más sanos, más seguros, más resilientes y más justos desde el punto de vista social, y que la promoción de la salud en el lugar de trabajo y los servicios de salud ocupacional desempeñan un papel fundamental.

Cada factor de riesgo tiene un conjunto único de acciones preventivas, que se describen en el informe de seguimiento para orientar a los gobiernos, en consulta con los empresarios y los trabajadores. Por ejemplo, la prevención de la exposición a largas jornadas laborales requiere un acuerdo sobre los límites máximos saludables del tiempo de trabajo. Para reducir la exposición a la contaminación del aire en el lugar de trabajo, se recomienda el control del polvo, la ventilación y los equipos de protección personal.

Un número desproporcionadamente elevado de muertes relacionadas con el trabajo se produce entre trabajadores de Asia meridional y el Pacífico occidental, así como en hombres y en personas mayores de 54 años.

En el informe se señala que es probable que la carga total de morbilidad relacionada con el trabajo sea mucho mayor, ya que en el futuro habrá que cuantificar las pérdidas de salud derivadas de varios otros factores de riesgo ocupacional. Además, los efectos de la pandemia de COVID-19 añadirán otra dimensión a esta carga que deberá ser reflejada en futuras estimaciones.

Fuente: OIT 17 de septiembre de 2021

A pesar de la expansión sin precedentes de la protección social durante la crisis generada por la COVID-19, más de 4.000 millones de personas en el mundo siguen estando completamente desprotegidas, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El informe constata que la respuesta a la pandemia fue desigual e insuficiente, aumentando la distancia entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos, y no logró ofrecer la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen.

La protección social incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas de edad, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.

El Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022: La protección social en la encrucijada – en busca de un futuro mejor ofrece un panorama mundial de la evolución reciente de los sistemas de protección social, incluyendo los pisos de protección social, y abarca las consecuencias de la pandemia de COVID-19. El informe identifica los déficits en materia de protección social y formula recomendaciones políticas esenciales, en especial en relación a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En la actualidad, sólo 47 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social, mientras que 4.100 millones de personas (53 por ciento) no se benefician de ninguna seguridad del ingreso de su sistema de protección social nacional.

Existen diferencias regionales considerables en materia de protección social. Europa y Asia Central tienen las tasas de cobertura más altas, con 84 por ciento de la población cubierta por al menos una prestación. Las Américas también tienen una tasa superior a la medida mundial, con 64,3 por ciento. Asia y el Pacífico (44 por ciento), los Estados Árabes (40 por ciento) y África (17,4 por ciento) tienen evidentes deficiencias en materia de cobertura.

A nivel mundial, la gran mayoría de los niños aún no tiene una cobertura efectiva de protección social; sólo uno de cada cuatro niños (26,4 por ciento) se beneficia de una prestación de protección social. Sólo 45 por ciento de las mujeres con recién nacidos recibe una prestación de maternidad en efectivo. Sólo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo (33,5 por ciento) recibe una prestación por invalidez. La cobertura de las prestaciones de desempleo es aún más baja, sólo 18,6 por ciento de los trabajadores desempleados de todo el mundo están efectivamente cubiertos. Si bien 77,5 por ciento de las personas con derecho a pensión de vejez reciben una forma de pensión de ancianidad, persisten importantes disparidades entre las regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre hombres y mujeres.

El informe señala que el déficit de financiación (el gasto adicional necesario para garantizar al menos una protección social mínima para todos) ha aumentado de alrededor de 30 por ciento desde el comienzo de la crisis generada por la COVID-19.

A fin de garantizar al menos una cobertura de protección social básica, los países de bajos ingresos deberían invertir 77.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-bajos 362.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-altos 750.800 millones de dólares adicionales al año. Esto equivale respectivamente a 15,9; 5,1 y 3,1 por ciento de su PIB.

Medidas específicas para promover una protección social universal fueron presentadas en el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 . Este Llamamiento a la acción, que define un programa de recuperación completo, fue adoptado por unanimidad en junio 2021 por los Estados miembros de la OIT, en representación de los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Fuente: OIT 01 de septiembre de 2021

Alrededor de la mitad de la población mundial vive sin ninguna protección social, aunque la pandemia de Covid-19 obligó a los gobiernos a amparar mejor a su población, indicó el miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según este primer informe de la OIT sobre el estado de la protección social en el mundo, 4,100 millones de personas siguen careciendo por completo de esos servicios.

La protección social incluye el acceso a la salud, el apoyo financiero durante la jubilación y en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, accidentes laborales, maternidad, etc.

En 2020, sólo el 46.9% de la población mundial recibía al menos una prestación de protección social, mientras que el 53.1% no contaba con ninguna garantía de ingreso por parte de su sistema nacional de protección social.

El gasto público en protección social también varía considerablemente. En promedio, los países le destinan el 12.8% de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras que los países de renta alta le dedican el 16.4% de su PIB y los de renta baja sólo 1.1 por ciento.

Fuente:EL ECONOMISTA 01 de septiembre de 2021

El INEGI da a conocer los principales resultados de las Estadísticas de defunciones fetales 2020 con información de las características del embarazo, de la muerte fetal, del feto o producto y de la madre.

Las Estadísticas de defunciones fetales se obtienen anualmente del aprovechamiento de los registros administrativos de las oficinas del Registro Civil distribuidas en todo el país. La información que integra la estadística fue suministrada por 1 467 fuentes informantes, más el complemento de casos recibidos en formato digital derivados del convenio signado con la Secretaría de Salud (SSA) para contar con un solo conjunto de datos. Lo anterior se realiza con base en la propuesta sometida a Consulta Pública para mejorar la captación en las Estadísticas de defunciones fetales llevada a cabo del 14 de mayo al 10 de junio de 2020.

