Aunque todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer COVID-19, las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y enfermedad grave después de la infección, y los mayores de 80 años mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio. Se estima que el 66% de las personas de 70 años o más tienen al menos una afección subyacente, lo que los coloca en un mayor riesgo de impacto severo por el COVID-19.

Las personas mayores también pueden sufrir discriminación por edad en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas. Las desigualdades globales significan que, ya antes del COVID-19, hasta la mitad de las personas mayores en algunos países en desarrollo no tenían acceso a los servicios de salud esenciales. La pandemia también puede conducir a una reducción de los servicios críticos no relacionados con el COVID-19, lo que aumenta aún más los riesgos para la vida de las personas mayores.

Algunas personas mayores se enfrentan a vulnerabilidades adicionales en este momento. El virus no solo amenaza la vida y la seguridad de las personas mayores, sino que también amenazando sus redes sociales, su acceso a los servicios de salud, sus trabajos y sus pensiones.

Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38%, de mil millones a 1,4 mil millones, superando en número a la juventud a nivel mundial, y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo, y requiere que se preste mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, incluso en el campo de los derechos humanos.

El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo y desarrollados y, por lo general, no se notifica suficientemente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 10%. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de los ancianos, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, este problema requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad.

Las formas de definir, detectar y resolver el maltrato de las personas mayores tienen que enmarcarse en el contexto cultural y considerarse junto con los factores de riesgo que tienen una especificidad cultural. Por ejemplo, en algunas sociedades tradicionales se obliga a las viudas de edad a casarse de nuevo, mientras que en otras las mujeres mayores que viven solas son acusadas de practicar la brujería. Desde una perspectiva sanitaria y social, si los sectores de atención primaria de salud y los servicios sociales no están bien preparados para detectar y resolver el problema, el maltrato de los ancianos seguirá estando semioculto.

https://youtu.be/-Y8apCof5EU

En la actualidad, América Latina presenta una de las tasas más elevadas de embarazo adolescente: 66.5 nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 años (el promedio mundial es de 46 por cada 1,000 mujeres del mismo grupo etario). En 2018, en México, la tasa de fecundidad de las mujeres mexicanas fue de 56 nacimientos por cada 1,000, muy superior a otros países de la región.

El embarazo adolescente ha sido ya reconocido como un problema de política pública para el que se han diseñado diversos programas cuyo objetivo es el de disminuir el embarazo en este grupo de edad. Uno de ellos es el Programa Beca de Apoyo a la Educación de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como un mecanismo para apoyar la conclusión de los estudios de educación básica de las mujeres embarazadas.

Con la finalidad de identificar la incidencia de la beca Promajoven en la trayectoria educativa de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas, el CONEVAL llevó a cabo un estudio exploratorio de impacto con corte cualitativo y enfoque etnográfico.

Dicho estudio señala que la beca Promajoven sí influye en la inscripción, continuidad y conclusión de los estudios de educación básica de las beneficiarias, sobre todo en las adolescentes con mayores desventajas, pero también pone de manifiesto el escaso alcance del programa para producir un cambio significativo en términos de la trayectoria escolar de las jóvenes, ya que persiste una marcada desigualdad de oportunidades entre quienes estudian en el sistema escolarizado y quienes lo hacen en el no escolarizado, tanto para seguir estudiando como para insertarse en el mercado laboral, esto porque ninguna de las jóvenes becarias se reinsertó a la educación a través de un sistema escolarizado.

Dados los cambios en las Reglas de Operación del programa, se señala el riesgo de avanzar hacia la desaparición del componente del Promajoven, lo que significaría dejar un vacío en la atención de este grupo de población.

Fuente: CONEVAL 08 de junio de 2021

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la inocuidad de los alimentos es la ausencia de peligro en los alimentos que pueden dañar la salud de los consumidores, o dotarlos de niveles seguros y aceptables. Bacterias, virus, hongos o residuos de pesticidas son ejemplos de estos peligros que pueden ser transmitidos mediante lo que comemos.

La inocuidad de los alimentos está íntimamente ligada a la seguridad alimentaria y está inmersa en cada proceso de la cadena alimentaria, desde la producción, cosecha, procesamiento, almacenamiento, distribución, hasta la preparación y el consumo.

Su inadecuado manejo provoca que cerca de 420 mil personas en el mundo enfermen y más de 600 millones de personas vulnerables y marginadas sean afectadas mayormente, especialmente mujeres y niños.

Es por ello, que en diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Este 2021 se celebra con el lema: “La seguridad alimentaria, un asunto de todos y todas” y tiene el fin de promover una mayor conciencia en el mundo y tomar medidas en todos los órdenes y niveles de gobierno y sociedad.

Celebremos este día, haciendo cada uno su tarea con buenas prácticas de higiene tanto en los sectores alimentario como agrícola para reducir la aparición y propagación de las enfermedades.

Fuente: SEMARNAT 07 de junio de 2021

El acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para mantener la vida y fomentar la buena salud. Las enfermedades transmitidas por los alimentos suelen ser de naturaleza infecciosa o tóxica. Con frecuencia son invisibles a simple vista y están causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que entran en el organismo a través de alimentos o agua contaminados.

La inocuidad de los alimentos juega un papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad de los alimentos en cada etapa de la cadena alimentaria: desde la producción hasta la cosecha, en el procesamiento, el almacenamiento, la distribución; hasta el final de la cadena, en la preparación y el consumo.

Con una estimación anual de 600 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos, los alimentos no inocuos son una amenaza para la salud humana y las economías. Afectan desproporcionadamente a las personas vulnerables y marginadas, especialmente a las mujeres y los niños, y a las poblaciones sujetas a los conflictos y la migración. Se calcula que cada año mueren en el mundo 420.000 personas por comer alimentos contaminados. Asimismo, los niños menores de 5 años representan un 40 % de la carga de morbilidad por enfermedades de transmisión alimentaria, con 125.000 muertes al año.

El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que celebramos el 7 de junio, tiene como objetivo crear conciencia e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos. De esta manera, se contribuye a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso a los mercados, el turismo y el desarrollo sostenible.

El lema de la campaña de este año, “La inocuidad de los alimentos es un asunto de todos”, invita a la acción. Tiene como objetivo promover una mayor conciencia en todo el mundo sobre la inocuidad de los alimentos y es un llamamiento a tomar medidas a todos los agentes implicados: los países, los encargados de la toma de decisiones, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones de las Naciones Unidas y el público en general.

La inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida entre gobiernos, productores y consumidores. Todos desempeñamos un papel en la cadena para garantizar que los alimentos que consumimos sean inocuos y no sean perjudiciales para nuestra salud.

Los directores del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitaron a la comunidad de donantes una inversión de 50.000 millones de dólares que serviría para generar nueve billones de dólares en beneficios económicos mundiales en 2025 e impulsaría la capacidad de fabricación y suministro de productos sanitarios.

La declaración conjunta se basa en un reciente análisis del Fondo Monetario Internacional, según el cual es necesario destinar ese monto a nuevas inversiones de suministros de salud para aumentar su capacidad de fabricación, abastecimiento, circuitos comerciales y entrega, acelerando la distribución equitativa de material de diagnóstico, oxígeno, tratamientos, suministros médicos y vacunas.

Los responsables de los cuatro organismos subrayaron que es necesario aumentar las aspiraciones y vacunar a más personas con mayor rapidez. “La OMS y sus socios de COVAX se han fijado el objetivo de vacunar a aproximadamente el 30% de la población en todos los países para finales de 2021″; sin embargo, indicaron que “este objetivo puede llegar incluso al 40% mediante otros acuerdos y un aumento de la inversión, y al menos al 60% para la primera mitad de 2022″.

El cuarteto de líderes afirmó que los gobiernos deben actuar sin más demora o arriesgarse a que las oleadas continuas y los brotes repentinos de COVID-19, así como otras variantes del virus más transmisibles y mortales, socaven la recuperación mundial.

“Se calcula que con 50.000 millones de dólares se podrá acabar más rápidamente con la pandemia en los países en desarrollo, se reducirán las infecciones y la pérdida de vidas, se acelerará la recuperación económica y se generarán unos nueve billones de dólares adicionales en la producción mundial para 2025”, aseguraron los integrantes de la iniciativa.

La propuesta coincide con los análisis económicos de la Cámara de Comercio Internacional y del Grupo Eurasia, que defienden una inversión relativamente modesta por parte de los gobiernos en comparación con los billones gastados en planes de estímulo nacionales y los billones perdidos de producción económica. El elemento esencial del proyecto es que fomenta la vacunación global y salva la brecha de inequidad.

El INEGI presenta los resultados de la tercera edición de la Encuesta sobre el impacto generado por COVID-19 en las empresas (ECOVID-IE) que tiene como objetivo conocer la situación actual y afectaciones de las empresas por la contingencia originada por COVID-19.

Las estimaciones de la ECOVID-IE tercera edición dan continuidad al análisis de las unidades económicas que se captaron en la primera y segunda edición durante 2020 y permiten caracterizar el impacto de la pandemia en los sectores económicos de las empresas grandes y las mipymes del país.

