El documento Violencia contra niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19 alerta que estimaciones recientes calculan una prevalencia del 55% de agresión física y 48% de agresión psicológica en la crianza en América Latina y el Caribe.

Asimismo, agrega que, en el marco de la contención de la pandemia, se han reducido factores de protección y se han exacerbado los riesgos de violencia. De un lado, se constata una menor capacidad de detección de incidentes de violencia debido al aislamiento físico y al cierre de actividades presenciales en instituciones educativas y centros de primera infancia, la reducción en la oferta social de los Estados y la crisis económica que ha impactado el nivel de ingresos en los hogares.

A lo anterior se suma la cobertura limitada de acceso a internet y la brecha generacional en conocimientos sobre entorno digital en los adultos, que limita la labor de adecuado monitoreo y acompañamiento a niñas y niños que hoy pasan más tiempo en línea.

De igual forma, el informe advierte que los factores de riesgo para que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia en el hogar se han exacerbado. Entre estos, se resalta el incremento en los reportes de violencia contra la mujer (que tiene una estrecha relación con violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes), el aumento en el estrés y la ansiedad, el impacto económico en la niñez y adolescencia, el incremento de la actividad en línea tanto de niñas, niños y adolescentes, como de los perpetradores de violencia sexual.

Para abordar la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de la respuesta a la crisis del COVID-19, el documento propone recomendaciones adicionales a las políticas, programas y acciones con que se contaba antes de la crisis:

1.- Poner a la niñez en el centro de las políticas y planes para la recuperación económica de los países para revertir el incremento de la pobreza y erradicar inequidades históricas que perpetúan desafíos estructurales como la violencia basada en el género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo, que se reconstruye la confianza en las instituciones democráticas.

2.- Optimizar recursos mediante la convergencia de servicios que, entre otras, permita atender de forma coordinada los casos de violencia contra las mujeres y contra las niñas, niños y adolescentes; que amplíe el número de perceptores de oferta pública de servicios; que brinde atención específica y diferencial a las poblaciones que ya estaban en vulnerabilidad, y que promuevan la economía del cuidado atendiendo el equilibrio en la distribución de roles y tareas.

3.- Brindar atención para la salud mental y apoyo psicosocial en forma universal y gratuita para prevenir y atender trastornos de salud mental como depresión, ansiedad, tendencias suicidas y estrés en padres, madres y cuidadores, y en los propios niños, niñas y adolescentes, y a su vez promover prácticas asertivas de crianza y comunicación en el hogar.

4.- Asegurar el acceso universal a internet de todos los niños, niñas y adolescentes en áreas no cubiertas, así como la difusión de dispositivos electrónicos a las niñas, niños y adolescentes para asegurar su educación continua.

5.- Proteger a la niñez frente a la violencia en línea, difundiendo mensajes sobre el comportamiento seguro y responsable en línea y adoptando medidas concretas para combatir adecuadamente la violencia en internet.

6.- Garantizar la protección social universal para las familias incluyendo estímulos en efectivo, cobertura universal de salud y reconociendo la protección de la infancia, la salud mental y la educación como servicios esenciales y parte de una respuesta intersectorial basada en derechos.

7.- Asignar una inversión sostenida en la infancia y fortalecer los servicios para el bienestar y la protección de la niñez frente a todas las formas de violencia.

8.- Promover políticas laborales orientadas a apoyar la parentalidad positiva y basada en el género.

9.- Involucrar a las niñas, niños y adolescentes en la construcción de soluciones y oportunidades en el ámbito comunitario, local, regional y nacional.

Fuente: CEPAL 15 de diciembre de 2020

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pone a disposición de la ciudadanía y los tomadores de decisión la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP), en su primera etapa, como una herramienta que permite el análisis y divulgación de información geoespacial sobre la pobreza desde una perspectiva territorial.

La plataforma es un proyecto a largo plazo que se presentará por etapas y la actualización de sus indicadores se realizará en función de la disponibilidad de información. La primera etapa está organizada en cinco dimensiones: económica, sociodemográfica, infraestructura, geográfica y gobierno, con un total de 25 indicadores.

Para cada dimensión, los indicadores están disponibles mediante visores geoespaciales en los que se presenta información sobre el acceso de la población a infraestructura de salud o educación; entorno físico-geográfico; estructura sociodemográfica de la población; contexto económico e incluso, de algunas acciones en materia de infraestructura social del gobierno, entre más información.

La PATP destaca las características y contextos específicos de los municipios a partir de indicadores enfocados principalmente al análisis de la pobreza, con la finalidad de aportar elementos que sean de utilidad para tener un panorama general de las condiciones de los municipios en situación de pobreza y para el diseño e implementación de políticas públicas acordes a las características específicas de la población de cada localidad, municipio o región.

La Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza está compuesta por elementos que pueden ser descargados directamente y otros solo son para visualización y consulta.

La estructura general de la plataforma se muestra en la imagen siguiente.

Uno de los productos que se suma a la publicación de la PATP es el documento Pobreza rural en México (https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/PATP/Pobreza_rural.pdf) que surge a partir de una tipología municipal que forma parte de los indicadores de la dimensión geográfica, con el objetivo de analizar la pobreza e identificar el contexto territorial de los municipios rurales en México.

Fuente: CONEVAL 15 diciembre de 2020

Las enfermedades no contagiosas ahora constituyen siete de las diez principales causas de muerte en el mundo, cuando en el 2000 sólo eran cuatro, revelaron las Estimaciones de Salud Mundial de 2019 de la Organización Mundial de la Salud.

La enfermedad cardíaca se ha mantenido como la principal causa de muerte a nivel mundial durante los últimos 20 años. Sin embargo, ahora está matando a más personas que nunca aumentando de dos millones al comienzo de este siglo, a casi nueve millones en 2019. Las afecciones cardíacas ahora representan el 16% del total de muertes por todas las causas.

La segunda causa de muerte en el 2019 fueron los infartos cerebrales. A falta de los datos completos de 2020, el COVID-19, que ha causado más de un millón y medio de muertos, podría contribuir a un fuerte aumento en los fallecimientos por enfermedades pulmonares y respiratorias, que fueron la tercera y cuarta causa en 2019.

La enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia se encuentran ahora entre las 10 principales causas de muerte en todo el mundo, ocupando el tercer lugar tanto en las Américas como en Europa. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada: a nivel mundial, el 65% de las muertes por Alzheimer y otras formas de demencia son mujeres.

Las muertes por diabetes aumentaron en un 70% a nivel mundial entre 2000 y 2019, con un aumento del 80% en las muertes entre los hombres. En el Mediterráneo oriental, los fallecimientos por diabetes se han más que duplicado y representan el mayor aumento porcentual de todas las regiones.

La OMS alerta también sobre el ascenso de las muertes por consumo de drogas en América, la única región donde esta causa se encuentra entre las diez principales de mortalidad y donde los fallecimientos por este motivo se han multiplicado por tres desde el año 2000.