Características de la defunción fetal

Durante 2020, en México se registraron 22 637 defunciones fetales, con lo que se obtiene una tasa de 1.48 con la captación tradicional y 1.79 defunciones por cada 10 000 habitantes con la incorporación de la información captada por la SSA.

El 82.9% de los fallecimientos ocurrieron antes del parto,15.6% durante el parto y en 1.5% de los casos, no fue especificado.

De las personas que certificaron la muerte, 96.2% corresponde a médicos, 1.1% a no médicos (personas autorizadas por la SSA, Autoridad Civil), 1.1% a otro personal y 1.6% no lo especificó.

Características del embarazo y parto

El 81.7% de mujeres sí recibieron atención prenatal. De ellas, 65.4% recibieron entre 1 y 5 consultas, 29.4% entre 6 y 10, 2.2% tuvo entre 11 y 15 consultas. Además, 0.5% asistió a consulta médica entre 16 y 20 veces y sólo 0.1% recibió más de 20 consultas durante el proceso de gestación que tuvo como desenlace una defunción fetal. El 2.4% de las mujeres que asistieron a consulta no especificó la cantidad de ellas.

Del total de embarazos que terminaron en muerte fetal 15 230 fueron atendidos por médicos gineco-obstetras y 5 805 por otro tipo de médico. En contraparte, el personal que menos atendió este tipo de procedimiento fueron las enfermeras con 50 casos.

Características del feto o producto

Las muertes fetales tardías (de 28 y más semanas de gestación) representaron el mayor número de casos con 9 588 (42.4%), seguidas de las intermedias (de 20 a 27 semanas) con 7 816 (34.5%) y de las precoces (de 12 a 19 semanas) con 5 232 (23.1%). Se excluye un caso de edad gestacional no especificado.

Por sexo del feto, entre los hombres se presentó una frecuencia mayor (11 881 casos) respecto a la que correspondió a las mujeres (8 873 casos). El 8.3% correspondió a casos en los que no se especificó el sexo.

Características de la madre

El 88.8% de mujeres que tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto, manifestó no hablar alguna lengua indígena, en tanto que 1 353 mujeres indicaron que sí la hablan.

El 69.5% de mujeres que durante 2020 tuvieron un embarazo que terminó en la muerte del producto dijo no trabajar, 25.1% sí lo hacía y 5.4% no lo especificó.

Con esta información se actualizan los principales indicadores nacionales de las Estadísticas de mortalidad fetal. Estas estadísticas tienen como objetivo proporcionar información que permite conocer y comparar el volumen, tendencias y características de este hecho demográfico en los diferentes ámbitos geográficos del país, hasta el nivel de localidad, para contar con un insumo que permita realizar el análisis y la evaluación de acciones dirigidas a la elaboración de programas de salud materno infantil.

Durante el 2020 se registraron 22,637 defunciones fetales en México, de las cuales el 67.3% se registró en unidades del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y de la Secretaría de Salud.

Otro 17.1% de estos decesos se registró en hospitales o clínicas privadas y el 15.6% restante se repartió en otras instituciones sanitarias del ISSSTE, PEMEX, SEMAR, SEDENA, en vías públicas o dentro de los hogares.

De acuerdo con la actualización de los datos referentes a los fallecimientos fetales publicados por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), durante el 2020 se continuó con la tendencia observada previamente: la tasa de muerte fetal se ha reducido de manera significativa en los últimos cinco años.

Los decesos fetales pueden ocurrir por expulsión, cuando el feto tiene más de 22 semanas de gestación, o por aborto cuando sucede entre la semana 12 y la 21 de gestación. El parto vaginal espontáneo y el aborto espontáneo son los eventos más comunes respectivamente.

Las tres causas más comunes de muerte fetal son factores maternos y complicaciones en el embarazo o en el trabajo de parto; transtornos generados en el periodo perinatal o transtornos relacionados con la duración de la gestación o el crecimiento del feto.

Aunque gran parte de las complicaciones que terminan en muerte fetal están relacionadas con factores externos, todavía persiste una problemática importante de atención y seguimiento en el embarazo: el 14.5% de las muertes fetales que se registraron fueron casos en los que la gestante no recibió atención prenatal.

A escala nacional México registra una tasa de 6.7 embarazos que terminaron en muerte fetal por cada 10,000 mujeres en edad fértil. Aunque en algunas entidades del país esta cifra es signficativamente mayor: Aguascalientes (10.6), Guanajuato (9.5) y San Luis Potosí (8.9).

Fuente:EL ECONOMISTA 30 de agosto de 2021

Conocer el número de instituciones de salud y su distribución en el territorio nacional permite tener un acercamiento sobre el funcionamiento de los servicios de salud y la capacidad instalada con la que México cuenta para suministrar a la población estos servicios. Por esto el INEGI da a conocer información de 2 862 establecimientos particulares que en 2020 proporcionaron servicios de salud y su distribución en el territorio mexicano, sus características, los servicios que prestan, los recursos humanos y materiales con los que cuentan y las enfermedades que se atendieron.

Cobertura

En 2020 las entidades federativas que concentraron 53% de los establecimientos particulares de salud fueron México con 452 establecimientos, Ciudad de México con 238, Jalisco con 199, Guanajuato con 197, Michoacán de Ocampo y Veracruz con 143 respectivamente y Puebla con 136.