La captación de la información de la tercera edición se llevó a cabo del 1º al 31 de marzo de 2021, con un tamaño de muestra de 5 969 empresas.

La ECOVID-IE tercera edición estima que, de 1 873 564 empresas en el país, 85.5% indicó haber tenido alguna afectación a causa de la pandemia. Se observa una disminución respecto de la segunda edición en que 86.6% de las empresas señaló haber tenido alguna afectación y de la primera edición, cuando 93.2% de las empresas reportó una o varias afectaciones.

La disminución de los ingresos es el principal tipo de afectación reportado por 73.8% de las empresas. En la segunda edición 79.2% de empresas señaló este tipo de afectación y en la primera, 85.1 por ciento.

La ECOVID-IE tercera edición arroja que 50.2% de las empresas resultó afectado por la baja en la demanda mientras que para la segunda edición la afectación fue de 51.2% y de 67.7% para la primera edición.

La escasez de los insumos y/o productos se posiciona en tercer lugar de importancia en las tres ediciones, con 29.2% para la tercera, 22.8% para la segunda y 31.6% para la primera edición.

La encuesta estima que 16.6% de las empresas aplicó cierres temporales o paros técnicos, proporción menor que la registrada en la segunda (23.1%) y la primera edición (59.6%). Para la primera y segunda edición el cierre o paro técnico de las empresas fue de 18 días en promedio, mientras que para esta tercera edición fue de 15 días.

En la reciente edición de la ECOVID-ED 97.4% de las empresas admitió haber implementado medidas sanitarias. Para la segunda edición la proporción fue de 96.1% y en la primera edición, de 86.7 por ciento.

Del total de empresas, en esta edición 3.8% señaló haber recibido apoyos, en la segunda edición 5.9% de las empresas obtuvo algún tipo de ayuda y en la primera edición la proporción fue de 7.8 por ciento.

La encuesta arroja que las empresas consideran que la política de apoyo que más se requiere para hacer frente a la pandemia es la relacionada con los apoyos fiscales(66.3%). La transferencia de efectivo es la segunda política de apoyo con mayor porcentaje (34.1%).

Con relación a las expectativas de los ingresos para los próximos seis meses, considerando un escenario regular, 28.7% de las empresas espera un aumento en sus ingresos. En cambio, 53.8% contestó que sus ingresos permanecerán igual y 17.5% piensa que sus ingresos disminuirán.

De las empresas que tuvieron menor acceso a servicios financieros, el primer obstáculo que han enfrentado son las altas tasas de interés, con 51.5%; el segundo obstáculo es la falta de disposición de proveedores para otorgar crédito, con 44.5% y el tercer obstáculo se debe al alto riesgo de no poder pagar los adeudos, con 38.2% de empresas afectadas.

De esta manera, el INEGI continúa aportado información útil, oportuna y veraz para la toma de decisiones en materia económica ante un fenómeno sin precedente en las últimas décadas.

Millones de adictos al tabaco han decidido dejar de fumar a raíz de la pandemia.

Casi el 60% de los consumidores quieren ponerle fin, pero solo el 30% de la población mundial tiene acceso a servicios de calidad que les apoyen en su objetivo.

Actualmente, solo 23 países brindan servicios integrales en este aspecto.

En su campaña anual con motivo del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo), la Organización Mundial de la Salud quiere ayudar a 100 millones de personas a dejar de fumar a través de la iniciativa “Dejarlo es ganar”.

https://youtu.be/uATdLb_mHD4

Una de cada tres mujeres (30%) han sufrido violencia fisica y/o sexual por su pareja o violencia sexual por terceros o familiares. Mujres de entre 15 y 49 años han tenido una realcion de pareja con violencia.

Las estimaciones sobre la prevalencia de la violencia de pareja sufrida a lo largo de la vida van del 20% en la Región del Pacífico Occidental de la OMS, 22% en los países de ingresos elevados y la Región de Europa de la OMS y 25% en la Región de las Américas de la OMS, al 33% en la Región de África de la OMS, 31% en la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS y 33% en la Región de Asia Sudoriental de la OMS.

En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud (2019), en el 2018, dentro de las 20 enfermedades más reportadas por las mujeres sobresalen:

Las infecciones respiratorias agudas (13,702,702), Infecciones de vías urinarias (3,343,709), Infecciones intestinales (2,890,069), Úlceras, gastritis y duodenitis (907,112), Gingivitis y enfermedad periodontal (731 884), Vulvovaginitis (659,569), Conjuntivitis (581,284), Obesidad (445,482), Otitis media aguda (439,095), Hipertensión arterial (295,634).

Además, destacan los casos de depresión (89,571) y violencia intrafamiliar (77,994) que no se presentan dentro de las 20 enfermedades que reportan los hombres.

Algunas enfermedades detectadas en 2018 con valores distintos entre sexos se presentan a continuación:

n el terreno de la salud pública es fundamental la prevención, así como tener estrategias para combatir la discriminación y mejorar la situación de las mujeres.

Fuente: GOBIERNO DE MÉXICO 28 de mayo de 2021

México entró en la clasificación de los 10 países con mayores entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2020, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Desde la posición 11 que alcanzó en 2019, México subió a la siete en 2020, con una captación de 29,079 millones de dólares, 14.7% menos a tasa interanual.

A nivel mundial, los flujos de IED disminuyeron 38% en 2020, a un billón 10,520 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2005.

China desplazó a Estados Unidos de la primera posición, al registrar ingresos de IED de 212,476 millones de dólares, un avance de 13.5% anual.

Después de una caída estimada de 3.3% en 2020, una de las recesiones mundiales más profundas de la historia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía global crezca 6% en 2021, para luego moderar la tendencia a 4.4% en 2022.

Mientras las recesiones económicas más graves en 2020 se produjeron en India, Europa occidental, Oriente Medio y América Latina, China fue la única economía importante que registró crecimiento económico.

En estas condiciones, en la atracción de flujos de IED en 2020, a China le siguieron: Estados Unidos (177,093 millones de dólares), India (64, 351 millones) y Luxemburgo (62,003 millones).

Según la OCDE, el repunte de la actividad de fusiones y adquisiciones transfronterizas, que comenzó en la segunda mitad de 2020 y continuó en el primer trimestre de 2021 en las economías avanzadas, con muchos acuerdos en los sectores de la salud y la tecnología, podrían impulsar los flujos de capital de IED en 2021, a menos que se produzcan más desinversiones importantes en 2021.

La atracción de México a los flujos de capitales se ha mantenido, con 11,864 millones de dólares de entradas netas de IED en el primer trimestre de 2021, un aumento de 14.8% y la mayor cantidad para un primer trimestre.

Los flujos se concentraron en el rubro de reinversión de utilidades, aunque el ajuste posterior de las cifras podría modificar este resultado, y provinieron de 1,872 sociedades con participación de capital extranjero; 883 contratos de fideicomiso; y nueve personas morales extranjeras.

Globalmente, los últimos datos sobre proyectos de IED por completo nuevos anunciados en la base de datos de mercados de FDI del Financial Times muestran que las consecuencias de la pandemia para este tipo específico de inversiones se sintieron más intensamente en los mercados emergentes y economías en desarrollo (EMDE, por su sigla en inglés) que en las economías avanzadas.

En 2020, los gastos de capital cayeron 15% en comparación con el año anterior en las economías avanzadas, mientras que se hundieron 43% en las EMDE. La mayor parte de la caída de las EMDE se produjo en el segundo trimestre del año.

Al mismo tiempo, el desglose sectorial muestra que los gastos de capital en manufactura, servicios e infraestructura cayeron alrededor de 43% en cada sector y 85% en las industrias extractivas, aunque es probable que este último refleje una caída en los precios del petróleo.

A pesar de las contracciones a nivel agregado, el mayor impulso en la actividad de nuevas inversiones (greenfield) se observó en biotecnología y comunicaciones, donde los gastos de capital casi se duplicaron desde 2019.

La UNCTAD, estima que la IED a nivel global caerá entre 5 y 10% durante el 2021.

Fuente:EL ECONOMISTA 24 de mayo de 2021

El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 4.8% entre el primer trimestre 2020 y el primer trimestre 2021, al pasar de $1,919.84 a $1,827.39. Esta variación anual del ingreso laboral representa una pérdida de $92.46 pesos respecto al primer trimestre de 2020, antes del inicio de la pandemia por COVID-19.

Durante el primer trimestre 2021, se observó un aumento del Índice de Precios al Consumidor (INPC) respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior. La inflación promedio anual se ubicó en 4.0%, 0.6 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre 2020 (3.4%). Este comportamiento en el nivel de precios se podría deber, en parte, al aumento en las variaciones anuales de los precios de los energéticos que se observaron en marzo 2021.

En el primer trimestre 2021, en promedio, las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 3.7% en zonas urbanas y 4.0% en zonas rurales.

