En el umbral del Decenio de Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, es oportuno evaluar la degradación de los bosques, selvas, mares, ríos, montañas y arrecifes coralinos, y en consecuencia, emprender acciones contundentes que reviertan su impacto en la naturaleza y, por ende, en la salud humana.

El deterioro ecosistémico suele ser atribuido a las sequías, huracanes, desertificación, inundaciones y otros fenómenos que se han catalogado como naturales, pero que sin embargo tienen su origen en el estilo de vida que los crecientes grupos humanos hemos adoptado, sobre todo a partir de la era industrial, hace más de 250 años, cuando junto al aumento de la población se incrementó una demanda mayor de alimentos, vivienda, vestido, y un modo de vida confortable que cubrimos de cuanto extraemos de la naturaleza y luego desechamos.La acción humana sobre los recursos naturales ha alterado las condiciones normales del agua, el aire, los suelos y la biodiversidad —que incluye plantas y animales. Recordemos que muchos de esos recursos no son infinitos, sino al contrario, limitados, y aunque algunos como el aire siguen ahí o se transportan de un lado a otro, su estado se ha vuelto nocivo para la vida y la salud en muchas regiones del planeta.

El cúmulo de acciones humanas perniciosas engloban cambio de uso de suelo, tala inmoderada, excesiva demanda de productos agropecuarios que corre aparejada con el desperdicio de alimentos; agotamiento y erosión de los suelos como resultado de los monocultivos y la ganadería extensiva.

Además, saqueo de flora y fauna, introducción de especies invasoras, incendios forestales, emisión de contaminantes a la atmósfera, ríos, lagos y mares, así como disposición inadecuada de desechos, entre otras que derivan en zonas muertas de mares y océanos, pérdida de bosques, selvas, pastizales, manglares y arrecifes coralinos, entre otras.

Ante panorama tan desastroso, el 4 de junio de 2021, desde Nairobi, Kenia, y Roma, Italia, líderes mundiales de la política, la ciencia, las comunidades, la religión y la cultura hablaron fuerte y claro al lanzar el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, “un llamado a la protección y la reactivación de millones de hectáreas de ecosistemas en todo el mundo en beneficio de las personas y la naturaleza”.

“Necesitamos prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo, incluidas nuestras tierras de cultivo y bosques; nuestros ríos y océanos. Los sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles pueden ayudar a restaurar los ecosistemas y salvaguardar la producción alimentaria sostenible, sin dejar a nadie atrás”.

El Decenio tiene como objetivo inspirar y apoyar a los gobiernos, las organizaciones multilaterales, la sociedad civil, las empresas del sector privado, los jóvenes, los grupos de mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores, las comunidades locales y las personas a nivel mundial para colaborar, desarrollar y catalizar iniciativas de restauración en todo el mundo.

El esfuerzo implicará una serie de actividades que van desde reorientar los incentivos fiscales y los flujos financieros para promover la restauración, hasta emprender investigaciones sobre la restauración en entornos terrestres y marinos, desarrollar la capacidad técnica de los profesionales de la restauración a nivel mundial y monitorear el progreso global en la restauración.

El objetivo es movilizar a cientos de millones de personas para restaurar la naturaleza y fomentar una cultura de restauración global en la que las iniciativas se amplíen en todo el planeta.

Fuente: SEMARNAT 14 de abril de 2022

Los arrecifes de coral declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cubren más de medio millón de kilómetros cuadrados en todo el mundo –el equivalente al tamaño de Francia– y presentan una biodiversidad excepcional. Desempeñan un papel fundamental en la absorción de las emisiones de carbono y protegen las costas de las tormentas y la erosión. Además, sirven de medio de subsistencia para más de un centenar de comunidades indígenas. Son también puntos de referencia sobre los efectos del cambio climático que afectan al resto de arrecifes de todo el mundo.

Sin embargo, ha saltado la señal de alarma tras los últimos datos científicos conocidos. La decoloración coralina se está produciendo de manera mucho más rápida de lo que sugería la ciencia inicialmente. Estos corales “blanqueados” son más vulnerables a la inanición y a las enfermedades y tienen una tasa de mortalidad cada vez más elevada. Este año, por primera vez, la decoloración masiva de los corales se ha producido en un periodo tradicionalmente más frío, conocido como La Niña. Con el actual escenario de emisiones de gases de efecto invernadero, todos los arrecifes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial corren el riesgo de desaparecer a finales de este siglo (EN).

El calentamiento de las temperaturas oceánicas debido a las emisiones globales de dióxido de carbono es la mayor amenaza para los arrecifes de coral de todo el mundo. Los últimos datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático confirman que los Estados deben reducir drásticamente las emisiones de carbono para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, suscrito en 2015.

La asociación priorizará el apoyo a 19 de los 29 arrecifes* incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial que se encuentran en países en desarrollo, entre los que se encuentran en Latinoamércia el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo (Colombia), el Área de Conservación Guanacaste o el Parque Nacional de Isla del Coco (Costa Rica), Islas Galápagos (Ecuador), el Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá), o varios de los existentes en México: Islas y Áreas protegidas del Golfo de California, Sian Ka’an, Archipiélago de Revillagigedo.

Este nuevo plan a gran escala se basa en la fructífera Iniciativa de Arrecifes Resilientes, lanzada por la agencia y sus socios en la Cumbre Nuestro Océano en 2018. Durante los últimos cuatro años, han trabajado en cuatro sitios piloto de arrecifes del Patrimonio en Australia, Belice, Nueva Caledonia (Francia) y Palau.

Desde este nuevo plan estratégico para una mayor resiliencia de los arrecifes del Patrimonio Mundial, hasta el seguimiento de la calidad del agua para proteger los arrecifes de coral en Tanzania, pasando por el despliegue de la nanotecnología para hacer que los arrecifes sean más resilientes en el Caribe, la conservación y la recuperación de los arrecifes se encuentran entre las medidas clave respaldadas por la UNESCO como parte del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021-2030.

ste decenio reúne a científicos, gestores de los océanos, comunidades locales y pueblos autóctonos, así como a inversores públicos y privados, para desarrollar conjuntamente soluciones de conservación y revitalización de los ecosistemas de arrecifes en el mundo.

El Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral fue lanzado en 2020 por las Naciones Unidas, la Fundación de la Familia Paul G. Allen y la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, con el apoyo de la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral. Su objetivo es movilizar 625 millones de dólares para 2030.

Red de reservas del arrecife de barrera de Belice (Belice), Islas atlánticas brasileñas – Reservas de Fernando de Noronha y Atolón de las Rocas (Brasil), Santuario de Fauna y Flora de Malpelo (Colombia), Área de Conservación Guanacaste (Costa Rica), Parque Nacional de Isla del Coco (Costa Rica), Islas Galápagos (Ecuador), Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha (Filipinas), Parque Nacional de Komodo (Indonesia), Parque Nacional de Ujung Kulon (Indonesia), Área protegida de las Islas Phoenix (Kiribati), Islas y Áreas protegidas del Golfo de California (México), Sian Ka’an (México), Archipiélago de Revillagigedo (México), Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá), East Rennell (Islas Salomón), Parque del humedal de iSimangaliso (Sudáfrica), Parque Nacional Marino de Sanganeb y Parque Nacional Marino de la Bahía de Dungonab y la Isla de Mukkawar (Sudán), Bahía de Ha Long (Viet nam), Archipiélago de Socotra (Yemen).

Una advertencia en un nuevo estudio de las Naciones Unidas sobre la necesidad de una acción audaz frente al cambio climático ha puesto de relieve la importancia de una transición justa hacia economías verdes con bajas emisiones de carbono.

Este estudio refuerza el llamamiento de la OIT a favor de estrategias económicas que apoyen las energías limpias, fomenten el crecimiento económico con uso eficiente de los recursos, creen ingresos y empleos decentes, y reduzcan la pobreza y la desigualdad.

El informe de la ONU del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), elaborado por 278 científicos de 65 países, afirma que las emisiones nocivas de carbono entre 2010 y 2019 nunca han sido mayores en la historia de la humanidad.

Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores, limitar el calentamiento global a 1,5ºC es inalcanzable, dice el informe.

Reducir el calentamiento global es posible si se producen transiciones importantes en el sector energético, subrayan los autores del informe. Esto implicará una reducción sustancial del uso de combustibles fósiles, la electrificación generalizada, la mejora de la eficiencia energética y el uso de combustibles alternativos como el hidrógeno.

El informe señala que “la equidad y las transiciones justas pueden permitir ambiciones más profundas de mitigación acelerada. Aplicar los principios de la transición justa y ponerlos en práctica mediante procesos de decisión colectivos y participativos es una forma eficaz de integrar los principios de equidad en las políticas a todas las escalas”.

La Declaración de Transición Justa , acordada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en diciembre de 2021, reconoce la necesidad de garantizar que nadie se quede atrás en la transición hacia las economías netas cero – en particular los que trabajan en sectores, ciudades y regiones que dependen de las industrias y la producción intensivas en carbono.

“Nuestros empleos y empresas dependen de un planeta sano. Nuestro futuro depende de una transición justa hacia una economía eficiente en carbono y recursos. Tenemos la oportunidad de actuar ahora para reducir las emisiones de carbono y crear al mismo tiempo millones de empleos decentes en la economía verde.”

Fuente: OIT 05 de abril de 2022

Hemos analizado detenidamente el influyente informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, más allá de los titulares y Noticias ONU ha identificado ocho conclusiones positivas del documento, que esperamos ayuden a reducir los sentimientos de ansiedad que a todos nos genera la falta de decisión política para mitigar el calentamiento global.

1.- Los vehículos eléctricos están en auge

El uso de vehículos eléctricos se está acelerando en todo el mundo. El uso de electricidad baja en carbono está reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte terrestre.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático destaca que el biocombustible sostenible puede ofrecer beneficios de mitigación adicionales en el transporte terrestre, a corto y mediano plazo.

Muchas estrategias de mitigación en el sector del transporte tendrán varios beneficios colaterales, que incluyen mejoras en la calidad del aire, beneficios para la salud, acceso equitativo a los servicios de transporte, reducción de la congestión y reducción de la demanda de materiales.

2.- El costo de las tecnologías de bajas emisiones está bajando

Según el informe, los costos unitarios de varias tecnologías de bajas emisiones han caído continuamente desde 2010.

Para ser más exactos, de 2010 a 2019, los costos de la energía solar han disminuido un 85 %, la energía eólica un 55 % y las baterías de iones de litio un 85 %.

Los científicos argumentan que tanto las políticas integrales como las personalizadas que abordan los sistemas de innovación han ayudado a superar los impactos distributivos, ambientales y sociales potencialmente asociados con la difusión global de tecnologías de bajas emisiones.

3.- Las Leyes de mitigación se están expandiendo

Para 2020, más del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero estaban cubiertas por impuestos al carbono o sistemas de comercio de emisiones, aunque la cobertura y los precios han sido insuficientes para lograr reducciones profundas.

Además, para 2020, había leyes climáticas “directas” enfocadas principalmente en reducciones en 56 países que cubren el 53% de las emisiones globales.

Los científicos también destacan como el Protocolo de Kioto, que en 1997 comprometió a los países y economías industrializados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ha llevado a reducir las emisiones en algunos países y ha sido fundamental en la creación de capacidad nacional e internacional para informar y contabilizar las emisiones.

Asimismo, el Acuerdo de París del 2015, con una participación casi universal, ha llevado al desarrollo de políticas y al establecimiento de objetivos a nivel nacional y subnacional, en particular en relación con la mitigación, así como una mayor transparencia de la acción y el apoyo climáticos.

4.- Todavía es posible cambiar las emisiones industriales

Los expertos dicen que las emisiones netas de carbono cero del sector industrial, aunque desafiantes a una escala significativa, todavía son posibles.

“La reducción de las emisiones de la industria implica una acción coordinada a lo largo de las cadenas de valor para promover todas las opciones de mitigación, incluida la gestión de la demanda, la eficiencia energética y de los materiales, los flujos circulares de materiales, así como las tecnologías de reducción y los cambios transformadores en los procesos de producción”, explica el informe.

Para avanzar hacia las cero emisiones netas, las industrias pueden aprovechar los nuevos procesos de producción utilizando las energías renovables, el hidrógeno verde, los biocombustibles y el control de la gestión del carbono.

5.- Las ciudades presentan una gran oportunidad para la acción climática

El informe subraya que las áreas urbanas brindan oportunidades clave para la mitigación del cambio climático.

Algunas medidas urbanas efectivas incluyen más áreas transitables y una mayor penetración de energía renovable.

Los esfuerzos de mitigación en las ciudades deben concentrarse en:

Otro punto de actuación tiene que ver con el sector de la edificación. En algunos escenarios globales, se prevé que los edificios existentes, si se modernizan, y los edificios que aún no se construyen, se acerquen a las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, si los paquetes de políticas, que combinan medidas ambiciosas de suficiencia, eficiencia y energía renovable, se implementan de manera efectiva y se eliminan las barreras a la descarbonización.

6.- Se están desplegando medidas económicas

El informe señala que muchos instrumentos regulatorios y económicos ya se han implementado con éxito.

Según los datos, los flujos financieros totales rastreados para la mitigación y adaptación climática aumentaron hasta un 60 % entre 2013-14 y 2019-20, pero el crecimiento promedio se ha desacelerado desde 2018.

Sin embargo, los autores señalan que los instrumentos económicos han sido efectivos en la reducción de emisiones, complementados con instrumentos normativos principalmente a nivel nacional y también subnacional y regional.

Destacan con gran confianza que la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles reduciría las emisiones, mejoraría los ingresos públicos y el desempeño macroeconómico, y generaría otros beneficios ambientales y de desarrollo sostenible.

“Varios estudios proyectan que la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles reducirá las emisiones globales de CO2 en un 1-4 % y las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 10% para 2030, según las regiones”, dice el informe.

7.- A las personas les importa y están comprometidas

Los autores del informe reconocen en su evaluación que muchos ciudadanos de todo el mundo se preocupan por la naturaleza y la protección del medio ambiente y están motivados para participar en la lucha por el clima.

Muchos gobiernos actualmente están luchando con la cuestión de si la gente realmente apoyará algunos cambios radicales.

Este informe de evaluación muestra que la aceptabilidad pública es mayor cuando los costos y los beneficios se distribuyen de manera justa y cuando se han seguido procedimientos de decisión justos y transparentes”.

8.- La eliminación de CO2 ahora es esencial para alcanzar nuestros objetivos, pero es complicado.

El informe muestra que llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero requiere más que reducciones de emisiones e implica una opción llamada eliminación de dióxido de carbono (CDR).

Los impactos, riesgos y beneficios de la implementación de esta técnica para los ecosistemas, la biodiversidad y las personas serán muy variables según el método, el contexto específico del sitio, la implementación y la escala.

Sin embargo, la reforestación, la gestión forestal mejorada, el secuestro de carbono del suelo, la restauración de turberas y la gestión del carbono azul son ejemplos de métodos que pueden mejorar la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas, el empleo y los medios de vida locales, según el contexto.