De cada 100 establecimientos particulares, 89 tienen la categoría de hospital general, cinco son de especialidad de gineco-obstetricia, cuatro de especialidad diferente a pediatría, psiquiatría y traumatología y el resto corresponde a una de estas tres.

Servicios

En 2020 el total de consultas externas fue de 12 032 038. Destacan la consulta de especialidad con 5 526 563 atenciones, la consulta general con 4 552 399 y la atención de urgencias con 1 704 325.

En 2020, egresaron 1.9 millones de pacientes de los establecimientos particulares y casi 40% se generó en establecimientos con al menos 25 camas censables.

Morbilidad y mortalidad hospitalaria

Los establecimientos particulares del país registraron 1 913 132 egresos hospitalarios: 1 885 685 fueron altas por morbilidad hospitalaria y 27 447 fueron a causa de mortalidad hospitalaria. Ocurrieron 9 587 defunciones más respecto a las que ocurrieron en 2019.

Dentro de las principales causas de egreso por morbilidad hospitalaria están las relacionadas con la atención al embarazo, parto y puerperio con 443 700 (23.3%); la segunda causa la ocupan las enfermedades del sistema digestivo con 273 615 (14.3%), y en tercer lugar el capítulo de las enfermedades del sistema respiratorio con 164 931 casos de egresos hospitalarios (8.6%), que incluyen las causadas por SARS-CoV-2.

En 2020, las enfermedades del sistema respiratorio generaron el mayor número de defunciones convirtiéndose en la primera causa de defunción en los establecimientos particulares con 9 569 (34.9%), la segunda fue por enfermedades del sistema circulatorio con 4 973 defunciones (18.1%) y la tercera causa de defunciones hospitalarias se debió a tumores o neoplasias 2 217 (8.1%).

Recursos humanos y materiales

En 2020 los establecimientos particulares contaron con 85 278 médicos para la atención de sus pacientes: 84 244 en atención directa con el paciente y 1 034 en el desarrollo de otras labores. Del total de médicos que atienden directamente a los pacientes, 69 361 (82.3%) son médicos especialistas, 11 237 (13.3%) médicos generales, 1 808 (2.1%) residentes, así como 1 032 odontólogos y 806 pasantes que en conjunto alcanzan el 2.2 por ciento.

En los establecimientos particulares que prestan servicios de salud se registraron 15 399 consultorios. De estos, 35.7% fueron utilizados para consultas con médicos generales y de urgencias y 64.3% para consultas de especialidad. Se cuenta además con 5 141 quirófanos, 1 041 instalaciones de laboratorios de análisis clínicos, 458 equipos de mamografía, 424 equipos de escáner de tomografía axial computarizada, 95 equipos de radioterapia y 1 148 unidades de cuidados intensivos para adultos.

En un contexto de grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19, América Latina y el Caribe recibió 105.480 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa en 2020, 34,7% menos que en 2019, 51% menos que el récord histórico alcanzado en 2012 y el monto más bajo desde 2010,informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al presentar su estudio anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2021.

A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa (IED) se redujeron un 35% en 2020, alcanzando aproximadamente 1,0 billón de dólares, lo que representa el valor más bajo desde 2005. América Latina y el Caribe se encuentra en una tendencia decreciente desde 2013, lo que ha dejado en evidencia la relación entre los flujos de IED y los ciclos de precios de las materias primas, principalmente en América del Sur.

El contexto internacional sugiere que los flujos mundiales de IED tendrán una recuperación lenta. Por otra parte, la búsqueda de activos en sectores estratégicos para la reactivación internacional y para los planes públicos de transformación de la estructura productiva (infraestructura, industria de la salud, economía digital) indica que gran parte de estas operaciones tendrían como destino Europa, América del Norte y algunos países de Asia, aumentando las asimetrías globales, alerta el estudio.

En América Latina y el Caribe, los proyectos de IED mostraron una recuperación entre septiembre de 2020 y febrero de 2021; sin embargo, desde ese mes y hasta mayo de 2021 se estaría verificando una nueva caída en el valor de los anuncios. “En este escenario es difícil pensar que las entradas de IED hacia la región tengan un incremento superior al 5% en 2021”, señala el informe de la CEPAL.

La CEPAL, ha identificado ocho sectores estratégicos para dar un gran impulso para la sostenibilidad en la región. Estos sectores, que podrían verse apuntalados por la IED, son la transición hacia energías renovables; la electromovilidad sostenible en ciudades; la revolución digital inclusiva; la industria manufacturera de la salud; la bioeconomía; la economía del cuidado; la economía circular; y el turismo sostenible.

El informe muestra que solo en cinco países aumentó la IED en 2020: Bahamas y Barbados en el Caribe, Ecuador y Paraguay en América del Sur, y México, el segundo mayor receptor de la región después de Brasil. Los sectores de recursos naturales y manufacturas, con reducciones de -47% y -38%, respectivamente, fueron los más golpeados en 2020. Las energías renovables se mantuvieron como el sector de la región que despierta el mayor interés de los inversores extranjeros.

Estados Unidos aumentó de 27% a 37% su participación en la IED de la región en 2020 ante la fuerte caída de Europa (que bajó del 51% al 38%) y de América Latina (que pasó del 10% al 6%). “La menor caída de Estados Unidos como origen de la IED se explica principalmente por el aumento de las inversiones de este país en Brasil en 2020. Por el contrario, las entradas desde los dos países europeos que tenían más inversiones en Brasil —los Países Bajos y Luxemburgo— se redujeron entre 2020 y 2019, lo que determinó una caída del peso de Europa como inversionista”, plantea el documento.

