Este 12 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas llama a los 30.7 millones de mexicanos que tienen entre 15 y 29 años de edad, y a los 1,800 millones de personas de entre los 10 y 24 años del resto del mundo, a convertirse en agentes de acción global (Youth Engagement for Global Action).

Cada año, en el Día Internacional de la Juventud se reconocen los esfuerzos de los jóvenes del mundo en la mejora de la sociedad global y se promueven formas para involucrarlos en acciones que se reflejen positivamente en sus comunidades.

A 10 años del compromiso global de lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplir la Agenda 2030, para que se conviertan en una realidad para todos y todas, presenciamos cómo muchas instituciones públicas se están erosionando y cómo se polarizan las naciones, y se observa la urgente necesidad de aplicar soluciones a diversos conflictos entre países, a la crisis sanitaria del COVID-19 y al cambio climático.

Ante los tamaños de esos conflictos, este 2021 la humanidad mira con esperanza la participación de los jóvenes en los planos local, nacional y mundial en las instituciones, y busca extraer enseñanzas para mejorar la representación y participación de las juventudes en la política.

Otro de los grandes retos para los y las jóvenes es el inexorable crecimiento de la población mundial que se prevé aumente en 2,000 millones de personas al 2050, lo que moverá a incrementar sustancialmente la producción de alimentos más saludables y sostenibles para garantizar el bienestar humano y del planeta, que incluye abordar a fondo la reducción de la pobreza, la inclusión social, la atención de la salud, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

La juventud necesita mecanismos de apoyo inclusivos que garanticen que va a poder seguir luchando colectiva e individualmente para restaurar el planeta y proteger la vida. Al mismo tiempo, se debe integrar la diversidad biológica en la transformación de los sistemas alimentarios.

Se calcula que al 2030 sumarán 1,300 millones las personas jóvenes del mundo para quienes debemos, sociedades y gobiernos, procurar que se constituyan en una fuerza positiva y creativa para el desarrollo, pero se requiere brindarles el conocimiento y las oportunidades necesarias para que puedan prosperar a través de la educación y la construcción de las habilidades que faciliten su inserción sana, eficiente y productiva en todas las esferas de la sociedad.

Fuente: SEMARNAT 12 de julio de 2021

Transformar los sistemas alimentarios: Innovación
juvenil para la salud de los seres humanos y del planeta

Se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años. Esto ha provocado que numerosos interesados entiendan que no bastará con incrementar la producción de alimentos más saludables y sostenibles para garantizar el bienestar humano y del planeta. Se deben abordar otros desafíos cruciales, como los objetivos que se plantean en la Agenda 2030, entre ellos la reducción de la pobreza, la inclusión social, la atención de la salud, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. La juventud necesita mecanismos de apoyo inlcusivos que garanticen que va a poder seguir luchando colectiva e individualmente para restaurar el planeta y proteger la vida. Al mismo tiempo, se debe integrar la diversidad biológica en la transformación de los sistemas alimentarios.

El tema del Día Internacional de la Juventud 2021, “Transformar los sistemas alimentarios: Innovación juvenil para la salud de los seres humanos y del planeta”, pone de relieve el éxito de ese esfuerzo mundial que no se logrará sin la participación significativa de los jóvenes.

Durante el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social de 2021, la juventud que participó planteó, entre otras cuestiones y prioridades, el impacto de la pandemia de COVID-19 y su efecto en la salud, el medio ambiente y los sistemas alimentarios. Los jóvenes participantes subrayaron la importancia de trabajar en pro de sistemas alimentarios más equitativos. También se planteó que para que la juventud pueda tomar correctas decisiones sobre su alimentación debe haber más educación en todo el mundo sobre las opciones más saludables y sostenibles tanto para las personas como para el medio ambiente. Además, se formularon recomendaciones sobre cómo facilitar la capacidad adecuada para la resiliencia de los sistemas alimentarios, sobre todo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella.

El COVID-19 afecta a todos los segmentos de la población, y la juventud desempeña un papel fundamental en la gestión de esta pandemia y en la recuperación tras esta. Aunque todavía no se sabe con seguridad cómo afecta la enfermedad a los jóvenes, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (WPAY) establece que los gobiernos deben asegurar que sus servicios satisfacen las necesidades de la juventud. En este contexto, hay que garantizar que los jóvenes, así como otros sectores de la comunidad y los pacientes, son tenidos en cuenta en la puesta en marcha de medidas, tanto sanitarias como no sanitarias, en la respuesta a la COVID-19.

Una juventud innovadora está dando respuesta al virus. Se están desarrollando varias iniciativas para fomentar y aprovechar los esfuerzos de los jóvenes por generar y ayudar a las poblaciones en situación de riesgo o afectadas por la pandemia. Aunque la mayoría de estas iniciativas son de carácter voluntario, como las de jóvenes que van a comprar y entregar alimentos a personas mayores o en situación de riesgo, también las hay en forma de empresas sociales. Muchos centros de innovación tecnológica impulsados por jóvenes ofrecen apoyo a empressas emergentes para desarrollar soluciones efectivas para abordar el COVID-19.

https://youtu.be/QlYd325hNrY

El Día Internacional de la Juventud busca generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que este grupo de población se enfrenta, siendo en la actualidad el caso de la crisis sanitaria por la COVID-19, que ha impactado en mayor medida a esta población, generando retrocesos en materia de educación, así como en las oportunidades laborales y sociales, durante una etapa crucial en el desarrollo de su vida.

Es por ello que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información cuyo propósito es dar cuenta de la situación en la que se encuentran las personas jóvenes en materia de educación y ocupación en el lapso de la emergencia sanitaria.

Estructura de la población joven

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en México habitan 31 millones de personas de 15 a 29 años, que representan el 25% del total de la población en el país. Por grupos de edad, 10.8 millones tienen entre 15 y 19 años, y representan 35% del total; 33% (10 millones) están en el grupo de 20 a 24 años, y 32% (9.9 millones) entre 25 y 29 años.

La distribución por sexo presenta una ligera proporción más alta de mujeres (51%) que de hombres (49%); en el grupo de edad de 15 a 19, la proporción es similar; en los grupos de 20 a 24 años y 25 a 29 años, las mujeres tienen una proporción mayor.

Se prevé que la pandemia tenga impactos significativos en los resultados educativos de la población joven, debido a la interrupción o disminución del aprendizaje y donde corren el riesgo de experimentar una transición más larga y compleja hacia el empleo y trabajo decente ; siendo la población adolescente uno de los grupos más afectados. El Censo de Población y Vivienda 2020 muestra que, del total de la población de 15 a 29 años, 32% asisten a la escuela. Se observa una participación similar entre mujeres y hombres en este rango de edad.

El nivel de asistencia escolar de la población de 15 a 29 años muestra una mayor proporción de mujeres que asisten a la escuela en el grupo de edad de 15 a 17 años: 74% de las mujeres en este grupo de edad asisten a la escuela, respecto al 70% de los hombres. También en el grupo de 18 a 23 años se registra una mayor participación de las mujeres con 36% contra 35% de los hombres. En el grupo de mayor edad, el de 24 a 29 años, la situación se invierte: 8% de los hombres asiste a la escuela, por 7% de las mujeres.

No dejar a nadie atrás: pueblos indígenas
y el llamado a un nuevo contrato social

Hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades.