En 2019, las 10 principales causas de muerte representaron el 55% de los 55,4 millones de muertes en todo el mundo. Las causas de muerte se pueden agrupar en tres categorías: transmisibles (enfermedades infecciosas y parasitarias y condiciones maternas, perinatales y nutricionales), no transmisibles (crónicas) y lesiones.

1.- La cardiopatía isquémica
2.-Accidente cerebrovascular
3.-Enfermedad pulmonar obstructiva
4.-Infecciones del sistema respiratorio inferior
5.-Afecciones neonatales (nacimiento, asfixia, trauma al nacer, parto prematuro)
6.-Cánceres de tráquea y bronquios Enfermedad de Alzheimer y otras
7.-Enfermedades diarreicas Diabetes melitus
8.-Enfermedades renales
9.-Diabetes melitus
10.-Enfermedades renales

Plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estas prerrogativas son inalienables para toda persona, sin distingo de raza, color, religión, sexo, idioma, cultura, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, lugar de nacimiento o cualquier otra condición.

Estos preceptos universales que representan un ideal común para todos los pueblos y naciones, postulan que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor, y son reconocidos en todo el mundo desde el 10 de diciembre de 1948, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ha sentado las bases de un mundo más justo.

Los derechos humanos son inalienables, es decir, no pueden ser legítimamente negados a ninguna persona al ser inherentes al individuo por el sólo hecho de pertenecer a la especie humana; se adquieren de manera involuntaria.

Considera que este 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos.

Los derechos humanos han sido clasificados según el momento histórico en que surgieron o el reconocimiento que han tenido por parte de los Estados, como de primera generación (derechos civiles y políticos); segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales) y tercera generación (los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes).

Aun antes de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de México había puesto un foco de atención sobre un grave problema de salud pública y ambiental relacionado con la alimentación basada en productos industrializados de alto contenido calórico que generó las comorbilidades que hoy agudizan la catástrofe sanitaria en el país y, por si fuera poco, impactan agua, suelos, aire y biodiversidad por el uso de agroquímicos.

El organismo internacional aboga por asegurarnos de que las voces de los más afectados y vulnerables informen de las actividades de recuperación. Necesitamos, dice, el desarrollo sostenible para las personas y para el planeta, y considera que los derechos humanos, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son los pilares de una recuperación que no deje a nadie atrás.

Fuente: SEMARNAT 10 de diciembre de 2020

Un nuevo informe de la UNCTAD, Impacto de la pandemia de COVID-19 en el comercio y el desarrollo: transición a una nueva normalidad , traza tanto los impactos económicos de la pandemia hasta 2020 como los primeros pasos tangibles hacia una mejor recuperación.

La UNCTAD ha pasado la mayor parte de 2020 analizando el impacto de la crisis en el comercio y el desarrollo, abarcando todas las industrias y sectores y tocando las finanzas, la deuda, la inversión, la protección del consumidor, el medio ambiente, el transporte, el comercio, la tecnología y el desarrollo.

Esta semana presentó a sus miembros una compilación final de siete meses de análisis y un conjunto de conclusiones de política para guiar su toma de decisiones después de la pandemia.

El mayor riesgo a largo plazo, dice el informe, es el empeoramiento de las desigualdades y vulnerabilidades incluso mucho después de que una vacuna esté disponible.

El escenario de una desigualdad cada vez más profunda es evidente a través de la amplitud de los datos recopilados por la UNCTAD a lo largo del año, donde los países en desarrollo y los países menos adelantados han luchado, de manera desproporcionada, para responder a la crisis y ofrecer socorro permanente y redes de seguridad a sus ciudadanos.

En términos socioeconómicos, COVID-19 ha afectado a la mayoría de los pobres, los trabajadores informales, los migrantes, en resumen, todos aquellos sin o insuficientes redes de seguridad social. Y a menudo, y predominantemente, se trata de mujeres.

La pobreza mundial está aumentando por primera vez desde la crisis financiera asiática de 1998. En 1990, la tasa de pobreza mundial era del 35,9%. Para 2018 se había reducido al 8,6%, pero ya se ha incrementado hasta el 9,2% este año, dijo recientemente el Banco Mundial, y probablemente aumentará a lo largo de 2021.

Según el informe, se prevé que el producto interior bruto (PIB) caiga un 4,3% en 2020. La mayoría de los países han experimentado un crecimiento negativo en 2020, con China como una excepción notable.

A pesar de los impactos catastróficos, hay pasos de política sólidos que se pueden tomar para mitigar y luego recuperarse.

El primer paso es el alivio de la deuda. “La deuda en muchos países en desarrollo está aumentando, y aunque la suspensión de la deuda es bienvenida y necesaria, de ninguna manera es suficiente. Necesitamos más, necesitamos alivio de la deuda “.

El segundo es reimaginar cómo se pueden hacer más resistentes las redes de producción internacionales. “La crisis ha acelerado la transformación de la producción mundial que se ha estado produciendo desde 2008/09. El comercio futuro y los flujos de IED pueden estabilizarse en niveles más bajos que los observados en las décadas anteriores. Por tanto, pensamos que las cadenas de valor serán más cortas, más regionales y más digitales ”.

La UNCTAD también recomendó a sus Estados miembros que apoyaran la ciencia abierta y las tecnologías de fuente abierta y destacó la importancia de integrar a los científicos y fabricantes de los países en desarrollo en la cooperación científica internacional para producir los productos sanitarios necesarios.

El informe se actualizará con nuevos datos entrantes en 2021, y ya se está complementando con las recientes publicaciones estadísticas inmediatas de la UNCTAD en el nuevo Manual de estadísticas de 2020 en diciembre, junto con recomendaciones de políticas nuevas y ampliadas.

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, la mayor parte de las veces a manos de su pareja. Aún así, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, en 37 no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima y en otros 49 no existe una legislación que proteja a las mujeres de ese lastre.

Desde que surgió el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes de los trabajadores de primera línea revelan que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha agudizado, sobre todo cuando ocurre en el hogar.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, destacó la diferencia en la respuesta que las sociedades y los servicios públicos dan a las personas que contraen una enfermedad que podría ser mortal y a las que piden ayuda porque sus parejas amenazan su salud o su vida.

Según los datos de ONU Mujeres, sólo el año pasado, 243 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia sexual o física por parte de sus parejas. Este año, las denuncias de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, el ciberacoso, los matrimonios infantiles y el acoso y la violencia sexuales han aumentado.

“Las mujeres deben gozar de pleno acceso a la justicia, procedimientos judiciales confiables y prevención efectiva de los delitos”, recalcó, añadiendo que menos del 40% de las mujeres víctimas de delitos violentos denuncian estas agresiones por desconfianza en la respuesta que obtendrán del sistema.