En 2020, los flujos de las empresas transnacionales latinoamericanas (translatinas) también se desplomaron (-73%), aunque con elevada heterogeneidad: mientras Chile y México mostraron un incremento en los flujos de inversión directa en el exterior, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá registraron retrocesos.

El segundo capítulo del informe, titulado “La inversión de China en un mundo que cambia: implicaciones para la región”, plantea que “el proceso de recuperación de América Latina y el Caribe de la pandemia de COVID-19 es una oportunidad de iniciar una nueva etapa en las relaciones económicas con China y de elaborar políticas que aseguren que las inversiones de ese país contribuyan a construir capacidades productivas en los países receptores, a establecer vínculos con proveedores locales, a generar empleo y a promover el desarrollo sostenible. La multilateralidad debe formar parte de esta aproximación estratégica”.

Finalmente, el tercer capítulo, titulado “Estrategias de inversión en la era digital”, analiza el desarrollo digital en el mundo y la región a través de un modelo conceptual que incluye tres dimensiones (economía conectada, economía digital y economía digitalizada) y aborda diversos desafíos en materia de inclusión, innovación, regulación y tributación, entre otros. La IED puede contribuir a la transformación digital en América Latina y el Caribe, afirma la CEPAL, pero si no se consideran las características estructurales de las economías de la región la digitalización podría profundizar las brechas existentes y generar mayor exclusión e inequidad distributiva, concluye.

Fuente: CONEVAL 05 de agosto de 2021

A más de un año del desarrollo de la pandemia, se ha observado que la atención reactiva y emergente puede mejorar sus alcances a partir de una integralidad de acciones, necesarios para reducir las brechas existentes. Finalmente, también sigue siendo necesaria una reforma fiscal progresiva, con el fin de contar con los recursos suficientes para financiar intervenciones que aseguren la recuperación de la economía mexicana ante la actual crisis sanitaria.

Fuente: CONEVAL 12 de julio de 2021

La crisis económica de 2020, derivada en gran parte de la pandemia de COVID-19, detonó uno de los mayores aumentos del hambre en el mundo en décadas, afectando a casi todos los países de renta baja y media. En algunas regiones -sobre todo en África y Asia- a esta recesión se aunaron otros factores, como los desastres relacionados con el clima, los conflictos o la combinación de ambos, incrementando enormemente la tasa de población desnutrida, revela un nuevo estudio interagencial de la ONU.

El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cifra en 811 millones el número de personas subalimentadas en 2020, cerca de la décima parte de la población mundial.

El aumento de individuos subalimentados de 2019 a 2020 alcanzó 118 millones con desigualdades regionales calificadas como “persistentes y preocupantes” por los autores del informe.

Del número total de personas desnutridas en 2020, más de la mitad (418 millones) vive en Asia y más de un tercio (282 millones) en África, mientras que en América Latina y el Caribe habita el 8% (60 millones). En comparación con 2019, 46 millones más de personas en África, casi 57 millones más en Asia y alrededor de 14 millones más en América Latina y el Caribe, se vieron afectadas por el hambre en 2020.

Estos datos significan que una de cada cinco personas (un 21% de la población) enfrentaba hambre en África en 2020, más del doble de la proporción de cualquier otra región, lo que representa un aumento de 3 puntos porcentuales en un año. Le siguieron América Latina y el Caribe (9,1%) y Asia (9%), con incrementos de 2 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2019 y 2020.

El reporte explica que el análisis del costo de los alimentos y la cantidad de personas que no pueden pagar una dieta saludable permite entender mejor la tendencia hacia la desnutrición en todas sus formas.

Detalla que el alto costo de las dietas saludables, junto a los pronunciados niveles de desigualdad de ingresos, impidió que 3000 millones de personas pudieran acceder a una dieta saludable en 2019. La mayoría de esta gente vive en Asia (1850 millones) y África (mil millones). La dieta saludable también está fuera del alcance de millones de habitantes de América Latina y el Caribe (113 millones) y América del Norte y Europa (17,3 millones).

Entre las poblaciones más afectadas por la desnutrición destacan los niños menores de cinco años. Si bien los datos específicos sobre este colectivo fueron limitados en 2020 y las estimaciones no necesariamente tienen en cuenta los efectos de la pandemia COVID-19, se calcula que 149,2 millones (22%) sufrieron retraso del crecimiento en 2020. Casi las tres cuartas partes de ellos viven en Asia central y meridional (37%) y África subsahariana (37%).

Por otra parte, la obesidad en los adultos sigue creciendo, y la prevalencia mundial subió del 11,7% en 2012 al 13,1% en 2016. Todas las subregiones mostraron tendencias crecientes de la obesidad en adultos entre 2012 y 2016 y están lejos de cumplir el objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud para 2025 de detener el aumento para 2025.

El informe reconoce las dificultades de los países para garantizar que los sistemas de salud, alimentación, educación y protección social mantengan los servicios de nutrición esenciales mientras responden a la pandemia de COVID-19, y reporta que una encuesta sobre la situación de los niños durante la pandemia mostró que el 90% de las naciones (122 de 135) informaron un cambio en la cobertura de los servicios de nutrición clave en agosto de 2020.