Aunque numerosos pueblos indígenas en todo el mundo son autónomos y algunos han logrado establecer la autonomía en diversas formas, muchos de ellos todavía se encuentran bajo la autoridad última de los gobiernos centrales que ejercen el control sobre sus tierras, territorios y recursos. A pesar de esa realidad, los pueblos indígenas han demostrado ejemplos extraordinarios de buen gobierno, desde los iroqueses (pueblos nativos americanos) hasta los parlamentos Sámi en Finlandia, Suecia y Noruega.

La pandemia de COVID-19 ha expuesto y exacerbado muchas desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones de todo el mundo que ya sufrían pobreza, enfermedad, discriminación, inestabilidad institucional o inseguridad financiera. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el contraste es aún más marcado. Está claro que en muchas de nuestras sociedades, el contrato social necesita una revisión, como mínimo.

Pero, ¿qué es un contrato social?

Un contrato social es un acuerdo no escrito que las sociedades hacen para cooperar por beneficios sociales y económicos. En muchos países, donde los pueblos indígenas fueron expulsados de sus tierras, sus culturas e idiomas denigrados y sus gentes marginadas de las actividades políticas y económicas, estos nunca fueron incluidos en ningún contrato social. El contrato social se hizo entre las poblaciones dominantes.

Durante los últimos años y décadas, varias sociedades han tratado de abordar este problema, incluso a través de disculpas, esfuerzos por la verdad y la reconciliación, reformas legislativas, así como reformas constitucionales. Mientras que, a nivel internacional, estos esfuerzos han incluido la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la creación de órganos asesores como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

A pesar de la existencia de instrumentos internacionales para responder a estas desigualdades, no todos se embarcan en el viaje colectivo para garantizar que nadie se quede atrás, incluidos los pueblos indígenas. Por tanto, es necesaria la construcción y el rediseño de un nuevo contrato social como expresión de cooperación por el interés social y el bien común de la humanidad y la naturaleza.

El nuevo contrato social debe basarse en una auténtica participación y asociación que fomente la igualdad de oportunidades y respete los derechos, la dignidad y las libertades de todos. Y ello pasa por el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, un componente clave para lograr la reconciliación entre los indígenas y los Estados.

Es por ello que este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, debemos reivindicar su inclusión, participación y aprobación en la constitución de un sistema con beneficios sociales y económicos para todos.

https://youtu.be/poLpjrIAfTo

El 9 de agosto de cada año, desde 1994, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se eligió esta fecha con base en el día de la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Como consecuencia a la institucionalización de la fecha, en 1990 la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó en 1993 el Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.

Los pueblos indígenas son vitales para nuestro presente al ser herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales. Aunque los pueblos indígenas resultan una diversidad cultural incontable, comparten desafíos similares al momento de defender el reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales.

Pese a las diferencias, los pueblos indígenas comparten elementos en común: la forma de relacionarse con sus territorios y su entorno, sus valores culturales, sociales y económicos.

En la actualidad, los pueblos indígenas integran las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. Urgen medidas por parte de la sociedad para proteger sus derechos, mantener sus culturas.

Fuente: SIAP 09 de agosto de 2021

Los gobiernos también deben aprender a gastar mejor, según Government at a Glance 2021 . Los países de la OCDE están brindando una gran cantidad de apoyo a los ciudadanos y las empresas durante esta crisis: las medidas en curso o anunciadas a marzo de 2021 representaron, aproximadamente, el 16,4% del PIB en gastos adicionales o ingresos no percibidos, y hasta el 10,5% del PIB por otros medios. Los gobiernos deberán revisar el gasto público para aumentar la eficiencia, garantizar que las prioridades de gasto coincidan con las necesidades de las personas y mejorar la calidad de los servicios públicos.

El informe, la séptima edición del resumen bienal de la gobernanza pública de la OCDE, compara la OCDE y los países socios en áreas como las finanzas públicas, el empleo, la presupuestación, la digitalización y la prestación de servicios públicos. Los datos se pueden utilizar para comparar el desempeño de los gobiernos, rastrear los desarrollos nacionales e internacionales a lo largo del tiempo y monitorear el progreso de los gobiernos en la reforma del sector público.

Fuente: OECD 09 de julio de 2021

La contingencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 y la implementación de protocolos para evitar la propagación del virus fueron los principales factores para que la cantidad de asuntos que ingresaron a los órganos jurisdiccionales del poder Judicial tuvieran una disminución en el 2020 con respecto al 2019, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2021.

Con lo que respecta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el reporte del Inegi detalló que en el 2020 ingresaron 3,560 asuntos jurisdiccionales, de los cuales 3,537 fueron turnos y 23 recibidos de las Salas.

Durante el mismo lapso, se resolvieron 390 asuntos, en tanto que 3,017 fueron enviados a las Salas. De los 390 resueltos, 30.5% fue resuelto sin sentencia y 69.5%, con sentencia.

Comparado con un año anterior, el Inegi observó una disminución de 41.2% en el número de asuntos ingresados, y de 45.9% en el número de asuntos resueltos por el pleno de la Suprema Corte.

Según los datos del Inegi, del total de resoluciones, 82.2% fue “no resuelto de fondo” y 17.8% “resuelto de fondo”. En comparación con el 2019, los asuntos ingresados aumentaron 78.8%, en tanto que para los asuntos resueltos el aumento fue de 87 por ciento.

El Inegi informó que las causas penales ingresadas en estos órganos jurisdiccionales ascendieron a un total de 13,379. Comparado con el 2019, se reportó una disminución de las causas penales ingresadas de 36.7 por ciento.

El CNIJF también confirmó que durante el año pasado, se registró un total de 19,354 procesados y/o imputados a quienes se les determinó una resolución sobre la vinculación a proceso. Comparado con el 2019, la cantidad de procesados y/o imputados vinculados a proceso aumentó 135.6 por ciento.

Del total de la cifra anterior, 43.1% fue vinculado a proceso y 4.7% no fue vinculado, mientras que para el restante, es decir 52.2% no se identificó la existencia o no de vinculación.

Por último, el Inegi también registró una disminución de 18.4% en los asuntos y servicios atendidos por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en el 2020 con lo que respecta al 2019. El año pasado se atendieron 289 asuntos y servicios que comprendieron defensa y asesoría, mientras que se concluyeron y/o resolvieron 65. En dichos asuntos y servicios hubo 319 personas indígenas involucradas; destacó que 44.8% se identificó como de pertenencia náhuatl.

Fuente:EL ECONOMISTA 02 de julio de 2021

El INEGI da a conocer información sobre la infraestructura y características de los museos, así como de las características sociodemográficas de sus visitantes en la Estadística de museos 2020.

Para generar esta estadística el INEGI captó información sobre:

– Museos: principales características de la institución y de su operación, considerando infraestructura, temática principal, disponibilidad y colecciones permanentes, capacidad de atención, servicios, personal empleado, afluencia anual y cuota de ingreso, entre otras. La información es al cierre de 2020 con base en registros administrativos.

– Visitantes: se aplicó un formato de entrevista a 13 158 visitantes de 12 y más años de edad, seleccionados en forma aleatoria. De las entrevistas, 50.1% fueron respondidas por mujeres y 49.9% por hombres. Esta información se levantó en julio y en octubre de 2020, mediante instrumentos de captación diseñados en colaboración con la Secretaría de Cultura.

