El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2020, con el objetivo de proveer información acerca del valor económico de las horas de trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados.

Esta publicación permite dimensionar de manera más precisa el aporte que los hogares y, en especial las mujeres, hacen a la economía nacional, al presentar la producción de los servicios del hogar no medidos en la contabilidad nacional.

Principales resultados

En 2020, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados realizadas por la población de 12 y más años de edad reportó un monto de 6.4 billones de pesos, equivalente a 27.6% del PIB del país. De este monto, las mujeres contribuyeron con 73.3%, mientras que los hombres lo hicieron con 26.7%, es decir, las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres.

Las actividades que presentan la mayor contribución al valor económico del trabajo no remunerado de los hogares corresponden a los cuidados y apoyo con 27.9%, seguido de la actividad de proporcionar alimentos con 21.8% y las actividades de limpieza y mantenimiento de la vivienda que contribuyen con 20.7 por ciento.

Durante 2020 se presentó un aumento de horas en las labores domésticas y de cuidados, así como una disminución en las actividades que requieren de traslados fuera del hogar.

Las actividades que presentaron mayor crecimiento en horas fueron cuidados de salud dentro del hogar con 9.4%, seguido de la limpieza y mantenimiento de la vivienda con 7.5%, las actividades de apoyo a otros hogares con 7.3% y las tareas de alimentación con 4.8 por ciento.

En contraste, las actividades de trabajo voluntario disminuyeron 13.8%, seguido de los cuidados generales, ayuda escolar y apoyo (incluye traslados y acompañamiento) que retrocedieron 6.2%, y las compras y administración del hogar que se redujeron 3.6 por ciento.

El valor económico neto per cápita reportó un incremento de 11.1% respecto a 2019 y alcanzó los 49 437 pesos por persona. Cada mujer realizó trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalentes a 69 128 pesos anuales, mientras que cada hombre realizó actividades similares equivalentes a 27 175 pesos.

Como parte de estudios complementarios, se observa que el valor de las labores domésticas y de cuidados no remunerados realizados por niños de entre 5 y 11 años de edad reportó un monto equivalente a 0.5% del PIB del país: 51.4% fue aportado por niñas y 48.6% por niños.

El valor económico del trabajo no remunerado en la producción de bienes para autoconsumo reportó un monto equivalente a 1.4% del PIB nacional, el cual es realizado en 56.7% por hombres y en 43.3% por mujeres.

Los hombres destinaron 5.8 horas semanales en la producción de bienes para autoconsumo, mientras que las mujeres destinaron 4.6 horas. Cada niña de entre 5 y 11 años destinó en promedio 5.5 horas a la semana a las labores domésticas y de cuidados del hogar, mientras que los niños colaboraron con 5.1 horas en el mismo periodo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

Al cierre de 2020, se reportó que 20 720 servidoras y servidores públicos estaban adscritos a las 65 unidades de la Fiscalía General de la República, de los cuales 56.8% fueron hombres y 43.2% mujeres. Comparado con 2019, la cantidad de personal disminuyó 0.9% en 2020. En relación con las características que presentó dicho personal, se destaca que 22.9% percibió un ingreso bruto mensual entre 30 001 y 35 000 pesos.

-En el mismo periodo se reportaron 191 Fiscalías de la Fiscalía General de la República. En tanto, el personal total adscrito a las Fiscalías fue de 12 415 servidoras y servidores públicos, de los cuales 56.5% fueron hombres y 43.5% mujeres. De acuerdo con el cargo, 24.2% fueron fiscales, cifra que en contraste con 2019, aumentó 2.7 por ciento.

-Durante 2020, se reportaron 81 personas fallecidas en el cumplimiento de la función de procuración de justicia, de las cuales 91.4% fueron hombres y 8.6% mujeres. Respecto a la causa de fallecimiento 86.4% correspondió a causas naturales, 9.9% falleció por homicidio y en 3.7% no se identificó la causa. Durante 2020, 41 servidoras y servidores públicos fallecieron por COVID-19. La mayoría de este personal se desempeñó como fiscales y policías ministeriales.

-Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 78 482 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 20.2% en 2020.

-Al cierre de 2020, quedaron pendientes de concluir 55 004 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 0.9% en 2020.

-En relación con los delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, en 2020, a nivel nacional se registraron 78 482 (19 correspondieron al Sistema Tradicional y 78 463 al Sistema Penal Acusatorio). Esta cifra representó una disminución de 20.2% respecto a lo registrado en 2019. Los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los más frecuentes al concentrar 18.4% del total nacional.

-Durante 2020, la cantidad de vehículos terrestres asegurados por la Fiscalía General de la República fue de 10 321. En el mismo periodo se aseguraron 18 582 armas de fuego: 11 512 (62.0%) eran cortas y 7 070 (38.0%) largas. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, los principales fueron cannabis sativa, indica o mariguana y cocaína.

-Durante 2020, se abrieron 4 757 expedientes en materia penal para adultos y justicia para adolescentes por el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En comparación con lo reportado en 2019, la cantidad de expedientes abiertos disminuyó 37.1 por ciento. En el mismo periodo se concluyeron 1 301 expedientes, que respecto a 2019, disminuyeron 22.9% en 2020. Finalmente, 937 expedientes permanecieron pendientes al cierre de 2020; esta cifra representó una disminución de 33.5% en comparación con 2019.

Los resultados del CNPJF 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía pone a disposición de los usuarios, información sobre los trabajadores voluntarios que colaboran en las asociaciones sin ánimo de lucro, con la finalidad de promocionar su aporte significativo y solidario en el marco del día internacional de los voluntarios, que se conmemora desde 1985 por invitación de la Organización de las Naciones Unidas.

La información de este documento se refiere al año 2020, donde se observó una participación de 1 786 578 voluntarios que, de acuerdo con la CSISFLM, se componen en un 39.3% por mujeres, y en un 60.7% por hombres.

De acuerdo con la vocación de las organizaciones a las que apoyan, 28.4% de los voluntarios se involucra en las tareas del culto religioso, mientras que en el grupo de los servicios sociales que incluye asilos, casas hogar, orfanatos y otros hogares de acogida participa 20.4 por ciento de los voluntarios.

El 15.8% del voluntariado participa en las asociaciones de desarrollo y la vivienda; 11.7% participa en el grupo de las asociaciones empresariales y profesionales, donde se incluyen los sindicatos. Diez de cada 100 voluntarios apoyan en el cuidado y preservación de la salud; 6.6% colaboran en asociaciones que se dedican a la enseñanza y la investigación, y en las actividades de cultura y recreación como los museos, casas de cultura y centros recreativos se involucra el 3.0 por ciento.

La participación por sexo del voluntariado en los grupos de actividad es diferenciada; por ejemplo, en el año 2020 en el voluntariado de las iglesias las mujeres representan 52.2%; en las de enseñanza e investigación ellas significan el 50.6%; y en las organizaciones de derechos, promoción y política su participación alcanza 42.7%. En el caso de los hombres, destaca su participación en las asociaciones empresariales y profesionales con 77.2%; en la cultura y recreación aportan el 70.7%; en los servicios sociales son 68.5%; en las de desarrollo y vivienda de cada 100 voluntarios, 64 son hombres; y finalmente son 61.8% en las tareas de las ISFL dedicadas a la salud.

El valor económico del trabajo voluntario

Otra variable de importancia que dimensiona el aporte que significa el trabajo voluntario para las organizaciones es el valor económico de su esfuerzo que contribuye al bienestar de la sociedad. En 2020, este valor fue de 126 203 millones de pesos; 56.7% corresponde a la labor de los hombres y 43.3% es aportado por las voluntarias.