Aunque faltan datos sobre los resultados nutricionales para 2020, las proyecciones más moderadas apuntan a un escenario en el que 11,2 millones de niños menores de cinco años en países de ingresos bajos y medios se agregarían al total de los que padecen emaciación de 2020 a 2022 como consecuencia de la pandemia.

Para los titulares de las agencias autoras del estudio, “los resultados de estos acontecimientos determinarán (…) la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición”, un compromiso mundial en materia de políticas todavía pendiente de concretarse.

En su llamado a transformar los sistemas alimentarios como condición esencial para lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y poner las dietas saludables al alcance de todos, subraya la necesidad de políticas e inversiones que contrarresten los factores determinantes del hambre y la malnutrición.

Los derechos y las opciones son la respuesta: priorizar los
derechos en materia de salud reproductiva de todas las personas

La pandemia ha dado lugar a una merma en la efectividad de los sistemas de atención sanitaria, de manera particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva. Si bien las personas que tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva históricamente retrasan la procreación en tiempos de incertidumbre o crisis económica, se prevé que las interrupciones en el suministro de anticonceptivos, combinada con los bloqueos, provoque un notable aumento de los embarazos no planificados entre las personas más vulnerables. Según las investigaciones realizadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en marzo de 2021, se estima que 12 millones de mujeres sufrieron interrupciones en los servicios de planificación familiar.

La pandemia también expuso y exacerbó las desigualdades basadas en el género: la violencia de género aumentó durante los bloqueos, al igual que el riesgo de matrimonio infantil y de mutilación genital femenina, ya que se interrumpieron los programas para abolir las prácticas nocivas. La tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo también se redujo de manera significativa. Se eliminaron sus empleos, a menudo de bajos salarios, o bien aumentaron las responsabilidades de cuidar de los niños que aprenden a distancia o de las personas mayores que viven en casa; lo cual desestabilizó su situación económica de manera inmediata, pero también a largo plazo.

El Fondo de Población aconseja que no se ofrezcan respuestas políticas reaccionarias, que podrían ser extremadamente perjudiciales si violan los derechos, la salud y las opciones. En cambio, el organismo pide que se dé prioridad a la salud reproductiva y a los derechos de todas y todos mediante el acceso a información y a los servicios de cara a los cambios demográficos y de fecundidad.

Tuvieron que transcurrir cientos de miles de años para que la población mundial creciera hasta alcanzar los 1 000 millones de habitantes, y solo en unos 200 años más se multiplicó por siete. En 2011, la población mundial alcanzó la cuota de los 7 000 millones de personas y se prevé que aumente hasta los 8 500 millones para 2030, 9 700 millones en 2050 y 10 900 millones en 2100.

Este espectacular crecimiento se ha visto impulsado por el creciente número de personas que llegan a la edad reproductiva, y ha venido acompañado de cambios importantes en las tasas de fecundidad, el aumento de la urbanización y la aceleración de la migración. Estas tendencias tendrán consecuencias de largo alcance para las futuras generaciones.

En el pasado reciente se han registrado cambios notables en las tasas de fecundidad y en la esperanza de vida. A comienzos de la década de 1970, las mujeres tenían una media de 4,5 hijos cada una; en 2015, la fecundidad total mundial había caído hasta unos 2,5 hijos por mujer. Mientras tanto, la vida media de una persona ha aumentado de 64,6 años a comienzos de la década de 1990 hasta 72,6 años en 2019.

Por otra parte, en el mundo se registran unos elevados niveles de urbanización y una aceleración de la migración. En 2007, por primera vez, vivieron más personas en zonas urbanas que en zonas rurales, y en 2050 alrededor del 66% de la población mundial vivirá en ciudades.

Estas megatendencias tienen consecuencias de gran alcance. Afectan al desarrollo económico, al empleo, a la distribución de la renta, a la pobreza y a las protecciones sociales. Asimismo, repercuten en los esfuerzos por garantizar el acceso universal a la atención médica, la educación, la vivienda, el saneamiento, el agua, los alimentos y la energía. Para satisfacer de manera más sostenible las necesidades de las personas, los encargados de la formulación de políticas deben saber cuántas personas viven en el Planeta, dónde se encuentran, qué edad tienen y cuántas personas habrá en el futuro.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó su estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 a 5,2%, cifra que denota un rebote desde la profunda contracción de 6,8% anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos producidos por la pandemia de COVID-19. Esta expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación, advirtió el organismo de las Naciones Unidas en un nuevo informe especial dado a conocer.

Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, en 2022 América Latina y el Caribe crecerá 2,9% en promedio, lo que implica una desaceleración respecto del rebote de 2021. Nada permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previo a 2020 vaya a cambiar. Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia se agudizaron y repercutirán negativamente en la recuperación de la actividad económica y los mercados laborales más allá del repunte del crecimiento de 2021 y 2022. En términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida, advierte el informe.

El documento explica que la tasa de crecimiento actual no es sostenible y existe un riesgo de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y empleo, y mayor deterioro ambiental. La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza, afectando principalmente a las mujeres, escolares y personas mayores. Además llegó en un momento donde la región estaba estancada, sin enfrentar la crisis de largo plazo de la inversión, el empleo y la diversificación productiva sostenible. Reconoce asimismo que las medidas fiscales adoptadas por los países han sido importantes, pero insuficientes en monto y duración.