Museos

A pesar de que no todos los museos abrieron al público, 1 003 museos tuvieron posibilidad de proporcionar información para generar la estadística sobre las características de infraestructura, colecciones, temática, entre otras características de la institución.

Dentro de los principales tipos de colección permanente que ofrecen los museos se encuentran el de Historia (33.5%), seguido del de Arte (21.7%) y del de Arqueología (17.7%), información que en 2019 registró 33.3%, 20.6% y 18.7%, respectivamente.

Durante 2020, los museos reportaron una afluencia de 12.7 millones de visitantes; 10.6 millones corresponden al periodo de enero a marzo (4.2 en enero, 4.1 en febrero y 2.3 en marzo); de abril a diciembre la afluencia fue de 2.1 millones a nivel nacional.

El 57% de los museos contaron con acceso gratuito, mientras que 22.1% cobraron una cuota de ingreso y 20.9% restante aplicaron la gratuidad sólo algunos días de la semana. Las proporciones son similares a las de 2019.

El 86.8% de los museos cuenta con servicio de visitas guiadas y 46.5% con actividades artísticas y culturales, escenario que también se presentó en 2019, con 87.3% y 46.6%, respectivamente. Asimismo, 38.3% disponen de infraestructura para personas con discapacidad y solo 27.1% cuentan con servicio de Wi-fi.

Visitantes

El 61.5% de los visitantes cuenta con escolaridad de nivel superior, proporción superior en 4% respecto a 2019. El 59.2% indicó vivir en la entidad federativa donde se encuentra el museo, 36.8% radica en otra y el restante 4% en otro país (esta distribución es similar a la de 2019). El 67.4% reportó haber recibido algún estímulo familiar durante la infancia para visitar museos o recintos similares, mientras que 32.4% manifestó no haberlo recibido (cifras similares a 2019).

El 82.2% de los visitantes indicó que la entrevista coincidió con la primera vez que visitaron el museo, mientras que 13.6% manifestó haber realizado dos o tres visitas y solo 4.2% había realizado cuatro o más visitas en los últimos 12 meses (incluyendo la visita en la que respondieron la entrevista); además, la permanencia en el museo de 68.2% de los visitantes fue menor a 1 hora.

Originalmente, la Estadística de museos fue parte de las estadísticas de cultura que dieron inicio con el Anuario de los Estados Unidos Mexicanos de 1930, en el cual se presentó información referida a 1928 para 18 entidades federativas, respecto a cantidad de museos, personal ocupado y visitantes.

Con motivo del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, en 2021 la ONU hace un llamado para reconocer la labor de los servidores públicos por su trabajo como primera línea de respuesta a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, principalmente del personal de salud, saneamiento, educación, transporte, así como todas aquellas personas que conforman la Administración Pública y que hacen posible que los servicios públicos continúen en funcionamiento.

Dada la relevancia que tiene la APF para el desarrollo del país, el INEGI presenta una fotografía de las instituciones y los recursos humanos que conforman la APF, así como la confianza que expresa la población hacia este ámbito de gobierno.

La información proviene del Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) 2017 a 2020 y de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y 2019.

Estructura de la Administración Pública Federal

La APF, que encabeza el presidente de la República Mexicana, está compuesta por instituciones que asisten al poder ejecutivo en sus funciones administrativas como son la planeación, organización y orientación de las políticas públicas nacionales.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la APF se divide en Administración Pública Centralizada (APC) y Administración Pública Paraestatal (APP).

La APC es el conjunto de dependencias que apoyan al poder ejecutivo en los asuntos de orden administrativo encomendados a este, mientras que las instituciones que conforman la APP desarrollan actividades estratégicas a través de entidades creadas especialmente para su atención, las cuales cuentan con patrimonio, personalidad y régimen jurídico propio.

En 2019 la APF estaba conformada por 312 instituciones, de las cuales 102 integraban la APC y 210 la APP.

Recursos Humanos de la APF

Desde 2016 el número de servidores públicos se ha mantenido relativamente estable. Se observan algunos cambios en el periodo de transición del actual gobierno federal, con reducciones de personal de alrededor de 40% en instituciones relacionadas con ciencia, tecnología, innovación, deportes y el despacho del ejecutivo. Por su parte, hubo aumentos mayores a 100% del personal en instituciones con funciones de seguridad nacional, gobierno, política interior y seguridad pública.

https://youtu.be/VgAsHwl9vho

El 25 de junio de 2021, dos años después de su adopción por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), entra en vigor el primer tratado internacional sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Hasta el momento, seis países han ratificado el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) : Argentina, Ecuador, Fiji, Namibia, Somalia y Uruguay. Los países ratificantes están jurídicamente obligados a cumplir las disposiciones del Convenio un año después de la ratificación.

Junto con la Recomendación núm. 206 , el Convenio núm. 190 reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y prevé un marco común para la acción.

La violencia y el acoso en el trabajo adoptan diversas formas y causan un daño físico, psicológico, sexual o económico. Tras la adopción del Convenio, la pandemia de COVID-19 ha puesto esta cuestión aún más de relieve, pues desde el inicio del brote en todos los países se han denunciado muchas formas de violencia y acoso relacionadas con el trabajo, en particular contra las mujeres y los grupos vulnerables.

Para conmemorar la entrada en vigor de este instrumento, la OIT pondrá en marcha una campaña mundial para promover su ratificación y aplicación. El objetivo de la campaña es explicar en términos sencillos qué es el Convenio, las cuestiones que abarcan y cómo procura poner coto a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

La campaña mundial arrancará oficialmente durante la Semana de Acción Mundial de la OIT sobre el Convenio núm. 190 , esto es, entre el 21 y el 25 de junio de 2021.

Después de la Semana de Acción, la OIT publicará una guía destinada a ayudar a los mandantes y otras partes interesadas a promover y aplicar el Convenio y la Recomendación. La guía abarca principios fundamentales y medidas que los países pueden adoptar a fin de prevenir, abordar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, entre otras cosas, ejemplos de leyes, reglamentos y políticas nacionales.

Fuente: OIT 21 de junio de 2021

La experiencia compartida de la COVID-19 nos ha demostrado que solo tenemos éxito si nos mantenemos unidos.

Todos hemos tenido que poner de nuestra parte para mantenernos a salvo y, a pesar de los desafíos, los refugiados y las personas desplazadas han acelerado sus esfuerzos.

Si se les da la oportunidad, los refugiados seguirán contribuyendo a un mundo más fuerte, seguro y vibrante.

Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 constituyen los instrumentos legales únicos que amparan la protección internacional de los refugiados. Según sus provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.

La Convención de 1951, que define quien es un refugiado, contiene una serie de sus derechos y también pone de relieve sus obligaciones hacia el país de acogida. La piedra angular de la Convención es el principio de no devolución. De acuerdo con este principio, un refugiado no debe ser devuelto a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad. Esta protección no puede reclamarse por los refugiados que están considerados un peligro razonable para la seguridad del país, que hayan sido condenados por un delito particularmente grave o que se consideren un peligro para la comunidad.

