El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021, presentado en la Sede de la ONU en Nueva York, muestra el exorbitante peaje que la pandemia de COVID-19 se ha cobrado de la Agenda 2030.

Además de los casi cuatro millones de muertes por coronavirus, entre 119 y 124 millones de personas volvieron a la pobreza y al hambre crónica, y se perdió el equivalente a 255 millones de empleos a tiempo completo, indica el informe.

Las interrupciones de los servicios de salud esenciales han amenazado años de progreso en la mejora de la salud materno infantil, el aumento de la cobertura de inmunización y la reducción de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Alrededor del 90% de los países todavía informan sobre una o más interrupciones importantes de los servicios de salud esenciales.

El informe también indica que la pandemia ha puesto de manifiesto e intensificado las desigualdades dentro y entre países.

El informe también confirma lo que agencias de la ONU como la Organización Meteorológica Mundial han estado dando la alarma: la desaceleración económica en 2020 hizo poco para frenar la crisis climática, que continúa en gran medida sin cesar.

El mundo también se quedó corto en los objetivos de 2020 para detener la pérdida de biodiversidad y la reversión de los 10 millones de hectáreas de bosque que se perdieron cada año, entre 2015-2020.

La pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente el progreso hacia la igualdad de género. La violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado, se espera que aumente el matrimonio infantil y las mujeres han sufrido una parte desproporcionada de la pérdida de puestos de trabajo y mayores responsabilidades de cuidado en el hogar.

Mientras tanto, los flujos globales de inversión extranjera directa cayeron un 40% en 2020 en comparación con 2019. El documento muestra que la pandemia ha traído inmensos desafíos financieros, especialmente para los países en desarrollo, con un aumento significativo del sobreendeudamiento.

Según el informe, para volver a encarrilar la Agenda 2030, los gobiernos, las ciudades, las empresas y las industrias deben utilizar la recuperación para adoptar vías de desarrollo bajas en carbono, resilientes e inclusivas que reducirán las emisiones de carbono, conservarán los recursos naturales y crearán mejores empleos, avanzar en la igualdad de género y abordar las crecientes desigualdades.

La Agenda 2030, adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, proporciona un plan común para la paz y la prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en el futuro.

En su esencia, los 17 Objetivos suponen mejorar la salud y la educación, reducir la desigualdad y estimular el crecimiento económico, todo mientras se aborda el cambio climático y se trabaja para preservar nuestros océanos y bosques.

La reunión pondrá el foco en nueve Objetivos Globales de este año: poner fin a la pobreza, acabar con el hambre, mejorar la salud, lograr un trabajo decente, reducir las desigualdades, hacer un consumo y una producción responsables; tomar medidas para frenar el cambio climático y mantener la paz.

El teletrabajo irrumpió en los mercados laborales de América Latina y el Caribe como una manera de enfrentar las consecuencias de la pandemia COVID-19, permitiendo la continuidad de actividades en algunos sectores en el contexto de una caída devastadora de la actividad económica, con pérdida de empleo, caída de los ingresos y cierre de empresas.

Las estimaciones preliminares de la Organización Internacional del Trabajo indican que, en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, unos 23 millones de personas teletrabajaron en la región.

Esto representa entre el 20 y 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3%.

El informe destaca que, aunque es muy temprano para predecir el alcance efectivo del teletrabajo, será necesario que los países y las sociedades estén preparados para asumir que esta modalidad llegó para quedarse, ya sea como una solución conveniente para algunas personas y empresas, o a través de la proliferación de formas híbridas que combinen trabajo presencial con trabajo desde el hogar.

El análisis de la agencia de la ONU señala que si bien ya antes de la pandemia existía el trabajo desde el domicilio, este abarcaba principalmente a trabajadores por cuenta propia, o en situaciones especiales se combinaba con trabajo en el establecimiento, “pero en el contexto de cuarentena pasó, en mucho casos, a ser la modalidad exclusiva de trabajo”.

Aunque en los últimos tiempos la región ha reportado avances en materia de regulación del teletrabajo, el aumento sin precedentes de esta modalidad expuso una multiplicidad de desafíos que deben ser abordados.

El informe destaca algunos para enfrentar esos desafíos del teletrabajo:

Los temas de la seguridad social, del cumplimiento de las jornadas, de libertad de asociación, de acceso a la formación laboral, de salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otros, forman parte de los temas a considerar.

El informe destaca que para abordar estos temas es clave el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

“Resulta fundamental considerar las lecciones aprendidas durante la pandemia”, dice la OIT, pero también indica que para futuros análisis sobre este tema “se requiere contar con estadísticas oficiales que brinden información adecuada, comparable y actualizada” sobre el teletrabajo en América Latina y el Caribe.

El 3 de julio, se celebrará el Día Internacional de las Cooperativas (#CoopsDay) con el tema «Reconstruir mejor juntos». Las cooperativas de todo el mundo mostrarán cómo están afrontando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 con solidaridad y resiliencia, ofreciendo a las comunidades una recuperación centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente.

En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las finanzas, la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios sociales y muchos otros ámbitos en los que se desarrollan las cooperativas, los más de mil millones de miembros cooperativos en todo el mundo siguen demostrando que nadie tiene por qué enfrentarse solo a una crisis como la pandemia actual.

Las cooperativas son reconocidas como asociaciones y empresas a través de las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera efectiva mientras contribuyen al avance económico, social, cultural y político de su comunidad y país. El movimiento cooperativo también ha sido reconocido como un actor principal en los asuntos nacionales e internacionales.

Las cooperativas también fomentan la igualdad externa. Como están basadas en la comunidad, están comprometidas con el desarrollo sostenible de sus comunidades, ambiental, social y económicamente. Este compromiso se puede ver en su apoyo a las actividades comunitarias, el suministro local de suministros para beneficiar a la economía local y en la toma de decisiones que considera el impacto en sus comunidades.

A pesar de su enfoque en la comunidad local, las cooperativas también aspiran a llevar los beneficios de su modelo económico y social a todas las personas en el mundo. La globalización debe regirse por un conjunto de valores como los del movimiento cooperativo; de lo contrario, la desigualdad y los excesos crearían sociedades insostenibles.

El movimiento cooperativista es muy democrático, localmente autónomo pero integrado internacionalmente y una forma de organización de asociaciones y empresas por la cual los ciudadanos cuentan con la autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar objetivos no solo económicos sino también sociales y ambientales, como la superación de la pobreza, la obtención de empleo productivo y el fomento de la integración social.

El 29 de junio de 2014, la laureada con el premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, lanzó el primer Informe sobre el Estado de los Trópicos. Este documento es producto de la colaboración entre doce centros de investigación líderes en las cuestiones de los trópicos y ofrece una perspectiva única sobre esta cada vez más importante región. Coincidiendo con el aniversario de la publicación del mencionado informe, la Asamblea General designó el 29 de junio como el Día Internacional de los Trópicos mediante su resolución A/RES/70/267 aprobada el 14 de junio de 2017.

El objetivo es sensibilizar sobre los desafíos específicos a los que se enfrentan las zonas tropicales, las consecuencias de gran alcance que tienen los problemas que afectan a la zona tropical del mundo y la necesidad, a todos los niveles, de crear conciencia al respecto y subrayar el importante papel que desempeñarán los países de los trópicos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Alrededor de 275 millones de personas consumieron drogas durante el último año a nivel global, un 22% más que en 2010, revela el informe anual de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).

Según el Informe Mundial sobre Drogas 2021, la potencia del cannabis se ha cuadruplicado en ciertas partes del mundo durante las últimas dos décadas. Sin embargo, la proporción de adolescentes que percibe dicha droga como perjudicial se redujo hasta en un 40%.

Esta brecha conceptual persiste a pesar de que los estudios han demostrado que el consumo de cannabis conlleva perjuicios para la salud, especialmente entre los consumidores habituales de la droga a largo plazo. Por otra parte, la mayoría de los países han informado de un aumento del consumo de cannabis durante la pandemia.

