Cuando la naturaleza gime acorralada por la desertificación de sus suelos, la contaminación de sus océanos, ríos y lagos; la toxicidad de su atmósfera, la devastación de sus reservorios de biodiversidad, entre otras tragedias, necesario es decir ¡basta! y, urgente, poner un alto a nuestros insostenibles hábitos de consumo y a la inadecuada disposición final de los residuos.

Es conveniente también conocer los reportes de Global Footprint Network (GFP), una organización internacional sin ánimo de lucro que en 2003 creó un peculiar calendario útil y movible, según el país, con el objetivo de recordarnos que los recursos del planeta son finitos y que ahora mismo debemos asumir con responsabilidad el reducir nuestra huella de carbono.

¿La razón? El 27 de mayo de 2020 ese almanaque marcaba el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra (Earth Overshoot Day) porque la humanidad había consumido los recursos de los que disponía para todo el año.

El cálculo de la sobrecapacidad terrestre es una proyección teórica que se realiza a partir de dos indicadores: la biocapacidad o capacidad que tienen los ecosistemas para renovarse por sí mismos, y la huella ecológica, que mide la superficie de tierras y mares biológicamente productivos necesaria para producir todos los recursos que consume una población y absorber sus residuos.

Derrochamos con tal desparpajo los recursos naturales que para mayo del año pasado, aun con la pandemia de COVID-19 conteniendo a las personas en sus hogares sin el consumismo que representan las diversiones y los desplazamientos en automotores, entre otras actividades, hacían falta 1,7 planetas para satisfacer la voraz demanda de recursos naturales para el resto del año.

En 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó el 17 de mayo como Día Internacional del Reciclaje con el fin de generar conciencia y promover el reciclaje de todo tipo de residuos, reducir los volúmenes de desechos generados y reutilizar los materiales para así minimizar nuestra huella de carbono que es consecuencia de un consumismo desenfrenado.

Greenpeace fue la organización no gubernamental que popularizó la regla de las tres R: reduce, reutiliza y recicla, para conseguir un modelo de consumo sostenible, al considerar que si bien “el consumo de productos y servicios es un hecho normal en cualquier sociedad, el problema surge cuando dicho consumo excede ciertos umbrales y se transforma en consumismo, que tiene como consecuencias la degradación ambiental y, para los habitantes de países de economías desfavorecidas, el difícil acceso a los bienes de consumo.

El reciclaje impacta positivamente en la economía porque representa creación de empleos que a su vez generan bienestar, evita la generación de toneladas de basura, al ser infinita la cantidad de residuos reciclables: agua, latas y botellas de plástico, vidrio o metal; papel y cartón, pilas, partes de aparatos electrónicos, ropa, productos compostables como hojarasca, residuos de alimentos, muebles de madera y otras materias vegetales, entre muchos más.

A la R del reciclar se agrega la R de reducir, que significa minimizar los volúmenes de basura, y una tercera R, de reutilizar, porque muchos de los desechos que arrojamos a los contenedores o enviamos a confinamientos autorizados o clandestinos, pueden ser reutilizados, como lo es, por ejemplo, la composta que se elabora con los residuos de alimentos tanto a escala doméstica como industrial.

A las tres R les sucedió la “regla de las seis erres”, que incluye las tres primeras y otras tres: repensar, reestructurar y redistribuir, para quedar así:

Repensar nuestro modo de vida, nuestras necesidades básicas, para diferenciarlas de las prescindibles. Reestructurar el sistema económico para que, en lugar de producir bienes superfluos, se concentre en la satisfacción de las necesidades de todos. Incluir los costes sociales y ambientales en el precio final de los bienes de consumo. Reducir el consumo excesivo. Reutilizar, es decir, alargar desde su diseño hasta su uso la vida útil de los materiales. Reciclar para reincorporar al ciclo los materiales una vez finalizada su vida útil. Redistribuir, porque todos tenemos derecho a proporciones equitativas de recursos, y el planeta tiene la capacidad de satisfacernos.

Reflexionemos sobre el consumo doméstico que hacemos de la energía, del agua, de productos tóxicos, y acerca también de los residuos que generamos, ya que podemos estar contribuyendo a la destrucción de nuestros suelos, bosques, selvas, humedales, ríos, océanos y a la pérdida de nuestra biodiversidad.

Minimicemos nuestro consumo y evitemos los materiales tóxicos para contribuir a la conservación de los recursos naturales, y a generar menos contaminación y basura. Sin duda obtendremos una mejor calidad de vida.

Fuente: SEMARNAT 17 de mayo de 2021

Según un nuevo estudio del Grupo Banco Mundial, un porcentaje sorprendentemente elevado de trabajadores y empresas de las economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMED) opera fuera del campo visual de los Gobiernos, lo que supone un desafío que probablemente frenará la recuperación de estas economías, a menos que los Gobiernos adopten un conjunto integral de políticas que permitan abordar los problemas de la economía informal.

El estudio, titulado The Long Shadow of Informality: Challenges and Policies (La larga sombra de la informalidad: Desafíos y políticas), es el primer análisis exhaustivo del Banco Mundial en el que se examina el alcance de la informalidad y sus implicaciones para una recuperación económica que apoye un desarrollo ecológico, resiliente e inclusivo a largo plazo. En él se concluye que en los países emergentes la informalidad representa más del 70 % del empleo total y casi un tercio del producto interno bruto (PIB). La magnitud de esta situación reduce la capacidad de estos países de movilizar los recursos fiscales necesarios para apuntalar la economía durante una crisis, llevar a cabo políticas macroeconómicas eficaces y generar capital humano para el desarrollo a largo plazo.

En las economías que registran un alto grado de informalidad, los recursos públicos para combatir las recesiones profundas y apoyar la recuperación posterior son más limitados que en otras economías. En las EMED donde los niveles de informalidad son superiores a la media, los ingresos públicos representaron, en total, aproximadamente el 20 % del PIB, entre 5 y 12 puntos porcentuales por debajo del nivel de otras EMED. El gasto público también se redujo hasta en 10 puntos porcentuales del PIB. Asimismo, la capacidad de los bancos centrales para apoyar a las economías se ve limitada por los sistemas financieros subdesarrollados asociados a la informalidad generalizada.

La elevada informalidad socava los esfuerzos políticos para frenar la propagación de la COVID-19 e impulsar el crecimiento económico. Debido a las limitaciones en el acceso a las redes de seguridad social, muchas personas que trabajan en el sector informal no han podido quedarse en casa ni cumplir los requisitos de distanciamiento social. En las EMED, las empresas informales representan el 72 % de las empresas del sector servicios.