Algunos derechos básicos, incluido el derecho a ser protegidos contra la devolución, se aplican a todos los refugiados. Un refugiado adquiere el derecho a otros derechos cuanto más tiempo permanezcan en el país anfitrión, derecho basado en el reconocimiento de que cuanto más tiempo permanecen en calidad de refugiados, más derechos necesitan.

Aunque todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer COVID-19, las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y enfermedad grave después de la infección, y los mayores de 80 años mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio. Se estima que el 66% de las personas de 70 años o más tienen al menos una afección subyacente, lo que los coloca en un mayor riesgo de impacto severo por el COVID-19.

Las personas mayores también pueden sufrir discriminación por edad en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas. Las desigualdades globales significan que, ya antes del COVID-19, hasta la mitad de las personas mayores en algunos países en desarrollo no tenían acceso a los servicios de salud esenciales. La pandemia también puede conducir a una reducción de los servicios críticos no relacionados con el COVID-19, lo que aumenta aún más los riesgos para la vida de las personas mayores.

Algunas personas mayores se enfrentan a vulnerabilidades adicionales en este momento. El virus no solo amenaza la vida y la seguridad de las personas mayores, sino que también amenazando sus redes sociales, su acceso a los servicios de salud, sus trabajos y sus pensiones.

Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38%, de mil millones a 1,4 mil millones, superando en número a la juventud a nivel mundial, y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo, y requiere que se preste mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, incluso en el campo de los derechos humanos.

El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo y desarrollados y, por lo general, no se notifica suficientemente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 10%. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de los ancianos, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, este problema requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad.

Las formas de definir, detectar y resolver el maltrato de las personas mayores tienen que enmarcarse en el contexto cultural y considerarse junto con los factores de riesgo que tienen una especificidad cultural. Por ejemplo, en algunas sociedades tradicionales se obliga a las viudas de edad a casarse de nuevo, mientras que en otras las mujeres mayores que viven solas son acusadas de practicar la brujería. Desde una perspectiva sanitaria y social, si los sectores de atención primaria de salud y los servicios sociales no están bien preparados para detectar y resolver el problema, el maltrato de los ancianos seguirá estando semioculto.

https://youtu.be/-Y8apCof5EU

Durante la última década, un mayor porcentaje de la población mundial obtuvo acceso a la electricidad; sin embargo, la cantidad de personas que no tienen electricidad en África al sur del Sahara de hecho aumentó. Si no se intensifican considerablemente los esfuerzos en los países con los mayores déficits, el mundo seguirá sin poder garantizar el acceso universal a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para 2030, de acuerdo con el documento Tracking SDG 7: The Energy Progress Report (Seguimiento del ODS 7: El informe de progreso en materia de energía) que dieron a conocer hoy el Organismo Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud.

Según el informe, desde el año 2010, se ha avanzado significativamente en varios aspectos del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, pero el progreso no ha sido equitativo en todas las regiones. Aunque más de mil millones de personas obtuvieron acceso a la electricidad a nivel mundial a lo largo de la última década, el impacto financiero de la COVID-19 ha hecho que 30 millones más de personas, la mayoría de ellas situadas en África, no puedan afrontar el costo de los servicios básicos de electricidad. Nigeria, la República Democrática del Congo y Etiopía tuvieron los mayores déficits de acceso a la electricidad, con lo cual Etiopía ha desplazado a la India y ocupa el tercer lugar.

En el mundo, la cantidad de personas sin acceso a la electricidad disminuyó de 1200 millones en 2010 a 759 millones en 2019. Se aceleró especialmente la electrificación mediante soluciones descentralizadas basadas en energías renovables. La cantidad de personas conectadas a minirredes aumentó más del doble entre 2010 y 2019, y subió de 5 millones a 11 millones de personas. Sin embargo, habida cuenta de las políticas actuales y planificadas, y debido a los impactos de la crisis provocada por la COVID-19, se estima que 660 millones de personas, la mayoría de ellas en África al sur del Sahara, seguirán sin tener acceso a la electricidad en 2030.

Al mismo tiempo, en 2019, alrededor de 2600 millones de personas seguían sin tener acceso a formas limpias de cocinar, lo que equivale a un tercio de la población mundial. Este progreso que en gran medida está paralizado desde 2010, provoca millones de muertes cada año debido a la inhalación de humos de cocina, y si no se toman medidas rápidas para ampliar el acceso a formas limpias de cocinar, el mundo no alcanzará su meta por un 30 % para el año 2030. La situación de acceso en la región de África al sur del Sahara se caracteriza por un crecimiento demográfico que supera los logros en cuanto a la cantidad de personas con acceso, de modo que 910 millones de personas en la región no tienen acceso a formas limpias de cocinar. Los 20 principales países con déficit de acceso representan el 81 % de la población mundial sin acceso a tecnologías y combustibles limpios. Entre estos, la República Democrática del Congo, Etiopía, Madagascar, Mozambique, Níger, Uganda y Tanzania tenían el 5 % o menos de sus poblaciones con acceso a formas limpias de cocinar. La buena noticia es que Indonesia, Camboya y Myanmar registraron progresos todos los años durante el período de declaración.

Las mejoras en materia de uso intensivo de energía (como indicador sustitutivo de eficiencia energética) se están alejando de la meta establecida en el ODS 7 para 2030. En 2018, la tasa de mejora en el uso intensivo de energía primaria mundial fue de 1,1 % en comparación con 2017, la tasa de mejora anual promedio más baja desde 2010. Para alcanzar el objetivo, la mejora anual deberá ser del 3 % en promedio hasta el 2030.

La aceleración del ritmo de avance en todas las regiones y los indicadores requerirá de un compromiso político más firme, planificación en materia de energía a largo plazo y políticas e incentivos a escala que sean adecuados para estimular la rápida aceptación de las soluciones de energía sostenible. Aunque las inversiones en energía limpia siguen proviniendo principalmente del sector privado, el sector público sigue siendo una importante fuente de financiamiento y desempeña una función central en cuanto al aprovechamiento del capital privado, especialmente en los países en desarrollo y en el contexto posterior a la COVID-19. Uno de los indicadores más recientes del informe, los flujos financieros públicos internacionales hacia los países en desarrollo, muestra que el apoyo financiero internacional sigue concentrándose en unos pocos países y no llega a muchos otros más necesitados. Los flujos hacia los países en desarrollo para respaldar la adopción de energías limpias y renovables alcanzó los USD 14 000 millones en 2018, y solo un 20 % se destinó a los países menos adelantados, que están más lejos de alcanzar las diversas metas del ODS 7. En los próximos años, se deberá poner mayor énfasis en “no dejar a nadie atrás”.

Desde 1980, la atención que la comunidad internacional presta a la importancia de la familia ha crecido. La Asamblea General ha adoptado varias resoluciones y ha proclamado el Año Internacional de la Familia y el Día Internacional de las Familias.

Destacando el papel crítico de los padres en la educación de los niños, el Día Mundial de las Madres y los Padres reconoce también que la familia tiene la responsabilidad principal en la alimentación y en la protección de los niños. Para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, los niños deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de felicidad, amor y comprensión.

La Asamblea General de la ONU, en su resolución A/RES/66/292 del 17 de septiembre de 2012 declaró el 1 de junio Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo.