Asimismo, la variación de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana fue inferior a la inflación anual promedio del trimestre (4.0%), mientras que la variación de la línea de pobreza extrema por ingresos rural fue similar a esta última.

El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó al pasar de 35.6% en el primer trimestre 2020 a 39.4% en el primer trimestre 2021. Entre los factores que explican este incremento se encuentra la disminución anual de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento en los precios del valor monetario de la canasta alimentaria durante el mismo periodo.

Este mismo comportamiento se da en los ámbitos rural y urbano; sin embargo, destaca el incremento en el ámbito urbano de 4.8 puntos porcentuales al pasar de 31.7% a 36.4%, mientras que en el rural
dicho incremento fue de 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 48.0% a 48.9% durante este periodo

El impacto generalizado de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para mitigar la contingencia provocaron la contracción de la economía. No obstante, en periodos recientes diversos
indicadores económicos han mostrado signos de recuperación. Por ejemplo, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con cifras desestacionalizadas, pasó de tener una variación anual promedio de -8.2% durante el tercer trimestre 2020 a -4.1% en el cuarto trimestre 2020. Sin embargo, para el primer trimestre 2021, la variación anual de enero y febrero de la actividad económica mostró disminuciones similares al trimestre inmediato anterior: -4.3% y -4.0%, dicho comportamiento podría estar relacionado en parte con el aumento de casos por COVID-19 durante estos periodos.

Fuente: CONEVAL 18 mayo de 2021

Las jornadas laborales prolongadas provocaron 745 000 defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, una cifra un 29% superior a la de 2000. Este dato procede de las estimaciones más recientes realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Que aparecen en la publicación Environment International.

Ambas organizaciones han realizado un primer análisis mundial de la pérdida de vidas y de salud derivada de las largas jornadas de trabajo. Sus datos indican que, en 2016, 398 000 personas fallecieron a causa de un accidente cerebrovascular y 347 000 por cardiopatía isquémica como consecuencia de haber trabajado 55 horas a la semana o más. Entre 2000 y 2016, el número de defunciones por cardiopatía isquémica debidas a las jornadas laborales prolongadas aumentó en un 42%, mientras que el incremento en el caso de las muertes por accidente cerebrovascular fue del 19%.

Estos problemas de salud de origen laboral son más notorios en los hombres (el 72% de las personas fallecidas por esta causa eran varones), en las personas que viven en las regiones del Pacífico Occidental y de Asia sudoriental y en los trabajadores de mediana edad o mayores. La mayor parte de las defunciones registradas correspondieron a personas de entre 60 y 79 años que habían trabajado 55 horas o más a la semana entre los 45 y los 74 años.

Estas cifras demuestran que alrededor de una tercera parte de la morbimortalidad estimada total relacionada con el trabajo se debe a las jornadas laborales prolongadas, que son el factor de riesgo que más contribuye a aumentar la carga de enfermedades ocupacionales. Por esta razón, este factor de riesgo laboral relativamente nuevo para la salud humana, que tiene un carácter más psicosocial, se encuentra en el centro del debate.

El estudio concluye que trabajar 55 horas o más a la semana aumenta en un 35% el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular y en un 17% el riesgo de fallecer a causa de una cardiopatía isquémica con respecto a una jornada laboral de 35 a 40 horas a la semana.

El 9% de la población mundial trabaja muchas horas al día. Cada vez son más los trabajadores cuya jornada laborales excesivamente prolongada, una tendencia que da lugar a un incremento en el número de personas que corren riesgo de sufrir discapacidades o fallecer por motivos ocupacionales.

Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores pueden adoptar las siguientes medidas para proteger la salud de estos últimos:

Las largas jornadas laborales provocaron 745.000 muertes por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo publicadas en Environment International.

Una de las cuestiones más preocupantes del estudio es el hecho de que lejos de haber avanzado en la mejora de la salud de los trabajadores, esas cifras suponen un aumento del 29% desde el año 2000.

En un primer análisis global de la pérdida de vidas y salud asociada con el trabajo prolongado, las dos agencias de la ONU estiman que, en 2016, 398.000 personas murieron por accidente cerebrovascular y otras 347.000 por enfermedades cardíacas como resultado de haber trabajado al menos 55 horas a la semana.

Entre 2000 y 2016, el número de muertes por enfermedades cardíacas debido al trabajo prolongado aumentó en un 42% y por derrames cerebrales en un 19%.

Además, se perdieron 23,3 millones de años de vida a causa de las discapacidades generadas por esas enfermedades.

Esta carga de morbilidad relacionada con el trabajo es particularmente significativa en los hombres (el 72% de las muertes ocurrieron entre hombres), las personas que viven en las regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental, y los trabajadores de mediana edad o mayores.

La mayoría de las muertes registradas fueron entre personas que tenían entre los 60 y 79 años y que habían trabajado durante 55 horas o más por semana entre las edades de 45 y 74 años.

Ahora que se sabe que trabajar muchas horas es responsable de aproximadamente un tercio de la carga total estimada de enfermedad relacionada con el trabajo, esta se establece como el factor de riesgo con la mayor carga de enfermedad ocupacional. Esto cambia el pensamiento hacia un factor de riesgo ocupacional relativamente nuevo y más psicosocial para la salud humana.

El estudio concluye que trabajar 55 horas o más por semana se asocia con un riesgo estimado de 35% más de accidente cerebrovascular y un 17% más de riesgo de morir por cardiopatía isquémica, en comparación con trabajar de 35 a 40 horas a la semana.

Los epidemiólogos ocupacionales a menudo clasifican las largas horas de trabajo en las tres categorías analíticas de 41-48 horas, 49-54 y de más de 55 horas a la semana, y las comparan con las horas de trabajo estándar, que son de 35-40 horas a la semana. Después de que el tiempo de trabajo promedio disminuyó constantemente durante la segunda mitad del siglo XX en la mayoría de los países, esta tendencia general a la baja cesó, e incluso comenzó a revertirse en algunos países durante el siglo XXI.

A medida que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación revolucionan el trabajo, se prevé que el tiempo de trabajo aumente aún más en algunas industrias.

“El teletrabajo se ha convertido en la norma en muchas industrias, a menudo desdibujando los límites entre el hogar y el trabajo. Además, muchas empresas se han visto obligadas a reducir o cerrar sus operaciones para ahorrar dinero, y las personas que todavía están en nómina terminan trabajando más horas. Ningún trabajo merece el riesgo de sufrir un derrame cerebral o una enfermedad cardíaca. Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores deben trabajar juntos para acordar los límites para proteger la salud de los trabajadores”.

La evidencia de estudios previos sugiere que trabajar muchas horas puede aumentar la mortalidad y la morbilidad por cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular a través del estrés psicosocial.

Se pueden concebir dos vías causales primarias:

Las dos agencias hacen una serie de medidas que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores pueden tomar para proteger la salud de los trabajadores:

En México se celebra el Día de la Madre desde 1922 y su propósito es generar un espacio de reflexión para valorar la labor de las mujeres que han tenido hijos.

A propósito de esta conmemoración, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genera y difunde una amplia gama de indicadores sobre las características sociodemográficas de las mujeres de 15 años y más que han tenido al menos un hijo nacido vivo, es decir, que son madres. En este comunicado se presentan algunos datos sobre las madres hablantes de lengua indígena, y se comparan con las que no tienen esta condición y que también son madres; asimismo se presenta información de las madres que están privadas de su libertad. Esta información proviene del Censo de Población y Vivienda y del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, ambos de 2020.

Monto y Estructura de la Población

En el país residían 48.6 millones de mujeres de 15 años y más en 2020, de las cuales 72.4% tenían al menos un hijo nacido vivo, es decir, son madres (35.2 millones). De este total 7.1% son hablantes de lengua indígena (2.5 millones ).

Fecundidad

La tasa global de fecundidad (TGF) es un indicador que refiere el número de hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva. Las cifras muestran que las mujeres cada vez tienen menos hijos. En 1999 la tasa global de fecundidad fue de 2.86 y se redujo a 1.88 hijos por cada mil mujeres en 2019.

En particular, la TGF para las mujeres que hablan lengua indígena fue de 2.85 en 2019, cifra menor a la de 1999 que fue de 4.15 hijos por cada mil mujeres; mientras que para las mujeres que no son hablantes de lengua indígena fue de 1.82 hijos por mujer en 2019 y de 2.76, en 1999.

La tasa de fecundidad por edad para 2019 muestra para las mujeres que hablan lengua indígena una cúspide temprana que se centra en el grupo de 20 a 24 años.

Por el contrario, en las mujeres que no hablan lengua indígena, se observa una cúspide dilatada que se centra en los grupos quinquenales de 20 a 24 y 25 a 29 años, lo que indica una transición en la cual la fecundidad se distribuye en un rango de edad más amplio.

En las adolescentes que hablan lengua indígena, la tasa de fecundidad fue de 73.5 hijos por cada mil mujeres de 15 a 19 años, dato que contrasta con respecto a la fecundidad de las adolescentes que no hablan lengua indígena (41.2 por cada mil). Según reportes internacionales, las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de enfrentarse a situaciones que vulneran sus derechos como es la violencia, y son más propensas a repetir ciclos de pobreza.