Los altos niveles de informalidad suelen traducirse en resultados de desarrollo más deficientes. Los países con sectores informales de mayor tamaño tienen un ingreso per cápita más bajo, más pobreza, más desigualdad de ingresos, mercados financieros menos desarrollados y niveles de inversión más bajos, y están más lejos de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

En las EMED, la informalidad varía mucho según las regiones y los países: como porcentaje del PIB, alcanza su mayor nivel en África al sur del Sahara, con un 36 %. El nivel más bajo (22 %) se registra en Oriente Medio y Norte de África. En Asia meridional y en África al sur del Sahara, la informalidad generalizada es en gran medida el resultado del reducido capital humano y el tamaño considerable de los sectores agrícolas. En Europa y Asia central, América Latina y el Caribe, y Oriente Medio y Norte de África, las fuertes cargas regulatorias y fiscales y la debilidad de las instituciones han sido importantes factores que han contribuido a la informalidad.

El estudio muestra que en las EMED se puede hacer frente a la informalidad; de hecho, aunque esta sigue siendo elevada, había mostrado una tendencia descendente durante tres décadas antes de la pandemia de COVID-19. Entre 1990 y 2018, la informalidad se redujo, en promedio, unos 7 puntos porcentuales hasta ubicarse en el 32 % del PIB. Este descenso reflejó, en parte, las reformas políticas implementadas: en las últimas tres décadas, muchos Gobiernos de las EMED han aplicado reformas políticas para aumentar los beneficios de trabajar en el sector formal o para reducir los costos de dichas actividades. Se trata de reformas fiscales, reformas para aumentar el acceso al financiamiento e iniciativas para fortalecer la gobernanza.

El estudio ofrece cinco recomendaciones generales a los responsables de la formulación de políticas de las EMED: en primer lugar, adoptar un enfoque integral, ya que la informalidad es reflejo de un subdesarrollo generalizado y no puede abordarse de forma aislada; en segundo lugar, adaptar las medidas a las circunstancias de cada país, dado que las causas de la informalidad varían considerablemente; en tercer lugar, mejorar el acceso a la educación, los mercados y el financiamiento para que los trabajadores y las empresas informales puedan ser lo suficientemente productivos como para pasarse al sector formal; en cuarto lugar, mejorar la gobernanza y el clima para los negocios, de manera que el sector formal pueda prosperar, y, en quinto lugar, simplificar la normativa fiscal para reducir el costo de operar formalmente y aumentar el costo de operar informalmente.

Durante el primer año de la pandemia, la Ciudad de México fue la única entidad federativa que mostró una alta competitividad, es decir, siguió atrayendo talento e inversión, mientras que en el otro extremo se encontraron los estados del sur como los más rezagados.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, la capital del país se ubicó en la primera posición de un ranking de 32.

Pese a la emergencia sanitaria, la Ciudad de México no perdió su primer lugar en el ICE; desde el 2001 lo ocupa.

La Ciudad de México presentó el mayor PIB per cápita (408,042 pesos por persona) y la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14,827 contratos de banca móvil por cada 10,000 adultos) y carga aérea (51,000 kilogramos por cada 1,000 personas).

Entre las razones principales que pusieron al sur en jaque, la especialista indicó que la emergencia sanitaria mermó la diversificación económica de estos estados; también se suma un rezago histórico donde se ha excluido a la región de los planes de desarrollo y crecimiento económico.

Recalcó que los cinco estados del sur tienen en promedio el menor PIB per cápita del país (87,00 pesos por persona), también el mayor rezago en inversión por población económicamente activa (45,000 pesos) y sólo 19% de las personas de 25 años o más cuentan con estudios universitarios o técnicos. También se concentra el mayor porcentaje de informalidad (71% de los trabajadores).

Sobre el proceso de evaluación y metodología del ICE, el índice está compuesto por 72 indicadores que forman 10 subíndices (tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, democracia, gestión gubernamental; e inclusión, salud y educación).

Los resultados de las entidades permiten clasificarlas en seis grupos de competitividad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja.

A partir de los resultados identificados en el ICE 2021, el Imco desarrolló algunas propuestas para que las entidades mejoren su competitividad. La primera busca que se pueda adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos locales, para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa y con ello evitar la discrecionalidad.

Se debe promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.

También se deben desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y servicios.

Se necesitan reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos; se deben crear sistemas estatales de innovación que incentiven un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes.

Por último, se tienen que aprovechar las facultades de los estados para desarrollar programas de nivelación académica ante los efectos de la pandemia.

Fuente:EL ECONOMISTA 27 de abril de 2021

En 1986 una explosión en la central nuclear de Chernóbil propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética y que ahora son los territorios de Belarús, Ucrania y la Federación de Rusia. Casi 8.4 millones de personas en los tres países fueron expuestas a la radiación.

El gobierno soviético reconoció la necesidad de la ayuda internacional sólo en 1990. Ese mismo año la Asamblea General adoptó la Resolución 45/190, llamando a “la cooperación internacional para abordar y mitigar las consecuencias de la planta nuclear de Chernóbil”. Ese fue el comienzo de la participación de las Naciones Unidas en la recuperación de Chernóbil. El grupo de trabajo interinstitucional fue creado para coordinar la cooperación de Chernóbil. En 1991, la ONU creó el Fondo Fiduciario para Chernóbil, en la actualidad bajo la dirección de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Desde 1986, el sistema de las Naciones Unidas y las principales ONG han puesto en marcha más de 230 diferentes estudios y proyectos de asistencia en los ámbitos de salud, seguridad nuclear, rehabilitación, medio ambiente, obtención de alimentos limpios e información.

En 2002 las Naciones Unidas anunció un cambio en la estrategia de Chernóbil, con un nuevo enfoque en el desarrollo a largo plazo. El PNUD y sus oficinas regionales en los tres países afectados tomaron la delantera en la aplicación de la nueva estrategia. Todavía hay mucho trabajo que hacer en la región afectada. Para prestar apoyo a los programas internacionales, nacionales y públicos dirigidos al desarrollo sostenible de estos territorios, en 2009 la ONU presentó la Red Internacional de Investigación e Información sobre Chernóbil. Las consecuencias de Chernóbil seguirán en el futuro. El trabajo de la comunidad internacional no ha terminado todavía.