Además, de las reducciones de emisiones profundas, rápidas y sostenidas, la eliminación de dióxido de carbono puede cumplir tres funciones complementarias diferentes a nivel mundial o nacional:

A menos que los gobiernos de todo el mundo reevalúen sus políticas energéticas, el progreso logrado no será suficiente para mantener nuestro planeta fuera de peligro.

Casi toda la población mundial (99%) respira un aire que supera los límites de calidad recomendados por la OMS y pone en peligro su salud. Un número récord de más de 6000 ciudades de 117 países están ahora monitoreando la calidad del aire, pero las personas que viven en ellas siguen respirando niveles insalubres de materia particulada fina y dióxido de nitrógeno, siendo las personas que viven en los países de ingresos bajos y medianos quienes sufren las exposiciones más altas.

Estos datos han llevado a la Organización Mundial de la Salud a subrayar la importancia de frenar el uso de combustibles fósiles y a tomar otras medidas tangibles para reducir los niveles de contaminación del aire.

La actualización de 2022 de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire- wn inglés, publicada en vísperas del Día Mundial de la Salud, cuyo tema este año es «Nuestro planeta, nuestra salud», introduce por primera vez mediciones en tierra de las concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante urbano común y precursor de la materia particulada y el ozono. También incluye mediciones de partículas con diámetros iguales o inferiores a 10 μm (MP10) o 2,5 μm (MP2,5). Ambos grupos de contaminantes se originan principalmente en las actividades humanas relacionadas con la combustión de combustibles fósiles.

La nueva base de datos sobre la calidad del aire es la más amplia hasta la fecha en cuanto a la cobertura de la exposición a la contaminación del aire en tierra. Unas 2000 ciudades y asentamientos humanos más registran ahora los datos del monitoreo en tierra de la materia particulada MP10 y/o MP2,5 en comparación con la última actualización. Esto supone que casi se ha sextuplicado la notificación de datos desde la puesta en marcha de la base de datos en 2011.

Mientras tanto, la base de evidencia sobre el daño que la contaminación del aire causa al cuerpo humano ha ido creciendo rápidamente y apunta a un daño significativo causado incluso por niveles bajos de muchos contaminantes atmosféricos.La materia particulada, especialmente la MP2,5, es capaz de penetrar profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo, lo que afecta a los sistemas cardiovascular, cerebrovascular (accidentes cerebrovasculares) y respiratorio. Cada vez hay más pruebas de que la materia particulada afecta a otros órganos y causa también otras enfermedades.

La OMS revisó el año pasado sus directrices sobre la calidad del aire, haciéndolas más estrictas en un esfuerzo por ayudar a los países a evaluar mejor la salubridad de su propio aire.

Varios gobiernos están tomando medidas para mejorar la calidad del aire, pero la OMS pide que se intensifiquen rápidamente las acciones para:

Con respecto a los 117 países que monitorean la calidad del aire, el aire en el 17% de las ciudades de los países de ingresos altos está por debajo de los umbrales establecidos en las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire para la MP2,5 o la MP10. En los países de ingresos bajos y medios, menos del 1% de las ciudades tienen una calidad del aire que se ajusta a los umbrales recomendados por la OMS.

Alrededor de 4000 ciudades o asentamientos humanos de 74 países recogen datos de NO2 a nivel del suelo. En conjunto, sus mediciones muestran que solo el 23% de los habitantes de estos lugares respiran concentraciones medias anuales de NO2 que cumplen los niveles establecidos en la versión recientemente actualizada de las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire. .

Europa y, hasta cierto punto, América del Norte siguen siendo las regiones con los datos más completos sobre la calidad del aire. En muchos países de ingresos bajos y medios, si bien las mediciones de MP2,5 aún no están disponibles, se han realizado grandes mejoras en las mediciones entre la última actualización de la base de datos en 2018 y esta, ya que en estos países hay 1500 asentamientos humanos más que monitorean la calidad del aire.

La base de evidencias de los daños causados por la contaminación del aire ha ido creciendo rápidamente y apunta a un daño significativo causado incluso por niveles bajos de muchos contaminantes del aire. Con el fin de tener en cuenta dichas evidencias, el año pasado la OMS revisó sus Directrices sobre la calidad del aire con el fin de hacerlas más estrictas, especialmente en lo que respecta a la MP y al NO2, una medida fuertemente apoyada por la comunidad sanitaria, las asociaciones médicas y las organizaciones de pacientes.

El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril, centrará la atención mundial en las medidas urgentes necesarias para mantener sanos a los seres humanos y al planeta, y fomentará un movimiento para crear sociedades centradas en el bienestar. La OMS calcula que más de 13 millones de muertes al año en el mundo se deben a causas ambientales evitables.

Casi toda la población mundial (el 99%) respira un aire que supera los límites de calidad del aire establecidos por la Organización Mundial de la Salud y que pone en peligro nuestra salud, según los resultados de la actualización 2022 de su base de datos sobre la calidad del aire.

De acuerdo con la nueva información, presentada en vísperas del Día Mundial de la Salud, un número récord de más de 6000 ciudades de 117 países vigilan ya la calidad del aire, 2000 más que en la última actualización de 2018, lo que un aumento de casi seis veces desde que la base de datos se puso en marcha en 2011.

Y, sin embargo, los habitantes de esas ciudades siguen respirando niveles insalubres de partículas finas y de dióxido de nitrógeno. Los más expuestos son los habitantes de los países de ingresos bajos y medios.

La actualización de 2022 introduce por primera vez mediciones en tierra de las concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante urbano común y precursor de las partículas y el ozono. También incluye mediciones de partículas con diámetros iguales o inferiores a 10 μm (PM10) o 2,5 μm (PM2,5). Ambos grupos de contaminantes se originan principalmente en las actividades humanas relacionadas con la combustión de combustibles fósiles.

Las partículas, especialmente las PM2,5, son capaces de penetrar profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo, causando impactos cardiovasculares, cerebrovasculares (ictus) y respiratorios. Cada vez hay más pruebas de que las partículas afectan a otros órganos y causan también otras enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud revisó el año pasado sus Directrices sobre la calidad del aire, haciéndolas más estrictas en un esfuerzo por ayudar a los países a evaluar mejor la salubridad de su propio aire.

Varios gobiernos están tomando medidas para mejorar la calidad del aire, pero la agencia de la ONU pide que se intensifiquen rápidamente las acciones para:

El aire del 17% de las ciudades de los países de renta alta está por debajo de las Directrices de Calidad del Aire para las partículas PM2,5 o las PM10. En los países de ingresos bajos y medios, la calidad del aire en menos del 1% de las ciudades cumple los umbrales recomendados.

Alrededor de 4000 ciudades y poblaciones de 74 países recogen datos de dióxido de nitrógeno a nivel del suelo. En conjunto, sus mediciones muestran que sólo el 23% de los habitantes de estos lugares respiran concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno que alcanzan los niveles de la versión recientemente actualizada de las Directrices de Calidad del Aire.

La base de datos de 2022 tiene por objeto vigilar el estado del aire en el mundo y contribuye al seguimiento de los progresos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo mediante el cual se establece el Hábitat Crítico para la conservación de la vida silvestre en los Humedales de Montaña “La Kisst” y “María Eugenia”, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

En estos ecosistemas ocurren procesos biológicos, físicos y químicos esenciales para alimentación, depredación, forrajeo, descanso, crianza o reproducción de importancia para la existencia y supervivencia de las diferentes especies de peces, aves, anfibios y mamíferos a que se hace referencia en el Anexo I del presente Acuerdo, algunas de las cuales se encuentran en categoría riesgo, peligro de extinción, amenazadas o protección especial.

Actualmente el ecosistema que habitan se encuentra en estado crítico y tendiente a desaparecer debido al crecimiento urbano insostenible y la contaminación, derivado de las actividades inherentes al uso del suelo habitacional.

Ante la fuerte organización social en torno a la defensa de los humedales, principalmente en contra de los fraccionadores que construyen o pretenden construir desarrollos inmobiliarios en la zona, las autoridades del sector ambiental federal han trabajado de manera coordinada con las comunidades y habitantes de las colonias aledañas para elaborar este instrumento de política pública, el cual aplica cuando se tiene conocimiento de que existe una afectación y una complejidad social o de otro tipo en torno a ciertas zonas y se tienen que tomar medidas urgentes y efectivas para detener y, si es posible, revertir el daño.

El objetivo del Acuerdo es establecer las medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y conservación que permitan la recuperación y restablecimiento de los recursos naturales y de las especies identificadas con la categoría de riesgo que habitan en dichos humedales.

En este caso, la superficie y polígono del hábitat crítico se compone por el sitio Ramsar número 1787 Humedales de Montaña “La Kisst” en la lista de sitios Ramsar, y el sitio Ramsar número 2045 Humedales de Montaña “María Eugenia” en la lista de sitios Ramsar; ambas zonas conforme a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas; además, las poligonales declaradas como Zona Sujeta a Conservación Ecológica decretadas por el Gobierno del Estado de Chiapas, conocidas como Humedales de Montaña “La Kisst” y la zona conocida como Humedales de Montaña “María Eugenia”.

En el instrumento referido se establece la facultad de la Semarnat para realizar medidas o acciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y protección de los Humedales de Montaña “La Kisst” y “María Eugenia”, tales como preservar, proteger y, en su caso, restaurar los humedales; evitar su contaminación por descargas residuales, basura, desechos y residuos.

Asimismo, no permitir la construcción de viviendas o cualquier desarrollo inmobiliario dentro del polígono del Hábitat Crítico; no permitir la liberación de especies exóticas al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; no permitir la liberación de organismos genéticamente modificados, principalmente de maíz, y prohibir la utilización de plaguicidas o sustancias tóxicas, entre otras.

El Acuerdo determina que para su cumplimento se deberán celebrar convenios de coordinación entre los tres niveles de gobierno para que en el ámbito de sus competencias; realizar acciones para impedir que se autoricen proyectos o se provean fondos que puedan destruir o amenazar el Hábitat Crítico o sus especies, así como revisar las autorizaciones, permisos, concesiones, asignaciones o licencias vigentes.

Con la participación de propietarios, comunidades y habitantes se impulsarán programas y proyectos de turismo sustentable, actividades productivas sustentables de bajo impacto y se promoverán actividades de educación y conciencia ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático, así como de tipo biocultural. También se deberán desarrollar políticas sociales específicas en beneficio de los habitantes avecindados al perímetro de las zonas de Hábitat Crítico, buscando que la preservación se haga de forma participativa y acorde a sus características socioculturales.

Fuente: SEMARNAT 01 de abril de 2022

Los ministros también invitaron a la OCDE, a través de su Comité de Política Ambiental, a desarrollar nuevos trabajos en una serie de áreas clave, que incluyen:

Los ministros invitaron a la OCDE a fortalecer el trabajo existente en una serie de áreas clave, que incluyen:

Uno de los comités de política más antiguos de la OCDE, el Comité de Política Ambiental, que se reúne periódicamente a nivel ministerial, ha desempeñado un papel de liderazgo durante más de medio siglo como creador de estándares en el desarrollo de respuestas ambientalmente efectivas y económicamente eficientes a los problemas ambientales, climáticos y ambientales apremiantes. crisis de la biodiversidad.

Fuente: OECD 31 de marzo de 2022

En los últimos 50 años, los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua han sido reconocidos como la causa de más de 11,000 desastres que han provocado 2 millones de víctimas mortales y han ocasionado pérdidas económicas valoradas en 3,6 billones de dólares.

En el Día Meteorológico Mundial, es oportuno tener presentes estas cifras porque los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos han aumentado en frecuencia, intensidad y gravedad a causa del cambio climático y afectan de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables, pese a lo cual “una de cada tres personas todavía no está adecuadamente cubierta por sistemas de alerta temprana”, se afirma en el mismo texto.

De ahí que este año la Organización Meteorológica Mundial (OMM) haya adoptado el tema conmemorativo: “Alerta temprana y acción temprana”, para poner en relieve que la información hidrometeorológica y climática es fundamental para reducir los riesgos de desastres, pues hoy más que nunca estamos más expuestos a diversos peligros derivados de los fenómenos hidrometeorológicos, que se agravan a consecuencia del crecimiento demográfico, la urbanización y la degradación del medio ambiente.

El organismo mundial considera “fundamental una mayor coordinación entre los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, las autoridades de gestión de desastres y los organismos de desarrollo para mejorar la prevención, la preparación y la respuesta”, pero reconoce que la pandemia de COVID-19 agravó los retos a que se enfrenta la sociedad y debilitó los mecanismos para hacerles frente”.

La situación sanitaria, agrega la OMM, también ha puesto de manifiesto que “en nuestro mundo interconectado debemos adoptar un enfoque verdaderamente multirriesgos y transfronterizo para avanzar en el cumplimiento de los objetivos mundiales de acción climática, reducción del riesgo de desastres y desarrollo sostenible”.

Exhorta a estar preparados y ser capaces de actuar en el momento oportuno y en el lugar adecuado, pues solo así se pueden salvar muchas vidas y proteger los medios de subsistencia de las comunidades de todo el mundo, ahora y en el futuro.

Fuente: SEMARNAT 23 de marzo de 2022

Casi medio siglo después de que 182 países y la Unión Europea firmaran la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), más de un millón de especies de animales y plantas están amenazadas, más por la codicia de unos cuantos que por las necesidades elementales de miles de personas que encuentran su sustento en la biodiversidad de las regiones que habitan.

Hoy, se conmemora la creación de la CITES (1973), vigente a partir de 1975, uno de los instrumentos más poderosos del mundo para la conservación de la vida silvestre mediante la regulación del comercio internacional. No obstante, fue el 20 de diciembre de 2013, en el 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se proclamó el 3 de marzo como Día Mundial de la Vida Silvestre, que este 2022 adopta el tema: “Recuperar a las especies, clave para la restauración de los ecosistemas”.

La CITES reconoce que especies incluidas en sus listados se utilizan diariamente en todo el planeta por personas en su vida para la alimentación, el cuidado de la salud, el mobiliario, la vivienda, los recuerdos turísticos, cosméticos o la moda, por lo cual busca proteger la vida silvestre mediante un comercio internacional sostenible, legal y rastreable que contribuya tanto a los medios de subsistencia de las comunidades que viven más cerca de ella, como a las economías nacionales, con el fin de lograr un planeta sano y la prosperidad de la gente en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 1, 2, 12, 13, 14 y 15, aluden a los amplios compromisos de aliviar la pobreza, asegurar el uso sostenible de los recursos y conservar la vida en la tierra, ya que más de 8,400 especies de fauna y flora silvestres se encuentran en peligro crítico de extinción, y aproximadamente 30,000 se consideran vulnerables o en peligro de extinción. Estas estimaciones sugieren además que un millón de especies están amenazadas de extinción.