Mlambo-Ngcuka afirmó que el cambio debe empezar en las facultades de Derecho y las academias de policía, enseñándole a sus estudiantes a reconocer e intervenir en casos de maltrato. “Implica erradicar la impunidad, con marcos jurídicos y políticos sólidos y con datos para registrar los avances y exigir cuentas de la sociedad y de las autoridades”, apuntó.

“La economía de la violencia es simple y devastadora. Nadie sale ganando. Todas las personas perdemos. Debemos revertir esta situación”, enfatizó la directora ejecutiva y sostuvo que esto se puede lograr con voluntad.

Hace 20 años, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre este flagelo y de impulsar medidas para ponerle fin.

Hasta la fecha, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 Estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 Estados no existe aún una legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica.

Para amplificar su llamado a acabar con la violencia contra las mujeres, el Día Internacional marca el principio de la campaña anual 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó hoy su preocupación por la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas de la región y por las altas tasas de feminicidio observadas. Según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños.

La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención, plantea la CEPAL en un documento publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una ‘pandemia en la sombra’”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.

Los gobiernos de la región han informado al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL más de 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en este período. Se destaca la respuesta de países donde la totalidad o parte de los servicios de atención a este flagelo fueron declarados esenciales. Sin embargo, la adaptación a modalidades remotas ha sido muy compleja y limita el acceso a la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que afecta a estos delitos, alerta la CEPAL.

El documento señala que “la gran cantidad de denuncias en líneas remotas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales y acceso a la justicia a través de canales activos y expeditos”.

“Para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, dice la CEPAL. “Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones”.

Fuente: CEPAL 24 de noviembre de 2020

La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la campaña Únete, la Organización de las Naciones Unidas convoca a la sociedad en su conjunto a hacer frente a otra pandemia: la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual ha generado que en México 7 de cada 10 mujeres hayan enfrentado algún tipo de violencia.

Las emergencias humanitarias, los desastres, las crisis económicas y las pandemias generan, para las mujeres y las niñas, mayores riesgos de padecer violencia. La pandemia de COVID-19 no es una excepción; esta es mucho más que una crisis sanitaria, se trata de una crisis global que podría revertir décadas de progreso en los derechos y la igualdad de género.

La pandemia afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Mientras que los hombres sufren tasas de mortalidad más altas, las mujeres se ven especialmente afectadas por las consecuencias económicas, sociales, y la violencia de género, es decir, sufren una violencia estructural que las afecta tanto en espacios privados como públicos, lo cual vulnera la garantía de sus derechos humanos.

Por ello, bajo el lema: Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir y recopilar!, este año la campaña ÚNETE pone énfasis en la importancia de los gobiernos y el trabajo en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil y el sector privado para generar una estrategia de compromiso político a fin de acelerar respuestas concretas en los cuatro ejes de la campaña: financiarun paquete mínimo de servicios esenciales; responder adecuadamente a las sobrevivientes para garantizar su acceso a los servicios esenciales; prevenir la violencia y modificar las normas sociales que le dan origen y la normalizan; y recopilar datos e información para construir políticas que prevengan, atiendan y sancionen la violencia estructural que viven millones de mujeres y niñas, además de la adopción de medidas en pro de la reparación, la verdad y la memoria de las mujeres víctimas de la violencia.

Para seguir respondiendo a esta situación de urgencia, a petición del Secretario General de la ONU, el Sistema de las Naciones Unidas ha diseñado una estrategia con cuatro ejes de compromisos a fin de acelerar una respuesta de políticas públicas concretas respecto de la violencia de género en el contexto de COVID-19 y promover la política de cero tolerancia hacia la violencia en todas las esferas de la sociedad:

1. Financiar: dar prioridad al financiamiento de un paquete de servicios esenciales que incluyan la prevención de violencia de género. Y asegurar un financiamiento flexible a las organizaciones de sociedad civil de los derechos de las mujeres que trabajan en el nexo entre COVID-19 y la violencia de género.

2. Prevenir: declarar una política nacional de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas con un plan de acción concreto.

3. Responder: poner especial atención sobre las víctimas y sobrevivientes, a través del paquete de servicios esenciales que incluyan el acceso a la procuración e impartición de justicia, así como a servicios sociales y de salud.

4. Recopilar: datos del incremento en los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, incluido el ámbito digital, con el fin de generar una política que prevenga y atienda la violencia en circunstancias específicas de confinamiento.

El hecho de que la violencia esté tan presente, no quiere decir que sea normal ni mucho menos aceptable; a pesar de toda la devastación que ha causado, la crisis del COVID-19 también representa una oportunidad generacional para construir economías y sociedades más inclusivas, pacíficas y libres del flagelo de la violencia. Necesitamos crear una “paz feminista” que escuche la voz de todos y todas, con todos los grupos incluidos de manera plena y significativa en las decisiones que afectan sus vidas. Esto debe incluir escuchar las voces de mujeres y niñas que marchan en contra la violencia y en defensa de sus derechos, garantizando que puedan ejercer el derecho de manifestación de forma segura.

El Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y copresidido por Francia y México en el 2021, representa también la oportunidad de abordar el papel clave que desempeñan las mujeres y generar estrategias para revertir esta crisis. De ahí la importancia de la contribución en la respuesta y recuperación de COVID-19 por parte de todos los gobiernos del mundo para reforzar los mecanismos de accesos a servicios y políticas de prevención y eliminación de todos los tipos de violencia.

Las Agencias de Naciones Unidas hacemos una invitación para que, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, durante los 16 días de activismo, las instituciones de gobierno, la sociedad civil, las universidades, el sector privado, medios de comunicación, junto con las y los jóvenes se unan a la campaña Únete para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con diferentes actividades como: foros públicos, actividades culturales, el uso de prendas de vestir color naranja, declaraciones públicas llamando a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y usando los hashtags oficiales #DíaNaranja #16días y #Únete.

En un momento en que la pandemia de COVID-19 y la cultura dominante de impunidad amenazan los avances logrados en el terreno de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU Mujeres insta a emprender acciones robustas y decididas en respuesta a esta crisis sin precedentes con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el período previo al Foro Generación Igualdad –en el que los agentes mundiales asumirán nuevos y firmes compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres–, los Gobiernos, la sociedad civil, la juventud, las y los influencers y el sector privado prestarán sus voces a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña de movilización global que arranca hoy y se prolongará hasta el 10 de diciembre. Juntas y juntos exigirán un cambio radical y la construcción de una “nueva normalidad” que ofrezca a todas las mujeres y niñas un futuro sin violencia.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres era una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos: casi el 18% de las mujeres y niñas experimentaba violencia física o sexual por parte de una pareja íntima a lo largo de un período de 12 meses. Conforme la pandemia se aceleraba, se observó una alarmante “pandemia en la sombra” de violencia contra las mujeres, con un aumento de las tasas de violencia doméstica, pero también en las calles, en Internet y en diversos entornos. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se quintuplicó en algunos países durante las semanas iniciales de la pandemia, mientras que en otros se redujo por la imposibilidad de las mujeres de buscar ayuda a través de los canales habituales al verse atrapadas en el hogar con sus maltratadores. De acuerdo con las proyecciones, cabe prever que la violencia alcance a 15 millones de mujeres más por cada tres meses que se mantenga el confinamiento.

