En 2022, los costos directos del crimen alcanzaron el 3.44% del PIB de la región, sin cambios significativos respecto al estudio anterior.
El costo del crimen equivale al 78% del presupuesto público para educación, el doble del presupuesto público para asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo.
Las estrategias preventivas y la implementación de políticas de seguridad y justicia basadas en evidencia son esenciales para abordar las causas del crimen.
Un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que el desarrollo social y económico de América Latina y el Caribe sigue estando gravemente afectado por el crimen y la violencia. En 2022, los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron el 3.44% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, sin cambios significativos respecto a un estudio anterior del BID publicado en 2017.
El estudio, “Los costos del crimen y la violencia: Ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe”, calcula el costo directo del crimen en tres áreas: pérdida de capital humano (costos del tiempo productivo perdido como resultado de crímenes no letales, homicidios y encarcelamientos), gastos en mitigación del crimen por parte de las empresas y gasto público en prevención del crimen y justicia penal. En 2022, los gastos en seguridad por parte de las empresas privadas representaron el 47% del costo total del crimen, mientras que el gasto estatal en prevención del crimen representó el 31% y la pérdida de capital humano el 22%.
El informe amplía, actualiza y refina las estimaciones presentadas en 2017. Utiliza una nueva metodología para estimar el costo en capital humano basada en información local sobre la demografía de las víctimas para calcular del valor presente de las pérdidas económicas por la muerte prematura de las víctimas de homicidio.
Además, presenta un análisis de los costos indirectos del crimen, como la reducción de la inversión, la menor productividad empresarial y el aumento de la emigración. Este análisis de los costos indirectos destaca por qué abordar el crimen requiere restaurar un sentido de seguridad y estabilidad, además de reducir el número de crímenes violentos.
El estudio ofrece recomendaciones clave de políticas públicas para la región. Estas incluyen el fortalecimiento de las instituciones públicas para mejorar la eficiencia del gasto, enfocarse en intervenciones basadas en evidencia y fortalecer los sistemas de justicia, al tiempo que se invierte en educación y servicios sociales para abordar las causas fundamentales del crimen, especialmente en áreas de alto riesgo. Y enfatiza la importancia de mejorar la recopilación de datos y la investigación para comprender mejor el crimen y la violencia.
Estas son, precisamente, algunas de las políticas que el BID busca promover a través de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, una iniciativa que se presentará en Barbados en diciembre de 2024 durante la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia. La Alianza facilitará la coordinación regional para la implementación de políticas públicas y promoverá la movilización de recursos para abordar, con un nuevo enfoque, los desafíos al desarrollo económico y social que plantea el crimen organizado.
El informe incluye tres estudios de caso que muestran el impacto del crimen en el turismo, la migración y la productividad empresarial en la región. También presenta los resultados del año 2020 para analizar la dinámica durante la pandemia de COVID-19, señalando un ligero aumento del 0.09% en comparación con 2019 y 2021. Esto indica que, pese al enfoque en la emergencia sanitaria, el crimen continuó demandando recursos económicos.