El 8 de diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que designaba el 26 de abril como el Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil. En su resolución, la Asamblea General reconoció que, incluso 30 años después, “las consecuencias a largo plazo persisten y las comunidades y los territorios afectados todavía tienen demandas en relación a este problema” e invitó a “todos los Estados Miembros, los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, a que celebren el día”.

La finalización de la colocación del nuevo confinamiento seguro sobre el antiguo refugio fue un hito importante logrado en 2019, con más de 4 500 millones de euros proporcionados por más de 45 naciones donantes a través de fondos administrados por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). El nuevo confinamiento seguro fue entregado al Gobierno de Ucrania el 10 de julio de 2019. El alcance del proyecto en términos de cooperación internacional es uno de los más grandes jamás vistos en el campo de la seguridad nuclear.

Dado que las agencias de las Naciones Unidas han cambiado su perspectiva de la asistencia humanitaria a la prevención, recuperación, remediación y desarrollo de la capacidad, se adoptó un enfoque integrado del desarrollo sostenible para abordar las necesidades de las regiones y comunidades afectadas. Las agencias, fondos y programas han continuado trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania para proporcionar asistencia para el desarrollo a las comunidades afectadas por Chernóbil.

En cumplimiento a la ratificación del Acuerdo de Escazú durante los meses de febrero de 2021, la Semarnat junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizaron reuniones de coordinación para definir los trabajos de implementación del Acuerdo en México, en principio con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal y de organismos autónomos.

El objetivo del Acuerdo de Escazú es garantizar la implementación plena y efectiva en la región latinoamericana de los llamados derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, y la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

La ratificación de este Acuerdo representa para México un gran reto y compromiso, a pesar de que existen avances en nuestra legislación, en las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y autónomas que protegen los derechos de acceso, la incorporación de las disposiciones internacionales implicará la revisión y armonización de las normas nacionales y su reglamentación para hacer efectiva su aplicación.

Con su adhesión al Acuerdo, México ratifica su liderazgo y compromiso con la región latinoamericana y refuerza la garantía en la protección de los derechos de acceso como un derecho humano. El reto ahora es garantizar su pleno ejercicio, generar y asegurar los mecanismos para su adecuada exigibilidad y efectiva aplicación.

Fuente: SEMARNAT 22 de abril de 2021

El fervor de los pueblos por la Madre Tierra se pierde en la noche de los tiempos tejido con mitos y leyendas de las antiguas culturas cuyas cosmogonías trascienden hasta la actualidad en rituales y en el pensamiento colectivo.

La Madre Tierra o Diosa Madre aparece representada en figurillas del Paleolítico, y atraviesa la historia de la humanidad como un personaje recurrente en la mitología griega, romana, hindú, celta, nórdica, y también en las culturas mesoamericanas, incluida la azteca.

Los pueblos andinos la conocen como Pachamama, diosa venerada, diosa de la fertilidad. Dadora de vida, la Tierra da vida y es espacio de vida. En ella se origina la existencia de todo ser vivo, en ella nace y se reproduce generación tras generación. Subsistimos gracias a ella. Nos da alimento, nos viste y calza, nos da techo; es nuestra casa.

Milenios de veneración transcurrieron antes de que la Organización de las Naciones Unidas proclamara en 2009 como Día Internacional de la Madre Tierra el 22 de abril, adoptando la expresión común de los pueblos del mundo para referirse al planeta que habitamos los seres vivos: humanos, plantas y animales.

Esta efeméride se celebra desde 1970 con el fin de concientizar a la humanidad sobre los problemas generados por la demanda de bienes y servicios para una población creciente, la contaminación ambiental, la deforestación y la depredación de la biodiversidad, entre otros.

Aunque aún hay un largo trecho que caminar, la toma de conciencia ha llevado a la reflexión a individuos, colectivos y gobiernos. Esto se mostró en Cochabamba, Bolivia, el 22 de abril de 2010, cuando varios países latinoamericanos emitieron la Propuesta de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

Años más tarde, en vísperas del Día Internacional de la Madre Tierra, el 21 de abril de 2017, esas naciones instaron en la ONU a aprobar esa Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra, similar a la de los Derechos Humanos, y propusieron un marco jurídico que permitiera proteger los recursos naturales y asegurar el bienestar de la humanidad.

En 2017, Naciones Unidas debatió la importancia de una legislación que proteja los derechos del planeta, filosofía que sostiene que el bienestar de las personas depende de la salud de la naturaleza, en contraste con un modelo de consumo y producción insostenibles.

El organismo internacional destacó “el esfuerzo de muchos países para otorgar personería jurídica a la naturaleza y rectificar el deterioro del medio ambiente, y mencionó como buenos ejemplos los casos de Ecuador, Bolivia y la Ciudad de México”.

Parte fundamental de la conservación de la Tierra han sido individuos valientes que a riesgo de su integridad y de su vida defienden a esa Madre Tierra y sus recursos: el suelo, el aire limpio, el agua, la riqueza mineral, su flora y su fauna.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha manifestado que “no es posible preservar el ambiente sin proteger a quienes lo defienden y, en ese contexto, el Acuerdo de Escazú que entrará en vigor este 22 de abril de 2021, el Día de la Madre Tierra, “es también por ellas y ellos y, por encima de todo, busca evitar que nadie más sea amenazado, atacado o asesinado por defender el ambiente en nuestra región”.

A tres años de la adopción del histórico tratado regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, debemos celebrar su relevancia para un desarrollo más igualitario, justo y sostenible en esta región, y también que sea ejemplo para el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Han transcurrido los 90 días a partir del 22 de enero de 2021, cuando México y Argentina hicieron el depósito conjunto del primer instrumento regional jurídicamente vinculante que a partir de hoy garantiza los derechos de los defensores del medio ambiente.

Fuente: SEMARNAT 22 de abril de 2021

Cuando el mundo celebra el Día de la Tierra , la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pide que se adopten medidas urgentes a nivel mundial contra el cambio climático, que incluyen la necesidad de apoyar la educación y la sensibilización sobre el clima.

La transición hacía una economía sin emisiones de carbono requerirá nuevas competencias, formación y cualificaciones. Surgirán numerosos nuevos empleos. Otros tendrán que adaptarse. Esto hace que la educación sobre el clima sea una prioridad, para la fuerza de trabajo actual y la futura, que los países deberán abordar con urgencia.