El estudio pone de manifiesto los cambios observados en los patrones de consumo de drogas durante la pandemia, entre ellos el aumento del consumo de cannabis y el uso no médico de sedantes farmacéuticos. También es probable que los factores socioeconómicos subyacentes contribuyan a acelerar la expansión del mercado de sustancias ilícitas.

El acceso a las drogas también se ha simplificado más que nunca a través de las ventas en línea, y los principales mercados de drogas en la red de internet oculta (también llamada web oscura) tienen hoy en día un valor estimado de 315 millones de dólares anuales. Las transacciones de drogas sin necesidad de contacto, como por ejemplo a través del correo, también están en aumento, probablemente como resultado de la pandemia.

El tráfico de cocaína entre Sudamérica y Europa es la segunda mayor ruta del mundo de esa droga y continúa evolucionando, lo que conlleva una mayor competencia entre los grupos de traficantes. Dicha competencia termina por elevar la calidad de la droga y reduce los precios, agravando así el daño causado por la droga en Europa.

La superficie de cultivo de la coca disminuyó globalmente un 5% en 2019, en gran parte debido a la primera caída significativa del cultivo en Colombia en los últimos seis años. A pesar de ello, ese país sigue siendo la mayor fuente de cocaína del mundo, apunta el informe.

El aumento del uso de la tecnología durante la pandemia también ha generado innovación en los servicios de prevención y tratamiento de la drogadicción, a través de modelos más flexibles de atención sanitaria como la telemedicina, que permite a los profesionales de la salud ampliar su alcance y prestar cuidados médicos o preventivos a más pacientes.

El tema este año de la campaña liderada por la UNODC es “Hablemos de drogas, la información salva vidas” y tiene la intención de lograr un mundo libre de drogas.

Para muchas mujeres, la devastadora pérdida de su pareja se ve magnificada por una lucha a largo plazo por sus derechos básicos y su dignidad. A pesar de que hay más de 258 millones de viudas en todo el mundo, históricamente estas mujeres han pasado desapercibidas, sin apoyo ni medidas en nuestras sociedades.

En el Día Internacional de las Viudas, el 23 de junio, descubramos los problemas a los que se enfrentan para salvaguardar y promover sus derechos.

Las Naciones Unidas conmemoran el 23 de junio como el Día Internacional de las Viudas (A/RES/65/189) desde 2011 con el fin de dar voz a las experiencias de las viudas y para reactivar cuanto antes el apoyo especial que necesitan.

Esto incluye proporcionarles información sobre el acceso a una parte justa de su herencia, tierras y recursos productivos; pensiones y protección social que no se basen únicamente en el estado civil; trabajo decente e igualdad de remuneración; y oportunidades de educación y formación. Capacitar a las viudas para que se mantengan a sí mismas y a sus familias también significa abordar los estigmas sociales que crean la exclusión y las prácticas discriminatorias o perjudiciales.

Asimismo, los gobiernos deben tomar medidas para mantener sus compromisos para garantizar los derechos de las viudas tal como los consagra el derecho internacional, lo que incluye la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Incluso cuando existen leyes que protegen los derechos de las viudas, la debilidad de los sistemas judiciales de gran cantidad de estados compromete la forma en la que se defienden los sus derechos en la práctica. La falta de concienciación y la discriminación por parte de los funcionarios judiciales puede provocar que las viudas eviten acudir al sistema judicial para reclamar la restitución de sus derechos.

En definitiva, deben emprenderse programas y políticas para terminar con la violencia contra las viudas y sus hijos, mitigar su pobreza, ofrecerles educación y otras formas de ayuda. Estos programas deben incluirse en el contexto de los planes de acción para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública (23 de junio) reconoce la labor de los trabajadores públicos en nuestras comunidades y alienta a los jóvenes a seguir carreras en el sector público.

Para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se necesita una prestación efectiva de servicios públicos, incluso en la respuesta a la pandemia de COVID-19.

El servidor público es clave para garantizar una respuesta efectiva a la crisis, ya sea como trabajador de primera línea en el cuidado de la salud, o al diseñar estrategias y planes para mitigar su impacto.

Para reforzar el reconocimiento del Día y el valor del servicio público, las Naciones Unidas establecieron el programa de Premios de Servicio Público de la ONU en 2003. En 2016, la premiación se alineó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la implementación de su Agenda 2030, para promover y recompensar la innovación y la excelencia de los servicios públicos que apoyan la aplicación efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo el principio de no dejar a nadie atrás.

Las instituciones eficaces, responsables e inclusivas son esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS ). Así lo contempla el ODS 16 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible . La Agenda también reconoció que los gobiernos tienen la responsabilidad principal de implementar los ODS y garantizar el seguimiento y la revisión en los próximos 15 años, a nivel nacional, regional y global. Uno de los primeros pasos que toman los gobiernos para implementar la Agenda es a menudo dar forma a los arreglos institucionales para dirigir la implementación de los ODS y revisar el progreso.

La administración pública, piedra angular del trabajo de los gobiernos, juega un papel esencial y crítico en la mejora de la vida de las personas. Reinventar la administración pública es una forma positiva y necesaria de avanzar. Sin la modernización y transformación de la administración pública para adaptarse a las necesidades de hoy, será imposible lograr un futuro mejor para todos. Donde faltan administraciones capaces, los gobiernos están incapacitados; y donde los gobiernos están incapacitados, el desarrollo sostenible se queda corto.

Tras conocerse que el número de personas desplazadas forzadamente a nivel global superó el año pasado los 82 millones, un aumento del 4% sobre la cifra récord de 79,5 millones alcanzada a finales de 2019, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) urgió a los líderes mundiales a aumentar sus esfuerzos para fortalecer la paz y revertir esta tendencia.

A finales de 2020, el organismo de la ONU contabilizó a 20,7 millones de refugiados bajo su mandato y 5,7 millones de refugiados palestinos, 48 millones de desplazados dentro de sus países y más de cuatro millones de solicitantes de asilo.

El grupo poblacional más vulnerable ante esta situación, el de niños y niñas menores de dieciocho años, supone el 42% de todas las víctimas de desplazamiento forzoso.

El informe también destaca que, durante la fase más álgida de la pandemia en 2020, más de 160 países cerraron sus fronteras y entre éstos, 99 no contemplaron ninguna excepción con las personas que solicitaron protección.

El informe dedica un capítulo entero a los desplazados en Centroamérica y México y señala que durante la última década se han multiplicado casi por 50 los desplazamientos desde El Salvador, Guatemala y Honduras, aumentando de las 18.400 personas a finales de 2011 a unas 867.800 al término de 2020.

El estudio añade que en 2020 el número de desplazados internos creció en más de 2,3 millones, principalmente en Etiopía, Sudán, los países del Sahel, Mozambique, Yemen, Afganistán y Colombia, con un total de 8,3 millones a finales de año, según las estadísticas de los gobiernos.

Al mismo tiempo, unos 3,2 millones de desplazados internos y 251.000 refugiados volvieron a sus hogares a lo largo de 2020, unas cifras que suponen, respectivamente, un descenso del 40% y 21% en relación con 2019.

Además, 33.800 refugiados recibieron la nacionalidad en sus países de asilo, mientras que solo fueron reasentados 34.400, el registro más bajo en 20 años, posiblemente a consecuencia de la pandemia y el reducido número de plazas de reubicación disponibles.

“Las soluciones requieren que los líderes mundiales y aquellas personas con capacidad de influencia dejen de lado sus diferencias, pongan fin a los enfoques políticos egoístas y, en cambio, se centren en prevenir y resolver los conflictos y garantizar el respeto por los derechos humanos”.

Otras iniciativas, como las de la FAO, incluyen la promoción de dietas ecológicas, que son saludables y sostenibles, al igual que el trabajo que hace con los países que utilizan esas directrices dietéticas para que la sostenibilidad sea parte de estas dietas.

En diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó, en su resolución A/RES/71/246, el 18 de junio como el Día de la Gastronomía Sostenible.