La pérdida de especies y la degradación de sus hábitats y ecosistemas amenaza a la humanidad en su conjunto, ya que cientos de miles de personas alrededor del planeta dependen de la vida silvestre y de recursos de la biodiversidad para satisfacer todas sus necesidades, desde alimentos, medicinas y salud hasta combustible, vivienda y ropa.

Por ello, este 2022, en el Día Mundial de la Vida Silvestre se destaca el impacto de los esfuerzos de conservación, se promueven ejemplos de mejores prácticas en las que las especies se recuperaron, y se impulsan las discusiones para imaginar y echar a andar nuevas soluciones para conservar más especies y utilizarlas de manera sostenible.

Fuente: SEMARNAT 03 de marzo de 2022

El Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos ha hecho un llamamiento a todos los países para que reduzcan la cantidad de residuos de antimicrobianos que se vierten al medio ambiente. Con ese fin, deberían realizarse estudios y aplicar medidas para eliminar de forma segura estos residuos de los alimentos, los sistemas de salud humana y sanidad animal y las instalaciones de fabricación.

En su declaración, el Grupo de Liderazgo Mundial pide a todos los países que mejoren las medidas de tratamiento y eliminación de los desechos que contienen antimicrobianos y las escorrentías procedentes de las instalaciones de fabricación, las explotaciones agrarias, los hospitales y otras fuentes.

Los antimicrobianos administrados a los seres humanos, los animales y las plantas entran en el medio ambiente y en las fuentes de agua (incluidas las de agua potable) a través de las aguas residuales, los desechos, las escorrentías y las aguas negras y, por esa vía, propagan organismos farmacorresistentes y, por consiguiente, la propia resistencia a los antimicrobianos.

Es fundamental reducir la cantidad de contaminación por antimicrobianos que se vierte al medio ambiente para que estos fármacos sigan siendo eficaces.

El Grupo de Liderazgo Mundial hace un llamamiento a todos los países a fin de que promulguen y apliquen reglamentos y normas para supervisar y controlar mejor la distribución de antimicrobianos y organismos resistentes a los medicamentos y su vertido al medio ambiente.

Estas son otras medidas esenciales recomendadas:

El uso actual de fármacos antimicrobianos en los seres humanos, los animales y los vegetales está provocando un aumento preocupante de la farmacorresistencia y está dificultando el tratamiento de las infecciones.

Los patógenos resistentes a los medicamentos causan casi 5 millones de defunciones al año- en inglés. Es necesario actuar urgentemente para frenar el aumento y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos en todos los países. Si no lo hacemos, nos acercaremos rápidamente a un punto de inflexión en el que los antimicrobianos necesarios para tratar las infecciones en el ser humano, los animales y los vegetales dejarán de ser eficaces.

El impacto en los sistemas de salud locales y mundiales, en las economías, en la seguridad alimentaria y en los sistemas alimentarios será devastador.

Aunque se desconoce el alcance exacto de la contaminación por antimicrobianos en el mundo, la evidencia indica que podría dar lugar a incrementos significativos de la resistencia a estos fármacos. Por ejemplo, se han encontrado bacterias multirresistentes en las aguas marinas y en los sedimentos cercanos a los lugares donde se vierten desechos de la acuicultura, las industrias y los asentamientos urbanos.

Las personas de todos los países pueden ayudar a eliminar correctamente los medicamentos caducados y no utilizados.

Por su parte, los inversores pueden invertir en la investigación y el desarrollo de tecnologías costo eficaces de tratamiento de residuos que sean más ecológicas.

Jefes de Estado, ministros de Medio Ambiente y otros representantes de 175 países respaldaron una resolución histórica para acabar con la contaminación del plásticos y forjar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para finales de 2024.

La histórica resolución aborda el ciclo de vida completo del plástico, incluyendo su producción, diseño y eliminación.

Paralelamente a las negociaciones sobre un acuerdo internacional vinculante, la agencia de la ONU trabajará con cualquier gobierno y empresa que lo desee en toda la cadena de valor para abandonar los plásticos de un solo uso, así como para movilizar la financiación privada y eliminar las barreras a las inversiones en investigación y en una nueva economía circular.

La contaminación por plástico pasó de dos millones de toneladas en 1950 a 348 millones en 2017, convirtiéndose en una industria mundial valorada en 522.600 millones de dólares, según datos del Programa. Se espera que se duplique su cantidad, de aquí a 2040.

Los impactos de la producción y la contaminación debida a los plásticos son una catástrofe en ciernes en el contexto de la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la contaminación.

La exposición a los plásticos perjudica la salud humana, y puede afectar a la fertilidad, la actividad hormonal, metabólica y neurológica, mientras que la quema abierta de plásticos contribuye a la contaminación del aire.

1.- El volumen de plásticos que llegan a los océanos en más de un 80% para 2040

2.- La producción de plástico virgen en un 55%

3.- Ahorrar a los gobiernos 70.000 millones de dólares para 2040

4.- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%

5.- Crear 700.000 puestos de trabajo adicionales, principalmente en los países del sur

La histórica resolución, titulada “Acaban con la contaminación del plástico: Hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante”, fue adoptada al concluir la reunión de tres días de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a la que asistieron más de 3400 participantes en persona y 1500 en línea de 175 Estados, entre ellos 79 ministros y 17 funcionarios de alto nivel.

Un nuevo informe sobre Crecimiento demográfico mundial y desarrollo sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU revela que desde 1950 el número de habitantes del planeta se ha triplicado con creces y podría llegar a ser de 11.000 millones a finales de siglo.

El rápido aumento de la población puede agravar el reto de garantizar que el desarrollo futuro sea sostenible e inclusivo. La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con la salud, la educación y la igualdad de género, puede contribuir a frenar el crecimiento demográfico mundial.

Los responsables del informe añadieron que “los países más prósperos son los que soportan una mayor responsabilidad en cuanto al avance rápido del objetivo de conseguir las cero emisiones de gases de efecto invernadero y en la aplicación de estrategias para separar la actividad económica de la degradación medioambiental”.

El análisis también destaca que el mayor crecimiento de la población mundial en el futuro tendrá lugar en los países en desarrollo.

Una de las causas del rápido aumento poblacional se debió a una mejora de la esperanza de vida, que vendría impulsado por varios factores como las mejoras en salud pública, nutrición, higiene personal y medicina.

Sin embargo, añadieron que el aumento de la población también supone un fracaso a la hora de garantizar que todas las personas tengan el conocimiento, la capacidad y los medios para determinar si quieren tener hijos y cuándo.

El estudio también revela que, a medida que sus economías avancen, los países en desarrollo necesitarán apoyo para reducir las futuras emisiones contaminantes, así como asistencia técnica y financiera.

Los sistemas alimentarios también tendrán que ser más sostenibles para satisfacer las crecientes necesidades y limitar los daños medioambientales.

Los 10 mensajes clave del informe

El mundo está produciendo el doble de desechos plásticos que hace dos décadas, y la mayor parte termina en vertederos, se incinera o se filtra al medio ambiente, y solo el 9% se recicla con éxito, según un nuevo informe de la OCDE.

Antes de las conversaciones de la ONU sobre la acción internacional para reducir los desechos plásticos, el primer Global Plastics Outlook de la OCDE muestra que a medida que el aumento de la población y los ingresos impulsan un aumento implacable en la cantidad de plástico que se usa y se desecha, las políticas para frenar su fuga al medio ambiente están cayendo.

Casi la mitad de todos los desechos plásticos se generan en los países de la OCDE, según Outlook. Los desechos plásticos generados anualmente por persona varían de 221 kg en los Estados Unidos y 114 kg en los países europeos de la OCDE a 69 kg, en promedio, para Japón y Corea. La mayor parte de la contaminación plástica proviene de la recolección y eliminación inadecuadas de desechos plásticos más grandes conocidos como macroplásticos, pero las fugas de microplásticos (polímeros sintéticos de menos de 5 mm de diámetro) de cosas como gránulos de plástico industrial, textiles sintéticos, marcas viales y desgaste de neumáticos también son un problema grave.

Los países de la OCDE están detrás del 14% de las fugas totales de plástico. Dentro de eso, los países de la OCDE representan el 11 % de las fugas de macroplásticos y el 35 % de las fugas de microplásticos. La Perspectiva señala que la cooperación internacional para reducir la contaminación plástica debe incluir el apoyo a los países de bajos ingresos en el desarrollo de una mejor infraestructura de gestión de residuos para reducir sus fugas de plástico.

El informe encuentra que la crisis de COVID-19 condujo a una disminución del 2,2% en el uso de plásticos en 2020 a medida que la actividad económica se desaceleró, pero un aumento en la basura, los envases de comida para llevar y los equipos médicos de plástico, como máscaras, han impulsado la basura. A medida que se reanudó la actividad económica en 2021, el consumo de plásticos también se recuperó.

Existen prohibiciones e impuestos sobre los plásticos de un solo uso en más de 120 países, pero no están haciendo lo suficiente para reducir la contaminación general. La mayoría de las regulaciones se limitan a elementos como las bolsas de plástico, que constituyen una pequeña parte de los desechos plásticos y son más eficaces para reducir la basura que para frenar el consumo de plásticos. Los impuestos sobre vertederos e incineración que incentivan el reciclaje solo existen en una minoría de países. Las perspectivas exigen un mayor uso de instrumentos como los planes de responsabilidad ampliada del productor para el embalaje y los bienes duraderos, los impuestos sobre los vertederos, los sistemas de depósito-reembolso y de pago por uso.

La mayoría de los plásticos que se usan hoy en día son plásticos vírgenes o primarios, hechos de petróleo crudo o gas. La producción mundial de plásticos a partir de plásticos reciclados, o secundarios, se ha más que cuadruplicado de 6,8 millones de toneladas (Mt) en 2000 a 29,1 Mt en 2019, pero sigue siendo solo el 6% del tamaño de la producción total de plásticos. Se necesita hacer más para crear un mercado separado y que funcione bien para los plásticos reciclados, que todavía se consideran sustitutos del plástico virgen. Establecer objetivos de contenido reciclado e invertir en tecnologías de reciclaje mejoradas podría ayudar a que los mercados secundarios sean más competitivos y rentables.

Algunas conclusiones clave de Outlook:

Fuente: OECD 22 de febrero de 2022

La contaminación atmosférica es el mayor contribuyente ambiental a las muertes prematuras, al causar unos siete millones de ellas cada año.

La exposición a sustancias tóxicas aumenta el riesgo de muerte prematura, intoxicación aguda, cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, efectos adversos en los sistemas inmunológico, endocrino y reproductivo, anomalías congénitas y secuelas en el desarrollo neurológico de por vida.

Una cuarta parte de la carga mundial de morbilidad se atribuye a factores de riesgo ambientales evitables, la inmensa mayoría de los cuales implica la exposición a la contaminación y a las sustancias tóxicas.

Cada año se emiten o vierten cientos de millones de toneladas de sustancias tóxicas al aire, el agua y el suelo. La producción de sustancias químicas se duplicó entre 2000 y 2017, y se espera que se duplique de nuevo para 2030 y se triplique para 2050, produciéndose la mayor parte del crecimiento en los países no miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el resultado de este crecimiento será un aumento de la exposición a los riesgos y un empeoramiento de las repercusiones para la salud y el impacto ambiental.

Entre los motivos de preocupación recientes figuran las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, los alteradores endocrinos, los microplásticos, los plaguicidas neonicotinoides, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los residuos farmacéuticos y las nanopartículas.

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas son un grupo de miles de sustancias químicas de extendido uso en aplicaciones industriales y de consumo, como las espumas para sofocar incendios y los revestimientos hidrófugos y lipófobos para textiles, papel y utensilios de cocina.

Prácticamente todas las personas de los países industrializados tienen sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas en su organismo. La exposición a estos productos se ha asociado a lesiones hepáticas, hipertensión, disminución de la respuesta inmunitaria, disminución de la fertilidad, menor peso al nacer y cáncer testicular y de riñón.

En la Unión Europea, los costos relacionados con la salud que se derivan de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas oscilan entre los 52.000 y los 84.000 millones de euros anuales, mientras que los costos de tratamiento y recuperación del suelo y las aguas contaminadas van de los 10.000 a los 170.000 millones de euros.

Otras formas de contaminación más conocidas proceden de la extracción, el procesamiento, la distribución y la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que producen ingentes volúmenes de contaminación y sustancias químicas tóxicas.

Otras industrias que producen enormes volúmenes de contaminación y sustancias tóxicas son la minería y la fundición, la industria manufacturera, el sector textil, la construcción y el transporte.

Los seres humanos están expuestos a sustancias tóxicas a través de la respiración, los alimentos y la bebida, por contacto con la piel y a través del cordón umbilical en el vientre materno. Los estudios de biomonitorización revelan la presencia de residuos de plaguicidas, ftalatos, pirorretardantes, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, metales pesados y microplásticos en nuestro organismo. Incluso se encuentran sustancias tóxicas en los recién nacidos.

Al menos el 80% de los fondos marinos estará cartografiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con ayuda de sus Estados Miembros y del sector privado de aquí a 2030.

Conocer la profundidad y el relieve del fondo marino es esencial para comprender la ubicación de las fallas oceánicas, el funcionamiento de las corrientes oceánicas, las mareas y el transporte de sedimentos.

Estos datos ayudan a proteger a las poblaciones anticipando los riesgos sísmicos y de maremotos. También ayudarán a identificar los lugares naturales que hay que salvaguardar, a identificar los recursos pesqueros para una explotación sostenible, a planificar la construcción de infraestructuras en alta mar o a responder eficazmente a catástrofes como vertidos de petróleo, accidentes aéreos o naufragios.

Además, la cartografía de los océanos tiene un papel importante en la evaluación de los efectos futuros del cambio climático, ya sea el aumento de la temperatura o la subida del nivel del mar.

En 2017, la UNESCO y la Nippon Foundation, la mayor fundación privada del Japón, unieron fuerzas para lanzar el programa Seabed 2030 (Fondo marino 2030). Desde entonces, coordina el despliegue de sonares y recopila todos los datos recogidos.

Este programa ha permitido convencer a muchos Estados de que compartan los datos que poseen sobre los fondos marinos cercanos a sus costas. Los primeros resultados de este programa son tangibles: hace cinco años, cuando se puso en marcha Seabed 2030, sólo el 6% de los fondos marinos estaba cartografiado según las normas modernas, hoy estamos en el 20%.

El potencial para acelerar la cartografía de los fondos marinos se ve reforzado por recientes innovaciones, que han mejorado la eficacia de las herramientas tecnológicas.

Los expertos ya han evaluado los recursos necesarios para alcanzar este objetivo del 80% en 2030. Se basan en tres ejes:

La necesidad total de financiación para este proyecto es de 5000 millones de dólares, es decir, una media de 625 millones al año hasta 2030.

La UNESCO además ha pedido a los 193 Estados miembros que, antes de 2025, incluyan en los planes académicos la educación sobre los océanos.

Para lograr este objetivo, la agencia de las Naciones Unidas pone a disposición de los responsables públicos un conjunto de herramientas con un marco de referencia compartido de contenidos educativos sobre el océano.