La OIT estima que el aumento de las temperaturas a causa del cambio climático podría provocar la pérdida de 80 millones de empleos de aquí a 2030, y los países pobres serán los más afectados. La adopción de medidas ambiciosas dirigidas a combatir el cambio climático podría crear más y mejores trabajos, con un potencial de 18 millones de empleos netos para 2030, gracias a la aplicación de medidas en el sector de la energía.

Las empresas necesitarán trabajadores bien formados, que dispongan del conjunto de competencias adecuadas para reducir la intensidad de carbono de la producción. Será necesario que inviertan en preparar a sus trabajadores para un nuevo y desafiante cambio técnico y tecnológico, convirtiendo el lugar de trabajo en un lugar de aprendizaje permanente en la transición ecológica.

El diálogo social también es una herramienta esencial a fin de garantizar un cambio sin dificultades en la formación de competencias profesionales a fin de facilitar la movilidad de los trabajadores y de garantizarles protección social en un mundo del trabajo en rápida evolución.

Entre las flores más raras y enigmáticas del mundo, sobresale la Lacandonia schismática. Endémica de México y única por el conjunto de singularidades que reúne, genera las más audaces hipótesis y el mayor interés científico porque marca un hito en la historia de la evolución.

Diminuta estrella de aproximadamente 4 milímetros, cada una de seis tépalos (conjunto de pétalos y cáliz), es el descubrimiento más importante del siglo XX en botánica, ya que es una planta de características nunca vistas que posee entre sus peculiaridades:

Su descubrimiento en un restringido territorio chiapaneco (1987) mientras se desarrollaba una expedición botánica para levantamiento de flora en Mesoamérica, representó un hito para la ciencia mundial que en medio siglo no registraba descubrimiento botánico alguno.

Incluso los campesinos de la región la desconocían y el área del hallazgo se encontraron otras especies que tampoco se sabía que existieran en México. Más tarde se le ha visto en Crucero Corozal, El Corozal, Ojo de Agua de San Javier, Laguna Carranza, Laguna Miramar y Río Lacanjá.

Fuente: SEMARNAT 02 de abril de 2021

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2020, accesible a través de internet, en el que se presenta un panorama estadístico que da cuenta del desarrollo social, económico y ambiental de los países de la región a partir de la información que se encontraba disponible hasta diciembre de 2020.

Esta publicación anual contribuye a la generación de conocimiento sobre América Latina y el Caribe y, por lo tanto, constituye una referencia esencial para el análisis comparado entre países con datos estadísticos descriptivos.

El Anuario Estadístico 2020 se organiza en tres capítulos. En el primero se presentan aspectos demográficos y sociales que incluyen indicadores de población, trabajo, educación, salud, vivienda y servicios básicos, pobreza y distribución del ingreso y género. Según estos datos, la población de América Latina y el Caribe alcanzó los 654 millones de habitantes al año 2020, con una tasa de crecimiento anual del 0,8%.

El segundo capítulo presenta información económica referida a cuentas nacionales, balanza de pagos, comercio exterior e índices de precios, entre otros. El Anuario muestra que el bajo crecimiento del PIB regional de 0,1% registrado en 2019 generó una disminución en el PIB promedio por habitante, el cual alcanzó 8.361 dólares. Las diferencias entre subregiones siguen prevaleciendo; en 2019 el Caribe superaba en 23,2% el nivel del PIB por habitante de la subregión de América Latina. Las proyecciones de la CEPAL para el 2020 muestran una caída del PIB de 7,7% en la región, como resultado del impacto que tuvo la pandemia por COVID-19.

El tercer capítulo ofrece estadísticas e indicadores ambientales de la región. Destacan métricas sobre condiciones físicas, cobertura terrestre, ecosistemas, biodiversidad, calidad ambiental, tierra, recursos energéticos, hídricos y biológicos, emisiones al aire, desastres, asentamientos humanos, regulación y gobernanza ambiental.

El Anuario Estadístico se publica en versión impresa y electrónica con algunas diferencias. En la versión impresa se incluye una selección de cuadros y gráficos orientados a brindar un resumen de la información estadística desde la perspectiva regional. La versión electrónica, en tanto, incluye un mayor número de cuadros que brindan información más detallada y sobre un período histórico mucho más amplio, así como un capítulo adicional donde se explican los aspectos metodológicos y las referencias a las fuentes de los datos.

La edición de este año incluye una versión web interactiva para el usuario que facilita la navegación y el acceso a la información presentada en su versión impresa. La información que da sustento al Anuario forma parte del conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, la plataforma que da acceso a toda la información estadística actualizada de los países de la región recolectada, sistematizada y publicada por la CEPAL, y que se encuentra actualmente en un proceso de actualización tecnológica y funcional.

Dado que la mayor parte de la información proviene de las oficinas nacionales de estadística, bancos centrales, organismos internacionales y otras instituciones oficiales, la CEPAL invita a los usuarios a prestar atención a las fuentes y notas técnicas que se presentan en este trabajo. Los datos se obtienen a partir de metodologías y estándares internacionales con el fin de asegurar la mayor comparabilidad posible entre los países, por lo que estas cifras pueden no coincidir necesariamente con los datos nacionales.

https://youtu.be/lLnYq0KTlKk

Con el fin de establecer acciones de colaboración y coordinación entre los órdenes de gobierno para atender de fondo el deterioro que presentan los humedales en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo un exhorto a la autoridad local para trabajar de la mano y asegurar a largo plazo el funcionamiento de estos ecosistemas.

La dependencia solicitó su apoyo para que, el ayuntamiento en el ámbito de sus competencia, se mantenga vigilancia constante para evitar la lotificación sin autorización, se impida nuevas invasiones y se inhiba el relleno de humedales, todas ellas consideradas actividades ilícitas que se pueden prevenir.

La protección de los ecosistemas debe ser también asunto de los ciudadanos ya que la pérdida de humedales afecta a toda la población del valle de Jovel.

Asimismo, ofreció el respaldo de todo el sector ambiental en estas acciones ya que genera preocupación el rápido deterioro de estos valiosos sitios, mismos que de no realizarse acciones por parte de las autoridades, enfrentarán su pronta desaparición y, en consecuencia, la exposición de la población circundante a riesgos de inundaciones y desabasto de agua por la pérdida de función de todo el sistema, con un fuerte impacto internacional dada la relevancia de estos casi únicos humedales de montaña.