La decisión de celebrar este día reconoce la gastronomía como una expresión cultural de la diversidad natural y cultural del mundo. Ante la actual crisis sanitaria actual con la pandemia de COVID-19, la gastronomía sostenible, que celebra los ingredientes y productos de temporada y contribuye a la preservación de la vida silvestre y nuestras tradiciones culinarias, se hace más relevante que nunca.

Una de cada cien muertes ocurridas durante el año 2019 – o 700.000 en cifras exactas- fue por suicidio, una de las principales causas de fallecimiento en el mundo, según estima una publicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este elevado número de decesos, ligado al hecho de que anualmente pierden la vida más personas por suicidio que por VIH, paludismo, cáncer de mama, o incluso por guerras y homicidios, ha conducido a la OMS a preparar una nueva serie de orientaciones para ayudar a los países a mejorar la prevención del suicidio.

Un análisis más detallado del fenómeno indica que la tasa de suicidios masculina dobla a la femenina con 12,6 por 100.000 hombres frente a 5,4 por 100.000 mujeres, y que representa el cuarto motivo de muertes entre jóvenes de 15 a 29 años tras los traumatismos por accidentes de tráfico, la tuberculosis y la violencia interpersonal.

Pese a que las tasas de suicidio a nivel mundial disminuyeron un 36% entre 2000 y 2019, con un rango del 17% en el Mediterráneo oriental al 49% en el Pacífico Occidental, se incrementaron un 17% en América.

La OMS subraya que, aunque algunos países han situado la prevención del suicidio en un lugar destacado en sus programas, actualmente solo 38 naciones tienen una estrategia nacional de prevención del suicidio y que es necesario impulsar este tipo de actuación de cara a cumplir con la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducir en un tercio la tasa mundial de suicidios para 2030.

El Secretario General de las Naciones Unidas afirma en su mensaje por el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que la humanidad está inmersa en un enfrentamiento “implacable y autodestructivo contra la naturaleza” y que por ello es necesario hacer las paces con nuestros ecosistemas.

“La biodiversidad está disminuyendo, la concentración de gases de efecto invernadero está aumentando y las huellas de nuestra contaminación se pueden encontrar hasta en las islas más remotas y las cumbres más altas”.

la degradación de tierras ya sea a consecuencia del cambio climático o de la expansión de la agricultura, las ciudades y las infraestructuras, mina el bienestar de 3200 millones de personas, perjudica la biodiversidad y comporta la aparición de enfermedades infecciosas como la COVID-19.

La restauración de tierras, una opción sencilla, barata y accesible para todo el mundo, contribuye a eliminar el carbono de la atmósfera, a ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse al cambio climático y a aumentar la producción agrícola cada año en 1,4 billones de dólares.

Coincidiendo con el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, el titular de la ONU emplazó a todo el mundo a comprometerse a colocar la salud de los suelos en el centro de las iniciativas de planificación.

Los compromisos adquiridos por más de un centenar de países con motivo del inicio del Decenio concretan la restauración de cerca de 800 millones de hectáreas -un tamaño comparable a la superficie de China- a lo largo de los próximos 10 años.

Pese a que el surgimiento de la pandemia de COVID-19 suscitó previsiones de una caída estrepitosa de las remesas familiares, esas transferencias alcanzaron los 540.000 millones de dólares en 2020, sólo 8000 millones, o 1,6% por debajo del total de 2019, según un estudio reciente del Banco Mundial.

El Día Internacional de las Remesas Familiares se celebra cada 16 de junio por decisión de la Asamblea General de la ONU para reconocer la contribución de los más de 200 millones de trabajadores migrantes que envían dinero a más de 800 millones de familiares en sus países de origen. La remesa familiar promedio oscila entre 200 y 300 dólares mensuales.

En la efeméride también se pone de relieve la resiliencia de los trabajadores migrantes ante las inseguridades económicas, los desastres naturales y climáticos y, en el último año, la pandemia.

Entre los catalizadores de las remesas en 2020 también destacó la adopción de la tecnología digital por parte de los trabajadores migrantes y sus familias, que facilitó las transferencias de dinero durante los confinamientos, que dificultaron el uso de los canales informales. Las estadísticas muestran que el monto enviado con tecnología móvil aumentó un 65% en ese año, para alcanzar 12.700 millones de dólares.

Además, la digitalización es más económica que las transferencias de efectivo y ha reforzado la adopción del dinero móvil, lo que promueve la inclusión financiera de los migrantes y sus familias.

La adopción del emblemático Convenio hace diez años fue aclamada como un importantísimo avance y provocó que el número de trabajadoras y trabajadores domésticos completamente excluidos del ámbito de las leyes y reglamentos laborales, se redujera en más de 16 puntos porcentuales.

Pese a esos avances, el 36% de estos trabajadores carece de cobertura laboral, lo que indica la necesidad urgente de subsanar los vacíos legales, en particular en Asia y el Pacífico y en los Estados Árabes, donde esas lagunas son mayores.

El trabajo doméstico sigue siendo un sector con rostro femenino. Emplea a 57,7 millones de mujeres, es decir al 76,2% de las personas con este tipo de ocupación.

Aunque en el continente americano, Europa y Asia Central las mujeres representan la mayor parte de esta población activa, la situación se invierte en los Estados Árabes y en África del Norte donde los hombres representan un porcentaje mayor (63,4%), y poco menos de la mitad del total de trabajadoras y trabajadores domésticos de Asia Meridional (42,6%).

La amplia mayoría de las trabajadoras y los trabajadores domésticos se desempeñan en dos regiones: aproximadamente la mitad (38,3 millones) en regiones de Asia y el Pacífico, en gran medida en China; mientras que una cuarta parte (17,6 millones) está en las Américas.

Aunque todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer COVID-19, las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y enfermedad grave después de la infección, y los mayores de 80 años mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio. Se estima que el 66% de las personas de 70 años o más tienen al menos una afección subyacente, lo que los coloca en un mayor riesgo de impacto severo por el COVID-19.

Las personas mayores también pueden sufrir discriminación por edad en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas. Las desigualdades globales significan que, ya antes del COVID-19, hasta la mitad de las personas mayores en algunos países en desarrollo no tenían acceso a los servicios de salud esenciales. La pandemia también puede conducir a una reducción de los servicios críticos no relacionados con el COVID-19, lo que aumenta aún más los riesgos para la vida de las personas mayores.

Algunas personas mayores se enfrentan a vulnerabilidades adicionales en este momento. El virus no solo amenaza la vida y la seguridad de las personas mayores, sino que también amenazando sus redes sociales, su acceso a los servicios de salud, sus trabajos y sus pensiones.

Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38%, de mil millones a 1,4 mil millones, superando en número a la juventud a nivel mundial, y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo, y requiere que se preste mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, incluso en el campo de los derechos humanos.

El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo y desarrollados y, por lo general, no se notifica suficientemente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 10%. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de los ancianos, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, este problema requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad.

Las formas de definir, detectar y resolver el maltrato de las personas mayores tienen que enmarcarse en el contexto cultural y considerarse junto con los factores de riesgo que tienen una especificidad cultural. Por ejemplo, en algunas sociedades tradicionales se obliga a las viudas de edad a casarse de nuevo, mientras que en otras las mujeres mayores que viven solas son acusadas de practicar la brujería. Desde una perspectiva sanitaria y social, si los sectores de atención primaria de salud y los servicios sociales no están bien preparados para detectar y resolver el problema, el maltrato de los ancianos seguirá estando semioculto.

https://youtu.be/-Y8apCof5EU

El océano: vida y medio de subsistencia

El océano cubre más del 70% del planeta. Es nuestra fuente de vida y el sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la tierra.

Con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y el 50% de los arrecifes de coral destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer. Para proteger y preservar el océano y todo lo que sustenta, debemos crear un nuevo equilibrio, arraigado en la verdadera comprensión del océano y cómo la humanidad se relaciona con él. Debemos construir una conexión con el océano que sea inclusiva, innovadora y basada en lecciones del pasado.

“El océano: vida y medio de subsistencia” es el tema del Día Mundial de los Océanos 2021, un año en el que a su vez arrancamos una década de desafíos para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: “Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos” de cara a 2030.