Este repositorio ofrece todas las claves necesarias para integrar la educación oceánica en todos los niveles de la cadena educativa: desde la elaboración de los planes de estudio nacionales hasta la preparación de las clases por parte de los profesores.

Las nuevas herramientas educativas proporcionadas por la UNESCO, reflejan la convicción de que es necesario cambiar la forma en que la sociedad interactúa con el océano para lograr un modelo más sostenible.

Para la UNESCO, la educación sobre los océanos no debe limitarse a la transmisión de conocimientos científicos y a la sensibilización a los problemas contemporáneos, sino que también debe promover las técnicas y los conocimientos tradicionales, como los protegidos por la Convención sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial de 2001, que promueve, por ejemplo, las técnicas de pesca ancestrales.

El nuevo conjunto de herramientas de la UNESCO deja en manos de los Estados miembros y las regiones la adaptación de la “teoría del cambio” a sus prácticas, situaciones y necesidades específicas.

La UNESCO supervisará la aplicación de este objetivo por parte de sus 193 Estados miembros. Está previsto presentar un primer informe de situación en la COP27, que se celebrará en noviembre de 2022 en Egipto.

Como muchos objetos superfluos, el popote de plástico se instaló en la cotidianidad de los seres humanos desde finales del siglo XIX, sin sospecharse que el pequeño tubo se convertiría en una enorme amenaza para la vida silvestre marina —plancton, invertebrados bentónicos y grandes mamíferos—, pues la ingesta de plástico libera sustancias tóxicas, reduce la eficiencia de los procesos fisiológicos y coloca a las especies en riesgo de muerte directa o indirecta.

Por los daños a los ecosistemas y a las comunidades humanas se reclama justicia ambiental este 3 de febrero, Día Internacional Sin Popote, fecha en que se resalta la necesidad de desterrar el uso de la pajilla, objeto que al distribuidor de refrescos estadounidense Harry Stevens se le ocurrió elaborar con papel para que los aficionados al futbol americano se mantuvieran bebiendo durante los partidos.

La pajilla o popote —voz náhuatl, popotl: paja o carrizo— la utilizaron desde tiempos pretéritos diversas culturas, principalmente en rituales o con fines medicinales. Los antiguos mexicanos solían succionar el pulque o el chocolate con carricillos, y los egipcios también sorbían algunas bebidas frías o calientes con algunas cañas huecas. Sin embargo, esos popotes eran de origen vegetal.

Con una mirada mercantil, en la nación vecina del norte el artefacto lo fueron modificando personajes como Marvin Stone, un cigarrero de Washington que patentó en 1888 los drinking straw luego de fabricar un popote con papel manila emparafinado y, cuenta la leyenda, llegó a vender más popotes que cigarros. Pero fueron los hermanos Betty y Joseph Friedman quienes crearon los primeros popotes de plástico flexible para la industria farmacéutica de ese país.

Al paso del tiempo el anecdotario se ha convertido en tragedia ambiental al grado de lograr que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzara en Bali, Indonesia, el 23 de febrero de 2017, la campaña #MaresLimpios, y millones de personas dejaron de usar popotes al consumir algún líquido, luego de observar el video de una bióloga que extrae un popote de la nariz sangrante de una tortuga marina.

El popote del video se convirtió en un símbolo porque, sin ser el único artículo de plástico que impacta la vida marina, catapultó a los círculos gubernamentales de la mayoría de las naciones el problema que constituyen los plásticos en general al llegar a los cuerpos de agua, ya que de 1950 a 2015 se produjeron 8,300 millones de toneladas métricas de nuevos plásticos, entre ellos millones de toneladas de popotes de diversos tamaños, formas y colores.

La pandemia de Covid-19 exacerbó el problema de la contaminación plástica que “afecta de manera desproporcionada a personas, grupos y pueblos en situaciones vulnerables, pone en riesgo sus derechos básicos, salud y bienestar, y planteará obstáculos sustanciales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegura el informe En estado de negligencia: el impacto de la basura marina y la contaminación por plásticos en la justicia ambiental, publicado el 30 de marzo de 2021 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la ONG Azul que exige justicia ambiental.

Los autores del informe recomiendan, entre otras medidas, que los gobiernos amplíen su control de los desechos plásticos, estudien sus impactos en la salud e inviertan en su gestión. Los gobiernos también deberían adoptar y aumentar la aplicación de las prohibiciones de los plásticos de un solo uso y fomentar la reducción, el reciclaje y la reutilización.

En México, la prohibición de la distribución y uso de plásticos de un solo uso, entre ellos los popotes, ha ido tomando cauce parcialmente. Por ejemplo, el 12 de junio de 2017 en el Senado de la República se leyó una iniciativa de ley para dar facultades de la Federación para suscribir con los gobiernos estatales convenios o acuerdos de coordinación para promover el uso de materiales biodegradables y para sancionar a las personas que utilicen popotes o pajillas no biodegradables en establecimientos comerciales o de servicios.

Sin embargo, en julio de 2018 la Asociación Nacional de la Industria del Plástico aseguró que prohibir o rechazar el uso de popotes en el país no es la solución al reto de enfrentar la contaminación ambiental por plásticos, sino que debe existir una regulación correcta y una mayor cultura ambiental.

Fuente: SEMARNAT 03 de febrero de 2022

Las ciudades de América Latina y el Caribe consumirán entre el doble y cuatro veces más recursos en 2050 si no adoptan una “planificación integral” y “aumentan la eficiencia de sus sistemas y la circularidad”, advirtió este lunes un nuevo informe del Programa de las Naciones Unida para el Medio Ambiente que destaca que ese escenario “implica la degradación severa de ecosistemas vitales.”

Para lograr ese objetivo, el estudio del organismo de la ONU destaca que las ciudades de la región necesitarán impulsar una transformación sostenible que reduzca a la mitad el consumo de recursos tales como los combustibles fósiles, los minerales y los alimentos, al tiempo que combaten la pobreza y la desigualdad.

El análisis del Programa traza la ruta hacia una planificación urbana deseable basándose en un paquete de medidas en cuatro ejes:

Estas actuaciones servirían para reducir el consumo de recursos, los residuos, el daño ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero.

El consumo anual per cápita de recursos en las ciudades de América Latina en 2015 oscilaba entre las 12,5 y 14,4 toneladas. Más de la mitad del inventario de material urbano de la región se encontraba en las ciudades de Brasil (38,1%) y México (21,1%).

Si en el año 2050 la población regional aumentase a 680 millones de personas, el consumo de material doméstico urbano podría aumentar hasta las 25 toneladas per cápita, muy por encima del rango de entre seis y ocho toneladas per cá­pita que el estudio del Programa considera sostenible.

Si se logra implementar todas las acciones propuestas en el informe, las ciudades de la región podrían reducir su consumo material anual a entre seis y siete toneladas per cápita para 2050.

El estudio también destaca algunas medidas que ya se están tomando en esta línea como son las mejoras del transporte público en el municipio brasileño de Fortaleza, que incluyeron un mayor espacio para bicicletas y peatones, la “cosecha” de agua de lluvia en la Ciudad de México y el proyecto de calefacción por distritos de la ciudad de Temuco, en el centro de Chile.

Según analiza el informe, el espacio construido en la región durante 40 años creció un 99%, casi el mismo número que experimentó el aumento de la población urbana en ese período (95%). La incapacidad de la mayoría de las ciudades para absorber ese crecimiento exacerbó la inequidad social y la injusticia ambiental.

Cerrar la brecha de desigualdad conllevará resolver la situación de precariedad a la que se enfrentan las poblaciones más vulnerables; por ejemplo, la lejanía de los servicios urbanos, la infraestructura deficiente, las condiciones de violencia y la contaminación.

Los autores del estudio llaman a tratar estos desafíos mediante “una transformación sostenible” e invitan a “orientar mayores esfuerzos hacia las ciudades intermedias”, que crecen de una forma más acelerada que la media. También recomiendan potenciar la cooperación e implementar alianzas más sólidas a nivel subnacional, subregional y regional.

Las montañas albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la diversidad biológica del mundo. Además, suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación resulta clave, tal cual especifica el Objetivo 15 de los ODS.

Sin embargo, se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. A medida que los glaciares de montaña se derriten, los habitantes de las alturas —entre los más pobres del mundo— afrontan mayores dificultades para sobrevivir a causa de los desastres naturales.

A todo ello hay que sumar el hecho de que dicho derretimiento a una velocidad sin precedentes amenaza el suministro de agua dulce de millones de personas.

Este creciente interés acerca de la importancia de las montañas llevó a la Asamblea General a declarar 2002 como Año Internacional de las Montañas, factor que impulsó que, en 2003, se celebrase el primer Día Internacional.

Sin embargo, el principal hito se remonta a 1992, cuando el documento “Ordenación de los Sistemas Frágiles: Desarrollo Sostenible de las Zonas de Montaña” (capítulo 13) fue incluido en el Programa 21, un plan de acción sostenible promovido por Naciones Unidas.

El tema del Día Internacional de las Montañas 2021 es “El turismo sostenible en las montañas”.

El turismo sostenible en las montañas puede contribuir a crear opciones de medios de subsistencia adicionales y sostenibles y a promover la mitigación de la pobreza y la inclusión social, además de la conservación del paisaje y la diversidad biológica. Es una forma de preservar el patrimonio natural, cultural y espiritual, a fin de promover la artesanía y los productos de alto valor de la localidad, además de celebrar muchas prácticas tradicionales.

El turismo en las montañas atrae del 15 al 20 por ciento del turismo mundial. Sin embargo, este sector es uno de los más afectados por la pandemia COVID-19, golpeando las economías, los medios de vida, los servicios públicos y las oportunidades en los cinco continentes. En las montañas, las restricciones impuestas por la pandemia han agravado las vulnerabilidades de las comunidades montañesas.

Esta crisis puede percibirse como una oportunidad para reinventar el turismo en las montañas y sus impactos en los recursos naturales y en los medios de vida, mejorar la gestión del mismo y encaminarlo hacia un futuro más resiliente, más ecológico y más inclusivo.

Si bien el turismo de montañas es el tema sugerido para 2021, los países, las comunidades y las organizaciones pueden celebrar este día a través de cualquier tema que consideren oportuno.

https://youtu.be/m-iASmnPNcU

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó un informe histórico en el que se destaca el empeoramiento del estado de los recursos del suelo, la tierra y el agua del planeta y las dificultades que ello supone para alimentar a una población mundial que se prevé de casi 10 000 millones de personas en 2050.

En el informe se afirma que, si seguimos en la trayectoria actual, para producir el 50 % más de alimentos que se necesitan se podría tener que aumentar la extracción de agua destinada a la agricultura hasta un 35 %. Ello podría crear catástrofes ambientales, aumentar la competencia por los recursos y provocar nuevos problemas sociales y conflictos.

Algunos de los principales problemas son:

Soluciones posibles

Debido a la limitación de tierras arables y recursos de agua dulce, es vital ampliar rápidamente la escala de la tecnología y la innovación. Debemos reforzar la arquitectura digital necesaria para proporcionar datos básicos, información y soluciones basadas en principios científicos para la agricultura que aprovechen al máximo las tecnologías digitales y que sean resistentes al clima.

La gobernanza de la tierra y el agua debe ser más inclusiva y adaptativa para beneficiar a millones de pequeños agricultores, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Ellos son los más vulnerables a los riesgos climáticos y otros riesgos socioeconómicos y los que más sufren la inseguridad alimentaria. Es necesario que la planificación sea más integrada a todos los niveles. Asimismo, las inversiones en la agricultura se deben reorientar para obtener beneficios sociales y ambientales.

La sostenibilidad de los suelos, las tierras y las aguas constituye la base de los sistemas agroalimentarios resilientes. Así, el uso sostenible de estos recursos es fundamental para lograr los objetivos de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. Por ejemplo, el uso racional de los suelos puede por sí solo absorber una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las tierras agrícolas.

La FAO trabaja para promover planteamientos coherentes en relación con la gestión sostenible del suelo, la tierra y el agua, a fin de alimentar a una población en crecimiento. Entre ellos se cuentan la seguridad alimentaria, la salud y la nutrición de las personas, la calidad y la gobernanza del agua y la gestión de los sistemas de producción de los alimentos, la provisión de servicios esenciales de los ecosistemas agrícolas y la conservación de la biodiversidad, y la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.

La FAO está ayudando a aumentar la coherencia de las políticas y la investigación con vistas a luchar contra el cambio climático y proteger el sistema de producción primaria, que sostiene la mayor parte de nuestros alimentos. Sus conjuntos de instrumentos y tecnologías informáticas digitales y en tiempo real ayudan a los gobiernos, los agricultores y los usuarios a formular políticas jurídicas y financieras y a aportar recursos técnicos para mejorar la gestión de la tierra, el suelo y el agua.

El Día Mundial del No Uso de Plaguicidas fue instaurado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, en conmemoración de la muerte de más de 16 mil personas en Bophal, India, ocurrida en 1984 por la fuga de 27 toneladas de gas tóxico metil isocianato, utilizado para la fabricación de plaguicidas.

Este suceso generó un movimiento internacional conformado por más de 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas (Pesticide Action Network), creada para levantar la voz y exigir la prohibición del uso de pesticidas, así como llamar a la reflexión.

Hoy, a más de 36 años de ese lamentable suceso, a nivel mundial, muchas organizaciones, organismos gubernamentales y científicos trabajan para hacer posible la eliminación y distribución de sustancias venenosas que son usadas para producir los plaguicidas en los distintos países donde son comercializados y vendidos.

En el caso de México, el gobierno federal realiza un esfuerzo para eliminar gradualmente el uso del glifosato, herbicida altamente dañino al medio ambiente y al ser humano, mediante acciones encaminadas hacia la transformación del sistema agroalimentario del país con el fin de lograr alimentos seguros y un medio ambiente sano.

El glifosato es utilizado para eliminar hierbas en terrenos agrícolas o en jardines. En México está inscrito ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) bajo más de 150 registros, y se comercializa en marcas como Roundup® y Faena®, que son las más comunes.

Hay evidencia científica acerca de la toxicidad de este herbicida que demuestra los impactos a la salud humana y al ambiente. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo reclasificó como probable carcinógeno para los humanos.

Ante estas evidencias científicas, el 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto para establecer las acciones para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.

El decreto indica que, a partir de su entrada en vigor y hasta el 31 de enero de 2024, se establece un periodo de transición para lograr la sustitución total del glifosato.

Sin duda con la publicación de este Decreto, nuestro país camina hacia la preservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos seguros para la salud humana y el medio ambiente.

Fuente: SEMARNAT 03 de diciembre de 2021

Los conflictos, la crisis climática, las enfermedades y la crisis socioeconómica debida a la pandemia de COVID-19 seguirán empujando a más gente a depender de la ayuda de emergencia y a necesitar protección en 2022, cuando las personas con requerimientos vitales llegarán a 274 millones, alertó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

El año pasado, esa cantidad se cifró en 235 millones, lo que implica un aumento de casi 17% en tan sólo 12 meses.