Hemos visto al mundo entero responder a la pandemia del coronavirus, trabajando al unísono, realizando grandes inversiones y utilizando protocolos con gran determinación. La violencia contra las mujeres también es una pandemia; de hecho, precede al virus y perdurará cuando este desaparezca.En un momento en que nos enfrentamos a la devastación provocada por la COVID-19, es más importante que nunca que pongamos en común nuestros recursos y asumamos un compromiso conjunto para hacer frente a los grandes desafíos y para poner fin a la violencia contra las mujeres, por el bien de todas y todos”, manifestó Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

En respuesta a la petición de “alto al fuego en el hogar” del Secretario General de las Naciones Unidas realizada este mismo año, casi 150 países acordaron incluir la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como un componente fundamental de sus planes de respuesta a la COVID-19. Muchos de ellos han acompañado este compromiso con un fortalecimiento de los servicios esenciales, como los refugios, las líneas telefónicas de asistencia y otros mecanismos de denuncia. Sin embargo, tan sólo 48 países, menos de la cuarta parte de los 206 analizados en el marco de un reciente estudio, trataron la violencia contra las mujeres y los servicios prestados a las niñas en este ámbito como una parte integral de sus planes nacionales y locales de respuesta a la COVID-19, y muy pocos financiaron adecuadamente estas medidas.

Con el fin de hacer frente a esta infradotación generalizada de recursos para este problema crucial, ONU Mujeres ha convocado a la Coalición de Acción sobre la violencia de género, una innovadora alianza formada por Gobiernos, la sociedad civil, líderes juveniles, el sector privado y entidades filantrópicas para desarrollar un programa claro de acciones que impulsen la erradicación de la violencia contra las mujeres y movilicen fondos para ello. Dichas acciones e inversiones se anunciarán en el Foro Generación Igualdad que se celebrará en 2021 en México y Francia, junto con las de las otras cinco Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad.

La conmemoración oficial del Día Internacional por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar por primera vez en formato virtual y brindará a los Estados Miembros una oportunidad para fortalecer y cumplir sus compromisos con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Como en años anteriores, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo –entre ellos, las pirámides y la Esfinge de Guiza, en Egipto; las estatuas moáis de la isla de Pascua, en Chile; el Parlamento de la República de Moldova; las Torres de Kuwait; y el Ayuntamiento de Bruselas, en Bélgica– se iluminarán de naranja para instar a un futuro mejor en el que las mujeres y las niñas puedan vivir sin violencia. En los Países Bajos se iluminarán de naranja más de 200 ayuntamientos para demostrar su solidaridad con las sobrevivientes y apoyar los 16 Días de Activismo.

La violencia contra las mujeres y niñas, de por sí uno de los problemas más graves que encaramos, recrudece en cualquier tipo de emergencia. La crisis ocasionada por la COVID-19 no es la excepción.

Las cifras escapan la imaginación: incluso antes de la COVID-19, en los últimos 12 meses cerca de 243 millones de mujeres habían sido maltratadas por su pareja.

No solo es casi seguro que ese número esté por debajo de las cifras reales — se calcula que menos del 40% de las mujeres denuncian un incidente de maltrato o buscan ayuda — sino que esa cifra se ha disparado a medida que el costo social, mental y económico del confinamiento se ha ido arraigando con el correr de los meses.

El repunte está poniendo presión incluso en los mejores sistemas de salud y los refugios contra la violencia doméstica están alcanzando su máxima capacidad. La necesidad de redireccionar recursos normales para atender la pandemia de la COVID-19 ha agudizado los desafíos. El costo, en términos monetarios, se calcula en US$1,5 billones, y esa cifra va en aumento conforme se prolonga la pandemia.

Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género del Sistema de las Naciones Unidas se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, bajo el lema: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!” La campaña señalará el alcance de un problema que con demasiada frecuencia permanece oculto, y sugerirá maneras en las que los gobiernos y las comunidades pueden convertir la acción eficaz en un componente fundamental de sus planes de respuesta ante la COVID-19.

El PNUD está urgiendo la formulación de políticas que generen un compromiso para financiación a largo plazo que apoye a las sobrevivientes, así como a los sistemas policiales y de justicia. Estamos trabajando con más de 80 países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas y responder ante las tasas en ascenso de ese flagelo. Ello incluye asegurar que las necesidades de las sobrevivientes sean atendidas y que las mujeres participen en el proceso de construir un futuro mejor, en el que sus preocupaciones, experiencia y opiniones se incorporen en todos los niveles de respuesta y recuperación frente a la COVID-19.

En colaboración con ONU Mujeres, el PNUD México está estableciendo plataformas telefónicas y en línea para apoyar a mujeres vulnerables en centros LUNAS, que son espacios seguros donde las mujeres reciben un estipendio mensual y, cuando procede, pueden escapar de sus agresores.

El PNUD y ONU Mujeres han lanzado el Rastreador Mundial de Respuestas de Género COVID-19. Incluye más de 2.500 medidas en 206 países que abordan directamente la seguridad económica y social de las mujeres, así como medidas para abordar la violencia de género. Hasta el momento los resultados indican que si bien muchos países están priorizando las necesidades de las mujeres en los esfuerzos emprendidos contra la COVID-19, el esfuerzo de muchos países no ha sido suficiente, en tanto que cerca del 20% de los países no está haciendo absolutamente nada al respecto.

En el informe del PNUD sobre la violencia de género y la COVID-19 se incluyen medidas adicionales que los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros asociados pueden adoptar para prevenir y abordar la violencia de género en el contexto de la COVID-19.

Fuente: PNUD 25 de noviembre de 2020

La titular del Consejo destacó los cambios físicos, psicológicos y sociales que experimentan las personas durante la adolescencia e informó que es una etapa de experimentación en la que la que se puede consumir alcohol y otro tipo de sustancias por curiosidad, lo que trae consigo prácticas nocivas para la salud.

Indicó que es un momento crucial para la construcción de un plan de vida, por lo que es necesario que las y los adolescentes se preparen para cumplir sus metas y puedan postergar la maternidad y la paternidad.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2018), la población adolescente tiene su primera relación sexual a los 17.5 años de edad, y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT, 2016) la edad de inicio en el consumo de alcohol es a los 17.9 años de edad.

Entre estas herramientas se encuentra el Micrositio ENAPEA que tiene como objetivo convertirse en un referente de consulta para el personal docente que les permita comprender la gravedad del embarazo en adolescentes en nuestro país y contar con las herramientas necesarias para contribuir con su labor al logro de los objetivos y metas establecidas en la Estrategia.