Además explicó, es sabido que San Cristóbal de la Casas posee uno de los seis humedales de alta montaña en México, los cuales son ecosistemas únicos y frágiles que se encuentran arriba de los 2000 msnm y cobran gran relevancia debido a que son depositarios de una especie de pez endémico, el “popoyote” (Profundulus hildebrandi), el cual queda en una situación vulnerable, sino se protege su hábitat.

Aunado a lo anterior, el documento explica que este lugar es refugio de aves locales y migratorias que ayudan al control de plagas y a la polinización y dispersión de semillas; además proporcionan innumerables servicios ecosistémicos al proteger a la población de inundaciones, ya que filtran el agua de lluvia a los mantos freáticos y la purifican, lo cual a su vez sirve para su recarga, protegen los suelos contra erosiones y retienen nutrientes para la flora y fauna.

Estos humedales cuentan con una designación internacional dada por la Convención Ramsar a los sitios conocidos como “Humedales de Montaña María Eugenia No. 2045” y “Humedales de Montaña La Kisst No. 1787”, los cuales son los únicos que quedan debido al avance de la mancha urbana, a pesar de que gran parte de la región de San Cristóbal de Las Casas.

Fuente: SEMARNAT 17 de marzo de 2021

El comercio mundial de plásticos supera la friolera de $ 1 billón cada año, o el 5% del comercio total de mercancías. Esto es un 40% más alto que las estimaciones anteriores e involucra prácticamente a todas las naciones.

Los nuevos conocimientos sobre la enorme extensión de los plásticos en el comercio mundial han surgido de un nuevo documento de investigación de la UNCTAD, ” Comercio mundial de plásticos: conocimientos de la primera base de datos de comercio del ciclo de vida “.

El estudio es el primer intento de mapear y cuantificar los flujos comerciales globales a lo largo de todo el ciclo de vida de los plásticos, desde las materias primas hasta los productos finales y los desechos. Utiliza un prototipo de base de datos sobre el ciclo de vida novedoso que están desarrollando la UNCTAD y el Graduate Institute de Ginebra.

El enorme valor de la industria es una bendición para quienes participan en ella, pero va en contra de los esfuerzos globales para reducir los desechos plásticos.

El enfoque del ciclo de vida permite una mejor comprensión del comercio mundial complejo y matizado que tiene lugar, desde el comercio de insumos de combustibles fósiles y polímeros plásticos vírgenes en forma de pellets de resina o fibras, hasta productos, envases y eventualmente desechos.

Las formas primarias de plásticos constituyen la mayor parte del comercio en volumen (56%), seguidas de las formas intermedias (11%), los productos manufacturados intermedios (5%), los productos manufacturados finales (21%) y los residuos (2%).

En el caso de algunos plásticos, como los textiles sintéticos y los neumáticos de caucho, hasta el 60% del volumen total de la producción mundial se comercializa a nivel internacional.

El comercio de formas primarias de plásticos tuvo un valor de $ 348 mil millones en 2018 y alcanzó unas 196 millones de toneladas métricas, lo que representa casi el 40% de la producción mundial de plástico primario. Para otras categorías, el comercio es menos significativo, con una mayor proporción producida y consumida internamente.

Según el estudio, Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Arabia Saudita y Corea del Sur son los mayores exportadores de formas primarias de plásticos.

China es el principal exportador de productos manufacturados intermedios y finales derivados, incluidos los textiles sintéticos y los envases de plástico vacíos. También es el principal importador de plásticos primarios.

La UE, Alemania en particular y los Estados Unidos, destacan como importadores y exportadores a lo largo del ciclo de vida de los plásticos.

La base de datos aún se está revisando y la publicación de los hallazgos iniciales del estudio tiene la intención de estimular la discusión que ayudará a refinarla, dicen los coautores.

Aún así, la base de datos es un prototipo que proporciona una imagen incompleta debido a los desafíos metodológicos de cuantificar el volumen y el valor de los plásticos “ocultos” en los productos comercializados internacionalmente.

Con el fin de promover la importancia de las montañas, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 2002 como Año Internacional de las Montañas, y a partir de 2003, se celebra el “Día Internacional de las Montañas” cada 11 de noviembre.

Esta conmemoración da la oportunidad de destacar cómo el cambio climático, el hambre y la migración afectan a las tierras altas. También promueve que el cuidado y protección de éstas se integre en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Dentro de las cumbres más altas de México, destacan tres “cincomiles”, es decir, montañas que superan los 5000 metros sobre el nivel medio del mar:

•Pico de Orizaba (5610 m)

•Popocatépetl (5419 m)

•Iztaccíhuatl (5201 m)

•Nevado de Toluca (4283 m)

•Cofre de Perote (4161 m)

•La Malinche (4105 m)

•Nevado de Colima (4069 m)

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y su Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano, cuenta con datos del relieve que permiten conocer aspectos como alturas, profundidades, pendientes, secciones, desniveles, volúmenes y delimitación de cuencas, con una resolución de 15 metros denominado Continuo de Elevaciones Mexicano, con el que se cubre la totalidad del país.

En cuanto a la cobertura de modelos digitales de elevación con resolución de 5 metros, se tiene una disponibilidad de 25,661 unidades de producción con modelos de superficie y del terreno, equivalentes aproximadamente al 53% del territorio nacional y se procesan con diversos fines como son: protección civil, prevención de desastres, información topográfica, programa nacional de modelos digitales de elevación, entre otros.

De esta disponibilidad de modelos (de 5 metros), 7,847 unidades de producción (17% del territorio nacional) fueron elaborados para objetivos de prevención de desastres y comprenden principalmente la zona del Golfo de México correspondiente a las llanuras costeras.

De igual manera, con este mismo fin, fueron generados 8,000 km² de cobertura territorial de modelos digitales de elevación de tipo superficie y del terreno con resolución de 3 metros de la zona potencialmente afectable por el volcán Popocatépetl para coadyuvar a las actividades de seguridad civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Adicionalmente, se dispone de 92 unidades de producción de modelos digitales de elevación con resolución de 1.5 metros, equivalentes aproximadamente a 15,180 km² generados principalmente en áreas urbanas.

Al igual que en la superficie continental, bajo el mar se presentan movimientos de las placas tectónicas, los cuales han dado origen al relieve submarino y en donde también están presentes montañas o montes submarinos. En México existen cúspides de los montes submarinos en las zonas de Guadalupe, Los Alijos, Clarión, Roca Partida, Socorro y San Benedicto, principalmente y cuya forma del relieve es determinante para la definición o delimitación de espacios marítimos.