El propósito del Día es informar sobre el impacto de los humanos en el océano, desarrollar un movimiento mundial de ciudadanos por el océano y movilizar y unir a la población mundial en un proyecto para la gestión sostenible de los océanos.

Para ello las Naciones Unidas han organizado un evento virtual el 8 de junio de 2021, al igual que el año anterior, pero esta vez con el tema 2021: “El océano: vida y medio de subsistencia”.

Este año además es especialmente relevante, ya que marca el comienzo del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, que se extiende desde 2021 hasta 2030. El Decenio fortalecerá la cooperación internacional para desarrollar la investigación científica y las tecnologías innovadoras que pueden conectar las ciencias oceánicas con la necesidades de la sociedad.

https://youtu.be/Wy8i-iRZQdo

Durante demasiado tiempo, hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta. Cada tres segundos, el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol y, tan solo en el último siglo, hemos destruido la mitad de nuestros humedales. El 50% de nuestros arrecifes de coral ya se han perdido y para 2050, podrían desaparecer hasta el 90%, incluso si el calentamiento global se limita a un aumento de 1,5°C.

Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir este daño, pasar de explotar la naturaleza a curarla. Para ello, y precisamente en este día, arrancará el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de Ecosistemas (2021-2030), una misión global para revivir miles de millones de hectáreas, desde bosques hasta tierras de cultivo, desde la cima de las montañas hasta las profundidades del mar. Solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad.

El Día Mundial del Medio Ambiente 2021, que este año cuenta con Pakistán como país anfitrión, exige acciones urgentes para devolverle la vida a nuestros ecosistemas dañados.

Desde los bosques hasta las turberas y las costas, todos dependemos de ecosistemas saludables para nuestra supervivencia. Los ecosistemas se definen como la interacción entre los organismos vivos (plantas, animales, personas) y su entorno. Esto incluye a la naturaleza, pero también a los sistemas creados por el hombre, como las ciudades o las tierras de cultivo.

La restauración de los ecosistemas es una tarea global de una escala gigantesca. Significa reparar miles de millones de hectáreas de tierra, un área mayor que China o Estados Unidos, para que la gente tenga acceso a alimentos, agua potable y empleos.

Significa lograr que vuelvan plantas y animales que hoy están al borde de la extinción, desde las cimas de las montañas hasta las profundidades del mar.

Pero también incluye las muchas pequeñas acciones que todos podemos realizar, todos los días: cultivar árboles, reverdecer nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines con especies silvestres o limpiar la basura de los ríos y costas.

La restauración de los ecosistemas conlleva beneficios sustanciales para las personas. Por cada dólar invertido en restauración, se pueden esperar al menos entre siete y treinta dólares en ganancias para la sociedad. La restauración también crea empleos en las zonas rurales, donde más se necesitan.

https://youtu.be/9uSkcSqxKXQ

Junto con Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe es la región más afectada en el primer semestre del año en curso, con pérdidas de horas de trabajo de más de 8% en el primer trimestre y de 6% en el siguiente, comparadas con las tasas de 4,8% y 4,4% de la media mundial durante los mismos periodos.

Según la OIT, la recuperación del empleo se acelerará en la segunda mitad de 2021 siempre y cuando la pandemia no se agudice. Pero la recuperación será desigual -aclara el informe-, toda vez que el acceso a las vacunas es inequitativo y que la mayor parte de las economías tienen capacidades limitadas para respaldar los estímulos fiscales. “Además, es probable que la calidad de los nuevos puestos de trabajo en esos países sea inferior”, añade.

En comparación con 2019, la categoría de trabajadores pobres o sumamente pobres, es decir, que viven con menos de 3,20 dólares al día, ha aumentado en 108 millones de personas, lo que dificulta la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible de erradicar la pobreza para 2030.

La publicación destaca que la pandemia ha afectado con más dureza a los trabajadores más vulnerables, agravando las desigualdades preexistentes. “Dada la falta de protección social generalizada –por ejemplo, la de los 2000 millones de trabajadores del sector informal–, las perturbaciones laborales relacionadas con la pandemia han tenido consecuencias catastróficas para los ingresos y los medios de subsistencias de las familias.”

El impacto de la crisis laboral ha sido excesivo en las mujeres. En 2020, la contracción del empleo femenino fue del 5% frente al 3,9% del empleo masculino. Asimismo, fueron más las mujeres que quedaron fuera del mercado laboral.

La recuperación mundial de la crisis del COVID-19 requiere de una estrategia integral y coordinada, basada en políticas centradas en las personas, y respaldadas por la acción y la financiación.

De acuerdo con la OIT, la recuperación de los mercados de trabajo debe basarse en cuatro principios:

1.- Promover el crecimiento económico de base amplia y crear empleo productivo.Un sistema de transporte sostenible que promueva el crecimiento económico, reduzca las desigualdades y refuerce la lucha contra el cambio climático es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2.- Apoyar los ingresos de los hogares y la transición en el mercado de trabajo.

3.- Fortalecer los fundamentos institucionales necesarios para un crecimiento y un desarrollo económicos inclusivos, sostenibles y resilientes.

4.- Utilizar el diálogo social para formular estrategias de recuperación centradas en lo humano.

Los directores del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitaron a la comunidad de donantes una inversión de 50.000 millones de dólares que serviría para generar nueve billones de dólares en beneficios económicos mundiales en 2025 e impulsaría la capacidad de fabricación y suministro de productos sanitarios.

La declaración conjunta se basa en un reciente análisis del Fondo Monetario Internacional, según el cual es necesario destinar ese monto a nuevas inversiones de suministros de salud para aumentar su capacidad de fabricación, abastecimiento, circuitos comerciales y entrega, acelerando la distribución equitativa de material de diagnóstico, oxígeno, tratamientos, suministros médicos y vacunas.

Los responsables de los cuatro organismos subrayaron que es necesario aumentar las aspiraciones y vacunar a más personas con mayor rapidez. “La OMS y sus socios de COVAX se han fijado el objetivo de vacunar a aproximadamente el 30% de la población en todos los países para finales de 2021″; sin embargo, indicaron que “este objetivo puede llegar incluso al 40% mediante otros acuerdos y un aumento de la inversión, y al menos al 60% para la primera mitad de 2022″.

El cuarteto de líderes afirmó que los gobiernos deben actuar sin más demora o arriesgarse a que las oleadas continuas y los brotes repentinos de COVID-19, así como otras variantes del virus más transmisibles y mortales, socaven la recuperación mundial.

“Se calcula que con 50.000 millones de dólares se podrá acabar más rápidamente con la pandemia en los países en desarrollo, se reducirán las infecciones y la pérdida de vidas, se acelerará la recuperación económica y se generarán unos nueve billones de dólares adicionales en la producción mundial para 2025”, aseguraron los integrantes de la iniciativa.

La propuesta coincide con los análisis económicos de la Cámara de Comercio Internacional y del Grupo Eurasia, que defienden una inversión relativamente modesta por parte de los gobiernos en comparación con los billones gastados en planes de estímulo nacionales y los billones perdidos de producción económica. El elemento esencial del proyecto es que fomenta la vacunación global y salva la brecha de inequidad.

Desde 1980, la atención que la comunidad internacional presta a la importancia de la familia ha crecido. La Asamblea General ha adoptado varias resoluciones y ha proclamado el Año Internacional de la Familia y el Día Internacional de las Familias.

Destacando el papel crítico de los padres en la educación de los niños, el Día Mundial de las Madres y los Padres reconoce también que la familia tiene la responsabilidad principal en la alimentación y en la protección de los niños. Para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, los niños deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de felicidad, amor y comprensión.

La Asamblea General de la ONU, en su resolución A/RES/66/292 del 17 de septiembre de 2012 declaró el 1 de junio Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo.