De esta manera, cada voluntario contribuye con el equivalente a 70 640 pesos anuales en las organizaciones sin ánimo de lucro. Por grupo de actividad destaca el aporte en las organizaciones de enseñanza e investigación con casi 121 mil pesos anuales por voluntario; y en las tareas de derechos, promoción y política con 111 862 pesos; en la cultura y recreación cada persona voluntaria aporta 33 672 pesos anuales, y en la salud 43 211 pesos.

Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

El Día Mundial del No Uso de Plaguicidas fue instaurado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, en conmemoración de la muerte de más de 16 mil personas en Bophal, India, ocurrida en 1984 por la fuga de 27 toneladas de gas tóxico metil isocianato, utilizado para la fabricación de plaguicidas.

Este suceso generó un movimiento internacional conformado por más de 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas (Pesticide Action Network), creada para levantar la voz y exigir la prohibición del uso de pesticidas, así como llamar a la reflexión.

Hoy, a más de 36 años de ese lamentable suceso, a nivel mundial, muchas organizaciones, organismos gubernamentales y científicos trabajan para hacer posible la eliminación y distribución de sustancias venenosas que son usadas para producir los plaguicidas en los distintos países donde son comercializados y vendidos.

En el caso de México, el gobierno federal realiza un esfuerzo para eliminar gradualmente el uso del glifosato, herbicida altamente dañino al medio ambiente y al ser humano, mediante acciones encaminadas hacia la transformación del sistema agroalimentario del país con el fin de lograr alimentos seguros y un medio ambiente sano.

El glifosato es utilizado para eliminar hierbas en terrenos agrícolas o en jardines. En México está inscrito ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) bajo más de 150 registros, y se comercializa en marcas como Roundup® y Faena®, que son las más comunes.

Hay evidencia científica acerca de la toxicidad de este herbicida que demuestra los impactos a la salud humana y al ambiente. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo reclasificó como probable carcinógeno para los humanos.

Ante estas evidencias científicas, el 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto para establecer las acciones para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.

El decreto indica que, a partir de su entrada en vigor y hasta el 31 de enero de 2024, se establece un periodo de transición para lograr la sustitución total del glifosato.

Sin duda con la publicación de este Decreto, nuestro país camina hacia la preservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos seguros para la salud humana y el medio ambiente.

Fuente: SEMARNAT 03 de diciembre de 2021

El Día internacional de las personas con discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, con el propósito de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como para concientizar sobre su situación en la vida política, social, económica y cultural.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta algunos indicadores de las personas con discapacidad y/o algún problema o condición mental, usando datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020) En el censo se utiliza la metodología del Grupo de Washington que define a la persona con discapacidad como aquella que tiene mucha dificultad o no puede realizar alguna de las siguientes actividades de la vida cotidiana: caminar, subir o bajar; ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; bañarse, vestirse o comer; recordar o concentrarse y hablar o comunicarse; además incluye a las personas que tienen algún problema o condición mental.

Prevalencia de la población con discapaacidad y/o problema o condición mental
internacional de las personas con discapacidad

De acuerdo con los datos del Censo 2020, para el 15 de marzo de 2020 en México residían 126 014 024 personas; la prevalencia de discapacidad junto con las personas que tienen algún problema o condición mental a nivel nacional es de 5.69% (7 168 178). De éstas, 5 577 595 (78%) tienen únicamente discapacidad; 723 770 (10%) tienen algún problema o condición mental; 602 295 (8%) además de algún problema o condición mental tienen discapacidad y 264 518 (4%) reportan tener algún problema o condición mental y una limitación.

Las entidades con la menor prevalencia son Quintana Roo (4.34%), Nuevo León (4.60%) y Chiapas (4.63%); mientras que Oaxaca (7.22%), Guerrero (6.78%) y Tabasco (6.71%) reportan las prevalencias más altas. Las mujeres (5.79%) tienen una prevalencia ligeramente mayor que los hombres (5.59%); en casi todas las entidades se repite este patrón, con excepción de Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.

Afiliación a servicios de salud

El artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala el derecho a contar con servicios de salud.

Según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2020, a nivel mundial no se está alcanzando la meta sobre la cobertura sanitaria universal. El Programa Sectorial de Salud 2019-2024 tiene como objetivo prioritario el acceso efectivo, universal y gratuito a la salud para las personas que no cuentan con afiliación a las instituciones de seguridad social. En México, 76% (5 426 553) de las personas con discapacidad y/o problema o condición mental cuenta con afiliación a servicios de salud, porcentaje mayor a 74% (87 147 740) que tiene la población sin discapacidad.

Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

La inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. También es una cuestión clave para cumplir con la promesa de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común.

La Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad constituye la base de un progreso sostenible y transformador hacia la inclusión de la discapacidad en todos los pilares de la labor de las Naciones Unidas. Con esta estrategia, las organizaciones del sistema de la ONU reafirman que la realización plena y completa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Tomando como base muchos años de trabajo de las Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PDF), aprobada en 2006, ha avanzado aún más los derechos y el bienestar de estas personas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros marcos de desarrollo internacionales, como el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria (EN), la Nueva Agenda Urbana (PDF), y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo (EN).

América Latina y el Caribe (ALC) es la región más afectada por la pandemia del COVID -19, y los avances socioeconómicos de las últimas décadas corren el riesgo de ser revertidos por la crisis. Las estrategias de recuperación deben incluir reformas bien secuenciadas que promuevan sistemas universales de protección social, aceleren la formalización de las economías, mejoren la progresividad fiscal y profundicen la integración regional, dice el informe Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación.

Según esta decimocuarta edición del informe, ALC experimentó una desaceleración económica histórica en 2020. El producto interno bruto (PIB) de la región se contrajo en torno al 7%. A pesar de un aumento de alrededor del 6% en 2021, no se espera que su PIB per cápita vuelva a los niveles anteriores a la crisis antes de 2023-24. El impacto de la crisis ha sido asimétrico, afectando especialmente a los grupos más vulnerables. Como resultado, los niveles de pobreza y pobreza extrema están en su punto más alto en los últimos 20 y 12 años, respectivamente.

Aunque el informe reconoce los considerables esfuerzos realizados por los países de la región para proteger durante la pandemia a los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, los jóvenes y los ancianos, también destaca que cerca del 40% de los trabajadores no tenían protección social cuando comenzó la crisis. Esto se debe en gran medida a que, en promedio, más del 50% de los trabajadores de la región trabajan de manera informal. Avanzar hacia sistemas de protección social universales es fundamental para proteger a los más necesitados en el contexto post-pandémico.

Según el LEO, una recuperación sólida e inclusiva requiere una mayor integración productiva en sectores estratégicos, entre ellos el automotriz, el farmacéutico, el de las energías renovables, la economía circular y la agricultura sostenible. También exige una respuesta fiscal holística urgente: una mayor progresividad del sistema tributario, un mayor cumplimiento fiscal, una administración tributaria más eficiente y la eliminación de los gastos tributarios ineficientes. La reducción de la evasión y la elusión fiscal, así como la eliminación de algunos gastos tributarios que representan cerca del 4% del PIB podrían aumentar los ingresos y la equidad, sin comprometer la recuperación económica.

El LEO 2021 destaca que sólo el 38% de los ciudadanos confió en sus gobiernos en 2020, frente al 45% de 2010. El descontento social sigue siendo una de las principales preocupaciones, como lo evidencian las protestas en algunos países de la región. Además, la satisfacción con los servicios públicos, incluidos la educación y la salud, disminuyó notablemente durante la pandemia. En el caso de la educación, se redujo del 66%, en 2019, al 53%, en 2020. Como respuesta, el informe explora acciones de política para repensar el contrato social en la región, sugiriendo cuatro principios para guiar un proceso que genere amplios consensos: conciliar los intereses de todas las partes; contextualizar para adaptar a las circunstancias; compensar a los más afectados por las reformas; y comunicar bien el impacto de las mismas.