Durante el primer año de la pandemia, la Ciudad de México fue la única entidad federativa que mostró una alta competitividad, es decir, siguió atrayendo talento e inversión, mientras que en el otro extremo se encontraron los estados del sur como los más rezagados.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, la capital del país se ubicó en la primera posición de un ranking de 32.

Pese a la emergencia sanitaria, la Ciudad de México no perdió su primer lugar en el ICE; desde el 2001 lo ocupa.

La Ciudad de México presentó el mayor PIB per cápita (408,042 pesos por persona) y la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14,827 contratos de banca móvil por cada 10,000 adultos) y carga aérea (51,000 kilogramos por cada 1,000 personas).

Entre las razones principales que pusieron al sur en jaque, la especialista indicó que la emergencia sanitaria mermó la diversificación económica de estos estados; también se suma un rezago histórico donde se ha excluido a la región de los planes de desarrollo y crecimiento económico.

Recalcó que los cinco estados del sur tienen en promedio el menor PIB per cápita del país (87,00 pesos por persona), también el mayor rezago en inversión por población económicamente activa (45,000 pesos) y sólo 19% de las personas de 25 años o más cuentan con estudios universitarios o técnicos. También se concentra el mayor porcentaje de informalidad (71% de los trabajadores).

Sobre el proceso de evaluación y metodología del ICE, el índice está compuesto por 72 indicadores que forman 10 subíndices (tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, democracia, gestión gubernamental; e inclusión, salud y educación).

Los resultados de las entidades permiten clasificarlas en seis grupos de competitividad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja.

A partir de los resultados identificados en el ICE 2021, el Imco desarrolló algunas propuestas para que las entidades mejoren su competitividad. La primera busca que se pueda adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos locales, para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa y con ello evitar la discrecionalidad.

Se debe promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.

También se deben desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y servicios.

Se necesitan reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos; se deben crear sistemas estatales de innovación que incentiven un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes.

Por último, se tienen que aprovechar las facultades de los estados para desarrollar programas de nivelación académica ante los efectos de la pandemia.

Fuente:EL ECONOMISTA 27 de abril de 2021

La celebración del Día del Niño en México data de 1924, año de la Declaración de Ginebra, el primer texto internacional que reconoce derechos específicos para las niñas y los niños. En 1959, la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño y en 1989 es firmada la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado vinculante que reúne derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

En el marco de esta conmemoración, el INEGI presenta una selección de cifras relacionadas con algunos de estos derechos y el bienestar de la población con menos de 15 años en el país, a partir de la información que ofrecen los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, los Censos Económicos 2009, 2014 y 2019, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, y la serie de Estadísticas de Mortalidad de 1990 a 2019.

Igualdad y No Discriminación

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en el país residen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años, que en términos porcentuales representan 25.3% de la población total. De este conjunto, 1.4 millones de niñas y niños de 3 a 14 años hablan alguna lengua indígena, es decir 5.4% de la población de esas edades. Además,1.7% de los menores de 15 años son afromexicanos o afrodescendientes.

Por otra parte, 6.5% de la niñez en México tiene alguna discapacidad, condición mental o limitación para caminar, subir o bajar, ver aun usando lentes, hablar o comunicarse, oír aun usando aparato auditivo, vestirse, bañarse o comer, recordar o concentrarse.

Las condiciones materiales de las niñas y niños en hogares donde se habla alguna lengua indígena son en general distintas de las que tienen sus pares de hogares no indígenas. En el primer grupo, sólo en seis de diez casos la vivienda cuenta con servicio de energía eléctrica, agua entubada, drenaje y piso firme, mientras que, en el segundo, esto ocurre en nueve de cada diez.

El origen étnico y la condición de discapacidad o limitación son dos categorías útiles para evaluar el grado de igualdad o desigualdad experimentado por diferentes subpoblaciones infantiles en México. A continuación, se presentan algunos datos que reflejan el contraste en el disfrute de algunos derechos fundamentales de la niñez.

Escolaridad

Entre la población infantil de 6 a 11 años, 4.0% de quienes hablan lengua indígena y 4.3% de quienes tienen alguna limitación, discapacidad o condición mental no tienen escolaridad, en contraste con 1.1% y 1.2% de los no hablantes de lengua indígena y afrodescendientes, respectivamente.

Conforme avanza la edad, la brecha en el nivel de escolaridad para la población infantil que habla lengua indígena se hace más amplia: 44.8% de la población de 12 a 14 años cuenta con algún grado aprobado a nivel secundaria, en tanto que entre los afrodescendientes y no hablantes de lengua indígena la cifra es del 56.0 y 56.9%, respectivamente. En el caso de la subpoblación con alguna limitación, discapacidad o condición mental, el dato es 52.2 por ciento.

Salud y Mortalidad

En 2020, 81.4% de la población hablante de lengua indígena, 77.3% de la población afrodescendiente, 75.8% de la población con alguna discapacidad, limitación o condición mental y 74.8% de la población no hablante de lengua indígena estaban afiliados a los servicios de salud (Censo de Población y Vivienda 2020).

En las últimas tres décadas, las defunciones de menores de un año han disminuido de manera importante (65.0%).

El COVID-19 ha trastornado el mundo del trabajo y es probable que los efectos sean duraderos. Uno de los que más han sufrido han sido los que han estado en la primera línea de frente de la lucha contra el virus.

Más de 7000 trabajadores sanitarios han fallecido desde que surgió la crisis del COVID-19, y 136 millones de empleados en esos servicios y los de asistencia social corren el riesgo de contraer esa enfermedad, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un nuevo informe, publicado con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la agencia de la ONU explica que para echar a andar estos sistemas hace falta invertir en infraestructura e integrar todas sus provisiones en los planes nacionales de preparación y respuesta a las crisis.

Además de proteger a los trabajadores, de esta manera se facilitaría la continuidad de la operación empresarial aún en tiempos de emergencia, sostiene la publicación.

Según el estudio “Anticiparse a las crisis, prepararse y responder – Invertir hoy en sistemas resilientes de SST”, la emergencia del COVID-19 colocó a los trabajadores no sólo en riesgo de contraer el virus en el lugar de trabajo, sino que los sometió a restricciones de movilidad y produjo un aumento de las modalidades de teletrabajo, así como el cierre de muchas actividades comerciales y de manufactura.

La OIT señala que el impacto de la crisis afectó el mercado de trabajo, las condiciones laborales, los salarios y, en muchos casos, el acceso a protecciones como las licencias por enfermedad y las prestaciones sociales.

Con respecto a los trabajadores de la economía informal, generalmente los más pobres y desprotegidos, el texto enfatiza que su vulnerabilidad se ha agudizado en el contexto de la pandemia.

Añade que las medidas de confinamiento total o parcial aplicadas en muchos países, que afectan a unos 5000 millones de personas en el mundo, han golpeado a unos 1600 millones de trabajadores informales, que trabajan en sectores como los servicios de alojamiento y alimentación, la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista y la agricultura.

Los trabajadores de la economía informal, especialmente en los países en desarrollo, no tienen más opción que trabajar a pesar de las restricciones de movimiento e interacción social, los confinamiento y otras medidas porque no tienen acceso a protecciones sociales como las licencias o subsidios por enfermedad o emergencias.

Además, las condiciones de vida hacinadas e insalubres hacen casi imposible el distanciamiento físico en sus viviendas.

Entre las provisiones para enfrentar las emergencias, la Organización destaca el papel crucial del diálogo social en todos los ámbitos de respuesta.

De acuerdo con la OIT, un diálogo social eficaz ayuda a ofrecer mejores soluciones para adaptarse a las circunstancias y generar confianza.

El informe también recuerda que las normas laborales internacionales son una referencia importante para proteger el trabajo decente en el contexto de las respuestas a las crisis.

La agencia asevera que la pandemia ha evidenciado la necesidad de que los países cuenten con un marco institucional nacional sólido de seguridad y salud en el trabajo, al igual que una autoridad competente en la materia que ejerza el liderazgo y actúe como organismo de confianza en una crisis para producir respuestas más coordinadas y rápidas.

Agrega que la emergencia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que los servicios de salud en el trabajo actúen “como puente” entre los sistemas de salud pública y el lugar de trabajo con servicios como el asesoramiento, la consulta, la educación y la formación; el seguimiento de los casos, y la notificación a las autoridades sanitarias y de la seguridad social.

Sensibilización sobre seguridad y salud en el trabajo, el caso de México

El estudio considera fundamental que los trabajadores, los empleadores y la sociedad en su conjunto cobren conciencia de la importancia de la seguridad y la salud en la esfera laboral.

Como ejemplo de una buena práctica en este renglón, cita las campañas de sensibilización sobre sobre el tema en las cadenas de valor del café en México.