Al 30 de junio, la región acumulaba más de 1.260.000 muertos por causa del COVID-19 (32% del total mundial, a pesar de que su población representa el 8,4% a nivel global) y presenta grandes brechas en la vacunación respecto a los países desarrollados. Para cerrarlas se requiere cooperación e integración. En América Latina y el Caribe (30 países) el porcentaje de la población total con esquema de vacunación completo llega a solo 13,6%, mientras que en la Unión Europea es de 34,9% y en América del Norte 46,3%.

En el último año, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12,5% y la de pobreza el 33,7%. Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones, y de 70 millones en 2019 a 78 millones pudiendo haber sido 98 millones en el caso de la pobreza extrema). Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49,4% de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2,9% del índice de Gini). En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40,4% de la población en 2020, 6,5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave.

El informe indica que en el período enero-abril de 2021, 20 países anunciaron o extendieron transferencias de emergencia por 10 mil millones de dólares (0,26% del PIB de 2020). De mantenerse este nivel de gasto en los restantes ocho meses de 2021, el gasto en transferencias anual sería de solo 0,78% del PIB de 2020, es decir, la mitad del gasto de 2020: 1,55% del PIB. De esta forma la cobertura sería mucho menor y alcanzaría a 60 millones de hogares (231 millones de personas y 29% de la población, comparado con los 326 millones y 49,4% de la población alcanzada en 2020).

Por otro lado, la CEPAL indica que la pandemia deja a 2021 en un peor estado ambiental que es difícil de revertir. Si bien hubo mejoras temporales en la calidad del aire y redución de la emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones repuntarían 5% este año, mientras que en 11 países de la región se observó una caída de 35% en el presupuesto o gasto de protección ambiental en 2019-2020.

En materia de comercio exterior el panorama es más favorable, ya que se prevé que las exportaciones regionales se incrementen 22% en 2021 (luego de experimentar un descenso de 10% en 2020), lo que se explica por el aumento de los precios de las materias primas, la recuperación de la demanda en China, Estados Unidos y la Unión Europea, y la recuperación de la actividad económica en la región. En tanto, en el período enero-abril de 2021, el valor del comercio intrarregional se expandió un 19% respecto de igual período de 2020, con lo que recuperaría valores cercanos a los de 2019 (que ya eran muy bajos).

Con relación al financiamiento, el informe de la CEPAL advierte que América Latina es la región con el mayor peso de la deuda externa en el PIB (56,3%) y con el mayor servicio de la deuda externa en términos de exportaciones de bienes y servicios (59%). Esos niveles de endeudamiento reducen el espacio fiscal y ponen en peligro la recuperación y el crecimiento futuro. En el caso de los pequeños Estados insulares del Caribe (PEID), la situación es aún más insostenible, ya que en algunos países el nivel de deuda pública supera el 100% del PIB.

En materia fiscal, el estudio de la CEPAL reafirma que es imprescindible mantener las políticas fiscales para apoyar las transferencias sociales de emergencia, apoyar a los sectores productivos y revertir la persistente caída de la inversión para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar en una recuperación transformadora con igualdad. Además, las políticas fiscales deben tener un enfoque de género en todo el ciclo fiscal. “El espacio fiscal se debe aumentar vía crecimiento de los ingresos tributarios y reducción de gastos innecesarios. También hay que consolidar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio (riqueza), revisar y actualizar de forma progresiva las regalías a la explotación de recursos no renovables, y considerar impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados a la salud pública”, precisa el informe.

El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021, presentado en la Sede de la ONU en Nueva York, muestra el exorbitante peaje que la pandemia de COVID-19 se ha cobrado de la Agenda 2030.

Además de los casi cuatro millones de muertes por coronavirus, entre 119 y 124 millones de personas volvieron a la pobreza y al hambre crónica, y se perdió el equivalente a 255 millones de empleos a tiempo completo, indica el informe.

Las interrupciones de los servicios de salud esenciales han amenazado años de progreso en la mejora de la salud materno infantil, el aumento de la cobertura de inmunización y la reducción de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Alrededor del 90% de los países todavía informan sobre una o más interrupciones importantes de los servicios de salud esenciales.

El informe también indica que la pandemia ha puesto de manifiesto e intensificado las desigualdades dentro y entre países.

El informe también confirma lo que agencias de la ONU como la Organización Meteorológica Mundial han estado dando la alarma: la desaceleración económica en 2020 hizo poco para frenar la crisis climática, que continúa en gran medida sin cesar.

El mundo también se quedó corto en los objetivos de 2020 para detener la pérdida de biodiversidad y la reversión de los 10 millones de hectáreas de bosque que se perdieron cada año, entre 2015-2020.

La pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente el progreso hacia la igualdad de género. La violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado, se espera que aumente el matrimonio infantil y las mujeres han sufrido una parte desproporcionada de la pérdida de puestos de trabajo y mayores responsabilidades de cuidado en el hogar.

Mientras tanto, los flujos globales de inversión extranjera directa cayeron un 40% en 2020 en comparación con 2019. El documento muestra que la pandemia ha traído inmensos desafíos financieros, especialmente para los países en desarrollo, con un aumento significativo del sobreendeudamiento.

Según el informe, para volver a encarrilar la Agenda 2030, los gobiernos, las ciudades, las empresas y las industrias deben utilizar la recuperación para adoptar vías de desarrollo bajas en carbono, resilientes e inclusivas que reducirán las emisiones de carbono, conservarán los recursos naturales y crearán mejores empleos, avanzar en la igualdad de género y abordar las crecientes desigualdades.

La Agenda 2030, adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, proporciona un plan común para la paz y la prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en el futuro.