En cuanto a los datos del relieve submarino, es posible identificar y ubicar las montañas o montes submarinos con la representación que ofrece la Carta Batimétrica de la Zona Económica Exclusiva de México en escala 1:1 000 000, que comprende la cobertura marítima nacional en 8 cartas, las cuales contienen las curvas batimétricas que representan las formas del relieve submarino, así como otra información marina, de interés.

La información digital del relieve disponible en el Sitio del INEGI (https://www.inegi.org.mx/) se genera con diferentes resoluciones y a través del procesamiento de diferentes fuentes de datos geoespaciales y métodos, con el objetivo de suministrar a la sociedad y al Estado información geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo de México.

Un nuevo informe conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Secretaría de la Alianza para las Montañas y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación destaca que aumenta el número de personas hambrientas que viven en las montañas, pese a que éstas acogen a casi la mitad de la biodiversidad mundial.

El estudio, lanzado en conmemoración del Día Internacional de las Montañas 2020 que se celebra hoy, destaca el valor social, económico y ecológico de la biodiversidad de las montañas, ya que éstas representan el 30% de las principales zonas de biodiversidad del planeta.

Aunque las montañas proporcionan entre el 60 y el 80% del agua dulce del planeta, que es esencial para el riego, la industria, la producción de alimentos y energía y el consumo doméstico, la pesquisa confirma que los ecosistemas montañosos son cada vez más frágiles debido a factores como la presión de los cambios en el uso de la tierra y el clima, la sobreexplotación, la contaminación, los cambios demográficos y otros factores.

A estos factores hay que añadirle otro elemento esencial que erosiona la vida de los habitantes de las montañas: la degradación ambiental.

Según los cálculos de la Organización unos 275 millones de habitantes de zonas rurales vulnerables a la inseguridad alimentaria viven en zonas montañosas que fueron afectadas por peligros naturales.

La Organización estima que en 2017 había 17 millones de habitantes rurales de montaña vulnerables en América Latina y el Caribe. Estos representan el 31% de la población rural de montaña y el 10% del total de la población de montaña de la región.

“En términos absolutos, se registró un aumento del número de personas vulnerables de 1,7 millones entre 2000 y 2012 y de 330 000 entre 2012 y 2017. La proporción de personas vulnerables respecto del total de la población de las montañas permaneció estable de 2000 a 2017 (12% en 2000, 11% en 2012 y 10% en 2017). La proporción respecto de la población rural total también se mantuvo estable, en torno al 30 por ciento (28% en 2000, 32% en 2012 y 31% en 2017)”, explica el estudio.

Asimismo, durante 2017, más de la mitad (un 52%) de todas las personas vulnerables de la región se encontraban en América Central (nueve millones de personas, que representan el 34% de la población rural de la subregión).

A continuación, América del Sur fue la región con el segundo número más alto de personas vulnerables con siete millones, es decir, el 26% de su población rural de montaña.

“Aunque en cifras absolutas es menor (1,5 millones de personas), las personas vulnerables estimadas en el Caribe representaban el 42% de la población rural de montaña de esta subregión”, aclara el informe.

El estudio recomendó emprender medidas de carácter urgente para hacer frente al cambio climático y eliminar la inseguridad alimentaria y la malnutrición en las zonas de montaña.

También pidió que se adoptaran políticas para mejorar la capacidad de recuperación de los ecosistemas de montaña y la promoción de los sistemas alimentarios sostenibles que apoyen la innovación, la investigación y la participación de la comunidad.

“En última instancia, el objetivo de este estudio es hacer un llamamiento a los encargados de la adopción de decisiones y otros interesados para que fortalezcan la acción cooperativa a fin de reducir la vulnerabilidad de los habitantes de las montañas, en particular las comunidades locales y los pueblos indígenas, y de los más vulnerables entre ellos, a menudo las mujeres y los niños”, según indica el estudio.

El poder de los datos se potencia cuando se asocian a su referencia geográfica, y el INEGI, que tiene el mandato de generar información estadística y geográfica, expande sus procesos de innovación para explotar fuentes de información no tradicionales, hacer más accesible la información, potenciar su uso mediante técnicas y herramientas novedosas, y avanzar en el análisis espacial.

Es por ello que presenta el Cubo de Datos Geoespaciales de México (CDGM), una herramienta que facilita el acceso, manejo y explotación de grandes volúmenes de imágenes satelitales a través de una interfaz de programación abierta y de libre acceso que permite el monitoreo de fenómenos ambientales, socioeconómicos y demográficos en México.

El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

l CDGM ofrece la posibilidad de conocer y reconocer el carácter geoespacial, temporal y sistémico de fenómenos como crecimiento poblacional, deforestación, contaminación, estrés hídrico, salud, vegetación, protección civil, alimentación, gentrificación, energías limpias, niveles socioeconómicos y movilidad, entre otros.

El CDGM hace uso de imágenes provenientes de los satélites Landsat de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y del Departamento de Geología de los Estados Unidos (USGS). Actualmente cuenta con un acervo histórico de 118,000 imágenes Landsat con sus metadatos, desde 1984 hasta abril de 2020. El 86.4% de las imágenes de este acervo tienen Nivel 1 de Calidad de la Colección 1 de la NASA.

Con el CDGM el INEGI hace frente a la creciente demanda e interés internacional y nacional por los datos satelitales para examinar la relación entre los indicadores ambientales y socioeconómicos, y aporta herramientas que apoyen la interacción entre la ciencia de la Tierra y los dominios estadísticos.

Con el CDGM México se suma a países como Australia, Suiza, Ghana y Colombia, entre otros que ya hacen uso de esta tecnología. Además, aprovecha los sistemas y herramientas tecnológicas para atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de promover y fomentar la exploración y el uso de estos datos para monitorear y apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Actualmente, el Cubo de Datos Geoespaciales de México es una herramienta que utiliza el INEGI en distintas líneas de investigación para producir información con base en imágenes de percepción remota y, por ahora, se pone a disposición de las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno que así lo requieran, para que puedan hacer uso de esta infraestructura y con ello tomar decisiones de política pública.

La Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada el 28 de octubre de 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, propone cinco principios fundamentales como guía de acción moral que induzca a reconocer el valor intrínseco de los demás seres vivos y su derecho a ser respetados, cualquiera que sea su utilidad para el ser humano.