Para aliviar las necesidades más urgentes de 183 millones de esas personas durante el año próximo, la ONU requerirá 41.000 millones de dólares, con un programa tres veces mayor que el de 2021 debido a las crecientes necesidades.

De acuerdo con el Panorama Humanitario Global para 2022, la población que precisa asistencia básica vive en 63 naciones y, sumada, equivaldría al cuarto país más poblado del mundo.

El informe destaca el deterioro de la situación humanitaria en América Latina y el Caribe. Hace cinco años, sólo Haití tenía un Plan de Respuesta Humanitaria, mientras que ahora hay seis en toda la región. La ONU pide 2500 millones de dólares para asistir a los venezolanos tanto en su país como emigrados, 200 millones para Colombia, 114 millones para El Salvador, 153 millones para Guatemala y 143 millones para Honduras.

El estudio destaca que más del 1% de la población mundial ha debido desplazarse y que la pobreza extrema se incrementa nuevamente.

En la mayoría de las crisis, las mujeres y las niñas son las que más sufren, que aumentan las desigualdades de género y, con ello, los riesgos que corren, por lo que necesitan protección.

El informe indica que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda ha aumentado drásticamente y que el riesgo de hambruna es ya una realidad.

Gracias a la generosidad de los donantes, el sistema humanitario brindó alimentos, medicamentos, atención médica y otra asistencia esencial a 107 millones de personas durante el año en curso, una cifra que llega al 70% del objetivo que se fijó al iniciar 2021.

El esfuerzo de los donantes internacionales y los Estados miembros, que aportaron más de 17.000 millones para los programas humanitarios pese la difícil situación económica derivada de la pandemia; sin embargo, destacó que los fondos recibidos no son muchos cuando se observan las necesidades existentes. El financiamiento conseguido no llegó a la mitad del solicitado.

Las necesidades totales del Panorama Humanitario Mundial se han duplicado en sólo cuatro años y que para 2022 hay nueve planes para países con necesidades superiores a mil millones de dólares: Afganistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Otros planes de menores presupuestos incluyen a Colombia, El Salvador, Haití, Honduras y Venezuela.

También superan los mil millones de dólares los recursos que requieren los planes regionales para Sudán del Sur, Siria y Venezuela.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2020 que permiten medir el impacto que tienen en la economía tanto el agotamiento de los recursos naturales como la degradación del medio ambiente ocasionados por la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Adicionalmente, proporcionan información para cuantificar, en unidades monetarias, los esfuerzos realizados para la protección del medio ambiente.

Principales resultados

Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente

El Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente es el indicador que muestra el impacto ambiental ocasionado por la producción de bienes y servicios, que se obtiene al deducir del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado los costos por el consumo de capital fijo y los costos imputados por el agotamiento de los recursos naturales y por la degradación ambiental.

Durante el periodo de 2003 a 2020 el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente ha representado en promedio 78.7% del Producto Interno Bruto del país, a precios de mercado, siendo 2007 el año en que registró el mayor porcentaje con 80.2% y 2020 el menor con 75.7 por ciento.

Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental

Los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) en 2020 ascendieron a 1 066 853 millones de pesos corrientes, monto equivalente a 4.6% del PIB nacional a precios de mercado. Por componentes, los costos por agotamiento representaron 0.7%, mientras que los costos por degradación fueron equivalentes a 3.9 por ciento.

En 2020, las emisiones al aire representaron el mayor costo ambiental al ubicarse en 611 235.3 millones de pesos; le siguieron los costos por degradación del suelo con 163 807.4 millones de pesos y los residuos sólidos urbanos con 87 019.3 millones de pesos.

Durante 2020, el gasto en protección ambiental del sector público ascendió a 101 299 millones de pesos, equivalente a 0.46% del PIB nacional a precios básicos, mientras que en 2019 alcanzó un monto equivalente a 0.47% del PIB.

Los gastos en protección ambiental del sector público, de acuerdo con la clasificación funcional de actividades ambientales se distribuyen de la siguiente forma: protección del aire-ambiente y clima 38.6%; gestión de aguas residuales 17.1%; gestión de los residuos 14.6%; gestión pública y educación 10.0%; investigación y desarrollo 9.7%; otras actividades de protección ambiental 4.3%; protección de la biodiversidad 4.0%; y agua y suelo 1.7 por ciento.

El gasto ambiental realizado por el sector público de nuestro país, como proporción del PIB, representa una cifra similar a la reportada por España, Noruega y Suiza.

La producción de datos fiables sobre el uso de los bosques y las tierras resultará más fácil en adelante gracias a la puesta en marcha de una nueva fase de la plataforma más avanzada de la FAO para el seguimiento de dicho uso, esto es, el Sistema de acceso, procesamiento y análisis de datos de observación de la Tierra para el monitoreo de la superficie terrestre (SEPAL).

La segunda fase del SEPAL puede ayudar directamente a los Estados Miembros de la FAO en sus esfuerzos por generar datos geoespaciales transparentes, exactos y sistemáticos, lo cual es fundamental para reducir la deforestación y la degradación y acelerar la restauración. Asimismo, ayudará a evitar los peores efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad y a salvaguardar los numerosos beneficios de los bosques para las personas y la naturaleza.

La segunda fase del proyecto SEPAL, cuyo costo asciende a 15 millones de USD, será respaldada por múltiples donantes y cuenta con una contribución inicial de la Iniciativa Internacional sobre el Clima y los Bosques de Noruega (NICFI) de 10 millones de USD.

La segunda fase permitirá mejorar la generación de datos con un alto grado de integridad sobre utilización de bosques y tierras, de forma que los países puedan atraer financiación pública y privada en relación con el carbono para adoptar medidas de mitigación del cambio climático a través de los bosques.

La nueva fase también aprovechará las fuentes cada vez más numerosas de datos de teledetección, como los de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos de América (NASA), la Agencia Espacial Europea (ESA) y las imágenes de alta resolución espacial y temporal disponibles en el programa de datos NICFI-Planet.

En particular, esta fase se centrará en respaldar a los países en sus esfuerzos por detener la deforestación de los bosques tropicales y la degradación forestal. Según los últimos datos de la FAO, los índices de deforestación más altos siguen registrándose en las selvas lluviosas tropicales.

En la segunda fase del SEPAL, la FAO aplicará métodos novedosos de desarrollo de la capacidad para llegar a los 64 países incluidos en el programa de datos de NICFI-Planet con vistas a permitirles utilizar la plataforma de manera independiente para atender sus necesidades clave de seguimiento de los bosques y las tierras.

Además, la FAO elaborará nuevas aplicaciones fáciles de utilizar en los módulos del SEPAL dirigidas a mejorar la integridad de los datos forestales de normas como la TREES del programa Architecture for REDD+ Transactions (ART), para que los países puedan atraer la financiación pública y privada que tanto necesitan a fin de adoptar medidas en relación con los bosques y el clima. Asimismo, se elaborarán nuevos módulos para el seguimiento de la restauración de los bosques y los ecosistemas, las turberas y los manglares, los sistemas de alerta temprana y los incendios y el riesgo de incendios. Las nuevas aplicaciones también permitirán integrar datos geoespaciales relativos a los bosques y la agricultura. Todo ello es importante para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

El SEPAL forma parte de la iniciativa de la FAO Open Foris, que proporciona bienes públicos digitales de código abierto producidos en colaboración con más de 70 países y asociados y que se utilizan de forma generalizada en las aplicaciones de seguimiento de los bosques y las tierras. Las soluciones técnicas de Open Foris han permitido generar y proporcionar datos a más del 70 % de los 54 países que han comunicado un nivel de referencia forestal a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que representa una superficie forestal de 1 400 millones de hectáreas y casi el 80 % de la deforestación mundial.

La contaminación atmosférica o contaminación del aire se ha convertido desde hace varias décadas en una de las mayores preocupaciones de la humanidad, principalmente por dos de sus graves consecuencias: el calentamiento global, con todas sus consecuencias, y el daño a la salud humana.

Las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Calidad del Aire divulgadas recientemente, tienen como objetivo evitar millones de muertes a consecuencia de la contaminación del aire, porque ese problema creció desde mediados del siglo XIX, hasta llegar a situaciones asfixiantes en la actualidad.

El motivo de esos lineamientos no es menor. El organismo reconoce que “cada año la exposición a la contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras y provoca la pérdida de otros tantos más millones de años de vida saludable”. La mortalidad equivale a 800 muertes cada hora o 14 por minuto.

Explica que “en los niños esto podría suponer una reducción del crecimiento y la función pulmonar, infecciones respiratorias y agravamiento del asma. En los adultos, la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares son las causas más comunes de muerte prematura atribuible a la contaminación del aire exterior, y también están apareciendo pruebas de otros efectos como diabetes y enfermedades neurodegenerativas”.

Las nuevas directrices de la OMS se expidieron el 22 de septiembre de 2021, previas al Día Internacional del Aire Puro, que se conmemora el tercer jueves de noviembre para crear conciencia en las sociedades ante los niveles altos de contaminación del aire.

Quien lanzó la iniciativa en 1974 fue el editor de un periódico de Minnesota, Estados Unidos, al exhortar a las personas adictas al tabaco a dejar de fumar durante un día. Su llamado prendió en un público amplio y lo abanderó después la Sociedad Americana de Cáncer, más tarde instituciones de muchos otros países hasta ser adoptada por la OMS.

El impacto de la contaminación del aire representa una carga de morbilidad desigual porque va aumentando en todo el mundo, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios donde crece la polución por la urbanización a gran escala y el desarrollo económico que en gran medida se realiza mediante la quema de combustibles fósiles.

En todo el mundo, el 60% de los decesos relacionados con la contaminación del aire en interiores son de mujeres y niños, y más de la mitad de todas las muertes por neumonía en menores de cinco años se atribuyen a la contaminación que proviene principalmente de combustibles y sistemas de calefacción y cocción de altas emisiones, porque las tecnologías limpias para cocinar o calentar los hogares son inalcanzables para ellos.

Cifras del Banco Mundial indican que cada año la contaminación del aire representa más de 5 billones de dólares en costos de asistencia social y 225 billones en ingresos perdidos. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que si la situación no cambia para el 2060, las cargas sociales de las muertes prematuras por contaminación del aire en exteriores serían de entre 18 y 25 billones de dólares.

El aire es fuente esencial de vida para el planeta y necesita un cuidado serio. Sin este elemento no puede haber vida, pero respirarlo contaminado nos condena a una vida de enfermedad y muerte temprana. No obstante, cada persona, sociedad y gobierno puede y debe tomar medidas para reducirlo pues al fin y al cabo, todos respiramos.

Fuente: SEMARNAT 18 de noviembre de 2021

La cadena de suministro alimentario va camino de superar a la agricultura y el uso de la tierra como principal factor que contribuye a los gases de efecto invernadero (GEI) procedentes del sistema agroalimentario en muchos países, debido al rápido crecimiento impulsado por la elaboración de alimentos, su envasado, transporte, venta al por menor, consumo familiar, eliminación de desechos y la fabricación de fertilizantes, según un nuevo estudio dirigido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Factores que no están relacionados con las actividades en las explotaciones agrícolas y los cambios en el uso de la tierra suponen ya más de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono procedentes de los sistemas agroalimentarios en regiones avanzadas y su proporción se ha duplicado con creces en los tres últimos decenios en países en desarrollo.

El nuevo estudio, cuya prepublicación se puede consultar actualmente en Earth Systems Science Data Discussions, ha sido elaborado por el Estadístico superior de la FAO, Sr. Francesco Tubiello, y se basa en una serie de iniciativas recientes para cuantificar las tendencias relativas a los GEI a fin de facilitar medidas de mitigación y advertir a los responsables de la formulación de políticas sobre nuevas tendencias. Es importante señalar que la base de datos, relativa a 236 países y territorios durante el período comprendido entre 1990 y 2019 y que se actualizará anualmente, se puede actualmente consultar y utilizar fácilmente a través del portal FAOSTAT y ofrece detalles de todos los componentes de los sistemas agroalimentarios. Esto facilita la comprensión de los agricultores y los responsables ministeriales de planificación y hace que a los países les resulte más sencillo entender mejor las conexiones entre sus acciones por el clima previstas en el marco del Acuerdo de París.

Los nuevos datos determinan que el 31 % del total de las emisiones antropogénicas de GEI, esto es, 16 500 millones de toneladas, provienen de los sistemas agroalimentarios mundiales, lo que supone un aumento del 17 % con respecto a 1990, cuando la población mundial era menor. Las proporciones mundiales global están en consonancia con trabajos anteriores, que indicaban un rango de entre un 21 % y un 37 %.

En el nuevo informe, que utiliza un conjunto de datos más amplio y un enfoque más granular descrito en un resumen analítico, se constató además que las emisiones de los sistemas agroalimentarios derivadas de cambios en el uso de la tierra, como la conversión de bosques en tierras cultivables, si bien siguen siendo uno de los factores más importantes que determinan las emisiones de los sistemas agroalimentarios, disminuyeron un 25 % durante ese tiempo, en tanto que las emisiones generadas dentro de la explotación agrícola aumentaron solo un 9 %. Ello pone de manifiesto cómo factores relacionados con la cadena de suministro están impulsando el aumento de las emisiones de GEI procedentes los sistemas agroalimentarios en general.

La publicación de este nuevo conjunto de datos, que se presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) es fundamental para los debates que están manteniendo los países en la cumbre sobre el clima en Glasgow, así como para posibilitar la aplicación específica de algunas de las promesas que los países han formulado para lograr la neutralidad con respecto a las emisiones de carbono. La División de Estadísticas de las Naciones Unidas, la Agencia Internacional de Energía e investigadores académicos de la Universidad de Columbia colaboraron con la FAO en el reciente análisis.

De los 16 500 millones de toneladas de emisiones de GEI debido al total de emisiones procedentes de los sistemas agroalimentarios mundiales en 2019, 7 200 millones de toneladas procedieron de las explotaciones agrícolas, 3 500 millones de toneladas de cambios en el uso de la tierra y 5 800 millones de toneladas de procesos relacionados con la cadena de suministro.

Esta última categoría emite ya la máxima cantidad de dióxido de carbono, el parámetro clave a medida que se acumula, mientras que las actividades en las explotaciones agrícolas fueron, con mucho, los principales factores de emisión de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), si bien la descomposición de los desechos de alimentos genera cantidades considerables de metano.

Por lo que se refiere a los componentes particulares, en 2019 la deforestación fue la mayor fuente de emisiones de GEI, con 3 058 millones de toneladas de CO2, seguida de la fermentación entérica (2 823 millones de toneladas de CO2 equivalente), el estiércol de ganado (1 315 millones de toneladas de CO2 equivalente), el consumo en los hogares (1 309 millones de toneladas de CO2 equivalente), la eliminación de los desechos de alimentos (1 309 millones de toneladas de CO2 equivalente), el uso de combustibles fósiles en las explotaciones agrícolas (1 021 millones de toneladas de CO2 equivalente) y el sector de venta al por menor de alimentos (932 millones de toneladas de CO2 equivalente).

