El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta el documento Pobreza y Personas Mayores en México, en el cual se identifican características demográficas, sociales, económicas y se analizan los principales factores que influyen en su situación de pobreza y de vulnerabilidad, tales como carencias sociales, ingreso, condición de ocupación y acceso a pensiones para este grupo de población. Adicionalmente, se abordan algunos hallazgos acerca de los programas sociales dirigidos a este grupo poblacional y al sistema de pensiones contributivas.

En 2018, había 9.1 millones de personas de 65 o más años en el país que representaban 7.2% de la población total, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO). En ese mismo año, en 23% de los hogares mexicanos residía por lo menos una persona en ese rango de edad y en 8 de cada 10 de estos ocupaban la jefatura del hogar, lo que puede deberse a varios factores, entre ellos el reconocimiento que se les otorga por su experiencia y su trabajo desarrollado a lo largo de su vida,pero también en muchos hogares son quienes aportan más recursos económicos para el consumo, además de que 2.5 millones de hogares solo estaban integrados por personas de este grupo.

Respecto a la edad de esta población, 6 de cada 10 personas tenían entre 65 y 74 años, 3 de cada 10 tenían entre 75 y 84 años, y 1 de cada 10 tenía 85 años o más. Entre el ámbito rural o urbano, la población de 65 años o más se distribuye de forma similar que la población en general, es decir, una de cada cuatro personas reside en el ámbito rural.

La medición multidimensional de pobreza permite identificar que la incidencia en personas de 65 años o más ha presentado cambios mínimos en años recientes. Entre 2008 y 2014 el porcentaje de pobreza en este grupo fluctuó entre 45% y 46% a escala nacional, mientras que en 2016 se observó una disminución significativa de 4.8 puntos porcentuales respecto a lo observado en 2014, y para 2018 la situación de pobreza se mantuvo al mismo nivel que en 2016 (41.1%).

En ese sentido, la incidencia de pobreza de esta población fue ligeramente menor que la observada a nivel nacional (41.9%), pero con una brecha muy corta. Al hacer referencia al fenómeno de la pobreza extrema, también se observó una brecha corta entre la población de 65 años o más y la demás población (6.8% frente a 7.5%); sin embargo, existen grupos específicos dentro de la población de 65 años o más que están expuestos en mayor medida a encontrarse en condiciones de pobreza.

La población de 65 años o más experimenta, en promedio, menos carencias sociales que el resto de la población y hay algunas carencias en las que se observan brechas importantes respecto a lo que se presenta entre el resto de la población.

El rezago educativo fue la carencia con mayor incidencia entre esta población. Esto se explica por los atrasos de cobertura en el sistema educativo en décadas anteriores y significa que poco más de la mitad de este grupo no contaba con la primaria terminada. Adicionalmente, cuatro de cada diez personas de 65 años o más y con rezago educativo, no sabían leer ni escribir.

Hay una estrecha relación entre el bajo nivel educativo y los empleos precarios de bajas remuneraciones y pocas prestaciones, lo que impacta en la situación actual de la población de mayor edad. En 2018, el porcentaje de la población con ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas fue mayor en la población de 65 años o más con rezago educativo (62.7%) que en población sin rezago (33.4%).

En este grupo poblacional, el fenómeno de la pobreza fue más frecuente en la población ocupada que en la población no económicamente activa (45.4% frente a 38.8%), esto puede estar relacionado con diversos factores: uno de estos es que entre las personas de 65 años o más no económicamente activas, proporcionalmente, había más personas sin carencias sociales y con ingreso mayor o igual a la línea de pobreza por ingresos que entre la población económicamente activa, además de que cuatro de cada diez de estas personas tienen acceso a pensión por programas sociales.

Otro factor importante que está asociado al nivel de ingreso y, por lo tanto, a la situación de pobreza de la población es la actividad que desempeñan las personas en sus empleos. Las actividades que más realiza la población de 65 años o más se caracterizan por ofrecer sueldos bajos y frecuentemente no otorgan las prestaciones necesarias para que la población cuente con acceso a la seguridad social, entre estas se encuentran las agrícolas o las ganaderas, las elementales de apoyo (resaltan las de trabajo doméstico y apoyo en actividades del sector primario) y las comerciales, principalmente en comercios establecidos.

En 2018, siete de cada 10 personas de 65 años o más (7.2 de 10.4 millones) recibieron ingresos por pensión (contributiva o no contributiva). Sin embargo, la condición de recibirla no fue suficiente para erradicar la pobreza entre este grupo, ya que 38.3% de esta población se encontraba en pobreza y cerca de la mitad (47.6%) no contó con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

Los ingresos que recibía la población de 65 años o más por pensiones contributivas fueron superiores que los que recibían por pensiones no contributivas, esto se vio reflejado en la situación de pobreza que enfrentó esta población. El 30.9% de la población de al menos 65 años (3.2 millones) recibió ingresos por pensiones contributivas; este grupo es el que se encuentra en mejores condiciones, pues un porcentaje menor de esta población estaba en situación de pobreza (18.4%).

El CONEVAL realizó evaluaciones de consistencia y resultados al Programa Pensión para Adultos Mayores. En ellas se muestra que desde 2016, 14% de su población objetivo no disfrutaba de los beneficios del programa y, que para 2017, este porcentaje de la población sin cobertura aumentó a 25%. Esto es consecuencia, principalmente, de las presiones derivadas de la inercia demográfica, así como de la limitación del presupuesto asignado, que desde 2015 a 2018 cada año mostró mayores reducciones y en 2018 fue 21.3% menor que en 2015.

El CONEVAL considera que es necesario conocer las características y necesidades de este grupo de población, con el fin de identificar problemáticas específicas y elementos que sirvan de guía para la planeación y ejecución de acciones que contribuyan a garantizar sus derechos.

Fuente: CONEVAL 28 de agosto de 2020