Dicha iniciativa implicó la producción de una serie de recursos audiovisuales por parte de la OIT y la Federación Nacional de Cafeteros con el objetivo de concienciar a los trabajadores sobre la seguridad y la salud en el trabajo en las cadenas de valor del café durante la pandemia de COVID-19.

La campaña incluyó una radionovela de diez capítulos sobre diversos aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, incluida la mitigación del riesgo de COVID-19 durante la cosecha.

También se crearon cuñas radiofónicas, en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, para hablar de los peligros del coronavirus y de cómo mantenerse a salvo en el sector del café. Por último, se produjo una serie de videos en los que se habla de la prevención del COVID-19 en la agricultura, así como de la limpieza, la desinfección y otras medidas de mitigación.

Durante el 2020, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla se posicionaron como las entidades con mayor rezago social a nivel nacional, es decir, presentaron un importante porcentaje de carencias en acceso a la educación, a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos, entre otros.

El Índice de Rezago Social 2020 (IRS), elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), identificó de manera específica a Chiapas, donde se presentan los mayores niveles de rezago en cinco de los 11 indicadores de la medición y, en contraste, la Ciudad de México registra los menores niveles en seis de los 11 indicadores.

Por ello, se reafirma que a través de los resultados del IRS y su respectivo grado de rezago social, Chiapas, Oaxaca y Guerrero figuran como las tres entidades con muy alto grado de rezago social, principalmente en aquellos relativos a analfabetismo y educación incompleta, así como viviendas con piso de tierra, viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública y viviendas que no disponen de lavadora; en comparación con Nuevo León, Coahuila y la Ciudad de México, que presentan los niveles de IRS más bajos y cuyo grado de rezago social es muy bajo.

De esta manera, según el Coneval, con los resultados del IRS comparable será posible examinar la evolución del rezago social en el país a través del tiempo, con el fin de poner a disposición de las autoridades información oportuna y pertinente para el diseño de políticas públicas que abonen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Respecto a los indicadores asociados al rezago educativo, el Coneval observó que Chiapas (13.7%), Guerrero (12.5%) y Oaxaca (11.8%) son las entidades con el mayor porcentaje de población de 15 años o más analfabeta.

Asimismo, Chiapas (48.1%), Oaxaca (45.2%) y Guerrero (42.5%), también presentan altas cifras de población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por el contrario, la Ciudad de México es la entidad con el menor porcentaje de población de 15 años o más analfabeta, y población de 15 años y más con educación básica incompleta (1.4% y 17.5%, respectivamente).

A nivel nacional, 29.6% de la población de 15 años y más tienen una educación básica incompleta.

Por otro lado, se identificó que Michoacán (37.6%), Estado de México (33.4%) y Chiapas (32.7%), son los estados con mayor población sin derechohabiencia a servicios de salud. En contraste, las entidades con el menor porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud son Chihuahua (15.3%), Baja California Sur (16.2%) y Colima (16.8 por ciento).

Por su parte, a nivel nacional, el porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud para el 2020 fue de 26.2 por ciento.

En el caso de la calidad y espacios de la vivienda, Guerrero (14.0%), Oaxaca (13.3%) y Chiapas (11.1%), se colocaron como los estados donde más viviendas cuentan con pisos de tierra.

En cuanto a las entidades con el mayor porcentaje de viviendas que no disponen de excusado o sanitario, Guerrero (9.5%), Yucatán (6.5%) y Campeche (3.6%) son las que presentan mayor porcentaje, aunado a que en Guerrero (11.1%), Chiapas (9.9%) y Oaxaca (9.8%) más viviendas no disponen de agua entubada de la red pública.

Así como Oaxaca (19.4%) Guerrero (11.8%) y San Luis Potosí (9.1%), donde más hogares no disponen de drenaje; y Oaxaca (2.3%), Durango (1.8%) y Chiapas (1.8%) como los estados con mayor porcentaje de viviendas que no cuentan con energía eléctrica.

En contraste, la Ciudad de México se posiciona como la entidad con menor porcentaje de viviendas que no disponen de excusado o sanitario (0.3%), viviendas que tienen drenaje (0.2%) y viviendas que cuentan con energía eléctrica (0.1 por ciento).

Sobre los indicadores asociados a los activos de la vivienda, se dijo que, a nivel nacional, 27.2% de los hogares no dispone de lavadora, mientras que 12.4% de refrigerador.

Las entidades con mayor porcentaje de viviendas que no disponen de lavadora son Chiapas (56.2%), Guerrero (54.2%) y Oaxaca (52.7%), y de las casas que no tienen refrigerador destaca Chiapas (35.4 por ciento).

Fuente:EL ECONOMISTA 26 de abril de 2021

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) da a conocer los resultados de las estimaciones correspondientes al año 2020 del Índice de Rezago Social (IRS) a nivel entidad federativa, municipal y por localidad, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

El IRS no es una medición de pobreza, ya que no incorpora todas las dimensiones que la medición multidimensional de la pobreza debe de contemplar de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, permite tener información de indicadores sociales desagregados hasta nivel localidad, con lo que CONEVAL contribuye con la generación de datos para la toma de decisiones en materia de política social.

Es un indicador que es utilizado para el diseño de política pública que incorpora información de educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos de la vivienda, calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar. De esta forma, el IRS resume las cinco dimensiones mencionadas en un valor numérico, el cual permite clasificar a los estados, municipios y localidades en cinco grados de rezago social: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.

Resultados a Nivel Entidad Federativa 2020

De las 32 entidades federativas, cuatro se encontraban en muy alto rezago social y, también cuatro presentaron un grado muy bajo de rezago social.

Las entidades con mayor rezago social fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.

Las entidades con menor rezago social fueron Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Aguascalientes y Colima.

Resultados a Nivel Municipal 2020

De los 2,469 municipios, solo 152 municipios, que representan 6.2% del total, mostraron un grado muy alto de rezago social; en tanto que 677 (27.4% del total) presentaron muy bajo rezago social.

Los municipios con mayor rezago social fueron Batopilas de Manuel Gómez Morín en
Chihuahua, Mezquital en Durango, Del Nayar en Nayarit, Cochoapa el Grande en Guerrero, Mezquitic en Jalisco, Chalchihuitán y Sitalá en Chiapas, San José Tenango en Oaxaca, Urique en Chihuahua y Mixtla de Altamirano en Veracruz.

Las demarcaciones territoriales o los municipios con menor rezago social fueron Benito Juárez en Ciudad de México; Apodaca en Nuevo León; Coacalco de Berriozábal en el Estado de México; San Nicolás de los Garza en Nuevo León; Coyoacán y Miguel Hidalgo en Ciudad de México; Cuautitlán en el Estado de México; Guadalupe en Nuevo León; Cuauhtémoc y Azcapotzalco en Ciudad de México.

Resultados a Nivel Localidad 2020

Para este año 108, 149 localidades contaban con información de rezago social, de las cuales 7,741 localidades estaban en muy alto rezago social, lo que representa cerca del 7.2% del total de
localidades; mientras que 17,292 localidades, que representan 16.0% del total, mostraron muy bajo rezago social.

Respecto a las localidades, se encontró que, para 2020 las localidades con el IRS más alto fueron: El Sabino, Sinaloa; Sicochi, Chihuahua; La Guacamaya, Durango; San Jerónimo, Chiapas; Las Cruces, Nayarit; Ninguno, Jalisco; La Mesa de Papante, El Chalate, Rincón de Vinateros, El Rincón Grande, y Las Higueras, así como Mesa de Remisacachi y La Agüita, Chihuahua. Estas localidades cuentan con un grado de rezago social muy alto.

En 2020, se identificaron 86 localidades que presentan el valor mínimo de IRS y que, en consecuencia, cuentan con un grado de rezago social muy bajo. A continuación, se muestra el cuadro con las localidades que presentan el menor nivel de IRS según entidad federativa.

Baja California cuenta con 16 localidades con un IRS bajo, mientras que entidades como Campeche o Chiapas, registran una localidad con IRS bajo.

La publicación del Índice de Rezago Social (IRS) 2020 para los niveles de entidad federativa, municipio y localidad abona a los esfuerzos del CONEVAL por ofrecer información actualizada que muestre las diferencias en el rezago social en el país y permita identificar los territorios o regiones que requieren atención prioritaria. Este Índice tiene la virtud de poder ordenar entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor rezago social en un momento en el tiempo; sin embargo, la técnica estadística utilizada para su cálculo (conocida como análisis de componentes principales) no permite la comparación de los valores del índice a lo largo del tiempo.

Fuente: CONEVAL 26 abril de 2021

En 1986 una explosión en la central nuclear de Chernóbil propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética y que ahora son los territorios de Belarús, Ucrania y la Federación de Rusia. Casi 8.4 millones de personas en los tres países fueron expuestas a la radiación.