Sin embargo, en el estudio se observó que las emisiones de GEI derivadas de las fases previas y posteriores a la producción de la cadena de suministro alimentario suponían más de la mitad del total de emisiones del sistema agroalimentario en Europa y América del Norte, mientras que la cifra para África y América del Sur era inferior al 14 %.

La diferencia se acentúa a nivel de los países. Por ejemplo, los GEI derivados de sistemas alimentarios debido a cambios en el uso de la tierra fueron insignificantes en China, la India, el Pakistán, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, pero representaron el componente dominante en el Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo. Dentro de la cadena de suministro, los procesos relativos al consumo en los hogares constituyeron la principal fuente de emisiones de GEI en China y la eliminación de los desechos de alimentos fue la vía dominante en el Brasil, la República Democrática del Congo, Indonesia, México y el Pakistán, mientras que el sector minorista se impuso en los Estados Unidos, la Federación de Rusia y el Canadá. El uso de energía en las explotaciones agrícolas fue la fuente principal en el caso de la India.

Estas variaciones apuntan a posibles estrategias de mitigación diferentes así como probables tendencias en el futuro. Por ejemplo, mientras que las emisiones procedentes de los sistemas alimentarios como proporción del total disminuyeron a nivel mundial del 40 % en 1990 al 31 % en 2019, en regiones en las que predominaban sistemas agroalimentarios modernos ocurrió lo contrario, a saber, aumentaron del 24 % al 31 % en Europa y del 17 % al 21 % en América del Norte. Cabe destacar que este aumento de las emisiones estuvo impulsado por el dióxido de carbono, confirmando así el peso cada vez mayor de los procesos previos y posteriores a la producción que normalmente implican el uso de energía derivada de combustibles fósiles.

El reciente informe del IPCC es inequívoco. Muchos de los cambios climáticos que estamos viendo a nuestro alrededor son irreversibles. Aún podemos evitar los peores escenarios con medidas de descarbonización ambiciosas y dedicadas, pero los eventos climáticos más extremos y el estrés ambiental persistente ahora son inevitables.

La mala noticia es que ningún país está realmente preparado. La pandemia podría haberse enfrentado con una respuesta global coordinada, para preservar vidas y medios de subsistencia, pero en cambio reveló la fragilidad de la gobernanza global. Como consecuencia, los sistemas de salud están nuevamente bajo presión en varios países y la recuperación económica está empujando a algunas partes del mundo más rezagadas, amenazando con preservar e intensificar las profundas divisiones en nuestro mundo y socavando la capacidad de recuperación ante futuras conmociones. Lejos de reconstruir mejor, este tipo de respuesta marca el comienzo de una nueva normalidad en la que se repiten y refuerzan las crisis de salud, medioambientales y económicas.

La buena noticia es que todavía tenemos tiempo para cambiar. La pandemia ha sido una experiencia de aprendizaje brutal, pero podemos usarla para construir un futuro diferente. En el Informe sobre comercio y desarrollo (TDR) 2021 , la UNCTAD pide un mayor esfuerzo en la adaptación climática y un enfoque transformador basado en la ampliación de la inversión pública para adaptarse a las amenazas existentes y futuras y para apalancar la inversión privada hacia el desarrollo sostenible, políticas industriales verdes para diversificar economías y crear buenos puestos de trabajo, y una nueva visión de la cooperación multilateral para potenciar ese enfoque.

Los últimos 50 años han visto un aumento en los desastres naturales que ha afectado a todas las regiones, pero sus impactos económicos han sido muy desiguales. Los países de bajos ingresos han sufrido pérdidas tres veces mayores, en relación con el tamaño de sus economías, que los países de altos ingresos . La inacción persistente ha sido costosa y los costos de adaptación estimados para los países en desarrollo han aumentado considerablemente durante la última década.

Los choques económicos y climáticos se están agravando mutuamente, encerrando a los países en desarrollo en una trampa de desarrollo ecológico de perturbaciones repetidas, precariedad económica y dependencia de la deuda. Cuanto mayor sea el aumento de las temperaturas globales, mayor será el daño infligido. Con sistemas de atención médica insuficientemente financiados, una infraestructura débil, economías no diversificadas y un espacio de políticas cada vez más reducido, estos países están más expuestos no solo a choques ambientales a gran escala, sino también a un estado más permanente de tensión económica.

Las prescripciones de políticas predominantes brindan, en el mejor de los casos, solo un alivio parcial y tienden a un enfoque único para todos: fortalecen la resiliencia mejorando la recopilación de datos y la evaluación de riesgos y brindando apoyo financiero temporal cuando se materializan los choques. Pero este enfoque ignora la naturaleza sistémica del cambio climático, la imprevisibilidad de los desastres naturales y sus ciclos viciosos de desarrollo que refuerzan. Nuestro informe muestra que la adaptación es menos una cuestión de gestión de riesgos y más una cuestión de planificación del desarrollo. Las medidas de gestión de riesgos no cambian las estructuras que dejan a los países en desarrollo en un estado de vulnerabilidad permanente, se necesita una estrategia más prospectiva para la transformación económica.

Actualmente, el objetivo acordado internacionalmente de financiación climática que proporcionarán los países desarrollados a los países en desarrollo es de $ 100 mil millones por año para 2020, ahora aplazado hasta 2023, pero nuevas estimaciones muestran que ya no podemos pretender que sea suficiente. La primera evaluación de las necesidades de la CMNUCC de los países en desarrollo para implementar planes climáticos recientemente acercó el costo a un acumulado de $ 6 billones para 2030, mientras que informes anteriores de la UNCTAD estiman que $ 2.5 billones por año, durante las próximas dos décadas, es el objetivo de inversión necesario para asegurar los compromisos del Acuerdo de París, con un tercio para fines de adaptación.

Para empezar, los países del G7 pueden alcanzar el 0,7 por ciento de la meta de asistencia oficial para el desarrollo que no alcanzó en 2020, proporcionando 155.000 millones de dólares adicionales. La redistribución de los derechos especiales de giro (DEG) y la planificación de asignaciones más grandes podrían ver otro aumento de liquidez en los cientos de miles de millones para ambiciones de desarrollo. El alivio de la deuda también será necesario, en particular para los países vulnerables al clima, para evitar que los recursos se desvíen hacia un servicio de la deuda insostenible que impida una respuesta adecuada a los impactos climáticos existentes y futuros. Las donaciones y el financiamiento en condiciones favorables de los bancos multilaterales de desarrollo pueden ampliarse para la adaptación y los mercados de bonos verdes bien regulados pueden formar una parte importante de la combinación de financiamiento.

Estabilizar el clima y reequilibrar la economía mundial está en nuestras manos: es una cuestión de convicción, voluntad y liderazgo. En cuestión de días negociaremos el futuro que heredarán nuestros hijos y nietos. Si lo hacemos bien, Glasgow será recordado como el lugar donde dejamos de estancarnos y comenzamos a transformarnos.

La expansión agrícola causa cerca del 90 % de la deforestación mundial, efecto mucho más pronunciado de lo que se pensaba antes, señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) al dar a conocer los primeros resultados de su nuevo estudio mundial por teledetección.

La deforestación consiste en la conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra, como la agricultura y la infraestructura. En todo el mundo, más de la mitad de las pérdidas forestales se debe a la conversión de bosques en tierras de cultivo, mientras que casi el 40 % de esas pérdidas corresponde al pastoreo, según el nuevo estudio.

Los nuevos datos también confirman una desaceleración general de la deforestación a escala mundial, a la vez que se advierte de que las pluviselvas tropicales, en particular, están sometidas a gran presión por la expansión agrícola.

Aumentar la productividad del sector agroalimentario para satisfacer las nuevas demandas de una población en crecimiento y detener la deforestación no son objetivos mutuamente excluyentes. Más de 20 países en desarrollo han demostrado ya que es posible hacerlo. En efecto, los nuevos datos confirman que en América del Sur y en Asia se ha conseguido reducir la deforestación.

Según los nuevos datos, de 2000 a 2018 la inmensa mayoría de la deforestación registrada tuvo lugar en biomas tropicales. Pese a la desaceleración de la deforestación en América del Sur y Asia, las pluviselvas tropicales de estas regiones siguen registrando los mayores índices de deforestación.

La agricultura sigue siendo la principal causa de deforestación en todas las regiones excepto en Europa, donde el desarrollo urbano y de las infraestructuras tiene mayor repercusión, de acuerdo con el estudio. La conversión a tierras de cultivo domina la pérdida forestal en África y Asia, donde más del 75 % de la superficie forestal perdida se convirtió a tierras de cultivo. En América del Sur, casi tres cuartos de la deforestación se deben al pastoreo.

El estudio, dirigido por la FAO, se llevó a cabo mediante datos e instrumentos satelitales elaborados en asociación con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos de América (NASA) y Google y en estrecha colaboración con más de 800 expertos nacionales de casi 130 países.

Teniendo en cuenta los múltiples vínculos entre los bosques, la agricultura y la seguridad alimentaria, el nuevo Marco estratégico de la FAO orientará las iniciativas de transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

Junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la FAO ayuda a más de 60 países a aplicar estrategias de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques mediante el programa ONU-REDD.

La FAO también codirige junto con el PNUMA el Decenio sobre la Restauración de los Ecosistemas, importante oportunidad de traducir ideas innovadoras en medidas ambiciosas.

Además, en la reciente Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios se forjó una coalición entre países productores y consumidores, empresas y organizaciones internacionales para detener la deforestación y evitar los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente de la conversión de tierras para la producción agrícola.

La Asociación de Colaboración en materia de Bosques dirigida por la FAO, que agrupa a 15 organizaciones internacionales, está preparando una iniciativa conjunta orientada a invertir la tendencia de la deforestación para acelerar la aplicación de medidas y ampliar los efectos.

Hace apenas seis años, en diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU proclamó el 5 de noviembre como el Día Mundial de Concientización sobre los Tsunamis a iniciativa de Japón, uno de los países más expuestos a este tipo de desastres y que, por lo mismo, ha desarrollado sistemas de alerta temprana de esos fenómenos, de acción pública y de reconstrucción posterior para reducir los efectos futuros.

Se prevé que para 2030, el 50% de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis, lo que hace necesario adelantar planes y políticas para reducir el impacto de los tsunamis para estar en condiciones de construir una mayor resiliencia y de proteger a las poblaciones vulnerables.

Un tsunami es una serie de enormes olas creadas por una perturbación submarina generalmente asociada con terremotos o maremotos que ocurren cerca o debajo del océano, y aunque son fenómenos poco frecuentes, pueden ser extremadamente mortales.

En los últimos 100 años, 58 tsunamis han cobrado la vida de más de 260,000 personas, un promedio de 4,600 pérdidas humanas por desastre, cifra que supera a cualquier otro riesgo natural. El más devastador ha sido el tsunami del Océano Índico, ocurrido en diciembre de 2004, que causó aproximadamente 227,000 muertes en 14 países, sobre todo en Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.

México es uno de esos países, pues aunque en décadas recientes no hemos conocido de un tsunami en nuestras costas, la historia registra más de 60 tsunamis en el litoral del Pacífico mexicano en los últimos 250 años, y los estados más impactados por esos fenómenos han sido Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Cabe diferenciar los tsunamis locales en México, que se producen en nuestras costas (en su mayoría en la costa occidental) y son potencialmente peligrosos porque la inundación empieza a los pocos minutos después de haber ocurrido un sismo mayor a 6.5 grados. Existen también los tsunamis regionales que se generan en las costas centroamericanas de Colombia, Ecuador y Perú, y los tsunamis transoceánicos que se originan en la margen occidental del Océano Pacífico y tardan entre 8 y 12 horas en llegar a nuestras costas.

A decir de la Secretaría de Marina, en la historia reciente no se tiene conocimiento de que en México hayan ocurrido tsunamis tan destructivos como los de Chile (1960 y 2010); Alaska (1964); Sumatra (2004) y Japón (2011). Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que tsunamis similares puedan ocurrir en la costa del Pacífico Mexicano.

Menciona evidencias del gran terremoto de magnitud 8.4 ocurrido en 1787 en San Sixto, Oaxaca, que generó un tsunami local sumamente destructivo, y agrega que durante el siglo XVIII ocurrieron cuatro tsunamis, en el siglo XIX más de 10 y en el siglo XX más de una docena, y todos produjeron diversos daños.

Según el Catálogo de Tsunamis (Maremotos) en la Costa Occidental de México, de Antonio J. Sánchez Dévora y Salvador F. Farreras, el 25 de febrero de 1732 un sismo con epicentro cerca de Acapulco, Guerrero, destruyó algunos edificios y el tsunami que causó, con una altura de entre 3 y 4 metros, inundó la plaza principal del puerto.

El 1 de septiembre de 1754 otro sismo que se localizó cerca de Acapulco y de San Marcos, y se sintió en la Ciudad de México, generó un tsunami de entre 4 y 5 m que impactó el puerto de Acapulco. Al retirarse las aguas hacia el océano inundaron la plaza principal y afectaron algunos edificios y casas. Se considera que este tsunami fue más violento que el del 25 febrero de 1732.

El sismo del 28 de marzo 28 de 1787, de magnitud 8.4, ocurrido a las 11:30 horas, se localizó cerca de San Marcos, Guerrero, y afectó las costas de los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En la ciudad de México se sintió durante 6 minutos y provocó daños en el Palacio Nacional; en Teuchitlán, Jalisco, destruyó 3 iglesias y en la ciudad de Oaxaca se desplomaron muchos edificios.

En Acapulco la marejada más alta alcanzó una altura de 12 pies (4 m). La ola del tsunami fue observada desde Pochutla, Tehuantepec y otros asentamientos de Oaxaca.

El 3 de abril de 1787 se produjo una réplica más intensa que el sismo del 28 de marzo y causó daños de consideración en edificios como el campanario de la iglesia de San Francisco que se colapsó totalmente en la ciudad de Oaxaca. El terremoto se sintió con fuerza en la Ciudad de México y en Tehuantepec. Fue inusual el movimiento del mar en algunos lugares de la costa de Oaxaca, como Pochutla y Juquila, con un sonido amenazador asociado al sismo, y gran cantidad de peces y mariscos arrojados a la playa por olas de 4 m”.

Basten estos relatos para tener presente que en México la población costera está expuesta a los fenómenos naturales conocidos como tsunamis, por lo que es necesario prepararnos, seamos turistas o habitantes de esas regiones, donde es posible la ocurrencia de los mismos.

Fuente: SEMARNAT 05 de noviembre de 2021

Cooperación internacional con los países en
desarrollo para crear conciencia sobre los tsunamis

El Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis 2021 enfatiza la necesidad de mejoras sustanciales en la cooperación internacional con los países en desarrollo a través de un apoyo adecuado y sostenible. Dicho reto coincide con el Objetivo F de la “Campaña de las siete metas de Sendai”, a través de la cual se pretende promover la implementación del Marco Sendai, un documento para la reducción del riesgo de desastres con el fin de salvar vidas, reducir las pérdidas y mejorar la gestión de estos riesgos.