Aunque no es vinculatoria de un tratado internacional, la Carta fue suscrita por 118 Estados, entre ellos México, y constituye un llamado a reconocer la urgencia que reviste mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza, así como conservar los recursos naturales. Contiene 24 artículos, de los cuales cinco son principios generales, ocho funciones y 11 para la aplicación de los principios.

Los principios generales hacen alusión al respeto a la biodiversidad y sus procesos esenciales, a no amenazar la viabilidad genética en la Tierra ni a las poblaciones de todas las especies silvestres y domesticadas, así como protegerlas de la destrucción que causan las guerras u otros actos de hostilidad.

Invita a los Estados a tomar en cuenta la conservación de los recursos naturales en el proceso de planificación y realización de las actividades de desarrollo social y económico, y advierte que en los procesos de adopción de decisiones no es posible satisfacer las necesidades de todos, a menos que se asegure el funcionamiento adecuado de los sistemas naturales.

Finalmente, en el apartado de Aplicación destaca la invitación a los Estados miembros a asumir su compromiso de incorporar los principios enunciados, y a las personas a actuar individual o colectivamente para alcanzar los objetivos de esta carta.

Sin duda, la Carta Mundial de la Naturaleza contiene principios que todo gobierno y ser humano debemos asumir. En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales asume el compromiso de proteger los bienes naturales con una visión de cuidado y conservación de la vida.

Fuente: SEMARNAT 28 de octubre de 2020

Este día se celebra, por tercera ocasión, el Día Mundial de la Estadística con el lema “Conectando al mundo con datos confiables”, el cual se realiza cada cinco años, organizado bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con la participación de más de 140 Estados miembros de dicha comisión, así como de organizaciones internacionales y regionales.

La consigna que promueve la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, los datos oficiales, la innovación y el bien público que generan los sistemas estadísticos nacionales.

En México, el INEGI es el organismo constitucional autónomo del Estado mexicano que, además de ser el principal productor de estadísticas oficiales del país, coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

La fortaleza institucional del INEGI es fundamental para mantener la credibilidad en la medición de la realidad mexicana y esto es posible gracias a 5 pilares que rigen su actuar: autonomía; objetividad y rigurosidad técnica; principios y buenas prácticas; transparencia y rendición de cuentas y participación de la sociedad.

El INEGI tiene como mandato brindar a la sociedad y al Estado información estadística confiable, de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales, generada y difundida libre de presiones de grupos de interés, que sirva de fundamento para la toma de decisiones basadas en evidencia.

Aplicar las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como utilizar metodologías científicamente sustentadas, permite la comparabilidad internacional de la información y da la oportunidad a nuestro país de estar conectado con el mundo.

Actualmente, el Instituto cuenta con información estadística que permite el análisis de una gran variedad de fenómenos sociales y económicos tales como: población, ocupación y empleo, ingreso y gasto de los hogares, migración, salud y nutrición, victimización, percepción de inseguridad, corrupción, gobierno, igualdad de género, competitividad, evolución de las actividades económicas, comportamiento de precios, ciclos económicos, inclusión financiera, bienestar subjetivo, movilidad social, medio ambiente, uso de las tecnologías de la información, entre otros.

Asimismo, el INEGI mantiene el compromiso de atender las necesidades de información de los usuarios para responder de manera rápida y eficiente a nuevas demandas de información, así como a necesidades coyunturales que permitan prevenir y en su caso atender emergencias o catástrofes.

Tal es el caso de la pandemia por el COVID-19, en donde el Instituto tuvo que innovar en procesos alternativos de captación para seguir ofreciendo información pertinente a la sociedad y amplió su oferta de productos para poder medir el impacto de esta emergencia sanitaria en la actividad económica y el mercado laboral.

Por todo lo anterior, el Instituto contribuye a la comunidad estadística internacional contando con información estadística confiable y comparable para conocer los fenómenos que acontecen, comprender nuestro mundo y aportar al progreso de nuestras sociedades.

Y convoca a la sociedad a continuar contribuyendo a la generación de esta información participando como informantes de los distintos programas y a través de las consultas públicas, asimismo a seguir utilizando la información estadística para la toma de decisiones.

El INEGI presenta los resultados de la undécima edición del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020 que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario y medio ambiente, así como justicia cívica (únicamente para el caso de la Ciudad de México), con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Administración Pública Estatal

Al cierre de 2019, 2 091 865 servidores públicos se encontraban adscritos a las 1 998 instituciones de las administraciones públicas estatales. De ellos, 56.5% eran mujeres y 43.5%, hombres.

Respecto del presupuesto que ejercieron los gobiernos estatales, a nivel nacional se reportó un total de 1 528 593 millones de pesos. De ellos, 41.0% se ejerció en Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (capítulo 4000).

Durante 2019, se realizaron 228 497 524 transacciones (solicitudes) por las personas (físicas y morales) ante las instituciones de las administraciones públicas estatales, de las cuales, Consulta médica fue la de mayor frecuencia con 25.2% del total.

En materia de protección civil, al cierre de 2019, 26 de las 32 entidades federativas contaron con un Plan o Programa de Protección Civil mientras que 24 entidades reportaron tener un Plan de Emergencia o de Contingencia.

En cuanto al ejercicio de la función de control interno a nivel nacional, durante 2019 se iniciaron 51 833 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. De acuerdo con el origen de la investigación, 45.2% provino de una queja y/o denuncia.

Al cierre de 2019, 17 entidades federativas contaron con un Plan o programa anticorrupción.

Seguridad Pública

Durante 2019, a nivel nacional se registraron 12 785 150 llamadas procedentes mediante los sistemas de emergencia 911, 066, 089 u otros.

En el mismo periodo, se reportaron 1 401 724 intervenciones policiales realizadas. De ellas, 34.1% (477 mil 535) correspondió a presuntas faltas cívicas.

Respecto de los delitos registrados en las intervenciones policiales realizadas en las entidades federativas durante 2019, la cifra nacional fue de 226 150, de los cuales, 93.0% correspondió a delitos del fuero común y 7.0% a delitos del fuero federal.

Con relación al aseguramiento de armas, narcóticos y vehículos, durante 2019 se reportaron 272 050 armas aseguradas, de las cuales 74.2% fueron Cartuchos. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, Cannabis sativa, indica o mariguana fue el principal tipo de narcótico con 190 039.7 kilogramos. Por su parte, se reportaron 40 037 Vehículos asegurados. De ellos, 53.1% presentó reporte de robo.