El gobierno soviético reconoció la necesidad de la ayuda internacional sólo en 1990. Ese mismo año la Asamblea General adoptó la Resolución 45/190, llamando a “la cooperación internacional para abordar y mitigar las consecuencias de la planta nuclear de Chernóbil”. Ese fue el comienzo de la participación de las Naciones Unidas en la recuperación de Chernóbil. El grupo de trabajo interinstitucional fue creado para coordinar la cooperación de Chernóbil. En 1991, la ONU creó el Fondo Fiduciario para Chernóbil, en la actualidad bajo la dirección de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Desde 1986, el sistema de las Naciones Unidas y las principales ONG han puesto en marcha más de 230 diferentes estudios y proyectos de asistencia en los ámbitos de salud, seguridad nuclear, rehabilitación, medio ambiente, obtención de alimentos limpios e información.

En 2002 las Naciones Unidas anunció un cambio en la estrategia de Chernóbil, con un nuevo enfoque en el desarrollo a largo plazo. El PNUD y sus oficinas regionales en los tres países afectados tomaron la delantera en la aplicación de la nueva estrategia. Todavía hay mucho trabajo que hacer en la región afectada. Para prestar apoyo a los programas internacionales, nacionales y públicos dirigidos al desarrollo sostenible de estos territorios, en 2009 la ONU presentó la Red Internacional de Investigación e Información sobre Chernóbil. Las consecuencias de Chernóbil seguirán en el futuro. El trabajo de la comunidad internacional no ha terminado todavía.

El 8 de diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que designaba el 26 de abril como el Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil. En su resolución, la Asamblea General reconoció que, incluso 30 años después, “las consecuencias a largo plazo persisten y las comunidades y los territorios afectados todavía tienen demandas en relación a este problema” e invitó a “todos los Estados Miembros, los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, a que celebren el día”.

La finalización de la colocación del nuevo confinamiento seguro sobre el antiguo refugio fue un hito importante logrado en 2019, con más de 4 500 millones de euros proporcionados por más de 45 naciones donantes a través de fondos administrados por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). El nuevo confinamiento seguro fue entregado al Gobierno de Ucrania el 10 de julio de 2019. El alcance del proyecto en términos de cooperación internacional es uno de los más grandes jamás vistos en el campo de la seguridad nuclear.

Dado que las agencias de las Naciones Unidas han cambiado su perspectiva de la asistencia humanitaria a la prevención, recuperación, remediación y desarrollo de la capacidad, se adoptó un enfoque integrado del desarrollo sostenible para abordar las necesidades de las regiones y comunidades afectadas. Las agencias, fondos y programas han continuado trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania para proporcionar asistencia para el desarrollo a las comunidades afectadas por Chernóbil.

Casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria, según concluye el nuevo informe sobre el Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El informe anual sobre el Estado de la Población Mundial, este año bajo el lema Mi cuerpo me pertenece: Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación, es el primero que realiza la ONU centrándose en la autonomía corporal y busca resaltar el poder y la capacidad para tomar decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.

El Fondo destaca que la falta de autonomía corporal comporta grandes implicaciones que van más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en la esfera individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

El análisis mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado de apoyo o interferencia legislativo de los países sobre el derecho de una mujer a tomar este tipo de decisiones. Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.

El informe también analiza cómo las iniciativas para confrontar los abusos pueden derivar en mayores vulneraciones de la autonomía corporal.

Según el estudio, las auténticas soluciones a estos problemas deberán considerar las necesidades y experiencias de las personas afectadas.

El informe sobre el Estado de la Población Mundial se publica anualmente desde 1978 y pone de relieve cuestiones novedosas en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incorporándolas al debate público y analizando los retos y las oportunidades que presentan para el desarrollo internacional.

El consumo de bebidas alcohólicas, por sí solo, ocasionó un promedio de 85.000 muertes anualmente entre 2013 y 2015 en las Américas, donde la ingesta per cápita es 25% mayor a la del promedio mundial, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud y publicado en la revista Addiction.

El análisis de los datos de mortalidad en 30 países de la región (el mayor en su tipo en las Américas) muestra los siguientes resultados clave:

Los resultados de este estudio indican que los países de ingresos altos tienen un mayor consumo per cápita de bebidas alcohólicas mientras que los países de bajo y mediano ingreso tienen una mayor tasa de mortalidad atribuible al alcohol para el mismo nivel de consumo de esas bebidas.

La agencia de la ONU para la salud en el continente exhorta a los países de la región a frenar el consumo nocivo de bebidas alcohólicas mediante el aumento de los impuestos aplicables e imponer amplias restricciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio de estos productos. Asimismo, el acceso a datos de mejor calidad sobre la mortalidad y la morbilidad causadas por las bebidas alcohólicas es fundamental para dar seguimiento al impacto de la ingesta de alcohol.

Durante la pandemia de COVID-19, las bebidas alcohólicas se han promovido por las redes sociales y su disponibilidad ha aumentado en muchos países debido a la mayor facilidad de acceso a las compras en línea y las entregas a domicilio.

Hay evidencias que indican que las personas con mayor probabilidad de aumentar su consumo de bebidas alcohólicas como resultado estos factores, ya consumían alcohol en exceso antes de la pandemia. Adicionalmente, los puntos de venta de bebidas alcohólicas, como bares y clubes nocturnos, atraen multitudes que no respetan el uso de mascarillas ni practican el distanciamiento social.

Un mundo más justo y saludable exige la ética social ante lo que descarnadamente ha exhibido la pandemia de COVID-19: “Vivimos en un mundo desigual, donde algunas personas pueden llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido enteramente a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen”.

En el Día Mundial de la Salud, este 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone el dedo en la llaga, y reconoce que algunos grupos luchan por llegar a fin de mes con pocos ingresos diarios, tienen peores condiciones de vivienda y educación y menos oportunidades de empleo, experimentan una mayor desigualdad de género y tienen poco o ningún acceso a entornos seguros, agua y aire limpios, seguridad alimentaria y servicios de salud.

Todo ello provoca sufrimientos innecesarios, enfermedades evitables y muertes prematuras, y perjudica a nuestras sociedades y economías, admite el organismo que ha encabezado las acciones globales ante la pandemia, al lanzar una campaña para construir el anhelo de equidad, porque esas condiciones no sólo son injustas, sino evitables.

Uno de los sectores más impactados por la pandemia son las mujeres, aun cuando “la gran mayoría de los trabajadores de salud pública son mujeres”, de acuerdo con la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien ha señalado que ellas “son también líderes de familia y las principales proveedoras en muchos de estos hogares, y gran parte su trabajo no es remunerado o se considera mano de obra informal”.

Datos del grupo de trabajo interamericano sobre el liderazgo de la mujer, indican que en América Latina y el Caribe nueve de cada 10 enfermeras son mujeres, mientras que solo el 25% de los puestos ejecutivos en los hospitales son ocupados por mujeres. En las Américas, aproximadamente un millón de trabajadores de salud pública se han infectado de COVID-19, 4,000 han perdido la vida y de estos dos de cada tres son mujeres.

Las políticas, programas y proyectos en salud son adaptables y transferibles al momento de confrontar la inequidad étnica mediante la inclusión de las poblaciones afectadas por la misma, dentro del marco de sus actividades.

Aboga por programas y proyectos con políticas inclusivas y tradicionalmente sensibles que consideran dentro de sí la medicina y prácticas tradicionales. De lo contrario, subraya, la carencia de esta consideración implica políticas, programas y proyectos culturalmente insensibles.

Fuente: SEMARNAT 07 de abril de 2021

En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, reconociendo al deporte como un instrumento para promover estilos de vida saludable; educar en principios como la tolerancia y el respeto, la cooperación, solidaridad, comprensión e inclusión social; y prevenir y controlar enfermedades no transmisibles a través del ejercicio físico.

Con el lema Mantente Activo frente al COVID-19, este año las Naciones Unidas invitan a la población a mantenerse activa, sana y solidaria en tiempos de distanciamiento físico y social, con el fin de ayudar a superar la incertidumbre y las dificultades actuales, tanto a nivel individual como comunitario.

En este marco, el INEGI se une a la labor de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la participación de mujeres y hombres en la práctica de algún deporte o ejercicio físico y pone a disposición, información estadística sobre la situación que guarda nuestro país el aprovechamiento de esta actividad que, incluso desde el confinamiento en los hogares, permite mejorar la salud y bienestar de la población.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2020, accesible a través de internet, en el que se presenta un panorama estadístico que da cuenta del desarrollo social, económico y ambiental de los países de la región a partir de la información que se encontraba disponible hasta diciembre de 2020.

Esta publicación anual contribuye a la generación de conocimiento sobre América Latina y el Caribe y, por lo tanto, constituye una referencia esencial para el análisis comparado entre países con datos estadísticos descriptivos.

El Anuario Estadístico 2020 se organiza en tres capítulos. En el primero se presentan aspectos demográficos y sociales que incluyen indicadores de población, trabajo, educación, salud, vivienda y servicios básicos, pobreza y distribución del ingreso y género. Según estos datos, la población de América Latina y el Caribe alcanzó los 654 millones de habitantes al año 2020, con una tasa de crecimiento anual del 0,8%.

