El porcentaje de la población latinoamericana en situación de pobreza en 2023 fue del 27,3%, cifra que representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior y de más de 5 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2020, el año más crítico de la pandemia de COVID-19. Se trata, además, de la cifra más baja desde que se tienen registros comparables. En tanto, la tasa de pobreza extrema alcanzó un 10,6% de la población de la región, cifra inferior a la de 2022 en 0,5 puntos porcentuales, pero por encima de los niveles de 2014. En total, 172 millones de personas vivían en la pobreza en 2023, de los cuales 66 millones estaban en pobreza extrema, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo, indica que la pobreza sigue afectando más a las mujeres que a los hombres en edad laboral y que el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que el de otros grupos etarios. La pobreza también es mayor en las zonas rurales (39,1%) que en zonas urbanas (24,6%).
La distribución de la riqueza es significativamente más desigual que la del ingreso, según estimaciones incluidas en el reporte que integran distintas fuentes de información (activos financieros y no financieros) de la población latinoamericana. Alrededor de 2021, el 10% de las personas de mayores ingresos concentraba el 66% de la riqueza total y el 1% más rico concentraba el 33%.
El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024 alerta también que en la región persisten altos niveles de desprotección social. En 2022, 1 de cada 4 hogares (23,5%) carecía de acceso a la protección social, tanto contributiva como no contributiva, en 14 países de América Latina. Esta proporción se elevaba a 1 de cada 3 hogares (36,5%) en el quintil de menores ingresos y en áreas rurales (29%).
El informe constata que los sistemas de pensiones no contributivos (SPNC) juegan un papel central en la reducción de la pobreza en la vejez. En los últimos 20 años, la cobertura de los SPNC entre las personas de 65 años y más aumentó más de 27 puntos porcentuales y durante ese período la pobreza en esta misma población se redujo en 14,3 puntos porcentuales.
Según la CEPAL, para avanzar en la erradicación de la pobreza se requiere establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva de entre 1,5% y 2,5% del PIB o entre 5% y 10% del gasto público total. En promedio, los Ministerios de Desarrollo Social de 20 países de América Latina y el Caribe gastaban en la protección social no contributiva 0,8% del PIB o 3% del gasto público total en 2022.
Las mujeres de 65 años y más tienen mayores niveles de pobreza que los hombres a pesar de recibir pensiones (tanto contributivas como no contributivas) y el 70,3% de las mujeres que no recibe ningún tipo de pensión percibe ingresos propios menores a la línea de pobreza. Lo mismo ocurre con el 42,6% de las mujeres que sí reciben una pensión no contributiva.