Las familias se llevan la peor parte de la pandemia de COVID-19. Como los anclajes de la familia y la base de nuestras comunidades y sociedades, los padres tienen la responsabilidad de proteger a sus familias de cualquier daño, cuidar a los niños que no asisten a la escuela y, al mismo tiempo, continuar con sus responsabilidades laborales. Sin el apoyo de los padres, la salud, la educación y el bienestar emocional de los niños están en riesgo. Al introducir políticas y prácticas laborales adecuadas para las familias, las empresas y organizaciones estarán en una mejor posición para promover la seguridad y el bienestar de los niños y brindar un apoyo sistemático a los empleados.

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa su crecimiento exponencial, una nota técnica de UNICEF, OIT y ONU Mujeres sobre políticas favorables a la familia y otras buenas prácticas en el lugar de trabajo en el contexto de COVID-19 muestra que es esencial apoyar a las familias trabajadoras para minimizar las consecuencias negativas de la situación para los niños.

Durante la década de 1980, las Naciones Unidas comenzaron a centrar su atención en los problemas relacionados con la familia. En 1983, en base a las recomendaciones del Consejo Económico y Social, la Comisión para el Desarrollo Social en su resolución sobre el papel de la familia en el proceso de desarrollo (1983/23) solicitó al Secretario General que aumentara la conciencia entre los tomadores de decisiones y el público en general de los problemas y necesidades de la familia, así como de formas efectivas de satisfacer esas necesidades.

En su resolución 44/82, de 9 de diciembre de 1989, la Asamblea General proclamó 1994 como el Año Internacional de la Familia; y en la resolución 47/237 de 1993, la Asamblea General decidió que el 15 de mayo de cada año se celebrara el Día Internacional de las Familias.

En 2012, la Asamblea General proclamó el 1 de junio como el Día Mundial de los Padres, que se celebra anualmente en honor de los padres y madres de todo el mundo.

El Día Internacional del Personal de Paz de la ONU, el 29 de mayo, brinda la oportunidad de reconocer la valiosa contribución del personal uniformado y civil a la labor de la Organización. También rendimos homenaje a más de 4000 trabajadores de personal de la paz que han perdido la vida defendiendo los valores de las Naciones Unidas desde 1948, incluidas las 130 perdidas del año pasado.

Este año, nuestro personal de paz se ha tenido que enfrentar a mayores desafíos y amenazas. Como el resto del mundo, tienen que enfrentarse a la pandemia por COVID-19, pero, además, tienen que responder a la constante exigencia de respaldar y proteger a la gente de los países en los que están destinados. Este 2021, el tema del Día es “El camino hacia una paz duradera: aprovechar el potencial de la juventud para la paz y la seguridad.”

En la actualidad, decenas de miles de jóvenes, de entre 18 y 29 años de edad, están desplegados en todo el mundo. Desempeñan un una función de vital importancia al ayudar a las misiones para llevar a cabo las actividades que se les han encomendado, incluida la protección de los civiles. En las operaciones de paz de la ONU —en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad 2250, 2419 y 2535— han incrementado las colaboraciones con los j’ovenes y grupos juveniles para ayudar a desarrollar una paz sostenible y a aplicar sus mandatos sobre el terreno.

La primera misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se estableció el 29 de mayo de 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de algunos observadores militares en Oriente Medio con el fin de formar el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT), con el fin de supervisar el Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.

Desde entonces, más de un millón de mujeres y hombres han servido en 72 misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, lo que ha influido de manera directa en las vidas de millones de personas y ha salvado un sinfín de ellas. A día de hoy, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tiene desplegados a más de 89.000 miembros del personal militar, policial y civil en 12 operaciones.

https://youtu.be/xJp-Pe5LyYM

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) firmaron un convenio de colaboración con el fin de establecer bases y mecanismos interinstitucionales para realizar políticas, programas y acciones, dirigidas a transversalizar la perspectiva de género en el quehacer universitario, impulsar el avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres, así como contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres.

Este convenio de colaboración abre las puertas para impulsar políticas, estrategias y normas con perspectiva de género en la comunidad universitaria, en el marco de la Política Nacional para la Igualdad establecida en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2020-2024.

“Para el Inmujeres es prioridad que la no discriminación hacia las mujeres y la igualdad sustantiva sean principios que permeen en el ser y quehacer de las universidades y así lo plasmamos en el Proigualdad. Si queremos lograr la igualdad real, en los hechos, debemos transformar la educación formal y no formal y sumar esfuerzos para que las instituciones de educación superior sean un entorno seguro para las mujeres”, comentó la presidenta del Inmujeres.

“Queremos poner el énfasis no solo en el tema de la reacción sino hacer que todos los que integramos la universidad, por decirlo de una forma metafórica, nos veamos al espejo y que seamos capaces de reconocer que somos producto cultural de una sociedad que tiene pendientes y que a través de un programa transversal podemos sentarnos a discutir cual debe ser el perfil que debemos seguir”, resaltó el rector de la UNACH.

Agregó “cada muchacha o muchacho que pase por la universidad debe adquirir las ideas del tiempo y este es el tiempo de la igualdad. Es importante que cada uno de nuestros egresados tengan muy claro que debemos esforzarnos para construir esa igualdad”, puntualizó.

La firma de este convenio es el primer paso para la creación de nuevas formas interseccionales y transversales de trabajo que ayuden a generar espacios de reflexión, pero sobre todo de un intercambio de ideas que ayude a la comprensión de los diversos contextos sociales que se viven en el país.

El trabajo en conjunto entre las instituciones ayudará a impulsar la implementación de acciones con enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad, para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias que viven las mujeres de la UNACH.

Fuente: GOBIERNO DE MÉXICO 18 de mayo de 2021

La vida de los museos en un momento histórico que replegó gran parte de las actividades culturales a la virtualidad no resultó la panacea para los espacios museísticos, así lo indican estudios internacionales como el Museums Around the World. In the Face of Covid-19, emitido por la UNESCO en abril pasado, y locales, como la Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020, publicada por la UNAM en febrero de este año.

Sin embargo, pese a la poca química entre los museos y la virtualidad, esta parece ser una vía que llegó para quedarse y en la que hay que irrumpir con estrategias, con nuevas miradas, hacerla parte fundamental de la oferta de los recintos.

Por ello, este 18 de mayo distintas instituciones en México y el mundo realizarán mesas de conversación, conferencias y foros con prácticamente la misma temática: el futuro próximo de los museos, el peso de la virtualidad, la necesidad imperante de generar comunidades y de continuar con los programas educativos por vías distintas y con énfasis en los problemas sociales; hallar, pues, la continuidad digital de los museos como espacios para el diálogo, el análisis crítico y la reflexión sobre los problemas contemporáneos.

El tema no es nuevo, pero ahora es imperante. En febrero pasado Chris Cloud, director de Comunicación y Marketing del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, participó en un foro organizado por la plataforma internacional MuseumNext y argumentó que la calidad de los contenidos digitales museísticos debe imperar por sobre la cantidad, para generar cercanía con el público: “sus contenidos no son para ustedes (los museos), sino para las comunidades a las que están tratando de servir (…) una comunidad que se siente vista y escuchada puede convertirse en su integrante y embajadora más leal”, sugería.

México no es la excepción sobre la dificultad de los recintos para hallar su espacio en el plano digital, así lo deja ver el ya citado estudio de consumo cultural durante la pandemia, de la UNAM.