En su esencia, los 17 Objetivos suponen mejorar la salud y la educación, reducir la desigualdad y estimular el crecimiento económico, todo mientras se aborda el cambio climático y se trabaja para preservar nuestros océanos y bosques.

La reunión pondrá el foco en nueve Objetivos Globales de este año: poner fin a la pobreza, acabar con el hambre, mejorar la salud, lograr un trabajo decente, reducir las desigualdades, hacer un consumo y una producción responsables; tomar medidas para frenar el cambio climático y mantener la paz.

Miles de millones de personas de todo el mundo se quedarán sin acceso a servicios de agua potable, saneamiento e higiene en el hogar gestionados de manera segura antes 2030 a menos que el índice de progreso se multiplique por cuatro, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

El informe del Programa Conjunto de Monitoreo Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000 – 2020 (“Progresos en materia de agua para el consumo, el saneamiento y la higiene en los hogares”) presenta las estimaciones relativas al acceso de los hogares a servicios de agua potable, saneamiento e higiene gestionados de manera segura a lo largo de los últimos cinco años, y evalúa los avances en la consecución de los seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con vistas a “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos antes de 2030”. Además, el informe presenta por primera vez nuevos datos por países relacionados con la salud menstrual.

En 2020, alrededor de una de cada cuatro personas carecía de una fuente de agua potable gestionada de forma segura en su hogar y casi la mitad de la población mundial no tenía acceso a servicios de saneamiento gestionados de manera segura. La COVID-19 ha puesto de relieve la urgente necesidad de garantizar que todo el mundo tenga acceso a una higiene de manos adecuada. Cuando comenzó la pandemia, tres de cada 10 personas del mundo no podían lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares.

El informe revela que se han registrado algunos avances para conseguir un acceso universal a los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene (WASH). Entre 2016 y 2020, el porcentaje de la población mundial que disponía de una fuente de agua potable gestionada de manera segura en su hogar aumentó de un 70% a un 74%; los servicios de saneamiento gestionados de manera segura se incrementaron de un 47% a un 54%; y las instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón aumentaron de un 67% a un 71%.

En 2020, por primera vez, más personas utilizaron servicios de saneamiento mejorados sobre el terreno (como letrinas de pozo y tanques sépticos, que pueden contener y tratar los residuos de manera efectiva) que conexiones de alcantarillado. Es necesario que los gobiernos garanticen las ayudas necesarias para proporcionar servicios de saneamiento sobre el terreno gestionados de manera segura, entre ellos la gestión de los lodos fecales.

El informe explica claramente que, si se mantienen las tendencias actuales, miles de millones de niños y familias se quedarán sin servicios esenciales de WASH que salvan vidas. En concreto, el informe señala que antes de 2030:

Asimismo, el informe pone de manifiesto las profundas desigualdades que afectan especialmente a los niños y las familias vulnerables. Si queremos conseguir el acceso universal a fuentes de agua potable gestionadas de manera segura antes de 2030, será necesario multiplicar por 10 el índice actual de progreso en los países menos adelantados. En los contextos frágiles en los que existe el doble de probabilidades de que la gente no tenga acceso a agua potable salubre, ese índice debería multiplicarse por 23.

Para ampliar la cobertura de WASH será preciso darle prioridad a este asunto en los niveles más altos del proceso de adopción de decisiones por parte de los organismos internacionales, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Con este propósito, WASH deberá ser un tema indispensable de la agenda de las reuniones políticas de alto nivel, de forma que se garantice que los estados miembros lleven un seguimiento de los avances conseguidos. Esto resulta importante en el contexto del próximo examen de mitad de periodo del Decenio para la Acción sobre el Agua en 2023, la primera conferencia celebrada por las Naciones Unidas en materia de agua y saneamiento en casi 50 años.

Alrededor de 275 millones de personas consumieron drogas durante el último año a nivel global, un 22% más que en 2010, revela el informe anual de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).

Según el Informe Mundial sobre Drogas 2021, la potencia del cannabis se ha cuadruplicado en ciertas partes del mundo durante las últimas dos décadas. Sin embargo, la proporción de adolescentes que percibe dicha droga como perjudicial se redujo hasta en un 40%.

Esta brecha conceptual persiste a pesar de que los estudios han demostrado que el consumo de cannabis conlleva perjuicios para la salud, especialmente entre los consumidores habituales de la droga a largo plazo. Por otra parte, la mayoría de los países han informado de un aumento del consumo de cannabis durante la pandemia.

El estudio pone de manifiesto los cambios observados en los patrones de consumo de drogas durante la pandemia, entre ellos el aumento del consumo de cannabis y el uso no médico de sedantes farmacéuticos. También es probable que los factores socioeconómicos subyacentes contribuyan a acelerar la expansión del mercado de sustancias ilícitas.

El acceso a las drogas también se ha simplificado más que nunca a través de las ventas en línea, y los principales mercados de drogas en la red de internet oculta (también llamada web oscura) tienen hoy en día un valor estimado de 315 millones de dólares anuales. Las transacciones de drogas sin necesidad de contacto, como por ejemplo a través del correo, también están en aumento, probablemente como resultado de la pandemia.

El tráfico de cocaína entre Sudamérica y Europa es la segunda mayor ruta del mundo de esa droga y continúa evolucionando, lo que conlleva una mayor competencia entre los grupos de traficantes. Dicha competencia termina por elevar la calidad de la droga y reduce los precios, agravando así el daño causado por la droga en Europa.