Las familias se llevan la peor parte de la pandemia de COVID-19. Como los anclajes de la familia y la base de nuestras comunidades y sociedades, los padres tienen la responsabilidad de proteger a sus familias de cualquier daño, cuidar a los niños que no asisten a la escuela y, al mismo tiempo, continuar con sus responsabilidades laborales. Sin el apoyo de los padres, la salud, la educación y el bienestar emocional de los niños están en riesgo. Al introducir políticas y prácticas laborales adecuadas para las familias, las empresas y organizaciones estarán en una mejor posición para promover la seguridad y el bienestar de los niños y brindar un apoyo sistemático a los empleados.

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa su crecimiento exponencial, una nota técnica de UNICEF, OIT y ONU Mujeres sobre políticas favorables a la familia y otras buenas prácticas en el lugar de trabajo en el contexto de COVID-19 muestra que es esencial apoyar a las familias trabajadoras para minimizar las consecuencias negativas de la situación para los niños.

Durante la década de 1980, las Naciones Unidas comenzaron a centrar su atención en los problemas relacionados con la familia. En 1983, en base a las recomendaciones del Consejo Económico y Social, la Comisión para el Desarrollo Social en su resolución sobre el papel de la familia en el proceso de desarrollo (1983/23) solicitó al Secretario General que aumentara la conciencia entre los tomadores de decisiones y el público en general de los problemas y necesidades de la familia, así como de formas efectivas de satisfacer esas necesidades.

En su resolución 44/82, de 9 de diciembre de 1989, la Asamblea General proclamó 1994 como el Año Internacional de la Familia; y en la resolución 47/237 de 1993, la Asamblea General decidió que el 15 de mayo de cada año se celebrara el Día Internacional de las Familias.

En 2012, la Asamblea General proclamó el 1 de junio como el Día Mundial de los Padres, que se celebra anualmente en honor de los padres y madres de todo el mundo.

Millones de adictos al tabaco han decidido dejar de fumar a raíz de la pandemia.

Casi el 60% de los consumidores quieren ponerle fin, pero solo el 30% de la población mundial tiene acceso a servicios de calidad que les apoyen en su objetivo.

Actualmente, solo 23 países brindan servicios integrales en este aspecto.

En su campaña anual con motivo del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo), la Organización Mundial de la Salud quiere ayudar a 100 millones de personas a dejar de fumar a través de la iniciativa “Dejarlo es ganar”.

https://youtu.be/uATdLb_mHD4

El Día Internacional del Personal de Paz de la ONU, el 29 de mayo, brinda la oportunidad de reconocer la valiosa contribución del personal uniformado y civil a la labor de la Organización. También rendimos homenaje a más de 4000 trabajadores de personal de la paz que han perdido la vida defendiendo los valores de las Naciones Unidas desde 1948, incluidas las 130 perdidas del año pasado.

Este año, nuestro personal de paz se ha tenido que enfrentar a mayores desafíos y amenazas. Como el resto del mundo, tienen que enfrentarse a la pandemia por COVID-19, pero, además, tienen que responder a la constante exigencia de respaldar y proteger a la gente de los países en los que están destinados. Este 2021, el tema del Día es “El camino hacia una paz duradera: aprovechar el potencial de la juventud para la paz y la seguridad.”

En la actualidad, decenas de miles de jóvenes, de entre 18 y 29 años de edad, están desplegados en todo el mundo. Desempeñan un una función de vital importancia al ayudar a las misiones para llevar a cabo las actividades que se les han encomendado, incluida la protección de los civiles. En las operaciones de paz de la ONU —en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad 2250, 2419 y 2535— han incrementado las colaboraciones con los j’ovenes y grupos juveniles para ayudar a desarrollar una paz sostenible y a aplicar sus mandatos sobre el terreno.

La primera misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se estableció el 29 de mayo de 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de algunos observadores militares en Oriente Medio con el fin de formar el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT), con el fin de supervisar el Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.

Desde entonces, más de un millón de mujeres y hombres han servido en 72 misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, lo que ha influido de manera directa en las vidas de millones de personas y ha salvado un sinfín de ellas. A día de hoy, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tiene desplegados a más de 89.000 miembros del personal militar, policial y civil en 12 operaciones.

https://youtu.be/xJp-Pe5LyYM

El mundo ha dado un paso importante al lograr una de las metas que se había propuesto, proteger al menos 17% de la tierra y las aguas continentales y 10% del medio marino, pero se ha quedado corto en sus compromisos sobre la calidad de estas áreas. Por ejemplo, solo el 8% de esas áreas terrestres protegidas están conectadas. Y la pérdida de biodiversidad continúa.

Estas son las principales conclusiones de un un nuevo informe publicado por el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, elaborado con el apoyo de la National Geographic Society.

La última edición del informe Planeta Protegido que se publica cada dos años es la evaluación final de la Meta 11 de Aichi establecida en 2010 sobre áreas protegidas y conservadas que tenía como objetivo brindar importantes beneficios tanto a la biodiversidad como a las personas en un periodo de diez años:

“Para 2020, al menos 17% de las áreas terrestres y las aguas continentales, y 10% de las zonas costeras y marinas, especialmente las zonas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservarán mediante una gestión eficaz, equitativa y ecológicamente representativa y sistemas bien conectados de áreas protegidas y otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas, e integradas en paisajes terrestres y marinos más amplios”, rezaba el compromiso de la Meta.

Según el informe, desde 2010 hasta la fecha, el progreso ha sido notable, ya que el 42% de los más de 22 millones de km2 de tierra y 28 millones de km2 de océano protegidos o conservados se agregaron en la última década, lográndose el objetivo.

Sin embargo, el informe Planeta Protegido concluye que el desafío será mejorar la calidad tanto de las áreas nuevas como de las existentes para lograr un cambio positivo para las personas y la naturaleza, ya que la biodiversidad continúa disminuyendo, incluso dentro de muchas áreas protegidas.

Así, por ejemplo, frente al 20,2% de las áreas terrestres clave para la biodiversidad que están totalmente cubiertas por áreas protegidas a finales de 2020, el 33,8% carecían por completo de cobertura, y frente al 24,2% de áreas marinas clave para la biodiversidad totalmente cubiertas por áreas protegidas, el 33,9% carecían por completo de cobertura.

Las áreas protegidas y conservadas también deben estar mejor conectadas entre sí, para permitir que las especies se muevan y los procesos ecológicos funcionen. Si bien ha habido una mejora en tiempos recientes, menos de 8% de la tierra está protegida y conectada a la vez, una cifra muy por debajo de la proporción de 17% de la superficie terrestre que ahora está bajo protección. Asimismo, hace falta garantizar que las áreas circundantes se gestionen adecuadamente para mantener los valores de la biodiversidad.

El informe también encuentra que es necesario hacer más para administrar las áreas protegidas y conservadas de manera equitativa, de modo que los costos de conservación no sean asumidos por la población local mientras que otros disfrutan de sus beneficios. Esto es clave para construir redes de conservación que cuenten con el apoyo y la participación de todas las personas en todas partes.

El informe hace un llamado a que, además de designar nuevas áreas, se identifiquen y reconozcan las áreas protegidas y conservadas que ya existen, mediante la contabilización de los esfuerzos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las entidades privadas y el reconocimiento de sus derechos y responsabilidades.

Según el informe Planeta Protegido 2020: Latinoamérica y el Caribe, publicado con anterioridad al documento de hoy, Latinoamérica y el Caribe es la región más protegida del mundo (sin considerar la región polar) con más de 8,8 millones de km2 en áreas protegidas terrestres y marinas.

Esta cifra equivale a un 21,4% del área total protegida por América Latina (el 24% de las zonas terrestres y el 19% de las zonas marinas y costeras), una cobertura mayor que la superficie total de Brasil o a la suma de los territorios continentales de Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay.

Sin embargo, la región de Latinoamérica sigue el patrón del resto del mundo en cuanto a la biodiversidad. Se han identificado un total de 2300 Áreas Clave para la Biodiversidad que cubren más de 3,2 millones de km2. El 21,2% de estas Áreas Clave se encuentran cubiertas por áreas protegidas, que representan el 56,2% de la superficie total en la región, pero el 43,8% de las Áreas Clave no tiene ningún grado de protección bajo la figura de áreas protegidas.