Por ejemplo, el 65% de los encuestados respondió que no ha invertido un mínimo de tiempo en visitar museos en línea. Fue la segunda opción menos elegida por debajo de ver teatro en línea, cuando antes de la pandemia asistir al museo de manera presencial era la segunda opción preferida —la primera era ver películas o series—. La encuesta además revela que quienes menos interés mostraron por visitar los museos en la virtualidad son jóvenes de entre 15 y 19 años, el nicho poblacional por conquistar.

El trabajo también arrojó que las redes sociales como Instagram, Snapchat y TikTok, plataformas con contenidos principalmente lúdicos, son precisamente usadas con predilección por el mismo rango de edad que prefiere no visitar los museos en línea.

Con todo el trasfondo, este día decenas de museos e instituciones organizan encuentros desde las redes que coinciden en esa inquietud. Por ejemplo, se realizan las charlas “Museos y virtualidad: el futuro que imaginamos”, organizado por el Museo Nacional de San Carlos, y “Escenarios posibles. Reimaginar el futuro de los museos y su papel en nuestras sociedades”, del Museo de Arte e Historia de Guanajuato.

La oficina en México del Consejo Internacional de Museos (ICOM) lleva a cabo el seminario “El futuro de los museos: recuperar y reimaginar”, con conversaciones como “Los museos universitarios de ciencias en tiempos de pandemia”, que echará a andar el Museo de la Luz. Fuera de México también habrá espacios para pensar sobre la coyuntura, como es el caso del Museo Thyssen-Bornemisza, que llevará a cabo el encuentro de título “El museo del futuro”. Son apenas unas cuantas de los temas que coinciden.

A propósito de buscar incursionar en TikTok, la red social anunció que a lo largo de todo este día se pondrá en marcha el programa #MuseumMoment, un ejercicio de aproximación entre los museos y nuevos públicos, del que participan 23 recintos de todo el mundo, como el Museo del Prado (Madrid), el Museo de Arte Mori (Tokio), el Palacio de Versalles y el Musee d’Orsay (París), el Victoria & Albert (Londres), el Met (Nueva York) y dos de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno y el Museo Interactivo de Economía, entre otros, los cuales tendrán la oportunidad de mostrar a la comunidad de la plataforma, uno a la vez, sus espacios y la intimidad de sus colecciones de arte.

Fuente:EL ECONOMISTA 17 de mayo de 2021

La recuperación desigual de la economía mundial de COVID-19 continúa y la distribución desigual de vacunas afectará la capacidad de los países para recuperarse de la crisis, advirtió la UNCTAD el 4 de mayo en un nuevo portal que rastrea el impacto de la pandemia en el comercio y el desarrollo.

El portal busca mejorar la comprensión de los formuladores de políticas sobre el amplio impacto de la pandemia y ayudarlos a diseñar políticas de recuperación adecuadas.

Según el portal, la economía global se está recuperando más rápido de lo esperado inicialmente. Se proyecta que crezca cerca de un 5% en 2021, una tasa de crecimiento no vista en más de una década. Pero la recuperación es desigual.

Los países desarrollados experimentarán un repunte relativamente más importante en el crecimiento del PIB que los países en desarrollo, lo que generará preocupaciones sobre la ampliación de la brecha entre naciones ricas y pobres.

La creciente brecha entre el número de inyecciones de COVID-19 administradas en países desarrollados y en desarrollo probablemente profundizará las desigualdades socioeconómicas existentes, advierte la UNCTAD.

Según el portal, las dosis de vacuna administradas por cada 100 personas varían mucho entre países. África está muy por detrás, con solo el 0,6% de la población del continente vacunada, en comparación con el 2,1% en Asia, el 12,7% en Europa, el 6,7% en América del Sur y el 18,8% en América del Norte al 31 de marzo.

La pandemia ya ha elevado las estimaciones de pobreza extrema para 2020 y 2021. Las estimaciones indican que entre 119 y 124 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en 2020, y se espera que este año sigan entre 143 y 163 millones de personas más.

El portal ofrece una descripción general del impacto de la pandemia en el comercio y el desarrollo, que cubre más de 25 indicadores con una amplia selección de datos al 31 de marzo.

Sigue habiendo mucha incertidumbre y los datos siguen cambiando, por lo que la UNCTAD insta a los responsables de la formulación de políticas a seguir de cerca la situación en constante evolución.

El portal es una actualización del informe de la UNCTAD, “Impacto de la pandemia de COVID-19 en el comercio y el desarrollo: transición a una nueva normalidad”, publicado en noviembre del año pasado.

Complementa los indicadores anteriores con nuevos datos cuando sea relevante y esté disponible, en particular sobre el lanzamiento de las vacunas COVID-19.

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa.

Tras 30 años, la conexión histórica establecida entre la libertad de buscar, difundir y recibir información y el bien público sigue siendo tan relevante como en el momento de su firma. Está previsto que durante la Conferencia Internacional del Día Mundial de la Libertad de Prensa se realicen conmemoraciones especiales del 30º aniversario.

Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar la libertad de expresión y para concienciar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional. Asimismo sirve para:

La Conferencia Internacional 2021 está organizada por la UNESCO y el Gobierno de Namibia, y tendrá lugar del 29 de abril al 3 de mayo en Windhoek. El evento será una experiencia física y digital que combinará la participación virtual y presencial. Habrá foros regionales, eventos paralelos, conferencias magistrales, muestras artísticas, proyecciones de películas ¡y mucho más! Únase a otros líderes de los medios de comunicación, activistas, responsables políticos, expertos en medios de comunicación y legislación, artistas, académicos, investigadores y OSC de todo el mundo.

Bajo el tema “La información como bien público”, la Conferencia hará un llamado a la urgencia de abordar la amenaza de extinción que enfrentan los medios de comunicación locales a nivel mundial, una crisis que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. Presentará ideas para encarar los desafíos de nuestro entorno de medios en línea, impulsar una mayor transparencia, fortalecer la seguridad de los periodistas y mejorar sus condiciones laborales, así como apoyar a los medios independientes para encaminarlos mejor.

El Gobierno de México, a través de una Comisión Interinstitucional conformada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Agraria, el Registro Nacional Agrario y el Fideicomiso de Fondo Nacional de Fomento Ejidal, brindan atención a las comunidades indígenas Lacandona, Tzeltal y Chol que ahí habitan en la región de la Selva Lacandona.

El trabajo de la Comisión propone generar un programa integral, incluyente, participativo y coordinado que dé respuesta con políticas y acciones a los distintos reclamos que los habitantes de la comunidad Zona Lacandona han venido manifestando de manera histórica.

Para tal efecto, se realiza la elaboración de un diagnóstico, cuya construcción se basa en el diálogo con los diversos integrantes de la comunidad, particularmente con sus órganos de representación, con el objetivo de que el estudio incluya las diferentes aristas de la problemática.

Se considera de suma relevancia tomar en cuenta los antecedentes históricos en esta región. La Comunidad Selva Lacandona obtuvo Resolución Presidencial sobre Reconocimiento y Titulación de Tierras el 26 de noviembre de 1971, sin que la ejecución de esto haya sido satisfactoria para los beneficiados.