Estimaciones realizadas por el CONAPO con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2018), indican que del total de mujeres adolescentes de 10 a 19 años de edad que han tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses y que consumieron bebidas alcohólicas, 25.4% no usó métodos anticonceptivos en su última relación sexual.

La Secretaria General reiteró que bajo los efectos del alcohol, las y los adolescentes presentan cambios de consciencia que interfieren en su toma de decisiones, pueden perder la autonomía y el consentimiento informado, lo que trae riesgos como violencia sexual, embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual.

Por esta razón, la Campaña Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes ¡Yo decido!, que forma parte de Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), les ofrece información sobre salud sexual y reproductiva para que tomen decisiones libres y responsables que les permitan llevar a cabo estilos de vida positivos y saludables.

Como parte de las herramientas que ofrece la campaña para las y los adolescentes, se encuentra disponible la página web “Cómo le hago” y el cuaderno “¡Yo decido! Mi futuro!”, en donde encontrarán información sobre prevención del embarazo, de infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y prevención de consumo de alcohol y otras sustancias.

Fuente: CONAPO 24 de octubre de 2020

En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer como un llamado a gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.

Con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difunde este comunicado con información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país con el propósito de dimensionar y contribuir al conocimiento sobre el tema en México, y coadyuvar en el diseño y definición de acciones para prevenir, atender y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

La información se obtiene de tres instrumentos de información clave que genera el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.

Los resultados de la ENDIREH 2016 indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.

Las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son las que residen en áreas urbanas (69.3%), en edades entre 25 y 34 años (70.1%), las que cuentan con nivel de educación superior (72.6%) y las que no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).

De acuerdo con los resultados de la ENSU tercer trimestre 2020, se estima que entre enero y septiembre de 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar.

Los Censos de Gobierno revelan que, de los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento).

En cuanto a la oferta institucional para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el INEGI genera información que permite dimensionar los servicios. Por ejemplo, para 2020 en México existían 50 Centros de Justicia (CJM) para las Mujeres, distribuidos en 28 entidades federativas. Las entidades que cuentan con el mayor número de instancias son Coahuila (5), México y San Luis Potosí (4) y la Ciudad de México (3). Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco no cuentan con CJM.

La asociación se creó en respuesta a una recomendación del Grupo Interinstitucional de Coordinación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos y con el apoyo del Secretario General de las Naciones Unidas.

Los directores generales calificaron el rápido aumento de la resistencia a los antimicrobianos “como una de las amenazas más urgentes del mundo para la salud humana, animal, vegetal y ambiental, que pone en peligro la seguridad alimentaria, el comercio internacional y el desarrollo económico y socava el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Además de estas graves consecuencias, la resistencia también provoca un aumento de los costos de la atención de salud, los ingresos hospitalarios, el fracaso del tratamiento, las enfermedades graves y la muerte.

Los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud muestran que el mundo se está quedando sin tratamientos eficaces para varias infecciones comunes, por ello su director general, el doctor Tedros, calificó a la resistencia a los antimicrobianos como “uno de los mayores desafíos sanitarios de nuestro tiempo”, y no podemos dejar que nuestros hijos lo resuelvan

El uso indebido y excesivo de los antimicrobianos, como los antibióticos, en los seres humanos, los animales y la agricultura son los principales impulsores de la farmacorresistencia.

“Se requiere una acción colectiva para hacer frente a la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos, a través de los diferentes sectores económicos y las fronteras de los países”.

Por ello, una de las principales misiones del grupo será proporcionar el liderazgo político necesario para abordar este crítico desafío mundial.

Otros de sus cometidos serán priorizar las mejores prácticas para abordar la resistencia a los antimicrobianos a nivel mundial, regional y nacional, y asesorar y abogar por el desarrollo y la aplicación de políticas y legislación que regule la importación, la fabricación, la distribución y el uso de medicamentos antimicrobianos de calidad en todos los sectores.

El poder de los datos se potencia cuando se asocian a su referencia geográfica, y el INEGI, que tiene el mandato de generar información estadística y geográfica, expande sus procesos de innovación para explotar fuentes de información no tradicionales, hacer más accesible la información, potenciar su uso mediante técnicas y herramientas novedosas, y avanzar en el análisis espacial.

Es por ello que presenta el Cubo de Datos Geoespaciales de México (CDGM), una herramienta que facilita el acceso, manejo y explotación de grandes volúmenes de imágenes satelitales a través de una interfaz de programación abierta y de libre acceso que permite el monitoreo de fenómenos ambientales, socioeconómicos y demográficos en México.

El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

l CDGM ofrece la posibilidad de conocer y reconocer el carácter geoespacial, temporal y sistémico de fenómenos como crecimiento poblacional, deforestación, contaminación, estrés hídrico, salud, vegetación, protección civil, alimentación, gentrificación, energías limpias, niveles socioeconómicos y movilidad, entre otros.

El CDGM hace uso de imágenes provenientes de los satélites Landsat de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y del Departamento de Geología de los Estados Unidos (USGS). Actualmente cuenta con un acervo histórico de 118,000 imágenes Landsat con sus metadatos, desde 1984 hasta abril de 2020. El 86.4% de las imágenes de este acervo tienen Nivel 1 de Calidad de la Colección 1 de la NASA.

Con el CDGM el INEGI hace frente a la creciente demanda e interés internacional y nacional por los datos satelitales para examinar la relación entre los indicadores ambientales y socioeconómicos, y aporta herramientas que apoyen la interacción entre la ciencia de la Tierra y los dominios estadísticos.

Con el CDGM México se suma a países como Australia, Suiza, Ghana y Colombia, entre otros que ya hacen uso de esta tecnología. Además, aprovecha los sistemas y herramientas tecnológicas para atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de promover y fomentar la exploración y el uso de estos datos para monitorear y apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Actualmente, el Cubo de Datos Geoespaciales de México es una herramienta que utiliza el INEGI en distintas líneas de investigación para producir información con base en imágenes de percepción remota y, por ahora, se pone a disposición de las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno que así lo requieran, para que puedan hacer uso de esta infraestructura y con ello tomar decisiones de política pública.

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Retrete para crear conciencia sobre los 4200 millones de personas que carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Se trata de adoptar medidas que permitan dar respuesta a la crisis de saneamiento mundial y lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, cuya finalidad es garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos de aquí a 2030.

Este año el tema destaca la importancia del “Saneamiento sostenible y el cambio climático.

El cambio climático está empeorando. Las inundaciones, la sequía y el aumento del nivel del mar amenazan los sistemas de saneamiento, desde los inodoros hasta las fosas sépticas y las plantas de tratamiento. Las inundaciones puede contaminar los pozos utilizados para el agua potable o pueden dañar los inodoros y esparcir los desechos humanos a las comunidades y cultivos alimentarios, causando enfermedades crónicas y mortales.