Sistema Penitenciario

Al cierre de 2019, se reportaron 241 centros penitenciarios. En ellos se contó con una capacidad instalada de 158 994 espacios (camas útiles). Por su parte, el número de centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes fue de 47, en los cuales se reportaron 6 mil 730 espacios (camas útiles).

Durante 2019, ingresaron 102 700 personas a los centros penitenciarios y 1 452 más a los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes a cargo de las entidades federativas. Del total de esta población, 92.6% eran hombres y 7.4% eran mujeres.

En el mismo periodo egresaron 92 57 personas de los centros penitenciarios, y 1 304 más de los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de egresos, 92.7% fueron hombres y 7.3% fueron mujeres.

Al cierre de 2019, se encontraban privadas de la libertad 155 400 personas en los centros penitenciarios y 1 322 adolescentes internados en los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de esta población, 94.7% eran hombres y 5.3% eran mujeres.

Medio Ambiente

Con relación a la aplicación de programas por parte de las administraciones públicas estatales, durante 2019, Biodiversidad y ecosistemas fue la materia de mayor frecuencia al registrar 139 programas aplicados.

El CNGSPSPE se realiza desde 2010 y la presente edición cuenta con 111 cuadros estadísticos organizados en 14 apartados conforme a la siguiente estructura temática: 1) Estructura organizacional y ejercicio de la función de gobierno; 2) Trámites y servicios; 3) Protección civil; 4) Catastro; 5) Transparencia; 6) Control interno y anticorrupción; 7) Defensoría pública o defensoría de oficio; 8) Servicios periciales; 9) Administración de archivos y gestión documental; 19) Planeación y gestión territorial; 11) Seguridad pública; 12) Sistema penitenciario; 13) Medio ambiente; y 14) Justicia cívica.

En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza. Por ese motivo, debemos dejar de pensar que este problema es exclusivamente una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.

Las personas que viven en la pobreza experimentan muchas privaciones interrelacionadas que se refuerzan mutuamente, inmpidiéndoles ejercer sus derechos y perpetuar su pobreza, entre ellas:

Este año marca el 27º aniversario de la declaración del Día Internacional por parte de la Asamblea General, en su resolución 47/196 de 22 de diciembre de 1992. A su vez, 2020 marca el 32º aniversario del llamamiento a la acción del Padre Joseph Wresinski – que inspiró la celebración del 17 de octubre como el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema y que, 5 años después, conllevaría el reconocimiento por las Naciones Unidas del día como el Día Internacional para la Erradicación de la pobreza.

Actuar juntos para lograr justicia social
y medioambiental para todas las personas

Este año, el tema del día internacional aborda el desafío de lograr la justicia social y medioambiental para todas las personas. El creciente reconocimiento de la multidimensionalidad de la pobreza significa que ambos elementos están inseparablemente entrelazados, y que la justicia social no puede realizarse plenamente sin abordar simultáneamente y de manera drástica las injusticias medioambientales. Aunque se ha avanzado en la lucha contra la pobreza en el ámbito de los ingresos, se han tenido menos en consideración, en el marco de un enfoque más global, otras dimensiones importantes de la pobreza como el creciente impacto medioambiental.

Las personas que viven en la extrema pobreza, a menudo por pura necesidad, son las primeras en actuar de manera concreta dentro de sus comunidades en respuesta a la misma, al cambio climático y los desafíos medioambientales. Sin embargo, sus esfuerzos y su experiencia suelen pasar desapercibidos y no se aprecian; no se toma en consideración su capacidad para contribuir positivamente a la búsqueda de soluciones; no se les reconoce como impulsores del cambio y sus voces no se escuchan, especialmente en los órganos internacionales.

Pero esto tiene que cambiar. La participación, los conocimientos, las contribuciones y la experiencia de las personas en situación de pobreza y a quienes se deja atrás deben ser valoradas, respetadas y se deben reflejar en nuestros esfuerzos por construir un mundo equitativo y sostenible en el que haya justicia social y medioambiental para todas las personas.

Todos pueden unirse a la campaña en las redes sociales utilizando el hashtag #EndPoverty o #AcabarConLaPobreza y conectarse con personas de todo el mundo que se han unido a la lucha para superar la pobreza. Además del acto conmemorativo que se celebrará en Nueva York el 17 de octubre, se están organizando conmemoraciones del día internacional en todo el mundo.

Nunca antes hubo tanta información disponible sobre la naturaleza de México en manos de la sociedad. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) lanza la aplicación para teléfonos y dispositivos móviles: EncicloVida. Con esta aplicación gratuita para equipos Android y iOS puedes acceder a toda la información disponible de más de 100 mil especies de plantas y animales que viven en México, en la palma de tu mano.

Esta aplicación surge de la plataforma EncicloVida www.enciclovida.mx, que junta la información que la CONABIO, con miles de colaboradores de cientos de instituciones mexicanas y extranjeras, ha reunido en los últimos 28 años en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB). Más de 13 millones de registros geográficos de más de 106 mil especies que viven en nuestro país.

Se trata de una app dinámica que actualiza su información constantemente. Contiene información de estás más de cien mil especies: sus nombres comunes, sus nombres científicos actuales y pasados, distribución, estado de conservación, fotografías, y clasificación. También puedes hacer búsquedas de las especies endémicas, exóticas y en riesgo, de tu grupo favorito de plantas o animales. ¡Tendrás un biólogo de bolsillo!

La app EncicloVida es la versión móvil de la plataforma EncicloVida. Usarla es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es realizar la búsqueda de la especie por el nombre común, el nombre científico, en español, inglés o hasta en lenguas indígenas. En segundos, se crea una página web con fotografías, mapa de distribución con registros de colecciones científicas y de ciencia ciudadana.

También puedes hacer búsquedas por estado y por municipio y encontrar cuáles son las especies cercanas a tu localidad. Puedes conocer a todas las especies en riesgo, a las endémicas y a las exóticas. La plataforma está en constante evolución para añadirle más funciones. Y si quieres colaborar, hay una pestaña de comentarios, que permite enviar sugerencias sobre distintos temas, la cual es constantemente revisada por los especialistas del grupo en cuestión.

La participación de la sociedad es indispensable para resolver los problemas ambientales de la actualidad. Apropiémonos del conocimiento de la naturaleza de México y contribuyamos juntos en la solución de la crisis de la biodiversidad para mejorar nuestra calidad de vida.

Fuente: CONABIO 13 de septiembre de 2020