La publicación también destaca el papel de la cooperación internacional para facilitar el avance hacia estos nuevos modelos de desarrollo y de un nuevo contrato social en la región. Las respuestas nacionales a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis deben ir acompañadas de alianzas renovadas para la recuperación que sitúen la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar en su centro. El diseño de la gestión internacional de la deuda, prestando especial atención a las características de cada país (en particular a los retos que enfrentan los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de los países del Caribe), es esencial para el éxito de la recuperación.

El LEO ha sido elaborado conjuntamente por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Europea.

Las granjas familiares representan el 90 % de todas las explotaciones agropecuarias del mundo, abarcando un amplio abanico de sistemas de producción y pueblos, y su prosperidad es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (fin de la pobreza), 2 (fin del hambre) y 10 (reducción de las desigualdades).

A tal fin, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha establecido una plataforma técnica para la agricultura familiar, con el objetivo de fomentar la innovación y el intercambio de información entre regiones.

Hay más de 500 millones de explotaciones familiares en el mundo y, además de producir el 80 % de los alimentos a nivel mundial, muchas de ellas pueden desempeñar, y de hecho lo hacen, un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y representan el primer paso para la transformación rural.

La FAO está poniendo en marcha cinco plataformas técnicas, cada una de ellas de alcance mundial y coordinada por una de las oficinas regionales de la FAO, para acelerar la adopción de innovaciones mediante el intercambio de experiencias y conocimientos.

La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe coordinará la Plataforma técnica regional para la agricultura familiar con arreglo a la experiencia acumulada en la región en materia de políticas públicas, instrumentos normativos, marcos jurídicos, programas nacionales y el capital institucional.

La Plataforma, establecida por la FAO como un nuevo bien público mundial, pone a disposición de gobiernos, organizaciones de agricultores, la comunidad científica, encargados de la adopción de políticas, el sector privado y todas las partes interesadas en el desarrollo rural un conjunto de instrumentos innovadores para el intercambio de experiencias y conocimientos especializados.

Al movilizar los conocimientos, la experiencia y las mejores prácticas existentes en todo el mundo, y fomentar el diálogo, el aprendizaje y la colaboración entre un conjunto diverso de asociados tanto de la FAO como ajenos a ella, la Plataforma pretende promover innovaciones técnicas e institucionales que fortalezcan a los agricultores familiares de todo el mundo.

Funciona como una instalación digital para impulsar los productos de la FAO en materia de conocimientos, así como la experiencia técnica y de políticas, y el conocimiento tecnológico operacional. Ofrece asimismo un “lugar de asamblea” digital que pone a disposición espacios e instrumentos digitales que permiten a los asociados y participantes llevar a cabo iniciativas concretas como seminarios web, cursos de formación, diálogos de políticas y visitas virtuales de aprendizaje.

La Plataforma también contribuye al Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019‑2028), dirigido conjuntamente por la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

La FAO ha consolidado importantes conocimientos sobre la agricultura familiar, una categoría que incluye a trabajadores agrícolas, pueblos indígenas, pescadores, agricultores de montaña, pastores nómadas y muchas otras personas en todas las regiones del mundo.

Las explotaciones familiares comprenden una amplia gama de sistemas de producción a distintas escalas. Una investigación reciente dirigida por la FAO ha revelado que más del 90 % de los 608 millones de explotaciones agrícolas del mundo son familiares, que ocupan alrededor del 70 % al 80 % de las tierras agrícolas y producen el 80 % de los alimentos del mundo en términos de valor. Esta expresión no es sinónimo de pequeñas explotaciones —de menos de 2 hectáreas— que explotan alrededor del 12 % de todas las tierras agrícolas y producen aproximadamente el 36 % de los alimentos del mundo.

La Plataforma también se coordinará con los proyectos y programas de la FAO en apoyo de los pequeños productores que se centran en “el acceso equitativo a los recursos, que es fundamental para el desarrollo y el crecimiento agrícolas, y los mercados justos”.

Los conflictos, la crisis climática, las enfermedades y la crisis socioeconómica debida a la pandemia de COVID-19 seguirán empujando a más gente a depender de la ayuda de emergencia y a necesitar protección en 2022, cuando las personas con requerimientos vitales llegarán a 274 millones, alertó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

El año pasado, esa cantidad se cifró en 235 millones, lo que implica un aumento de casi 17% en tan sólo 12 meses.

Para aliviar las necesidades más urgentes de 183 millones de esas personas durante el año próximo, la ONU requerirá 41.000 millones de dólares, con un programa tres veces mayor que el de 2021 debido a las crecientes necesidades.

De acuerdo con el Panorama Humanitario Global para 2022, la población que precisa asistencia básica vive en 63 naciones y, sumada, equivaldría al cuarto país más poblado del mundo.

El informe destaca el deterioro de la situación humanitaria en América Latina y el Caribe. Hace cinco años, sólo Haití tenía un Plan de Respuesta Humanitaria, mientras que ahora hay seis en toda la región. La ONU pide 2500 millones de dólares para asistir a los venezolanos tanto en su país como emigrados, 200 millones para Colombia, 114 millones para El Salvador, 153 millones para Guatemala y 143 millones para Honduras.

El estudio destaca que más del 1% de la población mundial ha debido desplazarse y que la pobreza extrema se incrementa nuevamente.

En la mayoría de las crisis, las mujeres y las niñas son las que más sufren, que aumentan las desigualdades de género y, con ello, los riesgos que corren, por lo que necesitan protección.

El informe indica que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda ha aumentado drásticamente y que el riesgo de hambruna es ya una realidad.

Gracias a la generosidad de los donantes, el sistema humanitario brindó alimentos, medicamentos, atención médica y otra asistencia esencial a 107 millones de personas durante el año en curso, una cifra que llega al 70% del objetivo que se fijó al iniciar 2021.

El esfuerzo de los donantes internacionales y los Estados miembros, que aportaron más de 17.000 millones para los programas humanitarios pese la difícil situación económica derivada de la pandemia; sin embargo, destacó que los fondos recibidos no son muchos cuando se observan las necesidades existentes. El financiamiento conseguido no llegó a la mitad del solicitado.

Las necesidades totales del Panorama Humanitario Mundial se han duplicado en sólo cuatro años y que para 2022 hay nueve planes para países con necesidades superiores a mil millones de dólares: Afganistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Otros planes de menores presupuestos incluyen a Colombia, El Salvador, Haití, Honduras y Venezuela.

También superan los mil millones de dólares los recursos que requieren los planes regionales para Sudán del Sur, Siria y Venezuela.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2020 que permiten medir el impacto que tienen en la economía tanto el agotamiento de los recursos naturales como la degradación del medio ambiente ocasionados por la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Adicionalmente, proporcionan información para cuantificar, en unidades monetarias, los esfuerzos realizados para la protección del medio ambiente.

Principales resultados

Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente

El Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente es el indicador que muestra el impacto ambiental ocasionado por la producción de bienes y servicios, que se obtiene al deducir del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado los costos por el consumo de capital fijo y los costos imputados por el agotamiento de los recursos naturales y por la degradación ambiental.

Durante el periodo de 2003 a 2020 el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente ha representado en promedio 78.7% del Producto Interno Bruto del país, a precios de mercado, siendo 2007 el año en que registró el mayor porcentaje con 80.2% y 2020 el menor con 75.7 por ciento.

Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental

Los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) en 2020 ascendieron a 1 066 853 millones de pesos corrientes, monto equivalente a 4.6% del PIB nacional a precios de mercado. Por componentes, los costos por agotamiento representaron 0.7%, mientras que los costos por degradación fueron equivalentes a 3.9 por ciento.

En 2020, las emisiones al aire representaron el mayor costo ambiental al ubicarse en 611 235.3 millones de pesos; le siguieron los costos por degradación del suelo con 163 807.4 millones de pesos y los residuos sólidos urbanos con 87 019.3 millones de pesos.