El 30 de marzo de 1977, con la presencia de autoridades del gobierno del estado de Chiapas, representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras dependencias del gobierno federal, se estableció un convenio definitivo que precisa los derechos que en esta comunidad tendrían las étnicas Lacandona, Chol y Tzeltal, orientado al aprovechamiento del territorio, que se considera como base del Decreto Presidencial de inclusión étnica del 18 de diciembre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 marzo de 1979.

Por otra parte, se dictaron 22 resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, sobrepuesto al territorio concedido a la Comunidad Selva Lacandona, la mayoría de las cuales fueron atendidas a través del Programa de Atención Integral que finiquitó prácticamente la totalidad de los conflictos.

El 8 de diciembre de 1977, se dictó el Decreto Presidencial que declara como Área Natural Protegida la Reserva de la Biósfera “Montes Azules”, que coincide en una propiedad superior al 50 por ciento con las tierras reconocidas a la Comunidad Zona Lacandona.

Sin embargo, debe precisarse que la declaratoria no impacta la propiedad de la tierra, sólo establece límites a su uso y aprovechamiento. Bajo esta perspectiva, resulta infundado que exista controversia o contradicción entre la problemática agraria y ambiental en la Comunidad Selva Lacandona, y que, por el contrario, es la voluntad colectiva del grupo interinstitucional el que, de manera ordenada e integral, se atiendan estos dos ámbitos.

Se trabaja en un programa que ponga en el centro la riqueza humana de quienes habitan la Comunidad de la Zona Lacandona y su bienestar mediante políticas de gobierno que tengan como eje primordial el conocimiento del territorio por parte de sus habitantes.

El Gobierno de México reconoce plenamente a los pueblos indígenas y, para ello, coordina todos sus esfuerzos institucionales a fin de brindar la atención que por años se les había negado. En esta oportunidad histórica la justicia llegará a la comunidad de la Selva Lacandona.

Fuente: SEMARNAT 27 de abril de 2021

El 23 de abril celebramos el español en las Naciones Unidas, un idioma que unifica a más de 500 millones de personas de diferentes culturas y países.

La elección del día atiende al aniversario de la muerte del gran genio de las letras españolas, Miguel de Cervantes. Casualmente, la fecha de su fallecimiento coincide con la del más prestigioso dramaturgo inglés, William Shakespeare. De ahí que ambas lenguas compartan el día.

Las Naciones Unidas siempre han buscado maneras creativas de promover los idiomas oficiales en todas las esferas de su labor, entre las que por supuesto no podría faltar el español.

En el caso del español también se cuenta con otra herramienta extraordinaria: el Grupo de Amigos del Español, un equipo fundado en 2013 por los 20 Estados miembros de habla hispana para coordinar y realizar actividades dirigidas a promocionar el uso y la difusión del español en la labor de la ONU.

La Organización apostó por el multilingüismo en el reconocimiento del árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso como idiomas oficiales; mientras, el francés y el inglés serían los idiomas de trabajo de la Secretaría de las Naciones Unidas, factor que persiste en la actualidad.

En 2010, la Organización dio otro paso más hacia su apuesta multilingüista y decidió celebrar su diversidad cultural a través del establecimiento de los “Días de las Lenguas” para sus seis idiomas oficiales.

Un año más tarde, en 2011, las Naciones Unidas propugnaron el multilingüismo como medio para promover, proteger, y preservar la diversidad de idiomas y culturas en todo el mundo, lo que implicaba a su vez el fomento del respeto de la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una participación más amplia y efectiva de todos dentro de la Organización.

En cumplimiento a la ratificación del Acuerdo de Escazú durante los meses de febrero de 2021, la Semarnat junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizaron reuniones de coordinación para definir los trabajos de implementación del Acuerdo en México, en principio con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal y de organismos autónomos.

El objetivo del Acuerdo de Escazú es garantizar la implementación plena y efectiva en la región latinoamericana de los llamados derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, y la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

La ratificación de este Acuerdo representa para México un gran reto y compromiso, a pesar de que existen avances en nuestra legislación, en las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y autónomas que protegen los derechos de acceso, la incorporación de las disposiciones internacionales implicará la revisión y armonización de las normas nacionales y su reglamentación para hacer efectiva su aplicación.

Con su adhesión al Acuerdo, México ratifica su liderazgo y compromiso con la región latinoamericana y refuerza la garantía en la protección de los derechos de acceso como un derecho humano. El reto ahora es garantizar su pleno ejercicio, generar y asegurar los mecanismos para su adecuada exigibilidad y efectiva aplicación.

Fuente: SEMARNAT 22 de abril de 2021

Cuando el mundo celebra el Día de la Tierra , la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pide que se adopten medidas urgentes a nivel mundial contra el cambio climático, que incluyen la necesidad de apoyar la educación y la sensibilización sobre el clima.

La transición hacía una economía sin emisiones de carbono requerirá nuevas competencias, formación y cualificaciones. Surgirán numerosos nuevos empleos. Otros tendrán que adaptarse. Esto hace que la educación sobre el clima sea una prioridad, para la fuerza de trabajo actual y la futura, que los países deberán abordar con urgencia.

La OIT estima que el aumento de las temperaturas a causa del cambio climático podría provocar la pérdida de 80 millones de empleos de aquí a 2030, y los países pobres serán los más afectados. La adopción de medidas ambiciosas dirigidas a combatir el cambio climático podría crear más y mejores trabajos, con un potencial de 18 millones de empleos netos para 2030, gracias a la aplicación de medidas en el sector de la energía.

Las empresas necesitarán trabajadores bien formados, que dispongan del conjunto de competencias adecuadas para reducir la intensidad de carbono de la producción. Será necesario que inviertan en preparar a sus trabajadores para un nuevo y desafiante cambio técnico y tecnológico, convirtiendo el lugar de trabajo en un lugar de aprendizaje permanente en la transición ecológica.

El diálogo social también es una herramienta esencial a fin de garantizar un cambio sin dificultades en la formación de competencias profesionales a fin de facilitar la movilidad de los trabajadores y de garantizarles protección social en un mundo del trabajo en rápida evolución.

México ha transitado por un proceso de cambios territoriales importantes en las últimas décadas; sin embargo, las políticas de vivienda de los últimos años, las modificaciones constitucionales sobre la propiedad agraria y la falta de una aplicación rigurosa de los instrumentos de planeación y de Ordenamiento Territorial (OT), entre otros factores, aceleraron la expansión urbana sobre áreas agrícolas y naturales.

Si bien los procesos de urbanización y metropolización han favorecido el desarrollo económico del país, también han tenido efectos negativos, tales como un aumento de la desigualdad entre las regiones, un crecimiento urbano horizontal desordenado, una explotación irracional de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas.

Además, no podemos soslayar que actualmente los efectos del cambio climático y la desigualdad son algunos de los retos más importantes de la humanidad; las decisiones que cada país tome sobre sus ciudades, territorios y aprovechamiento de recursos naturales, tendrán consecuencias directas hacia el resto del planeta.

En el marco de estos grandes retos, el OT se plantea como una política pública de mediano y largo plazo que busca contribuir a la reducción de las desigualdades sociales; construir asentamientos humanos, rurales y urbanos más sostenibles, seguros e incluyentes; y promover un uso más racional de los recursos naturales, teniendo como ámbito de actuación al territorio.