Todos deben tener un saneamiento sostenible, junto con agua potable e instalaciones para lavarse las manos, para ayudar a proteger y mantener la seguridad de nuestra salud y detener la propagación de enfermedades infecciosas mortales como COVID-19, cólera y tifoidea.

¡Los baños también pueden ayudarnos a combatir el cambio climático! Las aguas residuales y los lodos de los inodoros contienen recursos valiosos como agua, nutrientes y energía. Los sistemas de saneamiento sostenible hacen un uso productivo de los desechos para impulsar la agricultura de manera segura y reducir y capturar las emisiones para obtener energía más ecológica.

Pero, ¿qué es exactamente un sistema de saneamiento sostenible? El saneamiento sostenible comienza con un inodoro que capture de manera efectiva los desechos humanos en un entorno seguro, accesible y digno. Luego, los desechos se almacenan en un tanque, que puede ser vaciado más tarde por un servicio de recolección o transportado por tuberías.

La siguiente etapa es el tratamiento y la eliminación segura. La reutilización segura de desechos humanos ayuda a ahorrar agua, reduce y captura las emisiones de gases de efecto invernadero para la producción de energía y puede proporcionar a la agricultura una fuente confiable de agua y nutrientes.

El cambio climático se está acelerando. Las inundaciones, las sequías y el aumento del nivel del mar amenazan a los sistemas de saneamiento, desde los retretes hasta las fosas sépticas y las plantas de tratamiento. El agua de las inundaciones puede contaminar los pozos utilizados para abastecerse de agua potable. Las inundaciones también pueden dañar los retretes y esparcir los desechos humanos en las comunidades y los cultivos alimentarios, causando enfermedades mortales y crónicas y planteando riesgos para la seguridad de los cultivos y la inocuidad de los alimentos.

Hoy en día, 4 200 millones de personas carecen de acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura. En cambio, a menudo utilizan retretes poco fiables e inadecuados o defecan al aire libre. La defecación al aire libre y la falta de saneamiento mejorado se encuentran entre los principales factores que conducen a la malnutrición, siendo los principales contribuyentes a la contaminación del agua y el suelo. En las zonas rurales, las aguas contaminadas se utilizan para regar cultivos y para otras actividades agrícolas como abrevar el ganado, lo que pone en contacto a los cultivos y los animales con patógenos y otros contaminantes.

A nivel mundial, el 80 % de las aguas residuales generadas por la sociedad vuelven al ecosistema sin ser tratadas ni reutilizadas y desechos humanos no tratados se vierten en el medio ambiente y propagan enfermedades mortales y crónicas. Cuando el agua se expone a excrementos humanos no tratados, se convierte en un caldo de cultivo para parásitos y enfermedades transmitidas por el suelo y el agua, como el cólera, la disentería, la E. coli, la salmonela y los gusanos intestinales transmitidos por el suelo (helmintiasis).

Todos deben tener un saneamiento sostenible que ayude a combatir el cambio climático y preservar tanto la salud como el funcionamiento de las comunidades. Los sistemas de saneamiento sostenibles también hacen un uso productivo de las aguas residuales y los biosólidos que contienen agua, nutrientes y energía de gran valor, para impulsar la agricultura de manera segura y, al mismo tiempo, reducir y capturar las emisiones de gases de efecto invernadero.

La FAO presta apoyo a los Estados Miembros para que adopten el enfoque de la economía circular aplicado a la agricultura, haciéndola más respetuosa con el medio ambiente, sostenible y resistente a crisis como la de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Se trata de adoptar medidas para hacer frente a la crisis mundial del saneamiento y alcanzar el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 6), relativo al agua y el saneamiento para todos para 2030.

Fuente: FAO 19 de noviembre de 2020

UNICEF advierte en un nuevo informe de que la pandemia de COVID-19, de cuyo inicio está a punto de cumplirse un año, tendrá consecuencias cada vez más graves para los niños.

Publicado poco antes de la celebración del Día Mundial de los Niños, Evitar una generación perdida a causa de la COVID-19 es el primer informe de UNICEF que describe de manera exhaustiva las graves y cada vez peores consecuencias para los niños que puede generar la pandemia si se prolonga. En el informe se muestra que, si bien los síntomas entre los niños infectados siguen siendo leves, las infecciones van en aumento y las repercusiones a largo plazo sobre la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes pueden cambiar sus vidas.

En el informe se señala que, hasta el 3 de noviembre, los niños y adolescentes menores de 20 años representaban 1 de cada 9 de las infecciones por COVID-19 en 87 países con datos desglosados por edad; esto supone el 11% de los 25,7 millones de infecciones notificadas por esos países. Para comprender mejor cómo repercute la crisis en los niños más vulnerables, y orientar por consiguiente la respuesta, es necesario recopilar datos más fiables y desglosados por edad sobre las infecciones, las muertes y las pruebas.

Si bien los niños pueden transmitirse el virus entre ellos y a grupos de mayor edad, hay pruebas sólidas de que, con las medidas de seguridad básicas que hay en vigor, los beneficios netos de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas, señala el informe. Las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad, y los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera del entorno escolar.

Las alteraciones relacionadas con la COVID en los servicios sociales y de salud, que son esenciales para los niños, representan la amenaza más grave para ellos, según el informe. Utilizando nuevos datos de las encuestas realizadas por UNICEF en 140 países, el informe señala que:

Entre los datos más alarmantes del informe se incluyen los siguientes:

Para responder a esta crisis, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos y a los aliados para que tomen las siguientes medidas:

Debido a que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) aumenta drásticamente y amenaza con transformarse en la próxima pandemia, lo que podría tener graves consecuencias para la salud, los sistemas agroalimentarios y las economías a escala mundial, la FAO insta a los agentes de todos los sectores, desde los agricultores hasta los cocineros, pasando por los productores y los consumidores, a acelerar los esfuerzos para evitar la propagación de los microbios farmacorresistentes.

En esta Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos (18-24 de noviembre), la Organización destaca que todos tenemos un papel que desempeñar para combatir la RAM, incluidos los actores de los sectores de la alimentación y la agricultura, y presenta recomendaciones para frenar la propagación de la RAM.

La RAM es la capacidad de los microbios de subsistir o crecer en presencia de medicamentos que tienen como objetivo inhibirlos o matarlos. El proceso se acelera con el uso de antimicrobianos diseñados para matar patógenos no deseados en los seres humanos, los animales y los cultivos. En particular, el uso de antimicrobianos en la salud humana y animal está aumentando la resistencia.

Actualmente, al menos 700 000 personas mueren cada año a causa de enfermedades resistentes a los fármacos. Cada vez son más las enfermedades comunes, como las infecciones de las vías respiratorias, las infecciones de transmisión sexual y las infecciones del tracto urinario, que resultan difíciles de tratar. La resistencia a los medicamentos también amenaza cada vez más nuestros sistemas agroalimentarios y la seguridad alimentaria mundial.