Durante 2020, el gasto en protección ambiental del sector público ascendió a 101 299 millones de pesos, equivalente a 0.46% del PIB nacional a precios básicos, mientras que en 2019 alcanzó un monto equivalente a 0.47% del PIB.

Los gastos en protección ambiental del sector público, de acuerdo con la clasificación funcional de actividades ambientales se distribuyen de la siguiente forma: protección del aire-ambiente y clima 38.6%; gestión de aguas residuales 17.1%; gestión de los residuos 14.6%; gestión pública y educación 10.0%; investigación y desarrollo 9.7%; otras actividades de protección ambiental 4.3%; protección de la biodiversidad 4.0%; y agua y suelo 1.7 por ciento.

El gasto ambiental realizado por el sector público de nuestro país, como proporción del PIB, representa una cifra similar a la reportada por España, Noruega y Suiza.

la inflación en el área de la OCDE aumentó al 5,2% en los 12 meses hasta octubre de 2021, en comparación con el 4,6% en septiembre y solo el 1,2% en octubre de 2020, alcanzando la tasa más alta desde febrero de 1997.

En la zona del euro , la inflación repuntó marcadamente hasta el 4,1% en octubre, desde el 3,4% de septiembre y el 0,3% menos del año anterior.

Sin embargo, se mantuvo más baja que en el área de la OCDE en su conjunto, particularmente en comparación con los Estados Unidos, donde la inflación interanual subió del 5,4% en septiembre al 6,2% en octubre, la tasa más alta desde noviembre de 1990.

Durante el año, los precios de la energía se dispararon un 24,2% en el área de la OCDE, más de cinco puntos porcentuales más que en septiembre (18,9%) y la tasa más alta desde julio de 1980.

La inflación de los precios de los alimentos en el área de la OCDE se mantuvo estable en un 4,5%. Si se excluyen los alimentos y la energía, la inflación interanual de la OCDE aumentó de forma más moderada, hasta el 3,5%, frente al 3,2% de septiembre.

Fuente: OECD 02 de noviembre de 2021

Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aunque no está definida en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella, se hace referencia a situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder.

Además, más de 150 millones de niños están sujetos al trabajo infantil, lo que representa casi uno de cada diez niños en todo el mundo.

El Día para la Abolición de la Esclavitud fue establecido para concienciar a la opinión pública sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna. La fecha del 2 de diciembre fue elegida para conmemorar el aniversario de la Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada el 2 de diciembre de 1949.

El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para su uso en conflictos armados.

https://youtu.be/ARCOUjugqjg

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México (CSISFLM) 2020, que tiene por objetivo general dar a conocer la dimensión, participación y evolución económica de las actividades realizadas por las organizaciones no lucrativas. Este programa proporciona información económica para la toma de decisiones en el sector no lucrativo y forma parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Principales resultados

Durante 2020, el PIB de las ISFL alcanzó un monto de 647 654 millones de pesos, que equivale al 3.0% del PIB Nacional. Por componentes, las ISFL Públicas representaron 1.7%, en tanto que las actividades de las ISFL Privadas contribuyeron con una participación de 0.7%. El restante 0.6% corresponde al valor económico del trabajo de los voluntarios.

Las asociaciones que se dedican a las labores de la enseñanza e investigación generan 49.3% del PIB de las ISFL; las agrupaciones de desarrollo y vivienda participan con 13.5%; las actividades de religión con 10.8%; las tareas de salud generan con 7.2%; los servicios sociales que incluyen a albergues, asilos o casas hogar contribuyen con 6.3%; los derechos, promoción y política generan 5.5%; las asociaciones empresariales y sindicatos aportan 4.6%; y la cultura y recreación como casas de cultura, museos, centros de exposición artística y centros de esparcimiento suman 2.7 por ciento.

En 2020, medido a precios de 2013, las ISFL presentaron una caída de 10.1%, mientras que el total de la economía disminuyó en 7.9% en el mismo periodo.

Para 2020, el total de los puestos de trabajo ocupados en el sector de las ISFL fueron 2 419 881, que comparando con los puestos de la economía nacional representó 6.5 por ciento. En su comparación anual, el número de puestos totales disminuyó en 9.3%, respecto a 2019. Del total de puestos de trabajo ocupados, 1 579 869 fueron remunerados y 840 012 correspondieron a los puestos de trabajo de los voluntarios.

La CSISFLM 2020 registró 1 786 578 personas que ocuparon los puestos de trabajo de los voluntarios señalados anteriormente: 60.7% fueron hombres y 39.3% fueron mujeres. El voluntariado total mostró una disminución de 19.7% respecto del año anterior. Los hombres redujeron su participación en 10.3% y las mujeres voluntarias en 30.9 por ciento.

El valor económico del trabajo voluntario fue de 126 203 millones de pesos, equivalente a 0.6% del PIB nacional. De este valor, 56.7% corresponde a la labor de los hombres y 43.3% es aportado por las mujeres.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la economía mexicana cierre el 2021 con un Producto Interno Bruto (PIB) de 5.9% y tenga una expansión de 3.3% en el 2022, de acuerdo con la actualización a diciembre de su reporte insignia “Economic Outlook”.

Esto representa un deterioro con respecto a las expectativas divulgadas en septiembre, cuando el organismo esperaba un crecimiento de 6.3% para el 2021 y 3.4% para el 2022.

La política monetaria deberá endurecerse gradualmente si la inflación no converge hacia el objetivo de 3% del banco central. Actualmente la inflación ronda 7%, según datos al cierre de la primera quincena de noviembre.

En cuanto a la política fiscal, la OCDE dijo que aunque sigue siendo prudente, es menos restrictiva de lo contemplado en el presupuesto del 2021, lo que apoya ligeramente la recuperación en curso.

Analistas del organismo prevén que el déficit público aumente a 3.2% del PIB en el 2021 (desde 2.9% del PIB en el 2020), que se mantenga prácticamente sin cambios en el 2022 y que disminuya a partir de entonces. Se estima que la deuda pública se estabilizará en torno a 51% del PIB.

En el documento se plantea que México debe mejorar su nivel de recaudación para atender las necesidades de gasto sociales.

“La proporción de impuestos en el PIB de México es la más baja de la OCDE y es inferior a la de otros países de la región. Para atender las necesidades crecientes de gasto en educación, sanidad o protección social, sin renunciar al compromiso de sostenibilidad de la deuda, sería necesario aumentar los ingresos tributarios”, dijo el organismo.

Como recomendación, el organismo dijo que es necesario relanzar la inversión y aumentar la productividad mediante el acceso a servicios financieros, fomentando la competencia en los mercados y agilizando la ejecución legal de contratos, lo que permitiría a las pequeñas y medianas empresas invertir más, crecer y aumentar la productividad.

Fuente:EL ECONOMISTA 01 de diciembre de 2021

El 1 de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. El mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.

En este Día, ONUSIDA pone de relieve la necesidad urgente de acabar con las desigualdades que ayudan a propagar el sida y otras pandemias en todo el mundo.

Sin poner remedio a las desigualdades mediante acciones audaces, corremos el riesgo de no alcanzar el objetivo de acabar con el sida, además de sufrir la prolongada pandemia de la COVID-19 y una crisis socioeconómica en aumento.

Justo cuando han pasado cuatro décadas desde que se dieron a conocer los primeros casos de sida, el VIH sigue amenazando al mundo. Estamos lejos de cumplir el compromiso compartido de acabar con el sida, pero no por la falta de conocimientos o medios, sino por las grandes desigualdades estructurales que dificultan que se apliquen soluciones efectivas para la prevención y el tratamiento del VIH.

Acabar con el sida requiere poner fin a las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales. Aunque exista la percepción de que un momento de crisis no es el más adecuado para priorizar el tratamiento de las injusticias sociales subyacentes, ha quedado claro que no superaremos la crisis hasta que no abordemos las desigualdades.