Para 2030, se estima que el cincuenta por ciento de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis. La ampliación de la cooperación internacional a los países en desarrollo ayudará a garantizar que el 100% de las comunidades en riesgo de tsunamis estén preparadas y sean resistentes a los tsunamis para 2030.

En diciembre de 2015, la Asamblea General de ONU estableció el 5 de noviembre como el Día Mundial de Concienciación sobre los tsunamis.

La creación del Día Mundial es una idea original de Japón, que, desafortunadamente, se ha visto expuesto a estos desastres en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Este país tiene una gran experiencia en áreas tales como la alerta temprana de tsunamis, la acción pública y la reconstrucción posterior a los desastres para conseguir reducir los impactos futuros. La Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres se encarga de promer la celebración del Día, en colaboración con las organizaciones relevantes del sistema de las Naciones Unidas.

¿Cuáles son los efectos de los tsunamis?

https://youtu.be/Uj6r4_CmPSQ

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha publicado su Anuario estadístico, en el que se presenta una visión exhaustiva del panorama alimentario y agrícola mundial y un resumen de los datos relativos a la alimentación, la nutrición y la agricultura.

La edición de 2021, que también se puede consultar en línea, contiene datos sobre cuatro esferas temáticas, a saber, los aspectos económicos de la agricultura, la silvicultura y la pesca; la producción, comercio y tendencias de los precios; la seguridad alimentaria y la nutrición; y la sostenibilidad ambiental. Cada capítulo parte de los últimos datos disponibles para describir, mediante el uso de texto y gráficos, las tendencias relativas a la alimentación, la nutrición y la agricultura, desde principios del decenio de 2000. Se trata de un material de referencia indispensable para responsables de la formulación de políticas, investigadores y analistas, así como personas no expertas que tienen interés por las trayectorias pasada, presente y futura de la alimentación y la agricultura.

El Anuario estadístico se renovó en 2020 con motivo del 75.º aniversario de la FAO, resaltando la importancia que la Organización concede a los datos y estadísticas como bien público mundial que ocupan un lugar central en nuestros esfuerzos por promover un desarrollo sostenible.

Por segundo año consecutivo, el anuario está disponible en formato digital con gráficos interactivos y la posibilidad de descargar conjuntos de datos. El Anuario va acompañado de un compendio estadístico de bolsillo de la FAO, que ofrece una referencia rápida y sencilla sobre los principales datos y tendencias de la alimentación y la agricultura.

La agricultura es un sector importante para la economía mundial. De hecho, el valor añadido mundial generado por la agricultura, la actividad forestal y la pesca aumentó un 73 % en términos reales entre 2000 y 2019, llegando a los 3,5 billones de USD en 2019. Y no solo eso, sino que la agricultura proporcionó empleo a 874 millones de personas en 2020, lo que suponía el 27 % de la mano de obra mundial.

En lo que respecta a la producción, la producción total de cultivos primarios aumentó un 53 % entre 2000 y 2019, alcanzando un máximo histórico de 9 400 millones de toneladas en 2019. La mitad de la producción mundial de cultivos primarios se compone de solo cuatro cultivos, a saber, caña de azúcar, maíz, trigo y arroz.

La producción de aceites vegetales ha aumentado considerablemente por el incremento de la demanda de aceite de palma, cuya producción se duplicó con creces entre 2000 y 2018. La producción de carne también registró un considerable aumento, creciendo un 44 % entre 2000 y 2019 hasta alcanzar los 337 millones de toneladas.

Pese al aumento de la cantidad de alimentos producidos, la prevalencia de la subalimentación a nivel mundial se ha incrementado notablemente entre 2019 y 2020, bajo la sombra de la pandemia de la COVID-19. Casi un 10 % de la población mundial se vio aquejado por el hambre en 2020, frente al 8,4 % registrado en 2019.

En lo que respecta al tema de la sostenibilidad ambiental, la superficie forestal disminuyó en 94 millones de hectáreas, lo que supone casi el tamaño de la República Unida de Tanzanía, entre 2000 y 2019. Prácticamente todos los países del Cercano Oriente y África del Norte presentan niveles de estrés hídrico cercanos o superiores al 100 %. Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con las tierras agrícolas disminuyeron un 2 % entre 2000 y 2019, pero las emisiones de este tipo derivadas de explotaciones agrícolas aumentaron realmente un 11 %. Alrededor del 55 % de las explotaciones están relacionadas con la ganadería.

La labor estadística ha sido una parte esencial de las actividades y el mandato de la FAO desde su fundación en 1945 y el Anuario estadístico es solo una de las series de instrumentos y publicaciones estadísticas que la Organización ofrece a los usuarios. La plataforma de datos FAOSTAT, de libre acceso, contiene la mayor base de datos estadísticos sobre alimentación y agricultura del mundo, con aproximadamente 20 000 indicadores que abarcan más de 245 países y territorios y alrededor de 2 000 000 de usuarios cada año. Otro importante instrumento que la FAO ha puesto a disposición es la plataforma RuLIS, que permite a los usuarios encontrar indicadores y datos armonizados en los distintos países y a lo largo del tiempo relativos a los ingresos rurales, los medios de vida y el desarrollo rural.

La FAO se compromete a garantizar el acceso libre a datos actuales, fiables, oportunos y de confianza necesarios para definir el rumbo hacia una agricultura más sostenible y un mundo sin hambre.

Dada la amenaza existencial del cambio climático y la necesidad de una recuperación ecológica, deberían acelerar la inversión en infraestructura energética sostenible y la creación de empleos ecológicos, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular el ODS 7, para garantizar el acceso. a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

A pesar del compromiso de 2009 de los países del G20 de eliminar gradualmente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, las principales economías aún respaldan la producción y el consumo de carbón, petróleo y gas natural con cientos de miles de millones de dólares estadounidenses cada año, dinero que sería mejor gastar en el desarrollo de bajos ingresos. alternativas de carbono y mejora de la eficiencia energética. Además de fomentar el consumo de combustibles fósiles, los subsidios a los combustibles fósiles son una forma ineficaz de apoyar a los hogares de bajos ingresos en comparación con los beneficios específicos y tienden a favorecer a los hogares más ricos que usan más combustible y energía. Además, las cargas fiscales de los subsidios reducen el margen para acciones políticas adecuadas.

Los últimos datos de la OCDE y la AIE muestran que el apoyo general del gobierno a los combustibles fósiles disminuyó en 2020, sin embargo, esto fue principalmente el resultado mecánico de la disminución de los precios y la demanda de los combustibles, ya que la pandemia de COVID-19 provocó una pausa en la actividad mundial. En el clima actual de aumento de los precios de la energía, se espera que los subsidios al consumo aumenten nuevamente en 2021, ayudados por un repunte en la actividad económica. De hecho, la AIE estima que los subsidios al consumo se duplicarán con creces en 2021 debido a los mayores precios de los combustibles y el uso de energía, junto con las dudas sobre las reformas de precios de los combustibles fósiles.

El apoyo gubernamental para la producción y el uso de combustibles fósiles en las principales economías ascendió a 351 mil millones de dólares en 2020, un 29% menos que en 2019 debido a que una caída en la actividad mundial y los precios del petróleo en niveles récord significaron que los gobiernos gastaron menos en subsidiar los costos de energía para los usuarios finales. según los últimos datos de la OCDE y la AIE. Solo el sector del transporte experimentó una caída del 15% en el apoyo debido a la caída en el uso de combustible debido a las restricciones a la movilidad durante la pandemia, según muestran los datos de la OCDE. El petróleo experimentó la caída más pronunciada en 2020, con un apoyo del 19% desde 2019.

Por el lado de la producción, los datos muestran un aumento del 5% en el apoyo directo a la producción de combustibles fósiles en 50 economías avanzadas y emergentes, parte de esto es el resultado de grandes rescates gubernamentales a las empresas estatales de petróleo y electricidad. Si este apoyo persistiera más allá del financiamiento de emergencia relacionado con COVID, se convertiría en parte de un panorama de política estructural que debe cambiar para eliminar gradualmente el apoyo a los combustibles fósiles.

Las medidas de recuperación de COVID-19 que se están implementando en todo el mundo ofrecen una oportunidad para trasladar los recursos públicos a áreas que apoyan los objetivos ambientales y climáticos. Los datos de la OCDE publicados a principios de este mes muestran que, si bien el gasto público en medidas de recuperación ecológica en 44 grandes economías se ha duplicado desde abril de 2021, solo representa el 21% del gasto total en medidas de recuperación económica de COVID-19. Del gasto anunciado hasta la fecha en la OCDE, la UE y países socios clave, el 10% se identifica como mixto o negativo para el medio ambiente.

La OCDE y la AIE producen bases de datos complementarias que proporcionan estimaciones de diferentes formas de apoyo gubernamental a los combustibles fósiles en 81 economías importantes. Estos se combinan con estimaciones del FMI en un Rastreador interactivo de subsidios a combustibles fósiles producido por la OCDE en asociación con el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS).

El análisis de la OCDE de las transferencias presupuestarias y las exenciones fiscales vinculadas a la producción y el uso de carbón, petróleo, gas y otros productos del petróleo en 50 economías de la OCDE, el G20 y la Asociación Oriental mostró que el apoyo total a los combustibles fósiles se redujo en un 10% a USD 183 mil millones en 2020 (Véase el Inventario de medidas de apoyo a los combustibles fósiles de la OCDE ).

La AIE produce estimaciones de los subsidios a los combustibles fósiles comparando los precios en los mercados internacionales y los precios pagados por los consumidores nacionales que se mantienen artificialmente bajos utilizando medidas como la regulación de precios directos, fórmulas de precios, controles o impuestos fronterizos y mandatos de compra o suministro nacionales. Al cubrir 42 economías, la AIE encuentra que los subsidios al consumo se redujeron a USD 180 mil millones en 2020, en gran parte debido a los precios de mercado más bajos, y se prevé que aumenten en un 244% en 2021 a USD 440 mil millones.

Fuente: OECD 02 de noviembre de 2021

En el primer día de noviembre celebramos el Día Mundial de la Ecología que propicia recordarnos el deber de todo ser humano de aligerar su huella ecológica para vivir en armonía con el medio ambiente que le rodea.

El término ecología lo acuñó en 1869 el biólogo alemán Ernst Haeckel (1834-1919), quien la definió como “el estudio de la interdependencia y la interacción entre los organismos vivos -animales y plantas- y su ambiente -seres inorgánicos-“, explica Luvia Milián Reyes en su Historia de la Ecología.

Con el paso del tiempo, el concepto de ecología se ha extendido más allá de los seres vivos, pues su campo de estudio incluye la relación, la interacción y el “diálogo” que todos los seres (vivos o no) guardan entre sí y con todo lo que existe.

La ecología representa un interés global, una cuestión de vida o muerte para la humanidad y para todo el planeta. Como lo plantea el reconocido científico Fritjof Capra en su libro La trama de la vida, “en las próximas décadas, la supervivencia de la humanidad dependerá de nuestra capacidad para comprender los principios básicos de la Ecología y vivir conforme a ellos”.

Hoy, cuando el planeta vive la peor crisis climática de su historia, con una degradación medioambiental sin precedentes, sabemos que nuestro futuro como especie está ligado al equilibrio en la Tierra.

En mayor o menor medida, cada ser humano altera drásticamente la vida del planeta al contaminar el aire, los ríos, los mares y la tierra; deforestar los bosques, cambiar el curso de las aguas y explotar los bosques, los mares, los acuíferos, así como depredar las especies de flora y fauna, lo que rompe el equilibrio ecológico, eleva las temperaturas, genera fenómenos atmosféricos violentos y desastres tales como sequías, ondas de calor, aumento del nivel del mar, derretimiento de glaciares, desertificación, huracanes e inundaciones, entre otros.

Habrá, por tanto, que asumir la responsabilidad de reparar el daño producido a lo largo de siglos y de proteger lo más valioso que tenemos: nuestro hogar y el de nuestros hijos, la casa de todos que es el planeta.

El mayor desafío que tenemos frente a nosotros es reducir nuestra huella ecológica, mitigar el impacto que causamos en la naturaleza con nuestra forma de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en sociedades que crecen numéricamente a la par que sus necesidades de alimentos, vestido, techo y otros bienes cuya materia prima tomamos de los recursos naturales que son finitos.

Fritjof Capra propone: “Restablecer la conexión con la trama de la vida (que) significa reconstruir y mantener comunidades sostenibles en las que podamos satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones sin mermar las oportunidades de generaciones venideras”.

Para esta tarea, dice, podemos aprender mucho de los ecosistemas, verdaderas comunidades sostenibles de plantas, animales y microorganismos. Para comprenderlos, debemos entender primero los principios básicos de la ecología; debemos, por así decir, alfabetizarnos ecológicamente.

Fuente: SEMARNAT 01 de noviembre de 2021

La segunda parte del Informe sobre el comercio y el desarrollo 2021 de la UNCTAD, describe las reformas del sistema financiero internacional para conseguir que fluyan más fondos para la adaptación climática a los países en desarrollo.

El informe pide un enfoque transformador para la adaptación climática, con economías avanzadas asegurando que las instituciones multilaterales puedan ayudar a los países en desarrollo a manejar las presiones de un clima cambiante sin comprometer sus objetivos de desarrollo.

Las estimaciones indican que los costos anuales de adaptación climática en los países en desarrollo podrían alcanzar los $ 300 mil millones en 2030 y, si se incumplen los objetivos de mitigación, hasta $ 500 mil millones para 2050. Pero la financiación actual es menos de una cuarta parte de la cifra de 2030 y el informe advierte que depender sobre la financiación privada no funcionará a gran escala ni a los países más necesitados.

El informe de la UNCTAD recomienda que las reformas se centren en lo siguiente:

Al informe le preocupa que muchas de las iniciativas de reforma que están cobrando impulso en el sistema de comercio internacional sigan minimizando las profundas divisiones y asimetrías que estructuran la economía mundial contemporánea.

Sugiere que la política comercial nacional puede, en el mejor de los casos, desempeñar un papel complementario en el logro de los objetivos climáticos, mientras que las reglas comerciales internacionales mal diseñadas obstaculizarán una transformación verde.

El espacio político ampliado con herramientas legales como exenciones y cláusulas de paz en la Organización Mundial del Comercio (OMC) puede ayudar mejor a los países en desarrollo a desarrollar capacidades para avanzar hacia los objetivos climáticos.

La UNCTAD advierte que el impulso para liberalizar el comercio de bienes y servicios ambientales beneficiará principalmente a los exportadores de los países desarrollados y limitará el espacio fiscal en los países en desarrollo.

El informe estima que los países en desarrollo y los países menos adelantados perderán 15.000 millones de dólares anuales en ingresos arancelarios si se aplica este enfoque.