En cuanto a conexión entre las áreas protegidas en América Latina y el Caribe, la gran mayoría de los países aún están en proceso hacia el cumplimiento del criterio de la Meta 11 de Aichi. De los 51 países y territorios en la región, solo nueve presentan más del 17% de su superficie terrestre protegida y conectada. En promedio, 33% de la extensión de esos sistemas nacionales de áreas protegidas no están bien conectados, es decir, aproximadamente una tercera parte de la superficie protegida corresponde a islas de conservación.

El informe también presenta la diversidad de modelos funcionales de gobernanza en áreas protegidas y conservadas existentes en la región y expone la necesidad de generar mecanismos institucionales y legales para reconocerlos y darles operatividad.

Finalmente, hace un llamado a unir esfuerzos para lograr una conservación más efectiva e inclusiva. Invita a incrementar significativamente los recursos financieros para los sistemas de áreas protegidas, mejorar las evaluaciones de la efectividad del manejo de manera sistemática, así como mejorar las condiciones laborales de los guardaparques.

En un futuro marcado por la incertidumbre, las áreas protegidas y conservadas deben ser reconocidas como el principal mecanismo de conservación de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos, elementos básicos para el bienestar humano.

En estos tiempos críticos, las áreas protegidas y conservadas deben contar con las condiciones propicias para cumplir plenamente sus objetivos de conservación y ser reconocidas como motores de desarrollo local, con responsabilidad compartida, que proveen servicios fundamentales para la salud y supervivencia humana.

Al proteger áreas intactas y restaurar ecosistemas degradados, los países pueden crear una red que ayude a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, mantenga los servicios ecosistémicos esenciales, apoye a la sociedad para enfrentar y adaptarse al cambio climático y reduzca el riesgo de futuras pandemias.

Las largas jornadas laborales provocaron 745.000 muertes por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo publicadas en Environment International.

Una de las cuestiones más preocupantes del estudio es el hecho de que lejos de haber avanzado en la mejora de la salud de los trabajadores, esas cifras suponen un aumento del 29% desde el año 2000.

En un primer análisis global de la pérdida de vidas y salud asociada con el trabajo prolongado, las dos agencias de la ONU estiman que, en 2016, 398.000 personas murieron por accidente cerebrovascular y otras 347.000 por enfermedades cardíacas como resultado de haber trabajado al menos 55 horas a la semana.

Entre 2000 y 2016, el número de muertes por enfermedades cardíacas debido al trabajo prolongado aumentó en un 42% y por derrames cerebrales en un 19%.

Además, se perdieron 23,3 millones de años de vida a causa de las discapacidades generadas por esas enfermedades.

Esta carga de morbilidad relacionada con el trabajo es particularmente significativa en los hombres (el 72% de las muertes ocurrieron entre hombres), las personas que viven en las regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental, y los trabajadores de mediana edad o mayores.

La mayoría de las muertes registradas fueron entre personas que tenían entre los 60 y 79 años y que habían trabajado durante 55 horas o más por semana entre las edades de 45 y 74 años.

Ahora que se sabe que trabajar muchas horas es responsable de aproximadamente un tercio de la carga total estimada de enfermedad relacionada con el trabajo, esta se establece como el factor de riesgo con la mayor carga de enfermedad ocupacional. Esto cambia el pensamiento hacia un factor de riesgo ocupacional relativamente nuevo y más psicosocial para la salud humana.

El estudio concluye que trabajar 55 horas o más por semana se asocia con un riesgo estimado de 35% más de accidente cerebrovascular y un 17% más de riesgo de morir por cardiopatía isquémica, en comparación con trabajar de 35 a 40 horas a la semana.

Los epidemiólogos ocupacionales a menudo clasifican las largas horas de trabajo en las tres categorías analíticas de 41-48 horas, 49-54 y de más de 55 horas a la semana, y las comparan con las horas de trabajo estándar, que son de 35-40 horas a la semana. Después de que el tiempo de trabajo promedio disminuyó constantemente durante la segunda mitad del siglo XX en la mayoría de los países, esta tendencia general a la baja cesó, e incluso comenzó a revertirse en algunos países durante el siglo XXI.

A medida que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación revolucionan el trabajo, se prevé que el tiempo de trabajo aumente aún más en algunas industrias.

“El teletrabajo se ha convertido en la norma en muchas industrias, a menudo desdibujando los límites entre el hogar y el trabajo. Además, muchas empresas se han visto obligadas a reducir o cerrar sus operaciones para ahorrar dinero, y las personas que todavía están en nómina terminan trabajando más horas. Ningún trabajo merece el riesgo de sufrir un derrame cerebral o una enfermedad cardíaca. Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores deben trabajar juntos para acordar los límites para proteger la salud de los trabajadores”.

La evidencia de estudios previos sugiere que trabajar muchas horas puede aumentar la mortalidad y la morbilidad por cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular a través del estrés psicosocial.

Se pueden concebir dos vías causales primarias:

Las dos agencias hacen una serie de medidas que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores pueden tomar para proteger la salud de los trabajadores:

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, la UNCTAD, el sector del comercio electrónico experimentó un gran crecimiento en las ventas al por menor, pasando del 16% al 19% en 2020. El aumento se vio impulsado por las restricciones a la circulación adoptadas por varios países para luchar contra la pandemia del COVID-19.

La mayor alza porcentual de ventas minoristas se produjo en Corea del Sur con el país asiático creciendo de un 20,7% en 2019 a un 25,9% el 2020. Otras alzas destacadas durante el mismo periodo se produjeron en el Reino Unido aumentando del 15,8 al 23,3%; China del 20,7 al 24,9%; Estados Unidos del 11 al 14%, Australia del 6,3 al 9,4% y Singapur del 5,9 al 11,7%.

Por otro lado, y según las últimas estimaciones disponibles, las ventas del comercio electrónico a nivel global en 2019, incluyendo las ventas entre empresas y de empresa a consumidor, alcanzaron los 26,7 billones de dólares, un aumento del 4% con respecto a 2018. La cifra equivale al 30% del producto interior bruto mundial de 2019.

El estudio halló resultados desiguales cuando analizó los resultados de las trece principales empresas de comercio electrónico orientadas al consumidor, la mayoría de ellas chinas y estadounidenses.

Los principales retrocesos en esta área se produjeron en compañías dedicadas al turismo o al transporte privado con fuertes reducciones en su valor bruto de mercancías.

Las ventas de las empresas de comercio electrónico orientadas al consumidor se estimaron en 4,9 billones de dólares en 2019, un 11% más que en 2018. Los tres primeros países por ventas de comercio electrónico continúan siendo China, Estados Unidos y el Reino Unido.

El informe estima que el valor del comercio electrónico mundial entre empresas en 2019 fue de 21,8 billones de dólares, una cifra que representa el 82% de todo el comercio electrónico.

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa.

Tras 30 años, la conexión histórica establecida entre la libertad de buscar, difundir y recibir información y el bien público sigue siendo tan relevante como en el momento de su firma. Está previsto que durante la Conferencia Internacional del Día Mundial de la Libertad de Prensa se realicen conmemoraciones especiales del 30º aniversario.

Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar la libertad de expresión y para concienciar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional. Asimismo sirve para:

La Conferencia Internacional 2021 está organizada por la UNESCO y el Gobierno de Namibia, y tendrá lugar del 29 de abril al 3 de mayo en Windhoek. El evento será una experiencia física y digital que combinará la participación virtual y presencial. Habrá foros regionales, eventos paralelos, conferencias magistrales, muestras artísticas, proyecciones de películas ¡y mucho más! Únase a otros líderes de los medios de comunicación, activistas, responsables políticos, expertos en medios de comunicación y legislación, artistas, académicos, investigadores y OSC de todo el mundo.

Bajo el tema “La información como bien público”, la Conferencia hará un llamado a la urgencia de abordar la amenaza de extinción que enfrentan los medios de comunicación locales a nivel mundial, una crisis que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. Presentará ideas para encarar los desafíos de nuestro entorno de medios en línea, impulsar una mayor transparencia, fortalecer la seguridad de los periodistas y mejorar sus condiciones laborales, así como apoyar a los medios independientes para encaminarlos mejor.