El mundo se comprometió en 2015 a acabar con las desigualdades y la urgencia no ha dejado de aumentar. Los países prometieron reducir la desigualdad, dentro y fuera de sus fronteras, mediante la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La “Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026: Poner Fin a las Desigualdades y al Sida” y la “Declaración Política sobre el Sida” tienen como objetivo acabar con las desigualdades.

En el tema:

El Banco de México (Banxico) reveló que las remesas enviadas por los connacionales que residen en el exterior ascendieron a 42,168 millones de dólares en el periodo enero-octubre de 2021. Esto demostró que ya se superaron los 40,605 millones de dólares recibidos el año pasado.

De igual forma, el banco central detalló que en los primeros diez meses del año, el monto acumulado de los ingresos por remesas aumentó 25.6% en comparación anual.

Mientras tanto, 4,819 millones de dólares se recibieron en octubre, lo que implicó un aumento anual de 33.8 por ciento. Con los datos publicados por el Banxico se confirma un octavo mes consecutivo de entradas superiores a los 4,000 millones de dólares.

Explicó que con series desestacionalizadas, en octubre los ingresos por remesas exhibieron un alza mensual de 7.7 por ciento.

Paralelamente, se han realizado 112,348 operaciones de remesas en los diez primeros meses del 2021. Nada más en octubre, se registraron 12,544 operaciones.

Durante el periodo enero-octubre, el 99.1% del total de los ingresos por remesas fue a través de transferencias electrónicas, al situarse en 41,762 millones de dólares. Mientras que las remesas efectuadas en efectivo y especie constituyeron el 0.5% del monto total.

En lo que respecta a sólo el décimo mes del año, se originaron 12.5 millones de transacciones, con un envío promedio de 384 dólares. Esto representó un aumento anual de 12.5% en comparación anual.

Fuente:EL ECONOMISTA 01 de diciembre de 2021

El valor de las importaciones y exportaciones mundiales de bienes alcanzó los 5,6 billones de dólares en el tercer trimestre de 2021, estableciendo un nuevo récord trimestral, según un informe de la UNCTAD.

Las nuevas proyecciones en la edición de noviembre de Global Trade Update de la organización muestran que el comercio de bienes y servicios alcanza los $ 28 billones para el año, un aumento del 23% en 2020 y del 11% en comparación con los niveles anteriores a COVID-19.

Pero el sólido desempeño general del comercio enmascara que la recuperación ha sido desigual entre países y sectores, dice el informe.

También advierte que la previsión para 2022 sigue siendo muy incierta.

Aunque el sector de servicios repuntó en línea con el crecimiento general, el comercio de servicios, como el turismo, se mantendrá ligeramente por debajo de los niveles anteriores a la pandemia en $ 6 billones en 2021.

Entre los sectores manufactureros, el comercio de productos relacionados con la energía fue el que más creció, impulsado por la alta demanda y los aumentos en el precio de los combustibles fósiles. Mientras tanto, el comercio estuvo más moderado durante el tercer trimestre de 2021 en algunos sectores afectados por la escasez global de semiconductores, como la industria automotriz y la electrónica.

Desde una perspectiva regional, el crecimiento del comercio también se mantuvo desigual en el tercer trimestre del 2021, aunque las diferencias regionales fueron menos pronunciadas que en el primer semestre del año.

El informe señaló que, por ejemplo, el crecimiento del comercio de la India se había acelerado en el tercer trimestre tanto en bienes como en servicios, mientras que China se mantuvo relativamente constante, “aunque en niveles ya elevados”.

Entre los factores que contribuyen a la incertidumbre sobre el próximo año, el informe cita el crecimiento “por debajo de las expectativas” de China en el tercer trimestre de 2021.

El informe advierte que los cambios grandes e impredecibles en la demanda que marcaron 2021 y llevaron a un mayor estrés en las cadenas de suministro y los costos de envío en espiral podrían continuar durante el próximo año.

el informe advierte que los cambios grandes e impredecibles en la demanda que marcaron 2021 y llevaron a un mayor estrés en las cadenas de suministro y los costos de envío en espiral podrían continuar durante el próximo año.

“Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la industria de los semiconductores se ha enfrentado a vientos en contra debido a aumentos imprevistos en la demanda y restricciones de oferta persistentes … Si persiste, esta escasez podría continuar afectando negativamente la producción y el comercio en muchos sectores manufactureros”.

Por primera vez el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a disposición de los usuarios el Índice de Clasificaciones de Agua Superficial desde el Espacio (ICASE) Landsat, un producto de análisis geoespacial experimental que proporciona información sobre la presencia de agua superficial a lo largo de todo el territorio mexicano.

Para esta primera edición del ICASE Landsat se analizaron 132 030 imágenes Landsat, que cubren de 1984 a 2020, con las que se generaron 30 mosaicos (anuales, en su mayoría).

Las imágenes Landsat utilizadas para la generación del ICASE tienen una resolución de 30 metros por píxel (cada píxel representa una región cuadrangular de 30 m por lado del territorio mexicano), lo que permite distinguir los pixeles que muestran una clara presencia de agua y excluir aquellos que no reflejan esta información. Las imágenes forman parte del acervo del Cubo de Datos Geoespaciales de México, una herramienta que facilita el acceso, manejo y explotación de grandes volúmenes de imágenes satelitales.

Considerando aquellos pixeles con clara presencia de agua, se puede calcular la extensión de cuerpos de agua en la superficie. Dado que se tienen en promedio cuarenta observaciones anuales para cubrir en repetidas ocasiones la totalidad del país, también se puede determinar la persistencia de la presencia del agua durante el año. Por lo tanto, el ICASE Landsat provee información relacionada con la extensión y persistencia de los cuerpos de agua.

El ICASE Landsat puede ser un insumo auxiliar en la detección de cuerpos de agua en el país, especialmente aquellos en los que la resolución espacial permite detectar variaciones en extensión superficial (vaso de la presa, lagos, lagunas y ríos, entre otros). También permitirá ubicar áreas que en algún momento estuvieron inundadas (durante un periodo suficiente para ser captado por los satélites), con fines de prevención y atención de desastres.

El Índice de Clasificaciones de Agua Superficial desde el Espacio (ICASE) Landsat puede consultarse en la sección de Análisis geoespacial experimental del Sitio del INEGI en https://www.inegi.org.mx/investigacion/icase/.

El INEGI continúa así con la expansión de sus procesos de innovación que permiten explotar fuentes de información no tradicionales mediante técnicas y herramientas novedosas y refrenda su compromiso de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna para coadyuvar al desarrollo nacional.

El INEGI presenta los principales resultados de las Cuentas por Sectores Institucionales 2020, versión preliminar, año base 2013, que forma parte de los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México y proporcionan información sobre las transacciones reales y financieras que realizan los distintos sectores entre sí y con el resto del mundo, así como del balance de activos al inicio y al cierre del año.

Entre 2017 y 2020 las sociedades no financieras y los hogares generaron en promedio 47.1% y 33.3% del Producto Interno Bruto (PIB) total, respectivamente. Por lo que se refiere al Ingreso Disponible Bruto para consumir o ahorrar destaca el sector de los hogares que concentró en promedio, en el mismo lapso, cerca de 75% de este ingreso.

La Formación Bruta de Capital Fijo más representativa en este periodo fue la del sector de las sociedades no financieras con una participación promedio de 12.7% (en términos de PIB). En cuanto a la conformación del Ahorro Bruto Interno, los hogares contribuyeron con poco más de 15% del PIB, en promedio.

Durante 2020, las sociedades no financieras contribuyeron con 45.7% del PIB y 33.4% fue generado por los hogares; les siguieron el gobierno general con 9.3%, las sociedades financieras 4.4% y las Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) con 0.9 por ciento.