Por su complejidad, esta política es transversal a todas aquellas políticas, estrategias y acciones que inciden en el territorio, tanto de la Administración Pública Federal (APF), como de los otros órdenes de gobierno, así como de los sectores social y privado. Por ello requiere amplios procesos de discusión y coordinación para lograr los acuerdos necesarios entre todos los actores.

Así, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) se plantea como el instrumento rector que, bajo un enfoque sistémico, configura la dimensión espacial y territorial del desarrollo de México en un horizonte de largo plazo hacia el 2020-2040. Con la ENOT se sientan las bases de la rectoría del Estado en la política nacional del OT.

Sin duda, el OT es una tarea indelegable del gobierno mexicano; ya no se puede sostener la idea de que el mercado generará las condiciones para atender las necesidades. «No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera», es un compromiso que México ha asumido con miras a generar el bienestar de la población, no se puede seguir postergando la deuda con los grupos históricamente desfavorecidos.

Fuente: SEDATU abril de 2021

La enfermedad de Chagas es prevalente en los grupos poblacionales en situación de pobreza que viven en los países sudamericanos continentales, si bien se está detectando de forma creciente en otros países y continentes.

En 2021 queremos llamar la atención sobre la enfermedad de Chagas (también denominada tripanosomiasis americana) y sobre el sufrimiento que causa, así como hacer un llamamiento para que todas las personas afectadas por ella tengan un acceso equitativo e integral a los servicios y atención de salud que necesitan.

A menudo, se considera que se trata de una enfermedad «silenciosa y silenciada» porque la mayoría de los infectados no presentan síntomas o estos son muy leves. La enfermedad afecta a unos 6 o 7 millones de personas y causa anualmente 10 000 defunciones.

Casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria, según concluye el nuevo informe sobre el Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El informe anual sobre el Estado de la Población Mundial, este año bajo el lema Mi cuerpo me pertenece: Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación, es el primero que realiza la ONU centrándose en la autonomía corporal y busca resaltar el poder y la capacidad para tomar decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.

El Fondo destaca que la falta de autonomía corporal comporta grandes implicaciones que van más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en la esfera individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

El análisis mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado de apoyo o interferencia legislativo de los países sobre el derecho de una mujer a tomar este tipo de decisiones. Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.

El informe también analiza cómo las iniciativas para confrontar los abusos pueden derivar en mayores vulneraciones de la autonomía corporal.

Según el estudio, las auténticas soluciones a estos problemas deberán considerar las necesidades y experiencias de las personas afectadas.

El informe sobre el Estado de la Población Mundial se publica anualmente desde 1978 y pone de relieve cuestiones novedosas en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incorporándolas al debate público y analizando los retos y las oportunidades que presentan para el desarrollo internacional.

El consumo de bebidas alcohólicas, por sí solo, ocasionó un promedio de 85.000 muertes anualmente entre 2013 y 2015 en las Américas, donde la ingesta per cápita es 25% mayor a la del promedio mundial, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud y publicado en la revista Addiction.

El análisis de los datos de mortalidad en 30 países de la región (el mayor en su tipo en las Américas) muestra los siguientes resultados clave:

Los resultados de este estudio indican que los países de ingresos altos tienen un mayor consumo per cápita de bebidas alcohólicas mientras que los países de bajo y mediano ingreso tienen una mayor tasa de mortalidad atribuible al alcohol para el mismo nivel de consumo de esas bebidas.

La agencia de la ONU para la salud en el continente exhorta a los países de la región a frenar el consumo nocivo de bebidas alcohólicas mediante el aumento de los impuestos aplicables e imponer amplias restricciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio de estos productos. Asimismo, el acceso a datos de mejor calidad sobre la mortalidad y la morbilidad causadas por las bebidas alcohólicas es fundamental para dar seguimiento al impacto de la ingesta de alcohol.

Durante la pandemia de COVID-19, las bebidas alcohólicas se han promovido por las redes sociales y su disponibilidad ha aumentado en muchos países debido a la mayor facilidad de acceso a las compras en línea y las entregas a domicilio.

Hay evidencias que indican que las personas con mayor probabilidad de aumentar su consumo de bebidas alcohólicas como resultado estos factores, ya consumían alcohol en exceso antes de la pandemia. Adicionalmente, los puntos de venta de bebidas alcohólicas, como bares y clubes nocturnos, atraen multitudes que no respetan el uso de mascarillas ni practican el distanciamiento social.

En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, reconociendo al deporte como un instrumento para promover estilos de vida saludable; educar en principios como la tolerancia y el respeto, la cooperación, solidaridad, comprensión e inclusión social; y prevenir y controlar enfermedades no transmisibles a través del ejercicio físico.

Con el lema Mantente Activo frente al COVID-19, este año las Naciones Unidas invitan a la población a mantenerse activa, sana y solidaria en tiempos de distanciamiento físico y social, con el fin de ayudar a superar la incertidumbre y las dificultades actuales, tanto a nivel individual como comunitario.

En este marco, el INEGI se une a la labor de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la participación de mujeres y hombres en la práctica de algún deporte o ejercicio físico y pone a disposición, información estadística sobre la situación que guarda nuestro país el aprovechamiento de esta actividad que, incluso desde el confinamiento en los hogares, permite mejorar la salud y bienestar de la población.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) presentan los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020.

El propósito de este proyecto es generar información sobre percepciones, valores y prácticas relativas a la ciudadanía y al ejercicio de los derechos ciudadanos en México, así como sobre los factores que inciden en la construcción de una ciudadanía plena.

En particular, identifica el conjunto de creencias, valores, actitudes y prácticas que estructuran y modelan la relación de las personas de 15 años y más con el poder público, con diferentes formas asociativas y con otros individuos, así como el sentido de pertenencia y el reconocimiento de derechos y obligaciones como ciudadano(a) mexicano(a).

Durante la presentación de estos resultados, el presidente del INEGI, Julio Santaella, dijo que la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 fue levantada en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y los resultados serán la materia prima para los trabajos del Informe País sobre la calidad de la ciudadanía 2020 a cargo del Instituto Nacional Electoral. Los resultados de la ENCUCI 2020, añadió, muestran los rasgos de la cultura política y las prácticas ciudadanas predominantes en nuestro país, y revelan el orgullo que se tiene de ser mexicanos (88% de la población de 15 años y más), el aprecio por la democracia como forma de gobierno aunque no se esté cien por ciento satisfecho de ella y la actitud de la ciudadanía frente al cumplimiento de la ley y el estado de derecho.

Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, destacó que en México se ha construido una institucionalidad democrática a lo largo de 30 años, la cual ha permitido la recreación de la democracia con un sistema que es referencia a nivel internacional y señaló que “en México el derecho al voto es un derecho auténticamente universal”. Mencionó que en 30 años se ha avanzado en materia de cultura cívica pero estos avances son todavía insuficientes para aspirar a ser una sociedad democrática madura.

Al participar en la presentación de los resultados de la ENCUCI, el Consejero Presidente indicó que para el 80.3 por ciento de la población, el voto sirve para que haya un mejor gobierno. “Claramente para la inmensa mayoría de la sociedad mexicana, el pluralismo político no sólo es necesario para que la democracia subsista, sino que puede contribuir a mejorar las funciones de gobierno. Una sociedad que es plural, una sociedad que reconoce su pluralismo es una sociedad más democrática”.