La superficie de cultivo de la coca disminuyó globalmente un 5% en 2019, en gran parte debido a la primera caída significativa del cultivo en Colombia en los últimos seis años. A pesar de ello, ese país sigue siendo la mayor fuente de cocaína del mundo, apunta el informe.

El aumento del uso de la tecnología durante la pandemia también ha generado innovación en los servicios de prevención y tratamiento de la drogadicción, a través de modelos más flexibles de atención sanitaria como la telemedicina, que permite a los profesionales de la salud ampliar su alcance y prestar cuidados médicos o preventivos a más pacientes.

El tema este año de la campaña liderada por la UNODC es “Hablemos de drogas, la información salva vidas” y tiene la intención de lograr un mundo libre de drogas.

Una de cada cien muertes ocurridas durante el año 2019 – o 700.000 en cifras exactas- fue por suicidio, una de las principales causas de fallecimiento en el mundo, según estima una publicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este elevado número de decesos, ligado al hecho de que anualmente pierden la vida más personas por suicidio que por VIH, paludismo, cáncer de mama, o incluso por guerras y homicidios, ha conducido a la OMS a preparar una nueva serie de orientaciones para ayudar a los países a mejorar la prevención del suicidio.

Un análisis más detallado del fenómeno indica que la tasa de suicidios masculina dobla a la femenina con 12,6 por 100.000 hombres frente a 5,4 por 100.000 mujeres, y que representa el cuarto motivo de muertes entre jóvenes de 15 a 29 años tras los traumatismos por accidentes de tráfico, la tuberculosis y la violencia interpersonal.

Pese a que las tasas de suicidio a nivel mundial disminuyeron un 36% entre 2000 y 2019, con un rango del 17% en el Mediterráneo oriental al 49% en el Pacífico Occidental, se incrementaron un 17% en América.

La OMS subraya que, aunque algunos países han situado la prevención del suicidio en un lugar destacado en sus programas, actualmente solo 38 naciones tienen una estrategia nacional de prevención del suicidio y que es necesario impulsar este tipo de actuación de cara a cumplir con la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducir en un tercio la tasa mundial de suicidios para 2030.

El maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto.

El maltrato a personas mayores es un problema importante de salud pública. Según un estudio de 2017 basado en la mejor evidencia disponible de 52 investigaciones realizadas en 28 países de diversas regiones, incluidos 12 países de ingresos bajos y medianos, durante el último año el 15,7% de las personas de 60 años o más fueron objeto de alguna forma de maltrato.

Las estimaciones del maltrato a personas mayores y sus subtipos en las instituciones se establecieron partir de todos los estudios en los que figuraban datos proporcionados tanto por los trabajadores de las instituciones como por las propias personas mayores y sus representantes. Se analizaron conjuntamente un total de nueve estudios de seis países basados en las notificaciones de comisión de malos tratos realizadas por trabajadores. Según estas estimaciones, el 64,2% de los trabajadores infligió alguna forma de maltrato en el último año. Las estimaciones de los diferentes subtipos de maltrato a personas mayores notificadas por los propios trabajadores y los residentes mayores evidencian similitudes en la magnitud del problema.

A nivel mundial, se prevé que el número de casos de maltrato a personas mayores aumente, ya que muchos países tienen poblaciones que envejecen rápidamente y cuyas necesidades tal vez no se satisfagan plenamente debido a la escasez de recursos. Se prevé que para el año 2050 la población mundial de personas con 60 años y más se habrá duplicado con creces, pasando de 900 millones en 2015 a aproximadamente 2 000 millones, y que la gran mayoría de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Si la proporción de personas mayores que son víctimas de maltrato se mantiene constante, el número de víctimas aumentará rápidamente debido al envejecimiento de la población y llegará a 320 millones de aquí a 2050.

Entre los riesgos del ámbito individual se incluyen la mala salud física y mental de la víctima y los trastornos mentales y abuso del alcohol y las sustancias psicotrópicas en el caso del agresor. Entre otros factores individuales que pueden incrementar el riesgo de malos tratos se incluyen el sexo de la víctima y el hecho de compartir vivienda. Si bien los varones de edad corren el mismo riesgo de sufrir malos tratos que las mujeres, en algunas culturas en las que las mujeres tienen una condición social inferior, las mujeres de edad tienen mayor riesgo de negligencia y abuso económico (como apoderarse de sus propiedades) cuando enviudan. Las mujeres pueden también correr un mayor riesgo de sufrir formas más persistentes y graves de maltrato y lesiones.

En algunos países, el sector de la salud ha desempeñado una función protagonista en la sensibilización del público sobre el maltrato de las personas mayores, mientras que en otros es el sector de los servicios sociales el que ha tomado la iniciativa.

A nivel mundial, se sabe demasiado poco sobre el maltrato de las personas mayores y sobre su prevención, especialmente en los países en desarrollo. La magnitud y naturaleza del problema apenas empieza a perfilarse, muchos factores de riesgo siguen poniéndose en entredicho, y las consecuencias y los datos sobre lo que funciona para prevenir el maltrato de las personas mayores son limitados.

En mayo de 2016, la Asamblea de la Salud aprobó una Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud en que se ofrecen orientaciones para llevar a cabo una acción coordinada en los países contra el maltrato a las personas mayores, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con arreglo a la Estrategia mundial, la OMS y sus asociados colaboran para prevenir el maltrato a las personas mayores mediante iniciativas que ayudan a identificar, cuantificar y responder al problema.