De la inversión bruta fija del país, las sociedades no financieras aportaron 59.5%, los hogares participaron con 30.9%, el gobierno general con 7.9%, las sociedades financieras con 1.6% y las ISFLSH con 0.1 por ciento.

En 2020, para financiar sus gastos en activos no financieros, las sociedades no financieras recurrieron a recursos netos adicionales equivalentes a 10.1% del PIB, en tanto que el gobierno general reportó necesidades de financiamiento equivalentes a 5.4 por ciento. Por su parte, las sociedades financieras, cumpliendo su función de oferentes de recursos para el financiamiento de la actividad productiva, proporcionaron recursos netos equivalentes a 3.8%; los hogares 14.5% y las ISFLSH reportaron préstamos netos por 0.4 por ciento del PIB.

Al cierre de 2020, el valor nominal neto de los activos de la economía fue de 171 165 381 millones de pesos, lo que significó una variación en términos nominales de 12.8% respecto al inicio del año.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dieron a conocer un nuevo informe conjunto en el cual señalan que, en el actual contexto de crisis, los gobiernos de la región enfrentan el desafío de apoyar el ingreso y la reinserción laboral de los segmentos más vulnerables de la sociedad -especialmente mujeres y jóvenes- y, al mismo tiempo, favorecer las condiciones para la creación de empleo decente, sobre todo entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Asimismo, indican que a mediano plazo, será necesario implementar reformas que permitan avanzar hacia mercados laborales más resilientes, acompañando las medidas de reactivación con programas para favorecer el paso de la informalidad a la formalidad laboral, junto a un rediseño de la protección social.

En el N⁰ 25 de su publicación conjunta Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: Políticas de protección de la relación laboral y de subsidios a la contratación durante la pandemia de COVID-19, ambos organismos de las Naciones Unidas analizan los efectos de la crisis causada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en los mercados laborales de la región durante 2020 y 2021 y destacan la importancia de las políticas implementadas por los países para mitigar este impacto.

Según el informe, durante 2021 la recuperación y creación de empleo ha sido parcial y más lenta que la reactivación en la actividad económica observada. Si bien se prevé que el año cerrará con un crecimiento económico del 5,9% para la región, este no será suficiente para recuperar el nivel del producto ni de empleo registrado en 2019. Por lo tanto, los mercados laborales habrán enfrentado su segundo año de una crisis sin precedentes.

CEPAL y OIT agregan que durante el primer semestre de 2021 se registra un aumento en la tasa de participación laboral (que llegó al 60,0%, es decir 2,7 puntos porcentuales por debajo de los niveles del mismo período de 2019) y una recuperación del empleo, aunque sin alcanzar los niveles observados previo a la pandemia (la tasa de ocupación alcanzó 54,0%, todavía 3,4 puntos porcentuales por debajo de la observada en el mismo período de 2019). Como resultado, la tasa de desocupación se ha reducido levemente con respecto al segundo trimestre de 2020 pero aún se mantiene 1,7 puntos porcentuales por encima de mismo trimestre de 2019, alcanzando 10,1% en promedio.

Por otro lado, las brechas de inserción laboral entre hombres y mujeres se han profundizado en 2021, y las mujeres presentan una reinserción laboral más lenta y enfrentan más dificultades para encontrar trabajo. La recuperación del empleo se ha constatado principalmente entre los trabajadores por cuenta propia, mientras que el empleo asalariado aún se encuentra rezagado, lo que sugiere que el aumento de la tasa de ocupación está asociado a una menor calidad del empleo. A su vez, la dinámica inflacionaria observada en los primeros seis meses del año podría tener un impacto negativo en la remuneración real de los trabajadores y, por lo tanto, en el consumo de los hogares.

El informe hace un balance de las medidas de mantenimiento de puestos de trabajo implementadas en la región principalmente durante 2020, las que probaron ser eficaces para disminuir la caída del empleo. El diseño de estos programas incluyó principalmente requisitos vinculados al salario y al uso del salario mínimo como referencia para determinar el monto del beneficio, con lo que se orientaron principalmente a los trabajadores asalariados formales de menores ingresos. Sin embargo, la alta incidencia de la informalidad y la ausencia de seguros de desempleo en varios países hicieron más compleja la tarea de diseño e implementación de estos programas de soporte económico para grupos vulnerables.

En tanto, en 2021, en un contexto de recuperación incipiente con medidas de confinamiento más puntuales, de menor duración y cobertura geográfica, se inició la transición hacia otro tipo de políticas, en particular los subsidios a la contratación, siguiendo la misma secuencia de los países más desarrollados. En algunos casos, conforme la vacunación ha avanzado, estos subsidios se han focalizado en los sectores y grupos que fueron más afectados por la pandemia, y buscan beneficiar a jóvenes y mujeres, especialmente de baja calificación.

Según CEPAL y OIT, se aprecian similitudes entre los países respecto de algunas condicionalidades de los subsidios vinculadas al pago de impuestos y la formalización del empleo. Sin embargo, debido a restricciones presupuestarias y debilidades en la institucionalidad laboral, no todos los países de la región cuentan con programas específicos para incentivar nuevas contrataciones. En ese sentido, la continuidad de estos instrumentos de políticas de empleo para esta crisis y las que puedan desencadenarse en el futuro supone un desafío, concluyen ambas instituciones.

El hambre en América Latina y el Caribe está en su punto más alto desde 2000, después de un aumento del 30 por ciento en el número de personas que padecen hambre entre 2019 y 2020, según un nuevo informe de la ONU.

Según el Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021, en tan solo un año—y en el contexto de la pandemia de COVID-19—el número de personas que viven con hambre aumentó en 13,8 millones, alcanzando un total de 59,7 millones de personas.

La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se sitúa actualmente en 9,1 por ciento, la más alta de los últimos 15 años, aunque ligeramente por debajo del promedio mundial de 9,9 por ciento. Solo entre 2019 y 2020 la prevalencia del hambre aumentó en 2 puntos porcentuales.

Entre 2019 y 2020, Mesoamérica experimentó el mayor aumento ––2,5 puntos porcentuales–– alcanzando su valor más alto en los últimos 20 años: 10,6 por ciento, o 19 millones de personas. El Caribe tiene la prevalencia más alta a nivel regional (16,1 por ciento, 7 millones de personas), mientras que en América del Sur el hambre afecta a 33,7 millones de personas, el 7,8 por ciento de la población.

Cuatro de cada diez personas en la región ––267 millones–– experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020, 60 millones más que en 2019, un aumento de 9 puntos porcentuales, el incremento más pronunciado en relación a las demás regiones del mundo.

La inseguridad alimentaria no afectó por igual a hombres y mujeres: en 2020, el 41,8 por ciento de las mujeres de la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 32,2 por ciento de los hombres. Esta disparidad ha ido en aumento en los últimos 6 años y aumentó drásticamente, del 6,4 por ciento en 2019 al 9,6 por ciento en 2020.

El Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021 advierte que la región también está perdiendo la batalla contra otras formas de malnutrición: 106 millones de personas —uno de cada cuatro adultos— padecen obesidad en América Latina y el Caribe.

El sobrepeso infantil también ha ido en aumento desde hace 20 años en la región, y en 2020, 3,9 millones de niños y niñas —el 7,5 por ciento de los menores de cinco años— tenían sobrepeso, casi 2 puntos porcentuales por encima del promedio mundial. América del Sur muestra la mayor prevalencia de sobrepeso en niños y niñas (8,2 por ciento), seguida por el Caribe con 6,6 por ciento y Mesoamérica con 6,3 por ciento.

Aunque América Latina y el Caribe ha mostrado importantes avances en la reducción del retraso del crecimiento en los niños y niñas, habiendo disminuido la prevalencia del 18 por ciento al 11,3 por ciento en 20 años, sin embargo, entre 2012 y 2020 la tasa de disminución se desaceleró. La prevalencia regional de emaciación (desnutrición aguda) en niños es del 1,3 por ciento, significativamente más baja que el promedio mundial del 6,7 por ciento.