El COVID-19 ha trastornado el mundo del trabajo y es probable que los efectos sean duraderos. Uno de los que más han sufrido han sido los que han estado en la primera línea de frente de la lucha contra el virus.

Más de 7000 trabajadores sanitarios han fallecido desde que surgió la crisis del COVID-19, y 136 millones de empleados en esos servicios y los de asistencia social corren el riesgo de contraer esa enfermedad, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un nuevo informe, publicado con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la agencia de la ONU explica que para echar a andar estos sistemas hace falta invertir en infraestructura e integrar todas sus provisiones en los planes nacionales de preparación y respuesta a las crisis.

Además de proteger a los trabajadores, de esta manera se facilitaría la continuidad de la operación empresarial aún en tiempos de emergencia, sostiene la publicación.

Según el estudio “Anticiparse a las crisis, prepararse y responder – Invertir hoy en sistemas resilientes de SST”, la emergencia del COVID-19 colocó a los trabajadores no sólo en riesgo de contraer el virus en el lugar de trabajo, sino que los sometió a restricciones de movilidad y produjo un aumento de las modalidades de teletrabajo, así como el cierre de muchas actividades comerciales y de manufactura.

La OIT señala que el impacto de la crisis afectó el mercado de trabajo, las condiciones laborales, los salarios y, en muchos casos, el acceso a protecciones como las licencias por enfermedad y las prestaciones sociales.

Con respecto a los trabajadores de la economía informal, generalmente los más pobres y desprotegidos, el texto enfatiza que su vulnerabilidad se ha agudizado en el contexto de la pandemia.

Añade que las medidas de confinamiento total o parcial aplicadas en muchos países, que afectan a unos 5000 millones de personas en el mundo, han golpeado a unos 1600 millones de trabajadores informales, que trabajan en sectores como los servicios de alojamiento y alimentación, la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista y la agricultura.

Los trabajadores de la economía informal, especialmente en los países en desarrollo, no tienen más opción que trabajar a pesar de las restricciones de movimiento e interacción social, los confinamiento y otras medidas porque no tienen acceso a protecciones sociales como las licencias o subsidios por enfermedad o emergencias.

Además, las condiciones de vida hacinadas e insalubres hacen casi imposible el distanciamiento físico en sus viviendas.

Entre las provisiones para enfrentar las emergencias, la Organización destaca el papel crucial del diálogo social en todos los ámbitos de respuesta.

De acuerdo con la OIT, un diálogo social eficaz ayuda a ofrecer mejores soluciones para adaptarse a las circunstancias y generar confianza.

El informe también recuerda que las normas laborales internacionales son una referencia importante para proteger el trabajo decente en el contexto de las respuestas a las crisis.

La agencia asevera que la pandemia ha evidenciado la necesidad de que los países cuenten con un marco institucional nacional sólido de seguridad y salud en el trabajo, al igual que una autoridad competente en la materia que ejerza el liderazgo y actúe como organismo de confianza en una crisis para producir respuestas más coordinadas y rápidas.

Agrega que la emergencia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que los servicios de salud en el trabajo actúen “como puente” entre los sistemas de salud pública y el lugar de trabajo con servicios como el asesoramiento, la consulta, la educación y la formación; el seguimiento de los casos, y la notificación a las autoridades sanitarias y de la seguridad social.

Sensibilización sobre seguridad y salud en el trabajo, el caso de México

El estudio considera fundamental que los trabajadores, los empleadores y la sociedad en su conjunto cobren conciencia de la importancia de la seguridad y la salud en la esfera laboral.

Como ejemplo de una buena práctica en este renglón, cita las campañas de sensibilización sobre sobre el tema en las cadenas de valor del café en México.

Dicha iniciativa implicó la producción de una serie de recursos audiovisuales por parte de la OIT y la Federación Nacional de Cafeteros con el objetivo de concienciar a los trabajadores sobre la seguridad y la salud en el trabajo en las cadenas de valor del café durante la pandemia de COVID-19.

La campaña incluyó una radionovela de diez capítulos sobre diversos aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, incluida la mitigación del riesgo de COVID-19 durante la cosecha.

También se crearon cuñas radiofónicas, en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, para hablar de los peligros del coronavirus y de cómo mantenerse a salvo en el sector del café. Por último, se produjo una serie de videos en los que se habla de la prevención del COVID-19 en la agricultura, así como de la limpieza, la desinfección y otras medidas de mitigación.

En 1986 una explosión en la central nuclear de Chernóbil propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética y que ahora son los territorios de Belarús, Ucrania y la Federación de Rusia. Casi 8.4 millones de personas en los tres países fueron expuestas a la radiación.

El gobierno soviético reconoció la necesidad de la ayuda internacional sólo en 1990. Ese mismo año la Asamblea General adoptó la Resolución 45/190, llamando a “la cooperación internacional para abordar y mitigar las consecuencias de la planta nuclear de Chernóbil”. Ese fue el comienzo de la participación de las Naciones Unidas en la recuperación de Chernóbil. El grupo de trabajo interinstitucional fue creado para coordinar la cooperación de Chernóbil. En 1991, la ONU creó el Fondo Fiduciario para Chernóbil, en la actualidad bajo la dirección de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Desde 1986, el sistema de las Naciones Unidas y las principales ONG han puesto en marcha más de 230 diferentes estudios y proyectos de asistencia en los ámbitos de salud, seguridad nuclear, rehabilitación, medio ambiente, obtención de alimentos limpios e información.

En 2002 las Naciones Unidas anunció un cambio en la estrategia de Chernóbil, con un nuevo enfoque en el desarrollo a largo plazo. El PNUD y sus oficinas regionales en los tres países afectados tomaron la delantera en la aplicación de la nueva estrategia. Todavía hay mucho trabajo que hacer en la región afectada. Para prestar apoyo a los programas internacionales, nacionales y públicos dirigidos al desarrollo sostenible de estos territorios, en 2009 la ONU presentó la Red Internacional de Investigación e Información sobre Chernóbil. Las consecuencias de Chernóbil seguirán en el futuro. El trabajo de la comunidad internacional no ha terminado todavía.

El 8 de diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que designaba el 26 de abril como el Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil. En su resolución, la Asamblea General reconoció que, incluso 30 años después, “las consecuencias a largo plazo persisten y las comunidades y los territorios afectados todavía tienen demandas en relación a este problema” e invitó a “todos los Estados Miembros, los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, a que celebren el día”.

La finalización de la colocación del nuevo confinamiento seguro sobre el antiguo refugio fue un hito importante logrado en 2019, con más de 4 500 millones de euros proporcionados por más de 45 naciones donantes a través de fondos administrados por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). El nuevo confinamiento seguro fue entregado al Gobierno de Ucrania el 10 de julio de 2019. El alcance del proyecto en términos de cooperación internacional es uno de los más grandes jamás vistos en el campo de la seguridad nuclear.

Dado que las agencias de las Naciones Unidas han cambiado su perspectiva de la asistencia humanitaria a la prevención, recuperación, remediación y desarrollo de la capacidad, se adoptó un enfoque integrado del desarrollo sostenible para abordar las necesidades de las regiones y comunidades afectadas. Las agencias, fondos y programas han continuado trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania para proporcionar asistencia para el desarrollo a las comunidades afectadas por Chernóbil.

El 23 de abril celebramos el español en las Naciones Unidas, un idioma que unifica a más de 500 millones de personas de diferentes culturas y países.

La elección del día atiende al aniversario de la muerte del gran genio de las letras españolas, Miguel de Cervantes. Casualmente, la fecha de su fallecimiento coincide con la del más prestigioso dramaturgo inglés, William Shakespeare. De ahí que ambas lenguas compartan el día.

Las Naciones Unidas siempre han buscado maneras creativas de promover los idiomas oficiales en todas las esferas de su labor, entre las que por supuesto no podría faltar el español.

