Acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas es uno de los desafíos más grandes y complejos de los últimos tiempos. Es esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos.
Muchos periodistas, profesionales de los medios de comunicación y personal asociado ejercen sus funciones en contextos altamente peligrosos. Demasiados son los que pagan un precio inaceptablemente alto por producir información independiente, fiable y verificable. Muchos llegan a pagar con su propia vida o sufren desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y secuestros.
Desde 1993, más de 1700 periodistas fueron asesinados por cumplir con su labor de informar al público. En nueve de cada diez casos los asesinos salen impunes, según el según el observatorio de periodistas asesinados de la UNESCO. La impunidad trae consigo más asesinatos y, a menudo, es síntoma de un recrudecimiento del conflicto y del quebrantamiento de la ley y del desmoronamiento del sistema judicial.
Las mujeres periodistas se ven particularmente afectadas por las amenazas y los ataques, en especial, cuando se realizan en línea. Según el reciente documento de trabajo de la UNESCO, "The Chilling: Tendencias mundiales de la violencia en línea contra mujeres periodistas", el 73 por ciento de las mujeres periodistas encuestadas dijeron que habían sido amenazadas, intimidadas e insultadas en línea en relación con su trabajo.
El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad A/RES/68/163 en la que se condenaba todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y se proclamaba el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí en 2013.
Esta histórica resolución insta a los Estados Miembros a que tomen medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones. Asimismo, exhorta a los Estados a promover un entorno propicio y seguro en el que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.