El informe conjunto de las Naciones Unidas pide acciones urgentes para detener el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas, instando a los países de la región a tomar medidas rápidamente para transformar sus sistemas agroalimentarios y hacerlos más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles, para proporcionar dietas saludables para todos.

El monto total del comercio mundial durante el año en curso ascenderá a unos 28 billones de dólares, un incremento del 11% en relación con los niveles anteriores a la pandemia, informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En su última actualización sobre negocios a nivel global, el órgano apuntó que durante el segundo semestre de 2021 el crecimiento del comercio mundial se estabilizó aumentando alrededor de un 1% en cada trimestre.

Durante el tercer trimestre, y en términos interanuales, el crecimiento fue de alrededor del 24%, un registro significativamente más alto que los números observados antes del inicio de la pandemia de COVID-19.

El estudio destaca que el comercio de mercancías alcanzó niveles récord durante el tercer trimestre de 2021 al conseguir unos 5,6 billones de dólares, mientras que el de servicios mostró “un impulso creciente” y se situó en cerca de 1,5 billones de dólares, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la llegada del coronavirus.

La tasa de crecimiento interanual del comercio de mercancías sigue siendo sustancialmente mayor que la de los servicios (22% frente a 6%) y es probable que esta tendencia se mantenga durante el cuarto trimestre de 2021, con una evolución más positiva para el segundo sector.

Las proyecciones para el comercio de bienes durante el último trimestre de 2021 se mantendrían constantes en torno a los 5,6 billones de dólares, mientras que para el comercio de servicios se prevé una recuperación lenta.

Las perspectivas para el año en curso indican que el comercio mundial de bienes y servicios aumentaría en unos 5,2 billones de dólares en relación con 2020, y en unos 2,8 billones con 2019, unos registros que equivalen a un incremento aproximado del 23% y el 11%, respectivamente.

Por su parte, se prevé que durante 2021 el comercio de mercancías logre un valor récord de 22 billones, mientras que el de servicios debería estar valorado en unos seis billones de dólares.

Pese a estas notas positivas, el estudio señala que las perspectivas para 2022 siguen siendo “muy inciertas” debido a múltiples factores.

El análisis también indica que el incremento del comercio global continúa siendo dispar entre países y sectores, una tendencia que se agudizó durante el tercer trimestre de 2021.

En general, durante el tercer trimestre de 2021 los flujos comerciales aumentaron con más fuerza en los países en desarrollo que en las naciones desarrolladas. Las tasas de crecimiento del comercio en esa época del año fueron muy fuertes en todas las regiones geográficas, aunque relativamente moderadas en América del Norte, Europa y Asia Oriental, especialmente en comparación con el tercer trimestre de 2020.

El crecimiento de las exportaciones fue mayor en las regiones exportadoras de productos básicos, debido al aumento de los precios de estos productos.

Más de 40 años después del comienzo de la epidemia de SIDA, persisten el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, según una nueva encuesta mundial, publicada antes del Día Mundial del SIDA.

Casi cuatro de cada diez encuestados dijeron que no se debería permitir a las personas que viven con el VIH trabajar directamente con quienes no lo tienen. Hasta seis de cada diez personas apoyaron la obligatoriedad de las pruebas del VIH antes de poder trabajar.

El estudio reveló cómo las actitudes estigmatizadoras y discriminatorias se ven alimentadas por la falta de conocimientos sobre la transmisión del VIH. Sólo una de cada dos personas sabía que el VIH no se transmite al compartir el baño y sólo una de cada cuatro personas respondió correctamente a las preguntas sobre cómo se transmite el VIH. Los mitos y las ideas erróneas persisten y contribuyen al estigma y la discriminación.

El informe, The ILO Global HIV Discrimination in the World of Work Survey , es el resultado de una innovadora colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la empresa de encuestas de opinión Gallup International. Arroja luz sobre las causas de la persistencia del estigma y la discriminación relacionados con el VIH en el mundo del trabajo. Se recogió información de más de 55.000 personas en 50 países de todo el mundo.

Las regiones con las actitudes más positivas fueron África oriental y meridional, donde casi el 90% de los encuestados dijo que debería permitirse trabajar directamente con personas con el VIH.

Los niveles educativos más altos también se asociaron con actitudes positivas hacia el trabajo con personas que viven con el VIH. El 68% de los encuestados con estudios superiores estaba de acuerdo en que debería permitirse trabajar directamente con personas que viven con el VIH, frente al 39,9% de los que sólo tenían estudios primarios.

El informe ofrece una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen la puesta en marcha de programas sobre el VIH que aumenten el conocimiento de los trabajadores sobre la transmisión del VIH y disipen los mitos y las ideas erróneas, la mejora del entorno jurídico y político en torno al VIH para proteger los derechos de los trabajadores, la abolición de las pruebas obligatorias del VIH en consonancia con la Recomendación de la OIT sobre el VIH y el sida (núm. 200) , la mejora del acceso a la protección social y el tratamiento de la violencia y el acoso que pueden derivarse del estigma y la discriminación, mediante la ratificación y la aplicación del Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190).

Fuente: OIT 30 de noviembre de 2021

Con un incremento de 30% de personas padeciendo hambre, América Latina y el Caribe fue la región donde más creció ese flagelo entre 2019 y 2020, para llegar a su nivel más alto desde 2020, indica un nuevo estudio de cinco agencias especializadas de la ONU.

El Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021 detalla que en apenas un año, el número de personas con hambre aumentó en 13,8 millones, para sumar 59,7 millones.

Los datos desagregados muestran que entre 2019 y 2020, Mesoamérica observó el mayor aumento, con 19 millones de personas padeciendo hambre, lo que significa una prevalencia de 10,6%. En tanto, el Caribe tiene la prevalencia más alta a nivel regional: 16,1% o siete millones de personas. En América del Sur el hambre afecta a 33,7 millones de personas, el 7,8% de la población.

La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se encuentra en 9,1% y es la más alta de los últimos 15 años, aunque está por debajo del promedio mundial de 9,9%. Entre 2019 y 2020 aumentó en 2 puntos porcentuales.

El informe refiere, por otra parte, que la inseguridad alimentaria afecta al 41% de la población y precisa que golpeó en grado moderado o grave a 267 millones de personas, o 25% de la población, en 2020, lo que implica 60 millones de individuos y nueve puntos porcentuales más que el año anterior y constituye el incremento más pronunciado del mundo a nivel regional.

Los casos de inseguridad alimentaria grave, definida como las personas que se quedan sin alimentos o pasan un día o más sin comer, subieron un 14% en 2020, a 92,8 millones. En 2014 se situaban en 47,6 millones de personas.

Sudamérica fue la subregión donde más creció la inseguridad alimentaria: 20,5% de 2014 a 2020. En Mesoamérica el incremento fue de 7,3 puntos porcentuales durante el mismo periodo.

La publicación subraya que en 2020 fueron más las mujeres que los hombres que experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave: 41,8% frente 32,2%. Destaca, asimismo que la disparidad se ha agudizado en los últimos seis años y que de 2019 a 2020 pasó de 6,4% a 9,6%.

Paradójicamente, América Latina y el Caribe es una región con un creciente problema de obesidad que alcanza a uno de cada cuatro adultos para totalizar 106 millones de personas.

Entre 2000 y 2016, la obesidad subió 9,5% en el Caribe, 8,2% en Mesoamérica y 7,2% en Sudamérica.

La agencia panamericana sonó la alarma en cuanto al sobrepeso infantil, que afectó en 2020 a 3,9 millones de niños, casi 2 puntos por encima del promedio mundial. El 7,5% de los menores de cinco años tienen sobrepeso.

