El Informe Mundial sobre la Protección Social 2024-2026: Protección social universal para la acción climática y una transición justa concluye que, por primera vez, más de la mitad de la población mundial (52,4%) tiene algún tipo de cobertura de protección social. Esta cifra es superior al 42,8% de 2015, año en que se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, en los 20 países más vulnerables a la crisis climática, el 91,3% de las personas (364 millones) aún carecen de algún tipo de protección social. En términos más generales, en los 50 países más vulnerables al clima, el 75% de la población (2.100 millones de personas) carece de cualquier cobertura de protección social. A nivel mundial, la mayoría de los niños (76,1%) carecen aún de cobertura de protección social efectiva. También existe una importante brecha de género, ya que la cobertura efectiva de las mujeres va a la zaga de la de los hombres (50,1% y 54,6%, respectivamente).
Estas brechas son especialmente significativas, dado el papel potencial de la protección social para suavizar el impacto del cambio climático, ayudar a las personas y a las sociedades a adaptarse a una nueva realidad climáticamente volátil, y facilitar una transición justa hacia un futuro sostenible.
El informe reclama una actuación política decidida e integrada para colmar las lagunas de protección y sostiene que «ha llegado el momento de subir la apuesta» e invertir significativamente en protección social. El informe ofrece importantes recomendaciones para ayudar a orientar las políticas y garantizar resultados eficaces y sostenibles:
Prepararse para los riesgos «rutinarios» del ciclo vital, así como para los impactos climáticos, estableciendo sistemas de protección social ex ante para garantizar que todos disfruten de una protección social adecuada.
Utilizar la protección social para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático y garantizar la aceptación pública de estas medidas.
Dar prioridad a la inversión en protección social, incluido el apoyo externo a los países con un espacio fiscal limitado.