La región creció un 2% en 2024, superando las previsiones iniciales del 1,7%, y se espera que crezca el 2,3% en 2025.
Según el informe Oportunidades regionales en medio de los cambios globales, las tasas de crecimiento previstas son insuficientes para atender las apremiantes necesidades socioeconómicas de la región, incluyendo la reducción de la pobreza y la desigualdad. Los países de la región deberían, por lo tanto, enfocarse en impulsar la productividad, reducir desigualdades socioeconómicas y mantener la estabilidad macroeconómica.
El estudio destaca una serie de oportunidades de crecimiento, entre ellas capitalizar el realineamiento de las cadenas de suministro globales, mejorar la integración intrarregional, reducir la informalidad laboral, y gestionar de manera eficiente la política fiscal y monetaria.
Según el informe, la tasa media de inflación anual en la región se redujo al 3,8% a finales de 2024 tras alcanzar un máximo del 9,8% en julio de 2022. Sin embargo, factores internos, como la incertidumbre fiscal y la sólida actividad económica en algunos países, siguen poniendo presión sobre los precios. En el estudio se analiza cómo las autoridades pueden equilibrar la flexibilización monetaria con los riesgos de inflación y, al mismo tiempo, garantizar que las condiciones financieras sigan siendo favorables para el crecimiento.
El informe también analiza cómo la formalización laboral puede impactar favorablemente la producción, el empleo y los ingresos de los gobiernos. Los trabajadores y las empresas informales contribuyen menos al PIB debido a la menor productividad y al limitado acceso al financiamiento, al mismo tiempo que la informalidad erosiona la base tributaria y debilita las finanzas públicas. Un proceso de formalización podría aumentar significativamente el PIB en algunos países mediante aumentos en la productividad, una mejor asignación de recursos y mayores cuentas fiscales.
El estudio muestra cómo los países pueden cerrar las brechas fiscales y al mismo tiempo apoyar el crecimiento sostenible. Bajo escenarios de referencia y de estrés, en 2027 la deuda pública promedio de América y el Caribe alcanzará entre 57% y 63% del PIB. En un informe de 2023, el BID concluyó que la región debería reducir los ratios de deuda pública a un rango prudente de 46% al 55% del PIB. En respuesta, los gobiernos pueden fortalecer las posiciones fiscales abordando las ineficiencias en el gasto público, particularmente en adquisiciones e inversiones, transferencias y salarios.
En el frente de la cuenta externa y los mercados financieros, el informe destaca la mayor resiliencia de la región tanto para reducir su vulnerabilidad a las paradas repentinas como para fortalecer su capacidad para resistirlas. Prueba de ello es el retorno de los diferenciales a los niveles previos a la pandemia a pesar del alza en las tasas de interés mundiales. En medio de un panorama económico global cambiante, los países deben mantener su compromiso de cerrar las brechas fiscales y externas, acumular reservas y gestionar riesgos para navegar con éxito por el complejo panorama económico internacional.