El segundo capítulo presenta información económica referida a cuentas nacionales, balanza de pagos, comercio exterior e índices de precios, entre otros. El Anuario muestra que el bajo crecimiento del PIB regional de 0,1% registrado en 2019 generó una disminución en el PIB promedio por habitante, el cual alcanzó 8.361 dólares. Las diferencias entre subregiones siguen prevaleciendo; en 2019 el Caribe superaba en 23,2% el nivel del PIB por habitante de la subregión de América Latina. Las proyecciones de la CEPAL para el 2020 muestran una caída del PIB de 7,7% en la región, como resultado del impacto que tuvo la pandemia por COVID-19.

El tercer capítulo ofrece estadísticas e indicadores ambientales de la región. Destacan métricas sobre condiciones físicas, cobertura terrestre, ecosistemas, biodiversidad, calidad ambiental, tierra, recursos energéticos, hídricos y biológicos, emisiones al aire, desastres, asentamientos humanos, regulación y gobernanza ambiental.

El Anuario Estadístico se publica en versión impresa y electrónica con algunas diferencias. En la versión impresa se incluye una selección de cuadros y gráficos orientados a brindar un resumen de la información estadística desde la perspectiva regional. La versión electrónica, en tanto, incluye un mayor número de cuadros que brindan información más detallada y sobre un período histórico mucho más amplio, así como un capítulo adicional donde se explican los aspectos metodológicos y las referencias a las fuentes de los datos.

La edición de este año incluye una versión web interactiva para el usuario que facilita la navegación y el acceso a la información presentada en su versión impresa. La información que da sustento al Anuario forma parte del conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, la plataforma que da acceso a toda la información estadística actualizada de los países de la región recolectada, sistematizada y publicada por la CEPAL, y que se encuentra actualmente en un proceso de actualización tecnológica y funcional.

Dado que la mayor parte de la información proviene de las oficinas nacionales de estadística, bancos centrales, organismos internacionales y otras instituciones oficiales, la CEPAL invita a los usuarios a prestar atención a las fuentes y notas técnicas que se presentan en este trabajo. Los datos se obtienen a partir de metodologías y estándares internacionales con el fin de asegurar la mayor comparabilidad posible entre los países, por lo que estas cifras pueden no coincidir necesariamente con los datos nacionales.

https://youtu.be/lLnYq0KTlKk

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierten en un nuevo informe que el hambre aguda aumentará en más de 20 países en los próximos meses si no se presta asistencia urgente y a escala.

El Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria encabezan la lista y afrontan un hambre aguda en grado de catástrofe, con familias en determinadas zonas de Sudán del Sur y el Yemen que ya sufren inanición y mueren o están en riesgo de hacerlo, según el informe “Hunger Hotspots” (Lugares críticos con respecto al hambre).

Aunque la mayoría de los países afectados se encuentran en África, se prevé que el hambre aguda aumente drásticamente en la mayoría de las regiones del mundo, desde Afganistán, en Asia, a la República Árabe Siria y el Líbano, en Oriente Medio, hasta Haití, en América Latina y el Caribe.

En el mundo, más de 34 millones de personas ya experimentan hambre aguda en grado de emergencia (CIF4), lo que significa que están a un paso de la inanición.

Uno de los siguientes factores o una combinación de ellos está detrás del aumento previsto de la inseguridad alimentaria aguda en los 20 lugares críticos con respecto al hambre entre marzo y julio de 2021.

En el informe se recomiendan medidas críticas a corto plazo en cada lugar crítico con respecto al hambre a fin de abordar las necesidades existentes y futuras.

Las personas de Sudán del Sur, el Yemen y el norte de Nigeria siguen siendo las que tienen un mayor riesgo de sufrir unos niveles de inseguridad alimentaria aguda crecientes y peligrosamente elevados. En Burkina Faso, la seguridad alimentaria ha mejorado ligeramente desde el pasado octubre, pero la situación sigue siendo muy preocupante.

Otros países que, según el informe, se sitúan entre los lugares más críticos con respecto al hambre, donde el hambre que supone un riesgo para la vida está aumentando, son Afganistán, Etiopía, Haití, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo y el Sudán.

La economía mundial se encamina a un crecimiento del 4.7% este año gracias a una recuperación más fuerte de la esperada en Estados Unidos, dijo el jueves un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que revisó al alza su pronóstico anterior del 4.3 por ciento.

La revisión alcista de su pronóstico realizado en septiembre tiene en cuenta un esperado aumento en el gasto del consumidor en Estados Unidos debido al progreso en la distribución de las vacunas contra el Covid-19 y un vasto paquete de estímulos fiscales, según el informe.

“Se espera que la recuperación global que comenzó en el tercer trimestre de 2020 continúe durante 2021, aunque con una gran cantidad de desigualdad e imprevisibilidad, lo que refleja incertidumbres epidemiológicas, políticas y de coordinación”, dijo el informe.

A principios de mes, la OCDE también revisó al alza su pronóstico de crecimiento para este año al 5.6% desde el 4.2 por ciento.

Sin embargo, el informe de 22 páginas de la UNCTAD titulado “¿De la sartén… al fuego?” indicó que el Covid-19 tendrá consecuencias económicas duraderas que requerirán el apoyo continuo del gobierno. Según afirmó, el principal riesgo para el panorama mundial es un “regreso equivocado a la austeridad”.

El informe estima que el año pasado hubo una caída del 3.9% en la producción, ya que la propagación del coronavirus provocó confinamientos en todo el mundo.

Calificó el impacto como “exorbitante”, al tiempo que se refirió a la “destrucción de ingresos a una escala sin precedentes”, con la población de los países en desarrollo particularmente afectada.

Aún así, destacó que habría sido peor si los bancos centrales no hubieran tomado medidas preventivas para evitar el colapso financiero. Los paquetes de ayuda y la recuperación de los precios de los productos básicos, así como la aceleración del desarrollo de vacunas, también ayudaron, según el informe.

Fuente:EL ECONOMISTA 18 de marzo de 2021

Se prevé que la economía mundial crezca un 4,7% este año, más rápido de lo previsto en septiembre (4,3%), gracias en parte a una recuperación más fuerte en Estados Unidos, donde se esperan avances en la distribución de vacunas y un nuevo estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares. para impulsar el gasto de los consumidores, dice un nuevo informe de la UNCTAD.

Pero esto todavía dejará a la economía global a más de $ 10 billones por debajo de donde podría haber estado a fines de 2021 si se hubiera mantenido en la tendencia prepandémica y con preocupaciones persistentes acerca de la realidad detrás de la retórica de un gobierno más. futuro resiliente.

La peor parte del impacto de la economía mundial se siente en los países en desarrollo con un espacio fiscal limitado, un endurecimiento de las restricciones de la balanza de pagos y un apoyo internacional inadecuado, según la UNCTAD. Y aunque todas las regiones experimentarán un cambio de rumbo este año, los posibles riesgos económicos y de salud a la baja aún podrían producir deslizamientos.

De cara al futuro, el informe dice dogmas económicos obsoletos, una cooperación multilateral débil y una renuencia generalizada a abordar los problemas de desigualdad, endeudamiento e inversión insuficiente, todo agravado gracias al COVID-19.

En países donde los niveles de pobreza ya son altos y una gran parte de la fuerza laboral está trabajando en empleos informales, el impacto inmediato de incluso una pequeña recesión en la actividad económica puede ser devastador. El Banco Mundial estima que 250 millones más de personas caerán en la pobreza (en un punto de referencia diario de $ 3,20) como resultado de la pandemia.

A pesar de la magnitud de la crisis económica y sanitaria mundial, la cooperación internacional ha quedado muy por debajo de lo que se necesita.

El informe compara los $ 12 mil millones de servicio de la deuda suspendido (para el año de junio de 2020 a junio de 2021) para los 46 países que participan en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del G20 con los $ 80 mil millones en pagos del servicio de la deuda en 2019 por los 73 DSSI elegibles. países y más de un billón de dólares para todos los países en desarrollo.

Se espera que la recuperación mundial que comenzó en el tercer trimestre de 2020 continúe hasta 2021, aunque con una gran cantidad de desigualdades e imprevisibilidad, lo que refleja incertidumbres epidemiológicas, políticas y de coordinación.

El informe ve un regreso equivocado a la austeridad, después de una recesión profunda y destructiva, como el principal riesgo para su panorama global, especialmente en el contexto de mercados laborales fracturados y mercados financieros desregulados en las economías avanzadas.

Pero incluso a menos que se produzca un retorno inmediato de la austeridad, señala el informe, se necesitará más de un año para que la producción y el empleo vuelvan a sus niveles anteriores al COVID-19 en la mayoría de los países con empleo, desigualdad de ingresos y bienestar público en el mediano plazo dependiendo sobre la evolución de las respuestas políticas.

El informe ve indicios de que las estrategias de crecimiento emergentes posteriores al COVID-19 en todo el mundo están volviendo a su norma anterior a la crisis, con un énfasis indebido en las exportaciones en partes del este de Asia y Europa occidental, una política monetaria flexible y un consumo impulsado por activos en los EE. UU. y dependencia de las entradas de capital privado y las exportaciones de productos básicos en África y América Latina.

El paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares en Estados Unidos es motivo de aliento. Sin embargo, si bien el paquete contiene grandes transferencias de efectivo, hay mucho menos gasto directo en consumo e inversión, lo que ofrecería la ruta más segura para la expansión de la demanda agregada y una transición verde. Esto hace que el efecto total del paquete sea incierto.

También hay indicios de que la nueva administración de EE. UU. Está extendiendo sus esfuerzos al nivel multilateral, respaldando una emisión de $ 500 mil millones de nuevos derechos especiales de giro para respaldar la liquidez global en la próxima reunión del G20, previamente bloqueada por la administración Trump.

Esta es una medida bienvenida pero, según el informe, la magnitud de la amenaza de la deuda, en particular para los países en desarrollo, no puede reducirse sin la condonación de la deuda y la adopción de un mecanismo de renegociación de la deuda que funcione.

El informe llega a la conclusión de que abordar las tendencias que se refuerzan mutuamente de aumento de la desigualdad, creciente sobreendeudamiento, mercados financieros separados y creciente poder de mercado de las grandes corporaciones reacias a reinvertir sus ganancias en la construcción de capacidades productivas requerirá más que un estímulo económico de una sola vez.

Pide una reescritura más completa de las reglas del juego económico para que no se repitan los errores de la crisis financiera de 2009 y se alcance el objetivo de una economía global inclusiva, sostenible y resiliente para 2030.

Las estimaciones más precisas relativas a la prevalencia de la violencia de pareja y la violencia sexual se derivan de las encuestas poblacionales basadas en los testimonios de las víctimas. En un análisis llevado a cabo en 2013 por la OMS en colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, en el que se utilizaron los datos de más de 80 países, se observó que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres (o el 35%) había sido objeto de violencia física o violencia sexual bien dentro o fuera de la pareja.

Casi un tercio (30%) de todas las mujeres que han tenido una relación ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Las estimaciones de prevalencia de la violencia de pareja oscilan entre el 23,2% en los países de ingresos altos y el 24,6% en la región del Pacífico Occidental, al 37% en la región del Mediterráneo Oriental y el 37,7% en la región de Asia Sudoriental.

El 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, si bien los datos a ese respecto son más escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son cometidos en su mayoría por hombres contra mujeres.

La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual ocasionan graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo a las mujeres. También afecta a sus hijos y tiene un elevado costo social y económico para la mujer, su familia y la sociedad.

Repercusión en los niños

Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

Cada vez hay más estudios bien concebidos sobre la eficacia de los programas de prevención y respuesta. Se necesitan más recursos que refuercen la prevención y la respuesta frente a la violencia de pareja y la violencia sexual, en particular en el ámbito de la prevención primaria, a fin de impedir que llegue a producirse.

Existen datos procedentes de los países de ingresos altos que indican que las intervenciones de sensibilización y la prestación de orientación psicológica para mejorar el acceso a los servicios dirigidos a las víctimas de violencia de pareja son eficaces a la hora de reducir dicha violencia. Los programas de visitas domiciliarias en que participan los servicios periféricos de salud por medio de profesionales de enfermería capacitados también parecen prometedores a efectos de reducir la violencia de pareja. No obstante, aún han de evaluarse para poder ser utilizados en entornos con pocos recursos.

Entre las estrategias de prevención que podrían dar buenos resultados en entornos de bajos recursos cabe citar las siguientes: aquellas que permiten que la mujer se emancipe económica y socialmente mediante una combinación de microfinanciación y formación en materia de igualdad de género; las que fomentan la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de la pareja y la comunidad; las que reducen el acceso al alcohol y su uso nocivo; las que transforman las normas sociales y de género nocivas, mediante la movilización de la comunidad y la educación grupal y participativa de mujeres y hombres con el fin de provocar una reflexión crítica sobre las relaciones de género y de poder desiguales.

https://youtu.be/NAlY-1KI6ts

El hambre y las hambrunas persistirán, y la recuperación de las repercusiones de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) será desigual, a no ser que más mujeres de zonas rurales y urbanas ocupen puestos directivos acompañados de un mayor poder de decisión, afirman los responsables de los tres organismos de las Naciones Unidas dedicados a la alimentación con anterioridad al acto que celebrarán el 8 de marzo con ocasión del Día Internacional de la Mujer.

El acto, organizado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), dirigirá la atención mundial al papel esencial que corresponde a las agricultoras, empresarias y líderes empoderadas para que las mujeres puedan contribuir en igualdad de condiciones a la recuperación de la pandemia de la COVID-19 y a la creación de un entorno favorable a la eliminación de la pobreza, el aumento de la productividad y la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición.

“En el mundo viven más de 1 100 millones de chicas menores de 18 años con potencial para convertirse en la mayor generación que se haya conocido jamás de mujeres líderes, empresarias y agentes del cambio en aras de un futuro mejor. Sin embargo, las mujeres y las niñas siguen enfrentándose a limitaciones estructurales persistentes que les impiden desarrollar su pleno potencial y obstaculizan sus esfuerzos por mejorar su vida y la de sus hogares y comunidades”.

El liderazgo de las mujeres reviste especial importancia en las zonas rurales de los países en desarrollo, donde suele pasarse por alto la voz de los 1 700 millones de mujeres y niñas que viven en ellas. El 60 % de las mujeres de Asia meridional y África subsahariana se dedican a la agricultura, pero gozan de menor acceso que los hombres a recursos y servicios, en particular a tierras, finanzas, capacitación, insumos y equipo. Aparte de su labor agrícola, las mujeres soportan una sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados de su familia, labores que han aumentado durante la pandemia de la COVID-19. A la vez, las mujeres se ven afectadas de forma más negativa por las repercusiones sociales y económicas de la pandemia de la COVID-19, en particular por pérdidas de medios de vida y disminuciones de sus ingresos personales.

La mayor presencia de mujeres no se reduce sin más a una cuestión de igualdad de género. Las dirigentes femeninas pueden promover el mejor acceso y control por parte de las mujeres con respecto a los bienes y los insumos productivos, lo cual impulsa su productividad y sus ingresos, redunda en seguridad alimentaria y eleva sus oportunidades de empleo y sus salarios reales.

Según varias investigaciones, si las agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, los rendimientos podrían aumentar del 20 % al 30 % y la producción agrícola total del 2,5 % al 4 %, con lo cual saldrían de la pobreza entre 100 y 150 millones de personas.

La FAO se afana por fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres rurales en los sistemas agroalimentarios. También está en contacto con organizaciones de agricultores para velar por que se escuche la voz de las mujeres rurales y promueve enfoques transformadores de género para poner en cuestión las normas socioculturales injustas que imperan en las comunidades rurales. Además, la FAO ayuda a los gobiernos a adoptar políticas y estrategias que aborden las necesidades y aspiraciones de las mujeres y niñas del medio rural al permitirles participar en la adopción de decisiones y asumir puestos de liderazgo. Ello supone también potenciar las aptitudes de liderazgo y la autoconfianza de las mujeres y crear conciencia en materia de género en las instituciones nacionales y locales. Dentro de la Organización, la FAO ha establecido un Comité de las mujeres, que ofrece un espacio inclusivo y seguro dimanante del carácter diverso y enérgico de la fuerza laboral femenina de la FAO. La Organización también creó incentivos en relación con las perspectivas de carrera de sus funcionarias a fin de lograr la paridad de género en todos los niveles y en todas las categorías de trabajos.

El FIDA viene aplicando desde 2009 un enfoque de “metodologías basadas en los hogares” para reforzar la igualdad de papeles y la capacidad decisoria de las mujeres dentro de los hogares, grupos y comunidades. Datos relativos a Uganda, Rwanda, Kirguistán y otros países han mostrado que las mujeres que toman parte en el programa asumen funciones de liderazgo en sus organizaciones y comunidades y ejercen mayor influencia en la adopción de decisiones en sus hogares. A raíz de ello ha aumentado la productividad agrícola.

La seguridad alimentaria y la desigualdad de género están íntimamente ligadas a desventajas que comienzan a una edad temprana. En muchos países, la niñez de que gozan los varones y las hembras presenta grandes variaciones. Los varones comen primero y reciben más alimentos que sus hermanas, se encargan de menos tareas domésticas y contraen matrimonio a una edad más tardía. En el caso de las niñas, puede que su niñez esté dominada por el matrimonio y no por la actividad escolar. La labor del PMA dirigida a lograr la igualdad de género comienza en la escuela, donde se apoyan o ejecutan programas de alimentación escolar en más de 70 países, lo cual contribuye a elevar la asistencia a la escuela de las niñas. Ello les facilita un mayor acceso a la educación, reduce el riesgo de matrimonio infantil y otras formas de violencia de género y aumenta las futuras oportunidades de las niñas en cuanto a medios de vida y liderazgo.