Advierte contra un Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) que solo agravaría el daño del cambio climático en muchos países en desarrollo al socavar sus capacidades de exportación y hacer que la transformación estructural sea más desafiante.

La comunidad internacional podría apoyar iniciativas para transformar las normas que rigen los derechos de propiedad intelectual, ampliando las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para los países en desarrollo en relación con los bienes y servicios relacionados con el clima, por ejemplo a través de una reunión ministerial de la OMC. Declaración sobre los ADPIC y el cambio climático.

Esto podría proporcionar una base para mecanismos innovadores para promover el acceso a tecnologías verdes críticas protegidas por patentes para apoyar los esfuerzos de adaptación y mitigación.

La UNCTAD ayuda a los países en desarrollo a acceder a los beneficios de una economía globalizada de manera más justa y eficaz y los prepara para hacer frente a los posibles inconvenientes de una mayor integración económica. Proporciona análisis, facilita la creación de consenso y ofrece asistencia técnica. Esto ayuda a los países a utilizar el comercio, la inversión, las finanzas y la tecnología como vehículos para un desarrollo inclusivo y sostenible.

La primera parte del informe Trade and Development Report 2021 se publicó en septiembre.

Los bosques que forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO absorben cada año 190 millones de toneladas de dióxido de carbono presentes en la atmósfera, señala un estudio del organismo especializado de la ONU. La cifra representa aproximadamente la mitad del CO2 procedente de combustibles fósiles que anualmente se emiten en el Reino Unido.

Sin embargo, el informe también destaca que, en 10 de estos bosques, sobre un total de 257, emitieron más dióxido de carbono del que absorbieron, especialmente por la presión ejercida mediante la actividad humana y el cambio climático.

En concreto el estudio alude a la fragmentación de las tierras debida a la explotación forestal y al desbrozamiento del bosque en beneficio de la agricultura en numerosos sitios, como causas que provocan emisiones superiores a la cantidad de carbono secuestrado.

Otras causas que provocaron este fenómeno están relacionadas con el aumento en el tamaño y en la gravedad de los incendios forestales, que a menudo están relacionados con largos periodos de sequía debida al calentamiento global, y a episodios meteorológicos extremos como los huracanes que ralentizan la capacidad de absorción del carbono.

El conjunto de bosques que forman parte del patrimonio mundial ocupa una superficie total de 69 millones de hectáreas (dos veces el tamaño de Alemania) y forman un conjunto de ecosistemas ricos en biodiversidad que, además de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera acumulan grandes cantidades de carbono.

El carbono acumulado por los bosques durante siglos asciende a unos 13.000 millones de toneladas de ese elemento químico, una cifra superior a todas las reservas petrolíferas existentes en Kuwait.

La UNESCO destaca que, si se liberara a la atmósfera en forma de dióxido de carbono todo el carbono almacenado en estos bosques, esta situación supondría añadir un tercio a la cantidad de CO2 que anualmente se emite en el planeta.

El estudio insta a resguardar los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y sus paisajes próximos con una protección fuerte y una gestión sostenible que sirva para garantizar que esos bosques continúan actuando como sumideros de carbono para las generaciones futuras.

Para conseguir este objetivo, el organismo especializado de la ONU recomienda tomar medidas de atenuación y adaptación al cambio climático, así como mantener y reforzar los corredores ecológicos que permiten una mejor gestión de los paisajes.

El Informe también recomienda integrar la gestión permanente de los sitios del patrimonio mundial de la UNESCO en las estrategias internacionales, nacionales y locales relacionadas con el clima, la biodiversidad y el desarrollo sostenible, en consonancia con el acuerdo de París sobre el Clima, el marco mundial de la biodiversidad para después de 2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cualquiera que sea su utilidad para el ser humano, los demás seres vivos tienen un valor intrínseco que debe ser reconocido y respetado, sentencia la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por 111 Estados, entre ellos México, uno en contra (Estados Unidos) y 18 abstenciones, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 28 de octubre de 1982.

Los lineamientos expresados en la resolución 37/7 de las Naciones Unidas constituyen una guía moral de acción, no vinculatoria de un tratado internacional, pero que constituye un llamado a todo ser humano que “por sus actos o las consecuencias de estos dispone de los medios para transformar la naturaleza y agotar sus recursos”, por lo cual “debe reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza y conservar los recursos naturales”.

Los firmantes declaran que la especie humana es parte de la naturaleza y que la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente de energía y de materias nutritivas. Además, afirman, la civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la cultura humana e influyó en todas las obras artísticas y científicas, y la vida en armonía con la naturaleza ofrece al ser humano posibilidades óptimas para desarrollar su capacidad creativa, descansar y ocupar su tiempo libre.

Reconocen que los beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de los procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia y la diversidad de las formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando el hombre procede a una explotación excesiva o destruye los hábitats naturales.

Alertan que la competencia por acaparar recursos escasos causa conflictos, mientras que la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales contribuye a la justicia y el mantenimiento de la paz, pero esa conservación no estará asegurada mientras la humanidad no aprenda a vivir en paz y a renunciar a la guerra y los armamentos.

Los cinco principios generales de la Carta son contundentes:

Fuente: SEMARNAT 27 de octubre de 2021

El mundo gasta la asombrosa cifra de 423.000 millones de dólares de los Estados Unidos por año en subsidios a los combustibles fósiles para los consumidores: petróleo, electricidad generada por la quema de otros combustibles fósiles, gas y carbón. Esta cantidad es cuatro veces superior a la que se necesita para ayudar a los países pobres a hacer frente a la crisis climática, uno de los puntos a tratar en la conferencia mundial sobre el clima (COP26) que se celebrará la semana que viene, según una nueva investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La cantidad que se gasta directamente en estos subsidios podría sufragar las vacunas contra la COVID-19 de todas las personas del planeta o financiar tres veces la cantidad anual necesaria para erradicar la pobreza extrema en el mundo. Si se tienen en cuenta los costos indirectos, incluidos los costos para el medio ambiente, la cifra se eleva a casi 6 billones de dólares, según datos publicados recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cambio, el análisis del PNUD destaca que estos fondos, aportados por los contribuyentes, acaban profundizando la desigualdad e impidiendo la acción para combatir el cambio climático.

Los subsidios a los combustibles fósiles son ineficientes y poco equitativos. En los países en desarrollo, cerca de la mitad de los recursos públicos que se destinan a apoyar el consumo de combustibles fósiles beneficia al 20 % más rico de la población, según el FMI.

El informe, publicado antes de las próximas reuniones del G20 y la COP26, se presenta en el contexto de un creciente reconocimiento de la necesidad de reformar los subsidios a los combustibles fósiles por parte de los economistas y políticos, así como del FMI y el Banco Mundial. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, también ha hecho un fuerte llamamiento en favor de la reforma.

Para destacar los efectos enormemente negativos que tienen los subsidios a los combustibles fósiles en las personas y el planeta, el PNUD ha producido un interesante cortometraje como parte de una nueva campaña en la que uno de los animales extintos más conocidos del mundo, una dinosaurio, pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que insta a los líderes mundiales a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y a no elegir la extinción.

El principal contribuyente a la emergencia climática es el sector energético, que representa el 73 % de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la actividad humana. Las reformas de los subsidios a los combustibles fósiles contribuirían a reducir las emisiones de CO2 y beneficiarían la salud y el bienestar de los seres humanos. Son además un primer paso hacia la fijación correcta de los precios de la energía para que reflejen el costo “verdadero” y total del uso de los combustibles fósiles para la sociedad y el medio ambiente.

No obstante, el análisis del PNUD muestra que las reformas de los subsidios a los combustibles fósiles también pueden ser injustas y perjudiciales para los hogares y la sociedad si están mal concebidas. Si bien estos subsidios tienden a ser un instrumento de desigualdad, ya que la mayor parte de los beneficios se concentra en los ricos, también representan una porción importante de los ingresos de las personas pobres que, de otro modo, deben pagar por el consumo de energía. La supresión de los subsidios a los combustibles fósiles podría convertirse fácilmente en una estrategia de empobrecimiento de los ingresos y de la energía. Esto contribuye a dificultar la reforma de los combustibles fósiles y constituye un obstáculo clave para la transición hacia fuentes de energía limpias y renovables.

Teniendo esto presente, la investigación del PNUD aboga por un enfoque progresivo y gradual de las reformas. Incluye un análisis de casos de éxito recogidos en varios países de distintas regiones y ofrece un conjunto de herramientas para que los responsables de las políticas presten apoyo a las reformas de los subsidios a los combustibles fósiles y de los precios de la energía. El conjunto de herramientas permite un enfoque gradual justo y equitativo que incluye la protección de los ingresos y la compensación a los grupos menos favorecidos.

La campaña “No elijas la extinción” cuenta con una plataforma de inteligencia colectiva, Global Mindpool, para ayudar a abordar los problemas más importantes de nuestro tiempo. Vinculando ideas de todo el mundo (sobre la emergencia climática, la crisis de la naturaleza y la desigualdad) Global Mindpool apoyará al PNUD a fin de informar y preparar mejor a los responsables de las políticas en los Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.

https://youtu.be/7j3kuPLwhXM

https://youtu.be/16OqZeKkCZE

El mundo enfrenta enormes desafíos interrelacionados: la pandemia de COVID-19, el cambio climático y la pérdida de la naturaleza. Son crisis que obligan a replantear el enfoque y la comprensión del desarrollo. Mientras que los encargados de la formulación de políticas, los inversionistas y los especialistas en desarrollo de todo el mundo intentan determinar cómo embarcarse en una trayectoria de desarrollo más verde, más resiliente e inclusiva, el producto interno bruto (PIB) sigue siendo uno de los principales instrumentos para evaluar el estado de la economía. Sin embargo, el PIB no ofrece un panorama completo.

Al igual que una empresa determina su valor analizando sus ingresos y su balance general, los países deben complementar el PIB con un análisis de su cartera de activos para entender mejor la sostenibilidad de su crecimiento económico. Por sí solo, el PIB no es suficiente para salvaguardar la prosperidad. De hecho, las políticas centradas en el crecimiento del PIB a menudo buscan aprovechar al máximo las oportunidades de obtener ingresos a corto plazo a expensas de los ingresos y el bienestar futuros, entre otras cosas degradando la naturaleza en aras de obtener ganancias en el corto plazo.

El informe La riqueza cambiante de las naciones 2021 (i) es la última edición de una serie en la que se presenta el concepto de riqueza como un indicador complementario del PIB. En el documento se estudia la riqueza de 146 países entre 1995 y 2018 y se mide el valor económico del capital natural renovable (como los recursos forestales, agrícolas y oceánicos), del capital natural no renovable (como los minerales y los combustibles fósiles), del capital humano (los ingresos que genera una persona durante su vida), y del capital producido (como los edificios y la infraestructura), y los activos externos netos. Al analizar todos estos activos, que sustentan el ingreso nacional, la contabilidad de la riqueza constituye un instrumento para dar seguimiento a la sostenibilidad del progreso económico en el futuro.

Desde la última edición del informe, en 2018, se han hecho grandes avances en la manera de cuantificar la riqueza nacional. Entre otras cosas, se han agregado mediciones para el capital natural azul, como las pesquerías marinas y los manglares, y se ha aumentado el número de países incluidos, lo que hace que estas cuentas de riqueza sean las más completas disponibles. Y por primera vez, en el informe se examinan las previsiones de los efectos de riesgos futuros, como el cambio climático y la transición hacia un modelo con bajas emisiones de carbono.

Algunas noticias son buenas: a nivel mundial, la riqueza aumentó considerablemente entre 1995 y 2018, y los países de ingreso mediano están alcanzando a los países de ingreso alto, en gran medida debido al rápido crecimiento de Asia. Durante dicho período, los países de ingreso mediano alto duplicaron con creces su riqueza total.

Si bien la riqueza está aumentando en todo el mundo, en algunos países este incremento podría ir en detrimento de la prosperidad futura. Aun en un contexto de aumento del PIB, si la riqueza de algunas categorías de activos está disminuyendo, el crecimiento podría ser insostenible. La disminución de la riqueza per cápita va en contra de uno de los principios clave de la sostenibilidad: que las generaciones futuras no queden en peor situación que las actuales.

El capital natural renovable, como los bosques, las tierras cultivables y los recursos oceánicos, constituye una enorme proporción de la riqueza en los países de ingreso bajo. Este tipo de capital brinda servicios ecosistémicos clave de los que dependen las economías y los medios de subsistencia. Esto implica que, desde la perspectiva del desarrollo socioeconómico sostenible y la reducción de la pobreza, es aún más importante gestionar esta riqueza con cuidado y no agotar los activos naturales en aras de aprovechar oportunidades de aumentar los ingresos en el corto plazo.

Si bien en esta edición del informe todavía no se asigna ningún valor a la energía renovable, los activos de energía hídrica, eólica y solar podrían ofrecer una considerable riqueza a las naciones. Mejorar las políticas climáticas y energéticas, por ejemplo, asignando un precio a las emisiones de carbono, podría suscitar un rápido aumento del valor de los activos energéticos.

La transición hacia modelos con bajas emisiones de carbono plantea riesgos económicos para los países con una dependencia desmedida del capital no renovable, en particular los combustibles fósiles, y subraya la importancia de la diversificación de activos. En el informe se señala que la transición hacia un modelo con bajas emisiones de carbono podría disminuir el valor mundial de los combustibles fósiles entre USD 4,4 billones y USD 6,2 billones (es decir, entre un 13 % y un 18 %) entre 2018 y 2050. Los países pueden gestionar este riesgo reinvirtiendo la riqueza proveniente de los combustibles fósiles en otros tipos de riqueza que no dependan de las cadenas de valor de este tipo de combustibles, por ejemplo, en el capital humano.

El capital humano, que se calcula en función de los ingresos de la población a lo largo de su vida, es la fuente de riqueza más importante en el mundo, y representó un 64 % del total de la riqueza mundial en 2018. Gracias a sus mayores inversiones en el capital humano, la participación de los países de ingreso mediano en el total mundial de este tipo de riqueza ha aumentado considerablemente.

Se espera que los encargados de la formulación de políticas y otros utilicen los datos incluidos en este informe para mejorar las mediciones del progreso económico y promover políticas que mejoren las vidas de las generaciones futuras. En el informe se recogen varias recomendaciones para que dichos encargados diversifiquen y reequilibren sus carteras nacionales y las hagan más resilientes y sostenibles.

El desarrollo económico, la prosperidad de las comunidades y la naturaleza se pueden complementar entre sí; de hecho, esto es esencial si se espera que las personas prosperen en este planeta. En el informe La riqueza cambiante de las naciones (i) se brindan perspectivas, datos y análisis actualizados para ayudar a los países a enfrentar este desafío y establecer incentivos de política adecuados para generar una riqueza integral. Hacerlo ayudará a gestionar los riesgos climáticos y ambientales y a garantizar que las personas disfruten del bienestar actual, al tiempo que se sientan bases más sólidas para las próximas generaciones.