Por subregiones, América del Sur registra la mayor prevalencia de sobrepeso infantil, con 8,2%, seguida por el Caribe con 6,6% y Mesoamérica con 6,3%.

Las agencias de las Naciones Unidas urgieron a los países de la región a tomar medidas inmediatas para detener el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas.

El Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021 es una publicación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

México y Japón han mantenido una gran relación a lo largo de los años, esto se ve reflejado en el intercambio comercial agroalimentario y pesquero entre ambos países.

Los primeros contactos de amistad entre México y Japón se dieron con el naufragio del Galeón San Francisco frente a las costas de Iwawada, hoy Onjuku, durante su regreso de las Filipinas a la Nueva España el 30 de septiembre de 1609.

En 2020, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a Japón tuvieron un valor de 1,095 millones de dólares.

Entre los principales productos mexicanos enviados a Japón se encuentran:

De todos estos productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos, la carne de cerdo es la estrella, pues es el que más se exporta a Japón.

Al menos 300.000 niños y niñas se infectaron por primera vez con el VIH en 2020, o uno cada dos minutos, según ha declarado UNICEF en un informe publicado. Otros 120.000 niños y niñas murieron por causas relacionadas con el sida durante el mismo periodo, o uno cada cinco minutos.

El último informe de El VIH y el sida: Panorama mundial advierte de que la prolongación de la pandemia de COVID-19 está agravando las desigualdades que durante tanto tiempo ha provocado la epidemia de VIH, y está aumentando el riesgo de que los niños y niñas vulnerables, los adolescentes, las mujeres embarazadas y las madres lactantes no puedan acceder a los servicios de prevención y tratamiento del VIH que les pueden salvar la vida.

Un dato alarmante es que dos de cada cinco niños que padecen VIH no conocen su estado, y solo algo más de la mitad de todos los niños que padecen VIH reciben tratamiento antirretroviral. Algunos de los obstáculos que impiden acceder adecuadamente a los servicios de VIH son conocidos y perduran desde hace tiempo, como es el caso de la discriminación y las desigualdades por razón de género.

Por otro lado, el informe subraya que, a principios de 2020, en muchos países se produjeron interrupciones importantes en los servicios de VIH a causa de la COVID-19. Las pruebas de detección del VIH en los niños de países muy afectados disminuyeron entre un 50% y un 70%, mientras que los nuevos tratamientos para niños menores de 14 años se redujeron entre un 25% y un 50%. Los confinamientos contribuyeron al aumento de las tasas de infección como consecuencia de los picos de violencia por razón de género, la restricción del acceso a una atención continuada y el desabastecimiento de productos básicos. Además, en algunos países se registró una disminución significativa de los partos en centros de salud, las pruebas de VIH entre las madres y los nuevos tratamientos antirretrovirales para el VIH. Un ejemplo extremo es el de la cobertura de los tratamientos antirretrovirales para las mujeres embarazadas de Asia Meridional, que disminuyó drásticamente de un 71% a un 56% en 2020.

En 2020, un 89% de las nuevas infecciones pediátricas por VIH y un 88% de los niños, niñas y adolescentes que padecían VIH en todo el mundo se concentraban en África Subsahariana, y la propensión a infectarse con el VIH era seis veces más alta entre las niñas que entre los niños. Además, un 88% de las muertes infantiles relacionadas con el sida se registraron en África Subsahariana.

Según el informe, a pesar de que se han logrado algunos avances en la lucha contra el VIH y el sida, los niños, las niñas y los adolescentes han seguido quedándose atrás en todas las regiones a lo largo de los últimos 10 años. La cobertura mundial del tratamiento antirretroviral para los niños sigue siendo muy inferior a la de las mujeres embarazadas (85%) y los adultos (74%). El porcentaje más elevado de niños y niñas que reciben tratamiento antirretroviral se registra en Asia Meridional (>95%), seguido de Oriente Medio y África del Norte (77%), Asia Oriental y el Pacífico (59%), África Oriental y Meridional (57%), América Latina y el Caribe (51%) y África Occidental y Central (36%).

Otros datos relativos a 2020 que se incluyeron en el informe son los siguientes:

Fuente: CONEVAL 29 de noviembre de 2021

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que para la presente temporada decembrina se prevé una producción de 16 millones 951 mil plantas de Nochebuena, con el cultivo en 257 hectáreas del país, por lo que está garantizado el abasto de esta flor, representativa de la época navideña.

Los productores plantan los esquejes en el mes de mayo, ya que el cultivo tarda aproximadamente ocho meses y se cuenta con más de 30 variedades que destacan por sus colores: rojo, amarillo, rosa, blanco, rayado y marmoleado.

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de la producción total obtenida en 2020, Morelos participa con seis millones 550 mil plantas; Michoacán con tres millones 895 mil; Ciudad de México, tres millones 652 mil; Puebla, dos millones 169 mil; Jalisco, un millón 733 mil; Estado de México, 830 mil, y Oaxaca, 17 mil.

En ese mismo año, en el estado de Morelos, los municipios de Cuernavaca y Yautepec, registraron tres millones 671 mil plantas, cifra que equivale al 19.5 por ciento del total nacional y más de la mitad de lo que se produce en la entidad (56 por ciento).

En 2020, México exportó esquejes y plantas de Nochebuena que cifraron mil 255 kilogramos y 19 mil 768 dólares por su venta.

La dependencia federal señaló que la mayor parte de la producción y consumo de la flor (90 por ciento) es roja, 5.0 por ciento blanca o amarilla y el resto rosa, rosada o marmoleada.

La Nochebuena es una flor de herencia prehispánica y actualmente es uno de los símbolos más utilizados para representar la Navidad. Su nombre en náhuatl es Cuetlaxóchitl, que significa “flor que se marchita”.

Ya en la época colonial, los españoles bautizaron a esta flor como “Nochebuena”, debido a su aparición en diciembre. A partir del siglo XVII se convirtió en el símbolo de las fiestas decembrinas.

Esta flor de ornato es originaria de México, aunque no necesariamente de un solo estado, pues también crece silvestre en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que le da una diversidad genética que diferencia a las flores nativas de una región a otra.

En 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1° de diciembre como Día Mundial de la Lucha contra el Sida, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la enfermedad, combatir el estigma asociado a ella, mejorar la educación sobre el VIH/sida y movilizar recursos para la respuesta mundial a la epidemia.

Con este espíritu, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información estadística con indicadores sociodemográficos de la población que falleció por esta enfermedad durante 2020.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es la fase más avanzada de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual constituye uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. En el mundo en 2020, aproximadamente 680 mil personas murieron de enfermedades relacionadas con el sida y se estima que 38 millones de personas vivían con el VIH.

Atención médica y prueba

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 estimó la población de 20 a 49 años en 53.5 millones de personas; de estas 642 mil declararon haber recibido consulta médica en los 12 meses previos a la encuesta para atenderse o recibir tratamiento por el VIH.

Según la encuesta, de las personas de 20 a 49 años que han tenido relaciones sexuales (48.9 millones), 35% (16.9 millones) se ha realizado la prueba de VIH. De este universo, 10.5 millones (62%) corresponden a mujeres y 6.4 millones (38%) a hombres.

Mortalidad

Durante 2020 en México se registraron 4 573 decesos debido a la enfermedad ocasionada por el VIH, de los cuales 3 815 (83%) correspondieron a defunciones en hombres y 758 (17%) en mujeres. La tasa de mortalidad por esta causa es de 3.62 por cada 100 mil habitantes; 6.19 en el caso de los hombres (por cada 100 mil hombres) y 1.17 en las mujeres (por cada 100 mil mujeres).

Por grupo de edad, la tasa de mortalidad por VIH más alta se ubica en el grupo de personas de 30 a 44 años y conforme aumenta la edad va disminuyendo la tasa.