Un estudio refinado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) basado en 156 países confirma que los costos ocultos en los sistemas agroalimentarios mundiales ascienden a cerca de 12 billones de dólares de los EE.UU. al año. Alrededor del 70 % de dicha cantidad (8,1 billones) se deriva de hábitos alimenticios poco saludables y se asocia con preocupantes enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes, muy por encima de los costos relacionados con la degradación ambiental y las desigualdades sociales.
El informe El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) de 2024 parte de la edición de 2023 para proporcionar un análisis aún más pormenorizado, utilizando la contabilidad de costos reales a fin de exponer el conjunto total de costos y beneficios asociados a la producción, la distribución y el consumo de alimentos, incluidos los que no se reflejan en los precios de mercado, es decir, los denominados “costos y beneficios ocultos”. En el informe se actualizan dichos cálculos, se dividen los costos por tipo de sistema agroalimentario y se traza el rumbo hacia un cambio transformador en nuestros sistemas agroalimentarios.
El estudio detalla cómo los costos ocultos a nivel mundial vienen determinados mayormente por los costos sanitarios ocultos, y en menor medida por los costos ambientales ocultos, en los sistemas agroalimentarios más industrializados, propios de los países de ingresos altos y medianos altos.
Al examinar las repercusiones sanitarias, en el informe se señalan 13 factores de riesgo alimentarios, entre los que cabe destacar una ingesta insuficiente de cereales integrales, frutas y hortalizas, un consumo excesivo de sodio y un consumo elevado de carnes rojas y elaboradas, con notables diferencias entre los distintos sistemas agroalimentarios.
Para facilitar el análisis, se introduce una nueva tipología de los sistemas agroalimentarios compuesta por seis categorías: en crisis prolongada, tradicionales, en expansión, en proceso de diversificación, en proceso de formalización e industriales. Este marco permite dilucidar de forma muy precisa las dificultades y las oportunidades inherentes a cada sistema, de modo que puedan idearse políticas e intervenciones adaptadas.
Otro problema significativo es el consumo elevado de sodio, que tiende a aumentar a medida que los sistemas tradicionales evolucionan hacia sistemas en formalización, alcanza un pico en estos y vuelve a disminuir cuando devienen industriales. Por el contrario, el consumo de carnes rojas y elaboradas aumenta constantemente durante toda la transición desde los sistemas agroalimentarios tradicionales hasta los sistemas industriales, en los que constituye uno de los tres riesgos alimentarios más importantes.
Los costos sociales, entre los que figuran la pobreza y la subalimentación, son más prevalentes en los sistemas agroalimentarios tradicionales y en los afectados por crisis prolongadas. En los países con tales sistemas, los costos sociales representan el 8 % y el 18 % del PIB, respectivamente, lo que pone de relieve la urgente necesidad de mejorar los medios de vida e integrar las labores humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz.
En líneas generales, en el informe se aboga por una transformación de los sistemas agroalimentarios orientada hacia el valor, para que sean más sostenibles, resilientes, inclusivos y eficientes. Dicha transformación exige trascender las medidas económicas tradicionales, como el PIB, y valerse de la contabilidad de costos reales para desvelar los costos ocultos. Este enfoque permite tomar decisiones mejor fundamentadas que refuercen el valor social de los sistemas agroalimentarios, reconociendo su papel esencial en la seguridad alimentaria, la nutrición, la conservación de la biodiversidad y la identidad cultural. Para lograr dicha transformación, también es preciso subsanar la compartimentación sectorial, armonizando las políticas de los sectores sanitario, agrícola y medioambiental, a fin de que los costos y beneficios se repartan de manera equitativa entre todas las partes interesadas.
Las principales recomendaciones son las siguientes:
Ofrecer incentivos económicos y normativos para fomentar la adopción de prácticas sostenibles a lo largo de la cadena de suministro de alimentos y limitar los desequilibrios de poder entre las partes interesadas de los sistemas agroalimentarios.
Promover una alimentación más saludable implantando políticas para hacer los alimentos nutritivos más asequibles y accesibles y reducir los costos ocultos asociados con la salud.
Incentivar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de nitrógeno, de los cambios nocivos en el uso de la tierra y de la pérdida de biodiversidad, mediante proyectos de etiquetado y certificación, normas voluntarias e iniciativas de diligencia debida que abarquen el sector en su totalidad.
Empoderar a los consumidores con información clara y accesible sobre las repercusiones ambientales, sociales y sanitarias de sus decisiones alimentarias, velando al mismo tiempo por que todos los hogares se beneficien del cambio, incluso los más vulnerables.
Aprovechar el considerable poder adquisitivo de la compra de alimentos a través de instituciones para reconfigurar las cadenas de suministro de alimentos y mejorar los entornos alimentarios, en combinación con educación alimentaria y nutricional exhaustiva.
Velar por una transformación rural inclusiva a fin de superar ciertos patrones históricos, evitando que durante dicho proceso se agraven los costos ocultos de tipo ambiental, social y sanitario.
Fortalecer la gobernanza y la sociedad civil para crear un entorno propicio con objeto de acelerar las innovaciones en favor de sistemas agroalimentarios sostenibles y equitativos.