“Al igual que la pandemia de la COVID-19, la RAM ya no es una amenaza futura. Está sucediendo aquí y ahora, y nos está afectando a todos”, señaló la Directora General Adjunta. “En todo el mundo, personas, animales y plantas ya están muriendo a causa de infecciones que no pueden tratarse, ni siquiera con nuestros tratamientos antimicrobianos más fuertes. Si no se controla la RAM, la próxima pandemia que enfrentemos podría ser bacteriana y mucho más mortal si los medicamentos necesarios para tratarla no funcionan”.

La labor de la FAO en materia de RAM se lleva a cabo en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) adoptando el enfoque “Una salud”.

Los sectores de la alimentación y la agricultura deben desempeñar un papel decisivo en la lucha contra la RAM. En muchas partes del mundo, el uso de antimicrobianos es mayor en los animales que en los seres humanos y aumenta con rapidez a medida que crecen nuestras poblaciones y se incrementa la demanda mundial de alimentos.

La propagación de la RAM es más rápida que la capacidad de los científicos para desarrollar nuevos antimicrobianos y está amenazando los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria, los sistemas de asistencia sanitaria y las economías de todo el mundo. Nuestra única solución es adoptar medidas estratégicas para que los antimicrobianos que tenemos sigan siendo efectivos. No es demasiado tarde, pero se acaba el tiempo para impedir que empeore esta devastación, advirtió hoy la FAO.

El 23 de noviembre, el organismo de las Naciones Unidas pondrá en marcha una nueva comunidad de profesionales dedicados al cambio de comportamiento con miras a formular soluciones que faciliten el uso apropiado de los antimicrobianos y la prevención eficaz de enfermedades. Al combinar una gran cantidad de aportaciones de agricultores y otros actores de la cadena alimentaria, veterinarios, epidemiólogos, expertos en RAM y científicos del comportamiento, esta comunidad de práctica colaborará para fomentar comportamientos tanto en el plano de las políticas como en el de las explotaciones a fin de ayudar a ralentizar la propagación de la RAM.

Las actividades e iniciativas de la Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos se llevarán a cabo en todo el mundo y comprenderán una conversación en Twitter el 21 de noviembre sobre la Semana mundial en África titulada “¿Cómo podemos aumentar la concienciación acerca de la RAM en África?” y un acto de InfoPoint en Bruselas el 24 de noviembre dirigido a los responsables de formular políticas y el público en general con objeto de aumentar la conciencia sobre la urgencia de abordar la RAM, y Filipinas auspiciará una cumbre sobre la RAM en el marco del enfoque “Una salud” y una serie de seminarios web a lo largo de la semana.

Fuente: FAO 18 de noviembre de 2020

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, UNICEF ha publicado un informe con contundente mensaje Evitar la generación perdida del COVID-19.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia describe de manera exhaustiva en ese documento las graves y crecientes consecuencias para los niños a medida que avanza la pandemia y demuestra que, si bien los síntomas entre los menores infectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes puede alterar la vida.

“A lo largo de la pandemia de COVID-19 ha existido un mito persistente de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. Nada podría estar más lejos de la verdad”, asegura la directora ejecutiva de UNICEF.

“Si bien los niños pueden enfermarse y propagar la enfermedad, esto es solo la punta del iceberg de la pandemia. Las interrupciones en los servicios clave y las crecientes tasas de pobreza representan la mayor amenaza para los niños. Cuanto más persista la crisis, más profundas serán sus repercusiones en la educación, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños. El futuro de toda una generación está en riesgo”.

El informe concluye que, al 3 de noviembre, en 87 países con datos desglosados ​​por edad, los niños y adolescentes menores de 20 años representaban una de cada nueve infecciones por COVID-19, o el 11% de los 25,7 millones de infecciones notificadas por estos países. No obstante, señala que se necesitan datos más fiables y sobre infecciones, muertes y pruebas para comprender mejor cómo la crisis afecta a los niños más vulnerables y orientar la respuesta.

Si bien los niños pueden transmitirse el virus entre sí y a los adultos, existen pruebas claras de que medidas de seguridad básicas , los beneficios de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas, señala el informe. Las escuelas no son el principal impulsor de la transmisión comunitaria y los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera de los entornos escolares.

Utilizando nuevos datos de encuestas de UNICEF en 140 países, señala que:

Los datos más alarmantes del informe señalan que:

Por todo ello y para responder a esta crisis, UNICEF pide a los Gobiernos y otros agentes de la sociedad:

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos lanzó un nuevo mecanismo de financiamiento global para apoyar los programas orientados a hacer accesible el saneamiento y la higiene para todos.

El objetivo del Fondo de Saneamiento e Higiene es la inversión público-privada de 2000 millones de dólares en los próximos cinco años para dar una solución a la crisis de larga data en materia de saneamiento, higiene y salud menstrual.

El Fondo ayudará a los países con menor capacidad de respuesta a esta crisis y tendrá cuatro metas estratégicas:

Según datos de la ONU, la mitad de la población mundial no tiene acceso a un saneamiento seguro:

Esta falta de servicios cuesta unos 222.000 millones de dólares anuales en productividad perdida, aumento del gasto en salud y producción económica.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean garantizar el agua limpia y el saneamiento sustentables para todos los habitantes del planeta para 2030; sin embargo, al ritmo actual, esa meta se alcanzaría hasta el próximo siglo.

La falta de inversión en ese sector durante las últimas décadas ha tenido un profundo impacto negativo en la salud, la educación y los resultados económicos de los países y las comunidades.

En la estrategia también se destaca que la inversión en las intervenciones para alcanzar esas metas puede generar considerables beneficios económicos y sociales. Se estima que por cada dólar que se invierta en la estrategia hasta 2050 y más allá, volverán a la economía US$ 3,20 gracias al aumento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. La cifra se eleva a US$ 26 si se consideran los beneficios que reporta la mejora de la salud de las mujeres a las familias, las comunidades y las sociedades.‎

El cáncer del cuello uterino es una enfermedad que se puede prevenir. También se puede curar, si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente. A pesar de ello, es el cuarto cáncer más común entre las mujeres de todo el mundo. Si no se adoptan medidas adicionales, se prevé que la cifra anual de nuevos casos de cáncer del cuello uterino aumente de 570 000 a 700 000 entre 2018 y 2030, y que la cifra anual de muertes aumente de 311 000 a 400 000. La incidencia de este cáncer es casi el doble en los países de ingresos bajos y medianos, y sus tasas de mortalidad son tres veces superiores a las de los países de ingresos altos.‎

El lanzamiento se está celebrando con un día de movilización a escala mundial, en el que los ministerios de salud, las entidades asociadas y las activistas contra el cáncer participan en actividades dirigidas a mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la prevención y el tratamiento del cáncer.