En el caso del español también se cuenta con otra herramienta extraordinaria: el Grupo de Amigos del Español, un equipo fundado en 2013 por los 20 Estados miembros de habla hispana para coordinar y realizar actividades dirigidas a promocionar el uso y la difusión del español en la labor de la ONU.

La Organización apostó por el multilingüismo en el reconocimiento del árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso como idiomas oficiales; mientras, el francés y el inglés serían los idiomas de trabajo de la Secretaría de las Naciones Unidas, factor que persiste en la actualidad.

En 2010, la Organización dio otro paso más hacia su apuesta multilingüista y decidió celebrar su diversidad cultural a través del establecimiento de los “Días de las Lenguas” para sus seis idiomas oficiales.

Un año más tarde, en 2011, las Naciones Unidas propugnaron el multilingüismo como medio para promover, proteger, y preservar la diversidad de idiomas y culturas en todo el mundo, lo que implicaba a su vez el fomento del respeto de la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una participación más amplia y efectiva de todos dentro de la Organización.

América Latina y el Caribe aporta el 14% de la producción mundial de alimentos y el 45% del comercio internacional neto de productos agroalimentarios, y sus sistemas agroalimentarios suponen hasta la mitad del empleo total, así como entre el 30 y el 40% del producto interior bruto económico.

En la Revolución Verde de los años 60 y 70 que creció en México fue decisiva para acabar con las hambrunas en todo el mundo, la nueva misión, regional, es “impulsar la necesaria transformación de los sistemas agroalimentarios para que podamos alimentar a 10.000 millones de personas en 2050”.

Para que llegue a producirse será necesario aumentar la productividad agrícola mediante sistemas agroalimentarios sostenibles con dietas seguras y saludables, una mayor eficiencia hídrica, la regeneración del suelo y el almacenamiento de carbono, menos gases de efecto invernadero, la preservación de los bosques tropicales y la biodiversidad y una mayor equidad para los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y los jóvenes y mujeres del medio rural.

La pandemia de COVID-19 ha producido un impacto negativo en el continente americano, donde se han producido casi la mitad de las muertes y los casos documentados de la enfermedad. A este dato negativo, se le añade la contracción de un 7,7% del PIB de América Latina y el Caribe en 2020 que ha provocado un retroceso sin precedentes en la lucha contra el hambre y la pobreza.

“La mayor caída económica del mundo producto del COVID-19 se verá en América Latina y el Caribe. 2,7 millones de empresas han cerrado. La región podría tardar una década en volver al nivel prepandemia”.

Casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria, según concluye el nuevo informe sobre el Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El informe anual sobre el Estado de la Población Mundial, este año bajo el lema Mi cuerpo me pertenece: Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación, es el primero que realiza la ONU centrándose en la autonomía corporal y busca resaltar el poder y la capacidad para tomar decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.

El Fondo destaca que la falta de autonomía corporal comporta grandes implicaciones que van más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en la esfera individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

El análisis mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado de apoyo o interferencia legislativo de los países sobre el derecho de una mujer a tomar este tipo de decisiones. Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.

El informe también analiza cómo las iniciativas para confrontar los abusos pueden derivar en mayores vulneraciones de la autonomía corporal.

Según el estudio, las auténticas soluciones a estos problemas deberán considerar las necesidades y experiencias de las personas afectadas.

El informe sobre el Estado de la Población Mundial se publica anualmente desde 1978 y pone de relieve cuestiones novedosas en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incorporándolas al debate público y analizando los retos y las oportunidades que presentan para el desarrollo internacional.

El número de solicitudes de asilo en México batió su récord en marzo con más de 9000 peticiones. En lo que va de 2021, el número de peticiones ha aumentado más de un 30% respecto al año pasado.

Desde enero, se han registrado 22.606 solicitudes, según los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que recoge un comunicado de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Esto representa un aumento del 31% respecto a 2020 y del 77% con respecto al mismo período de 2019.

Entre 2014 y 2019, el número de solicitudes de asilo registradas en México aumentó de 2137 a 70.302, un incremento de más del 3000%.

La pandemia causó una pausa en la tendencia al alza, cuando las restricciones de movimiento relacionadas con la COVID-19 y los cierres de fronteras llevaron a una caída significativa en las solicitudes. Sin embargo, a medida que los países flexibilizaron las restricciones la trayectoria ascendente regresó.

Según la Agencia, el alto número de solicitudes es también una muestra de los importantes esfuerzos que está haciendo México para ofrecer protección a quienes huyen para salvar sus vidas.

“Un 64% son del triángulo norte de Centroamérica. De ellos, el 51% proviene de Honduras, 8% de El Salvador y un 5% de Guatemala. Los cubanos y haitianos son un 11% cada uno y los venezolanos un 6%. Un 22% de todos los solicitantes son niños y la mayoría llegan sin familiares”.

En cuanto a las personas que intentan llegar a Estados Unidos, ACNUR está ayudando al actual Gobierno a procesar las solicitudes de personas que tenían casos abiertos, pero fueron obligadas a permanecer en México por el anterior Ejecutivo. De las 25.000 personas elegibles, se han completado 17.248 solicitudes entre febrero y comienzos de abril.

Desde 2018, ACNUR ha ayudado a impulsar la capacidad de registro y procesamiento de casos, incluso mediante la contratación de personal y el apoyo para abrir un nuevo centro de procesamiento en la ciudad de Tapachula, Chiapas, al sur de México.

La Agencia también amplió sus programas para asistir a las personas solicitantes de asilo mientras se examinan sus solicitudes para apoyar a las personas reconocidas como refugiadas a integrarse en sus comunidades de acogida. Entre otros programas, lanzaron uno para que las personas refugiadas sean reubicadas y puedan aprovechar oportunidades laborales y educativas en ciudades del centro y norte de México.

ACNUR también ha dado apoyo adicional para aumentar la capacidad de más de 30 albergues de la sociedad civil. A finales de 2020, se completó la construcción de un nuevo albergue de 300 camas para personas solicitantes de asilo y refugiadas en Tapachula. En 2021, la Agencia completará la construcción de dos albergues, uno en Monterrey y otro en San Cristóbal de las Casas en el sur de México. Más del 70% de las solicitudes de asilo en México se realizan en el sur, especialmente en el estado de Chiapas.

La Agencia prevé que en 2021 las necesidades sigan siendo altas y continuarán apoyando a las autoridades mexicanas y a las personas solicitantes de ayuda.

El consumo de bebidas alcohólicas, por sí solo, ocasionó un promedio de 85.000 muertes anualmente entre 2013 y 2015 en las Américas, donde la ingesta per cápita es 25% mayor a la del promedio mundial, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud y publicado en la revista Addiction.

El análisis de los datos de mortalidad en 30 países de la región (el mayor en su tipo en las Américas) muestra los siguientes resultados clave:

Los resultados de este estudio indican que los países de ingresos altos tienen un mayor consumo per cápita de bebidas alcohólicas mientras que los países de bajo y mediano ingreso tienen una mayor tasa de mortalidad atribuible al alcohol para el mismo nivel de consumo de esas bebidas.

La agencia de la ONU para la salud en el continente exhorta a los países de la región a frenar el consumo nocivo de bebidas alcohólicas mediante el aumento de los impuestos aplicables e imponer amplias restricciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio de estos productos. Asimismo, el acceso a datos de mejor calidad sobre la mortalidad y la morbilidad causadas por las bebidas alcohólicas es fundamental para dar seguimiento al impacto de la ingesta de alcohol.

Durante la pandemia de COVID-19, las bebidas alcohólicas se han promovido por las redes sociales y su disponibilidad ha aumentado en muchos países debido a la mayor facilidad de acceso a las compras en línea y las entregas a domicilio.

Hay evidencias que indican que las personas con mayor probabilidad de aumentar su consumo de bebidas alcohólicas como resultado estos factores, ya consumían alcohol en exceso antes de la pandemia. Adicionalmente, los puntos de venta de bebidas alcohólicas, como bares y clubes nocturnos, atraen multitudes que no respetan el uso de mascarillas ni practican el distanciamiento social.