Monumentos de todo el mundo se están iluminando con el color verde turquesa asociado al cáncer del cuello uterino, desde las Cataratas del Niágara en América del Norte hasta el Marco de Dubai, al igual que los contornos de ciudades de toda Australia. (En el sitio web de la OMS dedicado al evento se publicará más información sobre la iluminación de monumentos y los actos organizados en países de todo el mundo.

Fuente: OMS 17 de noviembre 2020

La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer cervicouterino, tras adoptarse una resolución al respecto en la Asamblea Mundial de la Salud.

Se trata de un hito histórico porque constituye la primera vez que 194 países se comprometen a eliminar este tipo de cáncer.

El cumplimiento de los siguientes objetivos para el año 2030 pondrá a todos los países en la ruta de su erradicación:

La estrategia también resalta que la inversión en las medidas para alcanzar esos objetivos puede generar importantes beneficios económicos y sociales.

Se estima que por cada dólar invertido hasta 2050, y tras esa fecha, la economía obtendrá 3,20 dólares de ganancia debido al aumento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. La cifra se eleva a 26 dólares cuando se consideran los beneficios de la mejora de la salud de la mujer en las familias, las comunidades y las sociedades.

Aunque es el cuarto cáncer más común a nivel mundial entre mujeres, el cáncer cervical es una enfermedad prevenible y curable si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente.

De no tomarse medidas complementarias, se espera que el número anual de nuevos casos de cáncer de cuello uterino aumente de 570.000 a 700.000 entre 2018 y 2030, y se prevé que el número anual de muertes crezca de 311.000 a 400. 000. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia es casi el doble y sus tasas de mortalidad tres veces superiores a las de los países de ingresos altos.

Al mismo tiempo, la Organización destaca que la pandemia de COVID-19 plantea una serie de problemas de prevención de la enfermedad:

El lanzamiento de la campaña coincide con la movilización a nivel mundial de ministerios de salud, socios y los defensores del cáncer que participan en actividades para mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la prevención y el tratamiento del cáncer.

En vísperas del Día Mundial de la Diabetes, que tiene lugar el 14 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a mejorar el control de la diabetes para prevenir complicaciones relacionadas con ella, así como las complicaciones potencialmente mortales asociadas a las infecciones por el nuevo coronavirus.

En las Américas, más de 60 millones de personas viven con diabetes, principalmente con la diabetes de tipo 2, y si no se toman medidas, se estima que para 2040 habrá más de 100 millones de adultos con esta enfermedad. Además, cada año, más de 340.000 personas mueren por complicaciones relacionadas con la diabetes en la región. Por su parte, la COVID-19 ya ha infectado a más de 21 millones de personas en las Américas y los casos siguen en aumento.

La pandemia por COVID-19 ha interrumpido las rutinas diarias de millones de personas en la región y ha hecho que la enfermedad sea más difícil de manejar. Menos personas han acudido a los centros de salud para hacer visitas de seguimiento debido a las medidas de permanencia en el hogar, el temor a la infección por el nuevo coronavirus y las interrupciones en los servicios salud.

El sobrepeso y la obesidad, que afectan a más del 60% de los adultos de la región, están fuertemente vinculadas con la diabetes, una enfermedad crónica progresiva que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. La diabetes tipo 2 – que representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo, una dieta malsana y a la inactividad física- está aumentando en todo el mundo. Desde 1980, se ha triplicado el número de personas con diabetes tipo 2 en la región.

Las complicaciones por la diabetes pueden prevenirse mejorando el tratamiento y la calidad de la atención. La diabetes puede prevenirse mediante políticas de salud y fiscales, legislación, cambios en el medio ambiente y la sensibilización del público para evitar los factores de riesgo, entre ellos la obesidad, la dieta poco saludable y los estilos de vida sedentarios.

Ejemplos de estas intervenciones incluyen impuestos a las bebidas azucaradas; prohibiciones a la publicidad de alimentos ultraprocesados para niños; el etiquetado de los alimentos en el frente del paquete para informar a los consumidores sobre el alto contenido de sal, azúcar y grasa; y la promoción de espacios recreativos seguros y accesibles para fomentar la vida activa. Una dieta saludable y 30 minutos de actividad física moderada todos los días pueden reducir el riesgo de que los niños y adolescentes tengan sobrepeso.

Como parte del Plan de Acción Global para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, la OPS apoya a los países de la región en estos esfuerzos por reducir las complicaciones relacionadas con la diabetes y la mortalidad prematura. La OPS también ayuda a los países a adquirir medicamentos para tratar la diabetes a precios asequibles, reduciendo los costos asociados al tratamiento de esta enfermedad crónica.

Fuente: OPS 12 de noviembre de 2020

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en 2005 el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico como una fecha para reflexionar sobre las causas y consecuencias de los hechos de tránsito, así como sobre la labor de los servicios de apoyo y rescate, de los esfuerzos desplegados en todo el mundo para reducir las muertes por accidentes de tráfico. La conmemoración sirve también de motivo para concientizar sobre el costo económico que producen estos siniestros que alcanzan hasta 3% del PIB de los países, según la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) produce la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas que tiene como objetivo generar información sobre el número de los percances viales ocurridos en el territorio nacional, contribuyendo así a la elaboración y/o formulación de políticas de prevención de accidentes.

De acuerdo con los resultados de la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas, en 2019 se reportaron 362 586 accidentes, de los cuales 293 782 registraron solo daños materiales (81.0%); en 65 154 se identificaron víctimas heridas (18.0%), y los 3 650 accidentes restantes corresponden a eventos con al menos una persona fallecida (1.0%) en el lugar del accidente.

El tipo de accidente con mayor número de víctimas muertas en el lugar del evento fue la colisión con peatón (atropellamiento) con un total de 887 víctimas (21.5%), seguido por colisión con vehículo automotor con 886 (21.5%) y, en tercer lugar, colisión con motocicleta con 608 personas fallecidas (14.7 por ciento). En conjunto, estos tres tipos de accidentes concentran 6 de cada 10 muertos en incidentes de tránsito.

Durante el fin de semana se presentan la mayor cantidad de las víctimas mortales. En domingo se reportaron 22.2% de los decesos y 17.4% de los lesionados. En segundo lugar, aparece el sábado con 18.2% de los fallecidos y 16.6% de personas heridas y, en tercer lugar el lunes con 13.9% de personas fallecidas y 13.8% de los heridos.

El horario en el que se registran accidentes con el mayor número de víctimas fatales es entre las 19:00 y las 23:59 horas. En este periodo fallecieron 26.3% del total de las víctimas de accidentes de tránsito durante 2019. Por otra parte, las personas que perdieron la vida en accidentes ocurridos entre las 13:00 y 18:59 horas alcanzaron un 25.9 por ciento. Durante la segunda mitad del día se registran 52.2% del total de los decesos.